CSJ - SL5153-2019

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL5153-2019 Radicación n.° 56253 Acta 42 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RODRIGO ANTONIO RESTREPO MUÑOZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de octubre de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES – EN LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES Rodrigo Antonio Restrepo Muñoz instauró demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se declare que tiene derecho «a la nivelación salarial por la [de] AUDITOR, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 29 o del cargo similar o superior SCLAJPT-10 V.00Radicación n.° 56253 que se demuestre dentro del proceso». En consecuencia, solicitó que la entidad convocada a juicio sea condenada a reconocer y cancelar el reajuste salarial causado desde la fecha en la cual comenzó a desempeñar funciones de un cargo superior al de técnico grado 20; al reliquidar las prestaciones sociales, legales y convencionales; la indexación de las sumas reconocidas; y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que mediante contrato de trabajo a término indefinido se vinculó al ISS

indexación de las sumas reconocidas; y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones en que mediante contrato de trabajo a término indefinido se vinculó al ISS desde el 30 de abril de 1997; que ocupó el cargo de técnico administrativo grado 20 hasta el año 2000, pues «a partir de marzo de 2001 » ejerce realmente las funciones propias de profesional universitario grado 29; que para desempeñar éste último cargo cumplió formalmente con los requisitos exigidos en abril de 2002; que no se le cancela la remuneración establecida para el profesional universitario grado 29, sino que recibe el salario como técnico administrativo grado 20, a pesar de que a otros compañeros de trabajo sí se les retribuye como corresponde, como sucede con Luz Matilde Agudelo Álvarez, profesional grado 29, quien realiza su misma labor; que se podía establecer el valor de las diferencias y reajustes a que tiene derecho, con base en la escala salarial definida en la convención colectiva de trabajo del accionado; que de conformidad con el artículo 53 de CN se debía tener en cuenta la labor que en realidad realizaba y no la que «aparece en los diferentes actos documentarios»; y que se vulneró el principio de «a trabajo igual, salario igual». SCLAJPT-10 V.00 2Radicación n.° 56253 Adicionalmente, manifestó que es afiliado del sindicato Sintraseguridad Social; que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo, cuyo artículo 4º consagraba la «igualdad de derechos» ; que para enero de 2008 el salario

Adicionalmente, manifestó que es afiliado del sindicato Sintraseguridad Social; que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo, cuyo artículo 4º consagraba la «igualdad de derechos» ; que para enero de 2008 el salario percibido, que correspondía al de técnico grado 20, ascendía a la suma de $1.622.245, mientras que para esa misma fecha, el de profesional universitario grado 29 equivalía a un valor de $2.324.717; que lo anterior se desprendía de los artículos 37 y 38 de la convención colectiva de trabajo; y que agotó la vía gubernativa. Al dar contestación a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. Respecto de los hechos, aceptó que el actor inició sus labores en el cargo de técnico administrativo grado 20, pero aclaró que no lo hizo únicamente hasta el año 2001, sino durante toda la relación laboral y «hasta la fecha», razón por la cual siempre ha recibido la remuneración correspondiente a ese puesto. En cuanto a los demás supuestos fácticos, los negó, dijo que no le constaban o que eran pretensiones. Como excepción previa propuso la de falta de agotamiento de la vía gubernativa; y como de fondo las de inexistencia de la obligación, violación con las pretensiones de la demanda al principio de igualdad de los trabajadores del Instituto que participaron en el proceso de promoción y ascenso, violación con las pretensiones de la demanda del ordenamiento jurídico en cuanto a la creación, provisión y

principio de igualdad de los trabajadores del Instituto que participaron en el proceso de promoción y ascenso, violación con las pretensiones de la demanda del ordenamiento jurídico en cuanto a la creación, provisión y remuneración de cargos, prescripción y compensación. SCLAJPT-10 V.00 3Radicación n.° 56253 En su defensa, adujo que no tenía la obligación de nivelar el salario del actor al de profesional universitario o al de algún cargo similar, puesto que se ha desempeñado como técnico de servicios administrativos grado 20 y que, según el artículo 31 del Decreto 1042 de 1978, no se puede percibir sueldo diferente de aquel al que corresponde el cargo. También sostuvo que la misma ley determina la asignación básica del puesto que ocupa el demandante y, por ello, no le era dable vincular personal en cargos no contemplados en la planta de personal o retribuirlos con salarios distintos, pues así no lo pregonaba el principio de igualdad. Finalmente, indicó que el actor, de manera voluntaria, se abstuvo de presentarse al concurso de promoción y reubicación adelantado por la entidad y «en consecuencia no se encuentra adscrito en la lista de promocionables, afectando de esta manera al derecho a la igualdad de los empleados que si (sic) lo hicieron e integran dichas listas». En audiencia celebrada el 26 de mayo de 2009 se declaró no probada la excepción previa de falta de agotamiento de la vía gubernativa.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

dichas listas». En audiencia celebrada el 26 de mayo de 2009 se declaró no probada la excepción previa de falta de agotamiento de la vía gubernativa.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, a través del fallo emitido el 1 de febrero de 2010, absolvió al ISS de todas las pretensiones y condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA SCLAJPT-10 V.00 4Radicación n.° 56253

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, confirmó la decisión de primer grado e impuso costas en la alzada. El ad quem comenzó por afirmar que su competencia estaba limitada a los aspectos de inconformidad esgrimidos por el impugnante, de modo que el problema jurídico a resolver consistía en definir si al actor le asistía derecho a la nivelación salarial reclamada. Destacó que de conformidad con los artículos 174 y 177 del CPC, las partes estaban obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas reguladoras del derecho reclamado. Al respecto, citó fragmentos de una decisión emitida el 31 de mayo de 1947 por el Tribunal Supremo del Trabajo y la CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 32249. Seguidamente, sostuvo que la diferencia salarial para trabajadores de una misma empresa procedía por razones

decisión emitida el 31 de mayo de 1947 por el Tribunal Supremo del Trabajo y la CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 32249. Seguidamente, sostuvo que la diferencia salarial para trabajadores de una misma empresa procedía por razones de capacidad profesional, antigüedad, experiencia o rendimiento en la obra, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 6 de 1945 y que, a su vez, el artículo 143 del CST establecía la igualdad de remuneración para el trabajo desempeñado por dos o más personas en puesto, jornada y condiciones de eficiencia similares. No obstante, manifestó que ese principio de igualdad salarial no era SCLAJPT-10 V.00 5Radicación n.° 56253 absoluto porque, según el artículo 53 de la CN, la remuneración debía ser proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, esto es, se otorgaba en atención a factores como el lugar, las funciones desarrolladas y la intensidad horaria, por lo que debía probarse que «encontrándose el demandante en situaciones iguales o idénticas con otros trabajadores, ha tenido un tratamiento salarial diferente a ellos». Con fundamento en lo anterior y en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juzgador de segundo grado manifestó que las probanzas no daban cuenta de que existiera identidad de «funciones del demandante […] con las de Auditor Profesional Universitario Grado 29» , en dicho sentido dijo que le « faltó demostrar, teniendo la carga de la prueba», respecto de:

de «funciones del demandante […] con las de Auditor Profesional Universitario Grado 29» , en dicho sentido dijo que le « faltó demostrar, teniendo la carga de la prueba», respecto de: a. Los supuestos fácticos sobre los cuales se basaba para la nivelación salarial pretendida, probando plenamente la identidad de funciones con referencia a una persona específica, en una misma dependencia, por trabajos equivalentes. b. Igualdad en las condiciones de eficiencia, en el desempeño del mismo oficio, con respecto a una persona en particular que percibiera mejor remuneración salarial que el demandante. c. Que el accionante realizara igual cantidad y calidad del trabajo con respecto a un Auditor Profesional Universitario Grado 29. En ese orden de ideas, expuso que para que operara la nivelación salarial de un trabajador respecto de otro, se debía demostrar que ambos desempeñaron el mismo «puesto, tuvieron igual jornada de trabajo y actuaron con la SCLAJPT-10 V.00 6Radicación n.° 56253 misma eficiencia», condiciones que no cumplió el demandante, por cuanto de la prueba testimonial no se colegia que tuviera identidad de funciones con referencia a una persona específica, como tampoco igualdad en las condiciones de eficiencia en el desempeño del cargo de auditor profesional universitario grado 29. En dicho sentido, analizó los testimonios de Ana María Serna Restrepo, Jaime Enrique Duque Velásquez y María Marta Lucía Arias Piedrahita, obrantes en el plenario (f. 271 a 273 y 276 a 278), y concluyó que, junto con la prueba documental aportada por la parte demandante, no era

Marta Lucía Arias Piedrahita, obrantes en el plenario (f. 271 a 273 y 276 a 278), y concluyó que, junto con la prueba documental aportada por la parte demandante, no era posible afirmar que el señor Rodrigo Antonio Restrepo Muñoz «tuviera identidad de funciones con referencia a una persona específica, por trabajos equivalentes, en una misma dependencia, así como tampoco igualdad en las condiciones de eficiencia en el desempeño del mismo cargo» , pues no encontró que el actor realizara igual cantidad y calidad de trabajo « con respecto a un Auditor Profesional Universitario Grado 29». Como soporte de su decisión, trajo a colación la sentencia CSJ SL, 3 jun. 2009, rad. 35593. Con base en el acervo probatorio y en la jurisprudencia referida a lo largo de la decisión, el Tribunal coligió lo siguiente:

Así las cosas, incumbía al accionante probar que cumplía con los requisitos para tener derecho a la nivelación pretendida y no lo cumplió, puesto que no existe prueba que de manera contundente lleve a esta Sala de Decisión Laboral a concluir, sin duda alguna, que existió igualdad en las condiciones de trabajo del señor Rodrigo Antonio Restrepo Muñoz en su condición de Técnico de Servicios Administrativos Grado 20 con relación al cargo de Auditor Profesional Universitario Grado 29, comparándose con alguien en particular y específica, que tuviera dicho cargo y SCLAJPT-10 V.00 7Radicación n.° 56253 remuneración superior.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el

SCLAJPT-10 V.00 7Radicación n.° 56253 remuneración superior.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque el fallo proferido por el Juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito, formula un cargo oportunamente replicado.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, acusa la sentencia impugnada de ser violatoria del artículo 53 de la CN, en relación con los artículos 1 y 5 de la Ley 6 de 1945; 467 y 468 del CST; y 1 al 14 de la Ley 87 de 1993.

Como errores de hecho presuntamente cometidos por el Tribunal, señala los siguientes:

1. No dar por demostrado a pesar de estarlo que el demandante desempeñó funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO y no las de TÉCNICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GRADO 20 determinadas en su contrato de trabajo.

SCLAJPT-10 V.00 8Radicación n.° 56253

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante desempeñó funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO en igualdad de condiciones que otras personas pero con una remuneración inferior.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante desempeñó funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO en igualdad de condiciones que otras personas pero con una remuneración inferior.

La censura manifiesta que los anteriores desaciertos fácticos se produjeron por la indebida apreciación de las siguientes pruebas y piezas procesales: demanda inicial y su contestación (f. o 1 a 10 y 248 a 262), la reclamación de derechos y la respuesta otorgada (f. o 13 a 21), los informes suscritos por el demandante en calidad de profesional universitario de la coordinación de auditoría interna (f. o 22 a 35), funciones del demandante como profesional universitario de auditoría interna (f. o 36 y 37), informe de visita de inspección ocular del 7 de marzo de 2002 (f. o 39 y 40), informe sobre austeridad y eficiencia del gasto público (f.o 41 a 43), informes de auditoría (f. o 44 a 51, 65 a 79, 100 a 104 y 125 a 132), mapas de riesgos elaborados por el demandante (f.o 59 a 64), resolución 2800 de 1994 (f.o 105 a 120), mapa de riesgos en contratación de bienes y servicios del 10 de noviembre de 2004 (f. o 122 a 124), certificaciones

de estudios y capacitaciones (f. o 133 a 141), comprobantes de pago (f. o 142 a 155), contrato de trabajo (f. o 166 a 170), registros de nómina (f. o 171 a 175), convención colectiva de trabajo (f.o 176 y ss), respuesta al «oficio de pruebas» (f.o 311 a 319) y los testimonios de Ana María Serna Restrepo, Jaime Enrique Duque Velásquez y María Marta Lucía Arias Piedrahíta (f.o 271 a 273 y 276 a 278). Inicialmente el recurrente hace claridad en torno a los dos supuestos debatidos en la demanda inicial: el primero, SCLAJPT-10 V.00 9Radicación n.° 56253 el relacionado con «la primacía de la realidad que indica que era uno el cargo para el que formalmente fue contratado el demandante y otro el que en realidad desempeñó»; y el segundo, el atinente con la ejecución de funciones en igualdad de condiciones que otras personas que percibían una remuneración superior. Sostiene que los hechos 1.9 y 1.11 de la demanda inicial (f. 4) demuestran que las pretensiones del actor están cimentadas en el principio de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 de la CN, pues desde un principio se solicitó que primara la labor que en realidad desempeñaba el trabajador sobre el cargo que formalmente aparecía en determinados documentos, de allí que peticionó

que se declare que tiene derecho a la nivelación salarial en relación con el auditor, profesional universitario grado 29 o frente a un cargo similar o superior que se demuestre. Manifiesta que la respuesta al derecho de petición, la contestación de la demanda inaugural, los registros de nómina y el documento suscrito por el ISS obrante a folios 311 al 319 acreditan la existencia de una verdad formal, constituida por la vinculación del actor como técnico de servicios administrativos, y de una verdad material, consistente en que el demandante se desempeñó como profesional universitario. Asimismo, dice que estos elementos de convicción dan cuenta de la diferencia salarial entre lo devengado por el señor Restrepo Muñoz y lo que en realidad se le debió haber cancelado. Seguidamente, la censura indica que las respuestas a SCLAJPT-10 V.00 10Radicación n.° 56253 la reclamación administrativa (f. 15) y al oficio de pruebas (f. 311) acreditan que las funciones correspondientes a cada cargo existente en el Instituto de Seguros Sociales se encuentran descritas en la Resolución 2800 de 1994 (f. 105, 120), así como en el manual de funciones. De ahí que, en decir del recurrente, le correspondía al juez de segundo grado analizar las actividades desempeñadas realmente por el actor para así inferir que las mismas eran propias de un cargo de nivel profesional y no de técnico. Asegura que las documentales que militan entre los folios 22 y 104 evidencian las funciones específicas ejecutadas por el señor Restrepo Muñoz, relacionadas con el control sobre inventarios de medicamentos, definición y

Asegura que las documentales que militan entre los folios 22 y 104 evidencian las funciones específicas ejecutadas por el señor Restrepo Muñoz, relacionadas con el control sobre inventarios de medicamentos, definición y análisis de cifras sobre austeridad y eficiencia del gasto público en el ISS, evaluación sobre pago de aportes a la seguridad social por contratistas civiles, evaluación de fortalezas y debilidades en afiliación y registro, calificación del riesgo, elaboración de mapa de riesgos en afiliación y registro, contratación de bienes y servicios, evaluación por pagos dobles a pensionados, entre otras, además de que muchos de esos documentos están suscritos por otras personas que cumplían las mismas funciones del demandante y percibían un salario como profesionales universitarios, como lo son: Carlos Mario Bustamante, Arturo Gómez Sánchez y Luz Matilde Agudelo. De igual manera, aduce que la convención colectiva de trabajo (f. 176), la copia del diploma de economista (f. 135) y las certificaciones de estudios (f. 133 a 141) acreditan que SCLAJPT-10 V.00 11Radicación n.° 56253 el demandante reunía los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de profesional universitario. Una vez descrito el contenido de las anteriores probanzas, la censura sostiene que el Tribunal erró en su valoración y que, toda vez que las funciones de los cargos existentes en el ISS se encuentran consagradas en la Resolución 2800 de 1994, le correspondía al fallador

valoración y que, toda vez que las funciones de los cargos existentes en el ISS se encuentran consagradas en la Resolución 2800 de 1994, le correspondía al fallador analizar las actividades que realmente realizaba el actor «para definir si las mismas corresponden a uno u otro nivel» , pues de ahí se desprende (artículo 11) que las que ejecutan los del nivel técnico son propias de personal operativo, sin facultad alguna de decisión, mientras que las de nivel profesional, descritas en el artículo 10, son de mayor complejidad y tienen un componente científico que exige conocimientos especializados en determinadas áreas, por lo que le era fácil al juzgador inferir que las funciones desempeñadas por el actor, relatadas en el hecho 1.4 de la demanda inicial, «NO PUEDEN SER PROPIAS DE UN

TÉCNICO».

Expresa que las declaraciones rendidas por Ana María Serna, Jaime Enrique Duque Velásquez y María Marta Lucila Arias Piedrahita dan cuenta de que el demandante siempre ejerció funciones propias de un profesional universitario. En virtud de lo expuesto, la censura concluye que se cumplen todos los presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos para que proceda la nivelación salarial en las SCLAJPT-10 V.00 12Radicación n.° 56253

condiciones pedidas y que, a la luz del artículo 53 de la CN, debe prevalecer la realidad sobre las formalidades, para lo cual se apoya en las sentencias CSJ SL, 3 jun. 2009, rad. 35593 y CSJ SL, 12 feb. 2008, rad. 31958.

VII. LA RÉPLICA El Instituto de Seguros Sociales se opone a la prosperidad del cargo, por cuanto el recurrente no controvirtió todos los supuestos en los que se cimentó el Tribunal para proferir su decisión y que, al margen de lo anterior, éste tenía plena libertad en la apreciación probatoria, razón por la cual la decisión impugnada debe permanecer incólume, al no evidenciarse error de hecho alguno que amerite su quebrantamiento.

VIII. CONSIDERACIONES Como se recuerda, el Tribunal para desestimar las pretensión de nivelación salarial del actor, con el consecuente reajuste prestacional, consideró, básicamente, que para que sea «viable una condenación en orden a una nivelación salarial de un trabajador respecto a otro, se hace necesario la demostración plena de que ambos desempeñaron el mismo puesto, tuvieron igual jornada de trabajo y actuaron con la misma eficiencia », carga probatoria que le correspondía al actor, quien no la satisfizo.

El ataque que presenta el censor apuntan a demostrar que el Tribunal, por la indebida valoración de unas pruebas SCLAJPT-10 V.00 13Radicación n.° 56253 y piezas procesales, se equivocó en la sentencia gravada al no dar por probado, estándolo, que el demandante

que el Tribunal, por la indebida valoración de unas pruebas SCLAJPT-10 V.00 13Radicación n.° 56253 y piezas procesales, se equivocó en la sentencia gravada al no dar por probado, estándolo, que el demandante pese a que fue contratado para cumplir las actividades establecidas como técnico de servicios administrativos grado 20, realmente desempeñaba funciones de auditor profesional universitario grado 29, pero devengando una remuneración inferior. La Sala para desatar la acusación, abordará el estudio de las pruebas y piezas procesales denunciadas, de cuyo análisis objetivo se tiene lo siguiente: - Demanda inaugural (f.o 1 a 10). Según se desprende de lo argüido por el recurrente en el desarrollo del cargo, este cuestiona que el Tribunal no advirtiera que en este asunto no se estaba solicitando una nivelación salarial a partir de la comparación con otro trabajador en particular, ya que tal petición se fundó en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, en tanto, pese a que estaba nombrado como «Técnico de Servicios Administrativos grado 20», realmente desempeñó las funciones de «Profesional Universitario», por lo que tiene derecho a los salarios y prestaciones correspondientes al cargo que verdaderamente ejerció. A fin de darle respuesta al reproche elevado por el impugnante, resulta necesario poner de presente que esta

Sala de Casación ha precisado que la nivelación salarial opera de dos formas distintas: la primera, si la diferencia de SCLAJPT-10 V.00 14Radicación n.° 56253 salarios surge del desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia mediante comparación con el servicio que preste otro trabajador mejor remunerado, caso en el cual le incumbe al actor la prueba de ese supuesto; la segunda, cuando se invoca el cumplimiento de las funciones propias de un cargo, sin recibir la remuneración asignada acorde aun escalafón existente. La importancia de la anterior precisión, radica en los elementos que se deben acreditar para la prosperidad de la nivelación solicitada, pues si el fundamento para ello consiste en la existencia de un escalafón que fija los salarios de acuerdo al cumplimiento de determinadas funciones, basta al demandante demostrar que realiza las actividades inherentes a ese cargo y que la remuneración devengada no corresponde a la que se tenía establecida por la empresa, haciéndose por ende innecesaria el análisis de las condiciones de calidad, cantidad y eficiencia del trabajo, pues, en este evento, no se estaría demandando la discriminación salarial entre personas que cumplieran una misma función, sino el pago de sueldos y prestaciones sociales correspondientes al cargo que verdaderamente desempeñó en virtud a la primacía de la realidad que ampara el artículo 53 de la CN. Al respecto en sentencia CSJ SL 2 nov. 2006, rad. 26437, la Corte indicó: Es decir, ¿en el campo contractual laboral sólo es posible la

ampara el artículo 53 de la CN. Al respecto en sentencia CSJ SL 2 nov. 2006, rad. 26437, la Corte indicó: Es decir, ¿en el campo contractual laboral sólo es posible la nivelación de salarios cuando el trabajador particular demuestra las condiciones establecidas en el primer inciso del artículo 143 del Código del Trabajo o cuando, en el caso del trabajador oficial, se viola el enunciado principal del artículo 5° de la Ley 6ª de 1945? SCLAJPT-10 V.00 15Radicación n.° 56253 La Sala considera que la nivelación salarial puede darse en circunstancias diferentes a las estrictamente señaladas en el artículo 143 citado. Ese artículo, en efecto, después de fijar los límites del principio a trabajo igual, salario igual prohíbe establecer diferencias en el salario por estos otros motivos: edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. No es una relación exhaustiva de motivos, pues lo que la norma prohíbe es la discriminación, la trasgresión afrentosa del principio de igualdad. El artículo 5° de la Ley 6ª de 1945 dice a su vez que la diferencia de salarios en ningún caso podrá fundarse en estos factores: nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión política o actividades sindicales. El principio es entonces que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual. Y se complementa con una prohibición que sanciona la diferencia de salarios por motivos de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales y que significa la prohibición del trato desigual,

que sanciona la diferencia de salarios por motivos de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales y que significa la prohibición del trato desigual, injusto, afrentoso. El tema tiene incidencia en la carga de la prueba del trabajador que pretenda la nivelación salarial. Es claro que si la diferencia de salarios surge del desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia, al actor le incumbe la prueba de ese supuesto, mediante comparación con el servicio que preste otro trabajador mejor remunerado. Pero esa carga probatoria sobre las condiciones de eficiencia, por lo arriba explicado, no aplica a todos los casos. Porque si se alega como en este caso, la existencia de un escalafón que fija salarios para determinado cargo, bastará probar el desempeño del cargo en las condiciones exigidas en la tabla salarial pero no será indispensable la prueba de las condiciones de eficiencia laboral.

En este caso el Tribunal encontró que la diferencia de salarios que en efecto tuvo la demandante no obedeció a un motivo atendible. El cargo lo acusa de infringir directamente los preceptos 143 del Código Sustantivo del Trabajo y 5° de la Ley 6ª de 1945. Pero no se rebeló contra el mandato contenido en esos preceptos legales ni contra el 53 de la Carta Política, pues

consideró que la situación que se juzgaba no tenía relación con los supuestos de esas normas. Aunque con cierta ligereza juzgó inaplicable el 143 para los trabajadores del Estado, en realidad determinó que no se trataba de un caso en que se debieran medir las condiciones de eficiencia con los demás abogados de planta de la entidad, sino de uno en el que se debía restablecer el equilibrio originado en un tratamiento desigual, discriminatorio, que se intentó justificar con razones que consideró inatendibles. SCLAJPT-10 V.00 16Radicación n.° 56253 E hizo mención al escalafón de salarios vigentes en la entidad demandada, de donde fuerza concluir que la nivelación salarial que ordenó no se sustentó en las condiciones de eficiencia laboral sino en la existencia de ese escalafón que aquella empresa, en relación con la demandante, no estaba cumpliendo, como surge de los apartes arriba trascritos del fallo impugnado en los que se afirmó que no existía razón válida para no aplicar la tabla de salarios. Realizada la anterior precisión, encuentra la Corte que la demanda inaugural efectivamente fue erróneamente valorada por el Tribunal, pues del tenor literal de la misma se puede advertir que esta acción judicial se presentó con el fin de que se le pagara al actor la totalidad de los salarios y prestaciones derivados de la diferencia existente entre lo devengado como técnico administrativo grado 20 y la remuneración a la que considera tiene derecho por haber ejercido las funciones de « AUDITOR. PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 29», desde marzo de 2001.

devengado como técnico administrativo grado 20 y la remuneración a la que considera tiene derecho por haber ejercido las funciones de « AUDITOR. PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 29», desde marzo de 2001. En efecto, en el hecho 1.2 del libelo genitor expresamente se afirmó que el demandante « viene ejerciendo las funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO », resaltando en el supuesto fáctico siguiente (1.3) que desde marzo de 2001 no cumple las funciones de técnico administrativo; situación que reiteró en los siguientes hechos: 1.9, en el cual expuso que se debía dar aplicación al principio de la primacía de la realidad previsto en el artículo 53 de la CN; en el 1.11 donde dijo que le asiste derecho a que le sea reconocido el cargo que en realidad desempeña; y en el 1.20 en el que manifestó que se debe cancelar el reajuste salarial reclamado conforme al cargo de superior jerarquía. SCLAJPT-10 V.00 17Radicación n.° 56253 Por otra parte, aun cuando es cierto que el actor también aludió al principio de « trabajo igual salario igual » (hecho 1.10) e incluso adujo que al interior de la empresa demandada existe otras personas que realizan la misma labor que el actor (hecho 1.6); lo que eventualmente podría dar lugar a considerar que la pretendida nivelación salarial se solicitó haciendo una mezcla de ambas hipótesis, tal ambigüedad se difumina al efectuar el análisis integro de esta pieza procesal