CSJ - SL516-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL516-2023 Radicación n.° 94240 Acta 08 Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. contra la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que instauró JAIRO ANTONIO PAYARES PITALÚA contra la sociedad recurrente y CBI COLOMBIANA S.A., trámite en el cual fueron llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. y la COMPAÑÍA

ASEGURADORA DE FIANZAS - CONFIANZA S.A.

I. ANTECEDENTES Jairo Antonio Payares Pitalúa convocó a juicio a la Refinería de Cartagena S.A. y a CBI Colombiana S.A. con el propósito que, principalmente, se declare que tuvo un nexo

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Radicación n.° 94240 de trabajo con la segunda de las demandadas, el cual inició el 15 de marzo de 2012 y «finalizó el 17 (sic) de julio de 2014» cuando fue despedido; que la ruptura de la relación laboral fue ineficaz porque se realizó sin permiso del Ministerio del Trabajo. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que la empleadora fuera condenada a reintegrarlo, sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando o a uno de

igual o mejor categoría, al pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde su desvinculación hasta la reinstalación efectiva. Igualmente reclamó el reconocimiento de la sanción establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por cuanto fue retirado estando amparado con «el fuero de estabilidad reforzada». Pidió, además, que se declare que la «bonificación de asistencia» y «demás bonos extralegales» que le cancelaba su empleador tenían carácter salarial; que por tanto debían reajustarse los valores sufragados por cesantías e intereses; primas, vacaciones y recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y festivo; así mismo, suplicó la diferencia en el pago de los aportes a la seguridad social producto del reajuste pretendido y la indemnización moratoria. En forma subsidiaria al reintegro, deprecó que se condene a las indemnizaciones por despido injusto y a la moratoria por el pago parcial de la liquidación de prestaciones sociales. Como pedimentos conjuntos que se

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Radicación n.° 94240 declare que la Refinería de Cartagena S.A. es solidariamente responsable con la empresa CBI Colombiana S.A. frente a las condenas que aquí se impongan; que se ordene la cancelación de las condenas debidamente indexadas; que se acceda a lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, manifestó que con CBI Colombiana S.A. suscribió un contrato de trabajo por obra o labor desde el 15 de marzo de 2012, para desempeñar

el cargo de «OPERADOR DE GRUA»; que dicho nexo fue modificado en varias oportunidades por su empleador, al punto, que con el documento firmado el 1 de abril de 2013 se dispuso que el vínculo sería a término fijo inferior a un año, pero que nunca se produjo un cambio en sus funciones o responsabilidades y que fue finalizado por decisión unilateral e injusta del empleador el 18 de julio de 2014, aduciendo como motivación «la realización de ajustes administrativos y de organización» en la empresa. Afirmó que al prestar sus servicios a la accionada comenzó a sentir molestias y dolores que le impedían ejecutar sus actividades normalmente; que producto de ello recibió varias incapacidades médicas que fueron notificadas al empleador, ya que estaba vigente el contrato de trabajo. Adujo que el 19 de marzo de 2014, según estudio del médico radiólogo, fue diagnosticado con discopatía lumbar degenerativa L4-L5 de evolución crónica con fenómeno de osteocondronecrosis y una hernia discal extruida trans ósea

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Radicación n.° 94240 de tipo central y bilateral; que el 16 de abril de igual año el área de medicina laboral de la empresa le expidió unas recomendaciones para su trabajo, consistentes en no levantar carga mayor a 10 kg, no empujar ni halar, evitar desplazamientos continuos o prolongados, no realizar flexiones bruscas ni actividades de postura agachada, no ejecutar trabajo en alturas, espacios confinados, excavaciones y particularmente, no exponerse a vibración de cuerpo entero. Argumentó que sus problemas de salud persisten hasta

la fecha y que ha recibido un sin número de incapacidades médicas e inclusive fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, las cuales tuvieron un concepto de rehabilitación desfavorable, debiéndose realizarse una nueva cirugía. Advirtió que la empresa CBI Colombiana S.A. que conocía de su estado de salud y de las constantes incapacidades médicas, dio por terminado el contrato laboral sin la autorización del Ministerio del Trabajo, dejándolo carente de los medios necesarios para sufragar los gastos personales y familiares, lo que le causó un cuadro de depresión que debió tratar con medicamentos. Destacó que, además, para la fecha de la finalización del nexo no habían cesado las labores que justificaron su contratación, tanto así que el empleador reasignó sus tareas en otros trabajadores, vinculando nuevo personal.

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Radicación n.° 94240 Relató que Seguros Alfa S.A., a través de dictamen calendado el 30 de marzo de 2016, le estableció una pérdida de capacidad laboral de 41,10% de origen común. De otro lado, puso de presente que su último salario, promediando todas las sumas recibidas mensualmente era de $8.394.442; monto que estaba conformado por un salario básico de $4.471.578 y un componente fijo denominado «bonificación de asistencia» por valor de $2.597.774; que «hasta el mes mayo de 2011 la empresa CBI COLOMBIANA S.A. reconoció como salarial todos los dineros devengados por sus trabajadores»; sin embargo, en la liquidación final de sus prestaciones no se incluyó el aludido «bono de asistencia», de

ahí que el valor cancelado fue menor al que correspondía. Mencionó que la demandada CBI Colombiana S.A. era contratista independiente de la Refinería de Cartagena S.A.; que en virtud de ello suscribieron varios acuerdos, en los cuales se le exigió a la primera la implementación de un régimen salarial especial para prestar los servicios de expansión de la refinaría, por ende, la segunda debía responder solidariamente frente a las condenas que resulten impuestas. Al dar respuesta a la demanda, CBI Colombiana S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las incapacidades médicas dadas al demandante, su condición de empresa contratista independiente frente a la Refinería de Cartagena S.A. y la exigencia por parte de la contratante de implementar un régimen salarial especial. Frente a los demás

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Radicación n.° 94240 supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que no existió el despido que relata el demandante, pues la terminación del vínculo obedeció al cumplimiento del plazo fijo pactado. Explicó que con el actor celebró un acuerdo a través del cual se sometió la duración del nexo laboral, a un término de 142 días, los cuales eran contabilizados desde el 1 de abril de 2013 y que finalizaba el 20 de agosto del mismo año; que dicho contrato tuvo tres prorrogas, las dos primeras de «142» días y la tercera de «48 días» desde el 1 de junio hasta el 18 de julio de 2014. Adujo que la decisión de no prorrogar el contrato se

comunicó por escrito, con más de 30 días de anticipación; lo que significaba que su finiquito en la última data señalada se dio por la «expiración del plazo pactado». De otro lado, aseveró que en el presente asunto no existía ningún elemento de prueba que acreditara que al momento de la entrega del preaviso o en la data de finalización se hubiese puesto en conocimiento del empleador las puntuales dificultades de salud que padecía el demandante y de su presunto estado de debilidad manifiesta, por ende, no puede considerarse que la terminación del acuerdo laboral tuvo como causa su situación médica, pues insiste, que se dio por el cumplimiento del plazo acordado. Propuso las excepciones de fondo denominadas buena fe, inexistencia de las obligaciones, prescripción, imposibilidad de reintegro y la genérica.

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Radicación n.° 94240 Por su parte, la Refinería de Cartagena S.A., al contestar el escrito inaugural, también se opuso a las súplicas incoadas. Respecto de los supuestos fácticos, aceptó la calidad de contratista independiente de CBI Colombiana S.A. y la exigencia de implementar el régimen salarial de esa empresa frente a quienes laboraban con ella. De los demás hechos dijo que no le constaban. Arguyó en su defensa que no estaba configurada la responsabilidad solidaria impetrada en la demanda inicial, pues conforme al artículo 34 del CST no aparecía acreditado el presupuesto normativo consistente en ser un «contratistabeneficiario de la obra», lo que conduce a desestimar cualquier responsabilidad de la Refinería en las obligaciones

laborales reclamadas por el demandante. Adujo que, de acuerdo con lo anterior, los pedimentos elevados en su contra debían desecharse por falta de legitimación, pues esa sociedad no está llamada a responder por las obligaciones del empleador contratista CBI Colombiana S.A. Formuló como excepción previa la de falta de competencia por falta de agotamiento de la vía gubernativa; y de mérito las de inexistencia de las obligaciones, prescripción y la genérica. La parte actora, dentro de la oportunidad legal, reformó la demanda inicial en el sentido de adicionar como

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Radicación n.° 94240 pretensiones el reconocimiento y pago del daño emergente y lucro cesante consolidado o futuro, por la enfermedad «profesional» sufrida y el despido injusto encontrándose en «situación de discapacidad». Como hechos de sustento de esta nueva pretensión, refirió que estaba casado con la señora Yamiled del Carmen Baldiris Beltrán desde el 5 de agosto de 1995; que de ese vínculo nacieron tres hijos: Fred David, Yuvishais Paola y Zharick Julieth Payares Baldiris; que tanto su cónyuge como sus hijos se han visto afectados por su situación de salud, sus estudios, su vida en relación y sus proyectos, por lo cual, se debe imponer el pago de los conceptos reclamados. CBI Colombiana S.A. contestó la reforma de la demanda y se opuso a las pretensiones novedosas formuladas. Sobre los hechos dijo que no le constaban y reiteró su argumento de defensa, relativo a que la finalización del contrato se dio

por cumplimiento del plazo fijo pactado, de ahí que no fue injusto ni mucho menos obedeció a la condición de salud que presuntamente padecía el demandante. La Refinería de Cartagena S.A. se pronunció frente a la reforma de la demanda, manifestando su rechazo a las peticiones; en relación a los supuestos fácticos, dijo que no los tomaba como ciertos ni los negaba, pues correspondían a hechos ajenos a esa sociedad. En escrito separado (f.°387 a 392), la demandada CBI Colombiana S.A. formuló llamamiento en garantía a la

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Radicación n.° 94240 Compañía Aseguradora de Fianzas - Confianza S.A. y a Liberty Seguros S.A.; solicitud que fue admitida por el juez de conocimiento en auto del 12 de julio de 2017 (f.°480). Liberty Seguros S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y a las del llamamiento en garantía y advirtió que ninguno de los hechos le constaba. Argumentó que no había lugar al pago de la indemnización por despido, pues la finalización del nexo laboral estuvo ajustada a los parámetros legales contemplados en el CST. Igualmente, refirió que no podía prosperar la reliquidación de prestaciones sociales por inclusión de factores salariales, dado que la bonificación reclamada no estaba contemplada en la ley y fue estipulada en el texto del contrato, la cual correspondía a un beneficio ocasional que no tenía incidencia salarial. Enlistó como excepciones la improcedencia de la indemnización por despido injusto; improcedencia de incluir

el valor reconocido por bonificación asistencial como factor salarial para la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y vacaciones; improcedencia de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, así como de la contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; inexistencia de solidaridad; prescripción y la genérica. Por último, la Compañía Aseguradora de FianzasConfianza S.A. contestó la demanda y el llamamiento en

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Radicación n.° 94240 garantía. Se opuso a todas las pretensiones y advirtió que no le constaba ninguno de los hechos relatados. Expuso en su defensa razones similares a las enunciadas previamente por la otra aseguradora, pero, frente al llamamiento en garantía, adujo que su responsabilidad, conforme la póliza de seguro de cumplimiento n.° 01EX000898 se circunscribía únicamente al pago de conceptos como: salarios, prestaciones sociales e indemnización por despido, pero no contemplaba el reconocimiento de la moratoria del artículo 65 del CST o de cualquier otra indemnización o condena que se ordene; pues tales escenarios no están contemplados en la póliza previsional. Propuso como excepciones de «mérito» las de falta de agotamiento de la vía gubernativa; ausencia de cobertura de cualquier otra indemnización diferente a la del despido sin justa causa (artículo 64 del CST); ausencia de cobertura de prestaciones laborales de tipo extralegal; coaseguro y la genérica. En audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2018 (f.°

597), el apoderado judicial de la Refinería de Cartagena S.A., desistió de la excepción previa formulada, lo cual fue admitido por el a quo.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 94240 El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, dirimió la primera instancia, mediante fallo del 7 de febrero de 2019, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ la terminación del contrato de trabajo dada al actor JAIRO PAYARES PITALÚA por el empleador CBI COLOMBIANA S.A. en fecha 18 de julio de 2014.

SEGUNDO: CONDENAR a la compañía CBI COLOMBIANA S.A. a reinstalar al actor en un cargo de igual o similar categoría al ejercido al 18 de julio de 2014, declarando que tal vínculo no ha sufrido solución de continuidad.

TERCERO: CONDENAR a la compañía CBI COLOMBIANA S.A. a reconocer y pagar los salarios básicos, prestaciones sociales y demás derechos laborales de estirpe legal, que se causen durante el periodo en el que el actor estuviere cesante, esto es, entre el 18 de julio de 2014 hasta su efectiva reinstalación o hasta la fecha en que se le habilite al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo conforme el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Los pagos correspondientes al auxilio de cesantías habrán de consignarse al fondo al cual estuviere afiliado el actor, conforme a las reglas de la Ley 50 de 1990.

Tales valores han de pagarse indexados entre la fecha de causación de tales derechos y su efectivo pago de acuerdo a las motivaciones de esta providencia. Se autoriza a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. para que efectúe los descuentos con destino al SGSS en pensiones y salud, que por ley le corresponden al actor.

CUARTO: CONDENAR a la compañía CBI COLOMBIANA S.A. a reconocer y pagar la indemnización contenida en el art. 26 de la Ley 361 de 1997 en la suma de $41.216.757. Tal suma deberá pagarse indexada entre la fecha de terminación del contrato y la de su efectivo pago.

QUINTO: DECLARAR que la entidad REFINERIA DE CARTAGENA S.A. es solidaria respecto del pago de los salarios y prestaciones que se describen en los ordinales 3° y 4°, de conformidad con el art. 34 del C.S.T y de SS.

SEXTO: CONDENAR a las entidades LIBERTY SEGUROS S.A. y ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. conforme al llamamiento en garantía y las pólizas de seguro extendidas, amparar a la entidad REFINERIA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR S.A. - respecto a las sumas de dinero que esta deba pagar por concepto de salarios y prestaciones a que hace referencia el ordinal 3° de esta

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Radicación n.° 94240 providencia. Asumiendo las aseguradoras tales pagos en la siguiente proporción: LIBERTY SEGUROS S.A. hasta un 19,30% del total de valores. ASEGURADORA DE FIANZA S.A. hasta un 80,70% del total de

valores.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a las demandadas CBI COLOMBIANA S.A. y REFICAR S.A […] OCTAVO: NO se imponen costas a las coaseguradoras.

NOVENO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas en contestación (sic) de demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al conocer de los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las demandadas y las llamadas en garantía, mediante sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021, decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de fecha 7 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena […] por las razones antes expuestas, para en su lugar, CONDENAR a la compañía CBI COLOMBIANA S.A. a reconocer y pagar los salarios básicos, prestaciones sociales y demás derechos laborales, desde el 18 de julio del 2014 hasta el 14 de junio de 2016, conforme a las consideraciones precedentes.

SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás partes la sentencia apelada.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de las demandadas CBI COLOMBIANA S.A. y REFICAR S.A. y las llamadas en garantía LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y CONFIANZA S.A. […] De acuerdo con lo planteado en los recursos de apelación, determinó que los problemas jurídicos a resolver eran los siguientes: i) establecer si el despido del actor fue ineficaz o no; ii) en caso de resultar afirmativo lo anterior,

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Radicación n.° 94240 definir si hay lugar a ordenar el reintegro del demandante y el pago de salarios, prestaciones y la indemnización de 180 días; y iii) dilucidar si la Refinería debía responder solidariamente respecto de las condenas impuestas. Al abordar el primer tema, referente a la ineficacia del despido, indicó que se tenían como hechos indiscutidos los siguientes: que el demandante estuvo atado con CBI Colombiana S.A. a través de un contrato de trabajo desde el 26 de marzo de 2012 hasta el 18 de julio de 2014, para desempeñar el cargo de «Andamiero A»; y que el contrato inicialmente fue por obra o labor, pero que mediante otrosí las partes pactaron mutar el nexo a uno de término fijo inferior a un año, con una duración de 142 días contados a partir del 1 de abril de 2013 (f.° 19 a 32). Refirió que en relación con este punto, en la primera instancia se tuvo demostrado que el despido del demandante se tornó ineficaz, bajo el argumento que el trabajador «se encontraba en un estado de debilidad manifiesta». El juez plural recordó que la jurisprudencia de la Corte ha adoctrinado que no es suficiente, por sí sola, la existencia de un quebranto de salud o una incapacidad médica para estar amparado por esta clase de fuero desarrollado en la Ley 361 de 1997, pues lo que debe acreditarse es que el trabajador padezca una limitación física, psíquica o sensorial que le impida de manera sustancial desarrollar cabalmente

sus labores y, además, que dicha situación era de conocimiento de su empleador (CSJ SL360-2018). Precisó

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Radicación n.° 94240 que la citada normativa no prohibía el despido de un trabajador en situación de discapacidad, ya que lo que se sancionaba era que tal acto estuviera precedido de un criterio discriminatorio. Señaló que en el sub judice, de las pruebas allegadas al plenario, se encontró que la empresa demandada dio por terminado el contrato de trabajo del accionante el 18 de julio de 2014, siendo preavisado en comunicación del 3 de junio del mismo año (f.° 33), y que igualmente obraban en el plenario las siguientes incapacidades y recomendaciones médicas: DESDE HASTA DIAS FOLIOS Incapacidad 22/04/2014 22/04/2014 1 137 Incapacidad 15/07/2014 29/07/2014 15 138 In capacidad 14/08/2014 28/08/2014 15 143 Incapacidad 29/08/2014 12/09/2014 15 140 In capacidad 13/09/2014 27/09/2014 15 141 Incapacidad 28/09/2014 27/10/2014 30 142 Incapacidad 27/11/2014 11/12/2014 15 129 In capacidad 29/12/2014 27/01/2015 15 131 Incapacidad 28/01/2015 26/01/2015 30 133 In capacidad 27/02/2015 28/03/2015 30 135 Recomendaciones de fecha 16 de abril de 2014 (folio 144).

De tales elementos de convicción, dijo que se podía colegir que el actor desde abril de 2014 empezó a presentar problemas de «lumbago crónico», por lo cual el área de medicina laboral de SaludCoop envió recomendaciones de trabajo por 60 días a partir del 16 de abril de ese mismo año; probanza que además acreditaba que la empresa demandada, CBI Colombiana S.A., conocía de los padecimientos del demandante.

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Radicación n.° 94240 Puntualizó que las referidas recomendaciones médicas consistieron en no levantar carga mayor a 10 kg; no realizar fuerza de empuje y halado; evitar desplazamientos continuos, prolongados y por terrenos irregulares; no hacer flexiones bruscas de tronco; no efectuar actividades en postura agachada; permitir cambios de posición a libre tolerancia – sentado/pie; no ejecutar trabajo en alturas, espacios confinados, ni excavaciones; y no exponerse a vibración de cuerpo entero. Que también se indicó que correspondía al personal administrativo de la empresa, en compañía de la persona encargada del «SGSST en el subprograma de medicina preventiva» evaluar las circunstancias actuales de trabajo del operario y realizar la respectiva rotación del personal a que hubiere lugar, para evitar el empeoramiento de la patología actual. Adujo que al advertirse el conocimiento que tenía el empleador llamado a juicio de los padecimientos de salud del promotor del proceso, se activaba la presunción consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo cual, le correspondía a la empleadora acreditar que la culminación

del vínculo laboral aconteció por una justa causa fundada en una razón objetiva. Resaltó que en este asunto, con las pruebas analizadas, no estaba demostrada la presunta causal objetiva, pues el accionante empezó a presentar problemas lumbares crónicos en abril de 2014, lo que llevó que fuera incapacitado entre el 15 y el 29 de julio de ese mismo año, por ende, «cuando se hizo efectiva la terminación por expiración del plazo pactadoSCLAJPT-10 V.00 15 Radicación n.° 94240 el 18 de julio de 2014-», el trabajador se encontraba incapacitado; que además cuando le fue entregado el preaviso, el 3 de junio de 2014, las recomendaciones dadas por la EPS estaban vigentes, sin que se hubiera aportado prueba alguna que demuestre que las mismas fueron acatadas, lo que sin lugar a dudas, para la colegiatura, dejaba en evidencia una total omisión de las obligaciones de salud y seguridad en el trabajo por parte de la demandada. De otro lado, advirtió que la sociedad CBI Colombiana S.A. alegaba una causal objetiva para la terminación del nexo laboral a término fijo; pero al analizar el contrato de trabajo, el otrosí celebrado y las prórrogas automáticas que existieron, se pudo establecer que «el contrato no terminaba en la fecha en la que indicó la demandada en su carta de terminación» el 18 de julio de 2014, habida cuenta que de acuerdo con las prórrogas automáticas, el nexo contractual se extendía hasta el 19 de octubre de 2014, «pues siendo que

el contrato inicial fue del 1 de abril de 2013 al 20 de agosto de 2013 por un término de 142 días», la primera prórroga «tuvo lugar entre el 21 de agosto de 2013 al 9 de enero de 2014, la segunda prórroga se dio entre el 10 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014, mientras que la tercera prórroga se extendió del 31 de mayo de 2014 al 19 de octubre de 2014». Seguidamente, puntualizó que en realidad nunca existió la alegada causal objetiva para la terminación de la relación laboral del accionante, pues, de una parte, «en la fecha en que se preavisó al actor de la terminación de su contrato de trabajo, el 3 de junio de 2014», así como para la

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Radicación n.° 94240 data en que efectivamente finalizó, esto es, el 18 de julio del mismo año, «ya se encontraba en curso la tercera prórroga». Dijo que a lo anterior se sumaba que, en todo caso, en la sentencia CSJ SL2586-2020 la Corte explicó que la figura de la estabilidad laboral reforzada por condición de discapacidad «no era restrictiva para los contratos a término indefinido, sino que operaba para todas las modalidades contractuales. Y en los contratos a término fijo el empleador debía demostrar que la determinación de no renovarlo fue objetiva y sustentada», para lo cual era menester demostrar la desaparición efectiva de las actividades y procesos contratados, es decir, «que en realidad la terminación del

contrato fue consecuencia de la extinción de la necesidad empresarial y solo así enervaría la presunción de despido discriminatorio»; que, sin embargo, en este asunto quedaba en evidencia que CBI Colombiana S.A. no había cumplido con la carga que le correspondía, para tener por demostrado que el acuerdo de trabajo había terminado por justa causa. Concluyó que en tales condiciones el a quo había acertado al concluir que en el sub judice el finiquito del contrato de trabajo era ineficaz. De otro lado, sobre el segundo aspecto a analizar, relativo a que no hay lugar al reintegro del demandante, dado el estado de liquidación judicial presentado por la accionada, en armonía con el certificado de existencia y representación legal allegado en segunda instancia, el juez de segundo grado refirió que, aunque no había sido un tema de decisión en

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Radicación n.° 94240 primera instancia ni tampoco sobre el que se había apelado, «ello obedeció a que ese hecho no había ocurrido […] configurándose en esta instancia un hecho nuevo». Expuso que conforme a las pruebas allegadas al sub lite se tenía certeza de que la sociedad demandada se encontraba en proceso de liquidación y que, si bien su personería jurídica no se había extinguido aun, lo cierto era que estaba limitada o imposibilidad de iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y, particularmente, se advertía que «el cargo desempeñado por el demandante» correspondía a actividades que ya no eran realizadas por CBI Colombiana S.A. Consecuente con lo anterior, estimó que no era procedente materializar el reintegro del actor, por tanto, advirtió que se modificaría dicha decisión del a quo y, en su

lugar, a título de «indemnización», se ordenaría el pago de salarios y prestaciones sociales causadas desde el 18 de julio de 2014 hasta el día anterior al reconocimiento de la pensión de invalidez que le otorgó al accionante Seguros Alfa S.A., esto es, 16 de junio de 2016; pues según lo confesado por el propio trabajador al absolver el interrogatorio de parte, le fue otorgada desde esa fecha, lo que significa que a partir de la misma se «sustituye la protección otorgada por su condición de debilidad manifiesta». Seguidamente, aclaró que el juez de conocimiento no incurrió en error al incluir el «bono de asistencia» para la liquidación de la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues de acuerdo con al documento visible a folio 36

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Radicación n.° 94240 del proceso, se certificó que la remuneración del convocante era de un salario básico de $4.471.578 y la aludida bonificación de $2.597.774, «por lo que fue acertada la decisión del juez en este tópico, debiéndose entonces confirmar». De ahí que, sostuvo, la apelación tampoco podía prosperar en este tópico. Por último, en lo que tiene que ver con la solidaridad de la codemandada Refinería de Cartagena S.A., señaló que la interpretación jurisprudencial que se le ha dado a esta figura jurídica, conforme el artículo 34 del CST, es que se presenta cuando el contratista cubre una actividad propia del beneficiario que constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social o

cuando el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no corresponda a una labor extraña a las actividades normales de la empresa o negocio. Manifestó que al estudiar los objetos sociales de las demandadas, señalados en los certificados de existencia y representación legal (f.° 157 a 167 y 183 a 191), era posible afirmar que la labor desempeñada por CBI Colombiana S.A. como contratista no era extraña al objeto social de la Refinería de Cartagena S.A., sino que, por el contrario, se complementaban; lo que conducía a concluir que la segunda de las accionadas debía responder solidariamente por los salarios, prestaciones e indemnizaciones a las que tenía

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Radicación n.° 94240 derecho el accionante, habida consideración que fue beneficiada del trabajo desarrollado por el actor. En ese contexto, el juez plural confirmó la condena impuesta por el a quo y, además, ratificó lo decidido sobre la responsabilidad de las llamadas en garantía, pues adujo que conforme las pólizas de seguros aportadas al plenario, aquellas acordaron responder por las obligaciones laborales, por ende, confirmó lo resuelto en primer grado y precisó los montos de tal responsabilidad. Por lo anterior, concluyó que debía modificarse la decisión de primer grado, en el sentido de disponer el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir hasta la fecha de reconocimiento de la pensión de invalidez. En lo demás, confirmó dicha decisión.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada Refinería de Cartagena S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se

procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque íntegramente la decisión del a quo y, en su lugar, absuelva a las accionadas de todas las pretensiones incoadas en su contra.

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Radicación n.° 94240 Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que no obtuvo réplica, el cual se pasa a