CSJ - SL5161-2018

RepúbdleCi oclao mbia coSnuep rdeJemu as ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg:e2 s tión

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA

Magistrada Ponente SL5161-2018 Radicación n. 68849 º Acta 42 Bogotá, veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANTONIO JOSÉ ALZATE CATAÑO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el treinta (30de) m ayo de dos mil catorce (2014), en el proceso que instauró contra ENKA

DE COLOMBIA S. A.

I. ANTECEDENTES ANTONIO JOSÉ ALZATE CATAÑO llamó a JU1c10 a la sociedad ENKA DE COLOMBIA S. A., con el fin de que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 22 de marzo de 1988 hasta el 11 de febrero de 2008, cuando se le dio por terminado su contrato de trabajo; que su despido fue de forma colectiva y

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Radicación n. º 68849 sin justa causa, por lo tanto ineficaz al no haber sido autorizado por el Ministerio del Trabajo y, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba y el pago de los salarios, prestaciones legales y convencionales, causados entre la fecha del despido y la de su reintegro, debidamente indexados.

Subsidiariamente, reclamó el reajuste de las prestaciones sociales, así como de la indemnización por despido cancelada, en tanto no se tuvo en cuenta el promedio salarial devengado, conf arme la convención colectiva de trabajo, la indexación y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó servicios a la demandada, entre el 22 de marzo de 1988 y el 11 de febrero de 2008, cuando fue despedido sin justa causa y le cancelaron la indemnización por despido, sin tener en cuenta sus reales ingresos, conforme lo dispone la convenc1on colectiva de trabajo; que el último cargo que desempeñó fue el de que la sociedad «oficios varios»; encartada incurrió en un despido colectivo de sus trabajadores, conforme lo expuesto en los informes anuales rendidos por la accionada en su página web, en los años 2005 al 2008, lo que puso en conocimiento a unos empleados, invitándolos a suscribir un acta de conciliación ante el Ministerio de la Protección Social, en la que se daría por terminado el vínculo laboral por mutuo acuerdo, con el reconociµiiento de una bonificación y la indemnización por despido convencional; que el 22 de julio de 2009, el referido ministerio le informó en respuesta a petición del 16 de julio

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Radicnaº.c6 i8ó8n4 9 de2 009q,u el aa ccionnaohd aab ípae dipdeor mipsaor a despemdaisri vamaes nutases alar(iºfa4 .da 9o ,sc uaderno

principal). Ald arre spuael satd ae manEdNaK,A D EC OLOMBIA S.A .s eo pusao l apsr etensFiroenneats le.o hse chos, admiltari eól acliaóbnoq ruaeelx isetnitólr aeps a rtyes su s extretmeomsp orya llaets e rminaRceisópne.dc etl oo s demádsi,j noos ecri erot noosc onstaPrrloep.uc soom o excepcdieom néersil tadose p rescreii pnceixóins dteel nac ia obliga(cf8i.3óaº 8n 8 i,bíd em).

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ElJ uzgaPdroi meArdoj unatloS extLoa bordaell CircudieMt eod elmleídni,an ftaeld leo3l 0 d en oviemdber e

2O 1 1,d eclparrboóa dlaa e xcepcdieió nne xistdeeln ac ia obligaacbisóonla,vl iadó e manddaedl aap sr etensdieo nes lad emandeai mpucsoos taalas c t(ofr1. 4º8a 1 53c,u aderno principal).

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Prevaipae lacdieló anp artdee mandalnatS ea,l a LabordaellT ribuSnuaple rdieolDr i strJiutdoi cdiea l Medelmleídni,a fnatldele 3ol0 d em aydoe 2 01c4o,n firlmaó sentednecp irai mgerra yd coo ndeenncó o sta?tl sap arte venc(ifd1.a7 º 2a 1 80c,u adeprrnion cipal).

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Radicanc.iº6 ó 8n8 49 Estableció como hechos no discutidos, la existencia del contrato de trabajo entre las partes, desde el 22 de marzo de 1988 hasta el 11 de febrero de 2008, fecha en la que se dio la terminación del contrato sin justa causa con la cancelación de la respectiva indemnización. Asimismo, determinó como problemas jurídicos a resolver, la existencia de un despido colectivo, la aplicación a la convención colectiva de trabajo y liquidar los derechos al actor con el salario realmente percibido. Transcribió los artículos 6 7 de la Ley 50 de 1990, que modificó el 40 del Decreto 2351 de 1965 y 17 1 del CPC, para recordar que correspondía al actor la carga de demostrar el número de trabajadores que tenía la empresa demandada entre 2007 y 2008, así como los que fueron despedidos, para de esa forma establecer si había un porcentaje superior al contemplado en la ley, lo que no realizó. Al respecto, expuso que: Ninguno de los testimonios traídos al proceso son precisos en indicar exactamente a cuánto asciende el número de personas despedidas de la empresa entre el año 2007-2008, además se debe tener en cuenta que en dicho período también salió personal jubilado, por renuncia, por acuerdo, fueron varios los motivos por los cuales salieron trabajadores de la empresa, sin dejar de lado también que entre ellhoasbí a personal no vinculado directamente por la empresa; las versiones de los declarantes no son concretas ya que seli mitan a decir que el personal que salió era entre 5 y 8

personas cada ocho días, otro dijo que quincenal sacaban entre 5 o 6 trabajadores. Fuera de lo anterior tampoco se probó exactamente para el mencionado período cuántos trabajadores directos tenía la empresa accionada. Frente a la reliquidación de acreencias laborales y de la indemnización por despido, consideró que no era procedent e,

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4 Radicnaº.c6 i8ó8n4 9 pues el demandante no había sustentado en debida forma el recurso de alzada conforme lo dispuesto en el artículo 5 7 de ª la Ley 2 de 1984, así como lo expuesto en la sentencia CSJ SL, 5 sep. 1994, rad. 6481, pues se limitó a «decqiuree ral a a quoq uietne níqau eh aceurn osc álcucloompsa ratipveorso, ene lr ecureslmo e morialniosl toha a cep arad emostrlaar equivocaecnli aód ne cisaitóanc ada».

IV. RECURSO DE CASACÓIN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCED E LA IMPUGNACÓIN Persigue que se case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la de primer grado «declareannf daov or dem ir epresenltapa rdoos perdiedt aodd aysc aduan ad el as pretensiroencelsa maednal sad emandsae,a lna psr incipales o (f.º 8, cuaderno de la Corte). lassu bsidiarias» Con tal propósito, formula un cargo, por la causal

primera de casación, que fue objeto de réplica y se estudia a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Dice el censor, lo siguiente: Mep ermiintvoo ccoamrco a usdaecl a saccioónntl rasa e ntencia delT ribuSnuaple rdieoM re del-líSna lSae xtDau adle DescongeLsatbioórlnaac l a,u sparli medreaal r tí8c7ud leol

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Radicanc.ºi6 ó8n8 49 Código de Procedimiento Laboral, por considerar la sentencia acusada como violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta al incurrir el a-quo en error de hecho por interpretación errónea del acervo probatorio. Pardae mostlraaa cru sacaisóeng,uq ruaee lT ribunal nov alo«lr aórs e lacidoenp easg doe l aA RPS URA»,a scío mo «lrae spuedsatdaap orl as ocieddaedm andaadlao fic(isoisc ) Nº 2268, 2270 y2 271 de2 01 O»q,u ed emostrealnb úamne ro det rabajaddeosrveisn cuploalrda do esm andaednla o sse is meseasn teriao srued se spiyd loo r ealmepnetrec ibido duranetlúe l tiamñood es ervipcairolasoq , u et ranscurni bió apardtele a s entecnuceisat ionada. Finalmeansteeg,uq ruóee lJ uedze a pelacinoon es valo«er laó c erpvroo batyo driiopo o rd emostrsaidenos tarlo,

quen o sec on.figurlaarseo xni gencdiealos r din4a ld el º artíc6u7ld oe l aL ey5 0d e1 990q uem odifieclóa rtíc4u0l o deDle cre2t3o5 1d e1 965(»f 7.a ºl9 ,c uadedrenl oaC orte). VIIR.É PLICA Alegealo posiqtuoelr a d emandcao ntieernreo dree s técniincsaa lvatballecesos,m oi) :n op resepnrtoap osición jurídiiicn)a o; individulaalspi rzuae bdaesj addaes apreciaoc viaólno racdoanes r rpoorr e lT ribuyn iailni o) indilcoaes r rocroemse tipdooies·lJ uedze a pelac(if1ó.3ºn al1 5i,b ídem). VIICIO.N SIDERACIONES La Salrae iteqruaee sn ecesaer iimop erieols o cumplimideenl taosr eglaadsj etirveaqsu erpiadralasa 6

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Radicación n. º 68849 demanda de casación, las cuales se exigen tanto en su formulación como en la demostración de los cargos, pues, según sentencia CSJ SL8626-2014, aquella debe ser «[.] . . completo(a) en su formulación, suficiente en su desarrollo y lo Cumplidos los requisitos técnicos eficaz en que pretende». de la demanda, podrá ésta ser estudiada de fondo; en caso contrario, el recurso extraordinario resulta infructuoso.

Lo anterior, toda vez que la finalidad del recurso extraordinario de casac1.o, n es que esta Corporación, determine si existe armonía entre la sentencia impugnada y las normas sustantivas nacionales que deben indicarse como violadas, sin que ello le confiera competencia para juzgar el pleito, a fin de resolver a cuál de las partes les asiste la razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a determinar si el Juez de apelaciones observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar, para rectamente dirimir el conflicto (sentencia CSJ SL14055-2016, reproducida, entre otras, por la providencia

CSJ SL10092-2017).

No obstante, en la proposición jurídica de la acusación, la censura no señala, de manera expresa, norma sustantiva de alcance nacional violada, pero sí hace referencia en la demostración del cargo, al contenido del artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, que, en su criterio, no fue empleado por el Tribunal. A la par con ello, no denunció, como debía, cuando se hace uso de la causal primera de casación, el quebranto de al menos una disposición sustantiva de seguridad social de alcance nacional, que resulta

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Radicacni.ºó6 n8 849 trascendente para la definición de los derechos que se disputan en el proceso. Sin embargo, se encuentran otros errores que imposibilitan la estimación de la acusación. Esta Corporación ha determinado que cuando en sede extraordinaria se acusa la violación indirecta de normas de

carácter sustancial, es deber del recurrente, además de indicar los supuestos yerros fácticos atribuidos al sentenciador e individualizar las pruebas, señalar de modo objetivo el contenido de los medios de convicción, así como el valor atribuido por el juzgador, la explicación del por qué consideraba que dichas falencias tendrían las características de un error de hecho, protuberante y manifiesto y la incidencia de estos en las conclusiones del fallo impugnado; requisitos que indudablemente en la demostración del cargo el censor no observó, como pasa a analizarse. l.R espedcetcloa rúgnoi co. Olvida la recurrente que cuando el ataque contra la sentencia se dirige por la senda indirecta, debe: ie)n unciar los yerros que estima incurrió el juzgador de segundo grado, ii) individualizar las pruebas que considera indebidamente apreciadas o inapreciadas y iiexip)on er el contenido objetivo de los elementos probatorios denunciados y exhibir la valoración manifiestamente equivocada en la cual incurrió el ad quem, si se acusa error en su estimación (CSJ SL96812017); lo que en este evento omitió la censura.

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Radicanc.iº6 ó 8n8 49 Basta el examen al escrito contentivo de la acusación, para determinar que no se invocaron los errores en que pudo incurrir el adq ueym q ue lo hayan llevado a la violación de la normativa. En ese orden, para realizar algún análisis de fondo, teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala tendría que, oficiosamente, examinar todo el acervo probatorio para tratar

de vislumbrar alguna falencia y determinar los yerros fácticos que omitió aducir el libelista e interpretar la intención del censor sobre si las pruebas denunciadas fueron no apreciadas o mal valoradas por el adq uemlo ,cu al no es posible, por cuanto asumiría una función que es propia de la parte recurrente, dado el carácter estrictamente rogado del recurso, según lo dispuesto en los ordinales 1 º del artículo º 87 del CPTSS y 5 del literal b) del artículo 90, ibí.d em En torno a estos defectos de la acusación, ha explicado la Sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148, reiterada en la CSJ SLl 780-2018, lo siguiente: [. ..] cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores f ácticos que deben ser evidentes; 2 mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, ha dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que

considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas. Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba

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Radicanc.iº6 ó 8n8 49 acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada, la equivocación que en el análisis incurrió la Colegiatura en la valoración de los medios probatorios. Esto significa que debió explicar cuál fue el sentido que el Tribunal le dio a las pruebas denunciadas, cuál es el correcto entendimiento que ellas tienen y la incidencia del error en la decisión proferida (CSJ SL91622017); requisitos que, indudablemente, en la demostración del cargo, la censura no observó. Se afirma lo anterior, en tanto que la argumentación con la que pretende sustentar la no valoración de las pruebas que denominó así «las relaciones de pago de la ARP SURA», como «la respuesta dada por la sociedad demandada al oficio n. º2 2682,2 7y0 2 27d1e 20O1», las que, además de no haber sido individualizadas en el primer caso, resulta insuficiente, pues se limita a indicar que dice la prueba denunciada, transcribe lo que dijo el Tribunal, pero olvida demostrar y fundamentar la existencia del error en cada prueba y la

incidencia que el mismo tuvo en el fallo de segundo grado. En ese orden, si bien es cierto el recurrente singulariza únicamente «la respuesta dada por la sociedad demandada al oficio n. º 22682,2 70y 2271de 20O1» como era su obligación, cada uno de los medios de convicción, también lo es que no indica qué demostraban y cuál era incidencia en la decisión adoptada, lo que impide efectuar el estudio de fondo SCLAJPT-10V .00 10 Radicación n. º 68849 de la acusación, porque para que se confi re un error de gu hecho es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran y, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta. 2.N os ea taceansn u t otalliodssao dp ordteeflsa llo impugnado. En concreto, en el examine, el recurrente no derribó los pilares fundamentales de la decisión del Tribunal, pues no cuestionó los ar mentos en virtud de los cuales éste gu consideró: i)q ue no se demostró la existencia de un despido colectivo durante el periodo de 2006 y 2007 por la demandada y que el recurso de alzada no fue debidamente ii) sustentado, para estructurar el supuesto error cometido por el Juez de primer grado en la absolución de las pretensiones de reliquidación de prestaciones sociales e indemnización por despido, con fundamento en la convención colectiva de trabajo. Así las cosas, al no haber controvertido en su totalidad y adecuadamente los ar mentos fundamentales de la

gu decisión del ad quem, corresponde concluir que ésta permanece incólume y rodeada de la do ble presunción de acierto y legalidad. Al respecto, esta Sala manifestó en sentencia CSJ SL13058-2015, que: [. ..] la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso

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Radicación n. º 68849 contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración. Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica ol a jurídica, op or ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Los soportes fa cticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias od educciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobraran vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el aso sometido a su consideración, esto con total independencia de los aspectos de hecho que estructuran cada caso. En ese orden, el recurrente debe controvertir todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basó la

decisión, pues nada conseguirá si acomete razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada, puesto que en estas circunstancias no logra socavar los pilares centrales de la decisión impugnada, quedando ella en pie. Además, advierte la Corte que el recurrente nada dijo en torno a las pruebas testimoniales, siendo su obligación hacerlo (CSJ SL1409-2018). 3.E le sctroei su na legdaeti on sntcaia. La sustentación del cargo no es sólida e hilvanada, lo que le resta coherencia y lleva al desconocimiento de lo ordenado por el artículo 91 del CPTSS, que compele a quien acude en casación, a que plantee la demanda en forma sucinta, sin extenderse en consideraciones propias de las instancias.

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Radicación n. º 68849 Tal mandato no fue atendido por la recurrente, en tanto su argumentación se asemeja más a un alegato de instancia, que a la dialéctica que debe hacerse al plantear un cargo en casación, pues se insiste, no explica en qué consistieron los errores que le enrostra al fallo acusado, ni determina cuál fue su incidencia en la decisión. Frente a tal aspecto, se pronunció recientemente esta Sala en las sentencias CSJ SL3836-2018, CSJ SL038-2018, en donde se rememoró la CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 41076, que manifestó: En el presente caso, la sustentación del recurso no pasa de ser un alegato de instancia en el que brilla por ausente un discurso

coherente dedicado a desvertebrar el eje fundamental del fallo gravado. Así se dice, por cuanto a pesar de dirigir los cargos por la senda fáctica, no precisa cuáles fueron las pruebas calificadas o no apreciadas mal valoradas, ni tampoco explica en dónde radicaron los desaciertos que enrostra a la sentencia del Tribunal. Lo expuesto, demuestra que el cargo no se ajusta a la técnica del recurso extraordinario de casación, que es de estricta aplicación, no por simple formalismo, sino porque constituye el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte. Los anteriores desatinos resultan suficientes para desestimar el cargo. Costas en el recurso a cargo de la parte demandan te recurrent e, por cuant o la demanda de casación fue replicada. Fíjense como agencia en derecho, la suma de $3.750.000.oo a favor de la opositora en este asunto, las cuales liquidará el 13

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Radicancº.i6 ó8n8 49 Juzgaddepo r imeirnas tacnncooifram,ae la rtíc3u6l6do e l CóidgGoe enradleP lro ce.s o IX.D ECISIÓN Enm éridtelo oe xpsute,lo aC orStuep redmeJa u sticia, SaldaeC ascaióLna bol,ra administjrusatniedcnoin ao mbre del aR epúblyi pcoara utoriddela adl eyN,O CASAl a sentedniccitala adS aa lLaa bodreaTllr ibuSnuaple rdieolr DistrJiutdoi cdieMa edle ldleíf nce htar ei(n3td0ae)m aydoe

domsi cla to(r2c10e4 d)e,n tdreopl r ocoersdoi nlaarbioor al seguipdooAr N TONIJOO SÉA LZATCEA TAÑcOo nterla

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