CSJ - SL5191-2021

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL5191-2021 Radicación n.° 86081 Acta 39 Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019) en el proceso que le

instauró CARLOS MARIO VALLEJO HOYOS.

I. ANTECEDENTES Carlos Mario Vallejo Hoyos llamó a juicio a la NaciónMinisterio de Agricultura y Desarrollo Social con el fin de que se condenara al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez del artículo 98 de la CCT 1996-1998, a partir del 14 de junio de 2016, junto con las mesadas retroactivas y

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Radicación n.° 86081 adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios, así como las costas. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 14 de junio de 1956 y arribó a los 60 años en la misma fecha del 2016. También, adujo que prestó sus servicios como profesional universitario grado 03 al Instituto de Mercadeo Agropecuario Liquidado -Idema-, en calidad de dependiente oficial, desde el 18 de mayo de 1984 hasta el 14 de febrero de 1986 y del 15 de abril de 1986 al «20 de octubre de 1997».

Recordó que, por Decreto 1675 del 27 de junio de 1997, se ordenó la supresión y liquidación de su empleador, razón por la cual, a través de Comunicado del 9 de octubre de tal anualidad, se le informó que su cargo había sido eliminado, a partir del «15 de octubre de 1997» y entonces laboraría hasta ese momento. Debido a lo preliminar, el 24 de marzo de 1999 solicitó la prestación por despido injusto contemplada en el artículo 98 de la CCT 1996-1998 que suscribió el sindicato nacional de trabajadores Sintraidema con la entidad mentada, la cual se negó por Oficio del 20 de abril de 1999, dado que: Usted sostuvo dos vinculaciones laborales con la liquidada entidad que suman 13 años, 2 meses y 3 días y durante la segunda de dichas vinculaciones fue retirado del servicio por supresión del cargo. Con lo anteriormente determinado […] dicha forma de retiro del servicio, aunque legal, no erige como justa causa, cuando usted cumpla los 60 años de edad podrá solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por despido injusto […].

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Radicación n.° 86081 Acotó que, el 25 de abril del 2016,nuevamente requirió la prerrogativa deprecada, que se atendió desfavorablemente por Comunicado n.° 20163400092721 del 15 de mayo de dicha anualidad, bajo el argumento de que, según el parágrafo transitorio 3.° del Acto Legislativo 01 de 2005, no cumplió las exigencias antes del 31 de julio de 2010. Frente a ello,

presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, pero por Decisión del 29 de julio del 2016, se mantuvo la primera determinación con idénticos fundamentos y se adujo que ello no era objeto de apelación. Por último, memoró que las obligaciones laborales y pensionales a cargo del Idema, fueron asumidas por la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como lo dispuso el Decreto 1675 de 1997 (f.° 1 a 10, cuaderno principal). La convocada a juicio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, apuntó que no le constaban o no eran supuestos fácticos. En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de «falta de integración del litis consorcio necesario», cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación, compensación, pago de buena fe, presunción de legalidad, «de la aplicación del artículo 133 de la Ley 100 de 1993», prescripción, «sobre la compartibilidad», inexistencia de la convención colectiva de trabajo y «el acto legislativo restringe el reconocimiento de derechos pensionales» (f.° 79 a 106, ibidem).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 12 de septiembre de 2018, declaró probado el medio exceptivo de cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación, absolvió a la demandada y condenó en costas al accionante (f.° 295 CD y 296 acta, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte activa, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de providencia del 5 de julio de 2019 (f.° 308 CD y 309 acta, ibidem), dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia materia de apelación proferida el 12 de septiembre de 2018 por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, para, en su lugar, DECLARAR que al actor le asiste derecho a la pensión de jubilación convencional por despido injusto, de que trata el artículo 98 de la CCT 1996-1998, suscrita entre el extinto Idema y Sintraidema, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a reconocer y pagar al señor Carlos Mario Vallejo Hoyos, la suma de $90.891.983 por concepto de retroactivo por las mesadas causadas entre el 14 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2019, incluida la mesada adicional de diciembre de cada año.

A partir del 1.° de julio de 2019, la demandada seguirá reconociendo al demandante una mesada pensional equivalente a $2.432.488, junto con la mesada adicional de diciembre de cada año, en lo sucesivo con los reajustes de ley a que alude el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.

PARÁGRAFO: Se AUTORIZA a la entidad demandada para que descuente del retroactivo pensional y de las mesadas que se sigan

causando las cotizaciones que por mandato legal debe hacerse con destino al sistema de seguridad social en salud.

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TERCERO: ABSOLVER al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la entidad demandada por sustracción de materia y en la medida en que se enfila a la improsperidad de las pretensiones formuladas.

QUINTO: CONDENAR en COSTAS en esta instancia fijándose como agencias en derecho en favor del demandante y a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural […] En lo que interesa al recurso extraordinario, estipuló como problemas jurídicos, determinar si el accionante tenía derecho al beneficio por desvinculación injusta, regulado en el canon 98 de la CCT y si tales reglas convencionales estaban vigentes, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005.

Para ello, abordó los siguientes tópicos:

1. Pensión por despido injusto convencional Señaló que no era objeto de disputa que el petente laboró como trabajador oficial para el extinto Idema, desde el 18 de mayo de 1984 hasta el 14 de febrero de 1986 y del 15 de abril de 1986 al «20 de octubre de 1997», lo que equivale a 13 años, 2 meses y 23 días (f.° 15, ibidem) y que dicho nexo contractual finalizó por la supresión del cargo ante la liquidación de la

entidad, de conformidad con el Decreto 2438 de 1997 (f.° 12, ibidem). También, mencionó que no se encontraba en debate que: i) el texto convencional mentado dispuso en su clausulado 98 que se otorgaría un emolumento para los subordinados que

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Radicación n.° 86081 fueron desvinculados sin causa justa y certificaran 10 años y menos de 15 laborados al Idema, la cual se disfrutaría «desde la fecha del despido, si para esa calenda acredita 60 años de edad o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido» (f.° 28 a 59 y 297, ibidem) y, ii) tal prerrogativa la solicitó el demandante en dos oportunidades, así:

1. Al Idema el 24 de marzo de 1999, pero se negó por Comunicado del 20 de abril de 1999, toda vez que: «la supresión del cargo es una forma legal del retiro del servicio que no se rige justa causa y que: cuando usted cumpla los 60 años de edad podrá solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por despido injusto» (f.°14, ibidem).

2. Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 25 abril de 2016, porque el 14 de junio siguiente arribaría a los 60 años, pero se resolvió negativamente por Oficio del 17 de mayo de la referida anualidad, dado que -de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005debía consumar dicha edad

antes del 31 de julio de 2010 (f. 16 a 18, ibidem). Frente a ello, presentó recursos de reposición y apelación, que fueron negados por Respuesta del 29 de julio de 2016 (f.° 19 a 26, ibidem). Preciado lo preliminar, exaltó que esta Corporación ya se había pronunciado frente a un caso de similares supuestos fácticos, contra la misma atacada y estudiando igual norma convencional, verbigracia, en sentencias CSJ SL15605-2016,

CSJ SL17439-2017, CSJ SL19812-2017, CSJ SL4538-2018,

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Radicación n.° 86081 CSJ SL4109-2018, CSJ SL3277-2018, CSJ SL2465-2018, CSJ SL2597-2018, CSJ SL2377-2018, CSJ SL021-2018, CSJ SL5573-2018 y CSJ SL1919-2019, de las que extrajo, en síntesis, que como la prestación aludida se causaba con el tiempo de servicios entre 10 y 15 años y, el fin contractual injusto, sin importar la edad pues es un requisito de exigibilidad, el convocante a juicio podía acceder a la asignación si inclusive cumplía la edad después del 31 de julio de 2010. En cuanto a la aplicabilidad del Acto Legislativo 01 de 2005, reprodujo las providencias CSJ SL3277-2018 y CSJ SL4109-2018, última en la que, al igual que en el examine, se arribó a la edad después del límite previsto por la mentada

reforma constitucional. Descendió al caso de estudio y consideró que la demandada erró al negar la prestación el 17 de mayo de 2016 y el 29 de julio de la misma anualidad, ya que «la causación de la pensión convencional opera desde el despido, quedando sólo condicionada su exigibilidad al cumplimiento de los 60 años y como quiera que la causación es anterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005, tal prestación no se ve afectada por tal hecho». Por tanto, procedía el derecho porque, como no se discutió, el demandante laboró para el Idema desde el 18 de mayo de 1984 hasta el 14 de febrero de 1986 y del 15 de abril de 1986 al «20 de octubre de 1997», lo que equivalía a 13 años, 2 meses y 23 días (f.° 15, ibidem) y fue despedido sin justa

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Radicación n.° 86081 causa el «20 de octubre de 1997», pues, como advirtió de la Misiva del 9 del mes y año aludido, «a partir de la fecha termina su contrato de trabajo por liquidación definitiva del instituto». Recordó que la extinción del empleador es un modo legal de terminación de la relación, pero no una desvinculación justa, razón por la cual ninguna discusión sobre este punto daría lugar a la improsperidad de las pretensiones, más aún cuando la «demandada estimó en el año de 1997 que el retiro del servicio fue legal, lo cual no erige como justa causa y por ello el actor podía solicitar la prestación convencional al

cumplimiento de los 60 años» (f.°14, ibidem).

2. Monto pensional En cuanto a los factores para liquidar el beneficio convencional, citó la decisión CSJ SL19812-2017 y sostuvo que debía tenerse en cuenta el canon 124 de la CCT. Por tanto, acudió a la liquidación definitiva de prestaciones sociales (f.° 261, ibidem), documental en la que encontró aquellos conceptos enlistados en el precepto referido, como «salario básico, sobresueldo de antigüedad, prima de vacaciones, primas semestrales y mensual de alimentación».

Entonces, con soporte en ello, obtuvo un salario promedio de $1.288.562 correspondiente al año final de servicios y aclaró que: […] no [acogía] el valor de $1.291.645 pesos que aparec[ía] como promedio para la liquidación final de prestaciones en la medida en que a folio 128 obra[ba] un reintegro de un mayor valor pagado

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Radicación n.° 86081 por $36.980, por concepto de prima de vacaciones ante lo cual, una vez realizadas las operaciones aritméticas, respectivas arroja[ba] como salario promedio el valor indicado de $1.288.562. Así pues, a dicho valor le aplicó una tasa de reemplazo del 50,065 % que consiguió de acuerdo con el proveído CSJ SL1916-2019 y el tiempo total de servicios de 13 años, 2 meses y 23 días, equivalente a 13,17 años y arrojó una mesada para octubre de 1997 de $645.118.

No obstante, como el disfrute pensional comenzaba a partir del 14 de junio de 2016, pues en tal data el petente alcanzó los 60 años (f.° 11, ibidem), dispuso una mesada para esta anualidad de $2.141.735 debidamente indexada y un retroactivo desde el mentado momento hasta el 30 de junio de 2019, de $90.891.983 pesos. Autorizó que de esta totalidad se descontaran las sumas con destino al subsistema de salud, para lo que se apoyó en la providencia CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 47528. Precisó que, a partir del 1.° de julio del 2019, el emolumento sería de $2.432.488 pesos, el cual se debía incrementar anualmente, conforme el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y otorgado en 13 mesadas al año, pues se «consolidó» con posterioridad al 31 de julio de 2011 y así lo sustentó esta Corte en fallo CSJ SL1917-2019. Especificó que, «sí bien la prestación se causó al momento del despido en el año de 1997 su exigibilidad y consolidación operó en el año 2016, resultando aplicable el citado Acto Legislativo 01 de 2005».

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Radicación n.° 86081 No declaró probada la excepción de prescripción, en tanto que la prestación se hizo exigible el 14 de junio de 2016, la reclamación se presentó el 25 de abril de 2016, se resolvió por Oficio del 17 de mayo de 2016 (f.° 16 a 18, ibidem) y se

radicó la demanda el 30 de enero de 2017 (f.° 10, ibidem), por lo que no transcurrió el término trienal previsto en los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST.

3. Intereses moratorios Esgrimió que, si bien es cierto esta Corporación concede los intereses moratorios solo en prestaciones otorgadas íntegramente con la Ley 100 de 1993, también lo era que la Corte Constitucional imponía la obligación de pagar los intereses moratorios a todos los pensionados y tipos de pensiones, incluyendo las convencionales, como se instruyó en sentencias CC C601-2000, CC SU230-2015 y CC SU0652018, la que reprodujo.

Memoró la finalidad de los intereses aludidos, con apoyo en la providencia CSJ SL787-2013 y concluyó que como la norma convencional fue analizada por esta Sala sólo hasta la decisión CSJ SL15605-2016 y con apoyo en ella se reconoció el derecho, no era viable condenar por este rédito. Precisó que no concedería la indexación, porque no fue solicitada en el libelo gestor, ni objeto de la fijación de litigio, razón por la cual no podía emitir una orden ultra y extra petita; máxime que debía respetar el principio de congruencia

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Radicación n.° 86081 del artículo 288 del CGP, como lo ha dicho esta Sala en decisiones CSJ SL13268-2016 y CSJ SL1705-2017. Finalmente, no acogió la solicitud de que la pensión la debió reconocer Colpensiones, ni lo relativo a la

compartibilidad porque opera por virtud de la ley, en los términos de Acuerdo 029 de 1985, para lo que se limitó a señalar diversos apartes del proveído CSJ SL5573-2018.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la encausada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala «case totalmente» la sentencia impugnada, para que, en sede instancia, confirme plenamente la decisión del a quo (f.° 3, documento de demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, de los cuales fueron replicados conjuntamente los dos últimos y se estudiarán a continuación el primero y segundo al unísono, dado que, pese a dirigirse por caminos diferentes, persiguen similar fin y guardan unidad temática y, posteriormente, se abordará el tercero.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 86081 Acusa el proveído atacado de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida el: […] artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, los artículos 5.° y 6.° del Decreto 3135 de 1968, los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del Decreto 3048 de 1969, el artículo 267 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 8.° del Decreto 1675 de 1997 y

artículos 123 y 128 de la Constitución de 1991, Decreto 516 de 1990 y Decreto 2001 de 1993, en relación con el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario - Idema y Sintraidema. Plantea que el Colegiado incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

A. Dar por probado, sin estarlo, que la desvinculación que efectuó el Instituto de Mercadeo Agropecuario - Idema del señor Carlos Mario Vallejo Hoyos, fue sin justa causa.

B. No dar por probado, estándolo, que para la desvinculación que efectuó el liquidado Idema del señor Carlos Mario Vallejo Hoyos, medió una justa causa legal, consistente en la supresión y liquidación de la entidad empleadora, Instituto de Mercadeo

Agropecuario – Idema.

C. No dar por probado, estándolo, que la Convención Colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Mercadeo AgropecuarioIdema y Sintraidema solo produjo efectos jurídicos hasta el 30 de abril de 1998, supuesto esté que, envolvía su inaplicabilidad material a las condiciones especiales en que se encontraba el

demandante Carlos Mario Vallejo Hoyos. Lo preliminar, por la apreciación errada de los Oficios n.° 033 del 9 de octubre de 1997 por el que se comunicó al actor la terminación del contrato laboral, así como los n.° 20163400092721 del 17 de mayo de 2016 y n.° 20163400157441 del 29 de julio de la misma anualidad, a través de los que se negó el beneficio estudiado.

En la demostración del cargo, aduce que el Juez de alzada valoró equivocadamente el Escrito n.° 033 del 9 de

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Radicación n.° 86081 octubre de 1997, al determinar de tal documental que operó un despido injusto, cuando en realidad se dio por un motivo legal que devine de las facultades previstas en el numeral 15 del artículo 309 de la Constitución Política y el 30 de la Ley 344 de 1996, las cuales se concretaron en el Decreto 1675 de 1997, en el que se ordenó la liquidación del Idema y cuya consecuencia natural es la terminación de todos los contratos laborales. Recuerda que por Decreto 2438 de 1997 se suprimieron los cargos de la planta de personal del Idema, lo que significa que el actuar del empleador liquidado obedeció a una expresa prescripción legal y no a una actitud caprichosa o arbitraria, o a un motivo injusto, por lo que no se cumple la exigencia del artículo 98 convencional. También, manifiesta que se efectúa una mala apreciación de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, porque el operador judicial dedujo que se pagó una indemnización por desvinculación injusta, cuando en puridad de verdad se hizo a título de compensación por terminación legal por supresión del empleador. En ese orden, resulta equivocado que el Tribunal confunda tales resarcimientos que son disímiles, en la medida que el primero obedece a la voluntad unilateral del empleador y el segundo a la reestructuración de la entidad. Igualmente, menciona que se incurre en el mismo yerro valorativo con la carta de terminación del contrato, porque no

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Radicación n.° 86081 se puede desprender de ella, ni del finiquito aludido, que se finalizó la relación sin justa causa. Finalmente, afirma que «la inobservancia total del Tribunal […] de la prueba documental obrante en el plenario», refleja que el petente fue afiliado al ISS y el Idema cumplió la obligación de pagar los aportes a seguridad social. En esa medida, al otorgar el derecho convencional, pese a que se efectuaron las contribuciones al SGP, se estaría contrariado el artículo 128 superior sobre que nadie puede recibir más de una asignación del tesoro público (f.° 3 a 8, documento de demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

VII. RÉPLICA Alega que se confunde la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida con el sendero jurídico en el submotivo de interpretación errónea, pues «pretende desvirtuar la interpretación y aplicación de la norma, cuando resulta claro que las conclusiones pretendidas por el apoderado de la Nación no se derivan de las pruebas allegadas, si no del alcance que se les da a las disposiciones normativas que sirvieron de base en la condena de segunda instancia» y que, aunque se citan errores de hecho, llegó a ellos por la exégesis que esta Corte ha dado a la ley sustancial y no por la apreciación de los elementos de convicción.

Menciona que la jurisprudencia de esta Sala ha sido pacifica en considerar que el finiquito por causa legal es desemejante a aquel sin justificación y, contrario a la cesura,

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Radicación n.° 86081 el primero no está considerado en el segundo. Además, que «las pruebas que se citan, a pesar de que gozan del requisito legal de ser calificadas, no pueden suplantar el alcance jurídico que se le dio a ciertas situaciones de hecho, como lo es la supresión de una entidad pública» (f.° 2 y 3, documento de réplica del cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Denuncia la providencia de segundo grado de vulnerar por el camino jurídico, en el sub motivo de interpretación errónea de los «artículos 90 y 150, numeral 7.° de la Constitución Política, parágrafo transitorio n.° 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y de la Ley 6.° de 1945, a la cual reglamenta».

En el fundamento de la acusación, reprocha que el Colegiado analizó indebidamente las disposiciones referidas, dado que ellas prevén taxativamente las únicas razones para terminar unilateralmente los contratos de trabajadores oficiales. En ese orden, considera que: […] la interpretación que hace el Tribunal, que el elemento esencial constitutivo de la justa causa para terminar un contrato laboral con un trabajador oficial es el hecho de estar expresamente calificado como tal en el texto legal. Ningún elemento, motivo, razón que no pueda extraerse de su literalidad, por poderoso que sea, puede ser tenido en cuenta, según el ad quem para calificar de justa o injusta una causa de terminación de un contrato laboral.

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Radicación n.° 86081 Bajo esta perspectiva, no es plausible aceptar tal manera de interpretar estos textos legales, pues en la literalidad de los preceptos jurídicos subyacen motivos poderosos, no explícitos, que realmente son los que legitiman el alcance que ha de darse a ellos. La interpretación que hace el Tribunal de los textos reglamentarios señalados sigue los lineamientos jurisprudenciales de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que han predominado cuando las entidades públicas o privadas, cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley, cierran sus empresas. Estos lineamientos jurisprudenciales distinguen entre la causa o modo legal de terminar un contrato y la causa o modo justo de hacerlo. Plantea a qué compete cada uno de dichos modos, esto es, el legal y el justo, el primero con soporte en el literal f) del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 y el segundo en los preceptos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945. Luego, considera que el entendimiento de la normatividad transgredida debió hacerse atendiendo lo siguiente: i) No es razonable limitar o entender como taxativas las causales señaladas de manera expresa en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945. ii) No es razonable entender que un motivo legal no deba ser concebido como motivo justo para terminar un contrato con un trabajador oficial. iii) El cierre de empresas públicas realizado conforme a los procedimientos legales es un motivo justo de terminación de los vínculos de los servidores con la entidad suprimida, por ser un

motivo constitucional y legal, es decir que emerge de la Constitución y la Ley. Igualmente, sostiene que se debía acudir a las Oficios n.° 20163400092721 del 17 de mayo de 2016 y n.° 20163400157441 del 29 de julio de 2016, por los que se negó la prestación, sin hacer mayores exposiciones.

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Radicación n.° 86081 Transcribe el parágrafo transitorio 3.° del Acto Legislativo 01 de 2005 y dice que ninguna pensión convencional puede causarse después de la vigencia de la reforma constitucional, ni del 31 de julio de 2010, como en el examine que el convocante cumplió el requisito de la edad con posterioridad; máxime que la CCT expiró el 30 de abril de 1998, momento en el que ya había desaparecido el Idema (f.° 8 a 10, ibidem).

IX. RÉPLICA Frente a los cargos segundo y tercero, declara en conjunto que la liquidación de las entidades públicas es una terminación legal del contrato de trabajo, pero no puede obligarse al empleado a soportar un daño antijurídico de un bien superior, como lo es la estabilidad en el empleo.

Refiere al artículo 48 del Decreto 2127 de 1946, que reguló la Ley 6ª de 1945, en el que se relacionan de forma taxativa las justas causas para dar por finalizar la relación laboral de los dependientes oficiales, sin que se infiera que, además de ellas, pueden surgir nuevas. Sostiene que la controversia mentada sobre las diferencias entre causa legal y justa en el caso de los

trabajadores oficiales ha sido decantada por esta Corporación, verbigracia, en sentencia CSJ SL3271-2017, la que cita (f.° 3 a 7, documento de réplica del cuaderno de la

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Radicación n.° 86081 Corte digital).

X. CONSIDERACIONES La Sala empieza por advertir que la promotora del recurso incurre en imprecisión en los cargos mentados, pues, con independencia de la senda que seleccionó en cada uno de ellos, para confrontar la legalidad de la segunda sentencia, en contra de la regla explicada entre otras, en las providencias CSJ SL1695-2019 y CSJ SL365-2020, planteó críticas tanto de naturaleza jurídica como fáctica.

Sin embargo, esta falencia es superable si al tenor de lo esbozado, entre otras, en la decisión CSJ SL10453-2016, la Corte realiza su labor en perspectiva del conflicto de legalidad que devela la embestida, esto es, según su esquema argumentativo. Así se dice, en razón a que, no empece la censura acudió en la denuncia inicial a la vía indirecta y en armonía con ella, propuso defectos fácticos producto de unos errores de valoración probatoria, lo cierto es que fundamentó su embate, esencialmente, a partir de raciocinios jurídicos, relativos a que: i) la relación finalizó por una causa legal por la supresión y liquidación del Idema, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 309 de la Constitución Política y el 30 de la Ley 344

de 1996, las cuales se concretaron en los Decretos 1675 de 1997 y 2438 de 1997 y, por tanto, se trata de una «justa causa legal» y, ii) el superior realizó el pago de los aportes al SGP, por lo que, de acuerdo con el artículo 128 superior, no es

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Radicación n.° 86081 posible percibir la prestación otorgada por Colpensiones, así como aquella que está a cargo de la agencia ministerial. Por su parte, la imputación segunda se encauzó por el sendero de derecho y el desarrollo de la misma, aunque fue principalmente jurídico enfocado a que la causa legal por supresión del empleador es también una justa y que la CCT 1996-1998 tiene efectos hasta abril de 1998, sin que se pueda causar la prerrogativa después de dicha data, ni de que entró en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005 o el 31 de julio de 2010, se hizo alusión a tópicos fácticos, como cuando aseveró que se debía «observar que mediante Oficios Nos. 20163400092721 del 17 de mayo de 2016 y 20163400157441 del 29 de julio de 2016, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural negó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional […]». No obstante, pese a que se aludió a lo preliminar, no se profundizó en tal aspecto, ni siquiera se mentó si se consideraba que fue indebidamente valorado o no apreciado por el Juez de apelaciones y, por tanto, en este cargo, la Sala

prescindirá de aquella explicación inadecuadamente introducida. Entonces, desde ese contexto, las denuncias no solo develan la intención de que se analice especialmente la sentencia recurrida por la vía de puro derecho, sino que, además, no trasluce insuficiente, si se exalta que las premisas combatidas cuestionan los ejes centrales de la decisión de segundo grado.

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Radicación n.° 86081 En consecuencia, le compete a la Sala absolver los siguientes problemas jurídicos: i) ¿La supresión y liquidación del Idema, pese a ser una causa legal de desvinculación de los trabajadores oficiales a su servicio, también es una justa causa? Frente a la materia, esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en repetidas ocasiones, por ejemplo, las providencias CSJ SL14532-2016 y CSJ SL1237-2017, reiteradas en CSJ SL5361-2019, última en la que se atendió un caso de idénticos contornos al examine, dirigido contra la misma demanda y en esa oportunidad se señaló, con soporte en las decisiones inicialmente mencionadas, que: […] el Tribunal no incurrió en ninguna exegesis equivocada de los preceptos denunciados por la censura. Simplemente, el sentenciador de la alzada consideró que frente a la supresión de cargos o entidades, si bien constituye un modo legal de terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales, no es, sin embargo, una justa causa que exonere de la pensión sanción. Y ese entendimiento es el que le ha dado la Corte reiteradamente,

como puede observarse, entre otras muchedumbres, en la sentencia de casación del 23 de febrero de 2010, radicación 36479, cuyas orientaciones han sido mantenidas por la Corte, y que son del siguiente tenor: “La rectificación jurisprudencial que el recurrente plantea, en el sentido de asimilar las justas causas de terminación del contrato en el sector de los trabajadores oficiales, con los modos legales de terminación de la relación de trabajo, no es de recibo para la Sala, debido a que en materi