CSJ - SL520-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL520-2023 Radicación n.º 92337 Acta 008 Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la CLÍNICA SAN FRANCISCO SA contra la sentencia proferida el 2 de junio de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que instauró DIANA CONSTANZA SANABRIA DUSSÁN contra la entidad impugnante y la AGREMIACIÓN DE SALUD

INTEGRAL (A-SAIN).

I. ANTECEDENTES Diana Constanza Sanabria Dussán llamó a juicio a la Clínica San Francisco SA y a la Agremiación de Salud Integral (A-sain) con el fin de obtener la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo en el que la IPS accionada fue su empleadora, durante el lapso comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 15 de octubre de 2016,

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Radicación n.º 92337 mientras que la asociación de trabajadores obró como intermediaria, y, por tanto, como solidariamente responsable de las condenas que consistieron en el pago de prestaciones sociales de ley, más la indemnización del artículo 65 del CST y la sanción por el no pago de los intereses a las cesantías Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus servicios a la Clínica San Francisco SA desde el año 2004, como médica general de urgencias, a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado Adservir e Integramos.

Luego relató que, para continuar al servicio de aquella, se le obligó afiliarse a la Agremiación de Salud Integral (A-sain) desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 15 de enero de 2016, advirtiendo que esta fungió como mera intermediaria, pues los pacientes que atendió eran los de la clínica. Señaló que utilizaba elementos y equipos de propiedad de esta última, lo que implicaba que A-sain no tenía autonomía sobre los medios de producción. Indicó que se le asignaban agendas y horarios variables, mediante cuadros de turnos mensuales, con disponibilidad exclusiva para la Clínica San Francisco, a través de un coordinador médico del servicio de urgencias, quien estuvo afiliado a A-sain hasta 2013, pues desde entonces se vinculó directamente con la clínica. Precisó que el doctor Carlos Enrique Castellanos y las enfermeras jefes, así como la encargada de salud ocupacional de la Clínica San Francisco, ejercían actos de subordinación. Refirió que el gerente de la clínica la convocaba a reuniones periódicas para direccionar el cumplimiento del

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Radicación n.º 92337 servicio. Agregó que el presidente de A-sain era el gerente de servicios quirúrgicos de la clínica y que el secretario de la agremiación era asesor jurídico y subgerente de esta última. Comentó que su salario promedio ascendía a $6.755.046, el que era pagado por A-sain con recursos que emanaban del contrato sindical entre esa agrupación y la IPS; que de ese ingreso se descontaban los aportes a la

seguridad social, parafiscales, retención en la fuente y el fondo de solidaridad pensional. Adujo que el 15 de enero de 2016 reclamó al gerente de la Clínica San Francisco por el no pago de su salario desde el mes de noviembre de 2015, pero que, ante ello, el gerente de A-sain la excluyó de los cuadros de turnos; ante ello, propuso que se configuró un despido indirecto. Por la omisión de pagos, convocó a las encartadas a una audiencia de conciliación ante el Ministerio del Trabajo, la cual se declaró fracasada. Al dar respuesta a la demanda, la Clínica San Francisco SA se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció haber firmado el contrato sindical que la ató a Asain, por medio del cual obtuvo los servicios profesionales de la accionante, pero consideró que esta era una trabajadora autónoma, a la vez que negó que hubiera sido su empleada, pues ella se afilió libre y voluntariamente a la mencionada agremiación, de la que negó que ejerciera labores de intermediación laboral. Los restantes hechos los negó o dijo que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de fondo de afiliación de la demandante a la organización sindical

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Radicación n.º 92337 Agremiación de Salud Integral (A-sain) como contratista independiente de la Clínica San Francisco, ausencia de elementos del contrato realidad frente a la clínica, los pagos periódicos no prueban la existencia de un contrato laboral, inexistencia de solidaridad, improcedencia de condena por

sanción por no consignación de cesantías liquidada de forma idéntica a la sanción moratoria y de condena por sanción moratoria por ausencia de mala fe de la clínica así como de obligaciones a su cargo, cobro de lo no debido y prescripción. A su turno, la Agremiación de Salud Integral (A-sain) coincidió con la clínica en su oposición a las pretensiones. En cuanto a los hechos, dijo que le constaba la afiliación libre y voluntaria de la actora a dicha organización y la prestación de servicios a favor de la clínica, pero de manera independiente y no subordinada, por la que recibía compensaciones acordadas con los demás asociados, sin que estas representaran salario. Desestimó los restantes hechos o dijo que no le constaban. Enarboló, para ejercer su derecho de defensa, las excepciones de fondo denominadas: naturaleza del contrato sindical y no configuración de intermediación laboral, inexistencia de contrato laboral entre la demandante y la agremiación, inexistencia de solidaridad entre A-sain y la clínica accionada y otras instituciones a las que la actora esté o haya estado agremiada o asociada y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.º 92337 El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá, mediante fallo del 22 de abril de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la doctora DIANA CONSTANZA SANABRIA DUSSÁN como trabajadora y la CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. como empleadora existió un contrato de trabajo

realidad entre el 1 de octubre de 2013 y el 15 de enero de 2016.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR a la empleadora CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. a pagar a la trabajadora DIANA CONSTANZA SANABRIA DUSSÁN las siguientes sumas qua constan en la liquidación qua hace parta integral de esta providencia.

CESANTÍAS $13.781.552

PRIMA DE SERVICIOS $13.781.552

COMPENSACIÓN DE VACACIONES $7.740.157

INTERESES A LA CESANTÍA $1.654.886

TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $36.878.248

INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO ART. 65 CST

$162.121.104 El empleador deberá pagar al trabajador (sic) intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia financiera, a partir del mes veinticinco (25), esto es, desde el 16 de enero de 2018 y hasta cuando el pago se verifique. Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas a la trabajadora por concepto de salarios y prestaciones con dinero que a la fecha de la condena ascienden a la suma de $36.978.248.

TERCERO: DECLARAR a la AGREMIACIÓN DE SALUD INTEGRAL - ASAIN. solidariamente responsable de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, de conformidad con las consideraciones que preceden.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas salvo la de prescripción que prospera parcialmente según lo dicho en los considerandos de esta

sentencia.

[…].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.º 92337 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 2 de junio de 2021, confirmó la decisión de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal basó su decisión en que el nexo que unió a las partes fue de tipo laboral, conforme a los artículos 22 y 24 del CST y 482 a 484 ibidem, con las modificaciones de la Ley 1429 de 2010, estas últimas sobre el contrato sindical, pues la clínica no pudo demostrar las condiciones de independencia en las que dijo que prestó sus servicios la iniciadora de la litis. El juez plural encontró que el acuerdo sindical suscrito entre ambas accionadas no fue puesto en duda y que era indiciario acerca de que la clínica se benefició de los servicios prestados por la promotora del proceso, de modo que no desvirtuaba la presunción de laboralidad. A continuación, a partir de los testimonios, el ad quem dio por cierto que los directivos de la agremiación sindical le asignaron a la accionante turnos y tiempo de disponibilidad en la clínica, a la vez que verificó que podían imponerle llamados de atención y la obligación de informar sobre ausencias o incapacidades, fuera de que recibía órdenes del coordinador médico, de la enfermera jefe y del coordinador de servicios de urgencias, todos ellos en la doble condición de empleados de la clínica y dirigentes del sindicato contratista. Sumó a lo dicho que las reuniones de la

organización de trabajadores se hacían en las instalaciones de la clínica y reafirmó que los directivos de esa agremiación tenían cargos de planta en la IPS apelante.

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Radicación n.º 92337 En cuanto al interrogatorio de parte rendido por la señora Sanabria Dussán, no encontró confesión en su declaración. Respecto de la que rindió el representante legal de A-sain, dijo que él no supo dar razón de la existencia de actas de asamblea, a más de que solo firmó el convenio con la clínica, pero no participó de la negociación con esta, hecho que encontró inexplicable. De otra parte, encontró que la situación contractual de la actora no varió en relación con tiempos anteriores a su asociación al gremio sindical contratado por la IPS, a lo que sumó que el argumento sobre el monto de la remuneración percibida a través de los servicios prestados en virtud del contrato sindical no era válido para probar independencia en los servicios, pero que sí podía demostrar la carga de trabajo que fue acordada por los contratantes. Desestimó, por incompletos, los documentos de depósito y constitución de la agremiación de trabajadores, y dijo que las pruebas recaudadas dejaron claro que no hubo modificación en las condiciones de desempeño de la actividad de la demandante inicial, respecto de labores anteriores a la afiliación sindical, al tiempo que se traducían en soporte de la presunción contenida en el artículo 24 del CST. Por otra parte, no halló prueba de que los prestadores de servicios adscritos al sindicato hicieran rotaciones o que desarrollaran

convenios distintos de los suscritos con la clínica demandada, de modo que sus únicos servicios eran a favor de esta última.

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Radicación n.º 92337 Descubrió el Tribunal que, al momento de la afiliación, a A-sain, la activadora de la litis se acogió a la jornada laboral, se comprometió a estar en disponibilidad sin plantear objeciones y a prestar servicios en turnos diurnos o nocturnos en fin de semana. Por otra parte, extrajo de la prueba que, si bien había posibilidad de que la laborante presentara solicitudes para programar días sin prestación de servicios —que eventualmente correspondían al descanso propio de una relación laboral—, era un médico de planta de la clínica quien conformaba los cuadros de turnos, a pesar de lo cual, solo se podían facturar los días laborados, a más de que la médica debía informar previamente sobre sus inasistencias. Al tiempo, postuló que estaba probado que «las llegadas tarde o faltas se escalaban al coordinador médico de la clínica», quien también era integrante de la administración del gremio sindical. Con ello, dedujo el juez de la alzada: […] concluye la Sala que la presunción del artículo 24 del CST no alcanzó a desvirtuarse por parte de la accionada, adicional a todo lo antes expuesto las posibles reuniones o citaciones por parte de ASAIN, -pese a no haber sido atendidas por la actora-, se trataron de asuntos informativos sobre la prestación del servicio, por cuanto los asuntos administrativos estaban predeterminados

con fundamento en las condiciones laborales anteriores a la conformación de la agremiación sindical, sin lograr la mayoría de los deponentes identificar en que (sic) variaron las condiciones para los agremiados en el lapso en el que tuvieron lugar los hechos que contrae las pretensiones de la demanda. De allí, que esa presunta autonomía administrativa o libertad financiera no pueda tenerse por demostrada para desvirtuar la relación de trabajo entre los contendientes. Aclara la Sala que en lo que corresponde al área de la salud y en específico el cumplimiento de protocolos médicos, medidas de protección y seguridad del paciente, así como el uso de elementos, equipos, e insumos de propiedad de la IPS, cuando esta queda circunscrita al servicio de una entidad prestadora de servicios de salud, no permiten sostener por esta sola razón que por tratarse de una profesión liberal, como profesional en la salud, se desvirtúe la presunción acerca de la subordinación, por el contrario de lo

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Radicación n.º 92337 analizado se tiene entonces que ha operado la multicitada presunción, bajo el presupuesto del servicio personal de la actora para la demandada, de conformidad con las pruebas aquí analizadas. Advirtió el juez colegiado que la autonomía solo operó en la relación médico-paciente y que fue evidente la intermediación de la agremiación sindical entre la actora y la clínica, pues aquella estaba sujeta, según un testimonio, a eventuales requerimientos del coordinador médico de la última, en caso de incumplimiento de labores, así como a las designaciones que le hiciera la enfermera jefe en cuanto a

turnos, remisiones, apoyos a otros servicios, entre otras acciones. No halló prueba de consenso en la elección de labores dentro de las instalaciones de la IPS, o si la profesional de la salud podía ausentarse libremente o dejar de hacer los turnos asignados, pues, una vez establecidos, perdía la capacidad de ausentarse del lugar de trabajo. Sobre el hecho de que la señora Sanabria Dussán hubiera manifestado que existía otro contrato con la clínica, destinado a atender «pacientes de consulta externa de SOAT», derivó que ese dicho no variaba los anteriores corolarios, pues se trataba de un mismo empleador que la vinculó para atender a otras personas dentro de sus instalaciones, sin afectar las condiciones de los servicios intermediados por el grupo sindical, de los cuales siempre se benefició la IPS. En cuanto a la conducta de la entidad recurrente, explicó que no estaba revestida de buena fe, pues «una figura del derecho fundamental de asociación se utilizó en demerito (sic) de esta, al existir el contrato de trabajo entre las partes y

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Radicación n.º 92337 no aquel de naturaleza sindical». Tras ello, respaldó la decisión del a quo sobre imposición de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, pues, a más de lo previamente dicho, el contrato de trabajo terminó antes del plazo legal para consignar las cesantías a la trabajadora, sin que operara el pago de esa prestación, por lo que dicha indemnización no coincidía en el tiempo con la penalidad derivada del no pago de la misma prestación social, pero de años anteriores al que impuso el juez de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Clínica San Francisco SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia fustigada para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone Diana Constanza Sanabria Dussán. Se estudiarán los tres últimos en conjunto, tras el análisis del primero, dado que este está orientado a un tema que difiere de los posteriores y presenta particularidades técnicas propias.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.º 92337 Acusa a la sentencia de ser violatoria, por la vía indirecta, «en la modalidad APRECIACIÓN ERRÓNEA», de los medios probatorios que menciona a lo largo del desarrollo del ataque. Como errores de hecho cometidos por el Tribunal, anuncia los siguientes: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que entre la demandante DIANA CONSTANZA SANABRIA DUSSAN (sic) y la CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. existió una relación subordinada y dependiente, regida por un contrato de trabajo. 2.- No dar por demostrado, estándolo, que la actividad realizada por la demandante DIANA CONSTANZA SANABRIA DUSSAN (sic) se ejecutó en calidad de agremiada participe (sic) mediante la suscripción del convenio de Agremiación Sindical suscrito con ASAIN. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante DIANA CONSTANZA SANABRIA DUSSAN (sic) tiene derecho al

reconocimiento y pago de acreencias laborales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas de servicios y sanción moratoria. 4.- No dar por demostrado, estándolo, que la demandante DIANA CONSTANZA SANABRIA DUSSAN (sic) ejercía una actividad liberal e independiente, en razón a su profesión. Acusa al juez de apelaciones de no analizar en debida forma los documentos que suscribieron las partes para legalizar su vinculación jurídica, tales como los estatutos de constitución de la agremiación sindical y otros, radicados ante el Ministerio de Trabajo, «que acreditan la legalidad de la creación de la Agremiación Sindical y el cumplimiento de los requisitos formales para su constitución». También afirma que el ad quem no analizó ni verificó las cláusulas del convenio de prestación de servicios suscrito entre las accionadas, que nunca fueron cuestionadas por la parte actora y que indican

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Radicación n.º 92337 que las entidades actuaron con el convencimiento de haber celebrado válidamente el convenio de prestación de servicios, libres de todo vicio del consentimiento, pues demuestran un manejo autónomo y elementos reales y legítimos de la actividad sindical. Igualmente, reprocha un error fáctico, pues «no se valoraron adecuadamente las pruebas testimoniales que obran en el proceso, de conformidad a lo estipulado en la Sentencia SL-11442018 (57481), de abril 18 de 2018». Al efecto, refiere en detalle su apreciación del testimonio de

Carlos Enrique Castellanos Santos, del que dijo que desvirtuaba la existencia de un contrato de trabajo; en el mismo sentido, analizó lo expuesto por la declarante Katherine Martínez González, cuya versión habría indicado la ausencia de llamados de atención o de órdenes, según su valoración; expone que Walter David Valencia, así como la misma generadora del conflicto expusieron la existencia de autonomía técnica para el ejercicio de la profesión médica; por otra parte, señaló que los terceros Luis Fernando Sánchez Espinal y Alfredo Cuezzo Manrique dieron cuenta de la remuneración por compensación que quedó definida por los agremiados. Según esa exposición, considera demostrado que no fue empleadora de la actora y que nunca existió una relación de trabajo con ella, de modo que debía desestimarse la primacía de la realidad, por cuanto nunca se estructuró el elemento de la subordinación, propio de los nexos laborales.

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VII. RÉPLICA Frente a este ataque, manifiesta que está probada la subordinación, pues recibía órdenes directas y continuas del personal de la clínica accionada, fuera de que la remuneración que recibía la pagaba dicha entidad, previa entrega a A-sain. En cuanto a lo demás, dice que son afirmaciones y apreciaciones subjetivas e irrelevantes.

VIII. CONSIDERACIONES La replicante hace un análisis genérico de elementos sustantivos propios del debate de las instancias, con el que no atina a descubrir errores de técnica casacional, sin embargo, la Sala observa circunstancias que devienen en la

ineficacia del cargo, como se verá a continuación. En efecto, revisado el escrito que contiene la demanda de casación, la Sala observa que presenta graves deficiencias técnicas, que no es posible subsanar de oficio, por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, pues, de conformidad con el artículo 90 del CPTSS, ese memorial debe reunir una serie de requisitos formales que son indispensables para que la Corte pueda proceder a la revisión de la legalidad del fallo impugnado. En concreto, se advierte que la proposición jurídica resulta inexistente para el estudio del cargo formulado, pues a lo largo de su texto no se invoca a ninguna norma sustantiva concreta, de alcance nacional, llamada a resolver

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Radicación n.º 92337 la litis. Al efecto, se recuerda que esta corporación, en providencias como la CSJ AL1302-2022, reiterada en la sentencia CSJ SL1265-2022, en cuanto a esta falencia formal, ha enseñado: […] el literal a) del num. 5 del art. 90 del CPTSS exige que la demanda de casación contenga «[…] el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado […]», lo cual en términos jurisprudenciales ha llevado a la Sala a manifestar que es necesario señalar por lo menos una disposición sustantiva de orden nacional que constituya la base esencial de la sentencia o que haya debido serlo, sin que se requiera integrar la proposición jurídica completa, como antaño lo exigían la ley y la

jurisprudencia. Auscultado el cargo y la demanda en su totalidad, se evidencia que la censura obvió indicar por lo menos un precepto que reúna la característica de ser «sustantivo, de orden nacional», es decir, aquel en el cual se funda materialmente el derecho reclamado, que en este caso lo es la ineficacia del traslado de régimen pensional. En ese orden, se impone la conclusión de que la demanda no enuncia cuáles fueron las normas sustantivas de alcance nacional que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo tenían que ser invocadas como infringidas por constituir presupuesto esencial del recurso. Así lo ha sostenido la Corte en diversas providencias, entre ellas las CSJ AL408-2021; CSJ AL407-2021 y CSJ AL264-2021, con lo cual una de las principales finalidades del recurso extraordinario no sería dable de cumplir, esto es, la uniformidad de la jurisprudencia que, como es sabido, se orienta a elucidar la aplicación, interpretación o integración del orden normativo frente al caso propuesto por el recurrente en casación. Al respecto, dijo la Sala en auto CSJ AL1545-2021: Se hacen las anteriores precisiones porque el cargo acusa la insuperable deficiencia técnica de no denunciar las normas legales que consagran los derechos sustanciales pretendidos en el proceso y a cuyo reconocimiento fueron condenados los recurrentes, lo que impide a la Corte el estudio de fondo, al no cumplirse con la exigencia mínima contemplada en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, en correspondencia con el

numeral 1 del 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el 162 de la Ley 446 de 1998, que si bien modificó la vieja construcción jurisprudencial de la proposición jurídica completa, reclama que la acusación señale “cualquiera” de las normas de derecho sustancial “que,

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Radicación n.º 92337 constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”. Acerca del cumplimiento de esa exigencia mínima para que la demanda de casación merezca ser atendida, esta Sala, en sentencia de 4 de noviembre de 2004, Radicación 23427, en la que se hizo acopio de varias decisiones anteriores en igual sentido, asentó: “Basada en el sistema constitucional y legal, tiene dicho esta Corporación que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible, porque su finalidad básica es la unificación de la jurisprudencia nacional y no constituye una tercera instancia que permita alegaciones desordenadas. “Uno de los presupuestos para que el recurso pueda ser estudiado por la Corte es el que establece el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conforme al cual el recurrente tiene la carga procesal de indicar la norma sustancial que se estime violada, entendiéndose por tal norma sustancial la que por su contenido crea, modifica o extingue derechos. Por su parte, el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el 162 de la Ley 446 de 1998, precisa

que será suficiente señalar cualquiera de las normas sustanciales que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada” Por último, es preciso agregar que tampoco es aceptable el señalamiento de que se dejó de aplicar una sentencia de esta corporación, pues los pronunciamientos judiciales no se consideran normas sustantivas nacionales de contenido laboral o de la seguridad social, como se dijo en la providencia CSJ SL278-2021: Lo primero que debe clarificar la Sala, es que si bien en la formulación del cargo se relaciona la violación directa de la ley, también se aduce la interpretación errónea de la jurisprudencia, la que en casación del trabajo no se encuentra consagrada como susceptible de transgresión, en tanto que tal vulneración es procedente solo respecto de las normas sustantivas laborales o de la seguridad social del orden nacional. En ese orden, se hace innecesario adentrarse en análisis ulteriores, pues, ya que la recurrente omitió plantear

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Radicación n.º 92337 una proposición jurídica mínima, el cargo no puede salir avante, de manera que no se desvirtuó la presunción de legalidad y acierto que reviste a los fallos de instancia.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia por violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del «artículo 29 de la Ley 789 de 2002 modificada por el 65 del

[CST]», en concordancia con el 83 de la CP y el 55 de la primera codificación.

Desarrolla el cargo en el sentido de que, si bien se declaró la existencia del contrato de trabajo en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, ello no da pie, inexorablemente, a la imposición de la sanción moratoria. Para sustentar su aserto, cita la sentencia CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 39186 de la cual deduce que la sanción prevista en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 procede si el demandado no demuestra razones satisfactorias y justificativas de su conducta, por haber incurrido en incumplimiento, en el contexto de la relación de trabajo y a la luz de las pruebas allegadas al expediente, «en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables (CSJ SL1254-2017)». Sugiere que es indispensable la verificación de otros «aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió, en

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Radicación n.º 92337 su condición de deudor obligado» y asegura que «el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción (CSJ SL9641-2014)». De acuerdo con lo expuesto, considera que queda en evidencia que el juzgador de segunda instancia incurrió en el yerro jurídico enrostrado, debido a que dedujo la condena por indemnización moratoria sin desplegar un estudio objetivo sobre el comportamiento del empleador, en procura de verificar si actuó de buena fe, pues dejó de interpretar, de

manera sistemática, la sanción establecida en el 65 del CST, por no tener en consideración otros aspectos que acreditaban la existencia de la intención con la que actuó, dado que la promotora del pleito reconoció y suscribió una vinculación diferente a la laboral, conforme se afilió a la Agremiación de Salud Integral (A-sain) y tenía conocimiento del convenio de prestación de servicios suscrito con esta última; así, asegura que estaba convencida de que actuaba conforme al ordenamiento legal civil y en virtud de la formación académica y profesional de la parte opositora, de manera que así desvirtúa cualquier presunción de engaño. Alega que la condena a la sanción moratoria no es de aplicación automática y menos inflexible, pues, para su imposición, debe analizarse la conducta que asumió la clínica, en la medida que, durante el proceso, demostró su convencimiento de estar frente a un convenio de prestación de servicios no subordinado, con una profesional liberal de la medicina y con el pensamiento de que la forma en que le

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Radicación n.º 92337 contrató fue legal, lo que demuestra el buen actuar de la empleadora en todo momento. Cita, en apoyo del embate, la sentencia «19 marzo del 2014, radicado N° 41775», así como la «SL, del 16 de marzo. (sic) 2005, Radicado N° 23987», de las que concluye que resulta claro el error del Tribunal, al considerar un entendimiento de la norma que no corresponde a su verdadera exégesis, en la medida en que aplicó directamente

la sanción moratoria sin valorar, de manera exhaustiva, los elementos de convicción expuestos durante el proceso, con lo que cayó en un desatino interpretativo que provocaría un «grave detrimento patrimonial» y también otro similar para el «orden económico, (sic) y social del Estado, así como la prestación de servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad», por cuanto, al ser una institución de prestación del servicio de salud, obtiene sus recursos del Sistema General de Seguridad Social, los cuales tienen una destinación específica y no se pueden dirigir a fines diferentes de los legales y constitucionales.

X. CARGO TERCERO Acusa a la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, «modificada por el 65 del [CST]», en concordancia con los preceptos 55 ibidem y 83 de la CP.

Expone que la violación mentada ocurrió por el error de hecho en que incurrió el ad quem al dar por demostrado, sin

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Radicación n.º 92337 estarlo, que actuó de mala fe al no pagar las prestaciones sociales que se ordenaron reconocer, cuando lo cierto es que siempre procedió de buena fe. Achaca ese error a la indebida apreciación del convenio de prestación de servicios suscrito entre las dos p