CSJ - SL524-2018
Corte Suprema de Justicia
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Detalles
- Título
- CSJ - SL524-2018
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2018
RepúbdlfiCi oclao mbia CIiia SIIMII .. .llllllcll Sala .. _ ... _ LUIGSA BRIELM IRANDAB UELVAS Magistrpaodnoe nte SL524-2018 Radicacni.ºó5 n5 167 Act0a5 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por contra la sentencia ROBERTOA NTONIDOE ALBAR fOS, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 30 de noviembre de 2011, en el proceso que promovió contra el hoy
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES). l.AN TECEDENTES Ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito Barranquilla, Roberto Antonio de Alba Ríos demandó al ISS para que fuera condenado a reconocerle la pensión de vejez desde cuando cumplió los sesenta años de edad por ser beneficiario del régimen de transición, y a pagarle el SCLAJPT •1 0V . 00 Radicación n.º 55167 retroactivo pensional adeudado, los intereses moratorios y la indexación de las mesadas adeudadas. Fundamentó sus pretensiones en que se afilió al ISS como trabajador dependiente, al que le cotizó 382 semanas; que laboró como celador al servicio de la Aeronáutica Civil del Aeropuerto de Soledad entre los años 1960 y 1965, acumulando un total semanas; que el 12 de mayo de
"832» 2006 reclamó al ISS la pensión de vejez, que le fue negada por Resolución O 11169 de 2006, por «ncou mpcloinlro s requiesxiitgopisod erol sa rtícu3l7od el aL ey1 009/3 e,n 7 concordcaoennAlc r itad. e l aL ey7 97/p0o3nr,o a lcanzar ac otilza1as0r 0 s0e maneaxsi geindl aals e oyt,o rgálnad ole sin tener en penssiuósnt iteunlt uigvdaaerl ad ev ejez», cuenta que numeral f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establece que para efectos del reconocimiento de las pensiones y prestaciones contemplados en los dos regimenes, deben tenerse en cuenta las semanas cotizadas al ISS o a cualquier fondo o entidad del sector público o privado, y el tiempo de servicios como servidores públicos, cualquiera fuera el número de semanas o el tiempo de servicios, además de que cotizó más de 500 semanas antes del 1 de abril de 1994. El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la afiliación del actor a dicho instituto, la reclamación pensional y el acto administrativo que la negó, que está ajustado a derecho. Propuso las excepciones de carencia del derecho,
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Radicación n. • 55167 falta de causa para demandar, compensación y prescripción.
11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Fue proferida el 31 de marzo de 2011, y con ella el
juzgado declaró probada la excepción de carencia del derecho, absolvió al ISS de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, del proceso conoció el Tribunal Superior de Barranquilla, Corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la de aqu o sin imponer costas por la alzada.
El tribunal dio por demostrado que mediante Resolución n.0 011169 de 31 de octubre de 2006 folio 8, la entidad demandada le reconoció al demandante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que liquidó sobre 68 semanas y un IBL de $ 437.439; que mediante Auto n.º 00036 de 15 de enero de 2009, folio 15 a 16, se resolvió la solicitud de pensión de vejez; que el actor nació el 6 de mayo de 1932, de lo que infirió que era beneficiario del régimen de transición, por cuanto al 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, por lo que el régimen aplicable era el Acurdo 049 de 1990, y que el actor entre el 17/04/1974 y 21/06/1989 cotizó 382,14 SCWPT-V1.0DO Radicación n.º 55167 semanas, según el reporte de semanas de folios 38 a 39. Seguidamente, observó que no había lugar a la pensión bajo las previsiones del Acuerdo 016 de 1983, aprobado por Decreto 1900 del mismo año, puesto que no
cumplió la edad bajo su vigencia, sino tan solo hasta 1992, además de que el Acuerdo 049 de 1990 no creó un régimen de transición destinado a proteger a quienes estuvieran próximos a pensionarse bajo las normas del Acuerdo 016. Luego, sobre los requisitos pensionales establecidos en el articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990, que trascribió, dijo: [. .J.d el apsr uebaapso rtaadlaexp se diensteet ieqnuee s i bieens c ieretlao c tocurm plec one lr equidseil taoe dadp ara accedear l ap ensidóenv eje<z6 0a ñosn>o s ucedleom ismcoo n eln úmerom ínimdoes emanaesx igidpoo re la rt.1 2d ela cuerdo 049d e1 990p,o rc uanctoom os ed ijoe ld emandacnottizeó e n todsau v idlaa boarlal lS Su nt otdael3 821,4s emanapso,lr oq ue noe sa creedao rl ap ensidóenv ejecozm oa síl oc onsideelar ó quo. Ahorab iene,n gracidae discusiómna nifiesteal demandanqtuee l aboreón elc argdoe celadpoarr al a AERONÁUTICCAI VIdLe sdeel2 8d en oviemdber1 e9 60h,a steal 30d ej undieo1 96p5e rioldoocssu alaelsc omputárlsogerlaerísa tenedre recah loap ensidóenv ejeAzlr. e speccatbore e salptoarr
laS alqau el oAsc uerddeoIl S S0 298/3 y 0491/9 90n op ermiten laa cumuladceit óine mpcoost izaad ootsr acsa jao sf ondaos tiemposc otizadcoosm os ervidpoúrb lipcuoe,s l ap rimera normatiuiednCa odl ombqiuaep ermitliaaó cu mulacdieót ni empos acumuladeonsu nao varieanst idaddeep sr evisisóonc iya ell InstidteuSe tgou roSso ciaflueels al e7y1 d e1 9 88l,acu ale xigua 20a ñodse a portseusf ragaednco usa lqutiieermy p 6o0 a ñodse edasdi e sv aróon5 5a ñossi e sm ujeArs.íl acso says,b ajeos ta normativtiadmapdo ecloa ctotru viedseer ecah loa p ensipóonr aportepso,rc uanetolt otdaels ervicciomoost rabajaddel oar AeronáuCtiivcyiae l lc otizaalId SoS s uma6n2 0,9s9e manaqsu e 9 equivaal1 e1n, a ñodse a portreessu ltaensdtote i emipnof ear ior lo2s0 a ñoqsu ee xilgaem encionnaodram a.
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4 41 Radicacni.•ó 5 n5 176 IV.RECURSO DE CASACIÓN Fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia revoque la del juzgado y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal propósito formula un cargo, oportunamente replicado, que se resolvfirá a continuación. VI.CARGO 0NICO Acusa la infracción directa del articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en relación con el numeral f) del articulo 13 de la Ley 100 de 1993. En la demostración, asevera que el tribunal se rebeló contra el numeral f) del articulo 13 de la Ley 100 de 1993, que establece que para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la referida ley, en el ISS o en cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado o el tiempo de
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Radicación n. º 55167 serviccoimoos ervidpoúrbelsi ccousa,l qusieeaer lan úmero des emancaost izaode alts i emdpeos ervicio. Ene seo rdenc,o moh abícao tiztaadnote one ls ector públiccoom oe ne ls ectporri vaudnot otdael8 00s emanas, elt ribunaa lp,a rtdieru na« interpretsaencsiiótnyi »v a objetdievbaid,óa ra plicaac liaóan nt eridoirs posiycai ón, quem ediantuen afi ccijóunr ídeircdaaa blree conoecnee rl,
casdoe m arraesld, e recpheon sioanlaa mlp ardoe Alc uerdo 049d e1 990«,y qau et encíoaln as umatodriela a sse manas anteriodreessc riutnta ost,da elm ásd e5 00s emandaesn tro del o2s0 a ñoasn teriao cruempsl imideenl taeo d amdí nima, 60a ñodse e dayd m ásd e4 0a ñoasn tedse l1d ea brdiel 1994p»u,e ass lío h abíaad octriensatSdaao l ean s entencia del1 0d em arzdoe 2 009r,a d3.4 883l,aq uer eprodeunj o parte. Expreqsuae c ons ud eterminaeclti róinb,u hnaablí a vulnerdaemd aon erflaa granetlep rincfiapvioor abyil lai dad condicmiáósnb eneficipoosran ,o teneern cuenteal régimedne transiciyó nn egarsae convalildaa r compartibdiell iasdse amda ncaost izatdaanste one ls ector públiccoom op rivado.
VII. RÉPLICA Advieqrutele a d emandaa doledcede e fecttéocsn icos, puesa unquea cusal a infraccdiiórne cdtea las disposicqiuoedn eensu ncsiiane, m bargoe,n e ld esarrollo
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6 Radicación n.º 55167 plantea un debate de hermenéutica, además de que, en todo caso, la sentencia está ajustada a derecho.
VIII. CONSIDERACIONES El defecto técnico que pone de presente la réplica, es superable en la medida que la Corte acoge la modalidad que verdaderamente desarrolló en el cargo, esto es la interpretación errónea de las disposiciones enunciadas.
Empero, el cargo no tiene vocación de prosperidad, por lo siguiente: Como fue orientado por la vía jurídica, no existe discusión en cuanto a los supuestos fácticos establecidos por el tribunal, tales como que mediante Resolución n.0 011169 de 31 de octubre de 2006, el ISS reconoció al actor la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que liquidó sobre 68 semanas y un IBL de $437.439; que mediante Auto n.º 00036 de 15 de enero de 2009, folio 15 a 16, se le resolvió la solicitud de pensión de vejez y se ordenó el archivo del expediente; que por haber nacido el 6 de mayo de 1932, era beneficiario del régimen de transición, dado que al 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad; que entre el 17/04/1974 y 21/06/1989 cotizó al ISS 382,14 semanas, según el reporte de folios 38 a 39, y que laboró en el cargo de celador para la Aeronáutica Civil desde el 28 de noviembre de 1960 hasta el 30 de junio de 1965, tiempo que acumulado con el cotizado al ISS,
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Radicación n.º 55167 sumaba 620,99 semanas, equivalentes a 11, 9 años. En ese orden, la controversia jurídica con la sentencia
censurada radica esencialmente en haber descartado el tribunal la posibilidad de sumar o computar a las semanas cotizadas al ISS el tiempo servido por el actor en el sector público, con el que, a juicio de la censura, alcanzaba el mínimo de semanas exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para resolverla, debe advertirse que la razón está del lado del tribunal, que se acomoda al criterio jurisprudencial de esta Corporación, reiterado entre otras, en la sentencia CSJ SL, del 26 de ag. de 2015, rad. 40307, en la que así razonó: "Dec onfonnicdoanld o sa nteriporreessu puefsátcotsi cos, surgep almaqru ee lTri bunanlo i ncurrióe nl oyse rrosj urídqiucoes lei mputlaa ce nsurap,u esl asc onsideracqiuoeen sebso zóe n sustednteso u d ecissieóa nv ienaelnc ritearicot uya vli gendtee estaC orporacisóeng,ú ne lcu al no es posibllaes umad e cotizacioon etsi empod e servicdieolss ectoprú bliccoon cotizacpiroinveasdr aesa lizadaalIs S Sp araa dquierldi err ecah o lap ensidóenj ubilaccoinófu nn damenteon e lA cuerdo0 49d e 1990p,o rp artdeep ersonqauses onb eneficiadriealrs é gimdeen transidceialór nt ícu3l6do e l aL ey1 00d e1 993.
Pareal e fecatdoe,m ádse l aq uee lT ributnraals criebnis óu apoyoe,n l as entendceic aa sacidóenl1 9d eo ctubdree2 011, radica4c1i6ó7n2e ,n troet radsij,ol aC ortleos iguiente: • ...A horbai enl,ap revisqiuóetn ra ee lp arágrdaefalor ticulo 36d el aL ey1 00d e1 993q,u ep enniatceu mulpaarr eaf ectdoes lap ensidóenv ejelzo,sa porteaslI nstictountl oo ds el asC ajas, fondoos e ntidaddees s eguridsaodc idaell s ectpoúrb lioc o privadyo ,e l tiempsoe rvideon el sectoprú bliccoo,m o
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8 Radicación n.º 55167 expresamenltoie n dieclpa re ceptoe sp areaf ecdteol sap ensión dev ejezd eiln cpirsiom eqruoee, s l ac onsagreanld ama i smLaey 100y ques er igeen s ui ntegrpiodrea ldl ya ,no l ad el os regímeannetse ricou.ryeaas p licaecsip óons ibelnve irtduedl régimdeetn r ansición. Sobreelp articeusltSaaar l,da e C asaceinós ne ntednce4i a º den oviemdbere2 004r,a dN. 2361r1e,i teernal dada e 1 0d e º marzod e2 009r,a dN.3 579s2o stulvaCo o rporación:
ªImpoprrteac ipsoaror t,rl oa dqou,e e lc itapdaor ágrdaeflo artícu3l6do e l aL ey1 00d e1 99n3o p uedsee irn terpredtea do maneraai sladderale sdteoe staer tícYu dleoe .s em odor,e sulta quep aruan b enfieciadreisloi stedmeta r ansiaclciloóínn s agrado, eln úmerod es emancoatsiz adsaesr eále stableence ilrd éog imen anterailoc ru. asle e ncontarfialriea ddeot ,a slu erqtuee e se requidseibteorr eág ulaernss uei ntegrpiodrla adns o rmaqsu e gobernablaonp ertineenn teelr égimpeenn sioqnuae!a l benfieciarlieor esultaapblai caRbélgei.m eqnu e,p arau n trajabdaoarfi liaadlSo e guSrooc icaolrr,e spoanlrd eeg ulpaoderol Acuer0d4o9 d e1 990q,u ee,n l op ertin,ee nns tuea rtícul1o2 exipgaer tae ndeerr ecahl oap ensidóevn eje zu nm ínidmeo5 00 semanadse c otizacpiaógna ddausr anltoesú ltim2o0s a ños anteriaolcre usm plimdieel natesod admeísn imoa usnn úmerod e 100s0e mandaesc otizascufriaógna,d eancs u alqtuimpieeor. "Perdoi chacso tizacsieoe nnetsi enqdueed ebesne r
efectuaaldS aesg uSrooc ,ip aolcru anetnoe lre feriAdcuoe rdnoo exisutnea d ipsosiciqóunep ermitian cleunil ras umad el as semandaesc otizacpieórtni nelnatsseu fsr agadaac saja s,f ondos o entidaddees se gurisdoacdid aelsl e ctpoúrb loi pcroi vao deol tiemtproa jabdaoc omos ervidoprúebsl íccoomsos, ía conteac e partdielr aL ey1 00d e1 99p3a rlaa pse nsioqnueess er jaine ns u integrpiodrea ldl Ya .s ib ieann tedse l ap recitnaodrams ae projdou unar egulancoirmóant iqvuaep ermitleap osibidlei dad acumulloasapr ortseusfra gadoas e ntidaddepe resv isisóonc ial oficialyel soe sf ectuaalSd eogsu Srooc iaat lr,a vdéels o q ues eh a dadeon d enomipneanrs idóejnu bilapcoiraó pno rtqeusey, a s e dijeosa l aq uee nr ealiadspaidre ala ctoerl,lc oo rrespoanu dnea situajcuiróídndi icsat idnelt apa l antepaoderal re currentqeu ee,n todcoa ssoe,h alrleag ipdoanr o rmadsi stianlat lausd Aicudeord o 049d e1 99.0•. . Por tanto, desde esta óptica, en ningún yerro jurídico incurrió el tribunal, Y tampoco incurrió en error jurídico alguno, cuando
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9 Radicación n.º 55167 analióz la situación pensiona! del actorb ajo las previsiones de la Ley 71 de 1988, norma que tambiné es aplicable a los beneficiarios del rémgien del trnasición, y que sí resulta procedente la sumatorai de aportes efectuados en cualquiert iempo y acumulados en una o varais caja o fondo de previsión social,y hoy,p orv ia jursiprudencia!, con el tiempo servido sin cotizaciones a ninguna entidad de previsión social, (vers entencia CSJS L 445270-14), pues es evidente que no cotióz 20 o más años de aportes,e n tanto el tiempo servido a la Aeronáutica Civil más el que cotizó al ISS,ar roja un resultado de 620,99se manas, equivalentes a 11.9añ os. El cagro es infundado. Costas en el recurso de casación a cagro del recurernte.S e fianj como agencias en derecho la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.70.5000), que se incluiárn en la liquidación de costas que practique el juzgado de conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366de l Código Generla del Proceso.
IX. DECISIÓN En mérto ide lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,S ala de Casación Laborla,a dministradno justicia en nombre de la República y pora utoridad de la ley,N O CASAla sentencia proferida pore l Trbuinal Superoird e Baranrquilla el 30 de noviembre de 2011, dentro del
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10 Radicación n.' 55167 proceso promovido por ROBERANTTOO NIDOE AL BA
RÍOSco ntra el INSTITUDTESO E GURSOOSC IALESh,oy
ADMINISTRACDOOLRAO MBIDANEPA E NSIONES.
Costas como se indicó en la parte motiva. Cópiese, notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. nte de la Sala OZULU SCLAlPT-10 11.00 11 Radicación n.' 55167 }Ú ,1 vfi
RIGOBERTfiVERRI BUENO
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ABUELVS
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12 4S -·-- RepúbldieCoca l ombia en--• .-ie11
SALVAMENTO DE VOTO DemandatneR: o beArnttoo dneiA ol bRaí os DemandadoC:ol pensiones
Radicac5ió5n1:6 7
MagistrPaodnoe nLtueiG: sa brMiirealn dBau elvas Cone la costumrbersapdeoacm tiosc ompañerdoissi,e nto del ad ecisdieló amn a yordíena e gare lr econocidmeli ae nto pensdieóv nje edza,d qou ee,nm ic riteesrp ioos,ia bl lale u dze l
Acuer0d4o9d e1 99a0c muulalrase sm analsa boraednea ls sectoprú bl-iync ooc otisz,-ac doalna asp ortaaldI anss tidteu to SeguSroocsli eas. En efe,c etlor égimedne transipceinósino nfua!e estableence ilartd íoc ul3o6d el aL ey1 00d e1 99c3o ne l ojbetdivepo r otelgaeesrx pectalteigívtaidsme al sap se rsonas quee stabcaenrd ceaa dquisrudir e recpheon siseognúan!l a normatainvtae rqiuoelr ee,sr maá sf vaoraqbulleea n uevAas.í sec onsagernóf aovrd ee stger uppoo blacuinop nrailv ilegio jsutificeaned lco a mbaibor updtel oa nso rmpaesn osnialeens , virtduedcl u allo ass pecrteolsa tai lvaoe sd adt,i emdpeo servicoin oúsm edreose manacso tizadayse ,lm ontpor,e vistos ene lr égimaennt ersei ocro,n servpaerríoan , •lasd emás estas condicioyn reequsi sitaopsl icabal es personpaasr aa cceder se a lap ensiódnev ejez, regirpáonr l asd isposicicoonnetse nidas enl ap resentLeey ». Polro t antoe,lr égiemnd et ranisóincc,o ntraal roqi uoe podrpíean sarnseo,e su nm ecaniqsumego ar antiacp el enitud Radicanc.i5ºó5 n1 67 lav igenuclitar aadcetl iadvsai sspiociso dnele oess tatutos
pensioannatlieeorsr seisn,soo l oa lgundoess u se lementos, específicalmaee ndtaedt ,ie mdpeose rvicoi noúsm erdoe semanasc otizya mdoanst too,dl ood emáess tsáo metiadlo impedreli aLo e 1y0 d0e 1 993. Sil oan tereioscrar l o,d ebemeonst onccoelseq giurel a formdae c ompuotae rs tabelle cer se rige número des emanas polrod ispueenes llitt oe f)rd ale alr tic1u3leo,lp arágr1aº df eol arti3c3uy el lop a ráogrd aefartli cu3l6od el aL e1y0 d0e 1 993, disposiqcuiepo enremsie txepnr esamleasn utmeda e t iempos públihcaoysasi,nd oo n oo jbetdoea poratc ejasa sfo,n doos entdieddsae p revisosicóinal . Ene efc,tt oanteoll itef)r daelal r tic1u3cl oom eol paraáfgrdoe arlt ic3u6ld oel aL ey1 0d0e 1 99c3u,ys to extos rejflaeunn am ismpar oposniocrimóants ievñaaq,lu apena real reconocdieml iapesen ntsoi seo tneensd erncá u enltasa u mdae lasesm anasc otizaaldI anss tidteuS teog urSoocisa loe as cualqcujaiafoe,nr d ooe ntiddeaslde cptúobrl oip croi ovo,ae d l
tiemdpeseo r viccoimoseo r vdiorpeúsb lsi,cc uoalquseiaee lr a númedreos emancaost iazsoa e dlti empdoese rvicAi sou. turn,oe lp araáfgr1od eartilc ul3o3 d emle ncioensatdaodt eu to segursoicdiaadtl ab,mi élnec oncevdael ipdaerezaf ecdteols cómpudteseo m anasa,l otise mploasb doorcsao mseor vidores públicos. Polrod emáess,ta áco rdceo lno fisn edsesi ls tmeag eneral dep ensieosntelase cthuarbai,cd uae nqtuael aL ey1 0d0e 199c3i,m enstoabdlraaie d edaeq ueel t rajboha umanoe su n pilfaunrd amendtesalil es mtad ep rotescocicóilnaec l o,n cedió valiadt eozdl oostis e mploasb doorssa,idn i stincifuonndeasd as 2 Radicación n.º 55167 en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados. El trabajo humano, desplegado en favor de un empleador público o privado, realizado en un tiempo determinado, se traduce en semanas pensionales, válidas para efectos pensionales. El planteamiento anterior, no es una novedad surgida de la noche a la mañ.ana; ya en pronunciamientos anteriores, esta Corporación había empezado a madurar el criterio de la
posibilidad de acumular, en favor de los beneficiarios del régimen de transición, las semanas trabajadas en el sector público no cotizadas a una caja, fondo o entidad de previsión social, con las cotizaciones efectuadas al ISS. Así, en sentencia SL4457-2014, se marcó un hito en la materia, al sostenerse que a la luz de la pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988 era posible la acumulación referida, para lo cual se adujo: Posteorinnentyea,e nv igencdieal aC onstitóunc Poilítidcea1 991 ell egliasodr no desconoció los motiovs qued ierono rigena la llamadpae nsóin por aportesd,e modo quea le stableecle r sistegmean erdaelp ensoinesd el aL ey1 00d e1 993,i gualmente consagról ap osibiliddeaa dcu mulapra rae fectosp ensoina/elso s tiepmos des eroicioys dec otizaonceisa cumuloasd enu no y otro secotr, tano ten elr égimedne primam ediaco n prestóanc i definidaa síco mo ene ld ea lwrro indivaildco un solidaridad. Enp unot alt emaq uea lwroacu pa laa tenócni del aSa la,p arae l primero de los regímenedsi psuso ell egisolra edne lp arágraof primerod ela rtíocu l33 ibídeemn, i nequocaí vconexidadco n el artícul1o3 de lam isman onnatiuaq,u e "[p]arae fectos del cómpuot de lass emana(.s. . )s et endreán cuenta:(. ). b.. E l
timpeo des eroicioco mo servoidresp úbloisc remuneraosd•. Recuérdesqeu ee ll itef)r adle lc itoa dartícuol 13co nsagroq ue, "{pjraa el reconocimieno tde lasp ensonies y prestoanceis contepmladaesn los dosre gímeness,e t endráenn cuental a sumad el ass emanacost izadacosn anetroiridada lav igencdiea lap resenlteey a,l I nstito udte Seguros Socialeo sa cualquier 3 Radiacción n.º5 5167 caja,fo ndoo e ntiddaedsle ctpoúrb loi pcori vado eo,lt impeod e servicocmio ose rvisdp oúrebls,icu coalquieseraa e ln úmedroe semasncoa tizsao d ealt iempdoes e roi#c.i o En este orden de ideas, podría aseverarse que, a diferencia de los regímenes anteriores, la Ley 100 de 1993 tuvo un efecto homogeneizador, traducible en la posibilidad de convalidar todos los tiempos laborados, lo cual, se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, no solo porque a ellos les aplica en su plenitud las reglas del sistema general de pensiones, salvo en los tres ítems ya indicados, sino también porque estas personas eran las que sufrían las consecuencias de la legislación preexistente, caracterizadas por la dispersión de regímenes y responsabilidades, donde algunas semanas eran desechadas o reputadas como no válidas para pensión. Precisamente, en aras de materializar la idea de que el
trabajo humano cuenta en la seguridad social, la Ley 100 de 1993 previó sendos instrumentos de financiación, como los cálculos actuariales, los bonos pensionales o las cuotas partes pensionales, que permiten portar y hacer valer las semanas de trabajo para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales. A lo anterior cabe agregar que los beneficiarios del régimen de transición, al igual que los que no lo son, son afiliados del sistema de pensiones, que, valga recordar, es un sistema único y universal, de manera que no hay motivos para negarles el derecho de portabilidad de sus semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador público no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsión social. 4 Radicacniº.5ó 5n1 67 Ese,n e stdai róencq,cu ide ebceo mprenedlpe arrseaá fgro dealr ti3c6ud lelo aL e1y 0d0e 1 99e3n,to rter caoss apsor,q ue esi nusquuaueln i nciinsoc orpeonur nap droe ceqpurteeo g ula temáatmiecntuen asunteon,e stcea so,e lr égimedne transóincn,iose refiealr amaa terreigal amenstianadoo at ra. Cont odos,ia lgudnuad ai nterprientsalavtaibvlae subsisetnti oernraloe a lcadnecplea rágrfaod ealr tuil3co6 d el a Ley1 00d e1 99e3l,lt ae ndqruíear esolveenrf seva ord el trajbaadsoerg,lú ono rdeenlpar incdiefp aoivroa biplriedvaids to
ene alr ti5c3ud ell oaC osntituPcoilóínt ica. Ha dicheos taC orporaqcuieóe nl p rincidpei o favobriali,d eand su vertiheenrtmee néustuipcoanl,ea existednecd ioasi n terprestóalciicdooannset sr ap(uCeSJs tas SL16974-1250y SL12133-1260)S.i gnifiecsat qou en oe s cualqcuoileiris nitóenr prleaqt uaetd ialv uag aa arp lilcaa r fvaobriali,sd iandaoq ueolrliag ian paadrat diedr o so más interporneefitsra mcyeib si efnnu damentqaudpeao sn,ae jlnu ez enu nsai tuabcaisótnac notmepd lai.c a En els ube xmainlea s uscraidtvai eqruteee s tán enfrentdaodpsao ss iciinotneersp reutnaqatu isevo asstq,iu een e al al udze Alc ue0r4dd9oe 1 99s0o leosp osisbulmease rm anas cotizeaxdcalsu sivalam IeSn-Sta ec ogipdoalr a m ayodríela o s magistrsa-dy,o otrqau ed efienedlce r itdeerqi uoe s on conlviadatboldelasas ss e manlaasb oreande alses c tpoürb l,i co hayasni dono o c otizaac djaaaosse ntidaap dreesv isosciióanl . Lasd osse, exhibpeenr suasyi mvaatse rialbmieennt e
argumentdaeds ause,rq tuee s,i a lgudnuad ua objeción quedaarcae rdceac uáld el adso sp ostuersla asq ued ebe aceorgshea,b rqíuaoe p taproselr am ásf arvbaole. 5 Radicanc.i5ºó5 n1 67 Adicionalmente, con esta nueva línea de pensamiento se satisface el principio o que se desprende proh ominper op ersona, de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política y los artículos 5 del PactoI nternacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del cual los jueces están en la obligación de preferir la interpretación que más desarrolle los derechos fundamentales del ser humano. Por todol od icho, consideroq ue sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en el Acuerdo0 49 de 1990, contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas on oa una caja, fondoo e ntidad de previsión social. Todos los tiempos laborados, sin distinción al tipod e empleador os i fueron objetod e aportes a. pensión on o, son válidos para efectos pensionales. En los anteriores términos, salvoe l voto. Magistrada 6