CSJ - SL536-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL536-2023 Radicación n.° 90368 Acta 08 Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GUIDO RUÍZ CORTÉS, frente a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 16 de julio de 2020, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y la

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO EMSIRVA

E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES Guido Ruíz Cortés demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) y a la Empresa de Servicios Públicos de Aseo Emsirva S.A. E.S.P. en liquidación (Emsirva S.A.), con el fin de que se declarara

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Radicación n.° 90368 «[…] la revocatoria del numeral tercero de la Resolución No. 5681 del 30/09/1981», por medio de la cual el empleador le concedió una pensión de jubilación convencional y, en su lugar, se ordenara la compatibilidad entre dicha prestación y la legal de vejez. De igual forma, solicitó que Emsirva S.A. devolviera el pago del retroactivo que le adjudicó Colpensiones producto de la declaratoria de compartibilidad, y que fue dejado en suspenso a través de la Resolución n.º 900426 del 7 de mayo

de 2004, así como los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que laboró al servicio de las Empresas Municipales de Cali (en adelante Emcali) entre el 9 de febrero de 1961 y el 31 de diciembre de 1967, desempeñando el cargo de «Operario de matadero». Así mismo, expuso que el 1º de enero de 1968 fue trasladado a Emsirva S.A. en calidad de trabajador oficial, donde estuvo vinculado hasta el 30 de septiembre de 1981. Relató que, por medio de la Resolución n.º 5681 del 30 de septiembre de 1981, esta última le concedió una pensión de jubilación convencional a partir del 30 de septiembre de 1981. Expuso que dicha entidad lo afilió al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) durante el término de vigencia de la relación laboral; que, con posterioridad a su finalización y respectivo reconocimiento de la pensión de

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Radicación n.° 90368 jubilación, continuó haciendo cotizaciones al Sistema General de Pensiones mientras estuvo vinculado al servicio de distintas empresas del sector privado, registrando un total de 678,57 semanas. Manifestó que era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que solicitó que le fuera otorgada la pensión legal de vejez; que, a través de la Resolución n.º 900426 del 7 de mayo de 2004, el ISS se la adjudicó a partir del 1º de junio de 2004 en cuantía

mensual inicial de $387.871; que, a su vez, se ordenó en dicho acto administrativo dejar en suspenso el valor del retroactivo equivalente a $24.942.943 que corresponde a las mesadas causadas entre el 1º de octubre de 1998 y el 31 de mayo de 2004, hasta tanto se definiera el carácter compartible o compatible de las pensiones recibidas y si este debía ser girado a su favor o de la empresa. Aseguró que inició un proceso ordinario laboral contra las entidades, buscando la declaratoria de la compatibilidad entre la pensión de jubilación convencional y la legal de vejez, así como el pago del retroactivo; que, en dicho litigio identificado con radicación n.º 2005-0091, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante sentencia del 31 de octubre de 2008, revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, ordenó declarar la compartibilidad entre ambas prestaciones y girar el retroactivo a favor de la empleadora.

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Radicación n.° 90368 Finalmente, señaló que presentó ante Emsirva S.A. una solicitud de revocatoria del numeral 3º de la Resolución n.º 5681 del 30 de septiembre de 1981, pues a su juicio es «[…] injusto e ilegal» mantener la compartibilidad entre ambas prestaciones, sobre todo porque la legal de vejez se causó principalmente con cotizaciones que hizo como independiente y que en modo alguno pueden beneficiar al empleador. Por medio de un comunicado emitido el 24 de abril de 2017, Emsirva S.A. negó el requerimiento, entendiéndose

agotada en debida forma la reclamación administrativa. Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el reconocimiento de las pensiones, el retroactivo y su pago en favor de la empresa y la existencia de un proceso ordinario laboral previo. Esgrimió que no había lugar a acceder a las peticiones, en primer lugar, porque el otorgamiento de la pensión de vejez a su cargo se hizo bajo el cumplimiento de todos los requisitos legales; en segundo término, dado que ya existió un proceso ordinario anterior en el que se discutió y definió la misma controversia que aquí se discute. En su defensa, propuso las excepciones de cosa juzgada, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y compensación.

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Radicación n.° 90368 Emsirva S.A. se opuso igualmente a las pretensiones. Frente a los hechos, admitió los concernientes a la existencia de la relación laboral, el reconocimiento de la pensión de jubilación, el proceso ordinario previo y el agotamiento de la reclamación administrativa. Sobre los demás, dijo que no le constaban. Planteó que se constituye la cosa juzgada, pues lo pretendido en el actual litigio es igual a lo resuelto en el anterior, esto es, declarar la compatibilidad entre ambas pensiones, por lo que no se puede reabrir una discusión que ya quedó ejecutoriada y que fue en su momento aceptada por las partes. Argumentó que, aun cuando la pensión de jubilación se

concedió antes del 17 de octubre de 1985, lo cierto es que se hizo bajo el entendido de que la asumiría hasta que se causara la legal de vejez y, en dado caso, quedaría pagando únicamente la diferencia o mayor valor. En su defensa, propuso las excepciones de caducidad, prescripción, cosa juzgada ordinaria y constitucional, compensación, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali mediante sentencia del 11 de julio de 2019, absolvió a las demandadas.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación presentado por el demandante, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante sentencia del 16 de julio de 2020, confirmó la decisión del juzgado.

Para fundamentar su decisión, tuvo como hechos acreditados dentro del proceso los siguientes: (i) Al señor GUIDO RUÍZ CORTÉS se le reconoció pensión de jubilación mediante resolución No. 5681 del 30 de septiembre de 1981 (fls. 19 a 21), a partir del 15 de julio de 1981, en cuantía inicial de $12.164,12, con base en lo dispuesto en el artículo 41 del acuerdo constitutivo No. 101 del 29 de octubre de 1966 y el laudo arbitral de 1970. En el numeral tercero de este acto administrativo se dispuso:

“cuando al jubilado se le reconozca la pensión de vejez por el ISS, EMSIRVA solo cancelará el excedente de esta, hasta completar el 100% de la pensión de jubilación que viene devengando. (ii) El señor RUÍZ elevó solicitud de pensión de vejez ante el otrora ISS el 5 de octubre de 1999, la cual fue negada en la resolución No. 16003 de 2000 (fl. 50). (iii) Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero resuelto en resolución No. 50571 del 1 de agosto de 2012, en la que se dispuso no reponer; el de apelación se atendió en resolución No. 900426 del 2004 (fls. 51 y 52), en la que se resolvió reponer y en su lugar reconocer la pensión de vejez al actor a partir del 1 de junio de 2004, en cuantía inicial de $387.871, dejando en suspenso el pago del retroactivo por $24.942.943, hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida si le corresponde al asegurado o a la entidad que concedió la jubilación, EMSIRVA E.S.P. (iv) El 7 de marzo de 2005 el señor GUIDO RUÍZ CORTÉS interpone demanda laboral en contra de EMSIRVA y el otrora ISS, radicado No. 76001-31-05-009-2005-00091 (fls. 277 a 282), solicitando se definiera que la pensión de jubilación reconocida por EMSIRVA era compatible y no compartida, y en consecuencia se reconociera el retroactivo

dejado en suspenso.

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Radicación n.° 90368 (v) El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali mediante sentencia No. 060 del 17 de mayo de 2007 (fls. 308 a 333), condenó a EMSIRVA continuar pagando en forma total la pensión de jubilación reconocida al actor mediante la resolución 5681 de 1982 y reembolsar los valores descontados desde el mes de mayo de 2005; asimismo, condenó al ISS a pagar al actor el retroactivo dejado en suspenso. (vi) Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación por EMSIRVA, al cual se le dio trámite mediante la sentencia No. 304 del 31 de octubre de 2008 (fls. 323 a 333), que revocó la anterior decisión y declaró probada la excepción de inexistencia de la exigibilidad del derecho invocado e inexistencia de la obligación. (vii) El demandante acude nuevamente en sede administrativa ante EMSIRVA solicitando la revocatoria del artículo 3 de la resolución No. 5681 del 30 de septiembre de 1981 (fls. 14 a 15), la que fue negada por la entidad mediante oficio No. 100.7.2.044 del 24 de abril de 2017. Así las cosas, se dispuso a establecer si había lugar a declarar probada la cosa juzgada, tal y como lo hizo el juez, teniendo en cuenta que dicha excepción podía ser declarada de oficio según lo indicado por esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 23 octubre 2012, radicación 39366.

Se refirió al artículo 303 del Código General del Proceso y explicó que la cosa juzgada constituye una característica especial de las providencias judiciales, con el fin de crear seguridad jurídica a partir de la imposibilidad de que sean reabiertos de forma indefinida procesos ordinarios entre las mismas partes, en los cuales ya se resolvió un asunto en particular sobre la base de unos hechos concretos. En consecuencia, afirmó que en el presente proceso se presentaba la cosa juzgada, toda vez que había identidad de partes, objeto y causa con el anterior litigio promovido por el demandante.

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Radicación n.° 90368 Concretamente, señaló que el señor Ruíz Cortés interpuso previamente una demanda ordinaria laboral contra Colpensiones y Emsirva S.A. buscando que se declarara la compatibilidad entre la pensión concedida por el empleador y la legal de vejez a cargo del ISS, así como el pago del retroactivo dejado en suspenso por la administradora de pensiones. Relató que, en ese momento, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali a través de la sentencia del 31 de octubre de 2008, revocó el fallo del juzgado y, en su lugar, declaró que ambas pensiones eran compartibles y que el retroactivo debía ser concedido al empleador. Sobre este aspecto, resumió los argumentos que en su momento desarrolló el Tribunal en el proceso anterior, así: […] se definió como problema jurídico el reconocimiento de retroactivo de pensión de vejez y determinar si era procedente declarar que la pensión de jubilación reconocida por EMSIRVA

no es compartida con la pensión de vejez reconocida por el ISS. En las consideraciones se expuso que la pensión de jubilación era compartida con la vejez, pues así se estableció en la resolución que la concedió y el laudo arbitral vigente que le dio origen a la misma, afirma que al estar condicionado el otorgamiento de la pensión bastaba que el ISS la reconociera para que se diera la subrogación, independientemente que se reconociera con fundamento en cotizaciones adicionales efectuadas por el trabajador con otros empleadores, pues no se señaló ni en la resolución ni en el acto fuente que para el cumplimiento de la condición tenía que otorgarse la pensión de vejez con base en cotizaciones realizadas únicamente por el empleador que otorgó la pensión de jubilación. Absolviendo en consecuencia al ISS y EMSIRVA de las pretensiones.

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Radicación n.° 90368 Ahora bien, en el actual proceso, dijo que convocaba a las mismas partes con el ánimo de que se revocara el numeral 3º del acto administrativo que concedió la pensión de jubilación al extrabajador, el cual se refiere precisamente a la compartibilidad de la asignación con la legal de vejez. A su juicio, si bien el planteamiento de las pretensiones es diferente, lo cierto es que lo solicitado es coincidente con lo pedido en el primero, a saber, la declaratoria de la compatibilidad entre la pensión de jubilación convencional y la de vejez a cargo del ISS. Ello es así, pues concluye que para revocar dicho inciso de la resolución por medio de la cual Emsirva S.A. otorgó la

pensión de jubilación al señor Ruíz Cortés, era necesario determinar la posibilidad de si estas prestaciones eran o no concurrentes, lo que a su vez definiría a favor de quién debía girarse el correspondiente retroactivo. Por tal motivo, estimó que la discusión acerca de la compartibilidad y compatibilidad es transversal en ambos procesos y que, además, está soportada en los mismos supuestos fácticos, lo que configura la cosa juzgada con independencia de la redacción disímil de las pretensiones. En particular, acerca de la identidad de partes, objeto y causa menciona que, […] contrario a lo argüido por el apelante-activo las peticiones de ambas demandas versan sobre la misma causa, a saber, la determinación de compatibilidad o compartibilidad de la pensión de jubilación y de vejez, pues necesariamente para poder declarar

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Radicación n.° 90368 la revocatoria del artículo tercero del acto administrativo, se debe hacer referencia a estas dos figuras, condición que ya fue definida en el proceso radicado No. 76001-31-05-009-2005-00091, en el que en sentencia de segunda instancia se consideró que la pensión de jubilación era compartida y no compatible, en consecuencia, se negó el retroactivo pensional, que también se pide en esta sede judicial; lo que dota de total legitimidad el numeral tercero de la resolución No. 5681 de 1981, del que se pide revocatoria. Asimismo, existe identidad de causa, por los siguientes motivos: Ambos procesos se fundamentan en que el demandante laboró al

servicio de EMCALI y luego EMSIRVA entre el 9 de febrero de 1961 y el 30 de septiembre de 1981, y que en virtud de lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo se le concedió pensión de jubilación a cargo de EMSIRVA mediante resolución No. 5681 de 1981. Que EMSIRVA solo afilió al actor a riesgos de IVM para el periodo del 1 de enero de 1967 a 15 de julio de 1981, y que con posterioridad a esta calenda aquel cotizó bajo la razón social de otros empleadores. Que, al cumplir los requisitos de pensión de vejez, se le reconoció la misma por parte del ISS por resolución No. 900426 de 2004, dentro de la que también se otorgó retroactivo pensional, pero fue dejado en suspenso hasta que la jurisdicción ordinaria laboral definiera si le correspondía al asegurado o EMSIRVA. Y, finalmente, existe identidad de partes, ya que ha sido el señor GUIDO RUÍZ CORTÉS, parte activa en ambos procesos y las entidades llamadas a juicio han sido EMSIRVA E.S.P. e ISS hoy

COLPENSIONES.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Guido Ruíz Cortés, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo teniendo en cuenta los términos en que es sustentado y según los límites del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que una vez constituida en sede de instancia,

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Radicación n.° 90368 revoque la del juzgado y sea absuelta de todas las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta a continuación.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia de segunda instancia de vulnerar, […] por la vía directa; por aplicación indebida de los artículos 303 del CGP, como medio, este último adicionado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985; 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; 19 del CST, 8º de la Ley 153 de 1887; 60, 61, 145 del CPTSS; 174 a 177, 183, 187, 258, 332, 257 del CPC, 57 de la Ley 2/84; 48, 53, 230 de la

Constitución Política. En la demostración del cargo, alude al artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para argumentar que el Tribunal «[…] no podía limitar el estudio de los aspectos jurídicos del recurso de apelación por existencia de derechos adquiridos, ya que dichas limitaciones son aplicables únicamente a la casación, razón por la cual debía pronunciarse en torno a los argumentos expuestos en la alzada». Objeta la omisión del texto de la demanda inicial y los alegatos de conclusión expuestos en segunda instancia, comoquiera que en ellos se evidencia que el propósito principal del litigio no es otro que acceder a la revocatoria directa de la Resolución n.º 5681 del 30 de septiembre de

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Radicación n.° 90368 1981 por medio de la cual Emsirva S.A. reconoció una pensión de jubilación, no la declaratoria de la compartibilidad o compatibilidad entre esta prestación y la legal de vejez. En ese sentido, advierte que el objeto de las consideraciones del Tribunal debió fundarse en la viabilidad de revocar o no el acto administrativo en su numeral 3º, sin importar que la consecuencia jurídica de tal proceder sea la declaratoria de compatibilidad entre ambas pensiones. Así pues, específicamente señala: Si bien es cierto, y por obvias razones del debate jurídico al interior de esta causa, se debe tocar lo referente a lo que el Tribunal llamó el objeto de este debate o sea lo tocante a la compartibilidad y la compatibilidad de las pensiones, en sí, no es este el objeto ni la causa del debate, sino, el derecho que le asiste al actor de iniciar el trámite revocatorio de un acto administrativo en firme como lo es la resolución 5681 del 30/09/81, ya que tiene la legitimidad para hacerlo y las normas procesales así lo permiten. Entonces, este si es la verdadera causa u objeto del debate jurídico al cual las autoridades judiciales debieron de centrar el debate, si podía este o no realizarlo y si tal actuación era legítima o no procesalmente, por tanto, si el debate jurídico se hubiera dado en torno a la revocatoria de un acto de la administración en firme y no en torno a la compartibilidad o compatibilidad de las pensiones como lo pretendió el Tribunal. Entonces el actor con las pruebas y los hechos presentados hubiera podido obtener a su favor una sentencia revocatoria del

acto pretendido, que por obvias razones presupondría las circunstancias legales que tal acto conlleva y para nuestro caso la declaratoria de la compatibilidad del derecho pensional.

VII. SEGUNDO CARGO Luego de citar los enunciados de los artículos 5º del Acuerdo 029 de 1990 y 18 del Acuerdo 049 de 1990, plantea

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Radicación n.° 90368 la proposición jurídica y demostración del cargo en los siguientes términos: Violación directa de la ley sustancial, causal primera art. 87 interpretación errónea jurisprudencial El Acuerdo 224 de 1966, el cual hizo alusión a la reglamentación general del ISS respecto de las pensiones voluntarias, es decir, de aquellas pensiones que el empleador concedió por mera liberalidad o producto de la negociación colectiva, resaltando eso si la inexistencia o falta de reglamento que obligase al ISS a hacerse cargo de dichas pensiones, y que en buena hora dicha norma fue modificada por el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año como la norma modificatoria del Reglamento del ISS en lo tocante al régimen de invalidez, vejez y muerte.

VIII. RÉPLICAS Emsirva S.A. sostiene que los cargos presentados tienen errores de técnica y que, vistos en su conjunto, comprometen el estudio de fondo del recurso extraordinario.

Frente a este asunto, dice en primer lugar que los argumentos se asemejan más a unos alegatos de instancia que a un intento por evidenciar los errores jurídicos o fácticos

por el Tribunal y que condujeron a la presunta vulneración de la ley sustancial. En segundo término, alude a que no fueron derruidos los pilares fundamentales del fallo de segunda instancia, los cuales tienen que ver con que se tuviera por demostrada la excepción de cosa juzgada. Por el contrario, refiere que el recurrente solo hizo mención al artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin explicar en

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Radicación n.° 90368 debida forma cómo se atentó contra el principio de consonancia. Por otra parte, el segundo cargo no relaciona ninguna disposición de orden nacional dentro de la proposición jurídica y que, si bien en la demostración transcribe los artículos 5º del Acuerdo 029 de 1985 y 18 del Acuerdo 049 de 1990, lo cierto es que no desarrolla la manera en que aparentemente fueron desconocidas las figuras de la compartibilidad y compatibilidad pensional, además si era posible hacer mención de ellas dada la previa declaratoria de la cosa juzgada. Finalmente, precisa que, en caso de estudiarse de fondo tampoco tendría vocación de prosperar la casación, comoquiera que el Tribunal resolvió conforme a derecho y teniendo acreditado el fenómeno de la cosa juzgada, sin que hubiera sido controvertido con suficiencia por quien recurre. Sobre esta cuestión, dispone: El ad quem, para confirmar la sentencia de primer grado y absolver a mi representada de las pretensiones de la demanda, afirmó que existen los presupuestos de la cosa juzgada entre el proceso anterior, es decir, el radicado bajo el número 009-200500091 y la presente demanda, porque existe identidad de objeto, de causa y de partes, haciendo un detallado análisis de cada uno de esos aspectos concluyendo que se dan las (sic) presupuestos del artículo 303 del C.G.P. y de lo expuesto en la sentencia C-774 de 2001, que la censura no desvirtúa en su recurso, en tanto se limita a repetir lo alegado en las instancias, olvidando que esta no es una tercera instancia sino un recurso extraordinario donde se confronta lo expuesto en la sentencia recurrida con la ley. Es más, el recurrente afirma en su demanda que realizó trámite de solicitud de revocatoria directa del acto administrativo ante la entidad demandada que negó las pretensiones porque la pensión

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Radicación n.° 90368 reconocida tiene carácter de compartida tal y como quedó establecido en el acto administrativo que reconoció la pensión pero según el actor dicho acto es injusto e ilegal porque la entidad se mantiene en afirmar que las pensiones son compartidas. Lo anterior quiere decir, que tal y como lo asentó el Tribunal en la sentencia impugnada y no ha sido desvirtuado, la solicitud de revocatoria del numeral tercero de la resolución No. 5681 de 30 de septiembre/81 se emplea como medio para revocar la compartibilidad de la pensión con la de vejez, norma que dispone lo siguiente: “cuando el jubilado se le reconozca la pensión de vejez por el ISS EMSIRVA, solo cancelará el excedente de este, hasta completar el 100% de la pensión de jubilación que viene

devengando”. […] Así las cosas, realizar un nuevo pronunciamiento comportaría reabrir el debate jurídico que atentaría contra la seguridad jurídica y el orden social, que deja ver que aquí se dio el fenómeno de la cosa juzgada como quedó resuelto en la sentencia impugnada y no ha sido desvirtuado por el recurrente. Colpensiones en su escrito de oposición identifica los mismos desatinos de técnica enunciados, relacionados con la mixtura de vías, la argumentación propia de una tercera instancia, la falta de proposición jurídica y la carencia argumentativa para develar los desatinos en que incurrió el Tribunal. Respecto del fondo del asunto, agrega que no es conducente acceder a las súplicas del recurrente, pues ello implicaría que Colpensiones reconozca ilegalmente al señor Ruíz Cortés dos erogaciones que cubren el mismo riesgo y que provienen del erario. Lo anterior, sin perjuicio de que además se desconozca la mención expresa hecha por la empresa en el acto administrativo que concedió la pensión de jubilación, relacionada con que dicha prestación sería compartida con la legal de vejez a la que haya lugar.

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Radicación n.° 90368 Por tal motivo, luego de citar apartes de algunas sentencias de la Corte, explica que, […] el fallador de la segunda instancia no incurrió en la violación impropiamente denunciada por el recurrente extraordinario por lo que el cargo no está llamado a prosperar. De prosperar el pedimento del actor la sentencia expedida por el Ad quem obligaría al sistema general de pensiones al pago de dos (2)

pensiones que tienen el mismo origen. En efecto tal sentencia sería manifiestamente ilegal y sin vocación de prosperidad en el mundo del derecho objetivo; lo que se magnificaría por cuanto, con ello, daría paso a convertir tales pretensiones en un mecanismo para defraudar al sistema y obtener beneficios pensionales, afectando la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y poniendo en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados. Por otra parte, las normas que el recurrente extraordinario considera vulneradas con la sentencia proferida por el ad quem, fueron interpretadas de manera correcta por el juez de alzada; ellas señalan que la pensión de vejez y la pensión convencional de orden público son incompatibles; en su defecto son canceladas bajo la figura de la compartibilidad, por lo que el fallador de segunda instancia, realizó la interpretación de estos preceptos normativos observando su espíritu y finalidad; y, por lo tanto, dicha sentencia se encuentra ajustada a derecho.

IX. CONSIDERACIONES Revisados los dos cargos presentados, encuentra la Sala que los temas a resolver son (i) la decisión de los jueces de instancia conforme a los principios de consonancia y congruencia y (ii) el fenómeno de la cosa juzgada.

En primer lugar es necesario recordar que el recurso de casación tiene unas especiales y muy precisas finalidades establecidas por las normas vigentes y desarrolladas por el precedente jurisprudencial, a fin de dotarle de contenido propio, distinguirlo de las demás acciones procesales y

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Radicación n.° 90368 definir los requisitos que deben observarse para su

procedencia, análisis y resolución. La casación supone la revisión de la sentencia de segunda instancia a fin de examinar si el juzgador incurrió en una violación de la ley sustancial –el denominado «control de legalidad de las sentencias»- y, por esta vía, proteger la integridad del sistema normativo y unificar la jurisprudencia. Los especiales fines de la casación definen su naturaleza de recurso extraordinario, de tal suerte que no es una tercera instancia litigiosa (CSJ AL1546–2021), donde las partes estén facultadas para revivir las actuaciones procesales y materiales de etapas anteriores, sino que los reclamos del casacionista deben enfocarse en acreditar la vulneración de las normas sustanciales mediante un ejercicio sustentando, explicativo de los errores a través de la confrontación de sus decisiones con el contenido de las disposiciones jurídicas y que acredite que el actuar del funcionario judicial fue de tal entidad, que merece el quiebre de su decisión por haberse derruido los pilares sobre los que descansa. Dijo la Corte Constitucional en sentencia CC C-590 de 2005 que, En ese sentido, el recurso de casación constituye un mecanismo extraordinario e interno de control jurisdiccional de la legalidad de los fallos. Se trata de un mecanismo de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción de los fallos judiciales a la ley que los gobierna. Es extraordinario, por cuanto se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de

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lo que fue objeto de debate en ellas, sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso por haberse proferido con violación de la ley. Es interno, por cuanto se surte al interior de cada jurisdicción, siendo el competente para tramitarlo y resolverlo el Tribunal de Casación. Finalmente, implica un juicio de valor que exige la confrontación de la sentencia con la ley (negrillas fuera del original). Con tesis similar, la Sala rememoró en reciente falloCSJ SL209-2022: No se encuentra sometido a discusión que, el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario donde la labor que despliega la Sala, se materializa en un control de legalidad que se aplica a las providencias que son adoptadas en juicios ordinarios y ponen fin a las instancias. De manera que, lo que se pretende, es establecer si en la labor que desplegó la sala sentenciadora se incurrió en algún error que amerite la invalidez, o anulación de estas. De otra parte, la consecución de los propósitos de la casación es una responsabilidad que no solo le asiste a la Corte, sino en específico a quien recurre, que es el encargado de presentar los temas a ser examinados por la Corporación, pues el recurso tiene naturaleza dispositiva en los términos de los artículos 87, 90, 91 y 93 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Es por ello por lo que la demanda de casación debe acreditar los límites y formalidades que el ordenamiento le ha impuesto, lo que no constituye un mero capricho del legislador o de la jurisprudencia, sino la garantía del debido

cumplimiento de los objetivos que se han designado para esta sede. Adicionalmente, el correcto entendimiento de las formas de la casación garantiza la seguridad jurídica, ya que solo

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Radicación n.° 90368 aquellas peticiones que se demuest