CSJ - SL541-2020

República de Colombia Cone Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL541-2020 Radicación n.” 68436 Acta n”. 6 Bogotá, D. C. diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GLADIS ARGOTE, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), en el proceso que instauró la recurrente al INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES.

I. ANTECEDENTES Gladis Argote, llamó a juicio al Instituto de Seguros

Sociales, para «QUE SE DECLARE, OBLIGUE Y CONDENE AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES |...] POR EL RECONOCIMIENTO y PAGO de la PENSIÓN DE VEJEZ [...] a partir del 30 de MARZO de 201 1», como beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, junto con los intereses SCLAIPT-10 Y.OO Radicación n.“ 68436 moratorios de que trata el artiículo 141 ¡bidem, y la indexación de las sumas adeudadas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el “25” de marzo de 1956; que cotizó al ISS para los riesgos de IVM, como dependiente de diferentes empleadores desde el 3 de julio de 1992 hasta el 1 de mayo de 2011; que según

la información registrada en la historia laboral, se reflejaban irregularidades respecto de los periodos de cotización, 12/1998, 03/1999, 06/1999, 09/2003, 09/2009 y 04/2011, correspondientes, respectivamente a los empleadores Industria Colombiana de Textiles, Fuerzas Unidas E.A.T., Manuales en Acción, Fundación Progresemos, y la Cooperativa de Trabajo Asociado “Confavalle”, los últimos dos, por cuanto «aparecen en CEROS”; que solicitó ante la administradora «corrección de su historia laboral habida cuenta que el reporte de semanas no aparecían las correspondientes al periodo de cotización 19 SEPTIEMBRE DE 1990 a 31 de DICIEMBRE DE 1 994, por lo que «una vez corregido”, y sin que se le pusiera de presente «inconveniente alguno por mora patronal u otro”, que el 23 de enero de 2011, elevó reclamación pensional ante el CAP de Palmira — Valle, en consideración a que había cumplió los 55 años de edad el dia 30 de marzo de 2011, acreditando 884 semanas de cotización «contabilizadas dentro de los veinte años anteriores al cumplimento de la deferida edad (03/07/ 1992 a 30/03/2011), y era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues contaba para la entrada en vigencia de la referida ley con 35 años de edad, y satisfacía las requisitos del Acuerdo 049 de 1990. SCLAJPT-10 Y.0O OE Radicación n. 68436 Que la entidad demandada por Resolución n”. 105608

de 2011, le negó la prestación aduciendo que no cumplía los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, por cuanto «luego de realizar la imputación de pagos prevista en el artículo 29 del Decreto 1818 de 1996, modificado por el art. 53 del Decreto 1406 de 1999 y por el Art. 9 del Decreto 510 de 2003, por cuanto existen periodos no cancelados y otros cancelados extemporáneos sí que haya pagado el interese respectivo, se establece que la asegurada cotizó a este instituto en forma interrumpida un total de 888 semanas, desde su ingreso el 3 de julio de 1992 hasta el 1 de mayo de 2011, concluyendo que la asegurada no acredita el requisito de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez solicitada», invitándola a que continuará cotizado hasta alcanzar los requisitos exigidos en la ley para acceder a la dicha prestación, o en su defecto, ante la imposibilidad de continuar cotizando, solicitara la indemnización sustitutiva. Aseguró, que con dicha decisión se vulneró el artículo 53 de la C.P., principio de favorabilidad, pues según el reporte de semanas cotizadas -se puede ver claramente que [...] supera 500 semanas exigidas por la ley para acceder al beneficio de la pensión de vejez que viene reclamando. Pues su historia Laboral muestra que contabilizó un total de 888 semanas cotizadas en toda su vida laboral, semanas de la cuales 884 lo fueron dentro de los últimos 20

años antertores a la edad mínima, esto es, entre el 3 de Julio de 1992 y el 30 de marzo de 2011 cuando llegó a los 55 años de edad [...), sin que fuera admisible que la demandada alegara a su favor su propia «NEGLIGENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE COBRO, pues debtó computar las semanas cotizadas y las semanas morosas e iniciar los trámite administrativos correspondientes para el

COBRO y RECAUDO OPORTUNO aun por VÍA FORZOSA, DE LOS

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Radicación n. 68436 PERIODOS INEXISTENTES, NO CANCELADOS Y OTROS CANCELADOS EXTEMPORANEAMENTE SIN QUE SE HAYA PAGADO EL INTERÉS RESPECTIVO de los cuales menciona en la resolución mas no identifica individualmente, [...]4 sin que por dicha omisión, pudiera desconocerle el derecho pensional adquirido, máxime cuando la demandada contaba con mecanismos para perseguir el pago de las sumas adeudadas. Por auto del 9 de marzo de 2012, fue inadmitida la contestación de la demanda, por no haberse allegado las pruebas documentales solicitadas en la demanda, concediéndosele el término de 5 días, para que se subsanara; sin embargo, por proveido del 17 de julio de esa misma anualidad, se tuvo por no contestada (folios 101 y 107). IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, por virtud de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, a través

de los Acuerdos PSAA-118831 de 2011 y PSAA139909 de 2013, mediante fallo del 10 de diciembre de 2013, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte actora.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

SCLAIPT-10 V.OO Radicación n.” 68436 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante falio del 10 de abril de 2014, confirmó la sentencia del a quo, sin imponer costas por la alzada. El Tribunal, fijó el problema jurídico en establecer si a la demandante le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 30 de marzo de 2011, junto con los intereses moratorios. Manifestó que estaba probado que la actora nació el 30 de marzo de 1956 (folio 34); que según el reporte de semanas cotizó al ISS desde el 3 de julio de 1992 hasta el 30 de abril de 2011, acumulando 888.29 (folios 37 a 48, 52, 60, 170 a 180), y que ante la solicitud pensional del 11 de abril de 2011, por Resolución n”. 105608 de 20 de junio de 2011, el ISS se la negó, con fundamento en que “la asegurada cotizó a éste Instituto de forma interrumpida un total de 888 semanas, desde su ingresos el 3 de julio de 1992 hasta el 1 de mayo de 2011, concluyendo que no se acreditó el requisito de semanas cotizadas para acceder a la

pensión de vejez solicitada fIs. 74 a 75, 168 a 169)». Seguidamente, indicó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, determinó un régimen de transición para aquellas personas que a 1 de abril de 1994 contaban con 35 en el caso de las mujeres y 40 años los hombres o 15 años o más de servicios cotizados, evento en los cuales podían pensionarse en las condiciones previstas en el régimen anteriores que le resultaran aplicables en metería pensional a esa data; sin embargo, precisó que con la expedición del Acto Legislativo 1

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Radicación n. 68436 de 2005, concretamente con el parágrafo 4%, el cual dispuso que: «£l régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más altá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen”, lo que significaba, que el citado régimen, «finiquitó el 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que al 25 de julio de 2005 - fecha de publicación del acto legislativotuviese cotizando al menos 750

semanas o su equivalente en tiempo de servicio, pues para ellos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014... En ese orden, al abordar el estudio del caso concreto, y según las voces del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por haber nacido la actora el 30 de marzo de 1956, y contar al 1 de abril de 1994 con 37 años de edad, en principio podía afirmarse que era beneficiaria del régimen de transición, encontrándose para esa época vigente el Acuerdo 049 de 1990, que exigía como requisitos para acceder a la pensión de vejez acreditar 55 años de edad y 500 semanas de cotización, pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades minimas o haber acreditado un mínimo de 1000 semanas de cotización, sufragadas en cualguier tiempo; empero, al hacer un estudio detallado de la historia laboral aportada al expediente, visible a folios 3748, 50 - 51, 53 — 62, 63 - 64, y 170 - 180, destacó que «la demandante efectuó cotizaciones a pensión con distintos empleadores desde el 3 de julio de 1992 hasta el 1 de mayo de 2011, alcanzando a SCLAJPT-10 V.aO Radicación n.” 68436 reunir a lo largo de su vida laboral un total de 906.86 semanas, de las cuales 902,43, fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y a la entrada en vigencia del Acto Legislativo O1 de 2005, contaba con 610,43 semanas.».

De lo anterior concluyó, que dicha circunstancia «excluye a la demandante del ámbito de protección del parágrafo 4 del artículo 48 de la Constitución Política, o dicho de otra manera permite establecer que perdió su régimen de transición y por ende la posibilidad de acceder a la pensión de vejez en forma y témminos establecidos en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758, que sería aplicable a su caso particular, lo que implicaba que la demandante, no podía acceder a la prestación solicitada, acreditando los requisitos del régimen anterior a la Ley 100 de 1993, que regulaba las condiciones de los afiliados al ISS, puesto que dicho régimen de transición dejó de existir a raíz de la referida reforma constitucional. Enfatizó, que ante la situación de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, existia una diferenciación entre quienes tenian 750 semanas de cotización a 31 de julio de 2005 y quienes no las tenian, puesto que para los primeros, el régimen de transición se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, mientras para los segundos, dicho régimen feneció el 31 de julio de 2010, trayendo a colación la sentencia C — 242 — 2009, en la cual el máximo tribunal constitucional, se refirió a la diferencia que existía entre derechos adquiridos y las meras expectativas. Aseveró, que lo que ocurría en la Carta Política con la reforma introducida por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, SCLAJIPT-10 v.90 7

Radicación n.” 68436 en cuanto al régimen de transición, no se trataba de un problema de antinomia en la Constitución Politica, en tanto «no se trata del choque de dos disposiciones, una que permita total o parcialmente una acción y otra que prohibía en forma total o parcial esa misma acción», sino lo que en verdad ocurría era «un problema de la inconmensurabilidad de los valores superior del ordenamiento Jurídico, más específicamente respecto a la igualdad, esto es, irreductible a una medida común», lo que a juicio de esa Sala, era «un problema de sustitución de la Constitución o falta de competencia del constituyente derivado para reformar la constitución:, con lo cual se alteró el preámbulo y el artículo 13 de la misma, por lo que era de competencia de la Corte Constitucional, realizar el correspondiente juicio; sin embargo, asentó que aun si se aceptara que el juez ordinario por vía de excepción de inconstitucionalidad pudiera realizar «el juicio de sustitución», se encontraría con que según el Proyecto de Acto Legislativo 127 de 2004, «el régimen de transición iba hasta el 31 de julio de 2007, pemmitiendo extender el mismo constituyente derivado la prolongación del mismo en los términos antes referenciados, lo que indica que tal aplicación fue para salvaguardar mayormente tales expectativas, por ende, en principio de prima facie, no se observa violación a la Constitución». Por último, resaltó que la pensión de la actora, estaba sujeta a los lineamientos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797

de 2003, que exigia “60” años de edad y 1200 semanas de cotización para el año 2011. SCLAIPT-10 YV.0O Radicación n.” 68436

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, para que en su lugar, «se condene a la demandada de acuerdo a las pretensiones solicitadas y se provea en costas como en derecho corresponda».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, oportunamente replicados, los que en atención a la comunidad de su objeto y la similitud de los argumentos sobre los cuales reposan, se resolverán de manera conjunta.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida «por la vía directa por aplicación indebida artículos 33 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, numeral 2 literales a) y b) artículo 45 de la Ley 270 de 199%6, por (sic). Debiendo aplicar el artículo 12 de la Ley 797, sin el numeral 2 literales a) y b) artículo este que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, art. 12 de la (sic) acuerdo 49 de 1990 aprobado por el decreto 758

de 1990, acto legislativo 1 de 2005, parágrafo transitorio 4».

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Radicación n,” 68436 En la demostración del cargo, luego de reproducir apartes de la sentencia censurada, aseguró que el tribunal incurrió en los yerros atribuidos al «desconocer, los antecedentes de la Corte Constitucional, en materia de Progresividad en seguridad social y el requisito de fidelidad al sistema», refiriéndose a las sentencias C428 de 2009, y T453 de 2011. Así como, al criterio jurisprudencial de esta Sala de Casación, a través del cual por sentencias 39992 del 22 de junio de 2010; 39512 de 2010, y 35119 de 2009, y 42540 de 2012, modificó su criterio, y «acogió en lo pertinente lo dicho por la Corte Constitucional, ultima providencia en la que señaló: No obstante lo anterior, la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, varía su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos supertores por ser abiertamente regresivo. Este cambio de postura va en armonía con lo dispuesto recientemente en la sentencia de 8 de mayo de 2012, Rad. N 35319, en que esta Sala asentó que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los requisitos previstos en una

disposición para que se le cubriera una de las contingencias a cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la prestación correspondiente. L..] Es con fundamento en los criterios precedentes, que en el sub lite, no puede exigirse a la demandante para efectos de tenerla como beneficiara de la prestación de supervivencia, el cumplimiento por parte del causante del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre en momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha el fallecimiento, no obstante que la muerte se produjo mientras estuvieron en vigor los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto dichas previsiones fueron a todas luces regresivas como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009. SCLAJPT-10 V.OD Radicación n. 68436 Cuando «Para el caso, ha de tomarse en cuenta, que la demandante para la expedición del acto Legislativo 1 de 2005, ya había consolidado un derecho adquirido, y desde luego otra prerrogativas como el principio de favorabilidad, los cuales no pueden ni deben ser desconocidos invocando la Constitución política [...]-. VIIL CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia, .«por la vía directa en el concepto de infracción de la ley sustancial artículos 33 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, numeral 2 literales a) y b) artículo 45

de la Ley 270 de 1996, por (sic). Debiendo aplicar el artículo 12 de la Ley 797, sin el numeral 2 literales a) y bj artículo este que madificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, art.. 12 de la (sic) acuerdo 49 de 19930 aprobado por el decreto 758 de 1990, acto legislativo 1 de 2005, parágrafo transitorio 4-». Sustenta el cargo en los siguientes términos: La insubordinación y rebeldía contra la le ley, radica en desconocer y aplicar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 — modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el Art. 46 de la Ley 100 de 1993, sin atender los nuevos lineamientos jurisrudenciales de la H. Corte Suprema de Justicia [...] en las sentencias del 8 de Mayo de 2012, (Rad. 35319), 20 de Junio de 2012 (rad.42540) y (Rad. 42423 ) del 10 de Julio de 2012, y de las Sentencias de la Corte Constitucional C428 de 2009, C556 de 2009 y T453 del 26 de Mayo de 2011. L..] Al rebelarse contra lo dispuesto en la sentencia de inexibilidad C556 del 20 de Agosto de 2009, que dejó fuera del otorgamiento los literales a) y b) del numeral 2 del Art. 12 de la Ley 797 de 2003, reformatoria de Art. 46 de la Ley 100 de 1993, lo hizo bajo la consideración que la demandante tenía un derecho adquirido para el mes de junio de 2005 cuando entró se expidió el acto legislativo

1 der (sic) que frente a la demandante fue nocivo y regresivo era

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Radicación n.” 68436 sus intereses, estos requisitos no debían de aplicarse, porque la sentencia de inexequibilidad no tenía efectos retroactivos, tal y como lo dispone el Art. 45 de la Ley 270 de 1993. El desconocimiento fue palmario en la aplicación de dichos preceptos por cuanto ya la Corte Constitucional en la sentencia C428 de Julio 01 de 2009, había establecido de manera categórica que en varias ocasiones se aplicó la excepción de inconstitucionalidad al requisito de fidelidad, por transgredir el Art. 48 de la Constitución política que establece la progresividad. La interpretación que se ajusta al Art. 48 de la C.P., ya había establecida cuando se hizo el juicio de constitucionalidad contra los Arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, cuyos fallos de fecha 1 de julio y 20 de agosto de 2009 respectivamente, se dijo que los literales atrás relacionados siempre fueron considerados inconstitucionales porque contrarían ostensiblemente el principio de progresividad. Siendo que los fallos anteriormente relacionados especialmente los de la Corte Constitucional eran de pleno conocimiento por el juzgador de segunda instancia cuando provincia (10 de abril de 2014) y más concretamente el del 20 de junio de 2012 de la Corte Suprema de Justicia Rad. 42540 y el que lo concedió el 8 de Mayo de 2012 Rad. 35319, que claramente fijaron un nuevo derrotero Jurisprudencial frente a la interpretación que hizo la sentencia que

aquí se demanda, que ha debido atender y aplicar esta última y vigente interpretación. En efecto, tiene enseñado es (sic) Magistratura, que la infracción directa, ocurre cuando: “el sentenciador entendiendo correctamente la situación pero por ignorancia o rebeldía deja de aplicar las consecuencias jurídicas que las nomas legales establecen para dicha situación, de hecho, o sea, que se configura un típico error de hecho, ósea que se configura un típico error por omisión” (Sentencia del 9 de noviembre de 1994. Rad. 7.064)». Por lo dicho en precedencia el cargo está llamado a prosperar de acuerdo al alcance de la impugnación. (sic).

VII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia, «por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 33 modificado por el artículo 9 de la

SCLAJPT-10 Y.OO Radicación n.” 68436 Ley 797 de 2003 y 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 12 de la Ley 797 de 2003, numeral 2 literales a) y b) artículo 45 de la Ley 270 de 1996, por (sic). Debiendo aplicar el artículo 12 de la Ley 797, sin el numeral 2 literales a) y b) artículo este que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, art. 12 de la (sic) acuerdo 49 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990, acto legislativo 1 de 2005, parágrafo transitorio 4». Sustenta el ataque de la siguiente forma:

De una parte como se tiene conocimiento con los fallos de inexequibildad la exigencia de más requisitos que hagan más gravosa la consolidación de un derecho, ya está fuera del sistema jurídico, por cuanto ha de entenderse que toda reforma de tener un progreso nomativo en la regulación de un de derecho. Lo anteror, se desprende del fallo de la Corte Constitucional de la Sentencia C556 de 2009. Sobre este tópico esa honorable Corporación en los faillos Nos. 42540 del 20 de Junio de 2012, 42423 del 10 de Julio de 2012 y 35319 del 8 de Mayo de 201?, cambio su jurisprudencia, ajustándola a los nuevos principios constitucionales estableciendo que: La nueva composición de la Sala, pero con los argumentos que acá se exponen, permiten precisar que los cambios legislativos no pueden aniguilar el derecho pensional de quien empezó a cotizar bajo la égida de una disposición garantista y ante la ocurrencia del riesgo en otra normativa mucho más exigente, ve frustrada su prestación. En efecto, aun cuando es verdad que existe reserva legal del Congreso en materia, no sólo de regímenes de transición, sino de toda la regulación estructural y sistémica de la seguridad social, de acuerdo con el artículo 48 de la Carta de 1991, lo cierto es que tal potestad regulatoria excluyente no se opone al papel del juez, quien está facultado y, además, obligado, a darle el cabal sentido a las normas cuando ellas son insuficientes, oscuras o dudosas, evento en los que puede acudir a los principios generales e integradores del ordenamiento jurídico, función que ha de

desempeñar dentro del Estado Social de Derecho. El papel del juez se hace más patente en materia de derechos sociales, como el que aquí se trae a colación, pues su materalización está intrinsecamente ligada a la preponderancia que también realice en acompañamiento de principios inspiradores

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Radicación n.” 68436 dado que, por virtud de normas constitucionales y tratados internacionales, poseen una fuerza vinculante reforzada. (Sentencia 3513 del 8 de Mayo de 2012). La sentencia del tribunal siempre sostuvo que no hay competencia por parte del juez ordinario para reconocer el derecho adquirido a la expedición del acto legislativo 1 de 2005, por parte de la demandante. Olvidando la nueva línea jurisprudencial. Así pues la nueva procedencia y giro jurisprudencial de la forma como debe interpretarse el atr. 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el art. 9 de La Ley 797 de 2003, Art.- 12 de la Ley 797 de 2003sin los requisitos de los literales a) y b) del numeral 2, aplicable al caso que nos ocupa, de donde se desprende que la demandante reúne, para colmar su pensión de vejez- (sic).

IX. LA RÉPLICA La entidad de seguridad social, en escrito de folios 24 a 27, presenta “oposición a todos los cargos”, señalando que la demanda adolece de yerros de técnicas, por un lado, porque a pesar de que manifestó que el tribunal incurrió en algunas equivocaciones, en la demostración de los mismos, no indicó «en que consistieron los dislates ni mucho menos señala como debió

actuar acertadamente [...]. Además, que no atacó con exactitud los pilares del fallador de instancia, asemejándose lo planteado más a un alegato de instancia. En cuanto al fondo del asunto, indicó que el reparo de la censura, radicaba en que en su criterio el colegido ha debido ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al accionante, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, «en razón a que asevera el demandante en casación, el fallador no debió dar aplicación al Acto Legislativo 01 de 2005., pues así se infería de los pasajes del recurso en el que «plantea que el Acto Legislativo SCLAIPT-10 v.CO Radicación n.” 68436 01 de 2005 (artículo 48 de la Constitución Política), debe implicarse entre otras, porque va en contravía del principio de la progresividad», lo que a juicio no era de recibo, por cuanto la excepción de inconstitucionalidad, únicamente procede cuando la norma de inferior jerarquía vulnera la Carta Fundamental, situación que en el presente no acontecía, por cuanto no podía afirmarse que «el artículo 48 de la Constitución (el cual contiene lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005), vulnere la misma Carta Políticas. Además, que no era posible la inaplicación del referido acto, pues con él se decidió reformar la Constitución Política, disponiendo algunos aspectos frente a las pensiones, los cuales aunque no convinieran a los intereses de dicha entidad, se encontraban en la carta política de derechos. Indicó, que como la demandante perdió el régimen del

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no era factible que Colpensiones le reconociera la pensión de vejez, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, pues para tal efecto, era menester que al “25” de julio de 2005, contara con 750 semanas de cotización o el equivalente en tiempo de servicio, densidad que no acreditó, por lo que en tales condiciones no se equivocó el sentenciador al concluir que la de demandante lo perdió.

X. CONSIDERACIONES Los supuestos fácticos que dio por probados el tribunal, y con los cuales no existe discusión por la censura, dada la SCLAIPT-10 V.00 1S Radicación n.” 68436 vía de taque propuestas, consistieron en que la actora nació el 30 de marzo de 1956; que al 1 de abril de 1994 contaba con 37 años de vida, y que «la demandante efectuó cotizaciones a pensión con distintos empleadores desde el 3 de julio de 1992 hasta el 1 de mayo de 2011, alcanzando a reunir a lo largo de su vida laboral un total de 906.86 semanas, de las cuales 902,43, fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 61 0,43 semanas».

En el plano de lo jurídico, afirmó el sentenciador de alzada: i) que la actora había perdido el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues con la expedición del Acto

Legislativo 01 de 2005, dicho régimen perduró hasta el 31 de julio de 2010, excepto para quienes contaban con 750 semanas de cotización a la entrada en vigencia del mismo (25 de julio de 2005), caso en el cual se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014; y ii) que con la expedición del mentado acto legislativo y en relación con el régimen de transición, se presentó un probilema de la inconmensurabilidad de los valores superior del ordenamiento jurídico, más especificamente respecto a la igualdad, esto es, irreductible a una medida común», lo que a su juicio se trató de sustitución de la Constitución o falta de competencia del constituyente derivado para reformar la carta, con lo cual se alteró el preámbulo, y el artículo 13 de la Constitución Política, por lo que era de competencia de la Corte Constitucional realizar el correspondiente juicio. Por otra parte, aseveró, que aun si aceptara que el juez ordinario por vía de excepción de inconstitucionalidad pudiera realizar «el juicio de sustitución», se encontraría con que según el Proyecto de Acto Legislativo 127 de 2004, «el régimen de transición iba hasta el 31 de julio de 2007, permitiendo extender el mismo constituyente derivado la prolongación del mismo en los términos SCLAIPT-10 v.00 Radicación n.” 68436 antes referenciados, lo que indica que tal aplicación fue para salvaguardar mayormente tales expectativas, por ende, en principio de prima facie, no observas violación a la Constitución», y 1i1), que la pensión de la actora estaba regentada por los lineamientos

establecidos en el articulo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 9 de la Ley 797 de 2003. Ahora bien, examinada la demanda de casación con la cual se sustenta los tres cargos formulados, no existe duda alguna acerca de que su discrepancia con la sentencia recurrida, es de indole jurídica, pues en los tres ataques se le endilga al tribunal haber desconocido: i) los derechos adquiridos de la actora a pensionarse bajo los parámetros del régimen de transición, y ii) no tener en cuenta los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y esta Sala de Casación, sobre la aplicabilidad de la excepción de inconstitucionalidad, (en este caso, del parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005), por considerar que transgredia el articulo 48 de la Constitución Política, y desconocia el principio progresividad. En cuanto al primer aspecto, que controvierte el impugnante y que se ha descrito con precedencia, debe destacar la Sala que la pérdida del régimen de transición con ocasión a la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, implicó para la demandante el incremento de la edad y el tiempo cotizado como requisitos para acceder a la pensión de vejez, resulta suficiente señalar que tal situación no comporta una transgresión a las normas denunciadas en los cargos, pues lo cierto es que como quedo visto la reforma constitucional, SC