CSJ - SL545-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL545-2023 Radicación n.° 94163 Acta 8 Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por LUIS ENRIQUE ATEHORTÚA SÁNCHEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 28 de enero de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO

ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES Luis Enrique Atehortúa Sánchez llamó a juicio la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo del 1 de octubre de 2015 al 11 de noviembre de 2016 y del 21 de marzo de 2017 al 27 de abril de 2018; en

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Radicación n.° 94163 consecuencia, se ordene reconocer y pagar las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, aportes a pensión, indemnización por no consignación de cesantías, indemnización por mora en el pago de la liquidación final, lo que se pruebe ultra o extra petita y las costas del proceso. Para sustentar sus peticiones relató que fue contratado por Comfenalco como docente hora cátedra, mediante un contrato de prestación de servicios, pero bajo continua subordinación y dependencia; que las labores se ejecutaron en vigencia de dos contratos: del 1 de octubre de 2015 al 11

de noviembre de 2016 y desde el 21 de marzo de 2017 hasta el 27 de abril de 2018. Señaló que se desempeñó como docente de las cátedras de mercadeo, gestión y gerencia de proyectos, talento humano, administración, emprendimiento, nómina y prestaciones sociales, gerencia del servicio y contabilidad. Aseguró que conforme a los contratos suscritos se le exigía un horario de trabajo que en promedio era de 40 horas semanales y que el salario para el primer contrato ascendió a $2.357.967 y del segundo a $2.555.546. Afirmó que la docencia la ejerció de manera personal y sometido a subordinación, en tanto que en los contratos se pactaba que no podría cederse sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la demandada. Además, la Caja le suministraba el auxilio de transporte cuando debía dirigirse a sitios diferentes de Rionegro para desarrollar la labor y era

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Radicación n.° 94163 ella quien programaba, disponía de los lugares y espacios donde debían desplazarse los docentes a dictar sus clases. Indicó que la asistencia a constantes capacitaciones y reuniones realizadas por la demandada era obligatoria para los docentes, debía utilizar las planillas con el logo de la Caja y recibía llamados de atención por las quejas de los alumnos y por no haber asistido en una ocasión a dictar la clase. Agregó que le correspondía gestionar el otorgamiento de los refrigerios de sus estudiantes, lo cual era completamente ajeno a la actividad para la cual había sido contratado.

Precisó que las actividades que desarrolló eran del giro ordinario de la empleadora, lo cual incluía las capacitaciones a los afiliados en las áreas afines a la administración en el marco del programa Fosfec, el cual hace parte del mecanismo de protección al cesante, administrado por las cajas de compensación familiar. Dijo que renunció por estar laborando una jornada que excedía la máxima legal y sin el pago de las prestaciones sociales. Que 31 de julio de 2018 presentó reclamación escrita, la cual fue resuelta negativamente (f.os 2 a 6). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada únicamente aceptó la solicitud presentada y su respuesta; frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Adujo que con el demandante celebró varios contratos

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Radicación n.° 94163 de prestación de servicios independientes, intermitentes, discontinuos, autónomos, por los cuales el contratista obrando con total libertad, plena autonomía profesional, directiva y asumiendo todos los riesgos se comprometió a dictar un número limitado de horas de cátedra, por un precio previamente acordado, aclarando que, como contratante respetó los compromisos adquiridos en horarios concertados por el accionante con terceros. Puntualizó que el número de horas era fijado en forma consensuada entre ellos, en el entendido que el reclamante prestaba servicios a terceros, y que respetó los acuerdos del promotor del proceso con dichas personas. Formuló las excepciones de prescripción y buena fe (f.os

86 a 92).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro (Antioquia) al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de septiembre de 2021 absolvió a la demandada y condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al desatar el recurso de apelación formulado por el demandante, mediante fallo del 28 de enero de 2022, confirmó la decisión de primer grado.

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Radicación n.° 94163 En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado dijo que el problema jurídico se centraba en establecer si entre el demandante y la demandada en el plano de la realidad sobre las formas, existió un verdadero contrato de trabajo, o si, por el contrario, su vinculación no era de aquellas de carácter laboral. Luego de aludir al contenido de los artículos 22, 23 y 24 del CST, explicó que la presunción legal prevista en esta última disposición podía ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario al presumido, esto es, acreditando que dicha prestación de servicios no fue subordinada, sino que, por el contrario, fue autónoma e independiente, o que se rigió mediante un contrato de otra naturaleza jurídica. Aclaró que el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida. Esta particularidad, en principio, debe eximir a quien presta los servicios especializados de recibir órdenes para desarrollar

las actividades contratadas. Que, analizada la prueba documental y la testimonial encontraba que el a quo no se equivocó cuando dijo que no existió un contrato de trabajo, pues, si bien se demostró la prestación de sus servicios activando con ello la presunción de subordinación a su favor, la demandada la desvirtuó con las pruebas testimoniales y documentales que acreditaron que el accionante fungió como docente en las diferentes capacitaciones ofrecidas por la entidad al público, pero lo hizo de manera autónoma e

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Radicación n.° 94163 independiente, contrariamente a lo que el demandante había asegurado con fundamento en esos mismos elementos de convicción.

De esa manera encontró que: La certificación expedida por Carlos Andrés Velásquez del Departamento de Gestión Jurídica de Comfenalco (folio 17 del archivo 001 digital), hacía constar que el demandante, a la fecha de su expedición se encontraba en la base de datos de dicha entidad como proveedor inactivo y que permaneció inscrito como activo para los servicios «DOCENTE DE FOSFEC» desde el «01/10/2015 hasta el 11/11/2016, y del 21/03/2017 al 27/04/2018».

Dijo que tal prueba no informaba nada sobre la ejecución de un contrato laboral, pues si bien se admitía la labor de docente, también se podía inferir que estuvo inscrito como proveedor activo, es decir, anotado y operante en la base de datos que tenía Comfenalco de las diferentes personas que eran prestadoras de servicios, sin que este hecho fuera indicativo de una relación subordinada o dependiente con la entidad.

Agregó que el actor aparecía en un listado de quienes prestaban la labor de docencia y, que, de acuerdo con las capacitaciones y diplomados que ofrecía la demandada, «se van llamando y que son estos operadores los que deciden si lo dictan o no», tal como lo aseveraron las testigos María Paula Rúa Restrepo, analista financiera de la demandada, y Ofelia

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Radicación n.° 94163 Londoño, gestora de educación de la accionada. Explicó que tales declarantes manifestaron que Comfenalco tenía una base de datos con prestadores de servicios en la categoría de formadores, a quienes llamaban y se les preguntaba si tenían disponibilidad para dictar cursos de formación, luego, se concretaba con el docente los días en que podía enseñar y, por último, se invitaba a las personas del programa de protección al cesante para la inscripción en dichos cursos para mejorar su perfil profesional o se les capacitaba para el empleo. También habían ilustrado que el actor podía reprogramar de manera conjunta el día en que se comprometía a dictar la clase, si presentaba algún inconveniente. Por último, destacó que las deponentes habían dicho que, si bien había un tema en general que debía enseñarse, el demandante era el encargado de decidir cómo lo abordaría y qué contenidos se desarrollarían durante el curso. De otra parte, precisó que el nombre del accionante aparecía en el documento denominado «Capacitación emprendimiento» (folio 17 del archivo 001 digital) y que los facilitadores eran los proveedores; sin embargo, estimó que

de allí no se extraía que tuviera la obligación de asistir a formaciones, por lo que no acreditaba nada sobre las condiciones en que se desarrolló la relación ni mucho menos que haya sido en los términos demandados por el apelante. Expresó que, en gracia de discusión, el hecho de que se hubiera impartido una capacitación para los prestadores de

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Radicación n.° 94163 servicios, como el demandante, no implicaba subordinación porque, según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia «(Rad. 2608 de 2019)», «la exigencia de adquirir ciertos conocimientos, habilidades y aptitudes para la prestación de determinado servicio tampoco comporta la subordinación propia del contrato de trabajo, siempre y cuando no se desconozca la independencia o autonomía con que se ejecuta la labor» tal como había ocurrido en este caso. Así, citó lo dicho por las testigos María Paula Rúa Restrepo y Ofelia Londoño, quienes habían explicado que las personas que eran proveedores de servicios no tenían la obligación de asistir a dichas capacitaciones, que si bien cuando se iniciaba un curso debía darse a los facilitadores - como el actor-, una información y ciertas pautas, tenía libertad de cómo dictaba y de qué materiales o ayuda pedagógica manejaba, o si quería utilizar las que le proporcionaba la demandada. Por lo que tal situación no ponía en evidencia algún elemento de dependencia. De otra parte, citó el documento de folios 21 a 70 del archivo 001 digital, denominado «Pedidos de Compra», por medio de los cuales se contrató el servicio del promotor del

proceso como docente. Al respecto, precisó que no apreciaba alguna muestra contundente que derruyera la conclusión de primera instancia, pues si bien estos documentos indicaban que los diplomados, capacitaciones y cursos que dictaría el demandante tenían cierta frecuencia de horas y en una jornada específica, tales circunstancias, conforme lo indicaron las citadas testigos, se pactaban en convenio o concertación con el prestador del servicio según su

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Radicación n.° 94163 disponibilidad, es decir, no era una imposición. El Tribunal expuso que no desconocía que el cumplimiento de ciertos horarios constituía un hecho indicativo de subordinación, pero que ello no generaba la conclusión forzosa de su existencia, cuando del análisis de otros medios probatorios el juzgador deducía que esa prestación de servicio personal fue de carácter independiente y autónomo, tal como se había probado en este caso, pues las deponentes habían dado cuenta de que no fue un horario impuesto, sino acordado con el accionante. Por ello concluyó que no hubo subordinación, pues cuando se configura este elemento no se decide de manera autónoma los tiempos en que se ejecuta la labor. Explicó que no era cierto que el actor cumpliera un horario de 40 horas semanales, pues según dicha prueba, hubo periodos dentro de los diferentes contratos, donde las horas semanales eran menores, por lo que no se probaba una jornada continua como se afirmó en el hecho cuarto de la demanda inicial, insistiendo en que el horario, como lo aseguraron las testigos, se estableció de forma concertada

con el accionante, según su disponibilidad. De otro lado, indicó que las órdenes de servicios del año 2015 al 2018, «se celebraron por periodos de días entre uno y otro, existieron lapsos entre días y hasta de meses», lo que denota que la labor de docente no era continua, ni de «forma periódica».

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Radicación n.° 94163 También encontró que en los pedidos de compra de la demandada se estableció que no se podría ceder el contrato, situación que tampoco era indicativa de un vínculo laboral pues, en últimas, «en los contratos de prestación de servicios es atendible esta obligación, además, téngase en cuenta que, en ocasiones, el demandante y los otros prestadores del servicio se reemplazaban entre sí al no poder cumplir con la asistencia a las clases». Consideró que los correos enviados al actor por la señora Natalia Álvarez Monsalve, promotora del programa de educación de la demandada y otras personas vinculadas a esta entidad (folios 86 y 111 archivo 001 digital) «eran auténticos, ya que no se solicitó en la contestación su ratificación, únicamente los que aportaran los testigos (folio 181 archivo 001) y estas pruebas, se recuerda, fueron anexas a la demanda», de allí, dijo, no emergía una labor subordinada del actor, en tanto que no se avizoraba la imposición de órdenes ni mucho menos llamados de atención. Manifestó que, si bien de los correos podía inferirse que se convocó al demandante a algunas reuniones y capacitaciones, que se le daba el material educativo de

Comfenalco para dictar la clase y también le solicitaron informes, de ello no se derivaba subordinación, pues en los contratos de prestación de servicios se pueden hacer esta clase de acciones para fijar parámetros de los quehaceres a realizar, sin que por ello se estuviera haciendo un control a

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Radicación n.° 94163 los prestadores. Apoyó su postura en la CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 40121, en donde se explicó que en estas contrataciones no están prohibidas las instrucciones o directrices en la ejecución del servicio, pues «naturalmente al beneficiario de éstos le asiste el derecho de exigir el cumplimiento cabal de la obligación a cargo del prestador». En tal dirección, precisó que al ser el actor un docente de los programas que ofrecía la demandada y que son establecidos por el Gobierno nacional, era necesario hacer una articulación del material académico y de conocimientos con la caja, ir a capacitaciones, reuniones y enviar informes. Al respecto describió los correos de folios 86, 88, 90, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 y 107, frente al del folio 90 refirió particularmente:  Correo electrónico de Ofelia Londoño Franco para Luis Enrique Atehortúa el 25 de septiembre de 2015 a las 12:16 con asunto: Inicio de Capacitación; en el cual informa que deben reunirse previo al inicio de una capacitación por lo que le pregunta que si le era posible el 29 de septiembre a las 11:00 am (Folio 90). Como

se indicó en precedencia, no se avizora ninguna orden o imposición. Frente al correo de folio 102 precisó que fue enviado por Natalia Álvarez Monsalve al actor el 24 de abril de 2018, para informarle que una queja había sido remitida a Gestión al cliente y que se trataba de información confidencial. De esta prueba, el Tribunal no observó ningún elemento de dependencia o un llamado de atención, ya que únicamente señaló que se indicaba el trámite impartido a un reclamo, lo que resulta ser una actividad normal dentro de una entidad que presta un servicio.

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Radicación n.° 94163 Dijo que en igual sentido los «chats» que se encontraban a folios 109 y 111 del archivo 001 digital, donde el demandante solicita información sobre una queja interpuesta en su contra, en modo alguno ponen en evidencia la dependencia alegada. El juez de alzada destacó que con la prueba testimonial de María Paula Rúa Restrepo y Ofelia Londoño se podía concluir claramente que el actor como docente era autónomo en la forma como dictaba sus cursos y acordaba, según su disponibilidad, el horario para hacerlo, sin que la demandada le diera órdenes sobre la prestación del servicio o existiera un control o subordinación de su parte. Agregó que los testigos de la parte demandante, quienes fueron sus alumnos, no indicaron nada diferente a que éste prestaba el servicio de docente, por lo que «ningún viso de acatamiento se concluye de estas declaraciones». De otro lado, en cuanto a los refrigerios que suministraba la demandada, tal como lo indicaron las

testigos citadas por esta parte, el demandante los repartía a sus alumnos, pero de ello el Tribunal dijo que era razonable de su condición de docente y la persona que estaba a cargo del grupo; de modo que, no podía entenderse que en ese contexto se le estuviera sometiendo a subordinación constitutiva de un contrato de trabajo realidad. Aclaró que, si bien en principio sugiere un deber ajeno a los asignados

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Radicación n.° 94163 en su calidad instructor, debe recordarse que el actor era la única persona que estaba con los alumnos, lo que explica ese compromiso que no se traduce en acatamiento de órdenes. Agregó que no era dable inferir un contrato laboral por el hecho de que la demandada suministrara las sedes donde iban a dictar los programas, o porque proveía herramientas, como papelería o ayudas educativas porque: [..] para la Sala si bien por lo general, en los contratos de prestación de servicios el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, sin embargo, es posible que esa actividad se desarrolle en las instalaciones que el contratante decida, con elementos de su propiedad, necesarios para la ejecución de la labor encomendada; siempre y cuando se haya ejecutado todas las tareas con plena autonomía y sin que se desplegara actos de subordinación, tal como ocurrió en el caso de marras, según la prueba testimonial de la parte accionada. Por último, puntualizó que, si bien la Sala Laboral de la Corte ha adoctrinado que es de la esencia de la contratación de los servicios de enseñanza de docentes hora cátedra que

su trabajo sea subordinado, también ha expuesto que en casos excepcionales se puede dar a través de contratos civiles de prestación de servicios (CSJ SL3126-2021), tal como aconteció en el presente caso, pues del análisis conjunto de los elementos de prueba no emergía un supuesto vínculo regido por actos de subordinación y dependencia. Concluyó que la labor que desarrolló el actor se hizo de forma autónoma e independiente, de modo que la presunción legal prevista en el artículo 24 del CST sí fue desvirtuada por la parte accionada.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que se case la decisión de segundo grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y que se resolverán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la «violación de la ley sustancial de carácter nacional contenida en el artículo 106 de Ley 30 de 1992» que fue «modificado» por la sentencia CC C517-1999 en cuanto declaró algunos de sus apartes inexequibles y que dispone: Las instituciones privadas de Educación Superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de trabajo o mediante contratos de servicios, según los períodos del calendario académico y su remuneración en cuanto a honorarios se refiere,

corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el número de horas laborables mes. (Apartes subrayados declarados inexequibles por sentencia C-517 de 1999).

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Radicación n.° 94163 También denuncia el artículo 145 del CPTSS que dispone que: «A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial». Dice que «la Infracción que se presenta por la vía indirecta y por error de hecho bajo la modalidad de falta de apreciación de la prueba». Lo anterior generado por: […] no dar por acreditado estándolo, que el señor Luis Enrique Atehortúa Sánchez tenía una jornada semanal de prestación del servicio de docencia a favor de Comfenalco Antioquia de mínimo veinte (20) horas semanales durante los periodos de tiempo comprendidos entre el 1 de octubre de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2016 y el 21 de marzo de 2017 al 27 de abril de 2018, tal como consta en la prueba documental allegada tanto por la parte demandante como por la parte demandada que reposa a folios 207 a 276 del expediente digital, con excepción de los tiempos comprendidos entre el 16 de Agosto de 2017 al 23 de Agosto de 2017 (10 horas semanales), del 23 de septiembre de 2017 al 24 de octubre de 2017 (14 horas semanales) y del 25 de

octubre de 2017 al 20 de diciembre de 2017 (4 horas semanales) en este punto hubo un receso de clases desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 23 de enero de 2018 (0 horas semanales) momento en que empezó nuevamente clases con intensidad horaria superior o igual a 20 horas semanales hasta la terminación del contrato que se dio el 27 de abril de 2018. Este punto fue uno de los elementos que sustentaron el recurso de alzada por lo que debió haber sido apreciado por el A quem (sic). En la sustentación de la acusación dice que encontrándose demostrado en el proceso que tenía una intensidad horaria semanal de mínimo veinte horas durante el tiempo en que prestó sus servicios, el Tribunal dejó de aplicar el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, que dispone que imperativamente debe celebrarse un contrato de tipo laboral con aquellos profesores de hora cátedra cuya intensidad

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Radicación n.° 94163 horaria semanal no sea inferior a medio tiempo, entendiéndose tiempo completo aquel de 40 horas semanales como lo dispone el artículo 30 de tal norma. A continuación, señala que: La Ley 30 de 1992, debe aplicarse por analogía en el caso bajo estudio atendiendo lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, toda vez que no existe norma expresa respecto a las actividades educativas ejercidas por las Cajas de Compensación Familiar, no obstante, bajo la premisa de igualdad de oportunidades para los trabajadores y

salario igual al trabajo igual, no puede discriminarse a los profesores de cátedra por las circunstancias o características de su patrono, tal como establece la Sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia SL 2799 del 15 de julio de 2020, M.P Iván Mauricio Lenis Gómez. Por otro lado, la ley 30 de 1992 establece su campo de acción dirigido a las instituciones técnicas profesionales, que según el artículo 17 IBIDEM se definen como: Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. Por último, dice que el artículo 106 de la Ley 30 de 1992 ha debido servir como base esencial del fallo impugnado al tenor de lo dispuesto en el artículo 145 del CPTSS, precepto que fue inobservado y que por ese «motivo se ha incurrido en la causal primera de casación por la vía indirecta bajo la modalidad de falta de apreciación de la prueba».

VII. RÉPLICA La oposición, en lo fundamental, sostiene que el cargo carece de requisitos de técnica al no contener modalidad de violación, formularse por la senda jurídica pero luego indicar

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Radicación n.° 94163 que se dirige por la vía indirecta para referirse a la jornada probada. Agrega que corresponde a un hecho nuevo respaldarse jurídicamente en la Ley 30 de 1992.

VIII. CONSIDERACIONES La Corte comienza por recordar que, por tratarse de un

recurso extraordinario, la demanda de casación debe ceñirse a los requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, puesto que el incumplimiento de aquellos acarrea que el recurso resulte desestimable al imposibilitarse su estudio de fondo. Ello no obedece a una simple formalidad, sino a la garantía del debido proceso a las partes, en virtud de la cual, el recurso debe estar ajustado a las exigencias previstas por las normas que lo regulan. Además, como en numerosas ocasiones lo ha dicho esta corporación, este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto, acorde con la acusación formulada por la censura. Al analizar el cargo se puede advertir que presenta falencias de orden técnico que impide su estudio de fondo, tal y como pasa a explicarse:

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Radicación n.° 94163 La censura denuncia la violación de los artículos 106 de la Ley 30 de 1992 y 145 del CPTSS; sin embargo, omite indicarle a la Corte el sub motivo o modalidad correspondiente, esto es, si se incurrió en la infracción directa, la interpretación errónea o la aplicación indebida. Ahora, si bien podría llegar a inferirse de la sustentación que

se invoca la infracción directa al considerar el recurrente que se debió aplicar el artículo 106 de Ley 30 de 1992, lo cierto es que el cargo tiene otras falencias técnicas que impiden su análisis de fondo. Así, se denuncia el artículo 145 del CPTSS, sobre lo cual debe recordarse que, si bien la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de acusar la transgresión de normas adjetivas, ello ha sido bajo el entendido de que la violación de aquellas es el medio que da lugar a la vulneración de la norma sustancial, lo que ha sido denominado por la jurisprudencia como violación medio, a la cual no acude el recurrente. La censura incurre en la impropiedad de hacer una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, por lo que su análisis debe ser diferente y su formulación por separado. En efecto, revisada la acusación, se aprecia que se aducen argumentos jurídicos sobre la forma en que deben

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Radicación n.° 94163 vincularse los profesores por hora cátedra de las instituciones privadas de educación superior, según el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, pero a la vez se plantea un yerro fáctico, en tanto se denuncia un error de hecho consistente en que no se dio por acreditado que el actor tenía una jornada semanal 20 horas en el servicio de docencia durante algunos de los interregnos laborados.

Recuérdese que cuando se acusa la sentencia por la vía jurídica, se parte de la aceptación de los supuestos de hecho definidos por el Tribunal a partir de los elementos probatorios del proceso y, por ende, lo que se busca es demostrar un error de tipo jurídico. Asimismo, cuando se acude a la senda indirecta, lo que se pretende es demostrar un error de hecho, esto es, una equivocación del fallador de segundo grado por la errada valoración de los elementos probatorios o por su falta de apreciación, sin incluir controversias de índole jurídica. Al recurrente no le es dable mezclar las dos vías de violación de la ley sustancial, pues cada una tiene su propia naturaleza al estar originadas en distintos desatinos cometidos por el fallador de segundo grado (CSJ SL, 9 abr. 2008, rad. 32195 y CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684). En la primera de las providencias referidas se explicó que: La violación por la vía directa implica llegar el juzgador a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en

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Radicación n.° 94163 dicho nivel, el tribunal obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso, o aspectos netamente fácticos. A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional, por la vía indirecta, cuando el tribunal estime erróneamente, deje de

estimar, o suponga la existencia de determinadas pruebas procesales. Tal proceder lo conducirá a cometer errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por probado lo que realmente sí lo está; el primero, (conocido como “de hecho”), es factible de cometerse –en la casación del trabajosólo respecto de la confesión, la inspección judicial o el documento auténtico, y, el segundo, (llamado “de derecho”), sobre las llamadas pruebas solemnes. No es posible construir los cargos con los cuales se acusa la sentencia, realizando, mixtura de los submotivos de la vía directa, con los propios de la indirecta; ni, mucho menos, la mezcla de las dos vías, pues, a cada una corresponde, estrictamente y en sana lógica, una específica presentación argumentativa (CSJ SL, 9 abr. 2008, rad. 32195). Por demás, esta Sala encuentra que la violación legal denunciada está