CSJ - SL560-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL560-2023 Radicación n.° 86326 Acta 06 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIME PRADA ESPINOSA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019) en el proceso que le instauró a la UNIVERSIDAD

COOPERATIVA DE COLOMBIA y a la CTA LA COMUNA.

I. ANTECEDENTES Jaime Prada Espinosa llamó a juicio a la Universidad Cooperativa de Colombia y a la CTA La Comuna, para que se declarara que: i) con la primera existió un contrato de trabajo a término indefinido del 1° de febrero de 2008 al 9 de diciembre de 2016 que se terminó sin justa causa; ii) se dio una ficción a través de la suscripción de acuerdos

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Radicación n.° 86326 cooperativos con la segunda con el objeto de desdibujar la realidad laboral y, iii) el empleador cambió las condiciones del nexo, al mutar su condición de profesor «de tiempo completo a medio tiempo». En consecuencia, se condenara a las accionadas a cancelar los salarios dejados de pagar, así como las diferencias de ellos, las cesantías, sus intereses, prima de servicio, vacaciones, las indemnizaciones por no consignación de cesantías, la moratoria y por terminación

unilateral e injusta, junto con cualquier otro crédito social que se acreditara en el proceso y las costas. Como fundamento de sus pretensiones, adujo que fue contratado por la Universidad Cooperativa de Colombia, para lo cual fue remitido el 1° de febrero de 2008 a suscribir convenio de asociación con la CTA La Comuna, momento en el que inició sus labores como docente de tiempo completo en la primera de las mencionadas. Indicó que de forma sucesiva se dieron cuatro acuerdos cooperativos con la CTA La Comuna hasta el 3 de diciembre de 2011. Luego, firmó los siguientes nexos laborales con la aludida entidad universitaria: Inicio Finalización Funciones Naturaleza como profesor Contrato 23 de enero 7 de diciembre Tiempo Tiempo fijo 1° del 2012 de 2012. completo Contrato 28 de enero No indica Medio tiempo No indica 2° de 2012 Contrato 13 de enero 9 de diciembre Medio tiempo Término 3° de 2014 de 2016 indefinido

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Radicación n.° 86326 Puntualizó que su última asignación salarial fue de $1.550.903 (f.° 17 a 26 del cuaderno principal). La CTA La Comuna se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió el extremo inicial en que inició las tareas como profesor de tiempo completo y la totalidad de acuerdos. De los demás, adujo que no le constaban o no eran verídicos. En su defensa, propuso como excepciones de fondo las de «inexistencia de unicidad contractual», «inexistencia de

contrato de trabajo a término indefinido», pago total de las pretensiones formuladas en la demanda, compensación, «la CTA no ejerce intermediación laboral, ejerce una labor de tercerización protegida por la Constitución y permitida por la ley», buena fe, «terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado», cobro de lo no debido, «inexistencia de la obligación de consignar las cesantías», «prescripción» y «prescripción de la eventual responsabilidad solidaria» (f.° 36 a 55, ibidem). La Universidad Cooperativa de Colombia rechazó todos los pedimentos. Respecto de los supuestos fácticos, reconoció la vinculación laboral con ella, los cuatro acuerdos cooperativos con la CTA La Comuna, el desempeño como profesor «de tiempo completo y medio tiempo», el último ingreso y la fecha final de la relación. En cuanto a los otros, mencionó que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 86326 Detalló que con el actor tuvo como relaciones de trabajo las que a continuación enlistó: Contrato Fecha de Fecha de Cargo Salario inicio terminación 142328 23/01/2012 07/12/2012 Profesor $2.681.016 tiempo completo 157912 28/01/2013 30/11/2013 Profesor $1.391.447 medio tiempo 171048 13/01/2014 09/12/2016 Profesor $1.676.061 medio tiempo Se suscribió otro sí del Contrato 171048 del día 1° de diciembre de 2014, modificando la duración, de conformidad con la Resolución n.°

835 de 2014, renovándolo hasta el 12 de enero de 2016; posteriormente se suscribió de nuevo otro sí al mismo contrato del 15 de abril de 2015, cambiando la modalidad de contrato en cuanto a su duración, la cual pasó a ser indefinida. En su amparo, formuló como medios exceptivos perentorios los de pago total de las obligaciones, cobro de lo no debido, «inexistencia del contrato laboral a término indefinido desde el 1° de febrero de 2008 al 9 de diciembre de 2016», compensación o equivalencia, «inexistencia de las obligaciones pretendidas», «mala fe del demandante, «buena fe de la demandada», legalidad de la contratación, indebida acumulación de pretensiones, enriquecimiento sin justa causa, prescripción, «terminación del contrato de trabajo suscrito a un año por vencimiento del plazo fijo pactado», prescripción de la cesantías (f.° 104 a 119, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, el 1° de marzo del 2018 (f.° 251 CD y 252 acta, ibidem), dispuso:

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Radicación n.° 86326

PRIMERO: DECLARAR que entre la demandada Universidad Cooperativa de Colombia, como empleadora y Jaime Prada Espinosa, como trabajador existe un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1° de febrero de 2008 al 9 de diciembre de 2016.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la[s] excepcio[nes]

de prescripción, pago y compensación por lo considerado.

TERCERO: CONDENAR a la demandada Universidad Cooperativa de Colombia a pagar a favor de la demandante y una vez en firme esta decisión, las siguientes sumas de dinero: $12.630.016 por cesantías, $19.917 por intereses de cesantías, 178.339 por prima de servicios, $152.679 por vacaciones, $30.346.001 por indemnización por no consignación de cesantías; $6.639.101 por indemnización por despido injusto y como sanción moratoria la suma de $55.869 diarios, desde el 7 de enero de 2016 hasta el 7 de enero de 2018, a partir del 8 de enero del 2018 se pagaran intereses moratorios sobre lo adeudado por cesantías, prima de servicios y diferencia salarial CUARTO: ABSOLVER de todos los cargos impuestos por la demandante a la demandada CTA La Comuna, por lo considerado.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Costas en un 7 % del valor de la condena.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al resolver el recurso de apelación del convocante y la Universidad Cooperativa de Colombia, el 30 de mayo de 2019 (f.° 7 acta y 13 CD, cuaderno del Tribunal), resolvió: PRIMERO: REFORMAR la sentencia proferida el 1° de marzo del 2018 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JAIME

PRADA ESPINOSA contra la UNIVERSSIDAD COOPERATIVA DE

COLOMBIA, así: 1.1. MODIFICAR el numeral 1° de la parte resolutiva de la mencionada sentencia, en el sentido de declarar que entre el

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Radicación n.° 86326 demandante como trabajador y la Universidad Cooperativa de Colombia, como empleador, existieron los siguientes contratos de trabajo: del 1° de febrero al 30 de noviembre de 2008; del 26 de enero al 29 de noviembre de 2009; del 1° de febrero al 30 de noviembre de 2010; del 24 de enero al 3 de diciembre de 2011; del 23 de enero al 7 de diciembre del 2012; del 28 de enero al 30 de noviembre del 2013 y del 13 de enero de 2014 al 9 de diciembre de 2016. 1.2. REVOCAR los numerales 3° y 6° de la parte resolutiva de la precitada sentencia y, en su lugar, se dispone NEGAR las demás pretensiones de la demanda y abstenerse de condenar en costas en primera instancia, por lo expuesto en la parte motiva. 1.3. En lo demás se confirma la sentencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la Universidad Cooperativa de Colombia […] En lo que interesa al recurso extraordinario, manifestó que conforme a la alzada le correspondía establecer si: i) concurrieron uno o varios contratos de trabajo y, ii) se desmejoraron las condiciones laborales del petente, puntualizando que no era objeto de discusión la prestación personal del servicio para la Universidad Cooperativa de Colombia como docente bajo contrato de trabajo, sino la

duración del mismos como un acto continuó o intermitente.

1. En cuanto a la unidad contractual.

Adujo que reposaba la siguiente prueba documental: a) certificación expedida por la CTA La Comuna que informaba que el petente prestó sus servicios así (f.° 12, cuaderno del juzgado): DESDE HASTA 1° de febrero de 2008 30 de noviembre de 2008 26 de enero de 2009 29 de noviembre de 2009 1° de febrero de 2010 30 de noviembre de 2010 24 de enero de 2011 3 de diciembre de 2011

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Radicación n.° 86326 b) Constancia emitida por la entidad universitaria sobre el tiempo laborado (f.° 13 y 14, ibidem): DESDE HASTA 23 de enero de 2012 7 de diciembre de 2012 28 de enero de 2013 30 de noviembre de 2013 13 de enero de 2014 9 de diciembre de 2016 (último a término indefinido) c) Contratos y terminaciones que sosegaban a folios 63 a 79 y 141 a 157, ibidem. Afirmó que los medios aludidos evidenciaban que la labor no fue continua, lo cual fue corroborado por el demandante en su interrogatorio de parte, en el que aceptó «haber prestado sus servicios en la forma reflejada por la prueba documental», esto era que «lo hizo bajo diversos contratos de trabajo con la interrupción entre ello», así como que «fue notificado de la terminación de cada uno de ellos y que recibió el pago de sus derechos laborales». Por tanto,

adujo que se configuró una confesión al tenor de lo dispuesto por el artículo 191 del CGP, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del CPTSS. En tal virtud, aseveró que le asistía razón a la universidad apelante en cuanto halló que entre cada lazo se presentaron interrupciones, salvo el último que fue a término indefinido. Manifestó que no procedía aplicar el artículo 101 del CST, según el cual se presumía que el lazo se celebró por el año escolar, en tanto que:

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Radicación n.° 86326 i) Fue el mismo «accionante quien derrumbó tal presunción con su confesión la cual implica[ba] que esté aceptó haber laborado bajo los contratos de trabajo que refleja la documentación […] que da[ba] cuenta de interrupciones de más de un mes», las cuales no eran aparentes, sino reales y no «exist[ía] prueba que dem[ostrara] intención de la universidad Cooperativa de mantener el vínculo laboral con el actor por esos períodos», razón por la que se «desvirtúa[ba] la unidad contractual». Concretó que esta Corporación ha sostenido que las interrupciones que no eran amplias o relevantes no alteraban la unidad contractual, pero ello en escenarios donde aquellas no superaban los 15 días, lo cual se alejaba de lo ocurrido en el examine, que algunas eran mayores a los 30 (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40273, CSJ SL, 25 mar. 2015, rad. 45303 y CSJ SL, 11 may. 2016, rad. 46991).

1. La norma en comento regía cuando las partes guardaban silencio sobre el plazo pactado, pero ello no ocurrió en el sub lite.

En ese orden, dijo que al no haberse acreditado que se trataba de un único vínculo, debía revocar las condenas por reajuste de cesantías, intereses a estas, prima de servicios y vacaciones. Frente al último nexo, aludió que el actor no tenía derecho a la indemnización por despido sin justa causa, ya que «aunque […] fue a término indefinido, [finalizó] por

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Radicación n.° 86326 decisión unilateral y sin justa causa por parte de la universidad», como se acreditó con la carta de despido de folios 15 y 16 del cuaderno de juzgado y se pactó aquella en la suma de $3.808.346. Sobre la indemnización por no consignación de cesantías en un fondo, refirió que, salvo el lazo final, no se causó tal rubro de los restantes, porque «ninguno sobrepasó el tiempo para que la empleadora tuviera la obligación de consignar las cesantías en un fondo». En cuanto al contrato que se dio del 13 de enero del 2014 al 9 de diciembre de 2016, las cesantías que se causaron en las anualidades 2014 y 2015, fueron consignadas en Porvenir S. A., como avizoró de la documental de folios 164 y 165 ibidem, lo que también admitió el petente en su interrogatorio de parte. Por consiguiente, indicó que como a la finalización de la atadura la universidad accionada no adeudó ningún

concepto al trabajador, no impondría la sanción moratoria por no pago de salarios y prestaciones.

2. Respecto de la desmejora salarial por cambio del cargo de docente de tiempo completo a medio tiempo.

Puntualizó que no se probó un menoscabo del salario, sino que se trató de dos contratos diferentes, uno que nació el 23 de enero del 2012 y finalizó el 7 de diciembre de ese año y otro que inició 28 de enero del 2013, con funciones

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Radicación n.° 86326 disímiles, siendo que las condiciones en que se pactó el segundo no dependían del primero. Exaltó que tampoco existía prueba que demostrara que aquél suscrito bajo la modalidad de medio tiempo, hubiera sido firmado afectando el consentimiento.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala «case totalmente» la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la dictada por el a quo (f.° 3, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se estudian a continuación, por metodología, de forma conjunta, pues persiguen similar fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión del colegiado de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea «los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 50 de 1990, artículo 63 de la Ley 1429 de

2010, artículo 2° el Decreto 2025 de 2011, artículos 65, 64,

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Radicación n.° 86326 249, 306 del CST, artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993». Sintetiza lo que regulan los cánones 23 y 24 del CST, para aseverar que el Tribunal no tuvo en cuenta la presunción que prevé esta última normativa, por lo que concluyó erradamente, inventando y suponiendo la existencia de varias ataduras laborales, «sin aplicar los mandatos legales», ya que desde el inicio tuvo unos contratos asociativos que desconocieron sus derechos. Indica que el colegiado consideró que, aunque se acreditó la relación de trabajo, ello no importaba porque tanto la CTA como la universidad pagaron lo adeudado, pero no analizó que «mientras se dieron las vinculaciones mediante las cooperativas intermediarias, el cargo era el mismo, es decir, que se debe presumir la existencia del contrato». Menciona que lo narrado riñe con el artículo 46 del CST, según el cual el lazo debe ser por escrito y no puede durar más de tres años. También, relata que la demandada no probó que el despido fue con justa causa, por lo que corre la misma suerte la indemnización del artículo 64 del CST. Indica que, paradójicamente, el ad quem asevera que la accionada actuó temerosamente al contratar por intermedio de la CTA y que existió mala fe, pero que absolvía de la moratoria del precepto 65 del CST al no estar comprobado que se dejaron de pagar

salarios y prestaciones.

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Refiere que: […] no se puede entender que a pesar de que el Tribunal decida que prospera la prescripción parcialmente, una cosa es que lo haga sobre los valores adeudados y otra completamente distinta es que se aplique sobre el derecho como tal, es claro que no se hizo el pago de prestaciones sociales mientras estuvo vinculado por intermedio de cooperativas, entonces no puede afirmarse que se pagaron los salarios y prestaciones debidas.

Recuerda que las cesantías son imprescriptibles hasta el momento de terminación del contrato y solo desde allí es viable contabilizar el término trienal, «no se puede tener como hecho el pago de cesantías, dejando así por lo menos este rubro de prestaciones sociales sin cubrir y generando así la indemnización moratoria». Exalta que, si no es suficiente, no se ha hecho el pago de aportes a seguridad social, lo que también genera la sanción del artículo 65 del CST (f.° 3 a 6, cuaderno de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la providencia del fallador de alzada de quebrantar por el camino indirecto por el submotivo de aplicación indebida, los «artículos 23, 24 y 25 de la Ley 50 de 1990, artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, artículo 2° del Decreto 2025 de 2011, artículos 65, 64, 249, 306 del CST, artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993».

Plantea como errores evidentes de hecho, los siguientes:

1. Dar por probado, sin estarlo, que la relación que tuvo mi

mandante con la demandada estuvo regulada por varios contratos laborales a término fijo y que solo cuando se firmó

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Radicación n.° 86326 contrato laboral se rigió por el derecho social.

2. No dar por probado, estándolo, que el demandante sostuvo una sola relación sin solución de continuidad con la demandada y no varios contratos separados.

3. Dar por probado, sin estarlo, que el demandante dejaba de prestar sus servicios durante los periodos intersemestrales a la

Universidad.

4. No dar por probado, estándolo, que el demandante prestaba sus servicios de manera continua durante todo el año a la Universidad, configurando así la relación laboral sin solución de continuidad.

5. Dar por probado, sin estarlo, que no se genera condena por indemnización moratoria.

6. Dar por no probado, estándolo, que se genera la indemnización moratoria en razón al no pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social.

Lo previo, por la apreciación errónea de: a) el contrato de asociación firmado con la «Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional» y con la CTA La Comuna; b) los lazos laborales suscritos con la universidad y, c) los testimonios de los compañeros de trabajo, Gustavo Arbeláez y Juan José Triana. Argumenta que el ad quem apreció impropiamente dichas probanzas, ya que el realizó las mismas funciones todo el año y en los periodos intersemestrales continuaba prestando el servicio en consultorio jurídico, por lo que no entiende cuáles razones evidenciaban las rupturas significativas. Sostiene que es incongruente afirmar que existieron

lapsos prolongados entre las relaciones, pues justamente se estaba buscando desnaturalizar el lazo laboral y ocultar

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Radicación n.° 86326 tiempos, por lo que aduce no es suficiente con dar «inadecuadamente por cierto los contratos de asociación y hacer una interpretación amañada de los testimonios», con el objeto de determinar que la labor se prestó durante los periodos que dicen los contratos asociativos, cuando los compañeros de trabajo aseveraron que no existió solución de continuidad. Luego, reitera en idénticos términos todo lo expuesto en el cargo inicial (f.° 6 a 10, ibidem).

VIII. RÉPLICA La CTA La Comuna sostiene que es un error denunciar la violación directa de las normas enlistadas en la proposición jurídica, cuando fueron ellas las que tuvieron en cuenta los operadores judiciales para sentenciar. Sostiene que el Tribunal, conforme al principio de la realidad sobre la formalidad estableció la existencia de sendos contratos de trabajo. Aunado a que en ninguno de las denuncias se concreta cuál fue el yerro del operador.

Menciona que, siguiendo la sentencia CSJ SL, 30 sep. 2008, rad. 20933, una vez declarado el nexo, no puede hacerse caso omiso a la duración o plazo pactado. Señala que el colegiado hizo un extenso análisis de las pruebas, entre ellas las declaraciones de parte, los certificados, los convenios asociativos, los contratos laborales, lo que coincide con la confesión del demandante, encontrando que las interrupciones de los nexos fueron superiores a un mes; sin

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Radicación n.° 86326 que pueda acreditarse lo contrario con los testimonios que no son prueba calificada. Puntualiza que el censor olvida que el último vínculo, que lo fue a término indefinido, finalizó por decisión unilateral del empleador y, por ello, se le pagó la indemnización por despido. Frente a las indemnizaciones moratoria y por no consignación de cesantías, alude que el censor se inventó los razonamientos del juez plural, ya que, contrario a lo afirmado en el cargo, el colegiado «estableció que existió el pago de las diversas acreencias y al no haberse probado que existió unidad contractual, no había lugar al reajuste [… en tanto todas las prestaciones sociales que no había prescrito, le fueron canceladas», luego entonces «no existiendo valor o suma alguna de dinero por reconocer, no hizo análisis alguno de la buena o mala fe». Además, que las cesantías causadas en la ejecución del contrato a término indefinido fueron consignadas. Lo mismo sucedió cuando dijo que según el colegiado el empleador actuó de mala fe, cuando en realidad nunca hizo alusión a ello. En cuanto a la contratación de profesores de instituciones educativas, cita la sentencia CC C483-1995, así como una providencia de esta Sala sin identificarla, pero que aludió al artículo 101 del CST, para afirmar que se han

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Radicación n.° 86326 avalado los nexos a término fijo en estos eventos. Señala que según el censor se prestaron servicios en consultorio jurídico, cuando ese hecho no está probado en el

plenario, pues, por el contrario, conforme a la prueba testimonial y confesión del interrogatorio de parte del petente, en realidad se desempeñó como docente «de medio tiempo o tiempo completo». Enfatiza que no se desvirtúa la confesión del accionante sobre la forma en que laboró (f.° 1 a 25 del cuaderno de réplica de la CT La Comuna del cuaderno digital de la Corte). La Universidad Cooperativa de Colombia aduce que las exigencias del recurso extraordinario fueron incumplidas en el examine, ya que confrontando los argumentos del ad quem con los de los cargos, no se logra derribar la presunción de acierto y legalidad de la decisión (CSJ SL390-2018 CSJ

SL1012-2019 y CSJ SL142-2020).

En cuanto al primero, sostiene que se dirige por la senda jurídica, pero se traen discrepancias fácticas; que el Tribunal no hizo exégesis alguna sobre el artículo 46 del CST que permitiera denunciar su interpretación errónea y para descartar la existencia de una única relación laboral, solo citó el canon 101 del CST, lo que guardó consonancia con las sentencias CSJ SL, 23 abr. 2001, rad. 15623 y CC C4831995. Frente a la denuncia segunda, asevera que esta Sala ha requerido unos requisitos, plasmados, por ejemplo, en

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Radicación n.° 86326 decisión CSJ SL, 6 nov, 2019, rad. 73333, que se vulneraron, pues: i) los argumentos refieren a conclusiones alejadas a lo que objetivamente, en su literalidad, dicen las pruebas; ii) los

testimonios no son medio calificado, según artículo 7° de la Ley 16 de 1969 y, iii) la confesión del actor no fue atacada, lo cual es más que suficiente para desestimar la denuncia. Esgrime que no se elaboró reproche alguno en cuanto al criterio de esta Sala, al que acudió el colegiado, para determinar la no continuidad del vínculo conforme a la duración de las interrupciones (f.° 1° a 21, documento de réplica de la Universidad Cooperativa de Colombia del cuaderno digital de la Corte).

IX. CONSIDERACIONES Como se ha reiterado en innumerables ocasiones, la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, ya que una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable, con lo cual hace imposible el estudio de fondo de los cargos.

Y es verdad que se ha reconocido la necesidad de adaptar las exigencias formales reseñadas a la defensa y realización material de los derechos fundamentales en el trabajo y la seguridad social, pero ello no conlleva, en modo alguno, a que esta sede se hubiera transformado en un foro

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Radicación n.° 86326 abierto, en el que se pueda desplegar cualquier tipo de argumentación, protesta o lamentación respecto del resultado de un determinado juicio. Existen ciertas formas mínimas que no pueden ser desatendidas, en tanto que, además de que constituyen presupuestos legales vigentes,

buscan darle racionalidad y cumplir el debido proceso (CSJ SL2349-2020). Así, la acusación contiene deficiencias de orden técnico, como pasa analizarse:

1. El recurrente denuncia la interpretación errónea

(cargo primero) que implica cuestionar la intelección que le dio el fallador a la norma que resulta aplicable al caso, al otorgar por exceso o defecto, un entendimiento que no corresponde, es decir, involucra necesariamente un análisis de ella (CSJ SL3140-2020, reiterada en CSJ SL1118-2021) y la aplicación indebida (cargo segundo), la cual ocurre cuando, pese a realizar una hermenéutica apropiada, la empleó a un hecho no previsto por ella o extralimitó su ámbito de vigencia temporal o cercenarla (CSJ SL, 27 mar. 2007, rad. 30377, citada CSJ SL11862-2017 y CSJ SL31182019); supuestos que no se configuran en el sub lite, dado que: 1.1. Los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 50 de 1990, por los que, respectivamente, se modificaron los 164, 168 y 172 del CST referentes al descanso en sábado, liquidación de los recargos y el descanso dominical remunerado, así como el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 relativo a la formalización

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Radicación n.° 86326 y generación de empleo, regulan materias totalmente ajenas al proceso. 1.2. El 2° del Decreto 2025 de 2011 por el cual se reglamentó la Ley 1233 de 2008 y la Ley 1429 de 2010 que,

en términos generales, competen al actuar de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado o los cánones 23 y 24 del CST a los que refirió en sus argumentos, no fueron estudiados por el ad quem, conforme a la competencia que le fijó la alzada. Esto último se asevera porque el juzgador no analizó ni empleó tales mandatos, por la potísima razón que consideró, desde el inicio de la determinación, que no se debatía la prestación de servicios a favor de la institución universitaria demandada y que todo tiempo acreditado que se laboró a su favor se hizo bajo una relación de naturaleza laboral. Es decir, que incluso en aquellos lapsos que fue a través de la CTA, se dio bajo el marco de un contrato de naturaleza de trabajo con la universidad. 1.3. Se cuestiona «la Ley 100 de 1993» de forma general, sin especificar qué parte del articulado fue transgredido, lo que tampoco se advierte del ataque y lo cual resulta errado, a la luz de lo enseñado en la sentencia CSJ SL6684-2014, reiterada en las CSJ SL13169-2017 y CSJ SL1440-2019. Por lo tanto, el juzgador no otorgó a tales disposiciones efectos disimiles a los que contempla, ni las implementó en supuestos fácticos que no corresponden.

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2. Así mismo, en los argumentos se refiere a que el ad quem no aplicó los preceptos 23 y 24 del CST, lo que permitiría entender que quiso acudir en realidad a la modalidad de infracción directa. Sin embargo, esto tampoco

es acertado, ya que para incurrir en tal yerro jurídico la normativa atacada debía ser la llamada a disciplinar la situación sustantiva que se analiza (CSJ SL2835-2015), lo que no ocurre pues, conforme al ámbito de estudio que le fijaron los recursos de apelación, como se adujo previamente, se excluyó del debate en segunda instancia la discusión en cuanto a la naturaleza de la relación (siendo que es laboral), sino que se centró en su unicidad.

3. Igualmente, se alude en los fundamentos que el actuar del colegiado riñe con el artículo 46 del CST, pero en ninguno momento se esboza la modalidad de violación, siendo deber del censor señalar de manera clara en cuál de los sub motivos incurrió el juez de alzada, si por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, como lo impone el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del

CPTSS. Indicar con claridad ello es lo que le permite a esta Corporación confrontar la sentencia acusada con los preceptos legales denunciados y por lo rogado del recurso, no le es dable a la Corte elegirla a su arbitrio (CSJ SL184002017, reiterada en CSJ SL4003-2020).

4. Ahora bien, si bajo cualquier escenario se entendiera que es viable omitir las falencias previas, la Sala aún se

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Radicación n.° 86326 encontraría limitada para analizar de fondo las acusaciones, en tanto que la censura estructura afirmaciones alejadas a la realidad, arremetiendo fundamentos que el Tribunal no

esbozó o desarrolló, como si estuviese debatiendo otra decisión. De tal forma se avizora, cuando el impugnante refiere que: 4.1. Erró el colegiado al «no condenar al despido sin justa causa, en cuanto a la indemnización […] del artículo 64 del CST, pues no (sic) la parte demandada no probó que dicho despido hubiera sido con justa causa», pero en verdad el colegiado adujo que aquella no procedía, en tanto que, pese a que sí finalizó «por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la universidad», como lo extrajo de la carta de despido (f.° 15 y 16 del cuaderno del juzgado), se demostró que se pagó el rubro reclamado en la suma de $3.808.346. 4.2. En el estudio de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, el operador judicial «presenta un raciocinio encaminado a acceder a la pretensión, argumentando que si existió mala fe, que la demandada actuó temerosamente al contratar mediante tercerización por intermedio de cooperativas y que debió haber contrato desde el comienzo mediante contrato de trabajo», pese a lo cual concluye que no emanaba esta condena, «aunque se acreditó la mala fe».

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Radicación n.° 86326 No empece, ninguno de dichos argumentos los dijo el juez de