CSJ - SL561-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL561-2023 Radicación n.° 86454 Acta 06 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauró ELIZABETH CHURIO SALINAS, habiéndose reconocido como sucesor procesal de la recurrente al PATRIMONIO

AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y

PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.

A. ESP -FONECAadministrado por la FIDUPREVISORA S. A.

I. ANTECEDENTES Elizabeth Churio Salinas llamó a juicio a Electrificadora del Caribe S. A. ESP, con el fin de que se declarara la ineficacia

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Radicación n.° 86454 del Acta de Conciliación n.° 0134 del 8 de febrero de 2008 celebrada entre las partes, en todo aquello que fuera contrario a la naturaleza convencional de su pensión de sobrevivientes y a la sentencia de casación CSJ SL3844-2016 que ordenó reajustar la prestación de su cónyuge fallecido Rafael Enrique Bracho Bonilla, conforme lo estableció en el parágrafo 3° del

artículo 1° de la Ley 4ª de 1976; que tenía derecho a recibir en un pago único por el valor de las mesadas futuras correspondientes al periodo de expectativa de vida. Que en consecuencia, se ordenara a la demandada incluir en el monto de la mesada pensional los reajustes de tracto sucesivo de la Ley 4ª de 1976, de acuerdo con la sentencia CSJ SL3844-2015 y que se aplicaran sobre lo que devengó el causante, entre el 1° de enero del 2000 y el 11 del mismo mes de 2008 fecha del deceso y los que se siguieran generando sobre el mayor valor de la pensión que quedó a cargo de la empresa, luego de la compartibilidad con aquella que le otorgó el ISS como sustituta siempre que se mantenga las condiciones de hecho y derecho para la condena impuesta; las diferencias causadas por el referido periodo debidamente actualizadas y en lo sucesivo; se incluyera en la estructura del cálculo actuarial como en la revelación contable del pasivo pensional de la sociedad enjuiciada el monto de las mesadas futuras que se produjeran a su favor en el periodo de la expectativa de vida probable procediendo a realizar las reservas para tal fin; que se condenara al pago de las costas procesales. Fundamentó sus peticiones en que Rafael Enrique Bracho Bonilla fue pensionado por la Electrificadora de la Guajira, a

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Radicación n.° 86454 partir del 28 de junio de 1996, con base en lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención Colectiva de Trabajo 1987-1989,

mediante Resolución n.° 000479 de fecha 28 de junio de 1986; que el 18 de agosto de 1998 se dio la sustitución patronal con la Electrificadora del Caribe S. A. ESP; que el IPC en el año 1999 se redujo a dos dígitos 9.23 % por lo que se activó la protección establecida en el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, para aquellas pensiones que no superaban los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes; que los pensionados reclamaron a la empresa este beneficio, pero se les respondió que la norma había perdido vigencia y únicamente era aplicable lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Que debido a lo anterior, el causante hizo parte de los jubilados que instauraron proceso judicial para el reconocimiento de dichos reajustes, conforme a la Ley 4ª de 1976; que el ISS le otorgó al señor Bracho Bonilla pensión de vejez, a través de Resolución n.° 6345 de 12 abril de 2002; la cual fue compartida con la de jubilación, a partir del 18 de octubre del mismo año; quedando el mayor valor a cargo de la empresa; que este falleció el 11 de enero de 2006, sin percibir los reajustes demandados. Aseveró que, mediante Acto Administrativo 11875 de 2006, el ISS le concedió prestación de sobrevivientes como sustituta, en cuantía de $599.106, a partir del 11 de enero de 2006; que la empresa le dio trámite a la solicitud pensional y el 3 de marzo de 2006 le confirió una pensión voluntaria y

aprovechándose de su estado de necesidad la indujo a suscribir

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Radicación n.° 86454 el Acta de Conciliación n.° 0134 de 8 de febrero de 2008, con el propósito de dirimir cualquier controversia jurídica presente o futura entre las partes y le reconoció su condición de compañera permanente con efectos retroactivos, a partir del 11 de enero de 2006, precisando en la cláusula décima primera que la asignación que se le otorgaba se reajustaría anualmente, conforme a la ley; justificando su conducta con una constancia que la del causante tuvo origen convencional y que en esta no se consagró la figura de sustitución pensional. Adujo que Electricaribe S. A. ESP le redujo como sustituta el monto de la jubilación que devengaba el causante en la suma de $510.147 desde el día siguiente de su muerte; que le canceló deficitariamente aplicándole anualmente los reajustes que dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Aseguró que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla ordenó el reajuste de la pensión de Rafael Enrique Bracho Bonilla con el mecanismo de la Ley 4ª de 1976, a partir de enero del 2000 y, en adelante, mientras se mantuvieron las condiciones de hecho y derecho que dieron origen a la condena impuesta, decisión que no se casó mediante sentencia CSJ SL3844-2015 quedando en firme; que en vida se le abonaron $31.053.076 sin incluir indexación, que estando reconocida como sustituta no se le incorporó el pago ordenado en dicha

decisión, sobre el mayor valor a cargo de la empresa y su mesada se mantiene desprovista de dichos reajustes; que la enjuiciada le adeudada la suma de $463.655.976,oo, una vez descontando lo abonado, sin perjuicio de la indexación.

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Radicación n.° 86454 Indicó que la demandada no disponía de un cálculo actuarial en el que aparezca revelado i) la pensión que reclama; ii) los reajustes de la Ley 4ª de 1976 y iii) la reserva actuarial de las mesadas futuras; que se denunció la convención con el fin acabar con este derecho. Manifestó que la accionada no tenía un patrimonio autónomo en garantía que administrara los recursos de las pensiones actuales y futuras de los trabajadores; que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la intervención con fines de liquidación desde el 14 de marzo de 2017, lo que pone en riesgo su derecho, por lo que necesitaba que se le cancelara en un pago único (f.° 1 a 24, cuaderno principal). Electricaribe S. A. ESP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que al causante se le otorgó pensión de jubilación convencional; que operó la sustitución patronal; la respuesta dada a la reclamación por reajuste de la Ley 4ª de 1976, que el pensionado inició proceso judicial para obtener lo peticionado; que el ISS le concedió la prestación de vejez que era compartida con la que se le venía pagando, el mayor valor que quedó a cargo de la empresa; que la demandante era la cónyuge;

lo expuesto en la cláusula primera de la conciliación; que por fallo judicial del Tribunal Superior de Barranquilla se le otorgaron los reajustes reclamados al señor Bracho Bonilla; que dicha decisión está en firme. Respecto de los demás dijo no ser ciertos o no constarle.

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Radicación n.° 86454 En su defensa propuso como excepciones de cosa juzgada, inexistencia de la obligación, carencia de la acción, buena fe y prescripción (f.°258 a 291, cuaderno principal)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 3 de octubre de 2018 (f.°284 CD y 285 Acta, cuaderno principal), resolvió: PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de COSA

JUZGADA, EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y CARENCIA DE LA

ACCIÓN.

SEGUNDO. Declarar probada la excepción de PRESCRIPCIÓN como consecuencia de lo anterior condenar a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP al reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente en un 100% de la que en vida devengaba RAFAEL BRACHO BONILLA (finado), en favor de la señora ELIZABETH CHURRIO SALINAS, a partir del día siguiente de acaecido su fallecimiento. Pero solo se adeudarán mesadas a partir del 20 de abril del 2015, teniéndose como mesadas reajustadas según los fallos aportados para 2015 la suma de cinco veces el salario mínimo

legal vigente. La cual se mantendrá en cinco salarios mínimos y hasta la finalización de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora ELIZABETH CHURRIO SALINAS. Igualmente se autoriza a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE ELECTRICARIBE S. A. ESP a descontar bajo los postulados de compartibilidad los emolumentos devengados por la actora como pensión de sobreviviente ante COLPENSIONES. Igualmente se autoriza al descuento del retroactivo pensional de dichas mesadas pagadas a favor de la actora a partir del 20 de abril del 2015 por parte de COLPENSIONES. En este orden de ideas la mesada inicial del 2015 es la suma de $3.221.750 de la cual se descontará para ese año la suma devengada por pensión de sobreviviente $841.683.53. dando como retroactivo.

TERCERO: Condena en costas a la parte vencida

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al conocer del recurso de apelación de la parte demandada, mediante fallo del 31 de mayo de 2019, (f.° 296

Acta y 296 A CD, cuaderno del Tribunal) decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia apelada, en el sentido de: la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. debe reconocer y pagar a la demandante la suma de $147.526.084,32, por concepto de retroactivo pensional causado por las diferencias dejadas de pagar, desde el 20 de abril de 2015 hasta

el 30 de abril de 2019, cantidad que deberá reconocerse debidamente indexada previo a los descuentos para salud hasta el momento de su pago, y las que en lo sucesivo se causen, siempre que no superen los 5 SMMLV, evento en el cual se aplicará el IPC del respectivo año. El mayor valor a cargo de Electricaribe para el año 2015 es de $ 2'536.021,06 y para el año 2019 de $ 3340.067,84.

SEGUNDO: Sin Costas en esta instancia.

TERCERO: Oportunamente devuélvase el proceso al juzgado de origen.

Consideró como problemas jurídicos a determinar si la pensión de jubilación reconocida por la Electrificadora de la Guajira S. A. al finado Rafael Bracho Bonilla era susceptible de trasmitirse por la figura de sustitución pensional a la peticionaria en condición de beneficiaria y de ser así si le asistía derecho a recibir el reajuste convencional del 15 %, de acuerdo con la Ley 4ª de 1976 y si al aplicar estos dentro de los años subsiguientes se excedía el límite de los cinco salarios mínimos, fijado por la misma norma convencional. Afirmó que no fue objeto de discusión que la Electrificadora de la Guajira le reconoció al señor Bracho Bonilla pensión de jubilación convencional, en cuantía inicial

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Radicación n.° 86454 de $492.831,58, a partir del 28 de junio de 1996, a través de la Resolución 478 del mismo año; que dicha obligación fue asumida por la Electrificadora del Caribe S. A. ESP, en virtud

del convenio de sustitución patronal suscrito con la Electrificadora del Atlántico; que falleció el 11 de enero de 2006 y que a la reclamante le fue reconocida la pensión de sobrevivientes por Colpensiones, en su «condición de cónyuge supérstite», en la suma de $599.106, mediante Acto Administrativo GNR 11875 del 26 de octubre de 2006. Arguyó que, tampoco se discutió que la petente y el pensionado eran «compañeros permanentes» como la convivencia y vida marital que sostenían, pues fue admitido con la contestación de la demanda y, además, en el hecho 7° del Acta de «Conciliación 4404 del 13 de agosto de 2009». Indicó que respecto de la prestación reclamada esta Sala ha sostenido que el citado derecho se sustituía a los beneficiarios del causante, aunque se tratara de pensiones convencionales en las que no se hubiera previsto la transmisión a los herederos; que así se precisó en la sentencia CSJ SL, 26 ab. 2015, rad. 23856, cuando concluyó que si en determinados y particulares eventos un trabajador disfrutaba una pensión convencional y de otra concurrentemente, nada impedía que esas asignaciones pudieran transmitirse a sus causahabientes en las mismas condiciones que la disfrutaba el titular inicial, puesto que la figura de la sustitución pensional se sustenta en que la muerte del jubilado, en modo alguno significa la extinción o modificación del derecho sino su sustitución a quienes

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Radicación n.° 86454 dependían de él, en los términos y condiciones fijados en las

leyes a que se refiere el opositor. Así mismo, citó otras providencias sobre la transmisibilidad de las pensiones convencionales como la CSJ SL 14 feb. 2005, rad. 22699; que el anterior pronunciamiento fue reiterado en los fallos CSJ SL, 21 ag. 2013, rad. 58650 y CSJ SL, 29 mar. 2017, rad 56514, donde fungía como parte demandada la Electrificadora del Caribe S. A. ESP y precisó que en casos como el sub examine ninguna relevancia jurídica tenía la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que el derecho a la sustitución pensional de la actora era derivado de aquel que se causó con mucha antelación a su expedición. Sostuvo que ese derecho que adquirió el causante se transmitía a sus beneficiarios; que con la Resolución GNR 11875 de 2006, expedida por Colpensiones se acreditaba que a la actora le fue reconocida pensión de sobreviviente, a partir del 11 de enero de igual año, en un valor del 100 % de la mesada inicial del fallecido, por consiguiente, que la prestación reconocida por la Electrificadora del Caribe S. A. ESP estaba llamada a ser compartida; que con base en el Acta de Conciliación n.° 134 del 8 de febrero de 2008, celebrada entre la reclamante y la demandada, se acordó que el reajuste sería de acuerdo con la ley. Refirió que en la citada acta celebrada ante el Ministerio de Seguridad Social Seccional de Atlántico las partes dejaron

expresamente plasmado lo siguiente:

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Radicación n.° 86454 […] primero que el señor Rafael Enrique Bracho Bonilla prestó sus servicios a la empresa Electrificadora de la Guajira en Liquidación, desde el 3 de mayo de 1982 hasta el 15 de junio de 1996, fecha en la que terminó su contrato de trabajo, en virtud del reconocimiento de la pensión de jubilación, que tuvo su origen en la CCT y en esta no se consagró la figura de la sustitución pensional, en el octavo se indicó que no obstante la subrogación de la empresa por virtud de lo señalado en el numeral sexto la señora Elizabeth Churio Salinas ha señalado su inconformidad en relación con la pensión de sobrevivientes. Señaló que, en el anterior acuerdo conciliatorio se encontraban derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables referentes a la pensión de jubilación convencional, que se le transmitió a la actora, por tal razón resultaba ineficaz lo plasmado en él, toda vez que la empresa debió dar plena aplicabilidad a las Convenciones Colectivas de trabajo vigentes de 1983 a 1985 y de 1998 a 1999 tal como lo consideró el a quo. Respecto a la aplicación del reajuste pensional de la Ley 4ª de 1976 sobre la prestación de sobrevivientes a la que tenía derecho la actora por parte de la demandada precisó que lo accesorio seguía la suerte de lo principal, por lo que como sustituta del causante se le hacían extensivas y aplicables las disposiciones convencionales que contemplaban el reajuste reclamado, el cual le fue otorgado al fallecido en el trámite de

un proceso ordinario; que las mesadas pensionales convencionales devengadas por la suplicante y pagadas desde el año 2014, no excedían los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, razón por la cual le asistía el derecho al ajuste pensional de su mesada, conforme a la CCT, lo cual generaba diferencias a su favor frente a lo pagado por la accionada y la mesada reajustada del 15 % hasta el tope fijado por la normativa en comento.

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Radicación n.° 86454 Así las cosas, procedió a estudiar la prescripción de dichos reajustes, señaló que el artículo 151 del CPTSS establecía un término de tres años, contados a partir de la exigibilidad de la respectiva obligación, pero era susceptible de interrupción por una sola vez, mediante el simple reclamo del trabajador, recibido per el empleador, en este caso, la demandante, causó su derecho pensional, desde el 11 de enero de 2006 y presentó la demanda el 19 de abril del 2018, logrando interrumpirla, pero operando de manera parcial frente a las diferencias pensionales causadas antes del 20 de abril de 2015, debiendo la accionada cancelar las generadas con posterioridad a esa fecha. Para efectos de liquidar los reajustes pensionales y calcular las diferencias causadas a favor de la accionante acogió la forma como lo hizo esta Sala en los fallos de instancia CSJ SL,16 may. 2018, rad. 46547 y CSJ SL, 18 jul. 2018, rad. 52656, en asuntos similares contra la misma demandada. Realizadas las operaciones aritméticas de rigor se obtuvo

diferencias a favor de la suplicante causadas, desde el 20 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2019, en la suma de $147.526.084,32 cantidad que debería reconocerse debidamente indexada previo los descuentos a salud, hasta el momento de su pago y las demás que se causen, siempre que no superen los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, evento en el cual la empresa debería aplicar el IPC del respectivo año anterior, estableciéndose que el mayor valor a cargo de Electricaribe S. A. ESP para el año 2015 era de $2.536.021,06 y para el 2019 de $3.340.067.84.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Electricaribe S. A. ESP concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, en cuanto confirmó con modificaciones las declaraciones y las condenas impuestas en la decisión de primer grado, para que en sede de instancia se revoquen dichas condenas ordenadas por el a quo y, en su lugar, se le absuelva totalmente.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica conjunta y se estudiaran a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por violación directa de la ley sustancial, en la modalidad de interpretación errónea: […] de los artículos 260 y 467 del CST; la aplicación indebida de los artículos 11, 13, 46, 47 de la Ley 100 de 1993 (arts. 12 y 13 Ley 797

de 2003); 1° del A-L-N°1 de 2005 por infracción directa de los artículos 1494, 1495, 1501, 1502, 1602, 1618, 1619, 1741 del CC; 76 de la Ley 90 de 1946; 259 del CST. Igualmente, por aplicación indebida los artículos 29 de la Constitución 5° del acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) Argumentó que el cargo se centra en el error que cometió el Tribunal al aceptar el supuesto fáctico de no estar consagrada en la convención la sustitución de la pensión de jubilación por

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Radicación n.° 86454 muerte del pensionado y acogerse a una sentencia de esta Sala, para concluir que a las pensiones extralegales se les aplican las mismas reglas de las legales y que la figura de la sustitución no supone una nueva prestación sino que la causahabiente termina recibiendo la misma que en vida disfrutaba el causante. Afirma que no es acertado, porque la reconocida al señor Bracho no es igual a la que se otorgó a la demandante en las instancias, por las siguientes razones: la pensión de jubilación convencional nace de un acuerdo de voluntades en el que se establecen unos requisitos antes del Acto Legislativo 01 de 2005; que se obtuvo por haber prestado sus servicios a la entidad durante 20 años y cumplido la edad pactada; además, por ser beneficiario de la convención por estar afiliado al sindicato; el riesgo que cubre es el debilitamiento de las facultades laborales del individuo que le impiden obtener un

ingreso que es sustituido por la pensión; mientras la prestación que pide la demandante no está establecida en ningún contrato; la actora nunca trabajó en la entidad ni estaba cobijada por el acuerdo colectivo que la creó, pues nunca perteneció a la asociación sindical; el riesgo que resguarda es el de la pérdida del ingreso económico que provenía del causante. Alude que, en consecuencia, esas prestaciones son diferentes, que los riesgos que cobijan son distintos hasta el punto que la propia ley les da tratamiento desemejante; que por tanto, si la que pretende la peticionaria no es la misma y se causó en enero de 2006, luego de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, no podía ser concedida por ser contraria a la Constitución; que la pensión en discusión es inexistente;

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Radicación n.° 86454 que el Tribunal se fundamentó para conceder el derecho en un argumento jurisprudencial, pero la decisión carece de un fundamento legal, pues no existe una norma para apoyar la sentencia, que los jueces deben estar sometidos al imperio de la ley y jurisprudencia es solo un criterio auxiliar, pero no reemplaza las leyes; que no se distingue entre una pensión legal y una convencional cuando las diferencias son abismales. Reitera que en la convención colectiva no existe ninguna alusión a la sustitución pensional y, por ello, la acusación se dirige por la vía directa, pues para evacuar lo debatido el fallo no se refiere a tal acuerdo sino a las decisiones de esta Sala

sobre el tema; que esas jurisprudencias se construyen siguiendo las líneas conceptuales de las pensiones de origen legal, pero los riesgos son muy distintos y por eso las leyes de seguridad social los someten a condiciones de causación muy diferentes. Explica que la prestación concedida al señor Bracho por nacer de un acuerdo convencional está ligada a las disposiciones que regulan la materia de los contratos, esto es, al Código Civil, pero el fallador de segunda instancia no utiliza esas normas, sino que se ubica en unas expresiones jurisprudenciales que se encuentran construidas sobre preceptos distintos derivados de la seguridad social; que las partes de un contrato se obligan en los términos consignados en el mismo y por eso se insiste en que la prestación que se estableció en las CCT que suscribió se limitó a sus trabajadores y nunca se extendió a los causahabientes.

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Radicación n.° 86454 Sostiene que el Código Civil puntualiza que los términos de un contrato solo se utilizan a la materia sobre la cual se ha contratado sin aplicaciones extensivas (artículo 1619 del C.C.) y por eso, la expresión del Tribunal tomada de sentencias de las altas cortes, según las cuales la sustitución pensional representa un derecho derivado e implícito configura un error jurídico al ir en contravía de lo que enseña la disposición citada, pues si bien lo dicho por el ad quem, es cierto en relación con las prestaciones que tienen su génesis en la ley, no lo es cuando la causa de las mismas es un contrato como sucede en el presente caso. Alega que considerar consustancial la transmisibilidad de

la pensión de jubilación extralegal a unos causahabientes es actuar por fuera de la ley, sencillamente, porque no hay una sola disposición que la establezca aquella y ello solo es aplicable a pensiones pertenecientes al sistema general de pensiones, puesto que estas últimas están destinadas a cubrir riesgos, pero en el caso de la extralegal el objeto es diferente, ya que surge de un reconocimiento nacido, en una u otra forma de las consecuencias de un contrato de trabajo. Que en el presente asunto la prestación no es transmisible, ya que en la convención se condicionó a la vida del trabajador, sin contemplar su sustitución (f.° 81 a 86, cuaderno de la Corte).

VII. RÉPLICA El demandante hace una réplica conjunta a las acusaciones y manifiesta que se deben desestimar los argumentos presentados por la parte recurrente, teniendo en

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Radicación n.° 86454 cuenta que constituyen la apología de la violación del acto propio, desconociendo que la verdadera causa de la conciliación propuesta a la compañera permanente del causante no fue otra, que la de escudriñar y burlar los derechos legales convencionales adquiridos del finado, el cual como beneficiario convencional de la Ley 4ª de 1976, tenía ganado el derecho al ser sustituido por su cónyuge o la compañera permanente supérstite (f.° 145, cuaderno del cuaderno de la Corte).

VIII. CONSIDERACIONES Dada la vía escogida no se discute que la Electrificadora

de la Guajira le reconoció al señor Bracho Bonilla pensión de jubilación convencional, mediante Resolución n.° 478 de 1996; que fue asumida por la Electrificadora del Caribe S. A. ESP, en virtud de convenio de sustitución patronal; que falleció el 11 de enero de 2006; que a la demandante como beneficiaria le fue reconocida pensión de sobrevivientes mediante Acto Administrativo GNR 11875 de 2006; que entre la actora y Electricaribe S. A. ESP se suscribió el Acta de Conciliación n.° 0134 de 8 de febrero de 2008 y que le concedió una pensión voluntaria. Al respecto el Tribunal indicó que, sobre la prestación reclamada esta Sala ha sostenido que el citado derecho se sustituía a los beneficiarios del causante, aunque se tratara de pensiones convencionales en las que no se hubiera previsto la transmisión a los herederos; que así se precisó en la sentencia CSJ SL, 26 ab. 2015, rad. 23856, cuando concluyó que si en

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Radicación n.° 86454 determinados y particulares eventos un trabajador disfrutaba una pensión convencional y de otra concurrentemente, nada impedía que esas prestaciones pudieran transmitirse a sus causahabientes en las mismas condiciones que la disfrutaba el titular inicial, puesto que la figura de la sustitución pensional se sustenta en que la muerte del jubilado, en modo alguno significa la extinción o modificación del derecho sino su sustitución a quienes dependían de él, en los términos y

condiciones fijados en las leyes a que se refiere el opositor. La inconformidad de la recurrente se centra en que el colegiado reconoció la transmisibilidad de la pensión de jubilación convencional reconocida al causante con fundamento en la jurisprudencia de esta Sala, pues se trata de una prestación que era extralegal y en la convención colectiva no se pactó la figura de la sustitución pensional ni tampoco existe norma legal que lo permita, que al haber surgido ese derecho de un acuerdo de voluntades se debió dar aplicación a las normas del Código Civil; que la prestación que se otorgaba a la demandante no podía ser la misma que tenía el pensionado, porque además las condiciones de causación eran diferentes y además cubrían riesgos distintos. Sobre la transmisibilidad de la pensión convencional por la muerte, esta Sala ya ha tenido en la oportunidad de pronunciarse y en sentencia CSJ SL 9280-2014, expresó: […] en reciente decisión la Corte recalcó que, por virtud de los «…principios de complementariedad y subsidiaridad, la legislación suple el vacío del acuerdo entre las partes, en relación al tema de la sustitución pensional, sin que ellas puedan alegar para no

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Radicación n.° 86454 reconocerlas su no estipulación, la simple ausencia de voluntad o acuerdo, dada la preeminencia de la ley y su carácter suplementario, tratándose especialmente del tema pensional, constitucional y legalmente protegido. Así mismo en providencia CSJ SL1984-2019, expuso: […] Pues bien, en torno al tema propuesto, la Corte ha tenido

oportunidad de pronunciarse, incluso en casos contra Electricaribe, por ejemplo, en sentencia CSJ SL3168-2018, así: […] la Sala ha adoctrinado de manera pacífica que las pensiones de carácter convencional son susceptibles de sustituirse, lo cual implica que se transfiere o traslada, no solo la prestación en cuanto tal, sino también sus elementos definitorios, tal y como lo hizo esta Sala en la sentencia CSJ SL8294-2014, al establecer: Al abordar la Sala el fondo de la acusación, basta con decir, para tener por fundado el cargo, que el Tribunal se equivocó al negar la sustitución pensional de una pensión convencional, basado en un error puramente jurídico o «juris in judicando», con el argumento de no haber estado pactada en los acuerdos extralegales entre la partes. Lo anterior, porque las pensiones de jubilación de origen convencional son susceptibles de transmitirse por causa de muerte, como de tiempo atrás tiene establecido la jurisprudencia de la Sala, con base en lo legalmente dispuesto, «en cuanto atañe a la repercusiones y alcances de ese derecho con posterioridad al fallecimiento de su titular», pero debe precisarse igualmente que ello es así, salvo que convencionalmente se pacte lo contrario, esto es, que se estipule que no fuese sustituible, lo cual corresponde al principio de autocomposición de las partes. Por ello, en el presente caso, en defecto de disposición convencional, en aplicación de los principios de complementariedad y subsidiaridad, se siguen los parámetros legales, con base en normas como las contenidas en las leyes 33/1973, 12/1975, 4/1976, 44/1980;

113/1985, y más recientes como la L. 100/1993 y 797/2003. Destacándose al efecto, que la L. 71/1988, en su art. 11 prescribió: Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que a las

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Radicación n.° 86454 personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez. (Destaca la Sala)