CSJ - SL5631-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL5631-2018 Radicación n. 59625 Acta 44 Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy liquidado contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 29 de junio de 2012, en el proceso ordinario laboral que le

instauró MARTHA CECILIA SERRANO GUILLÍN.

I. ANTECEDENTES Martha Cecilia Serrano Guillín, llamó a juicio al mencionado instituto, con el fin de que se declarara que entre las partes existió contrato de trabajo entre el 1 de marzo de 1996 y el 25 de junio de 2003 sin solución de continuidad; que como consecuencia de lo anterior, se condenara al demandado al pago de cesantías, sus intereses, primas de antiguedad, de servicios y navidad, bonificación por servicios

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Radicación n. 59625 prestados, auxilio de bienestar social, familiar, auxilio de transporte, becas y auxilios convencionales; pago de los aportes a la seguridad social, horas extras, recargos, festivos, dominicales, indemnización convencional por despido sin justa causa, los perjuicios causados por la terminación del contrato (lucro cesante y daño emergente), indemnización

moratoria del «Dcto. 797/49 y Ley 244/95» o la indexación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia conforme al artículo 177 del CCA y a partir de dicha fecha, los intereses moratorios hasta el pago de lo adeudado; lo extra y ultra petita; y, las costas del proceso. Como fundamento de sus pedimentos, indicó que se vinculó a la entidad accionada, mediante «CONTRATO REALIDAD» a partir del 1 de marzo de 1996 hasta el 25 de junio de 2003; que en esta fecha el ISS dio por terminado el contrato sin justa causa; desempeñó el cargo de «AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES -ENFERMERÍA -CLINICA MEDICAS, especialidades quirúrgicas, quirófano, cuidados intensivos unidad de recién nacidos, IPS-ISS de propiedad de la demandada»; que realizó sus actividades con «pulcritud», eficiencia y responsabilidad y cumplía turnos de 8 horas diurnas y 8 nocturnas de lunes a domingo; que por su labor asistencial, cumplía turnos los sábados, domingos y festivos de cada mes, desde el ingreso hasta su retiro; que al momento del retiro devengaba la suma mensual de $972.020. Agregó que cumplía sus labores «SUBORDINADAS a entera satisfacción del 1LS.S.», que nunca tuvo llamado de

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2 Radicación n. 59625 atención, ni se le inició proceso disciplinario; que no fue afiliada al Sistema de Seguridad Social ni a una administradora de riesgos laborales; tampoco se le pagaron

los aportes ni las prestaciones económicas aquí reclamadas. Así mismo adujo, que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo por «su extensión, pues la organización sindical de la accionada, agrupaba más de la tercera parte de sus trabajadores; que la enjuiciada es empresa industrial y comercial del Estado; que cumplía las órdenes impartidas por el empleador como superior inmediato, con sometimiento a normas, reglamentos y sanciones; que debía responder y velar por el buen uso de los bienes y elementos entregados por el demandado y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los ordenados por este; y, que presentó agotamiento de la vía gubernativa, el 23 de junio de 2006 (F. 70a 76 cuad. 1). El accionado, al responder, manifestó que se oponía al éxito de todas las pretensiones. En su defensa adujo que el vínculo entre las partes fue mediante contrato de prestación de servicios regido por la Ley 80 de 1993, como enfermera «clínica médica IPS-ISS», el cual se extendió hasta la entrada en vigencia del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003; que su último contrato fue cedido en todos los derechos y obligaciones a la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, período dentro del cual suscribió sendos contratos entre los que «hubo períodos de no prestación de servicios, tal y como se prueba con la correspondiente 3

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Radicación n. 59625 constancia expedida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de ISS, Seccional Norte de Santander.

Manifestó que en los anexos arrimados con el escrito de demanda, se visualiza la existencia de un documento contentivo de la cesión de contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión de administración, mediante el cual el representante legal del ISS y el gerente de la ESE Francisco de Paula Santander -cedente y cesionarioen cumplimiento del artículo 23 del Decreto 1750 de 2003, acordaron «ceder al Cesionario a partir del 1 de julio de 2003, todos los derechos y obligaciones estipuladas en el referido contrato de prestación de servicios celebrado con la demandante (...)». Adicionó que los anteriores actos se caracterizan por el no pago de prestaciones sociales, pues aquel régimen hizo énfasis al diferenciar el contrato de trabajo del de prestación de servicios. Respecto a los hechos, aceptó únicamente el relacionado con la naturaleza jurídica de la empresa; los demás supuestos de la demanda los negó e instó a la accionante a que los probara, con el argumento de que estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993 y los costos de su afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social, debía asumirlos la contratista. Propuso la excepción previa de Falta de jurisdicción y competencia; y las de mérito, de pago, compensación y prescripción de la acción, y las que denominó «Carácter de

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4 Ie Radicación n. 59625 Servidor Público del demandante, «Carácter de Servidor Público el prestado por el reclamante», «Carencia de derecho

reclamado, «Cobro de lo no debido, «Falta de causa para demandan, «Presunción de legalidad de los actos administrativos», «Imposibilidad del ente de seguridad social de disponer del patrimonio de los coadministrados por fuera de los cánones legales», «Buena fe del ISS, «Principio de dirección, regulación y control estatal de los servidores públicos», «Principio de la unilateralidad del estado en el cumplimiento del objeto contractual, «Contrato de prestación de servicios, ausencia de relación laboral», «Ausencia absoluta de relación laboral y prestaciones sociales en contratos estatales», «Ausencia de subordinación y dependencia en los contratos estatales de la Ley 80 de 1993», «Mala fe del demandante», «Ausencia de vicios del consentimiento», «Existencia de pruebas ciertas que desvirtúan la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo» € «Inexistencia de la obligación» (f. 101-122). IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El juzgado Cuarto Laboral del Circuito del Distrito Judicial de Cúcuta, en sentencia dictada el 31 de agosto de 2010, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR LA EXISTENCIA UNA RELACION DE

TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO ENTRE LA DEMANDANTE MARTHA CECILIA SERRANO GUILLIN Y EL DEMANDADO INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -NORTE DE SANTANDERCONFORME A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE

MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, INICIANDO EL CONTRATO

PRESUNTO EN ABRIL 16 DE 2003 Y TERMINANDO LA RELACION

POR VENCIMIENTO DEL CONTRATO EN JUNIO 30/03,

DECLARANDO QUE PROSPERA PARCIALMENTE LA EXCEPCION

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Radicación n. 59625

DE PRESCRIPCION PARA LO CAUSADO HASTA JUNIO 23/03

PERO SE HACE LA SALVEDAD DE LIQUIDAR LO CAUSADO EN EL

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2003 Y NO PROBADAS LAS

EXCEPCIONES DE FALTA DE JUSRIDCCION Y COMPETENCIA,

CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO DEL DEMANDANTE Y EL

PRESTADO POR EL ACTOR, CARENCIA DEL DERECHO

RECLAMADO, COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE CAUSA

PARA DEMANDAR, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS, IMPOSIBILIDAD DEL ENTE DE SEGURIDAD

SOCIAL DE DISPONER DEL PATRIMONIO DE LoS

COADMINISTRADOS POR FUERA DE LOS CÁNONES LEGALES,

BUENA FE DEL ISS, PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN, REGULACIÓN Y

CONTROL ESTATAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA

UNILATERALIDAD DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL

OBJETO CONTRACTUAL, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS, AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL, Y TAMBIÉN, DE

PRESTACIONES SOCIALES EN CONTRATOS ESTATALES Y LA

AUSENCIA DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA EN LOS

CONTRATOS ESTATALES DE LA LEY 80/93, PAGO, MALA FE DEL

DEMANDANTE, PAGO COMPENSACIÓN, AUSENCIA DE VICIOS

DEL CONSENTIMIENTO, EXISTENCIA DE PRUEBAS CIERTAS QUE DESVIRTÚAN LA PRESUNCIÓN DEL ART. 24 DEL C. .S. DEL

T., BUENA FE DE LA DEMANDADA E INEXISTENCIA DE LA

OBLIGACIÓN.

SEGUNDO: CONDENAR AL DEMANDADO INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES -NORTE DE SANTANDERA PAGAR AL,

DEMANDANTE (SIC) MARTHA CECILIA SERRANO GUILLIN,

DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE

ESTA SENTENCIA, LAS SUMAS DE DINERO POR LOS SIGUIENTES

CONCEPTOS:

a) $ 202.504,00 POR CESANTÍAS DESDE ABRIL 16 A JUNIO

30/03.

b) $ 5.063,00 POR INTERESES SOBRE CESANTÍAS POR EL

LAPSO CITADO.

c) $ 205.504,00 POR PRIMAS DE SERVICIOS CONVENCIONAL

DESDE ABRIL 16 A JUNIO 30/03.

d) SANCION MORATORIA A RAZÓN DE UN SALARIO DIARIO DE

$2.400,67, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LAS

PRESTACIONES SOCIALES A PARTIR DE NOVIEMBRE 7/03

HASTA CUANDO SE HAGA EL EFECTIVO PAGO DE LAS

CONDENAS DE LOS LITERALES ANTERIORES.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS AL DEMANDADO INSTITUTO

DE SEGUROS SOCIALES -NORTE DE SANTANDER.

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MA Radicación n. 59625

CUARTO: ABSOLVER AL ENTE DEMANDADO INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES NORTE DE SANTANDERDE LOS DEMAS

CARGOS FORMULADOS EN LA DEMANDA.

(P. 90 a 94 cuaderno 1).

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al resolver el recurso de alzada interpuesto por ambas partes, mediante fallo emitido el 29 de junio de 2012, decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1 de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de San José de Cúcuta, el día treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010), únicamente respecto de los extremos temporales de la relación laboral existente entre las partes, los cuales son entre el 24 de junio de 1996 al 25 de junio de 2003 de manera ininterrumpida, conforme a las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada en todo lo demás.

TERCERO: Sin costas en esta esta instancia. Se confirman las de primera.

CUARTO: (...) En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem estableció que el problema jurídico planteado por los recurrentes consistía en determinar si en efecto había operado el fenómeno de la prescripción, como lo había declarado el juez de primera instancia, «si realmente no se encuentra demostrada la subordinación que estableció el a quo en su decisión y si hay lugar o no a imponer la condena

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Radicación n. 59625 por concepto de indemnización moratoria para el caso del

recurso de la demandada». Respecto al recurso de apelación interpuesto por la actora, hizo referencia a la prescripción y su interrupción consagrada en el artículo 151 del CPTSS, el cual transcribió; a renglón seguido explicó la prescripción extintiva conforme a los artículos 2535 y 2512 del Código Civil y clarificó que como lo pretendido por la promotora del proceso, era la declaratoria de la existencia de una relación laboral a partir del 1 de marzo de 1996 hasta el 25 de junio de 2003, encontró que: de acuerdo con la certificación de folio 2 a 6 del expediente la demandante prestó servicios como Supernumerario entre el 1 de marzo de 1996 al 17 de junio del mismo año en forma interrumpida Y posteriormente como contratista entre el 24 de junio de 1996 y el 25 de junio de 2003; la reclamación administrativa de que trata el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social fue presentada a la demandada el 23 de junio de 2006 (fol. 7), faltando un día para que se diera el término de prescripción y la demanda fue presentada a reparto el día 22 de abril de 2009, lo que permite concluir que el a quo acertó al declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, en consecuencia el recurso no está llamado a prosperar. Sin embargo, ha de advertir la Sala que lo que prescriben son las acreencias laborales del trabajador, más no los extremos temporales de la relación laboral que se hubiere dado entre las partes, por lo tanto en tal sentido deberán modificarse las fechas

propuestas por el A quo y declarar la existencia de la relación laboral entre el lapso de tiempo en el que la demandante prestó sus servicios de manera interrumpida. Sobre la apelación de la accionada, en cuanto a que «no se encuentra demostrada la subordinación, que debió declararse probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia y que no debió imponerse la sanción moratoria,

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8 IV Radicación n. 59625 aseveró que en relación con el elemento subordinación, bastaba señalar que de acuerdo con los contratos de prestación de servicios de folios 30 a 45, las labores desempeñadas por la demandante, eran las de auxiliar de enfermería, con cumplimiento de turnos programados por la empleadora, con impartición de órdenes y suministro de elementos de trabajo necesarios para el desarrollo de su actividad, como se infirió de la declaración de Gladys Emira Rincón Hernández, que citó de folios 128 y 129, «circunstancia (sic) que hacen presumir en su favor la existencia de una relación laboral, presunción que el apoderado de la accionada no logró desvirtuar en el proceso». Afirmó que el fundamento de la excepción propuesta de falta de jurisdicción y competencia, se basó en la prestación del servicio de la actora en la «ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER», a partir del 26 de junio de 2003, «hecho que no resulta cierto y para el efecto la Sala no solo se remite a la sentencia recurrida sino a lo expuesto en esta providencia al

evacuar el recurso de apelación de la demandante». Y finalmente, respecto a la indemnización moratoria, se remitió a la manifestación de la apelante en tanto aseveró que esta se causa cuando el trabajador es despedido o retirado del servicio, lo que no había acontecido en el sub lite, como quiera que a la demandante se le había garantizado la continuidad laboral, «pues a partir del 25 de junio de 2003 se vinculó al servicio de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, hecho que no se encuentra demostrado en el proceso y además, no fue objeto de controversia o debate en 9

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Radicación n. 59625 el mismos, razón por la cual adujo que esta afirmación constituía un hecho nuevo y en consecuencia, se relevaba de un pronunciamiento de fondo (f. 20 a 24).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandado y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la recurrente a la Corte, CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto a través de ella confirmó la condena por sanción moratoria, para que en sede de instancia, MODIFIQUE la proferida en primer grado por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta. Y en consecuencia, ABSUELVA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de la condena por concepto de la indemnización moratoria consagrada por el artículo 1 9 del Decreto 797 de 1949.

Deberá proveerse sobre las costas del recurso extraordinario y de

las instancias, Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados oportunamente y que se estudiarán conjuntamente, dada la similitud de la argumentación y perseguir igual objetivo, a pesar de la orientación por distintas vías.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida, Acuso la sentencia de violar de manera indirecta, en la modalidad aplicación indebida, los artículos 1, 8, 11 de la Ley

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10 ”” Radicación n. 59625 6%. de 1.945, 1, 2, 3, 4 del Decreto 2127 de 1945, 1 del Decreto 797 de 1949, 467, 4 (sic), 467, 470 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, en relación con los artículos 12, 13, 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, 51, 54 A, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo y 175, 176, 177, 187, 194, 195, 197 y 200 del Código de Procedimiento Civil, violación a la cual arribó el fallador con motivo de ostensibles errores de hecho, consecuencia de vicios de apreciación probatoria. Enlista como yerros fácticos del sentenciador, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que con motivo de la aplicación del Decreto 1750 de 2003, el 26 de junio del mismo ..... año la demandante, sin solución de continuidad, pasó a formar

parte de la nómina de la ESE FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que no obstante Martha Cecilia Serrano Guillín haber sido trasladada sin solución de continuidad a la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, el Instituto de Seguros Sociales, hoy en liquidación, se hizo acreedor al pago de la sanción consagrada por el artículo 1”. del Decreto 797 de 1949.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el comportamiento contractual de Instituto de Seguros Sociales, hoy en liquidación, estuvo revestido de buena fe, razón por la cual no está obligado al pago de la sanción consagrada por el artículo 1”. del Decreto 797 de 1949.

Acto seguido relaciona como pruebas erróneamente apreciadas y no valoradas, las siguientes: Medios de prueba mal apreciados . «Confesión de parte contenida en la contestación de la demanda» (£.101 a 122). . «Documento contentivo de la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Instituto» (”. 256 a 257). . «Como medio no calificado, el testimonio rendido por GLADYS EMIRA RINCÓN HERNÁNDEZ (f. 128 a 130. Prueba dejada de apreciar

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Radicación n. 59625 «Confesión de parte contenida en el interrogatorio absuelto por la demandante en el proceso» (F. 135 a 138). En sustentación del cargo, copia un pasaje de la sentencia acusada, relacionado con la afirmación del ad

quem en cuanto tuvo por no demostrada en el proceso, la continuidad de la prestación del servicio de la actora en la ESE Francisco de Paula Santander a partir del 25 de junio de 2003, ya que en el escrito de contestación de la demanda (P. 101 a 122), se hizo énfasis en que el nexo de la demandante con el Estado mo murió cuando se produjo la escisión de las áreas operativas y de servicios ordenada por el Decreto 1750 de 2003, sino que ésta, (...) continuó vinculada, sin solución de continuidad, con la recién creada ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER», lo cual se acredita con el contenido de la respuesta a los hechos primero y segundo del libelo inicial. Asevera que en el escrito de alzada (F 256 a 257), se esboza como argumento principal contra la condena por indemnización moratoria la circunstancia de que Serrano Guillin no fue desvinculada del servicio del Estado sino que, por virtud del mandato del Decreto 1750 de 2003, pasó a formar parte de la ESE Francisco de Paula Santander, «tesis que fue esgrimida en concomitancia con el dicho de la Entidad al contestar los hechos Primero y Segundo de la demanda inicial», afirmación que quedó «perfectamente demostrada en el proceso, con la confesión de la demandante en el curso del interrogatorio de parte y el testimonio de Gladys Emira Rincón Hernández, quien manifestó, que fue compañera de trabajo de la actora, desempeñando funciones de Auxiliar de

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12 11 Radicación n.” 59625

Enfermería, lo cual coincide con lo dicho por la demandante cuando dijo que «una y otra pasaron a la planta de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTADER cuando entró en vigencia el Decreto 1750 de 2003». Arguye que las mencionadas pruebas acreditan que desde la contestación de la demanda, el interrogatorio de parte formulado a la demandante y el contrainterrogatorio formulado a la testigo Rincón Hernández, «para desembocar en el escrito de sustentación del recurso de apelación, la parte demandada hoy recurrente, «sí argumentó y discutió el hecho de que en el año 2003 Martha Cecilia Serrano Guillín pasó a prestar servicios a la ESE (...), en virtud del Decreto 1750 de ese año, (...) se escindió del Instituto de Seguros Sociales el área operativa y de servicios, habiéndole correspondido a ella incorporarse a ese nuevo ente». Itera que al confesar la accionante que pasó a prestar sus servicios a la ESE Francisco de Paula Santander y la testigo Gladys Emira Rincón Hernández haber manifestado que junto con la demandante fueron compañeras de trabajo y pasaron a formar parte de la planta de la ESE, esta debió ser la conclusión del Tribunal, «que de haberse tomado el trabajo de apreciar correctamente los escritos presentados por el representante judicial de la Entidad y la declaración de la única testigo del proceso», y en el mismo «sentido hubiera encaminado su discurso si, inexplicablemente no hubiera dejado de apreciar la confesión libre y espontánea efectuada por Serrano Guillín al responder el interrogatorio (...)», no habría cometido el evidente yerro fáctico de no dar por

demostrado, que con motivo de la aplicación del Decreto SCLAIPT-10 v.00 13 Radicación n. 59625 1750 de 26 de junio de 2003, la promotora del proceso, sin solución de continuidad, pasó a formar parte de la mencionada Empresa Social del Estado; y en ese orden de ideas, el ad quem «no habría mal aplicado el artículo 11 de la Ley 6 de 1945 por la también mala aplicación del artículo 19. del Decreto 797 de 1949, normas que solo cobran su vigencia cuando a la terminación del vínculo el deudor laboral no paga lo debido, evento que no ocurrió en el sub judice. En apoyo de los anteriores argumentos, trajo a colación apartes de las sentencias de esta Corte, CSJ SL, 25 ag. 2009, rad. 34809 y CSJ SL, 2 jun. 2009, rad. 35116 (f. 45 a 53). VII CARGO SEGUNDO Denuncia la sentencia recurrida de violar de manera directa en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 11 de la Ley 6 de 1945 y 1 del Decreto 797 de 1949. En sustentación del mismo, afirma que no es materia de discusión los supuestos fácticos de la sentencia “con la existencia del contrato ficto del trabajo”, sus extremos, el salario que lo rigió y la ausencia de pago de prestaciones sociales. Reproduce un pasaje de las consideraciones de la sentencia acusada, en la que el sentenciador colegiado, coligió que no se había demostrado la continuidad del

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14 Radicación n. 59625 servicio prestado por la demandante, a partir del 25 de junio de 2003, con la ESE Francisco de Paula Santander y le critica que no hubiere realizado ninguna consideración de fondo para establecer si era procedente o no la condena por concepto de indemnización moratoria, o en otro caso, frente a razones de hecho derivadas del juicioso análisis del material probatorio, «debía aplicar la vía exceptiva Jjurisprudencialmente consagrada como liberatoria de la carga sancionatoria, con motivo de la presencia de buena fe contractuab. Insiste en que está sentado jurisprudencialmente que para que la sanción consagrada en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949 pueda considerarse como producto: de una correcta interpretación normativa, se requiere un serio estudio judicial del acervo probatorio y de «todas las circunstancias anejas al vínculo y al trámite procesab y que era imperativo que el sentenciador evaluara entre otras, «la hipotética manifestación de conformidad o desacuerdo de la contratista durante la ejecución del vínculo, por el no pago de los derechos, que su juicio, le correspondían o la razón de aceptación inicial de la naturaleza jurídica de la relación». Refuerza lo dicho, con las sentencias CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 36821 y CSJ SL, 21 abr. 2009, rad. 35414, de las cuales reprodujo parcialmente su texto. Concluye, que si el Tribunal le hubiera dado el verdadero alcance a la norma, habría hecho el análisis serio de las circunstancias que rodearon la vinculación en aras de

establecer si la buena fe, como vía de excepción, podía tener

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Radicación n. 59625 aplicación en el sub judice, como en efecto la tiene (F. 53 a 59).

VII. RÉPLICA Señala que no obstante los cargos se dirigen por sendas diferentes, presenta oposición conjunta y a renglón seguido transcribe el texto del alcance de la impugnación que plantea la censura, arguye que como el único objetivo de la recurrente en el petitum de la demanda y en los cargos formulados es lograr el quebranto de la indemnización moratoria, bajo el argumento que la demandante pasó sin solución de continuidad a la ESE Francisco de Paula Santander, «fácil es advertir que tal pedimento deviene en inestimable, pues si en verdad quería lograr ello, debía en primer lugar controvertir el extremo final de la relación laboral, que lo es el 25 de junio de 2003 (...)» (Lo resaltado del texto original).

Que los cargos están llamados al fracaso, pues la replicante deja incólume el extremo final de la relación laboral, en tanto el vínculo no finalizó en la mencionada fecha, sino que continuó sin solución de continuidad; que el fallador no incurrió en la interpretación errónea del artículo 11 de la Ley 6 de 1945 en relación con el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, por cuanto las razones para confirmar el fallo del a quo fue que la continuidad laboral no estaba demostrada en el proceso y menos controvertida (P. 65 a 68).

IX. CONSIDERACIONES De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del

CPTSS, los motivos o causales del recurso de casación en

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Radicación n. 59625 materia laboral son la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea; asimismo, el artículo 7 de la Ley 16 de 1969 señala que el error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de la inspección judicial. Ahora, el Tribunal fundamentó su decisión confirmatoria de la sanción moratoria al demandado, por no encontrar probado que el vínculo laboral de la accionante, con posterioridad al 25 de junio de 2003 -fecha de terminación con el ISS-, hubiere continuado con la ESE Francisco de Paula Santander; que además, dicho aspecto no había sido objeto de controversia ni debate en el proceso; y por tanto, resultaba «un hecho nuevo» y en consecuencia, se relevó de hacer pronunciamiento de fondo en relación con este punto. En ese orden, la censura manifiesta que el ad quem incurrió en los yerros fácticos enrostrados, i) al no dar por demostrado, estándolo, que en virtud de la aplicación de la aplicación del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, la demandante pasó a formar parte de la nómina de la ESE Francisco de Paula Santander, sin solución de continuidad; ii) que dio por demostrado sin estarlo , que la actora no había sido trasladada a esta empresa social del Estado, motivo por el cual el demandado se hizo acreedor de la sanción

moratoria contemplada en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949; y, iii) que no dio por demostrado, estándolo, que el

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Radicación n. 59625 comportamiento contractual del Instituto de Seguros Sociales, hoy en liquidación, estuvo revestido de buena fe, razón por la cual no está obligado al pago de la sanción consagrada por el artículo 1 del Decreto . 797 de 1949. Advierte la Sala, que no son materia de cuestionamientos los siguientes supuestos: que la actora estuvo vinculada como trabajadora oficial al instituto demandado del 24 de junio de 1996 al 25 de junio de 2003; y que su cargo era el de auxiliar de servicios asistenciales de enfermería (f.? 2 a 6). De conformidad con lo expuesto por la recurrente, se reprocha, la equivocada apreciación realizada por el sentenciador colegiado, de los escritos de contestación de la demanda, el recurso de apelación y el testimonio de Gladys Emira Rincón Hernández; al tiempo que acusa como prueba no valorada, interrogatorio de parte que absolvió la demandante. Escrito de contestación de la demanda. Del examen de la respuesta al libelo introductorio en relación con los supuestos fácticos 1 y 2 (P. 70 y 101) se extrae, que el instituto accionado negó el nexo contractual laboral con la promotora del juicio, cuando manifestó que había sido vinculada mediante contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, los cuales «se extendieron hasta la entrada en vigencia del Decreto 1750 del

26 de junio de 2003, cuando su último contrato fue cedido en

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18 415 Radicación n. 59625 todos los derechos y obligaciones a la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander; y que tampoco era cierto, que hubiere sido despedida sin justa causa, por el contrario, «lo que aconteció» fue entre el representante legal del Instituto de los Seguros Sociales y el Gerente de la ESE anteriormente mencionada, se había establecido un acuerdo con fundamento en el artículo 23 del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, sobre cesión «de todos los derechos y obligaciones estipulados en el referido contrato de prestación de servicios, celebrado con la demandante». De lo expuesto se infiere que el demandado, desde el inicio del proceso, controvirtió la alegada terminación del contrato de trabajo sin justa causa que lo vinculó con Martha Serrano Guillín y no solo por su naturaleza, sino por la extinción mismo, en tanto afirmó que la relación «se extendió» hasta la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 26 de junio de 2003, mediante el cual se produjo la escisión del ISS, por lo que para la Sala es claro que la censura argumentó la continuidad de la prestación del servicio de la accionante con la ESE Francisco de Paula Santander, independiente de que hubiese señalado como fundamento, la supuesta celebración entre su representante legal y el gerente de la ESE, de un acuerdo o «cesión» de los derechos y obligaciones de la demandante —que no es tema objeto del recurso-, pero que sus señalamientos determinan que ejerció su derecho de contradicción y debate respecto a los

supuestos señalados por la accionante.

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Radicación n. 59625 Del escrito de apelación interpuesto por el demandado. De una lectura al referido escrito acusado como mal valorado por el Tribunal, se colige que tal co