CSJ - SL575-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL575-2023 Radicación n.° 88212 Acta 07 Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JORGE ELIECER OVALLE ROA, EFRAÍN OVALLE NIETO y MARÍA NERSI ROA PULIDO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauraron a PROTELA S. A.

I. ANTECEDENTES Jorge Eliecer Ovalle Roa, Efraín Ovalle Nieto y María Nersi Roa Pulido, demandaron a Protela S. A., para que se declarara a la última como culpable de la invalidez del primero y, en consecuencia, se ordenara la reparación integral de sus perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, así como morales y el

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Radicación n.° 88212 daño de la vida de relación, lo que se probare, más las costas. Contaron que Jorge Eliecer Ovalle Roa laboró para la demandada mediante contrato de trabajo del 27 de abril de 1998 al 27 de septiembre de 2013; que en el examen de ingreso no se dejó observación sobre la existencia de alguna patología; que a pesar de contar con seguridad social en riesgos laborales, no se le entregó el manual de funciones; que su jornada era de ocho horas, en turnos rotativos de 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 o de 22:00 a 6:00 horas, pero en

ocasiones trabajaba tiempo suplementario o en días de descanso. Narraron que el citado señor ingresó en el cargo de ayudante de planta, teniendo, entre otras, las funciones de: i) barrer permanentemente el pasillo de la planta, debido al alto porcentaje de mota de algodón; ii) alcanzar toda la materia prima solicitada por los operarios en el puesto de trabajo; iii) recolectar el reciclaje que salía de la planta; iv) pesar la producción y, v) asear o descontaminar los telares, para lo cual utilizaba sopletes de aire, que expulsaba partículas en el ambiente. Manifestaron que el señor Ovalle Roa pasó a ejercer el cargo de tejedor circular, el cual ejecutó por tres años; que sus funciones fueron: i) manipular la materia prima, entre la cual se encontraba poliéster algodón o poliéster texturizado; ii) informar las anomalías del turno; iii) recibir ciertas máquinas; iv) diligenciar tarjetas de trabajos; v) patrullar aquellas a su cargo; vi) reservar, montar hilaza en canteras,

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Radicación n.° 88212 capturar las piezas, pasar cada rollo de tela y alimentar el computador. Indicaron que el trabajador estuvo expuesto de manera permanente a alta cantidad de mota de algodón y material particulado en ambos cargos; que, por la naturaleza de las labores en la planta de producción, no se podían detener las máquinas; que tomaba los alimentos en unos minutos de descanso dentro de esas instalaciones, para lo cual debía retirarse el tapabocas, lo cual fue objeto de objeción ante la

dadora del empleo, el 21 de enero de 2010. Aseveraron que al empleado le fueron suministrados como elementos de salvaguarda, para el primer cargo: protectores auditivos desechables, tapabocas – respiradores desechables y un cinturón de cuero y, para el segundo, los primeros dos, más un mono gafas; que la accionada no realizó las pruebas de ajuste de los respiradores requeridas por la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y por 3M, conforme lo recomendó la última entidad; que no fue entrenado para el uso adecuado del citado elemento, el cual era desechable y una vez entregado no era permitido cambiarlo por otro nuevo antes de quince días desde su suministro, sin importar el grado de deterioro. Expusieron que los respiradores presentaban alteraciones y en ocasiones debían ser objeto de arreglos con bandas de cordón lycrado de la producción; que la manipulación de ese instrumento y las altas temperaturas de la planta menoscabaron la forma de la copa y su estado de

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Radicación n.° 88212 higiene; que su inadecuada utilización generaba riesgos innecesarios que podía terminar con enfermedad o muerte, según lo aseguró la empresa 3M. Afirmaron que el último cargo desempeñado por el servidor fue el de tejedor calificado, en el que perduró siete años y en cuyo ejercicio estuvo expuesto a alto material particulado, pues manipulaba elastano y lycra; que su labor se centró con regularidad en grupos de máquinas encerradas

dentro de la planta, realizando turnos diarios de doce horas, en las condiciones de descanso atrás referidas; que sus principales funciones fueron las de: i) recepción de cualquier máquina de la sección; ii) diligenciar tarjetas de trabajo; iii) patrullar las máquinas a su cargo, es decir, realizar aseo y revisión de estas y del piso, así como de la tela; iv) reservar, montar, hilazar en canteras, capturar las pieza, pesar los rollos y alimentar el computador e informar anomalías Expresaron que los elementos de protección suministrados en ese encargo fueron: overol, botas, protectores auditivos desechables, tapabocas – respiradores desechables 8210 3M, los cuales estuvieron sujetos a las anomalías antes señaladas; que la sociedad no realizó pruebas de sensibilidad de ajuste de los respiradores 8210; que tampoco ejecutó prueba de espirometría forzada o compuesta, pre y pos con broncodilatación. Arguyeron que en agosto del 2008, Jorge Eliecer presentó sintomatología respiratoria, por lo que fue diagnosticado con «neumonitis alérgica»; que el 18 de

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Radicación n.° 88212 septiembre de ese año se expidió su primera incapacidad y desde esa fecha dejó de prestar sus servicios hasta la extinción del contrato; que el 10 de febrero de 2009 se realizó un estudio de puesto de trabajo en el que se evaluaron las características del mismo, los factores ambientales y condiciones laborales; que en ese análisis se dejó constancia de que el trabajador refería «falta de oxígeno, dolor torácico,

ardor dolor, me pican los pulmones, soy oxigeno dependiente, estoy con medicamentos para hipertensión pulmonar», así como anotaciones en torno a que no ingresaba radiación solar y existía contaminación por particulado de algodón; que el ritmo de trabajo era constante, pues dependía de la máquina. Anotaron que la patología del citado señor fue calificada como de origen profesional; que el 22 de marzo de 2012 la ARL Colpatria dictaminó un 53.95 % de CPL, con fecha de estructuración el 17 de mayo de 2013; que la liquidación del contrato de trabajo fue emitida en septiembre de ese año, siendo su salario $729.720; que le fue reconocida la pensión de invalidez en cuantía del salario mínimo; que por medio de sentencia judicial, se precisó que el estado de invalidez ocurrió en septiembre de 2008. Precisaron que el 1° de octubre de 2013 se realizó el examen de egreso con indicación de no satisfactorio; que se incumplió con la Resolución n.° 1016 de 1989; que el empleado debe estar conectado a una pipeta de oxígeno 24 horas para garantizar su supervivencia; que desde 2011 acude a sesiones de psicoterapia por daño severo psicológico,

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Radicación n.° 88212 presentando estados de ansiedad, temor a la muerte, problemas de sueño, dificultades para tener pareja o realizar su paternidad, sentimiento de estancación, pérdida de placer, entre otros; que tal situación afectó a los codemandantes, quienes son los padres del señor Ovalle

Roda y dependen económicamente de él. Sostuvieron que elevaron derecho de petición a la accionada para que les entregara información sobre las fechas de cambio de tapabocas, los manuales de funciones y las capacitaciones realizadas, la cual no fue respondida de fondo (f.° 171 a197, cuaderno n.° 1). Protela S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos admitió la relación laboral con el señor Jorge Eliecer Ovalle Roda; los cargos que desempeñó, con la precisión de que el 4 de febrero de 1999 fue ascendido a tejedor circular y el 21 de noviembre de 2003 fue nombrado como tejedor calificado; la utilización de la materia prima descrita, la cual es propia de la industria textil, pero anotando que cuenta con un proceso de mitigación y control de riesgos laborales derivado de su uso. Así mismo, aceptó que el trabajador fue calificado con una enfermedad laboral; que se le dictaminó por la ARL un 53.95 % de CPL, con fecha de estructuración el 17 de mayo de 2013; que el contrato se terminó el 27 de septiembre de 2013 y se pagó la liquidación legal según el salario percibido; que fue pensionado.

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Radicación n.° 88212 Negó haber omitido la entrega del manual de funciones y la realización del entrenamiento, pues satisfizo tales deberes en vigencia del contrato; que las funciones principales de los cargos hayan sido las descritas, pues las mismas son secundarias y no está de acuerdo con «el presunto ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO aportado» Aseveró que no existía una actividad de

descontaminación; que la empresa contaba con un sistema técnico, consistente en un equipo de aire extractor que funciona permanentemente; que cada semana se hacía limpieza total de la planta con aire comprimido, eliminando las partículas del ambiente; que controla la mota y realiza todas las actividades tendientes a preservar la salud de los trabajadores. Afirmó que la maquinaría se detenía dentro del proceso productivo; que la empresa suministraba refrigerio y tenía un lugar dispuesto para su entrega; que hizo entrega de elementos de protección y realizó las actividades de ajuste de los respiradores, conforme lo certifica 3M; que hizo las pruebas de sensibilidad recomendadas por la experta contratada; que capacitó al personal en el uso de esos elementos de protección; que cambiaba los respiradores tantas veces como fuera requerido por el colaborador, sin restricción alguna; que el supervisor hacía jornadas de reposición por el deterioro normal del insumo. Señaló que no había máquinas encerradas en la sesión; que nunca se ordenaron turnos de 12 horas; que realizó dos

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Radicación n.° 88212 espirometrías al año al trabajador, las cuales dieron como diagnóstico normal y se hicieron otras de tamizaje que permitían evaluar la función pulmonar, las cuales fueron satisfactorias.

Indicó que no le constaba: i) la información clínica del trabajador, por ser información personal; ii) el contenido del estudio del puesto de trabajo, por haber sido realizado por la empresa de logística ocupacional; iii) la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez, pues no hizo parte del proceso en el que se afirma se ordenó dicha variación; iv)

la información psicológica y personal del ex empleado y su familia, por serle ajena. Formuló como excepciones de fondo las que denominó: inexistencia de las obligaciones que se pretende deducir en juicio a cargo de la sociedad demandada Protela S. A., cobro de lo no debido, prescripción, buena fe de la sociedad demandada, mala fe del demandante, pago, compensación, genérica (f.° 353 a 371, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintinueve Laboral el Circuito de Bogotá, en fallo del 21 de mayo de 2018, decidió: PRIMERO: DECLARAR que la empresa PROTELA S. A. es responsable por Culpa Patronal, de la enfermedad profesional adquirida NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD del señor JORGE ELIECER OVALLE ROA, […], la cual tiene fecha de estructuración el 30 de septiembre de 2008.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada PROTELA S. A. a pagar

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Radicación n.° 88212 al señor JORGE ELIECER OVALLE ROA, […], la suma de $161.675.691 por concepto de perjuicios materiales y la suma de 100 salarios mínimos legales vigentes por perjuicios morales.

TERCERO: CONDENAR a la demandada PROTELA S. A. a pagar la señora MARÍA NERSI ROA PULIDO la suma de 10 salarios mínimos legales vigentes por concepto de perjuicios morales.

CUARTO: CONDENAR a la demandada PROTELA S. A. a pagar al señor EFRAÍN OVALLE NIETO la suma de 10 salarios mínimos

legales vigentes por concepto de perjuicios morales.

QUINTO: ABSOLVER de los perjuicios materiales solicitado por

los demandantes MARÍA NERSI ROA PULIDO y EFRAÍN OVALLE NIETO.

SEXTO: CONDENAR a la demandada PROTELA SA al pago de costas […] Mediante sentencia complementaria, dispuso: SÉPTIMO: CONDENAR a la demandada a indexar la suma indicada por perjuicios materiales objetos de condena al momento de su pago según el IPC certificado por el DANE. […]

(acta de f.° 518 a 519, en relación con el CD de f.° 517, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de julio de 2019, al resolver las apelaciones de ambas partes, revocó la primera e impuso costas.

Dijo que no existía controversia sobre: i) la relación laboral entre Protela S. A. y Jorge Eliecer Ovalle Roa, del «24 de abril de 1998» al «27 de septiembre del 2013», pues así se aceptó en la contestación a la demanda y se corroboraba con la copia del contrato y su liquidación; ii) que el trabajador, a través de Escrito del 28 de mayo

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Radicación n.° 88212 de 2013, expedido por la ARL Colpatria, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 53.95 % por enfermedad profesional, por lo que le fue otorgada la pensión de invalidez, estructurada esta condición a partir del 30 de septiembre de 2008;

1. que el diagnóstico de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez correspondió a «neumonitis debida a hipersensibilidad a polvo orgánico no especificado»; iv) que el análisis pericial señaló que el referido diagnóstico estaba descrito en el estudio de anatomía patológica, como una enfermedad «respiratoria que empieza varios años después de la vinculación laboral del señor Jorge Eliecer Ovalle Roa, en la empresa textil». «La industria textil es considerada por la generación de polvo y fibras orgánicas e inorgánicas, en consecuencia, se considera que la patología en controversia esta plausiblemente asociada a la exposición del riesgo laboral documentada».

Adujo que, por lo último, estaba probado que el padecimiento del demandante estaba asociado a la exposición de riesgos laborales, por lo que debía determinar si hubo nexo causal entre la conducta de la empleadora y la causación de la enfermedad; que debido a que se le había asociado como causa «la inhalación de fibras de algodón y sintéticas, dadas sus labores en Protela, empresa textil», su análisis, conforme al artículo 1604 del CC, estaría dirigido a determinar si la sociedad demostró la diligencia y cuidado, conforme a las obligaciones especiales del artículo 57 del CST.

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Radicación n.° 88212 Aseveró, para ese efecto, que se recibieron los siguientes medios de prueba:

1. El interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad, quien aseguró que, con la anterioridad al 21 de febrero del año 2000, se realizaron monitoreos a la planta por

la compañía 3M; que tenía panorama del riesgo del puesto de trabajo del empleado y que se había realizado una contratación externa y especializada para ese fin.

2. Las declaraciones de: i) José Gilberto Urrego, el cual laboró para la empresa entre el 2000 y el 2008, inicialmente como almacenista y luego operario calificado, quien indicó: que conoció a Jorge Eliecer desempeñándose en su último cargo; que la empleadora les suministraba botas, tapa oídos, mono gafas y tapabocas, los cuales se cambiaban cada 10 o 15 días; que las bandas no duraban y para poder trabajar «las cocían con licra»; que durante su vínculo se hizo sola capacitación, en la que se les mostraron los efectos que tenía la mota en el ambiente; que el supervisor les llamaba la atención respecto del uso de los elementos de protección personal y que cuando fue compañero del reclamante, se encontraba bien de salud.

Añadió que las labores de aseo se hacían en todos los turnos «porque cada que se saca una pieza, se hace aseo a las maquinas, de las que cada operario atiende dos o tres»; que había un lugar para que el personal del turno ordinario

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Radicación n.° 88212 tomara el refrigerio por parte del personal que tiene turno ordinario, el cual correspondía al de 7:00 a.m. a las 4:15 p.m. y los sábados hasta el mediodía; que en los demás se consumía en el puesto de trabajo, pues no podían detener «la máquina […] para ir a tomar(lo)», por lo que en ese momento se quitaban el tapabocas; que se les informó en el

entrenamiento del uso de los respiradores, «que debían estirar las bandas, ponerlos y ajustarlos en la nariz». ii) José Andrés Leal Rodríguez, trabajó en la compañía entre el 2000 al 2007 en el cargo de tejedor y dijo haber conocido al accionante como su compañero en el mismo cargo; que les fueron entregados como elementos de protección tapa oídos y tapabocas, «el cual no era el indicado porque inhalaban partículas de algodón y de aceite, y cree que el respirador que se les debió proporcionar, fue con tanques de oxígeno, los tapabocas que les daban eran de marca 3M y los cambiaba cada 8 y 10 días»; que se les advirtió que si estos se rompían los debían cambiar. Adujo que cuando se dañaban, en ocasiones lo reemplazaban, pero cuando era solo en la tira, «les decían que lo reparara o que los utilizara así»; que el supervisor era la persona encargada de suministrar el tapabocas y en la bodega existen ductos que no siempre funcionaban y tenían como objetivo, según se imaginaba, recolectar la mota. Aseguró que se dieron capacitaciones respecto del manejo de elementos de seguridad y de los riegos de no usar el tapabocas, pero no recuerda su periodicidad; que se «les

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Radicación n.° 88212 exigían que usaran de manera permanente el tapabocas y si un trabajador no lo hacía, si se le llamaba la atención»; que el supervisor era el encargado de hacer las rondas y el

monitoreo; que el refrigerio lo consumían en el puesto de trabajo, se sentaban al lado de la máquina, pues, aunque existía un área específica para tomar los alimentos, no la utilizaban por razones de productividad, ya que «no se debían dejar las maquina solas», precisando que «lo importante era la producción, entonces pues no queda tiempo para ir a ese lugar». iii) Wilson Ramírez Arturo, manifestó que era operario calificado desde el 25 de septiembre de 1995; que su función era tejer y sacar producción de tres máquinas las cuales tenía a su cargo; que montaba materiales, sacaba piezas y hacia aseo; que las máquinas están en una bodega y trabajaba en las que fueran asignadas por el supervisor; que los elementos de protección eran el overol, las botas de seguridad, los protectores auditivos, las mono gafas y el tapabocas, los cuales se les cambiaban cada 8 días; que si se dañaba, debían acudir donde la secretaria y ella hacía el cambio; que los tapabocas eran de marca 3M. Indicó que en la bodega existía un aire que absorbía las partículas que salían del mismo material que trabajaban; que la empresa 3M y los supervisores capacitaban sobre la manera correcta de utilizar el tapabocas, los cuales debían usarse durante las ocho horas del turno; que dos veces al año se les practicaba el examen de espirometría; que había un lugar para consumir los alimentos y que entre los

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Radicación n.° 88212 compañeros se coordinaba el cuidado de las máquinas mientras tomaban sus refrigerios.

1. Nelson Galvis Rodríguez, quien era el jefe de planta y llevaba trabajando casi treinta años en la empresa en diferentes cargos, expuso que, conforme a la matriz de riegos de la planta, «en el caso de circulares» se utiliza tabocas, tapa oídos, camisa, pantalón y botas de seguridad; que existe un equipo de aire acondicionado de recolección de la mota que hace las veces de extractor y recoge parte del material particulado; que cada que se produce una pieza se hace limpieza y los fines de semana se hacía un aseo general; que las medidas de seguridad industrial consistían en una inducción corporativa y de normas de seguridad, se hacían capacitaciones por la empresa o por los proveedores de los elementos de seguridad, así como brigadas; que dentro de las responsabilidades de las personas que dirigen la producción estaba la verificación de la utilización de esos implementos por el personal a cargo.

Agregó que el proveedor de tapabocas fue 3M; que se cumplía la sugerencia de esa compañía y los cambios de ese elemento se realizaban cada que el operario lo requiriera; que quien lo entregaba era el auxiliar de oficina o la secretaria; que la instrucción de la sociedad era que cada que se dañen los tapaboca debían cambiarlos, por lo que si el supervisor notaba que algún trabajador lo tenía dañado, hacía la observación, con la precisión que eran los trabajadores quienes tenían el cuidado de sus implementos; que al terminar el turnos éstos debían ser guardados en el armario

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Radicación n.° 88212 respectivo, en una bolsa; que existía un lugar asignado para

el refrigerio, lo que ocurría más o menos a la mitad de la jornada, según se coordinada con el supervisor.

3. La diligencia de inspección judicial realizada por la juez de primera instancia el 16 de julio del año 2007, en la que se dejó constancia que en el área de actividad del accionante se trabajaba con algodón; que se observaba material particulado (mota), en el área del taller y techo con gran exposición a la hora de realizar el aseo; que existía un sistema de ventilación y que se utilizan protectores respiratorios N95, marca 3M o Kimberly; que había un lugar para tomar los refrigerios, de acuerdo a los turnos.

4. El reglamento de higiene y seguridad industrial, obrante a folios 347 y ss, en cuyo artículo 4° se escribían los riesgos existentes, precisando que en el área operativa existía un riesgo químico derivado del material particulado variable, que era conocido por la compañía.

Razonó que lo último no hacía por sí solo responsable a la empleadora por culpa patronal, pues «[…] se exim[ía] de responsabilidad demostrando diligencia en la toma de medidas razonables en procura del ambiente seguro en el trabajo». Aseveró, en relación con ello, que aunque «todos los testimonios» coincidieron en señalar que la compañía entregaba como elementos de protección personal botas, vestido de labor, gafas, tapa oídos y tapabocas, «José Gilberto

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Radicación n.° 88212 Urrego» indicó que el último elemento debía ser usado «hasta por 15 días, interregno en el cual, si se dañaban, no era

posible su cambio inmediato», por lo que debían arreglarlo con tirantes; que, sin embargo, esa «afirmación carente de prueba», era contraria a lo expuesto por otro testigo convocado por el accionante, quien había expuesto que la empresa exigía usar de manera permanente los tapabocas y que de no hacerlo se recibía un llamado de atención por parte del supervisor, el cual había rondas de monitoreo, lo que coincidía con lo manifestado por Wilson Ramírez y Nelson Galvis, con la precisión de que el último denotó que tenía dentro de sus funciones, la verificación del uso de elementos de seguridad industrial. Razonó que los tapabocas suministrados cumplían con parámetros de idoneidad, pues el monitorio de folios 302 a 305, ib, realizado del 8 de febrero del 2000, daba cuenta de que era 100 % adecuado para el cuidado del personal, pues «el respirador 8210 brinda[ba] suficiente protección, el cual e[ra] utilizado por 63 de los 71 trabajadores de la planta y, conforme a los testimonios», recibían capacitaciones para el correcto uso de ese elemento, lo que se constataba con el cronograma de capacitación en febrero de 2002, el memorando de capacitación respiratoria de agosto de ese año y «los exámenes de espirometría del segundo semestre de 1999, primer y segundo semestre de 2001, segundo semestre de 2002, segundo semestre de 2003, segundo semestre de 2005 y el primer semestre de 2006». Concluyó que, por lo anterior, la empleadora

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[…] actuó con la diligencia y cuidado que emplearía un buen padre de familia en la administración de un negocio dada la naturaleza sinalagmática del contrato laboral, en relación a las medidas de cuidado y protección de sus trabajadores, pues consciente del riesgo creado, dada la dispersión de mota de algodón y de otras partículas en una empresa textil, entregó los elementos de protección personal que ordinariamente sirven para mitigar o contrarrestar los efectos nocivos de su inhalación. Además, porque realizó capacitaciones y estaba al pendiente del uso permanente de esos elementos por parte de su personal (acta de f.° 529 a 530, en relación con el CD f.° 527, ibidem).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Piden a la Sala case la segunda sentencia y, en sede de instancia, revoque parcialmente la primera «para que en su lugar […] acceda al reconocimiento de los perjuicios materiales solicitados […] [y] se confirme en todo lo demás» (f.° 17, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se decidirán conjuntamente, pues a pesar de estar dirigidos por sendas diferentes, tienen igual finalidad y comparten algunos argumentos demostrativos.

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VI. CARGO PRIMERO Denuncian que el Tribunal violó por la vía indirecta, en

la modalidad de aplicación indebida, los artículos 57 numeral 2° y 216 del CST; 21 literal c), 56 y 58 del Decreto 1295 de 1994, en concordancia con el 164 y 167 del CGP; 63 y 1604 del CC; 51, 60 y 61 del CPTSS. Dicen que el colegiado incurrió en los siguientes errores fácticos:

1. No dar por acreditado, estándolo, que existe culpa suficientemente comprobada de la sociedad demandada en la generación de la enfermedad profesional del Sr. Jorge Eliecer

Ovalle Roa.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sociedad accionada capacitó sobre prevención de enfermedades respiratorias durante el plazo comprendido entre el año 1998 y el 2008 al Sr. Jorge

Eliecer Ovalle Roa.

3. No dar por demostrado, contra la evidencia, que los tapabocas que usaba el Sr. Ovalle Roa y otros trabajadores una vez rotas las tirantas de ajuste, debían ser añadidas con lycra y otros sobrantes de la producción del telar.

4. Dar por probado, sin estarlo, que la sola idoneidad del tapabocas 8210 de la empresa 3M, no es suficiente para la prevención de patología respiratoria como la acontecida en el

demandante Ovalle Roa.

5. Dar por verificado, sin estarlo, que la empresa empleadora fue diligente en la supervisión y control de las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de las actividades que desarrollaba

el señor Jorge Eliecer Ovalle Roa.

6. Dar por demostrado, contra la evidencia, que los testigos del accionante pugnaron respecto a que el tapabocas se dañaba y

tocaba añadirlo con lycra y arreglando sus tirantas. Refieren que lo anterior, fue consecuencia de la errónea valoración del «Documento resultado del monitoreo por planta

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Radicación n.° 88212 realizado por la Sra. Ivanova Patiño, representante de ventas 3M» del 21 de febrero del año 2000 (f.° 302 a 305, cuaderno principal) y la inspección judicial del 16 de julio de 2017 (f.° 475 a 478, ibídem), así como la no apreciación de los siguientes medios de convicción: • Documento que da respuesta a oficio No 738 del Juzgado 29 laboral del circuito, obrante a folios 504 y 505 del plenario. • Documento titulado Estudio de Puesto de Trabajo de Ovalle Roa Jorge EliecerAño 2019obrante a folios 39 a 71 del expediente. • Programa de salud ocupacional de PROTELA del año 2004, contentivo del expediente a folios 316 a 330. • Prueba testimonial del Sr. José Gilberto Urrego • Respuesta de la accionada a requerimiento efectuado por Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá. (Folios 377 a 380). • Confesiones de la accionada por parte del representante legal. • Recurso de apelación de la parte demandada. Indican que el juez de segunda instancia consideró con error que carecía de prueba lo expuesto en la demanda y por uno de los testigos, en punto de que los trabajadores debían añadir lycra y retales de la producción telar a los tapabocas,

pues el Documento del 21 de febrero de 2000, suscrito por Sra. Ivanova Patiño, representante de ventas 3M, también lo informaba. Dicen que, efecto, en el numeral 5° del citado escrito, se indicó que el 31 % de los trabajadores tenía mal ajustado el respirador, lo que se evidenció en las áreas de hilandería algodón, circulares y tricot toallas; que en el n.° 6° se puntualizó que 20 subordinados no tenían el ajuste correcto, en razón a: «i) Bandas mal puestas o añadidas; ii) Bandas inferiores cedidas; iii) Bandas reemplazadas y iv) uso del tapabocas con una sola banda» y en el 10°, que uno de los citados tenía el tapabocas sucio y roto (f.° 304 del

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Radicación n.° 88212 expediente), concluyendo que el personal «presenta[ba] quejas sobre la resistencia de las bandas». Aseveran que, por tanto, esa documental daba cuenta de que ese elemento de protección no se cambiaba con la periodicidad necesaria, que los empleados debían reemplazar las bandas elásticas y añadirlas con el fin de proteger sus pulmones del material particulado de la producción. Plantean que lo último conduce a otra equivocación en la sentencia, toda vez que, contrario a lo concluido por el segundo juez, el insumo suministrado no cumplía con la idoneidad necesaria para lograr su objetivo de protección, ya que, a pesar de que no discute que era el elemento

técnicamente indicado para proteger al personal de patologías respiratorias, los entregados por la textilera debían ser utilizados por el personal «[…] con bandas añadidas con retales, bandas rotas, con un sola banda»; que, por tanto, de las anotaciones de la contratista 3M se concluía que los respiradores suministrados no cumplieron el objetivo para el cual fueron creados, sino que favorecieron el origen de la enfermedad del trabajador Aseguran que, al tenor de la sentencia CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 39631, la demandada no cu