CSJ - SL581-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL581-2023 Radicación n.° 93238 Acta 07 Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DEMETRIO PUERTO CALIXTO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que instauró a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES, a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. y a la

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A.

Se acepta el impedimento manifestado por la Magistrada Cecilia Margarita Durán Ujueta y reconoce personería al abogado Oscar Blanco Rivera y a la sociedad Soluciones Jurídicas de la Costa SAS, representada

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Radicación n.° 93238 legalmente por Carlos Rafael Plata Mendoza, para que actúen en representación de Porvenir S. A. y Colpensiones, respectivamente, en los términos de los mandatos conferidos1.

I. ANTECEDENTES Demetrio Puerto Calixto llamó a juicio a Colpensiones, Protección S. A. y Porvenir S. A. para que se declarara: i) que su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad

(RAIS), fue ineficaz, por el incumplimiento del deber de

información; ii) que igual suerte corrió la migración horizontal que efectuó dentro del mismo régimen y, iii) que, por tanto, se encontraba válidamente afiliado al de prima media con prestación definida (RPMPD). Pidió, adicionalmente, que aquellas respondieran por las costas procesales y lo que resultare demostrado. Narró que nació el 19 de noviembre de 1955; que el 29 de junio de 1995 se trasladó de «la Caja de Previsión Departamental» a Davivir; que dicha afiliación no cumplió con los requisitos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, pues en el formulario no se plasmó la firma del empleador; que la Ley 100 de 1993 entró a regir para los servidores públicos departamentales, municipales y distritales, a más tardar el 30 de junio de 1995, por lo que a partir de esa fecha se debían 1 Visibles en los archivos «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022091112564» y «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022091339971», cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 93238 contabilizar los tres años para realizar el traslado de régimen; que la AFP no acató dicha normativa, por lo que la migración no contó con los presupuestos legales de validez. Aseveró que el asesor comercial no le brindó información clara, completa y oportuna sobre las desventajas del RPMPD y del RAIS; que no estudió su situación particular; que solo le habló de los beneficios que obtendría

si decidía afiliarse al fondo privado; que el 15 de octubre de 2003 se afilió a Porvenir S. A.; que ambas AFP tenían la carga de demostrar que cumplieron con el deber de información. Puntualizó que ésta le realizó una simulación pensional en la modalidad de retiro programado, en la que le proyectó una mesada pensional de $1.105.800 si cotizaba el 100 % del tiempo hasta cumplir los 62 años; que sería de $1.064.900 en caso de no realizar más aportes; que en Colpensiones ascendería a $2.006.937, equivalente a una tasa de remplazo del 76,73 % del promedio del IBL de los últimos 10 años; que entre el 11 de julio de 1975 y el 31 de julio de 2018, cotizó 1730 semanas, correspondientes a 30 años, 7 meses y 20 días. Señaló que mediante Derecho de Petición del 10 de noviembre de 2017 solicitó a Colpensiones la nulidad de los traslados efectuados a Davivir, hoy Protección y a Porvenir, pero fue resuelto negativamente el mismo día (f.° 2 a 9, cuaderno principal). Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto

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Radicación n.° 93238 a los hechos, admitió la fecha de nacimiento del actor, la petición efectuada y la respuesta dada. Dijo sobre los demás, que no le constaban o que no eran supuestos fácticos. Formuló como excepciones de mérito las de «descapitalización del sistema pensional», «inexistencia del

derecho para regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida», prescripción, caducidad, inexistencia de causal de nulidad, saneamiento de la nulidad alegada, «no procedencia al pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público» e innominada o genérica (f.° 84 a 100, ib). Protección S. A. se resistió a las súplicas. Aceptó la afiliación de Davivir y la fecha de la misma, el traslado horizontal con destino a Porvenir S. A. y la fecha de nacimiento del demandante. Precisó que la afiliación fue libre, voluntaria y sin presiones, en vigencia de la Ley 100 de 1993 y precedida de la información suficiente. Dijo que los restantes no le constaban. Esgrimió los medios exceptivos perentorios que denominó: «inexistencia de capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del demandante en la Administradora de Fondo de Pensiones Protección S. A.», «declaración de manera libre y espontánea de la (sic) demandante al momento de la afiliación a la AFP», buena fe por parte de Protección S. A., inexistencia de perjuicios, «inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa»,

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Radicación n.° 93238 «inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de tercer os de buena fe», prescripción y genérica (f. ° 126 a 131, ibidem).

Porvenir S. A. confrontó las rogativas. Reconoció la afiliación del demandante a dicha AFP. Manifestó que los restantes hechos no eran ciertos o no le constaban. Aclaró que el consentimiento del reclamante para cambiar del RPMPD al RAIS fue libre y voluntario; que solo con la expedición de los Decretos 2555 de 1010 y 2071 de 2015, así como la Ley 1748 del mismo año, surgió la obligación de asesoría e información; que el traslado horizontal ha sido reconocido por la jurisprudencia como un «acto de relacionamiento» que muestra la voluntad inequívoca del afiliado de permanecer en el RAIS y que la determinación definitiva de la mesada solo puede hacerse al cumplimiento de los requisitos legales. Planteó como excepciones de fondo las de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe (f.° 157 a 179, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá el 25 de junio de 2020, absolvió a las accionadas y condenó en costas (acta f. ° 259 a 262, en relación con el CD de f. ° 258, ibidem).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 4 de septiembre de 2020, al decidir la apelación del demandante, confirmó la primera decisión.

Dijo que debía determinar si era procedente: i) declarar la nulidad de la afiliación del recurrente al RAIS; ii) el retorno al RPMPD administrado por Colpensiones y, iii) las demás condenas solicitadas. Explicó que el acto jurídico de la afiliación al sistema es un acto condición, libre y voluntario, sometido a las normas previamente establecidas por el legislador y a los cambios que se introduzcan a partir de la expedición de nuevas leyes, sin la posibilidad de negociarlas, ni al momento de la afiliación ni cuando se producen los cambios, razón por la que se descarta la naturaleza contractual que algunos le asignan; que la escogencia de régimen no tiene relación alguna con la determinación del valor de la mesada pensional, sino con la forma como se acumularán los recursos. Agregó que para resolver el problema de sostenibilidad financiera, en 1993 se creó el modelo actual en el que coexisten y compiten los regímenes pensionales, los cuales son excluyentes y se diferencian por su modelo de financiación, siendo que en el RAIS es el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de cada afiliado, mientras

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Radicación n.° 93238 que en el RPMPD los aportes están en un fondo de naturaleza común, como se explica en las sentencias CC C086-2002 y CC C083-2019, sin que fuera posible conocer el monto pensional y las ventajas de uno y otro, en tanto cada uno ofrece beneficios diferentes, como se indicó en los pronunciamientos CC C956-2001 y CC C082-2002.

Señaló que el legislador consideró indispensable para la sostenibilidad financiera del sistema estabilizar el número de afiliados en un tiempo prudente, previo a la fecha de causación de la pensión, de manera que, a través de la Ley 797 de 2003, limitó la posibilidad de traslado de régimen para quienes estén a 10 o menos años de cumplir la edad para acceder a la prestación, norma declarada exequible en la sentencia CC C1024-2004. Expuso las tres etapas contenidas en la sentencia CSJ SL1452-2019, consistentes en el «deber de información», «deber de información, asesoría y buen consejo» y «deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría», por manera que una cosa era suministrar información sobre expectativas pensionales durante los primeros diez años de desarrollos legales y económicos, mientras otra 20 años después cuando el afiliado tiene cumplida la edad y las cotizaciones o capital; que las normas sobre las cuales se juzgan los actos jurídicos son las vigentes al momento de su ocurrencia, que para el año 1995 eran artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993; 97 del Decreto n° 663 de 1993 y 4°, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, que regularon la denominada primera etapa del deber de información.

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Radicación n.° 93238 Aseveró que la aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), resultaba forzada, porque para esa época no existían las AFP ni la Ley 100 de

ese año, por lo que no podía contener un criterio material del deber de información sobre asuntos pensionales, o al menos no en la forma descrita por la jurisprudencia para la primera etapa, al señalar que se debían incluir referencia claras y precisas sobre las ventajas de cada régimen, el monto de la pensión y la pérdida del régimen de transición. Indicó que la Corte ha reiterado que la respuesta jurídica al incumplimiento en el deber de información es la ineficacia de la afiliación, al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, al interpretar que dicha falta atenta contra la libertad de elección prevista en el precepto 13 ibidem; que en realidad la primera norma en mención lo que consagra es que la autoridad administrativa competente debe declarar la violación e imponer una sanción de multa, para que surja la consecuencia accesoria de dejar sin efecto la afiliación y dar paso a una nueva, si el afectado así lo desea; que el régimen sancionatorio debe estar regido por los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso (CC C412-2015). Apuntó que los artículos 1°, 2° y 10° del Decreto 720 de 1994 establecen la responsabilidad por los perjuicios que se causen a los afiliados, con ocasión de cualquier infracción, error u omisión de los promotores de las AFP, indicando que es responsabilidad de estas, sin que permita trasladar los perjuicios de las omisiones en el deber de información a un

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Radicación n.° 93238 sujeto de derecho que, como Colpensiones, no intervino en la

decisión del afiliado al momento de optar por el RAIS, ni es responsable del deber de información que impone la doble asesoría establecida a partir del año 2014 con la expedición de la Ley 1748. Definió la seguridad social al tenor del precepto 4° de la Ley 100 de 1993, su autonomía, favorabilidad e inescindibilidad, según el canon 288 ib y su independencia según la sentencia CSJ SL1689-2019; que el compendió en mención dispone que los temas de seguridad social se someten a su aplicación y, en caso de ausencia de disposición para el efecto, se debe acudir a las disposiciones de integración normativa y analogía que permitan resolver el problema jurídico planteado; que la Corte (CSJ SL43602019) ha aplicado normas del CC y del Cco en tratándose de ineficacias del traslado por trasgresión al derecho a la libre elección de los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993. Destacó que, sobre la ineficacia en sus diferentes acepciones y efectos, la decisión CC C345-2017 ilustró sobre la aplicación de la figura a los contratos civiles y comerciales, precisando que en los primeros operan las nulidades absoluta y relativa previstas en el CC y, en los segundos, la ineficacia de pleno derecho establecida en el artículo 897 del CCo, que es la única previsión de la legislación nacional, de la cual se desprende que tal figura está ligada a los actos de comercio en los casos allí citados; que al no establecer las consecuencias de la ineficacia de pleno derecho, pueden

aplicarse las normas de la nulidad previstas en el estatuto

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Radicación n.° 93238 civil, por mandato expreso que hace el artículo 822 del CCo

(CSJ SC3201-2018).

Puntualizó que, a diferencia de lo que ocurre con el referido canon 897, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, sí incorpora el derecho protegido, la autoridad competente para determinar las conductas atentatorias del mismo, las multas y efectos respecto a la afiliación y que, en tal caso, podrá hacerse una nueva; que la construcción jurisprudencial en torno a la ineficacia del acto de afiliación parte del fraccionamiento de la segunda norma en cita, de la que toma la consecuencia de dejar sin efecto la afiliación y, del precepto 897 del CCo, el de la ineficacia de pleno derecho, aplicando el artículo 1746 del CC, para sustentar el restablecimiento al estado anterior en que se encontraba el afiliado, lo que contraviene el precedente respecto de la inescindibilidad normativa. Razonó que, de acuerdo con el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, la coexistencia de los regímenes pensionales implica la competencia para la captación de afiliados, con las responsabilidades fijadas en el Decreto 720 de 1994, según el cual, el deber de información por parte de los promotores era general y abstracto; que mientras no se demuestre que Colpensiones invadió la órbita del derecho de aquellos para elegir, no podía desatársele ninguna consecuencia de las establecidas en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por ser

un tercero que no tuvo injerencia en su afiliación al RAIS, ni en la deficiente o suficiente información.

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Radicación n.° 93238 Acentuó que los perjuicios ocasionados por las AFP en razón de sus acciones u omisiones al momento de la afiliación, los debe asumir la respectiva administradora, de conformidad con las normas vigentes al momento y dispuestas por el estatuto de seguridad social, mismas que no prevén la obligación de recibir al demandante cuya afiliación resulta ineficaz, por cuenta de hechos absolutamente ajenos a Colpensiones. Reforzó lo anterior con las pruebas practicadas que demostraron: la fecha de afiliación del demandante; la ausencia de participación de Colpensiones en el acto de traslado; la falta de demostración de perjuicios a cargo de Protección S. A. y Porvenir S. A.; la suscripción del formulario de afiliación a Davivir hoy Protección S.A. a partir del 29 de junio de 1995 (f.° 132, ibidem); que el 26 de agosto de 1998 el reclamante retornó al RPMPD administrado en su momento por el ISS hoy COLPENSIONES, afiliándose el 15 de octubre de 2003, nuevamente al RAIS a través de Porvenir

S. A. (f. °180 y 183, ib).

Memoró que, del interrogatorio de parte absuelto por el promotor de la acción, se establecía que tomó la decisión de trasladarse al RAIS, porque un asesor del fondo privado le indicó en una reunión que el ISS se iba acabar, que podía

pensionarse a edad más temprana, que en caso de fallecimiento sus aportes podían ser heredables y que iba a obtener mejores rendimientos que en ese instituto; que retornó a este porque le informaron que en los fondos privados no iban a obtener una buena pensión,

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Radicación n.° 93238 […] "Porque unos funcionarios empezaron a decirnos que esa había sido la peor decisión de la vida, que nos volviéramos para el seguro, ellos empezaron a explicamos que con los fondos privados no íbamos a lograr una buena pensión, que lo mejor era regresamos para el seguro por que (sic) la Caja de Previsión ya no volvía". Pese a retornar al RPM, con posterioridad volvió a trasladarse el RAIS, porque le comunicaron nuevamente que el ISS se iba acabar: "Porque pasó lo mismo de la situación anterior, nos fueron hacer una charla personalizada donde nos volvieron a insistir que cada día la situación del seguro era más calamitosa, que el seguro se estaba acabando, que se iba a perder nuestra plata de los aportes, que el gobierno no iba a responder por eso y que nosotros teníamos que entender que los fondos privados dependían de los bancos y que el banco nunca se quebraba, entonces otra vez volvía uno a tomar la decisión errónea de meterse a un fondo privado". Adujo que el traslado se efectuó en 1995 y solo hasta el 2017 el demandante se interesó por su situación pensional (f.° 16 y 132, ibidem), lo que daba cuenta de que la solicitud no se realizó oportunamente y dentro de los plazos previstos, de manera que, acceder en la actualidad a las suplicas de

traslado al RPMPD, desfiguraría el sentido de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del sistema (f. ° 307 a 328, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case en su totalidad la sentencia impugnada y que, en sede de instancia, se revoque la decisión inicial que negó las pretensiones (archivo «Recursos

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Radicación n.° 93238 Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022034309731», cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por Porvenir S. A. y Colpensiones, los cuales pasarán a estudiarse conjuntamente, por su afinidad temática y argumentativa.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el Tribunal vulneró la ley por la vía directa en el sub motivo de infracción directa del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 11, 13 literal b), 33, 60 y 272 del mismo compendio; 48 y 53 de la CP, que condujeron a la interpretación errónea del 97 del Decreto 663 de 1993 y del 10° del Decreto 720 de 1994.

Asegura que el Tribunal, conociendo la norma, se rebeló contra la misma y contra el precedente jurisprudencial, omitiendo el deber de aplicar el literal b) del artículo 13 de la

Ley 100 de 1993, que establece la libertad de escogencia del régimen pensional, so pena de que, ante su desconocimiento, se acuda al precepto 271 de la misma regulación, que contempla como sanción y consecuencia que la afiliación quede sin efecto, para que el trabajador pueda «volver a escoger libremente el régimen de su elección». Añade que los Decretos 663 de 1993 y 720 de 1994 «datan desde el mismo nacimiento del sistema general de

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Radicación n.° 93238 seguridad social», de manera que no podían ser inaplicados con el pretexto de que, mediante normas posteriores, fueron adicionados o complementados en lo que tiene que ver con las obligaciones de las AFP de brindar información completa, veraz y oportuna a los afiliados que quisieran cambiarse de régimen jubilatorio. Sostiene que los argumentos del juez de la apelación fueron contradictorios; que en este asunto el indicó que no estaban dados los presupuestos para aplicar el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que dio lugar a la infracción directa endilgada, que se vio reflejada en que se resolviera el caso sin imponer la sanción dispuesta por el mismo sistema de seguridad social, en caso de que se atentara contra la libertad de escogencia al no proporcionarse la información debida (CSJ SL4964-2018, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ STL11928-2020); que la protección no está dada solo frente a las faltas en que incurran los empleadores, sino

también respecto de las AFP (CSJ SL3871-2021). Recalca que el juez plural acudió a planteamientos alejados de la controversia, como por ejemplo, que Colpensiones es un tercero ajeno a la decisión de traslado, por lo que no participó en el acto contractual, pasando por alto que Davivir, hoy Protección S. A., fue la responsable de la falta de información necesaria al momento de promover la migración de régimen, a lo cual estaba obligada dicha AFP al tenor de «las normas mal interpretadas de los [D]ecretos 663 de 1993 y 720 de 1994 y que […] obedeció a la infracción

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Radicación n.° 93238 directa del artículo 271 de la ley 100 de 1993» (f. ° 5 a 8, archivo ib).

VII. CARGO SEGUNDO Cuestiona la legalidad de la segunda sentencia por la vía de puro derecho, en la modalidad de aplicación indebida del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 2° de la Ley 797 de 2003, en relación con los 11, 33, 60, 271 y 272 ibidem y 48 y 53 de la CP.

Arguye que la modificación de la preceptiva indebidamente aplicada, en desarrollo del principio de la sostenibilidad financiera del sistema, restringió el traslado de régimen a de los diez años anteriores al cumplimiento de la edad pensional, empero, dicha limitación se introdujo al ordenamiento mucho tiempo después del traslado inicial acaecido en 1995, por lo que el juez de segunda instancia no

podía resolver el asunto con base en la misma (f. ° 8 a 9, ib).

VIII. CARGO TERCERO Reprocha la segunda decisión por quebrantar indirectamente la ley sustancial por la aplicación indebida de los artículos 1°, 3°, 13 literal e); 33, 34, 36, 114 y 272 de la Ley 100 de 1993; 48 y 53 de la CP, en relación con el 1604 del CC y el 10° del Decreto 720 de 1994.

Plantea que tal infracción ocurrió como consecuencia de los siguientes yerros fácticos:

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Radicación n.° 93238

1. No dar por demostrado, estándolo, que la AFP Davivir, hoy Protección S. A., faltó al deber de información frente al señor Demetrio Puerto Calixto sobre las ventajas y desventajas que le acarrearía el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el I.S.S. al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al que pertenece dicha administradora.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la AFP Davivir, hoy Protección S. A., incurrió en omisión al deber de información al demandante al no informarle respecto de las características del

Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la carga de probar en qué condiciones se dio la asesoría, se encuentra en cabeza del fondo privado Davivir hoy Protección S. A.

4. Dar por demostrado, sin estarlo que la simple suscripción del formulario de afiliación demuestra que el cambio de régimen fue

libre, voluntario y sin presiones.

5. Dar por demostrado sin estarlo, que con las pruebas se establece la fecha de afiliación del demandante, proceso en el cual Colpensiones no intervino.

Asegura que tales equivocaciones provinieron de la no apreciación e indebida valoración de las siguientes pruebas: Pruebas calificadas no apreciadas o no estimadas […]

1. La demanda, donde se detallaron los presupuestos fácticos y jurídicos que sustentaron el petitum del libelo, y donde se relacionaron los hechos que introdujeron el error en que fue inducido el demandante (Fl. 2 a 9 del expediente digital).

2. Las contestaciones de las demandas (sic), donde se declaraban ciertos y no ciertos unos hechos (Fl 84 a 100126 a 131157 a 159 del expediente digital).

Pruebas calificadas no apreciadas o no estimadas […]

1. Interrogatorio de parte absuelto por el señor Demetrio Puerto Calixto como demandante en el proceso laboral, recepcionado en la audiencia de fecha 04 de junio de 2019.

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Radicación n.° 93238 Estima que, respecto de su interrogatorio, el error consistió en que el colegiado derivara de él que, […] tomó la decisión de trasladarse al RAIS, porque un asesor del Fondo Privado le indicó en una reunión que, el ISS se iba acabar, que podía pensionarse a edad más temprana, que en caso de fallecimiento sus aportes podían ser heredables y que iba a obtener mejores rendimientos que en el ISS; que retornó al ISS

porque le informaron que en los fondos privados no iban a obtener una buena pensión, "Porque unos funcionarios empezaron a decirnos que esa había sido la peor decisión de la vida, que nos volviéramos para el seguro, ellos empezaron a explicarnos que con los fondos privados no íbamos a lograr una buena pensión, que lo mejor era regresamos para el seguro porque la Caja de Previsión ya no volvía". Pese a retornar al RPM, con posterioridad volvió a trasladarse el RAIS, porque le comunicaron nuevamente que el ISS se iba acabar: "Porque paso lo mismo de la situación anterior, nos fueron hacer una charla personalizada donde nos volvieron a insistir que cada día la situación del seguro era más calamitosa, que el seguro se estaba acabando, que se iba a perder nuestra plata de los aportes, que el gobierno no iba a responder por eso y que nosotros teníamos que entender que los fondos privados dependían de los bancos y que el banco nunca se quebraba, entonces otra vez volvía uno a tomar la decisión errónea de meterse a un fondo privado". Señala que el proceso carece de pruebas de la asesoría exigida; que el manifestar que se podía pensionar mucho antes de los 60 años, no configura ninguna confesión, ya que esa es una circunstancia consagrada en la misma Ley 100 de 1993; que no confesó haberse traslado de régimen de manera voluntaria y libre de apremio, pues lo manifestado fue que lo ilustraron sobre las ventajas del régimen, pero en momento alguno sobre las desventajas. Denota que acreditó que no fue debidamente informado al migrar de régimen; que se le brindó información parcial y

errada, que le generó unas expectativas con el nuevo modelo pensional en el RAIS, llevándolo a tomar la decisión de cambiarse de régimen; que la Corte, en sede de tutela (CSJ

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Radicación n.° 93238 STL6421-2021), en un caso similar, concluyó que existió vía de hecho y dejó sin efecto un fallo del mismo magistrado ponente; que la sentencia atacada desconoció el precedente de esta Corporación en relación con que el contenido de los formularios de afiliación no acreditan el cumplimiento del deber de información (CSJ SL4360-2019 y CSJ SL16882019) (f. ° 9 a 13, ibidem).

IX. RÉPLICA Porvenir S. A. memora los hechos que tuvo por acreditados el Tribunal y las disposiciones citadas por este al resolver el recurso de apelación; que el recurrente no es beneficiario del régimen de transición y que por ello está sometido a limitación temporal que le impide trasladarse al RPMPD, en tanto le faltan menos de 10 años para arribar a la edad pensional.

Resalta que la ignorancia de la ley no sirve de excusa (artículo 9° del CC), siendo la misma norma en pensiones la que establece las bases para el proceso de afiliación o de traslado de régimen, así como la forma de liquidar las prestaciones en cada uno; que los errores sobre puntos de derecho no vician el consentimiento (artículo 1509, ib) y el precepto 1741 ibidem regula la nulidad absoluta y relativa; que todo acto de voluntad, como la afiliación al sistema

general de pensiones, está sometido a las disposiciones del Código Civil y las reglas de la nulidad del mismo. Arguye que la impugnación no demostró las violaciones

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Radicación n.° 93238 legales enrostradas; que no tiene asidero su aseveración relacionada con que no se le brindó información; que no es cierto que la decisión refutada no tenga sustento normativo, pues el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que quienes no fuesen beneficiarios del régimen de transición quedaban sujetos a lo previsto en el precepto 13, literal e), donde se estableció una restricción de movilidad de tres años y, luego, con la Ley 797 de 2003, pasó a 5, limitando el retorno al RPMPD a quienes les faltare menos de una década para llegar a la edad pensional, última en la cual está incurso el recurrente. Dice que el Tribunal sí tuvo en cuenta el precedente de la Corte; que en la sentencia CC C1024-2004, entre otras, se estableció como única condición para trasladarse en cualquier tiempo que los afiliados hubieren cotizado un mínimo de 750 semanas al 1º de abril de 1994, requisito que no cumplió el afiliado; que esta Corporación, en decisión CSJ SL1061-2021, analizó los actos de relacionamiento, según los cuales, los traslados horizontales denotan la intención de permanecer en el RAIS, como también se dijo en la CSJ SL413-2018 (archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion Memorial De Partes E intervinientes_2022091240538», ib).

Colpensiones defiende que la sentencia impugnada no contiene los defectos jurídicos y fácticos alegados por el acudiente en casación, pues el colegiado acertó en la valoración probatoria y en la normativa aplicada. Alude que no pudo ocurrir la infracción directa

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Radicación n.° 93238 planteada en el cargo inicial, ni la aplicación indebida alegada en el segundo, puesto que los preceptos de la proposición jurídica son los que rigen la controversia, ya que, frente al planteamiento de la ineficacia del traslado, lo primero que corresponde establecer es si existió o no vicio del consentimiento para aplicar la regla de dicha proposición. Asegura que Protección S. A. suministró la información suficiente al momento del traslado, según lo exigido en la primera etapa, de acuerdo con la fecha del traslado y teniendo en cuenta que la norma vigente era el Decreto 663 de 1993. Reproduce los artículos 13 de la Ley 100 de 1993, 97 del Decreto 663 de 1993 y 11 del Decreto 692 de 1994 que establecían: […] i) que el documento en el que se registra y hace constar la selección y vinculación libre y volun