CSJ - SL584-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL584-2023 Radicación n.° 85412 Acta 09 Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por HENRY WILSON ÁLVAREZ ARANGO contra la sentencia proferida el 2 de mayo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que promueve el recurrente contra

la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESUy el

MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

I. ANTECEDENTES Henry Wilson Álvarez Arango llamó a juicio a la Empresa para la Seguridad Urbana –ESUy al Municipio de Medellín para que se declare que existió una relación de carácter laboral con la primera, del 3 de julio al 31 de diciembre de 2009, la cual finalizó de manera unilateral y sin

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Radicación n.° 85412 justa causa. En consecuencia, solicitó que se condene a las accionadas de «manera conjunta, solidaria o separadamente», a pagar a su favor el auxilio de cesantías e intereses, las vacaciones, las primas de navidad y de vacaciones, la indemnización por despido sin justa causa, las sumas descontadas por retención en la fuente, el dinero correspondiente al pago de los aportes a la seguridad social, la sanción e indemnización moratoria, la indexación y las costas del proceso. De manera subsidiaria, manifestó que, de no acogerse

la relación de trabajo con la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU, se acceda a reconocer la relación de trabajo y las pretensiones principales, pero con el Municipio de Medellín. Como fundamento de sus peticiones, indicó que prestó sus servicios a la empresa Metroseguridad, hoy Empresa para la Seguridad Urbana –ESU y con el Municipio de Medellín, en tres épocas diferentes, así: del 20 de mayo de 2003 al 5 de noviembre de 2005, desde el 4 de abril de 2008 hasta el 6 de enero de 2009, y a partir del 3 de julio al 31 de diciembre de 2009, data en que finalizó el vínculo de manera unilateral e injusta; y que en el presente juicio «solo se va a reclamar las prestaciones sociales y sanciones referentes a la tercera relación laboral», pues las obligaciones de los otros nexos «se han extinguido para siempre en la oscuridad de los tiempos».

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Radicación n.° 85412 Adujo que ejecutó sus actividades de manera personal, de forma subordinada y cumpliendo un horario de trabajo que era de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados y domingos de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.; que sus funciones eran supervisadas por las codemandadas, pero de manera principal por la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU, quien fue la que lo contrató y de quien recibía la remuneración e instrucciones escritas. Agregó que se vinculó por medio de diferentes contratos de prestación de servicios. Aseguró que se presentó una verdadera relación de

trabajo y que «no encaja como TRABAJADOR OFICIAL ni como EMPLEADO PÚBLICO»; que las accionadas le adeudaban las prestaciones reclamadas; y que se han presentado diferentes procesos donde se han condenado a las demandadas, por haberse establecido que, en efecto, sí existían las relaciones de trabajo. Al dar respuesta a la demanda, el Municipio de Medellín se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, negó algún tipo de vínculo con el convocante a juicio y, respecto de los restantes, señaló que no le constaban. En su defensa afirmó que el actor no celebró ningún tipo de nexo con dicho ente. Añadió que, suscribió contratos de prestación de servicios, pero con la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, la cual está dotada de personería jurídica y autonomía administrativa y, por consiguiente, es sujeto de derechos y obligaciones.

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Radicación n.° 85412 Propuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, ausencia de responsabilidad, ausencia de nexo causal, buena fe y pago. Por su parte, la Empresa para la Seguridad UrbanaESU se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, adujo que no eran ciertos o que no le constaban; aclaró que el accionante se vinculó mediante un contrato de prestación de servicios, previa solicitud del Municipio de Medellín, por lo que la actividad la prestó para el ente territorial mencionado, por ende, la ESU no se benefició de sus labores personales.

En su defensa, arguyó que en desarrollo del convenio interadministrativo suscrito con el Municipio de Medellín no concurrieron los elementos de una relación de trabajo; y que el vínculo contractual se ejecutó de forma independiente, autónoma e interrumpida. Formuló las excepciones de inexistencia de la relación laboral, existencia de convenciones interadministrativos de administración delegada de recursos, ineficacia de la cláusula de exclusión de la relación laboral con el Municipio de Medellín, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 85412 El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín mediante sentencia calendada 15 de septiembre de 2016, resolvió: PRIMERO: Se DECLARA que entre el señor HENRY WILSON ÁLVAREZ ARANGO y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-, existió una relación laboral entre el 3 de julio y el 31 de diciembre del año 2009, la cual terminó de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador, en los términos dispuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se DECLARA que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, es solidariamente responsable de las condenas impuestas, conforme a lo indicado en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: Se CONDENA de manera solidaria a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-, antes Metroseguridad, y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, a reconocer y pagar en favor del señor HENRY WILSON ÁLVAREZ ARANGO, la suma DOS

MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($2.030.531), discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO VALOR

CESANTIAS 673.063

INTERESES CESANTÍAS 39.913

VACACIONES 299.139

PRIMA DE VACACIONES 299.139

PRIMA DE NAVIDAD 598.278

INDEMNIZACIÓN DESPIDO 121.000

TOTAL 2.030.531

CUARTO: Se CONDENA de manera solidaria a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-, antes Metroseguridad, y al MUNICIPIO DE MEDELLIN, a efectuar la indexación de las condenas, tal como se indicó en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO: Costas del proceso a cargo de las demandadas; se fijan como agencias en derecho la suma $406.106.

SEXTO: Se ABSUELVE a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-, antes Metroseguridad, y al MUNICIPIO DE MEDELLIN, de las demás pretensiones invocadas en su contra por señor HENRY WILSON ÁLVAREZ ARANGO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Las excepciones propuestas por las demandadas, quedan implícitamente resueltas con la presente decisión.

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OCTAVO: Consúltese la presente decisión ante la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Medellín, en caso de no ser apelado oportunamente por el Municipio de Medellín.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver las apelaciones interpuestas por todas las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de decisión del 2 de mayo de 2019, confirmó la decisión de primer grado. No impuso costas en la alzada. El ad quem adujo que debía determinar si existió o no un contrato de trabajo entre el demandante y las codemandadas; en caso afirmativo, establecer quién era el verdadero empleador y si operaba la figura de la solidaridad; finalmente, analizar la procedencia o no de todas las condenas. En cuanto al primer aspecto, señaló que siendo la ESU una empresa industrial y comercial del Estado, sus servidores, por regla general, son trabajadores oficiales. Indicó que en el asunto estaba por fuera de discusión la prestación personal del servicio del demandante junto con la remuneración, de allí que se presumía la existencia del nexo laboral a la luz del artículo 20 del Decreto 2127 de 1945. Se remitió a la prueba testimonial y de su valoración coligió que el actor laboró para la ESU, entidad que ejercía la subordinación, indicando los horarios y lugares de trabajo,

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Radicación n.° 85412 además que le exigía justificar sus ausencias y le asignaba los superiores que verificaban la labor desempeñada. Frente a la solidaridad declarada en la sentencia de primer grado, el Tribunal indicó que debía mantenerse esa decisión, al existir conexidad o similitud entre las actividades y responsabilidades legales del municipio con relación a la protección del espacio público, al objeto social y giro ordinario de actividades de la ESU.

Expresó a su vez que, si bien en los convenios interadministrativos celebrados entre los accionados se estipuló la ausencia responsabilidad del municipio por la contratación que llevaría a cabo de la ESU, ello tenía por finalidad desmejorar las garantías de los trabajadores frente a sus derechos irrenunciables, de modo que carecía de eficacia; encontrando a su vez que no se equivocó el juez en este aspecto de la decisión. Aludió a que tampoco le merecía algún reproche las condenas en los términos que fueron impuestas; y pasó a analizar la inconformidad del demandante, relativa a que procedía la indemnización moratoria prevista en el artículo 1 de la Ley 797 de 1949, el juez colegiado arguyó que en anteriores pronunciamientos consideró, siguiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que al ser una sanción no es de aplicación mecánica o automática, sino que debe estar probada la mala fe del empleador al incurrir en mora en el pago de las prestaciones sociales o por no consignar

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Radicación n.° 85412 oportunamente las cesantías en un fondo privado, de allí que se debe hacer un análisis del material probatorio, pues si se advierte un actuar de buena fe no es viable imponer ese tipo de condena. Citó un pasaje de la sentencia CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 23987, y razonó que en el sub lite se desprendía que la ESU tenía la firme convicción que la relación estaba regida

por un vínculo distinto al laboral, según los diferentes documentos que en el desarrollo de la actividad contratada se expidieron, acorde con el sistema de pago que se estableció y su relación con el Municipio de Medellín, aunado a que la existencia del vínculo de trabajo solo se definió en el proceso judicial. Destacó que, pese a que la parte actora adujo que la entidad demandada era consciente de su incorrecto obrar, pues viene siendo demandada por lo mismo desde del año 2008, tal situación no constituía un precedente obligatorio para resolver la litis, y reiteró que cada caso debía analizarse, tal como se dijo en sentencia CSJ SL811-2019, en la que se explicó que la imposición de la indemnización moratoria no es automática, sino que depende del estudio del haz probatorio. Arguyó que de las probanzas allegadas se desprendía que la «entidad» hizo uso de los mecanismos legales que le confería el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, creyendo que podía signar con el actor un contrato de prestación de servicios independiente para dar cumplimiento al convenio

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Radicación n.° 85412 interadministrativo celebrado con el Municipio de Medellín, quien, según la prueba testimonial, fijaba directrices e instrucciones, solicitaba la contratación de personal bajo contratos de prestación de servicios para poder cumplir el objeto de los convenios interadministrativos según se observa a folios 267 a 382. Añadió que acorde a los oficios de folios 383 a 480, era la Secretaria de Gobierno y la Subsecretaría de Defensoría de

Espacio Público las que remitían a la ESU las hojas de vida de varias de las personas para que fueran vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, y también relacionaba a quienes no se les renovaría el contrato. En ese orden de ideas, razonó que la conducta de «la codemandada ESU» estaba desprovista de la intención de infringir un perjuicio al contratista, es decir, su actuar fue de buena fe, por lo que confirmó la absolución de esa indemnización y agregó que los argumentos expuestos eran aplicables a la sanción por la no consignación de cesantías a un fondo al que alude el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que también se solicitó.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Pretende el recurrente: PRIMERA: CASAR Parcialmente la Sentencia de Segunda Instancia relacionada en el numeral segundo de este Instrumento Jurídico y en sede de Instancia ruego: PRIMERA CONSECUENCIAL: Como consecuencia de la anterior pretensión REVOCAR la parte Resolutiva de la Sentencia de Segunda Instancia que Absolvió de la Sanción Moratoria contemplada en el Decreto 797 de 1949 articulo 1 a las codemandadas.

SEGUNDA CONSECUENCIAL: Como consecuencia de las pretensiones Primera y Primera Consecuencial: CONDENARÁ a

la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y

solidariamente a EL MUNICIPIO DE MEDELLIN a PAGAR al trabajador: 1: La Sanción Moratoria contemplada en el Decreto 797 de 1949 articulo contabilizada transcurridos NOVENTA días contados desde la finalización de Relación Laboral hasta el VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, fecha en la cual la E.S.U. paga las prestaciones sociales al trabajador. 2: La indexación de la suma dineraria de la condena del numeral anterior desde el VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, fecha en la cual dejó causarse días moratorios (por el pago de prestaciones sociales que realizó u de las codemandadas en beneficio de ambas) y hasta la fecha de su pago efectivo. 3: Costas y Gastos del Proceso a las dos codemandadas de manera solidaria. Con tal propósito, formula un cargo que es replicado por la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU, el cual se resolverá a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia por vulnerar la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 1, 25, 29, 53, 83, 211, 228 y 229 de la CP; 1 del

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Radicación n.° 85412 Decreto 797 de 1949; 1, 2, 3, 11, 20, 26 numeral 9, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley 6 de 1945; 1, 2, 3, 5, 11, 19, 20, 37,

40 y 43 del Decreto 2127 de 1945; 9, 1502, 1508, 1513 y 1514 del CC; 1, 16, 19, 21, 57 numeral 4, 65, 140, 249, 260, 435, 467, 468, 469 y 476 del CST; 1, 2, 3 y 4 del Decreto 1876 de 1994; 17, 25, 29, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 42, 45, 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978 y; 5 y 11 del Decreto 3135 de 1968. En la demostración del cargo, señala que el primer error de hecho consistió en «No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en varios de los contratos de prestación de servicios pactados entre el actor y la codemandada empresa para la seguridad Urbana E.S.U. se encontraba acordado la subordinación.» (Negrilla y subrayado del texto). Para su acreditación, se remite al contrato de prestación de servicios 20092354, del cual transcribe la cláusula segunda y asevera que allí se establecieron unas «directrices claras y estrictas de las funciones a desempeñar, lo cual es propio de un contrato de trabajo». Reproduce la estipulación octava de ese documento, y afirma que es patente la subordinación a la que estaba sometida el actor, que resulta contraria a un contrato de prestación de servicios como formalmente se pactó. Y añade que en esa probanza igualmente consta que la contratante era quien suministraba los materiales o elementos necesarios para la ejecución de la labor.

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Radicación n.° 85412 Agrega que esas estipulaciones también fueron plasmadas en el contrato de prestación de servicios 20092597, para lo cual transcribe las cláusulas primera, segunda, octava y undécima. Expone que el segundo error cometido por el ad quem, radicó en «No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en un documento que reposa en el Plenario (El Protocolo para el Buen Uso del Uniforme) se encontraba expresamente prueba documental de orden escrita que demuestra la Subordinación del actor». (Negrilla y subrayado del texto). Señala que en el «DOCUMENTO CON AMENAZA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS», se le advirtió al promotor del proceso las sanciones disciplinarias si no usaba el uniforme correctamente, de modo que aflora que se acudió al contrato de prestación de servicios para encubrir una relación laboral de índole permanente, y transcribe un pasaje de la sentencia CSJ SL, 11 nov. 2015, rad. 45068. Manifiesta que la tercera equivocación del juez colegiado estribó en: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido que en varias sentencias que se arrimaron en Copia Autentica al Cartulario, se probó hasta la saciedad que la codemandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. se dio cuenta que esos Contratos de Prestación de Servicios los estaban declarando sin validez jurídica y como consecuencia de ello, los Jueces estaban declarando Una Relación Laboral entre los Defensores del Espacio Público y la codemandada

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y a pesar de

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Radicación n.° 85412 que hoy la codemandada se dio cuenta, siguió con sendos contratos de prestación de servicios, haciendo caso omiso a las Sentencias Judiciales. (Negrilla y subrayado del texto). Frente a tal yerro, la censura dice que existen precedentes judiciales allegados en copia autentica, de los que se desprende que la «E.S.U. se dio cuenta a que se atenía, si seguía con esa forma de contratación». Pasa a relacionar dos sentencias proferidas dentro de los procesos seguidos por Juan Carlos Zapata y Nelson de Jesús Cardona contra la referida entidad, e indica que con esas probanzas se prueba la mala fe «con que actuaba la demandada EMPRESA PARA LA SEGURIDA URBANA E.S.U. respecto de mi prohijado, que no obstante de tener conocimiento de tal hecho siguió contratando al actor mediante contratos de prestación de servicios y le desconoció sus derechos». Arguye que el cuarto error de hecho estribó en: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido el documento donde reposa el Decreto 178 de 20002, donde prueba que la vinculación del actor debió ser por un Contrato de Trabajo como Trabajador Oficial y no con un Contrato de Prestación de Servicios. (Negrilla y subrayado del texto). Frente a esa equivocación esgrime lo siguiente: […] véase el Decreto de Orden Municipal # 178 de 2002 arrimado con el Libelo Gestor del Cartulario donde se prueba que la E.S.U

es una empresa industrial y comercial del Estado donde sus

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Radicación n.° 85412 trabajadores son por regla general Trabajadores Oficiales, a excepción de los cargos de Dirección. Con lo cual se prueba la mala fe con la que actuó la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. respecto del actor. Ya que pudiéndolo vincular por medio de un Contrato de Trabajo, elige libre y espontáneamente vincularlo a través de un Contrato de Prestación de Servicios. Y añade que no aparece acreditado que fuera el Municipio de Medellín quien determinó que la vinculación del accionante se hiciera a través de contrato se prestación de servicios. Finalmente, propone un quinto yerro fáctico, consistente en: No dar por demostrado, estándolo, al pasar inadvertido el documento donde reposa el Contrato Inter Administrativo #4600030362 de 2011, donde se prueba que se pactó entre ambas codemandadas una Delegación de la Defensoría del Espacio Público y que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA tuvo amplio margen de contratación de personal a su libre albedrío. (Negrilla y subrayado del texto). Para su demostración, el recurrente asevera que «es de suma gravedad que no se tenga en cuenta» que las entidades demandadas estaban en la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, debiendo garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, económica, celeridad, imparcialidad y publicidad. Para concluir, transcribe unos pasajes de las sentencias

CSJ SL, 24 abr. 2009, rad. 35414; CSJ SL, 14 nov. 2012, rad. 38864; y CSJ SL641-2019.

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VII. LA RÉPLICA La ESU se opone a la prosperidad del cargo; indica que adolece de errores técnicos que comprometen un estudio de fondo, consistentes en que se dirige por la vía indirecta, bajo el submotivo de aplicación indebida, el cual, considera, solo se puede aducir en un ataque por la senda jurídica; que no existe claridad si aduce que hubo una falta de apreciación o la equivocada valoración de las pruebas; que las sentencias que se denuncian no constituyen jurisprudencia; y que tampoco se expresan los errores que se le endilgan al

Tribunal. Para finalizar, afirma que el ad quem hizo un correcto análisis frente a la indemnización moratoria, la cual no puede imponerse de manera automática.

VIII. CONSIDERACIONES La Sala advierte que, si bien la demanda de casación no es un modelo, pues adolece de algunos errores de carácter técnico, como lo son no individualizar las pruebas aun cuando en el desarrollo del ataque se refiere a algunas probanzas y no señalar con claridad si estas fueron valoradas de manera indebida o no tenidos en cuenta por el juez de apelaciones, lo cierto es que tales deficiencias son superables, por cuanto de la lectura integral del ataque aflora que el recurrente le reprocha al juez colegiado, desde el punto de vista fáctico, bajo el submotivo de la aplicación indebida,

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Radicación n.° 85412 que es el pertinente para esta senda (CSJ SL2055-2022), que hubiera inferido un actuar revestido de buena fe por parte la empleadora ESU, pese a que, en su decir, de las probanzas a que alude a lo largo del ataque se evidencia que la entidad pretendió desconocer sus derechos laborales al vincularlo mediante un contrato de prestación de servicios, cuando la relación era subordinada. Sobre tal aspecto, y tal como quedó expuesto en la síntesis del proceso, el ad quem, para confirmar la absolución por la indemnización moratoria, estimó que su imposición no era automática, y a partir del estudio del haz probatorio consideró que se desprendía que la empleadora ESU tenía la firme creencia de que entre las partes no existió un nexo de carácter laboral; que hizo uso de la Ley 80 de 1993 a efectos de darle cumplimiento al convenio interadministrativo celebrado con el Municipio de Medellín, quien era el encargado de impartir unas directrices en la forma de vinculación del personal; y que la existencia del nexo de trabajo se estableció fue en este proceso. En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala definir si el ad quem erró al colegir que la Empresa de Seguridad Urbana –ESU actuó de buena fe, al tener la firme convicción de que estaba frente a un contrato de prestación de servicios, mas no a una relación subordinada y, por consiguiente, era improcedente la súplica por la indemnización moratoria deprecada por el accionante.

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Radicación n.° 85412 Previo a dilucidar lo precedente y pese a que el ataque se dirige por la vía de los hechos, es de resaltar que los siguientes supuestos fácticos se encuentran por fuera de discusión: i) que entre el accionante y la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU existió un contrato de trabajo que se desarrolló del 3 de julio al 31 de diciembre del año 2009; y ii) que las sumas adeudadas por concepto de derechos generados en ese periodo, las cuales están a cargo de dicha entidad, se deben pagar de manera solidaria con el Municipio de Medellín. Ahora bien, en lo que atañe a la indemnización moratoria, por tratarse de un trabajador oficial al servicio de una empresa industrial y comercial del Estado (ESU), en este caso del orden territorial, tiene fundamento en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949; y respecto a ese tipo de condena esta corporación, en desarrollo de su función de interpretar las normas del trabajo, ha sostenido que su procedencia no es automática y tiene un carácter eminentemente sancionatorio, pues se genera cuando quiera que el empleador se sustrae, sin justificación atendible, del pago de salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del vínculo laboral, de modo que su imposición está condicionada al examen o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador. Aquí, resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Corte en sentencia CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 41522, en la que se puntualizó:

La indemnización moratoria, para el caso de los trabajadores oficiales consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, es

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Radicación n.° 85412 una institución que ha merecido el discernimiento reflexivo y crítico de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, que ha decantado su doctrina en torno a las sendas que deben seguirse para el combate de la sentencia que la haya impuesto o dejado de imponer en un caso determinado, al igual que las modalidades de violación que deben emplearse. En ese sentido, esta Sala de la Corte, al acoger el criterio jurisprudencial expuesto desde el Tribunal Supremo del Trabajo, de manera pacífica, reiterada y uniforme, ha precisado que la sanción moratoria no es una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al terminar el contrato de trabajo, no cubra al trabajador las acreencias laborales que le adeuda. Por ello se ha adoctrinado que el juez debe estudiar las pruebas aportadas al plenario, a fin de establecer si la conducta del empleador estuvo o no justificada, pues emana de la correcta hermenéutica de las normas que consagran la sanción, que ésta no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación del actuar del deudor, que bien puede conducir a su exoneración, o por el contrario, a la condena de la indemnización moratoria cuando del análisis del acervo probatorio el juez concluya, que no estuvo asistido de la buena fe. Debe recordarse que acorde con la jurisprudencia, la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera

honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de probidad y honradez del empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de integridad o pulcritud. En ese orden de ideas, la indemnización objeto de análisis no es automática y el juzgador debe hacer un riguroso examen de la conducta del empleador y de las circunstancias que efectivamente rodearon el desarrollo del contrato. Por consiguiente, la simple negación de la relación

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Radicación n.° 85412 laboral no exonera, per se, al empleador demandado de la indemnización moratoria, como tampoco la demostración del contrato de trabajo trae consigo inexorablemente que se imponga dicha sanción. En otras palabras, el supuesto convencimiento de la existencia de un contrato de prestación de servicios y no uno de índole laboral no conlleva necesariamente la exoneración de la indemnización moratoria, porque la empleadora puede realizar actos que demuestren que la falta de cumplimiento de sus obligaciones no estuvo acompañada de razones atendibles configurativas de buena fe. Hechas las anteriores y necesarias precisiones, de entrada, debe decir la Sala que el Tribunal cometió la equivocación enrostrada, según el análisis objetivo de las pruebas calificadas enunciadas por la censura, que muestran lo siguiente: i) Contratos de prestación de servicios. En los folios 65 a 68 obran los dos contratos por

prestación de servicios a que se refirió la censura en el desarrollo del ataque y se identifican con los números 20092354 y 20092597, los cuales fueron celebrados por el actor y la ESU, el primero el 3 de julio de 2009 y «hasta el 31 de octubre» de ese mismo año; y el segundo a partir del 1 de noviembre siguiente y con una duración de dos meses.

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Radicación n.° 85412 En estos contratos se estableció su alcance, plazo de la ejecución, valor a cancelar, forma de pago, obligaciones de las partes y las sanciones a las que habría lugar en caso de un posible incumplimiento. En ellos se dispuso que su objeto era «facilitar el trabajo y la convivencia pacífica entre las barras de los equipos de futbol»; y en las restantes estipulaciones a que alude el recurrente se plasmó: SEGUNDA. El alcance del objeto del Contrato comprende: 1) Realizar diagnóstico sobre la convivencia de los combos barristas en los barrios donde se han presentado conflictos 2) Apoyo logístico a todas las actividades de la mesa de convivencia para el Fútbol. 3) Desempeñar papel de gestor de paz en situaciones de conflicto con algunos de los combos de las barras. […] OCTAVA. El contratista aplicará la capacidad técnica y administrativa que sea indispensable para la correcta y eficiente ejecución del objeto de Contrato, pudiendo METROSEGURIDAD exigir que se apliquen los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del mismo. Y en su cláusula décima (f.o 65 vto.) y undécima del

segundo convenio (f.o 67 vto.) se estableció que la actividad se desarrollaría con los bienes que le serían entregados por la ESU, de los cuales se hace fiscalmente responsable, incluso por deterioro, pérdida o mal uso. Estipulaciones que fueron del siguiente tener literal: «METROSEGURIDAD entregará al Contratista los equipos, materiales o elementos, necesarios para la prestación de los servicios y éste se hace responsable, aun fiscalmente, de su deterioro, pérdida o mal uso que le sea imputable». Se plasmó también que debía guardar reserva de la información suministrada; que se aplica la Ley 100 de 1993 en lo relacionado con la afiliación al sistema de fondos de

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Radicación n.° 85412 pensiones y salud; y el deber aportar a la ESU las constancias de dichas afiliaciones o la autorización para que ésta efectúe los respecti