CSJ - SL586-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL586-2023 Radicación n.° 93465 Acta 09 Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALFREDO CONTRERAS MELGAREJO contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Alfredo Contreras Melgarejo convocó a juicio a las administradoras demandadas, con el fin de que se declare la «Nulidad del Traslado de Régimen» realizada el 1 de abril de 1999 al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS.

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Radicación n.° 93465 Como consecuencia de lo anterior, solicitó se ordene a Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. devolver las sumas que integran su cuenta individual con destino a Colpensiones; y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 25 de marzo de 1963; que efectuó aportes al ISS por 711,29 semanas; que el 1 de abril de 1999 se trasladó a la AFP Porvenir S.A.; que dicha decisión la adoptó sin recibir la

suficiente ilustración; que hasta el 31 de julio de 2018 ha cotizado a ese fondo 775 semanas, para un gran total de 1.489; y que en septiembre de 2018 solicitó su retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM, petición que le fue negada. Al dar contestación a la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la data de nacimiento del demandante, el número de semanas cotizadas, el traslado al RAIS y la solicitud efectuada tendiente a retornar al RPM, a lo que no se accedió; y de los restantes adujo que no le constaban. En su defensa, precisó que el actor no cumplía con los requisitos legales para regresar al RPM; y que el cambio de régimen pensional tiene plena validez y legalidad.

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Radicación n.° 93465 Propuso como excepciones las de prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, buena fe y la genérica. Por su parte, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. al contestar la demanda inaugural, también se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, aceptó la data de nacimiento del accionante y que solicitó el retornó al RPM; y de los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como razones de su defensa, adujo que el actor se trasladó de régimen pensional de forma libre y voluntaria, luego de recibir una asesoría idónea, integral y completa, tal

como consta en el formulario de afiliación; que no se presentó algún vicio en el consentimiento; que al promotor del proceso le corresponde acreditar los hechos en los que soporta sus pretensiones; y que no son aplicables los precedentes jurisprudenciales, en la medida que no era beneficiario de la transición, no tenía un derecho adquirido ni una expectativa para acceder a la pensión de vejez. Propuso como excepciones las de prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe, enriquecimiento sin causa y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá profirió fallo el 12 de marzo de 2019, en el que absolvió a las

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Radicación n.° 93465 demandadas de todas las pretensiones; ordenó que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en el evento en que no fuere apelada la decisión; e impuso costas a la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 13 de agosto de 2019, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el promotor del proceso, confirmó el fallo de primer grado. No impuso costas en la alzada.

El ad quem adujo que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si era procedente declarar la «nulidad y/o ineficacia» de la vinculación del actor al RAIS. A fin de resolver tal cuestionamiento, el juez colegiado expuso que era necesario analizar la postura que frente a esa

temática ha desarrollado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y con tal fin aludió a la sentencia CSJ SL319892008, y dijo que allí se dejó plasmado que les corresponde a las AFP demostrar la debida diligencia en el suministro de información adecuada y coherente con la situación pensional del interesado, en los eventos en que el afiliado, al momento del cambio de régimen, ya hubiera adquirido el derecho a la pensión, estuviera muy cerca de consolidarlo o fuera beneficiario de la transición.

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Radicación n.° 93465 Consideró que la inversión de la carga de la prueba no se aplica de forma general, sino en unos precisos eventos, siendo la regla general que al demandante le correspondía acreditar la nulidad o ineficacia de la vinculación, sin que para tal propósito sea suficiente lo alegado en la demanda inicial. Arguyó que lo expuesto se corroboraba con diferentes decisiones, entre otras, la CSJ SL12136-2014 y CSJ SL19447-2017, en las que se declaró la ineficacia por razón del perjuicio o lesión injustificada que se le causó a la demandante, por tanto, reiteró que la inversión de la carga de la prueba, relativa a demostrar la debida información, solo opera en «casos excepcionales». Descendió el caso en concreto y explicó que el accionante nació el 25 de marzo de 1963 (f.o 10), de modo que no era beneficiario del régimen de transición, y tampoco tenía acreditados los 15 años de servicios cotizados, según se desprendía de la documental de folio 11, de modo que no

se invertía la carga de la prueba, aunado a que no era dable inferir un perjuicio o lesión, que le obstaculizara acceder a la prestación económica, máxime que de forma libre y espontánea adoptó esa determinación de cambiar de modelo pensional, por cuanto las afirmaciones plasmadas en la demanda inicial y lo aducido en el interrogatorio de parte que absolvió eran insuficientes para ese fin, sin que se advirtiera alguna causal de nulidad.

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Radicación n.° 93465 Expresó que, si se presentó un error de derecho, no vicia el consentimiento, aunado en que la ley consagra las características de cada régimen y, en especial, las exigencias para acceder a la pensión, destacando que en el RAIS solo se exigen 1150 semanas mientras que en el RPM son 1300, de allí que debía entenderse que esa selección fue libre, tal como se colegía del formulario de vinculación obrante a folio 65, con el cual se presumía el conocimiento de las bondades del RAIS. Finalmente, aludió a las sentencias CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1897-2019 y reiteró que en este asunto no operaba la inversión de la carga de la prueba.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, acceda a las súplicas de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo que es replicado por

Colpensiones.

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Radicación n.° 93465

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía directa, por infracción directa de los siguientes artículos: 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 97 numeral 1 del Decreto 663 de 1993; 3 de la Ley 1328 de 2009; 2, 3 y 7 del Decreto 2241 de 2010.

Expone que el Tribunal se alejó del precedente fijado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo equivocadamente que como el actor no era beneficiario del régimen de transición y diligenció el formulario de vinculación, ello era suficiente para negar las súplicas de la demanda inicial. Expone para las AFP es obligatorio cumplir con el deber de información, tal como se explicó en la sentencia CSJ SL1688-2019, de la que transcribe un aparte, y afirma que la línea jurisprudencial fue desconocida por el ad quem. Asevera que el promotor del proceso no eligió de forma libre el régimen pensional, toda vez que desconocía las implicaciones de ese cambio, en tanto no se le suministró la información necesaria para adoptar esa decisión, la cual no puede entenderse satisfecha con una «expresión genérica» o con lo plasmado en un formulario. Manifiesta que respecto a que el actor no era beneficiario de la transición «se destaca que dicha tesis no tiene relación e incidencia en el litigio que nos ocupa, habida

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Radicación n.° 93465 cuenta que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no ha condicionado su jurisprudencia a que el afiliado demuestre ser beneficiario del régimen de transición», y como apoyo de este razonamiento transcribe un fragmento de la sentencia

CSJ SL1452-2019.

Para concluir expresa: Finalmente, en el litigio que nos ocupa y de acuerdo al precedente jurisprudencial aplicable a la materia, las convocadas a juicio tienen la carga de demostrar el cumplimiento de las reglas y subreglas que la ley y la jurisprudencia han trazado en casos análogos al que nos ocupa, lo cual no se probó en el caso concreto. Dicha inversión de la carga de la prueba se ha establecido desde los precedentes del año 2008, es decir, desde hace más de una década, y se ha reiterado en múltiples sentencias, como en las SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018 y SL49892018, donde las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional donde igualmente se resalta la carga dinámica de la prueba donde las administradora de fondos de pensiones en el proceso judicial tienen la carga de demostrar el cumplimiento del deber de información so pena de que se declare ineficaz este tránsito entre regímenes pensionales, ya que en estas administradoras reposa todo el conocimiento técnico, profesional y de carácter económico para poder acompañar a sus afiliados durante el tránsito

de su vida laboral hasta el momento del cumplimiento de sus requisitos pensionales. (Negrilla y subraya propias del texto)

VII. LA RÉPLICA Colpensiones se opone al cargo propuesto. Aduce que el juez colegiado aplicó las disposiciones denunciadas; que la AFP Porvenir S.A. suministró la información necesaria al

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Radicación n.° 93465 afiliado, pues ello se desprende del formulario de traslado, cumpliendo con la normativa vigente para el momento del cambio de régimen; y que no existe un vicio en el consentimiento.

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que debe decirse, es que aun cuando el presente cargo orientado por la vía directa no es un modelo, lo cierto es que, las impropiedades que presenta son perfectamente superables. En efecto, si bien el impugnante alude a cuestiones fácticas mezclando los senderos de violación, aunado a que cuestiona el alcance impartido a la jurisprudencia de la Corte, de allí que hubiese sido más acertado alegar la interpretación errónea y no la infracción directa; empero, lo cierto es que, resulta dable examinar el asunto de fondo, en tanto del análisis en contexto de la acusación emerge un reproche jurídico contra la decisión del Tribunal, consistente en que no se tuvo en cuenta que las administradoras de pensiones tienen la obligación legal de brindar información clara y suficiente a los afiliados en relación con el traslado al RAIS, con independencia de si son o no beneficiarios del régimen de transición o cuenta con una

expectativa pensional, correspondiéndole a la entidad de seguridad social, en virtud de la carga dinámica de la prueba, acreditar que cumplió con esa obligación, la cual no se satisface con la firma de un formulario de traslado; y en tales circunstancias bajo esta órbita se despachará la acusación.

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Radicación n.° 93465 Advertido lo anterior, se precisa que en razón a la orientación del cargo por la senda jurídica no se discuten los siguientes aspectos fácticos: i) que el demandante a la entrada en vigencia del régimen pensional consagrado en la Ley 100 de 1993, tenía menos de 15 años de cotizaciones y no contaba con 40 años de edad o más, esto es, que no tiene transición; ii) que se trasladó del RPM al RAIS, en el año 1999; y iii) que la parte accionante no acreditó un vicio en el consentimiento. Conforme a lo expuesto, a la Sala le corresponde elucidar si la colegiatura incurrió en los equívocos jurídicos que se le endilgan, consistentes en si erró al considerar que no resultaba procedente la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS solicitada por el actor, por no contar el afiliado con una expectativa legitima, ni haber demostrado un perjuicio cierto con tal actuación de cambio de régimen, máxime que no era beneficiario de la transición; así como al estimar que la simple suscripción libre de apremio del formulario de vinculación, era suficiente para entender la existencia de un consentimiento informado; y al no advertir

que era la AFP demandada quien tenía la carga de acreditar que ofreció suficiente ilustración sobre las características de los dos sistemas pensionales. Para dar respuesta a esos interrogantes, se abordarán los puntos de inconformidad, de la siguiente manera: i) la obligación relativa al deber de información que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones; ii) la carga de la prueba cuando se denuncia la omisión a ese deber de

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Radicación n.° 93465 ilustración; iii) si diligenciar el formato de vinculación es suficiente para dar por satisfecha la obligación de la AFP; y iv) si la ineficacia de la afiliación o cambio de régimen solo tiene cabida cuando el asegurado tiene una expectativa de pensión o un derecho causado. Previo a examinar cada una de las temáticas, esta Sala debe comenzar por precisar que, aunque el recurrente solicitó en la demanda inicial la nulidad del traslado, tal súplica tuvo como fundamento fáctico principal que la AFP Porvenir S.A. incumplió el deber legal de brindarle información, de allí que esa decisión no estuvo precedida de la ilustración necesaria; y esta corporación tiene adoctrinado que la consecuencia del ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada, es la ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado, artículos 271 y 272 Ley 100 de 1993 (CSJ SL1689-2019). Por ende, ese será el tratamiento que le corresponde a la Sala darle al examen del acto de cambio de régimen pensional por trasgresión al referido deber de información.

Ello significa que cuando se examina la figura jurídica de la ineficacia, no se tiene la necesidad de establecer si existió o no un vicio en su consentimiento, como tampoco fundar el fallo partiendo de una supuesta inconformidad en hipotético valor de la mesada, sino, se itera, a que la sociedad demandada no le brindó los elementos necesarios para adoptar una decisión informada, conociendo las ventajas y desventajas entre uno y otro régimen pensional.

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Radicación n.° 93465 Explicado lo anterior, procede al estudio del cargo, así:

1. El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones.

Sobre este punto inicial, la Corte ha establecido que, desde la data de su creación, las administradoras de pensiones se encuentran obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir un juicio claro que permita elegir dentro de las alternativas pensionales existentes la que más favorezca al afiliado. Lo anterior, se encuentra en armonía con lo consagrado en el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, el cual prescribió en el numeral 1 del citado artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

A través de la sentencia CSJ SL1452-2019, se explicó que, para garantizar una afiliación libre y voluntaria, debe estar demostrado que se brindó una información suficiente y transparente que permita al potencial afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses.

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Radicación n.° 93465 Así mismo, se ha estimado que esta labor informativa no solo corresponde a la enunciación de las características del RAIS y a sus beneficios, sino que impone una descripción de las particularidades, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, es decir, un cotejo entre las peculiaridades, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los modelos o sistemas vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, pues así lo establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Debe tenerse en cuenta que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de aludido deber ha cambiado y se ha ido transformando, ha pasado de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Ello impone a los jueces del trabajo, la necesidad de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, sin perder de vista en ningún caso, que esta obligación desde un inicio ha existido y es ineludible para las AFP. Por ello, encuentra la Sala que en el caso bajo examen le asiste razón a la censura en su reproche jurídico en este punto,

pues el Tribunal en su decisión debió tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, normativa vigente a la fecha del traslado que se produjo en el año 1999, para que conforme a esta disposición se pudiera establecer si la administradora accionada dio efectivo

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Radicación n.° 93465 cumplimiento al deber de brindar ilustración suficiente, objetiva y clara sobre las consecuencias de dicho traslado.

2. Carga de la prueba en el deber de información– inversión a favor del afiliado.

En este segundo punto la razón está del lado del recurrente, toda vez que la jurisprudencia la Corte ha adoctrinado que cuando un afiliado alega que no recibió la información debida al cambiarse de modelo pensional, como lo hizo el promotor del proceso en la demanda inaugural, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca y, por ende, será la contraparte, en este caso, a la AFP demandada, quien tiene que demostrar que sí brindó la ilustración debida, dado que es quien está en posición de hacerlo. Así se consagró, en la decisión CSJ SL1452-2019, en la que se dijo: Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión. En torno al punto, el artículo 1604 del Código Civil establece que

«la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional. Por tanto, en estos asuntos de ineficacia del traslado donde se reclama un incumplimiento en el deber de información, opera la inversión en la carga de la prueba a favor del afiliado, pues pedirle a este último que acredite

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Radicación n.° 93465 dicho presupuesto resulta un despropósito, en la medida que: i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el Fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del Fondo; y iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento. Conforme lo anterior, el Tribunal se equivoca, ya que es a la administradora accionada a quien le corresponde la carga de demostrar el cumplimiento del deber de información.

3. El simple consentimiento vertido en el formulario de vinculación es insuficiente – Necesidad de un consentimiento informado.

Frente a esta temática es oportuno recordar que esta corporación, ya ha tenido oportunidad de precisar que la simple suscripción de un formulario y la firma de un formato preimpreso por los fondos de pensiones, no son elementos de convicción suficientes para dar por demostrado el deber de

información que se exige al tenor del Decreto 663 de 1993, pues, a lo sumo, acredita un consentimiento, pero no informado. En la sentencia CSJ SL19447-2017, reiterada en la CSJ SL1452-2019 y recientemente en la decisión CSJ SL916-2022, se indicó:

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Radicación n.° 93465 Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado». Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el

equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario […] (subrayado por la Sala). Así las cosas, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado. Por tanto, en el campo de la seguridad social, existe un deber insoslayable de obtener un consentimiento informado, entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el

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Radicación n.° 93465 usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen, por tanto, el asegurado antes de dar su consentimiento debe haber recibido la información clara, cierta, comprensible y oportuna. Como consecuencia de lo expuesto, se debe concluir que el juez plural se equivocó al dar por satisfecho el deber de ilustración con el simple diligenciamiento del formulario de afiliación del actor, por cuanto, como quedó visto, la manifestación preimpresa no resulta suficiente para

considerar que se produjo un consentimiento informado. Por tanto, el ataque también prospera en este puntual aspecto.

4. El alcance de la jurisprudencia de esta corporación en torno a la ineficacia del traslado.

Vista la motivación de la decisión confutada, el motivo por el cual el ad quem coligió que no resultaba aplicable lo adoctrinado por la Corte respecto a la ineficacia del traslado, se soportó en que, al no ser el accionante beneficiario del régimen de transición, no tener cumplidos los requisitos para acceder al derecho pensional y no estar próxima a ello, no era dable declarar la ineficacia de su traslado al RAIS. Sobre el particular, debe decirse que en el recurso extraordinario no se cuestiona que el actor no era beneficiario de la transición, que no había cumplido los requisitos para acceder a la pensión y que no estaba próximo a ellos a la fecha

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Radicación n.° 93465 en que se trasladó al RAIS; empero ello no implica que, el juez plural no se hubiera equivocado, pues esos presupuestos fácticos son insuficientes para negar la ineficacia de traslado por omisión en el deber de información, tal como se pasa a explicar. La Corte ha adoctrinado que la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 9 sep. 2008, rad. 31989; CSJ SL 9 sep. 2008, rad. 31314; CSJ SL 22 nov. 2011, rad. 33083; CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL49642018 y CSJ SL4989-2018, consistente en que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional; es exigible sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, un beneficio transicional o si se está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto. En ese orden, ni la legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se tiene que contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información (CSJ SL1452-2019). De lo expuesto, se debe colegir que el Tribunal incurrió en el error endilgado en este punto, pues condicionó la

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Radicación n.° 93465 ineficacia del traslado a presupuestos equivocados, como quedo explicado anteriormente. Por lo anterior, para la Corte se colige que el juez de segundo grado cometió los errores imputados, al sustraerse de su deber de verificar si la AFP brindó al afiliado información necesaria y objetiva sobre las características, riesgos y consecuencias del traslado; al invertir la carga de la prueba en contra del demandante; al plantear que la suscripción del formulario de afiliación era suficiente para materializar el traslado; y al supeditar su ineficacia a que el afiliado tuviese

una suerte de derecho consolidado o proximidad a pensionarse. Por tal motivo, el cargo prospera y se casará la sentencia impugnada. Sin costas en casación.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA El juez de primer grado negó las súplicas de la demanda, en síntesis, bajo los siguientes razonamientos: Aludió a la Ley 100 de 1993 y resaltó que allí se establecieron dos regímenes pensionales, correspondiéndole elegir al afiliado libremente su vinculación y mencionó el artículo 48 de la CP.

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Radicación n.° 93465 Consideró que debía verificar si el traslado de régimen efectuado el 8 de febrero de 1999 con efectivad al 1 de abril de ese año (f.o 65 y 66) por el promotor del proceso estaba viciado de nulidad y, con tal fin, mencionó los artículos 1506, 1740 y 1741 del CC; y expuso que el actor era una persona capaz que adoptó esa determinación siendo mayor de edad. Explicó que el objeto y la causa era licito, además que no se advertía un vicio en el consentimiento, pues así se desprendía del respectivo formulario de vinculación, el cual cumplía con las exigencias del Decreto 692 de 1994, y lo signó de forma libre y voluntaria, conforme lo reconoció en el interrogatorio de parte que absolvió, en el que también indicó que recibió información. Por otra parte, el a quo dijo que al verificar la historia laboral se advertía que el accionante cotizó a la AFP 775

semanas, la mayoría con un salario mínimo, de allí que le resultaba más conveniente pertenecer al RAIS, pues en este opera la garantía de la pensión mínima, para lo cual se requiere de 62 años de edad y contar con 1150 semanas, densidad inferior a las 1300 exigidas en el RPM, de modo que para el momento de cambio de régimen le convenía más el RAIS. Destacó que la inconformidad del actor se centraba en el valor que recibiría por la mesada pensional, sin que se advirtiera que se pudiese generar alguna diferencia en su cuantía entre uno y otro régimen, en tanto, reiteró que casi

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Radicación n.° 93465 siempre había cotizado sobre un salario mínimo, al margen que en los últimos meses hubiera incrementado el IBC. Por otra parte, infirió que el promotor del proceso no era beneficiario del régimen de transición; que además realizó actos de relacionamiento que daban cuenta de esa vinculación al RAIS; y que al asunto no resultaba aplicable la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de casos con supuestos fácticos diferentes. Finalmente, el a quo dijo que