CSJ - SL593-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL593-2023 Radicación n.° 90381 Acta 09 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ contra la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferida el 13 de agosto de 2020, en el proceso ordinario laboral que la recurrente promueve contra

COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, OLD

MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES

Y CESANTÍAS S. A., hoy SKANDIA PENSIONES Y

CESANTÍAS S. A., y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Sebastián Torres Ramírez con tarjeta profesional 298.708 del C. S. de J., como apoderado de Colpensiones, de conformidad con el memorial de sustitución visible en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 90381

I. ANTECEDENTES La accionante solicitó que se declare la ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con SolidaridadRAIS que efectuó a través de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías el 24 de febrero de 1995 y, que, es afiliada al Régimen de Prima Media – RPM administrado por Colpensiones. En consecuencia, requirió condena contra la

AFP Skandia Pensiones y Cesantías S. A., hoy Old Mutual Pensiones y Cesantías S. A., a la que está vinculada en la actualidad, para que envíe a la administradora pública todos los aportes que realizó en el RAIS, y a esta última se le imponga aceptarla como su afiliada sin solución de continuidad y recibir dichos recursos. También pidió que se grave a las demandadas con las costas del proceso y las agencias en derecho. Con esa finalidad fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 28 de noviembre de 1966; se afilió al ISS, hoy Colpensiones, el 16 de diciembre de 1985 y cotizó 344,43 semanas; el 24 de febrero de 1995 se trasladó al RAIS a través de la AFP Colfondos S. A. y después migró a Old Mutual Pensiones y Cesantías S. A. Adujo que la citada AFP privada al momento del cambio de régimen, no le informó que el valor de su mesada pensional sería inferior en el RAIS, ni le realizó una proyección que le permitiera tener un panorama completo respecto del monto de su prestación, con inclusión del bono pensional.

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Radicación n.° 90381 Agrega que para obtener la decisión de movilidad de régimen el asesor de la Colfondos S. A. le manifestó que en el RPM no se pensionaría, que el ISS iba a desparecer y que en el RAIS podía acceder a la prestación de vejez a cualquier edad, pero no le advirtió que se afectarían el valor pensional y el bono pensional. Esto es, no le puso en conocimiento las

desventajas del traslado. Adicionalmente, ni Colfondos S. A. ni Old Mutual S. A. la alertaron sobre la posibilidad que tuvo de regresar al RPM hasta antes del cumplimiento de los 47 años de edad. Aseveró que en la actualidad acumula 1434 semanas de aportes al sistema general de pensiones. Añadió que el 4 de enero de 2017 elevó derecho de petición a Colfondos S. A. con miras a invalidar la afiliación al RAIS, pero que a través de la comunicación de 3 de marzo de esa anualidad le contestaron que no existían elementos de juicio para acceder a su pedimento y que «no cuentan con soporte físico de la asesoría». Contó que también acudió a Colpensiones el 4 de enero de 2017 para obtener su retorno a dicha entidad y, que, esta mediante oficio de 10 de febrero siguiente le respondió que su aspiración era improcedente debido a que a 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, no tenía 15 años o más de servicios cotizados al sistema (f.os 4 a 19). Al dar contestación al escrito inaugural, Old Mutual Pensiones y Cesantías S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que la accionante es su afiliada

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Radicación n.° 90381 y que registra más de 1434 semanas de aportes al sistema general de pensiones de conformidad con su historia laboral consolidada. Las otras situaciones fácticas las negó o señaló que no le constaban. Expresó en su defensa que, el traslado de la accionante

al RAIS es válido y que ella no sustenta probatoriamente las razones que respaldan sus aspiraciones. Adujo que las características de los regímenes pensionales están plasmadas en la ley y que, por tanto, la falta de información y el supuesto engaño al momento de la afiliación no pueden viciar el consentimiento, dado que en los términos del artículo 1509 del Código Civil el error de derecho no genera esa consecuencia. Añadió que, de todas maneras, la solicitud de «nulidad» de la vinculación al RAIS se encuentra prescrita de conformidad con el artículo 1750 del Código Civil. Más adelante esgrimió que, en caso de existir alguna «nulidad», esta se habría saneado con la migración de administradora de pensiones dentro del RAIS, lo cual ratifica el interés de la promotora del proceso de permanecer en el régimen privado. Aseveró que, aunque la afiliada retornara al RPM no recuperaba el régimen de transición por cuanto al 1 de abril de 1994 no había sufragado el equivalente a 15 años de cotizaciones. Invocó como excepciones de fondo las de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido

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Radicación n.° 90381 por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe (f.os 83 a 103). Colpensiones también rechazó las pretensiones. Respecto de los hechos, indicó que aceptaba la afiliación de la accionante al ISS, el número de aportes que realizó a esa administradora y la data del cambio al RAIS, así como la

existencia de la reclamación administrativa y el sentido de la respuesta. Frente a los otros manifestó que no tenía certeza por tratarse de situaciones atinentes a la otra demandada. Expuso que la asegurada no acreditó ninguna de las causales de nulidad como error, fuerza o dolo que afectaran la validez de la afiliación al RAIS, por lo que ese acto es legal y produjo plenos efectos. Agregó que la actora confesó que se vinculó a la AFP privada, de donde se infiere su voluntad de trasladarse de régimen pensional, máxime que aportó en ese régimen desde 1995. Precisó que, con arreglo a la restricción establecida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, las personas a quienes les faltan 10 años o menos para alcanzar la edad de pensión, que es el caso de la promotora del proceso, no pueden variar su régimen pensional. Propuso como medios defensivos de mérito los de prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y la genérica (f.os 124 a 127). Colfondos S. A. por su parte se opuso a las pretensiones. Admitió la afiliación de la señora Sánchez

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Radicación n.° 90381 Ramírez a esa AFP el 24 de febrero de 1995, con efectos a partir del 1 de marzo de esa anualidad. Respecto de los otros hechos manifestó que no eran ciertos o no le constaban. Expresó que la actora se afilió voluntariamente a esa

AFP y exteriorizó su consentimiento con la suscripción del respectivo formulario como lo contempla el artículo 11 del Decreto 692 de 1994; y que, además, ha cotizado al RAIS por más de 22 años. Adicionó que contrario a lo que se afirmaba en la demanda inicial, sí brindó a la asegurada una asesoría integral y completa respecto de las implicaciones de la variación de régimen; asimismo la ilustró respecto de las características de cada uno de los esquemas pensionales, sus ventajas y desventajas, las rentabilidades y la opción de retracto. Advirtió que, de todos modos, ha adelantado campañas en los medios de comunicación para informar al público en lo tocante con las condiciones para retornar al RPM. Esgrimió como medios defensivos de fondo, los que denominó inexistencia de la obligación, falta de causa y objeto, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, validez de la afiliación al RAIS, innominada o genérica, compensación y pago, prescripción, obligación a cargo exclusivamente de un tercero, inaplicabilidad legal, mala fe de la demandante y ratificación de la afiliación a esa AFP (f.os 149 a 175).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Juez Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo de 29 de marzo de 2019, decidió (f.os 220 y 221, y CD.): PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ el traslado de régimen

efectuado por la demandante ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ a la demandada COLFONDOS S. A. y en consecuencia los cambios de AFP realizados.

SEGUNDO: ORDENAR a la demandada OLD MUTUAL S. A. entidad en la que se encuentra afiliada la actora a trasladar a COLPENSIONES los aportes que tenga en su cuenta de ahorro individual, esto es, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, tales como cotizaciones, bonos, pensionales, sumas adicionales de la aseguradora y comisiones cobradas con todos los frutos e intereses legales, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

TERCERO: ORDENAR COLPENSIONES a aceptar el traslado de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, junto con todos los valores que le sean entregados.

CUARTO: CONDENAR en costas a la demandada COLFONDOS

S. A. en favor de la parte actora las cuales serán tasadas por secretaría una vez quede ejecutoriada la presente decisión y sin costas para Colpensiones y Old Mutual.

QUINTO: En caso de no ser apelada la presente decisión consúltese con el superior.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que conoció en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, mediante sentencia de 13 de agosto de 2020, dispuso: PRIMERO: DECLARAR que de conformidad con los precedentes

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Radicación n.° 90381 jurisprudenciales citados, la seguridad social es un derecho autónomo y las normas de su estatuto contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, regulan íntegramente el acto de afiliación a un régimen pensional, las competencias y sanciones en caso de infracción a la libertad de elección.

SEGUNDO: DECLARAR que de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, las normas reguladoras del acto de afiliación, deben aplicarse integralmente, sin posibilidad de fraccionarse, ni tomar parte de una y otra para dar paso a una tercera que se ajuste al caso.

TERCERO: DECLARAR que la ineficacia del acto de afiliación a un régimen pensional a causa de la deficiencia en el deber de información, debe sujetarse integralmente a lo dispuesto en el artículo 271 de la ley 100 de 1993.

CUARTO: DECLARAR que el deber de información está a cargo de las administradoras de pensiones, en la forma en que se establecido (sic) en las normas citadas en los precedentes jurisprudenciales en sus diferentes etapas y, que su aplicación tiene efecto general inmediato y no retroactivo.

QUINTO: DECLARAR que en Colombia coexisten dos regímenes pensionales administrados por sujetos de derecho privado, en el caso de las AFP y público de carácter especial en el caso de Colpensiones, que compiten libremente en la captación de afiliados y son excluyentes.

SEXTO: DECLARAR que no hay presupuestos procesales para dar aplicación a la ineficacia del acto de afiliación demandado, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 271 de la ley

100 de 1993, en virtud de que su aplicación debe hacerse integralmente, atendiendo al principio de inescindibilidad y son las autoridades administrativas allí señaladas las competentes.

SÉPTIMO: DECLARAR que el juzgamiento de validez del acto de afiliación y sus consecuencias, debe hacerse a la luz del estatuto de seguridad social contenido en la ley 100 de 1993 y sus modificaciones, en atención al principio de integración normativa.

OCTAVO: DECLARAR que el acto de afiliación al sistema pensional nace de una obligación legal, es unilateral de adhesión y sometimiento a las condiciones impuestas por el legislador y a las modificaciones que este imponga en leyes posteriores.

NOVENO: DECLARAR que el acto de afiliación a un régimen pensional, no tiene carácter contractual y en consecuencia sus requisitos y efectos no nacen de la voluntad de los sujetos que en el (sic) intervienen sino de las disposiciones contenidas en la ley.

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DÉCIMO: DECLARAR que Colpensiones y la AFP Porvenir (sic) son sujetos de derecho que administran dos regímenes pensionales que coexisten, compiten entre sí, son excluyentes y sus obligaciones son autónomas frente a los actos del afiliado en materia de elección y afiliación libre a cualquiera de los dos.

ONCE: DECLARAR que el acto de afiliación determina la forma de financiamiento de la pensión y no de su monto, razón por la cual no involucra un derecho subjetivo del afiliado sobre este último.

DOCE: DECLARAR que el deber de información está sometido en su contenido a las normas vigentes al momento en que se realizó la afiliación al régimen pensional y no pueden aplicarse normas posteriores, en virtud del principio de irretroactividad de la ley.

TRECE: DECLARAR que cualquier daño que se ocasione al afiliado por incumplimiento en los deberes de la AFP o de sus funcionarios, debe ser resarcido por estas en atención a lo dispuesto en el Decreto 720 de 1994.

CATORCE: DECLARAR que los efectos legales de la afiliación a un régimen pensional no surgen de acuerdos entre el afiliado y la administradora escogida sino de la ley y, en consecuencia, los mismos no pueden tornarse en perjuicios a cargo de la administradora.

QUINCE: DECLARAR que Colpensiones es ajena al acto de afiliación de la demandante y al deber de información a cargo de las AFP, a la luz de las normas vigentes para el 24 de febrero del año 1995, fecha del traslado a COLFONDOS S.A. y, no pueden aplicarse las disposiciones posteriores que establecieron la doble asesoría.

EN CONSECUENCIA: PRIMERO: SE REVOCAN, en razón a que la afiliación de la actora al RAIS y cualquier posible perjuicio derivado las condenas impuestas a Colpensiones de la misma, son producto de la voluntad y decisión unilateral del demandante (sic), que optó por cambiar la forma de financiación de su pensión, sin su intervención; constituyéndose en un hecho ajeno en el que no participó Colpensiones, por lo que ningún perjuicio pudo causar

y, en consecuencia, ningún daño debe reparar.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

El colegiado precisó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si Colpensiones debía aceptar a la

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Radicación n.° 90381 actora en el RPM, por haberse declarado la ineficacia de la afiliación en el RAIS. En esa dirección señaló que la afiliación «es un acto condición, libre y voluntario», sometido a las normas previamente establecidas por el legislador y, además, es unilateral y de adhesión; y que la selección de un régimen pensional no tiene relación alguna con «la determinación del valor de la mesada pensional, ni puede pretenderse anticipar o especular valor alguno de la misma, pues lo que se determina con la escogencia de un régimen, es la forma como se acumularán los recursos para la financiación de la prestación». Precisó que en las sentencias CC C086-2002 y CC C083-2019 se estudió la afiliación, su naturaleza y el monto de la prestación, para lo cual transcribió algunos apartes. Con relación a las limitaciones al cambio de régimen dijo que la permanencia y el traslado impactan la forma de financiar la prestación tanto en el RAIS como en el RPM; que en la sentencia CC C1024-2004 se declaró la exequibilidad de la Ley 797 de 2003, providencia en la que se encuentran consignadas las razones por las cuales se estableció en esa normativa la prohibición de trasladarse a quien le falten diez años o menos para acceder a la pensión.

Se remitió al marco normativo y jurisprudencial fijado por esta Corte para sustentar la ineficacia del acto de afiliación al régimen pensional en sus diferentes etapas; destacó la sentencia CSJ SL1452-2019, en la que se

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Radicación n.° 90381 interpretaron las normas sobre el deber de información de las AFP, definiendo que su incumplimiento imposibilita la libertad de elección de régimen pensional por parte del afiliado, determinando tres fases en la regulación, «dejando en evidencia su evolución, pasando de uno menos concreto a uno con la puntualidad de comparar valores de la mesada pensional». Apuntó que, una cosa es suministrar información sobre expectativas pensionales durante los primeros diez años de desarrollos legales y económicos que acompañaron la aplicación de la Ley 100 de 1993 y, otra muy diferente, entregarla después de varios años: […] cuando entre otras cosas el afiliado ya tiene cumplido el tiempo y las cotizaciones o el capital para acceder al goce de la pensión por vejez, porque en este momento las variables que no eran determinables en 1994 (o para el caso el año 1995), se convierten en variables determinadas tanto por los cambios introducidos en la Ley 797 de 2003, como por la verificación ya en concreto de las variables económicas que incidieron sobre los rendimientos financieros de los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, que determinan el monto de la pensión en forma concreta. Aseguró que las disposiciones sobre el deber de información en el caso de la actora correspondían a las

señaladas para la primera etapa, por haberse realizado la afiliación al RAIS en el año 1995, esto es, los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993; 97 del Decreto 663 de 1993 y 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994. Explicó que el artículo 4 del Decreto 656 de 1994 era el que hacía responsable a las AFP en el grado de culpa

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Radicación n.° 90381 levísima, por los daños que se pudieran causar a los afiliados, en tanto que el literal j) del artículo 14 ibidem, imponía un deber de asesoría, cuando así lo requería el afiliado para la contratación de rentas vitalicias. Aseveró que la aplicación del Decreto 663 de 1993, como fuente del deber de información, era cuando menos forzada porque para entonces no existían las AFP, por lo que no podía tenerse un contenido material sobre asuntos pensionales o, al menos, en la forma en que lo describe la jurisprudencia para esta primera fase, cuando señala «que se debe [n] incluir referencias claras, precisas sobre las ventajas de cada régimen, el monto de la pensión, la perdida (sic) del régimen de transición, porque no existían ni las administradoras ni la Ley 100 de 1993». Esbozó que el artículo 271 ibidem consagró una sanción para la persona que «impida o atente» contra la libertad de elección del régimen pensional, estableciendo la imposición de una multa por parte de una autoridad administrativa – Ministerio de Trabajo y Superintendencia de Salud, y una

penalidad accesoria, la cual deja sin efecto la afiliación para que el afectado pueda hacerla nuevamente, estando a cargo de dicha entidad la competencia para imponer la sanción correspondiente, «y surja la consecuencia accesoria de dejar sin efecto la afiliación para dar paso a una nueva, si el afectado así lo desea». Adujo que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 720 de 1994:

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Radicación n.° 90381 […] establecen la responsabilidad por los perjuicios que se causen a los afiliados, con ocasión de cualquier infracción, error u omisión de los promotores de las AFP, indicando que es responsabilidad de estas últimas; razón por la cual esta disposición no permite trasladar los perjuicios de las omisiones en el deber de información a un sujeto de derecho, que como Colpensiones, no intervino en la decisión del afiliado al momento de optar por el RAIS, ni es responsable del deber de información que impone la doble asesoría que solo se estableció a partir del 2014 con la expedición de la Ley 1748. Refirió que la construcción jurisprudencial de la ineficacia del acto de afiliación al régimen pensional se realiza a partir del fraccionamiento del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, puesto que por un lado se toma del artículo 897 del CCo -la ineficacia de pleno derecho-, y por otro, del artículo 1746 del CC -el restablecimiento del estado en que se encontraba el afiliado-, lo que contraviene la jurisprudencia de esta Sala sobre la inescindibilidad de la norma.

Puntualizó que la seguridad social es un derecho autónomo regulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, donde las discusiones sobre la ineficacia encuentran solución integral, «sin que haya vacío que permita acudir a estatutos diferentes para su solución», por lo que plantea su distanciamiento de la jurisprudencia de esta Corte, vertida entre otras, en la sentencia CSJ SL4360-2019, donde se aplicaron normas de los códigos civil y de comercio. Precisó que cuando los efectos de la ineficacia previstos en el estatuto civil se aplican a asuntos mercantiles, es porque el mismo Código de Comercio así lo autoriza, lo que no ocurre con el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, al regular autónomamente el efecto de dicha figura jurídica.

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Radicación n.° 90381 Arguyó que como el afiliado tiene la opción de escoger su régimen pensional, mientras no estuviera demostrado que «Colpensiones» invadió la órbita de su derecho a elegir, ninguna consecuencia de las establecidas en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 podía aplicarse, dado que se trata de un tercero que nada tuvo que ver en el acto de escogencia y afiliación al RAIS, ni en la deficiente o suficiente ilustración que se le suministró, ya que no era la obligada a informar en el año 1995, cuando la promotora del proceso tomó su decisión. Agregó que la relación jurídica que se pretende invalidar tiene como sujetos a la demandada Colfondos S. A.

y Old Mutual S. A. y a la actora, mientras que Colpensiones es ajena a dicha relación, con lo cual se agravaba su situación de sostenibilidad financiera (CC C083-2019). Además, dijo, ninguna norma contempla la obligación de Colpensiones de recibir al asegurado cuya afiliación resulte ineficaz. Manifestó que el traslado de régimen en el caso de la accionante se efectuó el 24 de febrero de 1995 (f.° 176) y que, no existe medio probatorio alguno que acredite que Colpensiones participó ese acto jurídico. Adicionó que, el interrogatorio de parte absuelto por la asegurada permitía establecer que, «suscribió el formulario de afiliación luego de recibir asesoría por parte del fondo privado». En esa diligencia ella admitió que al momento del cambio al RAIS tuvo la oportunidad de formular preguntas, pero solo indagó si lo que le decían era verdad.

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Radicación n.° 90381 Afirmó que la señora Sánchez Ramírez reconoció que, realizó cuatro cambios de AFP en el RAIS «Colfondos S. A., Protección S. A., Porvenir S. A. y Old Mutual S. A.», en espera de obtener un mejor servicio y porque confiaba en los asesores. Remarcó que la asegurada «nunca se acercó a Colpensiones, a solicitar una asesoría porque ya la estaba recibiendo por parte de las administradoras privadas». Aseveró que, las pruebas reseñadas acreditaban la fecha de traslado de la accionante y «la ausencia de demostración de perjuicios a cargo de Colpensiones porque ni

patrocinó su traslado, ni intervino en el acto de afiliación al RAIS». En ese orden, consideró que no se dieron los presupuestos para aplicar el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, y que había lugar a revocar las condenas en contra de Colpensiones por las siguientes razones: […] ser ajena a la decisión de traslado tomada por el afiliado, ajena a las invocadas deficiencias en el deber de información, y por no participar en acto contractual alguno, que le pueda imponer restituciones de ninguna clase a la luz del artículo 1746 del Código Civil, habida cuenta que el acto de afiliación no tiene carácter contractual y la norma en cita no aplica a la regulación de actos de la seguridad social que tienen regulación propia, sin que pueda acudirse a un estatuto ajeno.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Persigue la censura la casación total de la sentencia impugnada, para que la corporación, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado y condene en costas a las accionadas.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el que obtiene réplica únicamente por Colpensiones.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política, los

artículos 13 literal b); 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; el artículo 97 numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003; los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994; los artículos 1603 y 1604 del Código Civil. En la demostración expresa el censor que la Ley 100 de 1993 creó dos regímenes pensionales a saber: el RAIS y el RPM. Agrega que, ellos difieren en la forma de administrar, financiar y acceder a las pensiones y, en los parámetros para calcular su monto. Añade que, el legislador les otorgó a los afiliados la posibilidad de escoger el régimen al cual desean pertenecer,

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Radicación n.° 90381 y esa decisión debe ser libre y voluntaria como lo prescriben el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 114 ibidem. Asimismo, dice, el artículo 60 de ese estatuto, impone el deber a las AFP de ilustrar a los asegurados sobre sus derechos y obligaciones, de tal suerte que adopten decisiones informadas. Explica que, el artículo 271 de la normativa en comento, estableció las sanciones para aquellos empleadores o personas jurídicas o naturales que impidieran el derecho del trabajador a la libre escogencia y vinculación a las instituciones que componen el sistema de seguridad social integral. Anota que, son las AFP las que deben suministrar al interesado información amplia, suficiente y real para

comprender la trascendencia de la decisión, máxime cuando se trata de un cambio de régimen pensional. En esa medida, sostiene que el asesor de Colfondos S.

A. debió indicarle a la señora Sánchez Ramírez las diferencias entre los regímenes, sus ventajas y desventajas, y aclararle los parámetros que se siguen en el RAIS para efectos del cálculo de la mesada pensional. De igual manera, tenía que advertirla respecto de los riesgos y consecuencias de la movilidad y el impacto de las inversiones y variaciones del mercado financiero en la conformación del capital de la cuenta de ahorro individual y los recursos que se requieren para costear la pensión de vejez. Cita en apoyo de sus argumentaciones las sentencias CSJ SL, 9 sep. 2008, rad.

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Radicación n.° 90381 31989, CSJ SL19447-2017 y CSJ SL4964-2018 de las cuales trascribe algunos apartes. Manifiesta que, el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 les impuso a los promotores de las AFP, la obligación de brindar información suficiente, amplia y oportuna a los potenciales afiliados en el momento de la promoción de la vinculación y durante el tiempo que ella dure. En ese contexto, estima que el Tribunal se equivocó debido a que soslayó el análisis de la controversia frente a la imposición legal que tenía la AFP de ilustrar a la demandante en los aspectos relevantes en materia pensional para que la decisión por adoptar fuera informada. Asimismo, señala que, el colegiado erró al supeditar la

declaración de ineficacia del traslado a que la actora fuera beneficiaria del régimen de transición o tuviera una expectativa de derecho para lo que se refiere a la sentencia CSJ SL1452-2019. Remarca que también desatinó al revocar las condenas a Colpensiones, lo cual se traduce en que los recursos que la accionante acumuló en su cuenta de ahorro individual no pueden ser girados a la administradora pública. El impugnante dice expresamente sobre este punto, lo siguiente: Conforme a lo discurrido, el Tribunal cometió un error de aplicación de las normas sustanciales al supeditar la declaración de ineficacia del traslado y la afiliación de la señora ÁNGELA

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Radicación n.° 90381 MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ, a las supuestas sanciones impuestas a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, sanciones o condenas que verificado el fallo de segundo grado resultan inexistentes, y que son la base principal del punto revocado en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral. Se debe indicar que la sentencia atacada adolece de profundos yerros de aplicación de la norma sustancial, pues el Tribunal en el grado jurisdiccional de consulta NO desata el problema jurídico debatido en la primera instancia, y profiere sentencia con tintes de inhibición lo cual no es de recibo de acuerdo con las leyes colombianas, pues revoca las condenas impuestas a COLPENSIONES, lo que a la postre impide que la AFP regresen (sic) los recursos que fueron puestos en su administración, con

ocasión del acto de afiliación del que si (sic) se conserva su ineficacia. Reprocha igualmente al juez plural que desconociera los precedentes de esta corporación relativos a que la firma plasmada en el formulario de afiliación no acredita un consentimiento informado; que en estos eventos la carga de la prueba se invierte y corresponde a la AFP acreditar el cumplimiento de los deberes legales de información y asesoría (CSJ SL4426-2019).

VII. RÉPLICA Colpensiones indica que el cargo tiene defectos de técnica, en cuanto no precisa el yerro protuberante del

Tribunal. Aduce que la accionante decidió su traslado al RAIS de forma libre y voluntaria. Asimismo, afirma que ella suscribió el formulario de afiliación sin que se hubiera demostrado que fue víctima de coacción, fuerza o engaño; por el contrario, expresa el conocimiento que tiene sobre los fondos

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Radicación n.° 90381 pensionales, la forma de pensionarse e