CSJ - SL594-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL594-2023 Radicación n.° 93178 Acta 09 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por YULIETTE ACOSTA CAMELO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra EQUIPOS E INGENIERÍA S. A. y EQUIPOS E INGENIEROS S. A.; trámite en el que a su vez la actora fue demandada en reconvención por la primera de las sociedades mencionadas.

I. ANTECEDENTES

Yuliette Acosta Camelo demandó a Equipos e Ingeniería

S. A. y a Equipos e Ingenieros S. A., con el fin de que se las condene al reconocimiento de los salarios correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y la primera

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Radicación n.° 93178 quincena de octubre, de 2015; el auxilio de cesantías de todo el tiempo de servicios teniendo en cuenta los factores salariales tales como prima de semana santa, de antigüedad, de servicios, de vacaciones y la de navidad; la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías; los intereses a las cesantías por todo el tiempo laborado y las primas de servicios causadas en el último año de labor. Así mismo pretendió el pago de las vacaciones causadas entre el 3 de julio de 2012 y el 16 de octubre de 2015; la

prima de vacaciones prevista en el artículo 10 de la CCT del 20 de diciembre de 1995 correspondiente a los últimos cuatro años de servicios; la prima extralegal de navidad dispuesta en el artículo 6 de la referida CCT de los dos últimos años de servicios; la prima de antigüedad del literal d) de la CCT a razón de $309.306,93 diarios; la indemnización por despido indirecto; la indemnización moratoria; la indexación; lo que resulte probado en uso de las facultades ultra y extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó servicios a las empresas Equipos e Ingeniería S.A., como empleador, y a Equipos e Ingenieros S. A. como pagador, a través de la suscripción, el 3 de julio de 1990, de un contrato de trabajo a término indefinido para desempeñar el cargo de secretaria mecanógrafa; que la última labor que desplegó fue la de directora administrativa. Indicó que mediante comunicación del 16 de octubre de 2015 dio por terminado el contrato de trabajo suscrito con

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Radicación n.° 93178 las demandadas de manera motivada y con justa causa tras haber prestado sus servicios en forma continua «desde el 1 de octubre de 1991» (sic) y tener como sustento de su determinación, el no pago de salarios, prestaciones sociales legales y convencionales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de la Caja de Compensación Familiar, los que tan solo fueron cancelados el 21 de octubre y el 10 de noviembre de 2015. Manifestó que su último salario promedio correspondió

a la suma de $9.111.111, sin que este se le hubiera pagado en julio, agosto, septiembre, ni la primera quincena de octubre de 2015. Destacó que durante la vigencia de su relación de trabajo no se le liquidaron ni consignaron en el fondo correspondiente las cesantías causadas, de manera que se le adeudaba la sanción derivada de tal omisión, pues a pesar de que se le depositó la suma de $70.291.903, correspondiente a las cesantías de los años 2000 a 2014, ello solo ocurrió el 11 de marzo de 2015. Adujo que no se le canceló la prima de servicios del último año y tampoco la extralegal de semana santa, las vacaciones de los últimos cuatro años con su correspondiente prima, ni la extralegal de navidad de los últimos dos años y aquella de antigüedad. Además, se le adeudaba la indemnización por despido y la indemnización moratoria por no pagar las prestaciones sociales a la terminación del vínculo de trabajo.

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Radicación n.° 93178 Agregó que era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada, sin especificar cuál de ellas, y su organización sindical y que la empresa Equipos e Ingenieros S. A. era la encargada de realizar los pagos de nómina de los colaboradores de Equipos e Ingeniería S. A. Al dar respuesta a la demanda, Equipos e Ingenieros S.

A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, sostuvo que no eran ciertos o que no le constaban.

En su defensa indicó que no existió ninguna relación

jurídica con la actora, motivo por el que a su cargo no surgieron obligaciones de tipo laboral, mucho menos relacionadas con el pago de las acreencias laborales reclamadas. Propuso como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación; inexistencia de las obligaciones económicas pretendidas; cobro de lo no debido; falta de causa; mala fe; compensación; prescripción y; buena fe. Por su parte, Equipos e Ingeniería S. A. dio contestación a la demanda inaugural oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y en cuanto a los hechos señaló que no eran ciertos, que no le constaban o que no eran tales. En su defensa aseveró que la existencia de un sindicato y de una convención colectiva de trabajo provenía de la ley, en la que se determinaba cómo se constituían, subsistían y quiénes se beneficiaban de esta; sin que la promotora de la

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Radicación n.° 93178 contienda reuniera los requisitos para ello pues no solo no estuvo afiliada a la organización sindical sino que no se adhirió al acuerdo colectivo suscrito, de hecho, entre otras, a través de comunicación del 21 de diciembre de 1995 expresó la voluntad de renunciar a su aplicación. Puso de presente que el sindicato que existió al interior de la empresa, no era mayoritario en tanto no tenía afiliados a más de la tercera parte de sus trabajadores, no obstante, la demandante aplicó la CCT por extensión, disponiendo el reconocimiento de derechos convencionales inexistentes, al desempeñarse desde el año 1995 como jefe de recursos

humanos y relaciones industriales y posteriormente directora administrativa; cargos de dirección y confianza que no la hacían beneficiaria de las prestaciones extralegales imploradas de mala fe. Acotó que aun cuando la actora tenía conocimiento de la situación económica de la compañía, destinó recursos para fines distintos a los que legalmente debían ser satisfechos, con lo que ocasionó retrasos y moras injustificadas en la liquidación y pago de las obligaciones cuya gestión se encontraba a su cargo. Formuló como excepciones de fondo la renuncia expresa de la aplicación de la convención colectiva; inexistencia de la obligación; inexistencia de las obligaciones económicas pretendidas; cobro de lo no debido; falta de causa; mala fe; compensación; prescripción y buena fe.

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Radicación n.° 93178 A su vez Equipos e Ingeniería S. A. presentó demanda de reconvención en contra de Yuliette Acosta Camelo, con el fin de que se declare que la trabajadora no tenía derecho a autorizar, liquidar o pagar a su favor ninguna suma de dinero por concepto de derechos convencionales derivados de la CCT suscrita para la vigencia 1996-1997 incluidas sus prórrogas automáticas, ni para efectuar los aportes al sistema de seguridad social con un IBC superior al que correspondía para los años 1995 a 2015. En consecuencia, solicitó la devolución de la totalidad de las sumas liquidadas y pagadas en exceso por concepto de derechos extralegales derivados de la CCT y por aportes al sistema de seguridad social entre 1995 y 2015; la actualización de dichas sumas de dinero junto con sus

rendimientos; los intereses de mora a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones expuso que la demandada en reconvención celebró contrato de trabajo a término indefinido con la sociedad Equipos, Andamios y Encofrados S. A. a partir del 3 de julio de 1990, para desempeñarse como secretaria mecanógrafa con un salario de $80.500. Indicó que para el año 1995 la sociedad empleadora contaba con un sindicato de empresa con el que se suscribieron varias convenciones colectivas de trabajo, siendo la última de ellas la vigente entre el 1 de enero de 1996

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Radicación n.° 93178 y el 31 de diciembre de 1997, en la que Yuliette Acosta Camelo participó en calidad de representante del empleador. Refirió que la demandada en reconvención firmó documentos en los que renunciaba de manera expresa a recibir los derechos derivados de las CCT que suscribió en calidad de jefe de recursos humanos y relaciones industriales, no obstante, «autorizaba, liquidaba y se pagaba sumas de dinero por concepto de: Prima de vacaciones, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de semana santa y un incremento salarial desproporcionado, entre otros derechos extralegales». Afirmó que la aplicación de las normas convencionales en la remuneración de Acosta Camelo determinó que su salario aumentara año a año de manera desproporcionada al punto que a la terminación del vínculo, este ascendía a la

suma de $8.000.000 a pesar de que no solo no se afilió a la organización sindical sino que no pagó ninguna suma de dinero por concepto de cuota sindical entre el 3 de julio de 1990 y el 16 de octubre de 2015, unido a que el sindicato con el que se firmaron los acuerdos colectivos no era mayoritario, y además aquella expresamente había renunciado a su aplicación. Sostuvo que como la trabajadora demandada no tenía derecho a las sumas derivadas de las acreencias extralegales que autorizó, liquidó y pagó a su favor, incurrió en un enriquecimiento sin causa durante más de 20 años.

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Radicación n.° 93178 Aclaró que mediante escritura pública 207 de la Notaría 16 del Círculo de Bogotá, del 5 de febrero de 2009 la sociedad Equipos, Andamios y Encofrados S. A. cambió su nombre por el de Equipos e Ingeniería S. A. Manifestó que la subalterna accionada dio por finalizado el contrato de trabajo el 16 de octubre de 2015 aduciendo supuestos incumplimientos y falta de pago, sin embargo, pasó por alto que no tenía derecho a recibirlos y que se le cancelaron sumas en exceso y anticipadamente. A pesar de ello reconoció a favor de esta lo que creyó deber a través de la consignación de un depósito judicial que se repartió al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá como fue notificado a aquella. Al dar respuesta a la demanda de reconvención Acosta Camelo se opuso a sus pretensiones a excepción de aquella

encaminada a que se declarara que no tenía derecho a autorizar, liquidar y pagar a su favor ninguna suma de dinero por concepto de derechos convencionales derivados de la CCT vigente desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre 1997, con la precisión de que era por cuanto no tenía facultades ni atribuciones a ese respecto pues recaían en la gerencia y tesorería de su empleador. En cuanto a los supuestos fácticos admitió que se vinculó a la sociedad Equipos, Andamios y Encofrados S. A. el 3 de julio de 1990 para desempeñar el cargo de secretaria mecanógrafa percibiendo un salario de $80.500; que entre su empleador y el sindicato de la empresa se suscribieron

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Radicación n.° 93178 varias convenciones colectivas de trabajo entre ellas la vigente entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1997; que durante la ejecución de su contrato de trabajo no pagó las cuotas sindicales correspondientes; el cambio de razón social de la demandada y que le fue notificada la constitución del depósito judicial consignado a su favor. Frente a los demás aseveró que no eran ciertos. En su defensa manifestó que nunca fue jefe de recursos humanos de la empresa demandante en reconvención y, que, si bien desempeñó dicho cargo, lo fue en calidad de encargada, bajo las órdenes de la gerencia, sin autonomía en su ejercicio desde el 20 de abril de 1992 y hasta el 23 de julio de 2013, «a partir de julio de 2013 […] desempeñó el cargo de

Gestión de Calidad y Seguridad Industrial y, a partir de julio de 2010 […] desempeñó el cargo de Directora Administrativa». Precisó que fue por orden de la gerencia de la empresa que los beneficios convencionales se continuaron pagando a todo el personal, incluido el perteneciente al área administrativa, quienes se beneficiaban por extensión, a pesar de las renuncias que de dichas prerrogativas se les obligó a firmar para los años 1995 a 1997. Destacó que al tenor del artículo 471 del CST, para que los trabajadores no sindicalizados tengan derecho a la extensión de los beneficios contenidos en la convención colectiva de trabajo, solo se requiere que la organización sindical sea mayoritaria, unido a que no todos los trabajadores de dirección o confianza están excluidos de

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Radicación n.° 93178 esta, pues se impone que sean verdaderos representantes del empleador, lo que no ocurrió en su caso al haber sido encargada del departamento de recursos humanos, en donde su principal función era la de capacitar al personal que laboraba en la empresa. Finalmente, aclaró que no estuvo afiliada a la organización sindical porque esta se liquidó en el año 1996 como consecuencia de la renuncia masiva de sus afiliados, y de otro lado, porque los beneficios convencionales por extensión que recibió, lo fue por orden de los gerentes de la época, antes y después de la disolución del sindicato. Propuso como excepciones de mérito las que relacionó como mala fe de la empresa demandante, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación,

inexistencia de las obligaciones pretendidas, la demandada era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo por extensión y por orden de la gerencia de la empresa accionante, el pago de los beneficios extralegales convencionales era de manera consuetudinaria, prescripción y todas aquellas excepciones que, por no necesitar formulación expresa, deban ser declaradas de oficio por el Juzgado. En la audiencia llevada a cabo el 10 de octubre de 2018 al momento de precisarse la fijación del litigio, el apoderado de la parte demandante aclaró que las pretensiones que se debían analizar «pues las demás acreencias fueron canceladas» correspondían a las de la reliquidación de las

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Radicación n.° 93178 cesantías, sus intereses, las primas de servicios y la prima extralegal de semana santa con la inclusión de factores salariales del último año de servicios; la indemnización por la no consignación de las cesantías; las vacaciones de los dos últimos años; la prima de vacaciones de los últimos cuatro años y; la prima extralegal de navidad únicamente del año 2015, con inclusión de todos los factores salariales.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 25 de junio de 2019 resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora YULIETTE ACOSTA CAMELO y la empresa EQUIPOS E INGENIERÍA S.A., existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se desarrolló del

3 de julio de 1990 al 16 de octubre de 2015.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción.

TERCERO: CONDENAR a EQUIPOS E INGENIERÍA S.A. a pagar a la demandante inicial, los siguientes conceptos:

A. $9.600.000 por INDEMNIZACIÓN MORATORIA.

B. $102.487.743,78 por INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA, debidamente indexada.

C. $214.400.000 por INDEMNIZACIÓN POR NO CONSIGNACIÓN

DE CESANTÍAS.

CUARTO: ABSOLVER a EQUIPOS E INGENIEROS S.A. de todas las pretensiones y a EQUIPOS E INGENIERÍA S.A. de las demás formuladas en su contra.

QUINTO: ABSOLVER a la señora YULIETTE ACOSTA CAMELO de todas las pretensiones incoadas por EQUIPOS E INGENIERÍA

S.A.

SEXTO: CONDENAR EN COSTAS a EQUIPOS E INGENIERÍA S.A. Liquídense con la suma de $15.000.000 como agencias en derecho.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, a través de proveído del 30 de noviembre de 2020 dispuso: PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la sentencia apelada, para ABSOLVER a Equipos e Ingenieros S.A. de la indemnización moratoria y, de la sanción por no

consignación de las cesantías. CONFIRMARLA en lo demás, con arreglo a lo expresado en precedencia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural adujo que no era materia de discusión que la actora laboró para Equipos e Ingeniería S. A. mediante contrato de trabajo a término indefinido entre el 3 de julio de 1990 y el 16 de octubre de 2015 siendo su último cargo el de directora administrativa, el cual finalizó por la decisión de la trabajadora quien alegó justas causas imputables al empleador. Destacó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del CST, así como lo adoctrinado por esta Corte, por regla general, todos los pagos que recibe el trabajador por su actividad subordinada son salario a menos de que se trate de: i) prestaciones sociales; ii) sumas recibidas en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones; iii) sumas ocasionales entregadas por mera liberalidad; iv) pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen un propósito remunerativo y; v) beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados

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Radicación n.° 93178 convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario. Así mismo refirió que las prestaciones extralegales reconocidas por mera liberalidad del empleador, que no encontraban respaldo legal en el contrato u otra fuente de obligaciones vinculantes como la convención colectiva, laudo arbitral o pacto colectivo, podían ser revocados

unilateralmente como lo decía la decisión CSJ SL3203-2016. Se remitió a los medios de convicción allegados al proceso al igual que al interrogatorio de parte que absolvieron las partes y a los testimonios recibidos en la primera instancia, para señalar que, valorados en conjunto, le permitían colegir que la promotora de la contienda en su condición de trabajadora de Equipos e Ingeniería S. A. desarrolló labores en el área administrativa de esta, como jefe de relaciones industriales, jefe de recursos humanos, encargada del sistema de gestión de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y sistema de medio ambiente al igual que como directora administrativa, recibiendo el pago de primas extralegales de: navidad, vacaciones, semana santa y antigüedad, las cuales no tuvieron causa en la convención colectiva de trabajo 1996-1997 en tanto nunca estuvo afiliada a la organización sindical de la empresa. Precisó que los beneficios de dicho acuerdo convencional no se extendieron a los empleados no sindicalizados, por tratarse de un sindicato minoritario, y

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Radicación n.° 93178 respecto de la actora tampoco se le había aplicado por cuanto aquella participó en la negociación del acuerdo colectivo en calidad de jefe de relaciones industriales como representante del empleador, de manera que había quedado excluida de dichas prerrogativas. Por lo anterior arguyó que las primas extralegales que se le reconocieron a la demandante lo había sido por mera liberalidad del empleador, en la medida que aquella a través de documento del 21 de diciembre de 1995 renunció de manera libre y voluntaria a los beneficios de la convención

colectiva 1996-1997 y, por ello, no existía instrumento que regulara dichos beneficios y que obligara a la demandada a su reconocimiento, como lo corroboraron los testimonios rendidos por Roberto Cruz Benavidez, Aydeé Gómez Ardila, Jorge Enrique Pardo y Claudia Patricia Moreno Medina. Que de tal manera, la convocada no se encontraba obligada al pago de la prima de semana santa reclamada para 2015, las primas de vacaciones de los últimos cuatros años, las primas de navidad de los últimos dos años ni la prima de antigüedad «sin que sea dable entender que la mera liberalidad del empleador se pueda considerar generadora de costumbre como fuente de derecho». Agregó que, en consecuencia, también resultaba improcedente la reliquidación del auxilio de cesantías, primas de servicios y vacaciones con inclusión de los valores recibidos por la demandante por concepto de primas extralegales reflejados en sus comprobantes de nómina,

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Radicación n.° 93178 pues, insistió aquellos se reconocieron por mera liberalidad «situación que les resta incidencia salarial, pagos que además no retribuyeron directamente el servicio de Acosta Camelo»; tal y como ella lo manifestó al momento de absolver el respectivo interrogatorio de parte, al señalar que tales beneficios tuvieron por finalidad equiparar las prerrogativas convencionales. A continuación, sostuvo que tampoco procedía la devolución de los valores cancelados a la trabajadora por concepto de las aludidas primas extralegales, toda vez que no se demostró en el trámite del proceso que, como encargada

de la nómina de personal, los hubiere liquidado a su favor de forma irregular; pues a pesar de que en efecto no era beneficiaria del acuerdo colectivo, aquellas se le otorgaron por mera liberalidad de su empleador, lo que era válido en los términos del artículo 128 del CST. En lo que hace al despido indirecto alegado, se remitió al contenido de la carta de renuncia presentada por la demandante y resaltó que ello ocurrió el 16 de octubre de 2015 y que el 4 de noviembre siguiente, la demandada constituyó a su nombre título judicial por el monto de $48.033.175 en el que incluyó los salarios insolutos del periodo comprendido entre el 15 de junio de esa anualidad y la calenda en que finiquitó el vínculo de trabajo, así como el pago de la prima de servicios causada en el primer semestre, lo que a su juicio demostraba el incumplimiento de las obligaciones de la pasiva en vigencia de la relación de trabajo y, por ende, la configuración de la justa causa invocada por

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Radicación n.° 93178 la actora al tenor del numeral 6 del literal b) del artículo 62 del CST y numeral 4 del artículo 57 de la misma codificación. Adujo que si bien la accionada argumentó que el impago de las acreencias laborales se debió a la difícil situación económica que atravesaba, ello no justificaba su proceder, pues tal y como se dijo en la sentencia CSJ SL, 4 dic. 2013, rad. 49024 le correspondía «actuar de manera diligente en procura de la satisfacción de los créditos laborales de sus

trabajadores, en especial los que revisten mayor importancia dada su naturaleza vital». Frente a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST y la sanción prevista en el artículo 99 de Ley 50 de 1990, manifestó que, de conformidad con la jurisprudencia pacífica de esta corporación, aquellas no eran de carácter automático ni inexorable, pues si el empleador acreditaba que su actuar estuvo revestido de buena fe, a través de medios de convicción y argumentos válidos que justificaran su proceder, se le debía absolver. Afirmó que aunque el 11 de marzo de 2015 la demandada consignó a favor de la demandante el auxilio de cesantías causado del año 2000 al 2014 en Porvenir S. A., como lo reflejaban los folios 66 y 67, no era dable endilgarle mala fe en el incumplimiento del plazo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en tanto en la actuación se demostró que la demandante había sido la responsable de la liquidación de la nómina como encargada del área de recursos humanos; y que sobre este particular en el

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Radicación n.° 93178 interrogatorio de parte explicó que «estos pagos se excluían, porque, en la práctica a partir de 1997 se volvió costumbre cancelarlos directamente al trabajador a la finalización del contrato de trabajo», motivo por el que no era posible que esta se beneficiaria de una situación en cuya decisión intervino, atendiendo las responsabilidades que le asistían, y no como consecuencia de una determinación de la gerencia «periodo

en que la empresa destinó sus recursos a satisfacer pagos de beneficios extra legales a algunos de sus trabajadores, dentro de ellos la actora, por mera liberalidad priorizándolos sobre los legales». En cuanto a la indemnización moratoria dispuesta en el artículo 65 del CST aseveró que tampoco hubo mala fe de la demandada, en tanto, presentada la renuncia el 16 de octubre de 2015, a través de comunicación del 28 siguiente, recibida el día 30, le solicitó a la promotora de la contienda acercarse a reclamar las acreencias correspondientes y como no lo hizo, el 4 de noviembre de ese mismo año, efectuó el depósito judicial para cubrir lo adeudado, así como la correspondiente liquidación final, autorizando a la trabajadora para su retiro ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá lo que le fue debidamente informado. Aclaró que si bien en vigencia del contrato de trabajo la convocada se atrasó en el pago de salarios del 15 de junio al 16 de octubre de 2015 así como en el reconocimiento de la prima de servicios correspondiente al primer semestre de ese año, lo que provocó la renuncia de la colaboradora y dio lugar al reconocimiento de la indemnización por despido, la

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Radicación n.° 93178 conducta de la demandada no era demostrativa de mala fe, toda vez que finalizado el contrato «procuró cumplir las obligaciones pendientes en un plazo razonable, sin que su intención fuera desconocer derechos laborales» como surgía del testimonio de Aydeé Gómez Ardila, quien daba cuenta de que internamente se realizaron las gestiones financieras

posibles para cumplir con las obligaciones de los trabajadores. Así las cosas, revocó las condenas impuestas a la demandada por concepto de indemnización moratoria y sanción por no consignación de las cesantías. Igualmente señaló el fallador de segundo grado que no se pronunciaría en torno a la normatividad a aplicar para cuantificar la indemnización por despido, en consideración a que la actora concretó su inconformidad frente a la decisión de primer grado en los puntos previamente analizados, sin que fuera admisible la presentación de argumentos nuevos a través de los alegatos de conclusión en segunda instancia, como lo adoctrinó esta Corte a través de la providencia CSJ SL, 2 sep. 2015, rad. 71696. Finalmente adujo que confirmaría la decisión absolutoria, respecto de la demanda de reconvención, por cuanto a la demandante principal se le habían concedido los beneficios reclamados, por mera liberalidad del empleador.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case parcialmente la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se condene a la demandada Equipos e Ingeniería

S. A. […] a pagar a la actora, la reliquidación de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta los beneficios extralegales y el promedio salarial devengado por esta; a la indemnización por

despido sin justa causa (Parágrafo Transitorio del artículo 28 de la ley 789 de 2002) sanción moratoria (Art. 99 Ley 50 de 1990)), la indemnización moratoria (Art. 65 C.S.T.) y en lo demás, confirmar la providencia del Juzgador de primer grado. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, frente al que no se presenta réplica, el cual se resolverá a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de segundo grado por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 57-4, 58, 59, 60, «61-e-f» (reformado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990), 62

(subrogado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965), 64 (reformado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990 y artículo

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Radicación n.° 93178 28 de la Ley 789 de 2002) y 65 del CST; 19, 20 (derogado por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001) y 78 del CPTSS, así como por dejar de aplicar los artículos 21, 23, 24, 57, 58, 59,

60, 62 (modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965), 64 (reformado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002), 65 (modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002), 127, 128 (reformados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990), 132 (reformado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990), 134, 138, 139, 142, 186, 187, 189 (modificado por el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965), 192 (modificado por el artículo 8 del Decreto 617 de 1954), 230 (modificado por el artículo 7 de la Ley 11 de 1984), 232 (modificado por el artículo 8 de la Ley 11 de 1984), 233 (modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984), 235, 249 (modificados por los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990), 253, 306, 307, 308 del CST, subrogado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936; Ley 52 de 1975, Decreto 116 de 1976 y Ley 121 de 1982. Enlistó como errores evidentes de hecho: 1.- No dar por demostrado estándolo, que a la demandante se le aplicaron los beneficios de la convención colectiva de trabajo que tenía vigencia de 19961997. 2.- No dar por demostrado estándolo, que los beneficios extralegales de que trata la convención colectiva de trabajo de 1996 a 1997, que se le aplicaban a la demandante eran la prima

de navidad, prima de vacaciones, prima de semana santa y la prima de antigüedad. 3.- No dar por demostrado estándolo, que los beneficios extralegales de la convención colectiva de trabajo de 1996 a 1997, se aplicaban, además de la demandante, sino a otros trabajadores administrativos de la empresa demandada.

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Radicación n.° 93178 4.- No dar por demostrado estándolo, que los beneficios extralegales de la convención colectiva de trabajo fueron otorgados por las gerencias de la empresa demandada a todos los trabajadores de la misma, entre estos, el personal operativo y administrat