CSJ - SL606-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL606-2023 Radicación n.° 91952 Acta 009 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DEFENDER LTDA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 8 de junio de 2021, en el proceso promovido por SOL JENNI ESTEBAN PÉREZ y MARÍA DEL CARMEN PÉREZ PABÓN a nombre propio y en representación de YNP, en su contra y de AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA.

I. ANTECEDENTES Sol Jenni Esteban Pérez y María del Carmen Pérez Pabón a nombre propio y en representación de YNP, llamaron a juicio a las empresas Defender Ltda y Axa Colpatria Seguros de Vida SA., con el fin de que se declarara, i) que entre el señor Marlon Esteban Pérez y la empresa Defender

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Radicación n.° 91952 Ltda, existió una relación laboral regida por un contrato de obra o labor desde el 12 de octubre de 2013 hasta el 14 de mayo de 2014; ii) que el anterior culminó debido al fallecimiento del trabajador en un accidente laboral; iii) que el último salario mensual pactado entre las partes ascendió a la suma de $1.253.624; iv) que Defender Ltda fue responsable a título de culpa por el deceso mencionado, puesto que omitió las medidas necesarias para prevenir accidentes laborales; v) que Sol Jenni Esteban Pérez, María

del Carmen Pérez Pabón y YNP estaban legitimadas en la causa por activa para reclamar los perjuicios generados y; vi) que María del Carmen Pérez Pabón es beneficiaria de la pensión de sobreviviente tras el deceso de su hijo. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condenara a Defender Ltda a reconocer y pagar por concepto de indemnización total y ordinaria i) el lucro cesante consolidado, por la suma de $18.406.527,61; ii) el futuro, por la suma de $232.622.562,73; iii) los perjuicios morales, por la suma de 100 SMLMV y, iv) los que denominaron «por daño a la vida en relación», en idéntica cuantía que los anteriores. Asimismo, requirieron fuera condenada Axa Colpatria Seguros de Vida SA, a reconocer y pagar en favor de María del Carmen Pérez Pabón i) la pensión de sobrevivientes desde el 14 de mayo de 2014, en su calidad de progenitora del causante y; ii) el retroactivo pensional desde la evocada fecha hasta la mesada de julio de 2015 por la suma de $11.315.070, sin perjuicio de las que se siguieran causando. Consecuentemente, solicitaron el pago de la indexación, las

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Radicación n.° 91952 costas procesales y agencias en derecho a las que hubiera lugar. Para fundamentar sus peticiones, señalaron que entre Marlon Esteban Pérez y Defender Ltda existió una relación laboral, regida por un contrato de obra o labor que duró entre el 12 de octubre de 2013 y el 14 de mayo de 2014; que el

cargo desempeñado fue el de guarda de seguridad del conjunto Punta Ruitoque; que la relación laboral culminó porque el trabajador fue atacado con arma de fuego en la portería del mentado conjunto, por sujetos desconocidos quienes le hurtaron su arma de dotación y, según certificado emitido por la Fiscalía 15 seccional de Bucaramanga, «fallece por “(…) herida de proyectil de arma de fuego de carga múltiple en región torácica y con compromiso visceral torácico (…)”». Informaron que desde el inicio de la vinculación laboral, el causante fue afiliado por el empleador al sistema integral de seguridad social, así: i) Pensión: Porvenir, ii) Salud: Cafesalud y, iii) ARL: Colpatria; que el último salario devengado en vida ascendió a la suma de $1.253.624 mensual; que durante la vigencia de la relación laboral «no fue dotado con los elementos de protección personal en seguridad tales como chaleco antibalas, necesario para el trabajo como guarda de seguridad»; así como tampoco fue objeto de capacitación alguna para el adecuado cumplimiento de su labor; que a la fecha del deceso, el trabajador tenía 22 años, 6 meses y 20 días de edad, toda vez que nació el 24 de octubre de 1991.

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Radicación n.° 91952 Narraron que, el trabajador perdió la vida porque el empleador omitió desplegar actividades «para el desarrollo del programa de salud ocupacional el cual tiene injerencia a su cuidado físico y mental»; que la demandada conocía con anterioridad al deceso del señor Marlon Esteban, que el lugar

asignado para la prestación de los servicios como guarda de seguridad, requería de una mayor cantidad de personal, pues como se manifestó en documento del 18 de mayo de 2014, se trataba de «una zona amplia de abundante vegetación y hay demasiado espacio vulnerable, los cuales no se pueden cubrir con una (sic) solo guarda». Finalmente, manifestaron que María del Carmen Pérez Pabón además de ser la progenitora de Marlon Esteban Pérez, dependía económicamente de él, debido a que vivían juntos, mientras, Sol Jenni Esteban Pérez y YNP eran hermanas del mismo; que el 24 de noviembre de 2014, la ARL Colpatria SA les negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes dado que la investigación administrativa realizada determinó que no existían personas a cargo, beneficiarias de tal prestación y que, la ARL Colpatria es agencia dependiente de Axa Colpatria Seguros de Vida SA. Esta última, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones, frente a los hechos aceptó que entre el causante y Defender Ltda existió una relación laboral bajo un contrato de obra o labor desde el 12 de octubre de 2013 hasta el 14 de mayo de 2014; que en esta última fecha ocurrió un accidente laboral que generó la muerte del trabajador; la afiliación de aquel a Porvenir SA., y la ARL

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Radicación n.° 91952 Colpatria; la fecha de nacimiento y, que el 24 de noviembre de 2014 negó el reconocimiento de la prestación solicitada por su progenitora, comoquiera que no se encontraron posibles beneficiarios y no se comprobó la dependencia

económica. Sobre los demás, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa propuso como excepciones las que denominó: carga de la prueba sobre la calidad de beneficiarias de las demandantes; cumplimiento de las obligaciones legales como administradora de riesgos profesionales y prescripción. El Juez Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga declaró mediante auto del 6 de septiembre de 2017, la existencia de indicio grave en contra de Defender Ltda, toda vez que no subsanó las exigencias del juzgado frente a la contestación de la demanda en la oportunidad procesal concedida, tal y como lo refiere el auto del 18 de agosto de 2017. Así mismo, reformado el libelo genitor «exponiendo nuevos hechos, solicitudes documentales, en aras de evidenciar los presupuestos de esta acción», los cuales sirvieron para extender los ya propuestos y con los que se desglosaron los que propuestos en la demanda primigenia, como refiriéndose a las capacitaciones mencionadas en la contestación inicial, la demandada, Axa Colpatria Seguros de Vida SA guardó silencio frente a esta, lo que llevó a que también se declarara el indicio grave en su contra por la no

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Radicación n.° 91952 contestación de la misma, tal y como se expresa en auto del 6 de diciembre de 2017. Por otro lado, Defender Ltda, al contestar a la reforma a la demanda, reconoció como ciertos la existencia del vínculo laboral; el accidente de trabajo en que falleció el 14 de mayo

de 2014 su trabajador; la afiliación al sistema integral de seguridad social de aquel; que después del citado deceso, entregó a todos los guardas de seguridad chalecos antibalas de manera transitoria; que María del Carmen Pérez Pabón, Sol Jenni Esteban Pérez y YNP, respectivamente, eran la progenitora y dos hermanas del occiso; que la ARL Colpatria es agencia dependiente de Axa Colpatria Seguros de Vida SA.; y, que no eran ciertos o no le constaban los demás. En oposición a las pretensiones, presentó como excepciones las que denominó, «la declaratoria de la existencia y vigencia de la relación laboral»; inexistencia de la culpa plenamente probada del empleador y responsabilidad exclusiva de la víctima.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga mediante sentencia del 10 de julio de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre MARLON ESTEBAN PEREZ y la demandada DEFENDER LTDA, existió un contrato de trabajo por el tiempo comprendido entre el 12 de octubre de 2013 y el 14 de mayo de 2014, acorde a las consideraciones que se han dejado expuestas.

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SEGUNDO: Declarar la culpa patronal de DEFENDER LTDA en el hecho ocurrido el 14 de mayo de 2014 en el que perdió la vida MARLON ESTEBAN PEREZ (SIC) en el momento que ejecutaba las labores para las que fue contratado.

TERCERO: CONDENAR a DEFENDER LTDA a pagar a favor de

MARÍA DEL CARMEN PEREZ PABÓN (SIC), en calidad de madre del fallecido, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5’000.000,oo) por concepto de PERJUICIOS MORALES, de acuerdo a las consideraciones que se han dejado hechas. CUARTO. CONDENAR a DEFENDER LTDA a pagar a favor de

SOL JENNI ESTEBAN PEREZ y YERALDIN NARVAEZ PEREZ,

(SIC) en calidad de hermanas, la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3’000.000,oo), a cada una, por concepto de PERJUICIOS MORALES, de acuerdo a lo dicho.

QUINTO: CONDENAR a DEFENDER LTDA a pagar a favor de MARIA DEL CARMEN PEREZ PABON (SIC), SOL JENNI ESTEBAN PEREZ y YERALDIN NARVAEZ PÉREZ (SIC) la suma

de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (SIC) ($56.373.694.96), repartidos en partes iguales para cada una de las tres nombradas, por concepto de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de la providencia.

SEXTO: CONDENAR a DEFENDER LTDA a pagar a favor de MARÍA DEL CARMEN PEREZ PABON (SIC), SOL JENNI ESTEBAN PEREZ y YERALDIN NARVAEZ PEREZ (SIC) la suma

de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL

PESOS CON DIECISIETE PESOS Y SESENTA Y SIETE

CENTAVOS ($177.200.017.67), repartidos en partes iguales para cada una de las tres nombradas, por concepto de LUCRO CESANTE FUTURO, de acuerdo a las consideraciones ya expuestas.

SÉPTIMO: ABSOLVER a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. (sic), de todos los cargos formulados en su contra por la demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante y Defender Ltda, en

sentencia del 8 de junio de 2021, decidió:

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Radicación n.° 91952 PRIMERO. – REVOCAR el ordinal séptimo de la sentencia apelada del 10 de julio de 2018, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, para en su lugar DECLARAR que la señora MARÍA DEL CARMEN PÉREZ PABÓN (SIC) tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente (sic) a partir del 14 de mayo de 2014, que la mesada pensional para el año 2021 asciende a la suma de $908.526, en consecuencia CONDENAR a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. (sic) a pagar a la señora MARÍA DEL CARMEN PÉREZ PABÓN la suma de $68.394.162 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 14 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2021, el que se seguirá causando hasta el momento efectivo

de su pago. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás. Limitó los problemas jurídicos a determinar la acreditación del nexo causal entre el accidente que ocasionó la muerte del trabajador y el actuar del empleador; así como, concluir si se equivocó o acertó el a quo al negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora María del Carmen Pérez Pabón, en calidad de progenitora del causante. En primer lugar, respecto del nexo causal entre el accidente laboral y la omisión del empleador que conllevó a su ocurrencia, trajo a colación que la corporación ha enfatizado en que le «corresponde al empleador demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores», para lo cual convoca la sentencia CSJ SL, 4 nov. 2020, rad. 61.563 que reitera lo expuesto en las providencias CSJ SL13653-2015, CSJ SL7181-2015, CJS SL7056-2016, entre otras.

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Radicación n.° 91952 Por lo anterior, razonó que, para determinar la procedencia de la indemnización de perjuicios pretendida debía establecer, i) la ocurrencia de una enfermedad laboral o accidente del mismo origen; ii) la culpa del empleador en la ocurrencia del suceso, ya sea por acción u omisión, por negligencia, impericia, entre otras y; iii) la demostración de

los perjuicios. Sostuvo que, conforme a lo expuesto en las declaraciones rendidas en el curso del proceso, así como lo admitido por las demandadas, el siniestro correspondió a un accidente laboral con causa y por ocasión a las funciones del trabajador. Aunado a ello, recalcó que el sector denominado «Punta de Ruitoque» donde el occiso prestó sus servicios como guarda de seguridad, era de alta peligrosidad, por lo que el empleador tenía la obligación de velar por la protección y seguridad de su trabajador, en el entendido que, (…) las inducciones (sic), capacitaciones en armas de fuego, implementación del Sistema de la Seguridad y Salud en el trabajo (sic) (…), no eximen al empleador de la obligación de velar por la integridad física y psicológica de sus trabajadores, con mayor razón cuando la culpa que para tales efectos se exige, es la culpa o descuido leve consagrada en el artículo 63 del Código Civil. Así, (sic) como viene de decirse, la patronal contaba con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST contraviniendo con sus objetivos específicos de proteger a sus trabajadores contra los riesgos relacionados con su seguridad, tal como esta (sic)previsto en el numeral 11.1 del referido SGSST, tal omisión se debe que a pesar de conocer el riesgo de los trabajadores por la peligrosidad del sector, insistió (sic) que la labor se llevara (sic) a cabo en condiciones inseguras, con los resultados fatales a los que se ha hecho alusión a lo largo de esta

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Radicación n.° 91952 providencia. Acto seguido, trajo a colación la jurisprudencia CSJ SL3169-2018, en la que se sostuvo: La Corte, con persistencia, ha dicho que el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo preceptúa que toda empresa está obligada a «suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores», y adoptar las medidas de seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, lo cual guarda armonía con las disposiciones en materia de salud ocupacional y seguridad en los establecimientos de trabajo que prevén dentro de las obligaciones patronales las de «proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad» (art. 2 R. 2400/1979). Arguyó que, aunque se hubiesen presentado actos imprudentes por parte del trabajador con los cuales de manera involuntaria se expuso a un riesgo innecesario, esta conducta no exonera al empleador de reparar los perjuicios generados a título de culpa. No obstante, aclaró, que no existe prueba alguna que demuestre imprudencia alguna por parte del fallecido, pues como fue corroborado tanto por los testigos como por la demandada, las cámaras de seguridad del lugar en cita, no servían. En segundo lugar, con relación a la dependencia económica de la señora María del Carmen Pérez Pabón exigida para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes tras el deceso de su hijo, recordó que la corporación en sentencia CSJ SL652-2020 puntualizó:

La dependencia económica que exige la norma en cita no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido no excluye su derecho a obtener una pensión

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Radicación n.° 91952 de sobrevivientes. La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dianas y decorosas. (…) En efecto, esta Corte ha identificado como elementos estructurales de la dependencia: i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo. (…) Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ

SL18517-2017y CSJ SL1243-2019).

En tal virtud, expuso que de las pruebas testimoniales recibidas, podía deducir que era de vital importancia la

ayuda económica y en especie que el de cujus proporcionaba a su progenitora y a sus hermanas, toda vez que se encargaba de la manutención económica, el mercado, los servicios públicos y compraba los útiles escolares para estas últimas, quienes se encontraban estudiando al momento de su fallecimiento, por lo que, con los escasos ingresos percibidos eventualmente por la señora María del Carmen Pérez Pabón, no podía ella sola solventar las necesidades de su núcleo familiar. Ahora bien, en lo relativo a demostrar el monto aportado

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Radicación n.° 91952 por el causante a su núcleo familiar como factor de la dependencia económica, trajo a colación la providencia CSJ SL3721-2020 en la que se estableció que éste no es un requisito previsto en la ley, de forma tal que no se puede exigir a la parte actora el cumplimiento de cargas ajenas a lo manifestado por el legislador. En el mismo sentido, aludió que la providencia CSJ SL6502-2015 expone: (…) para efectos de la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es necesario acreditar «el monto del dinero aportado» por el causante, como lo plantea el casacionista, por la razón de que ese requisito no se encuentra previsto en la ley, de modo que no podría exigirse a los demandantes el cumplimiento de cargas adicionales o ajenas a las contempladas en la legislación, que, en este caso, se concretan en la carga de demostrar la dependencia económica, para lo cual existe plena libertad probatoria en favor de la parte actora, por una parte, y

libertad de apreciación de las pruebas en favor del juez, por otra. En similar sentido, esa exigencia, construida ficticiamente por el casacionista, además de no estar prevista en la ley, coloca en una situación desventajosa y complicada a la parte accionante, en la medida que la prueba del monto exacto de la contribución del causante al sostenimiento del hogar, es de muy difícil consecución, si se tiene en cuenta que, generalmente, el aporte económico y material no viene representado en un suma de dinero única, sino en contribuciones de distinta índole, orientadas a satisfacer distintas necesidades, como la alimentación, transporte, recreación, vivienda, entre otras. De esta suerte, la propuesta del recurrente deja a un lado que el apoyo a los padres no solo se manifiesta en la entrega de sumas de dinero, sino también en el suministro de otros bienes materiales, igualmente valiosos para la satisfacción de sus necesidades básicas y elementales, que han de tenerse en cuenta a la hora de valorar la subordinación económica de los padres con respecto a los hijos. Así las cosas, sostuvo que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sería desde el 14 de mayo de 2014, por una suma equivalente a 1 smmlv y que la beneficiaria tendría derecho a 13 mesadas pensionales al año, conforme

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Radicación n.° 91952 a la limitación establecida en el inciso 8 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005. Finalmente, indicó que el retroactivo pensional adeudado a la demandante entre el 14 de mayo de 2014 y el

31 de mayo de 2021, ascendía a la suma de $68.394.162, y que el mismo debía ser cancelado por Axa Colpatria Seguros de Vida SA. En igual sentido, calculó la mesada pensional correspondiente para el año 2021 en $908.526. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que ninguna de ellas se afectó por el fenómeno prescriptivo, comoquiera que, entre el momento de la causación del derecho y la radicación de la demanda, 9 de mayo de 2017, no habían transcurrido los tres años señalados para dicha figura.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por las demandadas, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve el presentado por Defender Ltda, habida cuenta de que se aceptó el desistimiento del que en su momento invocó Axa Colpatria Seguros de Vida SA., mediante proveído del 30 de marzo de

2022.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se revoque

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Radicación n.° 91952 parcialmente la de primer grado y en su lugar, se le absuelva de todo lo incoado en su contra. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son objeto de réplica por parte de María del Carmen Pérez Pabón y que, aunque se presentan por diferente vía se resuelven en conjunto al compartir argumentos y normas violentadas.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 216 y 57 del

CST, el 21 del Decreto 1295 de 1994; así como del 64 y 90 del Decreto Ley 356 de 1994. En sustento de lo anterior, aduce que el ad quem dio por demostrado, sin estarlo, que Defender Ltda como empleador del causante conoció el riesgo en que los trabajadores se encontraban por la peligrosidad en el puesto de trabajo ubicado en «Punta Ruitoque» e insistió en que, los servicios se prestaron en condiciones inseguras, lo que conllevó al deceso del señor Marlon Esteban Pérez, así como el que probablemente no se habría causado la muerte del trabajador, si el empleador hubiese atendido a las sugerencias de asignar a otro guarda de seguridad en el turno nocturno, por la peligrosidad y extensión de la zona. Sostiene que el colegiado no tuvo en cuenta las minutas del puesto de Punta Ruitoque, las cuales contienen toda la

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Radicación n.° 91952 información, anomalías y novedades de los turnos prestados durante las 24 horas para cada uno de los trabajadores, de donde se desprende que las cámaras de seguridad se encontraban funcionales; que no habían problemas con terceros en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, así como tampoco se plasmó la necesidad latente de asignar un refuerzo al personal de vigilancia por la peligrosidad de la zona. Sostiene que, de haberse realizado un estudio minucioso de dicha prueba, se hubiera determinado que durante la prestación de los servicios del causante no se

había presentado un hecho o circunstancia que llevara al empleador a tener que asignar una mayor medida de seguridad para la protección de la integridad y la vida de sus trabajadores, por lo que tampoco era cierto que el sector denominado Punta de Ruitoque, fuera de alta peligrosidad. Indica que dentro de la documental aportada, se encontraba copia auténtica del reporte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, el cual menciona:

1. Que de enero de 2013 a diciembre de 2013 a nivel nacional ocurrieron 14918 homicidios en Colombia, de los cuales 178 ocurrieron en Bucaramanga, Santander, 31 en Floridablanca, Santander y 0 en Ruitoque. Constituyéndose el sector de Ruitoque en el 0% del índice de criminalidad en homicidios en Colombia para el año 2013.

2. Que de enero de 2014 a diciembre de 2014 a nivel nacional ocurrieron 12931 homicidios en Colombia, de los cuales 163 ocurrieron en Bucaramanga, Santander, 29 en Floridablanca Santander y 1 en Ruitoque. Constituyéndose el sector Ruitoque en el 3.4% del índice de criminalidad en homicidios en Floridablanca, Santander para el año 2014.

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3. Que de enero de 2015 a diciembre de 2015 a nivel nacional ocurrieron 12439 homicidios en Colombia, de los cuales 145 ocurrieron en Bucaramanga, Santander, 26 en Floridablanca,

Santander y 0 en Ruitoque. Constituyéndose el sector de Ruitoque en el 0% del índice de criminalidad en homicidios en Colombia para el año 2015.

4. Que de enero de 2016 a diciembre de 2016 a nivel nacional ocurrieron 7037 homicidios en Colombia, de los cuales 89 ocurrieron en Bucaramanga, Santander, 16 en Floridablanca, Santander y 0 en Ruitoque. Constituyéndose el sector de Ruitoque en el 0% del índice de criminalidad en homicidios en Colombia para el año 2016.

5. Que el documento de prueba hace parte de La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, la cual tiene como misión contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana, mediante el desarrollo efectivo de la investigación judicial, criminalística, criminológica y la administración de la información criminal, así como la asistencia a la organización internacional de Policía Criminal, autoridades nacionales e internacionales, orientada a brindar apoyo oportuno a la administración de justicia en la lucha contra la impunidad.

Agrega que no se tuvo en cuenta la «única prueba de fuente verídica y competente para emitir índices sobre la criminalidad del territorio nacional», lo que implicó que el ad quem determinara el puesto de Punta Ruitoque como una zona de alta peligrosidad, no siendo esto cierto si se tiene en cuenta que, en virtud del evocado reporte, dicho sector representaba un 0% en la estadística nacional y municipal, hasta la fecha previa al deceso del trabajador. Finalmente, aduce que no se dio por demostrado,

estándolo, que los hechos de verificación de idoneidad para el ejercicio de las funciones en el cargo de vigilante, «el implementar un SG-SST, impartir inducción, instrucción y capacitación, así como suministrar elementos de seguridad necesarios para adecuado desempeño de sus actividades, realizar inspecciones y estudios de seguridad al sitio de

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Radicación n.° 91952 trabajo por parte la recurrente», y en beneficio del occiso, excluyen la posibilidad de ser declarada la culpa patronal. Como pruebas erróneamente apreciadas denuncia las que denominó: i) de conocimiento de manejo de armas; ii) inducción personal efectuada por Defender Ltda; iii) capacitaciones en seguridad física, personal, medios de protección y autoprotección, defensa personas, manipulación de armas, capacitación al personal en SG-SST, autocuidado y automotivación; iv) sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST; así mismo las v) certificaciones de los cursos: «ejercicio práctico de tiro para escoltas, fundamentación escoltas, fundamentación en vigilancia»; vi) copia de la libreta militar como reservista primera clase; vii) planilla de funciones puntos vulnerables y novedades de guardas en el puesto de Defender Ltda y; viii) recomendaciones de trabajo mortal del occiso emitidas por Axa Colpatria Seguros de Vida SA. Aduce que, de haberse realizado un correcto análisis de las referidas pruebas documentales, se habría concluido que la empleadora cumplió con su deber de verificar la idoneidad del causante para el adecuado ejercicio de sus funciones, así

como con el deber de proteger y cuidar la salud e integridad en el lugar de trabajo, presentándose al contrario un exceso de ello, al cumplir los preceptos legales concernientes a la seguridad y salud en el trabajo.

VII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n.° 91952 Acusa la sentencia impugnada por la vía directa, en modalidad de aplicación indebida de los artículos 1, 21, 24 al 28, 56 y 58 del Decreto 1295 de 1994, en concordancia con el 2 del Decreto 1607 de 2002; 6, 64, 90, 96 del Decreto Ley 356 de 1994 y los números 11, 77 y 78 del Decreto 2535 de 1993, «lo que conllevó a la aplicación indebida del 57 y 217 del CST». En sustento de ello, afirma que el ad quem dio por demostrado, sin estarlo, que el chaleco antibalas era obligatorio para los guardas de seguridad asignados al puesto Punta Ruitoque por encontrarse en un sector de alta peligrosidad, cuando a partir de las normas expuestas no existe un precepto que le obligue a suministrar dicha indumentaria, por lo que sin existir una omisión por parte del empleador en sus deberes para con el trabajador fallecido, no habría lugar a un nexo causal entre dicho actuar y el deceso de aquel.

VIII. RÉPLICA Asegura la opositora María Del Carmen Pérez Pabón que, la demanda de casación no tiene vocación de prosperidad, puesto que las minutas del puesto de trabajo no

incidieron en la decisión adoptada; lo que también ocurre con el informe de investigaciones de inteligencia, proporcionado por Defender Ltda en la contestación a la reforma de la demanda, en el que «se deduce la peligrosidad de la zona en que era prestado el servicio de guarda de seguridad por el actor» y consecuencialmente, las «medidas de seguridad para

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Radicación n.° 91952 los celadores en Condominio Punta Ruitoque, doblando el personal de celaduría en la noche inclusive con caninos e implementando la entrega de chaleco antibalas a estos guardas». Aunado a ello, sostiene que «brilla por su ausencia» prueba alguna que demuestre que previo al accidente laboral objeto de la litis, se hubieran investigado por parte del empleador los riesgos y peligros a los que se exponían los guardas de seguridad en el cabal cumplimiento de sus funciones, tal y como era