CSJ - SL613-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL613-2023 Radicación n.° 94350 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que la recurrente le instauró

a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., y a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

Se acepta el impedimento presentado por la magistrada Cecilia Margarita Durán Ujueta para conocer y resolver el presente asunto.

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I. ANTECEDENTES Mirtha Rocío Bayona Alba llamó a juicio a la Sociedad

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir

S. A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para que se declarara la anulación por ineficacia, de la afiliación y traslado al régimen de ahorro individual por la omisión de la AFP, en su deber de información y su consecuente retorno al de prima media con prestación definida, con la entrega de todos los dineros por esta recibidos y, si le hubieran concedido pensión, se debía continuar cancelando hasta que se enviaran todos los recursos al régimen de prima media (f.° 2 a 36 del cuaderno

1). Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue afiliada al sistema de seguridad social en pensiones, a partir del 3 de septiembre de 1986; que se trasladó a Porvenir S. A., el 22 de marzo de 2000; que, a ese momento, esa administradora no le entregó ninguna información porque solo le hicieron suscribir un formulario, sin mostrarle proyecciones sobre su pensión. Colpensiones se opuso a las pretensiones. Aceptó que en un principio la accionante estuvo vinculada al fondo que administraba, pero informó que los restantes no le constaban.

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Radicación n.° 94350 En su defensa, formuló las excepciones de descapitalización del sistema pensional, inexistencia del derecho para regresar al régimen de prima media con prestación definida, prescripción, caducidad, inexistencia de causal de nulidad, saneamiento de la nulidad alegada y no procedencia del pago de costas en Instituciones Administradora de Seguridad Social en el Orden Público (f.° 236 a 255 ib.). Porvenir S. A. también se resistió a las súplicas de la accionante e informó que brindó toda la información a la demandante correspondientes a las características y funcionamiento del RAIS, que se realizó, de manera verbal. Presentó las excepciones de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe (f.° 294 a 321 ejusdem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de

Bogotá, mediante fallo del 25 de junio de 2020 (f.° 365 a 367 del cuaderno 1), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el traslado de régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad que hizo la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA con efectividad a partir del 1° de mayo del 2000 a través de la administradora de fondos de pensiones y cesantías PORVENIR

S. A. es ineficaz y, por ende, no produjo ningún efecto jurídico, por lo que deberá entenderse que la actora jamás se separó del régimen de prima media con prestación definida.

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SEGUNDO: ORDENAR a PORVENIR a que transfiera al régimen de prima media con prestación definida, todas las sumas de dinero que obren en la cuenta de ahorro individual del demandante, junto con los valores correspondientes a rendimientos y comisiones por administración, sin que le sea dable realizar descuento alguno por dineros que haya pagado por conceptos de seguros de pensión de invalidez y sobrevivientes, todo con destino al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES a que reciba los dineros de que trata el numeral segundo y reactive la afiliación de la demandante, la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin solución de continuidad.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

QUINTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que realice las actuaciones judiciales pertinentes para obtener el pago de los perjuicios que puedan causarse con el acto que se declara ineficaz por parte de PORVENIR S. A.

[…].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de Porvenir S. A. y en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia del 4 de septiembre de 2020, decidió: PRIMERO: DECLARAR que de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, la seguridad social es un derecho autónomo y las normas de su estatuto contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, regulan íntegramente el acto de afiliación a un régimen pensional, las competencias y sanciones en caso de infracción a la libertad de elección.

SEGUNDO: DECLARAR que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, las normas reguladoras del acto de afiliación, deben aplicarse integralmente, sin posibilidad de fraccionarse, ni tomar parte de una y otra para dar paso a una tercera que se ajuste al caso.

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TERCERO: DECLARAR que la ineficacia del acto de afiliación a un régimen pensional a causa de la deficiencia en el deber de información, debe sujetarse integralmente a lo dispuesto en el artículo 271 de la ley 100 de 1993, CUARTO: DECLARAR que el deber de información está a cargo

de las administradoras de pensiones, en la forma en que se establecido en las normas citadas en los precedentes jurisprudenciales en sus diferentes etapas y, que su aplicación tiene efecto general inmediato y no retroactivo.

QUINTO: DECLARAR que en Colombia coexisten dos regímenes pensionales administrados por sujetos de derecho privado, en el caso de las AFP y público de carácter especial en el caso de Colpensiones, que compiten libremente en la captación de afiliados y son excluyentes.

SEXTO: DECLARAR que no hay presupuestos procesales para dar aplicación a la ineficacia del acto de afiliación demandado, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 271 de la ley 100 de 1993, en virtud de que su aplicación debe hacerse integralmente, atendiendo al principio de inescindibilidad y son las autoridades administrativas allí señaladas las competentes.

SEPTIMO: DECLARAR que el juzgamiento de validez del acto de afiliación y sus consecuencias, debe hacerse a la luz del estatuto de seguridad social contenido en la ley 100 de 1993 y sus modificaciones, en atención al principio de integración normativa.

OCTAVO: DECLARAR que el acto de afiliación al sistema pensional nace de una obligación legal, es unilateral de adhesión y sometimiento a las condiciones impuestas por el legislador y a las modificaciones que este imponga en leyes posteriores.

NOVENO: DECLARAR que el acto de afiliación a un régimen pensional no tiene carácter contractual y en consecuencia sus requisitos y efectos no nacen de la voluntad de los sujetos que en. el intervienen sino de las disposiciones contenidas en la ley.

DECIMO: DECLARAR que Colpensiones y las AFP Porvenir S. A. son sujetos de derecho que administran dos regímenes pensionales que coexisten, compiten entre sí, son excluyentes y sus obligaciones son autónomas frente a los actos del afiliado en materia de elección y afiliación libre a cualquiera de los dos, ONCE: DECLARAR que el acto de afiliación determina la forma de financiamiento de la pensión y no de su monto, razón por la cual no involucra un derecho subjetivo del afiliado sobre este último.

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DOCE: DECLARAR que el deber de información está sometido en su contenido a las normas vigentes al momento en que se realizó la afiliación al régimen pensional y no pueden aplicarse normas posteriores, en virtud del principio de irretroactividad de la ley TRECE: DECLARAR que cualquier daño que se ocasione al afiliado por incumplimiento en los deberes de la AFP o de sus funcionarios, debe ser resarcidos por estas en atención a lo dispuesto en el Decreto 720 de 1994.

CATORCE: DECLARAR que los efectos legales de la afiliación a un régimen pensional no surgen de acuerdos entre el afiliado y la administradora escogida sino de la ley y, en consecuencia, los mismos no pueden tornarse en perjuicios a cargo de la administradora.

QUINCE: DECLARAR que Colpensiones es ajena al acto de afiliación del demandante y al deber de información a cargo de las AFP, a la luz de las normas vigentes para el mes de marzo de

2000, fecha del traslado a Porvenir S. A. y, no pueden aplicarse las disposiciones posteriores que establecieron la doble asesoría.

EN CONSECUENCIA: PRIMERO: SE REVOCAN las condenas impuestas a la AFP PORVENIR S. A. y se absuelve de las mismas por no haberse probado perjuicio alguno a su cargo de conformidad con el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, sin que las obligaciones establecidas en la ley puedan tornarse en tales.

SEGUNDO: SE REVOCAN las condenas impuestas a Colpensiones, en razón a que la afiliación del actor al RAIS y cualquier posible perjuicio derivado de la misma, son producto de la voluntad y decisión unilateral del demandante, que optó por cambiar la forma de financiación de su pensión, sin su intervención; constituyéndose en un hecho ajeno en el que no participo Colpensiones, por lo que ningún perjuicio pudo causar y, en consecuencia, ningún daño debe reparar.

TERCERO: Sin costas en esta instancia, las de primera se revocan y serán a cargo de la actora.

En lo que interesa al recurso extraordinario, dijo:

NATURALEZA DEL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN,

OBJETIVOS Y EFECTOS.

El acto jurídico de afiliación al sistema general de pensiones nace de la ley, que impone al trabajador dependiente e independiente vincularse al régimen pensional que libremente escoja, con el

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Radicación n.° 94350 objeto de atender la forma en que se financiara su pensión de

vejez, en las condiciones previamente establecidas por el legislador, a las que se somete el afiliado según el régimen elegido. El acto de afiliación es en consecuencia, un acto condición, libre y voluntario, sometido a las normas previamente establecidas por el legislador y a los cambios que se introduzcan a partir de la expedición de nuevas leyes, sin la posibilidad de negociarlas, ni al momento de la afiliación ni cuando se producen los cambios, razón por la que se descarta la naturaleza contractual que algunos le asignan. Debe resaltarse, que la escogencia del régimen pensional no tiene relación alguna con la determinación del valor de la mesada pensional, ni puede pretenderse anticipar o especular valor alguno de la misma, pues lo que se determina con la escogencia de un régimen, es la forma como se acumularan los recursos para la financiación de la prestación. […]

DE LOS REGÍMENES PENSIONALES Y LAS VENTAJAS Y

DESVENTAJAS DE CADA UNO. RAIS - RPMPD.

Sobre las ventajas de uno u otro régimen, pensional y la posibilidad de dar a conocer al afiliado una expectativa referida al monto pensional, se ha establecido desde el nacimiento de los mismos que no existe tal posibilidad, pues uno y otro régimen ofrecen, beneficios diferentes, sin que pueda predicarse que unos son mejores o superiores. Igualmente, se ha dejado sentado que el RPM y el RAIS, coexisten son excluyentes y compiten entre si por la captación de afiliados dentro de los marcos de fijados en la ley. Lo consignado en la C-956-2001 ilustra lo afirmado:

[…]

DE LAS LIMITACIONES AL TRASLADO DE RÉGIMEN

PENSIONAL.

La permanencia y traslado de régimen no solo es un acto que impacta al afiliado en la forma como financiara su pensión, pues tal decisión afecta también en su conjunto las finanzas de uno y otro régimen. Al RPM porque en un sistema de reparto simple, el traslado de un afiliado implica una cotización menos al fondo común, de donde se pagan las pensiones vigentes. Al RAIS, porque altera las posibilidades de obtener mejores rendimientos en los diferentes portafolios de inversión. Por tal razón, el legislador decidió que estabilizar el número de afiliados en un tiempo prudente previo al de la fecha de causación de la pensión se hacía indispensable para sostenibilidad financiera y en consecuencia, limitó la posibilidad de traslado. El plazo se

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Radicación n.° 94350 estableció en la Ley 797 de 2003, que limita la posibilidad de traslado de régimen a quien este a diez años o menos de cumplir la edad para acceder a la pensión, quedando consignadas las razones de su exequibilidad en lo expresado en la C-1024 de 2004, en los siguientes términos: […] CONCLUSIONES I: Bajo las anteriores premisas y con fundamento en los pronunciamientos citados, resulta sustentado afirmar, en síntesis: Que la afiliación al sistema general de pensiones es un acto jurídico unilateral y de adhesión a las condiciones previstas en la ley para el RPM y para el RAIS; que la afiliación no tiene naturaleza contractual; que la elección debe ser libre y

voluntaria; que las contingencias y obligaciones originadas en el acto de afiliación están contenidas en la ley y pueden ser modificadas por el legislador cuando las circunstancias lo ameriten; que la elección de un régimen pensional tiene por objeto escoger una forma de financiar la pensión y no un monto pensional; que la determinación de condiciones pensionales y expectativa de un monto pensional al momento de la afiliación no es posible, que no hay posibilidad de. señalar como mejores unas que otras al momento de la afiliación; que los afiliados a la seguridad social no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las pensiones futuras, esto es, las pensiones respecto de las cuales no se ha producido el hecho que las causa; que las condiciones de afiliación a un de régimen son un asunto de orden legal y no constitucional. […]

CONCLUSIONES II.

Bajo las anteriores premisas es posible concluir: Que la competencia para imponer las sanciones previstas en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 está asignada a las instancias administrativas allí señaladas; que la sanción prevista es la multa y dejar sin efecto la afiliación para que el interesado realice una nueva; que las sanciones aquí previstas solo la pudo establecer el legislador en ejercicio de sus competencias; que en aplicación del debido proceso la, sanción debe existir de manera previa al hecho que la origina; que en virtud del principio de legalidad no pueden aplicarse sanciones recurriendo a la analogía, ni remitirse a normas sancionatorias que regulen otros casos; que no pueden aplicarse las normas fraccionadamente y construirse una tercera que favorezca el derecho del accionante;

que hay norma expresa sobre la responsabilidad que compete a las AFP por los perjuicios cometidos por la acción u omisión de sus agentes y, que las sanciones deben ser aplicadas en la forma prevista en la Ley.

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Radicación n.° 94350 […] Los referentes jurisprudenciales citados precisan que la figura de la ineficacia de pleno derecho es propia de los actos regulados en el estatuto comercial y que tal estatuto no tiene establecidos los efectos legales de la misma, pero que el articulo 822 remite a las normas del Código Civil y puntualmente al artículo 1745. Los supuestos de hecho de esta jurisprudencia nada tienen que ver, con el acto de afiliación a un régimen pensional, pues la situación fáctica que plantea vincula comerciantes y actos de comercio, se discute una situación de carácter contractual y, los efectos de la ineficacia previstos en el estatuto civil se aplican en asuntos mercantiles, pero porque así lo dispone una norma que dentro del mismo código de comercio remite a tal ordenamiento. A diferencia de lo que ocurre con el artículo 897 del Código de Comercio, que deja vacío el efecto de la ineficacia, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, incorpora: El derecho protegido; la autoridad competente para determinar las conductas atentatorias del mismo; las multas y efectos respecto a la afiliación y, dispone que en tal caso podrá hacerse una nueva. La construcción jurisprudencial de la ineficacia del acto de afiliación al régimen pensional, se realiza a partir del fraccionamiento del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, del que

se toma la consecuencia de dejar sin efecto la afiliación; se aplica el artículo 897 del Código de comercio del que se toma el efecto de la ineficacia de pleno derecho y, se aplican las disposiciones del artículo 1745 del Código Civil, para sustentar el restablecimiento al estado anterior en que se encontraba el afiliado. La aplicación fraccionada de la ley contraviene la inveterada y reiterada jurisprudencia que sobre inescindibilidad de la norma ha aplicado la Sala, entra en tensión con la prohibición de tomar una parte de una norma y otra para dar nacimiento a una tercera y, desatiende los mandatos sobre integración y remisión normativa. El referente jurisprudencial traído de la Sala de Casación civil, resulta descontextualizado como lo demuestra el supuesto factico del mismo, pues en él se discute una situación contractual entre comerciantes, en el que al declararse la ineficacia de pleno derecho a la venta de las acciones de una compañía, se afecta a un tercero comprador; teniendo la necesidad de abordar los restablecimientos mutuos a la luz del artículo 1746 del Código Civil, pero por remisión expresa del artículo 822 del Código de Comercio. La Corte Constitucional definió que el acto de afiliación es un asunto de orden legal, que se produce en obedecimiento a un

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Radicación n.° 94350 mandato que así lo impone para trabajadores dependientes e independientes, es de carácter unilateral y de adhesión a las reglas fijadas por el legislador para uno y otro régimen, solo el

legislador puede introducir cambios según lo demanden las circunstancias; razón por la que resulta ajeno a la declaratoria de su ineficacia, la aplicación de normas que desbordan el estatuto de la seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993. El sustento de lo afirmado por la Corte Constitucional respecto de la naturaleza y regulación del acto de afiliación está en los pronunciamientos de constitucionalidad citados en esta providencia y en los contenidos de los artículos 4, 11, 13, 15 y 288 de la. Ley 100 entre otros.

CONCLUSIONES III.

De lo expuesto resulta fundado concluir que: La estructura de la norma contendida en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, al proteger el derecho a la libre elección de régimen pensional, señalar las autoridades competentes para hacerlo efectivo y disponer sus consecuencias jurídicas, impone su aplicación sin fraccionamiento alguno y hace improcedente acudir a estatutos distintos, como el civil y el comercial para, determinar sus efectos. Los principios constitucionales plasmados en el artículo 29 de nuestra Carta Política y los legales consagrados en el estatuto de seguridad social, refrendados en un millar de sentencias de nuestra Sala de Casación Laboral, sustentan la conclusión anterior, porque han pregonado el principio de inescindibilidad en la aplicación de las normas; la imposibilidad de tomar de una y otra norma lo que convenga a la pretensión del accionante, para dar paso a una tercera construida por el juez con tal propósito; todo lo cual debe cumplirse con mayor rigor cuando se trata de

normas de carácter sancionatorio […] En desarrollo de la reglamentación de la anterior disposición, y, en lo que se refiere a la responsabilidad de las AFP frente a sus afiliados, se estableció en el Decreto 720 de 1994 lo que ya ha quedado consignado anteriormente. En esta norma, a diferencia de las que cita la jurisprudencia en el marco del deber de información de las AFP, en lo que se denominó primera etapa; se establece el deber de información por parte de los promotores de forma general y abstracta, se consigna que las AFP deben responder por sus actuaciones, en especial por aquellas que impliquen un perjuicio para el afiliado Bajo las anteriores premisas, en la medida en que el afiliado es quien tiene la opción de escoger su régimen pensional; mientras

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Radicación n.° 94350 no se demuestre que Colpensiones invadió la órbita de su derecho a elegir, ninguna consecuencia de las establecidas en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, puede aplicarse a un tercero que nada tuvo que ver en el acto de escogencia y afiliación al RAIS, ni en la deficiente o suficiente información que se le suministro, ni era la obligada a suministrarla en el año 2000 en que la afiliada tomo su decisión. La anterior afirmación tiene sustento, en que de conformidad con lo hasta aquí expuesto, el régimen sancionatorio establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, que sirve como sustento a la ineficacia del acto de afiliación, establece como sanción adicional a la multa que impongan las autoridades

administrativas allí señaladas, la ineficacia del acto de afiliación y la habilitación para que el interesado haga una nueva; que de ninguna manera puede traducirse en que Colpensiones asuma la consecuencia de las omisiones de la AFP, que no solo es un sujeto de derecho diferente y autónomo, sino que es su competencia en materia de administrar pensiones sus afiliados. Cabe resaltar que la relación jurídica originada en el acto de afiliación del demandante cuyos efectos se pretenden invalidar, tiene como sujetos a la demandada PORVENIR S. A., mientras que COLPENSIONES es un sujeto procesal demandado', pero ajeno a la relación jurídico sustancial que vincula al actor con la restante demandada. […] De las normas citadas, resulta evidente que los perjuicios ocasionados por las AFP por razón de sus acciones u omisiones al momento de la afiliación, los debe asumir la respectiva administradora, de conformidad con las normas vigentes al momento y dispuestas por el estatuto de seguridad social, de las que se advierte no existe ninguna, que genere la obligación de recibir al demandante cuya afiliación resulta ineficaz, por cuenta de hechos absolutamente ajenos a Colpensiones.

CONCLUSIONES IV.

Por lo expuesto resulta sustentado afirmar: Que Las normas de seguridad social son suficientes para juzgar las pretensiones de ineficacia de la afiliación, deben ser aplicadas conforme a los mandatos del debido proceso en especial. las de los principios de inescindibilidad, irretroactividad de la ley, integración y remisión, contenidos en las normas y jurisprudencias citadas; que la

ineficacia de la afiliación produce efectos a cargo de quien incurrió con su acción u omisión en la causación de un perjuicio, en este caso a cargo de la respectiva AFP; que no puede atribuirse efecto ni resarcimiento alguno a cargo de un sujeto que no intervino ni en la decisión del afiliado de trasladarse de régimen ni en el acto de afiliación, ni mucho menos en la deficiente

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Radicación n.° 94350 información invocada; que resulta trascendente juzgar el acto de afiliación de manera oportuna, ya que el aporte de la cotización en un sistema de reparto simple, cumple su objetivo de contribuir al pago de las pensiones ya causadas, y, hacerlo inoportunamente desfigura el sentido de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del sistema. Las pruebas que se practicaron dan sustento factico a las conclusiones anteriores en la medida en que demuestran la fecha de afiliación del demandante, la ausencia de participación de Colpensiones en el acto de traslado, y la falta de demostración de perjuicios por parte de PORVENIR S. A., como resulta evidente de los siguientes medios: Del documento visible a folio 325, se evidencia formulario de afiliación a PORVENIR S.A, a partir del 22 de marzo de 2000. Del interrogatorio de parte, absuelto por la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA, se establece que asistió a una reunión realizada por un Asesor de PORVENIR, la cual duro unos 30 minutos que inicialmente dichos funcionarios elaboraron una lista y después de 15 o 20 días, volvieron con unos formularios,

que le indicaron que el ISS se iba a liquidar, que tenía la posibilidad de trasladarse a los fondos privados y que podía pensionarse a una edad inferior: […] Igualmente, el demandante preciso en su interrogatorio que cuando cumplió los 50 años, intento trasladarse el ISS, a pesar de que tenía conocimiento que cuando faltaran menos de 10 años para adquirir la prestación, no podía cambiar de régimen pensional, siendo denegada la solicitud: […] Adicionalmente, el traslado se efectuó en el año 2000 y solo hasta el 2019 (folio 50, 51, 74 y 325), la actora se interesó por su situación pensional, lo que da cuenta que la solicitud no se realizó oportunamente y dentro de los plazos previstos, y acceder a las suplicas de traslado o retorno al RPM desfiguraría el sentido de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del sistema. De las pruebas citadas se establece tanto la fecha de la afiliación del demandante, como la ausencia de demostración de perjuicios a cargo de la AFP PORVENIR S. A., además de determinarse que Colpensiones, no participó en al acto de afiliación al RAIS, porque ni patrocino su traslado, ni intervino en dichas diligencias. Por las razones, expuestas, se declarará la falta de presupuestos procesales para aplicar el artículo 271 de la Ley 100 de 1993; […].

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del Juzgado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, replicados por demandadas y que se analizarán conjuntamente, pues, aun cuando se presentan por distinta vía, se sirven de similar argumentación y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Dice: La sentencia viola indirectamente, por aplicación indebida, los literales b),c) y e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003; artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; artículo 10° del Decreto 720 de 1994; artículos 11, 15, 16 del Decreto 692 de 1994, en relación con los artículos 1502, 1508, 1510, 1604, 1746 y 1757 del Código Civil; artículos 14, 19 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 1°, 2°, 3°, 11, 12, 36, 50, 76, 90, 97, 131, 114, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 y 48 y 53 de la Constitución Política.

Los yerros que atribuye a la decisión del Tribunal, son los siguientes:

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1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA, con el diligenciamiento y suscripción del formulario de afiliación de fecha 22 de marzo de 2000 a la AFP

ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.

A., dejó constancia de su voluntad de trasladarse de régimen de manera libre, espontánea y sin presiones.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA no fue inducida a engaño o error para trasladarse de régimen, al suscribir de manera libre y voluntaria el formulario de afiliación.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante al momento de trasladarse y afiliarse al RAIS en la AFP

ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.

A., no recibió la información veraz, completa y oportuna sobre las consecuencias, ventajas y desventajas de su traslado.

4. Dar por sentando, sin estarlo, que para conceder la ineficacia del traslado era necesario la demostración de los perjuicios causados por la AFP ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. y por COLPENSIONES a la demandante.

5. No dar por demostrado, estándolo, que por la falta de información en el traslado a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA sufrió un perjuicio irremediable en la proyección de su pensión, ya que su consentimiento estuvo viciado.

6. Dar por sentado, sin serlo, que a COLPENSIONES no se le podía atribuir efecto o resarcimiento alguno, por cuanto ésta no intervino en la decisión de traslado ni en el acto de afiliación de

la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA.

Sostiene que esos errores se originaron por la errada apreciación de estas pruebas:

1. Formulario de afiliación a la AFP ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., obrante a folio 325 del cuaderno de primera instancia.

2. Reclamaciones sobre la nulidad del traslado, obrantes a folios 50, 51, 52, 74 y 75 del cuaderno de primera instancia.

3. Interrogatorio de Parte practicado a la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA, obrante en CD a folio 369.

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Radicación n.° 94350 Y, por la falta de estudio de las siguientes:

1. Copia de la cédula de ciudadanía de la demandante, obrante a folio 78 del cuaderno de primera instancia.

2. Estudio de situación pensional efectuado a la demandante, obrante a folio 200 a 212 del cuaderno de primera instancia.

3. Reporte de semanas cotizadas expedido por PORVENIR S. A., obrante a folios 328 a 331 del cuaderno de primera instancia.

Al sustentarlo, indica: En primer lugar, es importante poner de presente que el juzgador de alzada erró al revocar el fallo de primera instancia bajo el argumento que con la suscripción del formulario de afiliación, que se evidenció a folio 325 del cuaderno de instancias, la señora MIRTHA ROCÍO BAYONA ALBA dejó constancia que su voluntad de trasladarse de régimen fue de manera libre, espontánea y sin

presiones, cuando es sabido que con la simple firma y diligenciamiento de ese documento, no se cumple la obligación que tienen los fondos de pensiones de acreditar que le dieron a conocer al asegurado, de manera clara y suficientemente, los efectos que podía acarrear ese traslado y el con