CSJ - SL624-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL624-2023 Radicación n.° 90929 Acta 9 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por

WILDER BARONA TRIANA, ESTRUCTURAS ESPECIALES

S. A. y CQK CONSTRUCCIONES SAS, como miembros del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ, contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordinario laboral que instauró JESÚS EUGENIO FORERO CALDERÓN contra las sociedades recurrentes, la persona natural impugnante y el MUNICIPIO DE PUERTO

BOYACÁ.

I. ANTECEDENTES Jesús Eugenio Forero Calderón llamó a juicio a los demandados con el fin de que se declare que entre él y Wilder Barona Triana, las sociedades Estructuras Especiales S. A. y CQK Construcciones SAS -como integrantes del Consorcio

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Radicación n.° 90929 Construboyacá- existió un contrato de trabajo a término definido inferior a un año y que el Municipio de Puerto Boyacá es solidariamente responsable de las condenas que aquí se pretenden, en tanto beneficiario de la obra contratada. En consecuencia, pidió que se les condene al pago de los salarios dejados de percibir en las dos quincenas del mes de marzo y tres días de abril de 2014; junto con el auxilio de

cesantías, sus intereses y la prima de servicios causados entre 2013 y 2014; las vacaciones; la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo del artículo 64 del CST; las horas extras; la sanción e indemnización por la no afiliación al sistema de seguridad social -reportando de esa omisión al Ministerio del Trabajola indexación de las condenas y las costas del proceso. Como fundamentos de esas pretensiones, informó que laboró al servicio de los demandados, quienes conformaban el Consorcio Construboyacá, con el fin de ejecutar el contrato de obra No. 485 de 2013, celebrado entre este y el Municipio de Boyacá, consistente en la remodelación y construcción del escenario deportivo Cancha El Molino; que lo hizo bajo la modalidad de contrato de trabajo a término definido inferior a un año, con fecha de inicio, el 1 de diciembre de 2013 y de terminación, el 17 de abril de 2014; que se desempeñó como técnico en obra civil, encargado de la administración y desarrollo de la obra; que debía conseguir personal, materiales y equipos para ejecutar lo pactado recibiendo

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Radicación n.° 90929 como remuneración la suma mensual de $4.600.000, pagadera en dos quincenas. Advirtió que tales actividades las ejecutó de forma personal atendiendo las instrucciones que le eran dadas por su empleador en los turnos que se le asignaban, los cuales variaban de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; y de 2:00 a 6:00 p.m. Agregó que entre el 16 de enero y el 20 de marzo de 2014,

debió laborar los dos turnos, a fin de cumplir los plazos fijados en el contrato de obra. Señaló que el 3 de abril de 2014, los trabajos fueron suspendidos, impidiendo la entrada de cualquier trabajador y sin que se le pagara el salario del mes de marzo y tres días de abril ni se hubieran liquidado las horas extras; prestaciones sociales y aportes a seguridad social. Agregó que, en conciliación que se intentó con el secretario de obras del municipio demandado, este le manifestó que, si bien conocía de la legitimidad de los derechos reclamados, no podía dar una fecha cierta de pago de los saldos insolutos. Al dar respuesta a la demanda, Estructuras Especiales S.

A. y CQK Construcciones SAS se opusieron a todas las pretensiones, refiriendo que no tenían sustento fáctico ni legal, toda vez que entre ellas y el demandante no existió ningún tipo de contrato, resaltando que no habían suscrito un pacto de esa naturaleza, ni verbal ni escrito, lo que descartaba cualquier relación de tipo laboral.

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Radicación n.° 90929 En cuanto a los hechos, dijeron que no eran ciertos. En su defensa, se limitaron a referir que el demandante no laboró para dichas sociedades y que no lo conocían. Formularon las excepciones previas de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones y la de fondo de inexistencia de la relación laboral. Por su parte, el Municipio de Puerto Boyacá se opuso a todas las pretensiones argumentando que, conforme al reporte de Positiva, no existió relación laboral entre el actor

y el Consorcio Construboyacá sino con la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaria, la cual no tuvo ningún vínculo contractual con ese ente territorial. En cuanto a los hechos, dijo que no le constaban. Explicó que el Consorcio Construboyacá era el contratista encargado de remodelar y construir el escenario deportivo de la Cancha El Molino y, por ende, al que le asistía el deber de contratar al personal requerido a fin de cumplir con lo pactado. Explicó que el contrato No. 485 de 2013 suscrito entre el Municipio de Puerto Boyacá y el Consorcio Construboyacá, inició el 17 de diciembre de 2013 y fue suspendido el 11 de abril de 2014, de modo que le resultaba extraño que el demandante asegurara que empezó a laborar a partir del 1 de diciembre de 2013, fecha en la que el consorcio aún no había comenzado la ejecución de la obra, tal como se refleja

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Radicación n.° 90929 en el acta de inicio 001 de 2013 y en el reporte de Positiva Compañía de Seguros de fecha 14 de enero del 2014. Sostuvo que, en ese último documento, se observa que el actor estaba afiliado por cuenta de la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaria, cuya actividad económica es la crianza de aves de corral y no, a nombre del Consorcio Construboyacá quien fue el que suscribió contrato de obra con el municipio frente a las labores de construcción y remodelación de un escenario deportivo. Por lo tanto, aseguró que no existió vínculo laboral entre el accionante y

el consorcio. Agregó que el contrato que aportó el demandante no aparece suscrito por ambas partes, sino que allí sólo se registra la firma de aquél, por lo que no puede dar fe de una relación laboral entre él y el consorcio. Por último, dijo ser cierto lo de la citación a la conciliación de algunos trabajadores, pero aclaró que Jesús Forero Calderón no está relacionado en el acta de esa diligencia. Formuló la excepción de fondo de inexistencia de solidaridad del Municipio de Puerto Boyacá en el pago de acreencias laborales. Mediante decisión del 8 de abril de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá dio por no contestada la demanda respecto de Wilder Barona Triana, teniendo esa omisión como indicio grave en su contra.

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Radicación n.° 90929

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyacá, al que le correspondió definir la instancia, mediante decisión del 3 de agosto de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de “Inexistencia de la relación laboral” e “inexistencia de solidaridad del Municipio de Puerto Boyacá en el pago de acreencias laborales”, propuestas por ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.,

CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el MUNICIPIO DE PUERTO

BOYACÁ.

SEGUNDO: DECLARAR que entre el señor JESÚS EUGENIO FORERO CALDERÓN como trabajador, y ESTRUCTURAS

ESPECIALES S.A., CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el señor

WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ, como empleadoras, existió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el cual se ejecutó entre el 01 de diciembre de 2013 al 17 de abril de 2014, teniendo como salario la suma de $4.600.000 mensuales.

TERCERO: DECLARAR que ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.,

CQK CONSTRUCCIONES S.A.S, el señor WILDER BARONA TRIANA, y el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ son solidariamente responsables de las condenas impuestas en esta providencia, por lo indicado en la parte motiva, exceptuando al municipio de Puerto Boyacá del pago de las vacaciones de conformidad con el artículo 34 C.S.T.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración,

CONDENAR a ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A., CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el señor WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ y al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a pagar al demandante, las siguientes sumas de dinero, salvo al municipio de Puerto Boyacá de la acreencia por vacaciones: -Cesantías: $1.571.667-Intereses Cesantías: $64.438-Vacaciones: $785.833-Prima de Servicios: $1.571.667

QUINTO: CONDENAR a ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A., CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el señor WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ

y al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a pagar al señor JESÚS EUGENIO FORERO CALDERÓN, el valor de $110.400.000, por concepto de sanción moratoria de que trata el artículo 65 C.S.T., equivalente a $153.333 diarios desde el 04 de

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Radicación n.° 90929 abril de 2014 a 03 de abril de 2016 e intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria contados desde el 04 de abril de 2016, conforme el artículo 65 CST por concepto de salarios insolutos y prestaciones sociales, hasta que se verifique el pago.

SEXTO: CONDENAR a ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A., CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el señor WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ a pagar al señor JESÚS EUGENIO FORERO CALDERÓN, el valor de $7.513.333, por concepto de la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990

SÉPTIMO: CONDENAR a ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A., CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y al señor WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ a pagar al señor JESÚS EUGENIO FORERO CALDERÓN, el valor de los salarios insolutos adeudados al demandante y que ascienden a la suma de $5.060.000

OCTAVO: CONDENAR a ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.,

CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el señor WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ y al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a cancelar a favor del señor JESÚS EUGENIO FORERO CALDERÓN, los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, pagos que deberá realizar la empleadora en un término no superior a treinta (30) días contados desde la ejecutoria de la sentencia, el ciclo del 01 de diciembre de 2013 al 17 de diciembre de 2014, con base en un salario de $4.600.000, con los rendimientos e intereses correspondientes, además entregando lo que se conoce como reserva actuarial, dejando expresa constancia que para la materialización de la orden se requerirá del respectivo cálculo actuarial que realice la AFP correspondiente. El actor tiene el término de cinco (5) días para indicar a los demandados el fondo de pensiones en el cual deben realizarse los aportes, so pena de cumplir la demandada con esta obligación efectuando el pago en Colpensiones, de acuerdo a lo expuesto NOVENO: CONDENA en costas a ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A., CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el señor WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ, y al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a favor del demandante de conformidad con el artículo 365 C.G.P. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.000.000.

DÉCIMO: CONDENA en costas a ESTRUCTURAS ESPECIALES

S.A., CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y el señor WILDER BARONA TRIANA, como integrantes del CONSORCIO CONSTRUBOYACÁ, y al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a favor del demandante de conformidad con el artículo 365 C.G.P. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.000.000.

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DECIMOPRIMERO: ORDENA consultar la presente decisión ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, por resultar adversa a los intereses del municipio de Puerto Boyacá.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes accionadas, del Municipio de Puerto Boyacá y en virtud de la consulta surtida en favor de ese ente territorial, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante decisión del 16 de diciembre de 2020, confirmó el fallo impugnado y condenó en costas al Consorcio Construboyacá y al Municipio de

Puerto Boyacá. Indicó que el problema jurídico que debía resolver consistía en determinar si entre el actor y Wilder Barona Triana y las sociedades demandadas -los cuales conforman el Consorcio Construboyacá- existió un contrato de trabajo; si el juez aplicó debidamente la sanción prevista en el artículo 77 del CPTSS dada la inasistencia del demandante a la audiencia de conciliación; si es procedente el pago a título de indemnización moratoria y, de acuerdo con la apelación del Municipio de Puerto Boyacá, si este debía responder solidariamente por los conceptos a los que fueron

condenados los demás accionados. Advirtió que en el plenario obraba el contrato de trabajo a término inferior a un año, de fecha 1 de abril de 2013, en el que aparece como empleador el Consorcio Construboyacá, a fin de que el actor ejecutara el cargo de técnico civil para el cumplimiento de la obra No. 428 de 2013, en el periodo

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Radicación n.° 90929 comprendido entre el 1 de diciembre de «2014» (sic) y el 17 de abril de 2014, documento que, resaltó, sólo estaba suscrito por el trabajador. Así mismo, aparecían el contrato de obra No. 485 del 9 de diciembre de 2013, celebrado entre el Consorcio Construboyacá y el Municipio de Puerto Boyacá, con el fin de que se efectuara la remodelación y construcción del escenario deportivo Cancha El Molino (f.° 7 a 19); desprendible de nómina de la segunda quincena del mes de febrero de 2014, en la que se registraba: Empresa Consorcio Construboyacá, fecha: 16.02.2014, cargo: ingeniero residente (f.° 20); $2.204.000, previos descuentos de salud y pensión; escrito dirigido el 27 de enero de 2014 por Construboyacá a Car Ingenieros Asociados en el que se relaciona el listado de personal que se encuentra laborando en dicho consorcio, y en el que se refiere al demandante con el COD 4, cargo: técnico obra civil, estado: afiliado (f.° 29 a 31); al igual que el reporte de Positiva Compañía de Seguros

en el que se relaciona al actor como afiliado, y como empleador a la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaria (f.° 34); las actas de inicio de obra del 17 de diciembre de 2013 y de suspensión del 11 de abril de 2014 (f.° 116 a 118) y el documento consorcial (f.° 114 a 115). Agregó que también se recibieron los interrogatorios de la parte demandante y del codemandado Wilder Barona Triana, los cuales resumió, y las declaraciones de Javier Amado Escamilla, Ana María Pérez Pedroza, Rómulo Lozano, Jorge Luis Zuleta Celedón y Jhon Luis Vanegas Acosta.

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Radicación n.° 90929 Precisó que, de dichos medios de prueba podía inferir que Jesús Eugenio Forero Calderón prestó sus servicios en favor de Wilder Barona Triana y de las sociedades demandadas, los cuales conformaban el Consorcio Construboyacá, pues tanto la persona natural demandada como los testigos dieron cuenta de que el actor trabajó en la construcción de la cancha El Molino del Municipio de Puerto Boyacá, como ingeniero encargado de la obra, quien debía contratar personal; manejar los materiales, maquinarias y volquetas, todo lo cual daba lugar a que operara la presunción del artículo 24 del CST, resaltando que no había logrado ser desvirtuada por la parte demandada. Sobre este último punto, adujo que, aunque el testigo Jorge Luis Zuleta afirmó que el actor tenía con los accionados un pacto de utilidades, no suministró razones suficientes de su dicho, por lo que le restaría credibilidad. Por su parte,

anotó, que Jhon Luis Vanegas Acosta puso de presente que Jesús Eugenio Forero Calderón era el jefe inmediato de todos y que estaba incluido en la nómina, hechos que, a su juicio, eran constitutivos de la existencia del contrato, pues concordaba con lo manifestado con los demás declarantes quienes, aparte de esos supuestos, resaltaron que aquél recibía instrucciones de Wilder Barona. Aclaró que, tal como lo ha explicado la jurisprudencia de esta Sala de Casación, por ejemplo, en CSJ SL3459-2020, la calidad de trabajador no es incompatible con la de socio; tampoco lo es recibir salario y honorarios al mismo tiempo.

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Radicación n.° 90929 Indicó que no era necesario que el trabajador estuviera vigilado o controlado todo el tiempo por un superior, máxime si, como se supo, aquél era el encargado de dirigir la obra y por eso gozaba de autonomía para la toma de decisiones, circunstancia que, estimó, no lo apartaba del poder subordinante de su empleador, el cual, debía ser desvirtuado por la parte interesada, lo que no ocurrió. Resaltó que lo dicho por la accionada era contradictorio ya que, aunque al contestar la demanda negó conocer al demandante y que este hubiera trabajado para él, al momento de absolver el interrogatorio, Wilder Barona Triana dijo que lo conoció en el 2013 y que entablaron una amistad; que en algún momento le comentó que había un proyecto para construir un coliseo y que, supuestamente, pactó con él una especie de comisión. Manifestó que no era creíble que dichas partes fueran

socios y, pese a ello, al actor le descontaran los aportes a seguridad social y, respecto del horario de trabajo, señaló que, de lo narrado por los testigos, Forero Calderón vivía al frente de la obra en una casa que alquiló y cumplía una jornada. Dijo que el único que aseveró lo contrario fue Jhon Vanegas Acosta, quien manifestó que el actor llegaba a las 6:00 a.m., no dijo la hora en que se iba y que regresaba a las 11:00 a.m., pero consideró que esas afirmaciones no contaban con respaldo probatorio. Frente a la confesión ficta, puntualizó que el juez de primer grado presumió como ciertos los hechos contenidos en las contestaciones de la demanda de las sociedades Estructuras Especiales S. A. y CQK Construcciones SAS, en

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Radicación n.° 90929 relación con los supuestos primero a once. Aclaró que, de todos modos, se trataba de una presunción legal que podía ser desvirtuada con las pruebas que obraban en el plenario, lo cual, dijo, ocurrió en este caso, ya que se demostró la prestación personal del servicio y no se descartó la subordinación del empleador. En relación con la indemnización moratoria, aclaró que es una condena que depende del caso particular, a fin de estudiar si el comportamiento del empleador estuvo o no asistido de buena fe. Puso de presente que los demandados no pagaron al trabajador sus acreencias laborales; desconocieron su condición de empleado e incluso lo catalogaron como socio -calidad que no se demostró- y no

aportaron elementos de juicio para justificar esa omisión en el pago. Se refirió a la buena fe y su concepto. Agregó lo siguiente: El principio general, es que el deudor moroso debe demostrar su buena fe, de donde refulge evidente que no es carga de la parte accionante desvirtuar la presunción de buena fe, sino que corresponde al empleador acreditar las conductas que lo exoneren del pago de la indemnización moratoria. No sobra recordar que la buena fe a la que se refiere el artículo 87 de la C.N. está circunscrita a las relaciones que se dan entre los particulares y las autoridades, al establecer el citado precepto que la buena fe se presumirá en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades, no corresponde naturalmente a lo relativo a las relaciones que entre sí sostengan los particulares. Ello significa que de ninguna manera puede considerarse insubsistentes preceptos legales como el artículo 65 del CST, según el cual, como excepción al principio general de que el deudor moroso debe demostrar su buena fe. Con relación a este punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene dicho, como por ejemplo en la sentencia con radicado 41005 del 23 de octubre de 2012, que para que el

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Radicación n.° 90929 empleador pueda ser exonerado del pago de la indemnización en comento, debe demostrar que actuó con buena fe, por lo que no basta afirmar que se actuó de esa forma. Ahora respecto a que la indemnización es desproporcionada, para ello debemos remitirnos al artículo 65 del CST, en el que se indica cómo debe

calcularse la misma, “una suma igual al último salario diario por cada día de retardo”, en este caso se acreditó que el valor del salario era $4.600.000, por lo que fue correcto el cálculo aritmético que hizo el a-quo. Así las cosas, se confirmará la decisión en este punto. Por último, confirmó la condena solidaria en contra del Municipio de Puerto Boyacá, pero este aspecto no fue objeto de debate en casación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Wilder Barona Triana, Estructuras Especiales S. A. y CQK Construcciones, integrantes del Consorcio Construboyacá, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los demandados pretenden que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, los absuelva de todas las condenas impuestas en su contra.

De forma subsidiaria, solicitan que se case parcialmente el fallo de segunda instancia, en tanto confirmó la condena por el concepto de indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, sanción moratoria del

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Radicación n.° 90929 artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, para que, en sede de instancia, las revoque. Con tal propósito, formulan dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por el

demandante.

VI. PRIMER CARGO Acusan la decisión de ser violatoria de la ley sustancial, por la senda indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 23, 24, 34, 46, 65, 189, 249 y 306 del CST; 3 de la Ley 136 de 1994; 6 de la Ley 1551 de 2012; 1 de la Ley 52 de 1975; 22 de la Ley 100 de 1993; 99 de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 51, 60 y 61 del CPTSS; 202, 205, 208, 244 y 260 del CGP.

Indican que el ad quem incurrió en los siguientes yerros fácticos: Dar por demostrado, sin estarlo, que Jesús Eugenio Forero Calderón prestó sus servicios subordinados a Wilder Barona Triana, Estructuras Especiales S. A., CQK Construcciones SAS y el Consorcio Construboyacá. No dar por demostrado, estándolo, que Eugenio Forero Calderón prestó sus servicios, sin subordinación, a Wilder Barona Triana y al Consorcio Construboyacá. No haber dado por demostrado, estándolo, que Wilder Barona Triana, Estructuras Especiales S. A., CQK Construcciones SAS y el Consorcio Construboyacá desvirtuaron que la prestación del servicio por parte de Jesús Eugenio Forero Calderón fuera dependiente y subordinada.

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Radicación n.° 90929 Dar por probado, sin estarlo, que el actor cumplía un horario de

trabajo. Dar por demostrado, sin estarlo que Wilder Barona Triana y las sociedades demandadas no acreditaron ni justificaron la falta de pago de los créditos laborales. No haber dado por demostrado, estándolo, que Wilder Barona Triana y las sociedades demandadas actuaron de buena fe frente al no pago de las acreencias laborales al actor. Dar por demostrado, no estándolo, que la supuesta relación laboral entre el actor y el Consorcio Construboyacá tuvo su extremo inicial el 1 de diciembre de 2013. No dar por demostrado, estándolo, que el extremo inicial de la supuesta relación laboral fue el mes de enero de 2014. Dar por demostrado, sin estarlo, que las demandadas deben pagar aportes a la seguridad social a favor del actor desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 17 de diciembre de 2014. Consideran que los anteriores yerros se cometieron por la apreciación indebida del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año (f.° 3 a 5); el contrato de obra del 9 de diciembre de 2013 suscrito entre el Consorcio Construboyacá y el municipio de Puerto Boyacá (f.° 7-19); el desprendible de nómina de febrero de 2014 (f.° 20); el escrito del 27 de enero de 2014 (f.° 29 -31); el reporte de Positiva Compañía de Seguros (f.° 34); el documento consorcial (f.° 114-115); el acta de inicio de obra del 17 de diciembre de 2013 (f.° 116); el acta de suspensión de obra (f.° 117 -118);

las contestaciones de la demanda; el interrogatorio de la parte demandante; y los testimonios de Javier Amado Escamilla, Ana María Pérez Pedroza, Rómulo Lozano, Jorge Luis Zuleta Celedón y Jhon Luis Vanegas Acosta. En primer lugar, relacionan los extractos de la decisión impugnada y precisan que el Tribunal no hizo comentario

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Radicación n.° 90929 alguno sobre los extremos de la supuesta relación laboral, pero que, al haberla admitido y al confirmar la decisión de primera instancia hizo suyos los argumentos del a quo. Luego, manifiestan que el contrato de trabajo aportado por el demandante no tenía valor probatorio, ya que no estaba suscrito por el trabajador ni por los representantes legales de las empresas accionadas, de manera que no podía considerarse un documento privado en los términos de los artículos 244 y 260 del CGP. Su apreciación, sin embargo, llevó al ad quem a deducir de ese elemento, la existencia del contrato de trabajo y fijar un salario de $4.600.000 mensuales; los extremos en que se desarrolló, concretamente, el inicial. Agregan que el vínculo no pudo haber iniciado el 1 de diciembre de 2013, pues en la cláusula segunda se pactó que sería para ejecutar el contrato de obra No. 428 de 2013, el cual fue adjudicado, el 3 de diciembre siguiente. Señalan que el juez de segundo grado valoró erradamente el contrato de obra suscrito entre el Consorcio Construboyacá y el Municipio de Puerto Boyacá, el cual fue

adjudicado el 3 de diciembre de 2013; suscrito el 9 de diciembre siguiente y se acordó un plazo de ejecución de cuatro meses, a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, para el caso, el 17 de diciembre de 2013. De manera que, de haberse tenido en cuenta tales circunstancias, no podía haberse concluido que el actor prestó servicios a partir del 1 de diciembre de 2013.

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Radicación n.° 90929 Añaden que el desprendible de nómina no contiene firma del pagador o de algún directivo de la empresa, ni constancia de recibido del supuesto pago; de modo que es un simple «esqueleto» que no comprometía a las demandadas y, a lo sumo, acreditaría la remuneración de unas labores ejecutadas entre el 16 y el 28 de febrero de 2014, pero nada más. Dicen que en el escrito que remitió el Consorcio Construboyacá a la Car Ingenieros Asociados, si bien se indica que se anexaría el listado del personal que se encontraba laborando en esa organización, dentro del que se encuentra el nombre del actor, allí no se especifica si esas personas laboraban bajo subordinación o no, por lo que allí no se deduce nada relevante sobre ese elemento y no podía así deducirlo el Tribunal. Advierten que, de haberse valorado correctamente el reporte de Positiva Compañía de Seguros, en el que se observa una información relativa a la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaria -desde el 14 de enero hasta el 15 de enero

de 2014el ad quem habría reparado en que, para la fecha en la que, supuestamente, el accionante prestaba servicios a las accionadas, estaba afiliado por una empresa totalmente ajena a estas; que la actividad que ejecutaba tenía relación con empresas dedicadas a la cría especializada de aves de corral, lo que nada tiene que ver con la construcción de una cancha deportiva; y que el salario base era de $616.000. Si lo hubiera admitido como prueba debió haberse tenido en cuenta que la fecha de inicio, en todo caso, fue el 14 de enero

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Radicación n.° 90929 de 2014 y no el 1 de diciembre de 2013 y que la remuneración era la señalada en ese documento y no la que dedujo el juez de alzada. Frente al contrato de consorcio, indican que allí no se mencionan las supuestas actividades que el actor prestó en favor de Estructuras Especiales S. A. y CQK Construcciones. En relación con el acta de inicio, señalan que se fija como fecha de comienzo el 1 de diciembre de 2013, pero, estiman que no podía haber empezado a laborar desde ese día, precisamente, porque la obra aún no había sido adjudicada al consorcio. Añaden que en el acta de suspensión se observa que se acordó detener los trabajos en la obra temporalmente, el 11 de abril de 2014, pero sabido es que, desde antes, como lo pidió el actor en su demanda, sólo laboró hasta el 3 de abril de «2014» (sic). Argumentan que, para el Tribunal, las respuestas de las

demandadas resultaban contradictorias, concretamente, porque Wilder Barona en el interrogatorio de parte admitió que había conocido al actor en el año 2013. Precisan que, una cosa es el accionado, como persona natural, y otra los representantes legales de las empresas, quienes no lo conocieron, lo que, dice, evidencia un yerro del ad quem. Sostienen que en el interrogatorio rendido por Jesús Eugenio Forero Calderón confesó que contaba con autonomía en el manejo de personal y de los elementos de trabajo para el desarrollo de la obra. No se evidencian afirmaciones sobre supuestas órdenes recibidas de Wilder

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Radicación n.° 90929 Barona, sino que era independiente en el desarrollo de su labor, lo que se nota, por ejemplo, cuando manifestó que él manejaba la oficina de abajo. Expresan que, demostradas así las equivocaciones fácticas del Tribunal, es procedente la acusación de la prueba testimonial, la cual cita en el recurso y que será analizada, de ser procedente. Aducen que el examen de los medios probatorios demuestra que la labor que desempeñó el actor fue totalmente independiente y autónoma, él se encargó de dirigir la obra de arriba a abajo, como lo admitió, bajo su responsabilidad, sin subordinación, ya que él contrató los trabajadores que necesitaba; compraba los insumos requeridos; solucionaba los problemas de nómina que se presentaran y no cumplía horario de trabajo. Todo lo cual desvirtúa la presunción del artículo 24 del CST sobre la existencia de un contrato de tal naturaleza.

Solicitan que, en todo caso, de persistir en la determinación de que sí