CSJ - SL626-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL626-2023 Radicación n.° 93897 Acta 9 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por DIANA CORPORACIÓN S. A. S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 17 de julio de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró YALILA CORREA DONNEYS contra la recurrente. Se reconoce personería adjetiva para actuar al abogado Carlos Alberto Baeza Molina, con TP 36.961, como apoderado de la actora, según el poder allegado ante la Corte.

I. ANTECEDENTES Yalila Correa Donneys llamó a juicio a Diana Corporación S. A. S., con el fin de que se reajusten las

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Radicación n.° 93897 prestaciones sociales al existir un pago deficiente por no incluir los gastos de representación sufragados que correspondían a viáticos, y en consecuencia, se reliquiden las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones; la indemnización y la sanción moratoria, la indexación, se reajusten los pagos a la seguridad social, lo que resulte ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó mediante contrato de trabajo a término indefinido con la Empresa Procesadora de Arroz S. A. del 26 de febrero de 2002 al 30 de marzo de 2015, teniendo a cargo las

funciones de comercializar, vender y cobrar el producto de la empresa (arroz). Explicó que el 16 de enero de 2012 la sociedad Carolina Corporación S. A. S. sustituyó laboralmente a la Empresa Procesadora de Arroz S. A. y, luego, el 1 de noviembre de 2014 Diana Corporación S. A. S. sustituyó a la primera de las sociedades enunciadas. Narró que siempre tuvo las mismas funciones, pero en las dos sustituciones de empleadores el contrato de trabajo sufrió modificaciones a través de las cuales fueron desmejoradas las condiciones de remuneración. Aseguró que desde noviembre de 2014 sus funciones aumentaron como ejecutiva de ventas porque mantuvo la misma plaza, pero «manejaba tres canales mayoristas superetes (todos los almacenes que no son de cadena) y tiendas».

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Radicación n.° 93897 Aseguró que, desde que la demandada inició la sustitución patronal empezó a ejercer presión hacia los trabajadores, se les hacía seguimiento con GPS para saber la hora de inicio y finalización de sus actividades, les pedían informes diarios y les solicitaron firmar un otrosí que perjudicaba sus condiciones laborales; que por lo anterior dimitió en dos oportunidades, pero la empresa le manifestaba que la necesitaba; posteriormente, renunció definitivamente. Adujo que la empleadora la liquidó con un salario básico, equivalente al salario mínimo más comisiones promediadas, esto es, la suma de $1.576.088,22; que recibía de la demandada una suma fija mensual de $1.300.000 por concepto de gastos de representación, los que en realidad

correspondían a viáticos y los cuales eran reconocidos por la labor de ventas en la zona de Palmira – Tuluá y retribuían la labor contratada. Pese a ello, la demandada intentó encubrirlos en la cláusula tercera del otrosí, como auxilios no salariales de movilización, que por ello es ineficaz. Destacó que la proporción de los valores pagados por gastos de representación excedían los topes legales y encubrían verdaderos pagos salariales, pues, como asesora comercial viajaba de Palmira a Tuluá, por lo que permanentemente causó viáticos y que, con el supuesto pago de gastos de representación asumía el transporte, la alimentación y el hospedaje, cuando le tocaba pernoctar en otra ciudad.

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Radicación n.° 93897 Afirmó que los gastos de representación en realidad eran viáticos, los cuales no se tuvieron en cuenta en la liquidación definitiva de prestaciones sociales (f.os 1 a 14). Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, únicamente admitió que la trabajadora laboró hasta el día 30 de marzo de 2015, aclarando que de buena fe y por mera liberalidad pagó las acreencias laborales hasta el 1 de abril de ese año. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa explicó que el 1 de agosto de 2012 suscribieron un otrosí, aceptado por la actora, en el que se estableció que la empleadora reconocería el auxilio de

transporte y los gastos de representación, ambos de naturaleza no salarial. Agregó que entre las partes no se encontraba pactado el reconocimiento de viáticos permanentes por concepto de alojamiento y alimentación y que el valor recibido por gastos de representación tenía como finalidad que la demandante desempeñara a cabalidad sus funciones, «por lo que acorde con el artículo 128 del CST, y en la medida que estaba pactado como no salarial por parte de las partes, dicho concepto no podía ser constitutivo de salario». Agregó que pagó a la demandante todas las acreencias laborales causadas durante la vigencia y a la terminación del nexo de manera completa y oportuna y que actuó de buena fe al liquidar las acreencias con los artículos 127 y 128 del CST.

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Radicación n.° 93897 Propuso las excepciones denominadas inexistencia de las obligaciones demandadas, falta de título y de causa en el demandante, cobro de lo no debido, pago, compensación, buena fe, prescripción y la genérica (f.os 184 a 219).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante

fallo del 31 de enero de 2017 resolvió:

1. DECLARAR no probadas las excepciones de fondo propuestas por la demandada excepto la de prescripción que se declara probada respecto de los derechos laborales generados con anterioridad al 18 de agosto del 2012, y referente a las vacaciones las causadas con anterioridad al 18 de agosto del 2011.

2. DECLARAR que las cláusulas adicionales del contrato de

trabajo a término indefinido celebradas entre Diana Corporación S.A.S y la señora Yalila Correa Donneys que se pactaron para excluir ciertos desembolsos que constituían factor salarial dándoles el carácter de extrasalariales son ineficaces y por tanto no producen ningún efecto jurídico.

3. CONDENAR a la demandada Diana Corporación S.A.S., representada legalmente por el señor Andrés Murra Pardo o por quien haga sus veces a reconocer y pagar dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia a la señora Yalila Correa Donneys en las condiciones civiles conocidas en el proceso por los conceptos que a continuación se relacionan las siguientes sumas de dinero. a. $3.061.352 por concepto de reajuste de cesantías. b. $311.327 por concepto de reajuste de intereses de cesantías. c. $3.176.221 por concepto de reajuste de primas de servicios. d. $1.505.414 por concepto de reajuste de vacaciones.

4. CONDENAR a la demandada Diana Corporación S.A.S., representada legalmente por el señor Andrés Murra Pardo o por quién haga sus veces a pagar a favor de la señora Yalila Correa Donneys por concepto de sanción moratoria la suma de $3.374.315,13 y a partir del vencimiento del término previsto en el punto anterior deberá cancelar $88.797,76 hasta por el término de 24 meses y a partir del mes 25 deberá cancelar

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Radicación n.° 93897 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, certificados por la Superintendencia Financiera

hasta cuando se efectúe el pago de las prestaciones establecidas en esta sentencia, al tenor de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo

5. CONDENAR a la demandada Diana Corporación S.A.S., representada legalmente por el señor Andrés Murra Pardo o por quién haga sus veces a pagar a favor de la señora Yalila Correa Donneys la suma de $311.327 por concepto de sanción por no consignación de intereses de cesantías, si al vencimiento del término previsto en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta sentencia no se cancela a la demandante el valor correspondiente por reliquidación de intereses de cesantías.

6. CONDENAR a la demandada Diana Corporación S.A.S., representada legalmente por el señor Andrés Murra Pardo o por quién haga sus veces a pagar a favor de la señora Yalila Correa Donneys identificada con cédula de ciudadanía 31978375 los aportes a pensión teniendo en cuenta los gastos de representación devengados por la demandante desde el 26 de febrero de 2002 hasta el 30 de marzo del 2015 en el porcentaje que corresponda al empleador, teniendo en cuenta para ello las sumas de dinero reconocidas año tras año a la actora por concepto de auxilio de movilización o auxilio de rodamiento o gastos de representación para lo cual el fondo de pensiones respectivo deberá efectuar el cálculo actuarial correspondiente conforme a los registros que le entregue la demandada, cálculo que incluirá los intereses respectivos.

7. ABSOLVER a la demandada Diana Corporación S.A.S., representada legalmente por el señor Andrés Murra Pardo o por

quién haga sus veces de las demás pretensiones incoadas en la demanda.

8. COSTAS a cargo de la parte vencida en este proceso, tásense por la secretaria del juzgado. Fíjese la suma de $4.426.302 en que este despacho estima las agencias en derecho, a cargo de la parte demandada […] (f.os 415 a 417).

La a quo estimó que los derechos causados con anterioridad al 18 de agosto de 2012 estaban prescritos salvo las vacaciones que se afectaron por el fenómeno extintivo las causadas antes del 18 de agosto de 2011.

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Radicación n.° 93897 Con tal precisión calculó la reliquidación de cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios desde el 18 de agosto de 2012 hasta la terminación del nexo, para lo cual tuvo en cuenta los valores pagados por la demandada según los comprobantes de pago allegados al expediente. Las vacaciones las calculó desde el 8 de agosto de 2011 hasta la culminación del contrato de trabajo, y respecto del primer año causado (8 de agosto de 2011 – 8 agosto de 2012), en aplicación del artículo 189 del CST explicó que las reliquidaría con el salario de agosto de 2012, según comprobante de pago de folio 255; los periodos posteriores los calculó según los desprendibles de nómina allegados. En cuanto a los aportes a pensión, precisó que eran imprescriptibles, por lo que ordenaría su pago por toda la relación laboral en el porcentaje que correspondiera al empleador sobre las sumas reconocidas por concepto de auxilio de rodamiento, auxilio de movilización y gastos de

representación, y que el fondo de pensiones respectivo debería hacer el cálculo según los registros que la demandada le entregara sobre las sumas canceladas por tales rubros, en tanto que no obraba la totalidad de la documentación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al desatar el recurso de apelación formulado por la demandada, mediante fallo del 17 de julio de 2019 confirmó la decisión de primer grado.

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Radicación n.° 93897 Indicó que no era materia de controversia que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 26 de febrero de 2002 hasta el 31 de marzo del 2015; que a partir del 16 de enero de 2012 la Procesadora de Arroz S.A. fue sustituida por la sociedad Carolina Corporación S.A.S., y que el 1 de noviembre de 2012 esta última fue sustituida por Diana Corporación S.A.S. Señaló que le correspondía determinar si a la actora le asistía el derecho a que sus prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social fueran reajustadas incluyéndose como factor salarial la suma que la empresa le pagaba bajo la denominación de gastos de representación y auxilio de rodamiento; además, definir si procedía la condena por indemnización moratoria. En cuanto a la inclusión del llamado auxilio de movilización, auxilio de rodamiento y gastos de representación como viáticos permanentes adoptada en primera instancia, el colegiado consideró que esa decisión se ajustó a derecho, ya que se pudo establecer, a través de las pruebas documentales y testimoniales, el claro cumplimiento

de los parámetros consagrados en el CST y en la jurisprudencia para contabilizar tal emolumento como factor salarial. Dijo que el sustento jurídico del derecho reclamado se enmarcaba en los artículos 127, 129, 130 del CST. Aludió a que la jurisprudencia (CSJ SL913-2019) ha desarrollado el tema reiterando los requisitos para considerar que

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Radicación n.° 93897 concurrieron viáticos permanentes, así: i) la naturaleza de la labor desempeñada por el trabajador, que exige un requerimiento laboral ordinario, habitual o frecuente de desplazamiento del trabajador fuera de la sede del trabajo, en contraposición al extraordinario no habitual o poco frecuente que emplea la norma para los accidentales y, ii) la periodicidad regular y la cantidad apreciable de tales desplazamientos (CSJ SL33156-2018). Agregó que la jurisprudencia de esa Sala también había sido uniforme al explicar que el carácter permanente no sólo se deriva de la periodicidad de los desplazamientos, la cual debe ser regular y en número importante, sino también de la naturaleza de la actividad ejecutada por el trabajador por fuera de su sede habitual, lo cual debe enmarcarse en el ámbito de su contrato de trabajo y en el desempeño de la labor subordinada. Consideró que la decisión del a quo fue fundada, dado que, de los comprobantes de nómina aportados tanto por la demandante como por la demandada (f.os 23 a 28, 113 a 120, 125, 149, 255 a 318) se podía «observar el pago mensual fijo

y recurrente de $1.300.000 desde el año 2012 bajo el concepto de gastos de representación» y, antes de este, un pago de características similares denominado como «auxilio de rodamiento». Por ende, dijo que todo el tiempo que la demandante laboró en la empresa demandada «este ítem se canceló sin falta» desde el inicio hasta la terminación de la relación laboral.

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Radicación n.° 93897 Explicó que en el contrato de trabajo (f.° 220 228) en las cláusulas primera, segunda, parágrafos uno y dos, se pactó que la trabajadora laboraría como vendedora y cobradora de las zonas de Rozo, Palmira, Amal, Cerrito, Ginebra, Guacarí, Buga, San Pedro y Tuluá (Valle), sometiéndose a trasladarse a cualquiera de las zonas que el empleador tuviera establecidas dentro del territorio nacional. Así, puntualizó que la aceptación del trabajador a ese desplazamiento fue parte fundamental de las estipulaciones contractuales, con lo que se cumplía el presupuesto de que la naturaleza de la labor desempeñada por el trabajador fuera un requerimiento laboral ordinario, habitual o frecuente; situación que quedó plasmada desde la suscripción del contrato y se corroboró con los testimonios, pues los declarantes habían informado que los vendedores tenían rutas intermunicipales que debían realizar todas las semanas, para lo cual se les giraba el dinero conocido como gastos de representación o auxilio de rodamiento o auxilio de movilización. Citó los testimonios con base en los cuales pudo

constatar que la empresa pagó ese rubro mensualmente a sus vendedores a finales de cada mes de manera anticipada; agregó que, a pesar de que algunos testigos refirieron que este concepto variaba dependiendo de las rutas programadas, del análisis de los comprobantes de nómina se podía determinar que desde 2012 se cubría el mismo valor como gastos de representación en los mismos días del mes, monto que según los empleados y ex trabajadores de la

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Radicación n.° 93897 empresa, nunca debía ser legalizado como si se debe realizar contablemente con los gastos de representación, dado que estos se consideran ingresos gravados. Además, a diferencia de lo dicho por la demandada, según los declarantes, el rubro pagado mes a mes a los vendedores no estaba destinado a representar a la empresa ante clientes y proveedores, sino que eran para solventar los gastos de viaje del trabajador a otros municipios generados por la propia actividad de la fuerza de venta, ciudades donde la trabajadora debía alimentarse y, eventualmente, pernoctar. Sobre el concepto, naturaleza y objetivos de los viáticos permanentes citó la decisión CC C081-1996, a partir de la cual indicó que estos pueden solventar rubros tanto en manutención y alojamiento como gastos de representación y transporte, «siendo solo los primeros los que constituyen salario cuando se pagan de manera permanente y recurrente, presupuestos que se probaron en el presente caso, en específico con los testimonios rendidos por Maribel Rodríguez y Ana María Marín». Respecto de la ineficacia de las cláusulas en las que se pactó que dicho auxilio no era factor salarial, indicó que en

las estipulaciones segunda, tercera y cuarta del otrosí suscrito entre la empresa y la trabajadora el «1 de febrero de 2013» (f.° 236 y 237) se estipuló que los llamados gastos de representación constituían ingresos no salariales para la trabajadora, los cuales se reconocían por mera liberalidad del

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Radicación n.° 93897 empleador. Sin embargo, se acreditó que, en realidad, eran viáticos permanentes, en tanto que cumplían todos los parámetros del artículo 130 del CST, como los previstos por la jurisprudencia. Señaló que la decisión de la juez fue acertada, ya que, a pesar de reconocerse bajo otro nombre, lo que se pagó jurídicamente en lo relacionado con la manutención y alojamiento fueron viáticos permanentes, dado que la erogación se hizo de manera constante, fija, mensual, durante todos los períodos del contrato y era destinada a la manutención de la trabajadora mientras ella realizaba su labor fuera de la ciudad donde había sido contratada como vendedora, dándose así aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas. En cuanto a la «carga de la prueba» de tener que discriminar «el valor de los viáticos en lo que constituía manutención y alojamiento» dijo que, tal como lo planteaba la empresa, en la apelación, el rubro destinado a transporte y gastos de representación no constituían viáticos permanentes. Citó el artículo 130 del CST para decir, respecto de los viáticos permanentes, que constituyen salario en aquella parte destinada a suministrar al trabajador

manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tuviera por finalidad proporcionar los medios de transporte y los gastos de representación; y agregó, «siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos», según el numeral segundo de dicha disposición.

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Radicación n.° 93897 Frente a la carga de discriminar el valor correspondiente a transporte y gastos de representación que no constituían factor salarial indicó que en decisión CSJ SL562-2013, «la carga de realizar la discriminación de estos valores recae directamente sobre el empleador», quien era el que tenía desde el inicio, la obligación de reconocer la existencia de viáticos permanentes, y consecuencialmente, liquidarlos al finalizar el contrato, debiendo detallar qué monto del otorgado cubría alimentación y alojamiento y cuánto correspondía a otros ítems, tal como el transporte. A partir de ello, no se podía exigir que la actora realizara dicho cálculo en la demanda, máxime cuando, según los testigos, la empresa nunca exigió documentos de soporte para legalizar esta erogación, «por tal motivo y teniendo en cuenta la carga dinámica de la prueba en materia laboral no era dable que el a quo exigiera a la demandante que realizara el cálculo de dichos rubros». Concluyó que, como el empleador no discriminó dichos valores en el desarrollo del contrato ni lo solicitó en la contestación de la demanda, la decisión de primer grado estaba ajustada a derecho. En cuanto a la indemnización moratoria señaló que previo a su imposición se debía analizar si la conducta omisiva del empleador estuvo justificada con argumentos

que, pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, sí puedan considerarse atendibles y justificables, y en la medida que razonablemente lo hubiesen llevado al

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Radicación n.° 93897 convencimiento de que nada adeudaba, lo que de acreditarse conllevaba ubicar su actuar en el terreno de la buena fe (CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 42466). Al respecto, apreció que la demandada no pagó a la accionante al momento de la terminación de la relación laboral las prestaciones sociales con el salario que realmente devengaba y, además, que según la decisión del a quo que fue confirmada, se corroboró que desde la ejecución del contrato laboral se venían incumpliendo las normas imperativas del CST, por lo que el actuar de la demandada no estuvo asistido de buena fe. Por último y frente al argumento de la empresa referido a que la tardanza en pagar el contrato fue ocasionada porque tenía que hacer el cálculo de las comisiones causadas, dijo que no era admisible, pues demoró 38 días en hacer la liquidación pese a que la renuncia se presentó con dos meses de antelación, además, la empresa tenía un sistema contable, según los documentos de nómina y un equipo de trabajo en dicha área, como había atestiguado Martha Erika Florián.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que se case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, se le absuelva de la totalidad de las pretensiones propuestas.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y los que se resolverán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión por la vía directa, por la aplicación indebida de los artículos 127, 128 y 130 del CST y la violación medio del artículo 167 del CGP.

En la demostración de la acusación plantea que la aplicación de la carga dinámica violó las disposiciones, requisitos y momentos procesales establecidos en el artículo 167 del CGP. En soporte de lo anterior indica que la carga dinámica de la prueba permite al juez distribuir esa carga entre las partes al considerar que una de ellas se encuentra en una posición más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos; sin embargo, el inciso 2 del artículo 167 el CGP es claro y expreso en establecer unos momentos procesales determinados y específicos en los que se puede distribuirla, esto es, en el decreto de pruebas, durante su práctica o en cualquier momento antes de fallar.

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Radicación n.° 93897 Por consiguiente, dice que el Tribunal desconoció tal momento procesal porque solo hasta que profirió el fallo manifestó y puso de presente la carga dinámica de la prueba, cuando tal facultad solo estaba en cabeza del juez de primer grado, la que únicamente podía ejercerse antes de ser

proferida la decisión de primera instancia. Sostiene que, independientemente del momento procesal en que se puede distribuir la carga dinámica, el inciso 3 del artículo 167 del CGP precisa que debe hacerse a través de auto que es susceptible de recurso, otorgando a la parte a quien se le impone un término para aportar o solicitar la respectiva prueba y, luego de ello, debe ser sometida a la correspondiente contradicción. De otro lado, considera que la decisión contiene una contradicción argumentativa en la medida que dejó sin vigor el acuerdo de las partes relacionado con la naturaleza no salarial de los gastos de representación por la aplicación de la primacía de la realidad, al encontrar probados unos conceptos por manutención y alojamiento, pero a la vez se niega a circunscribir los efectos de la condena a los ítems destinados a la manutención y alojamiento bajo el argumento de que era carga de la demandada discriminar su valor, por lo que no puede entenderse probado un hecho para unos efectos y no probado para otros. A continuación, señala: En ese sentido resulta contradictorio que se afirme que están probados pagos por manutención y alojamiento por parte de la

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Radicación n.° 93897 demandante en el desarrollo de sus funciones y con base en dicha conclusión se deje sin efectos el acuerdo de las partes sobre el reconocimiento de gastos de representación; pero al mismo tiempo se afirme que no está probada la cuantía de tales rubros y que era carga de la prueba del demandado acreditarlos de conformidad con la carga dinámica de la prueba.

De otra parte, agrega que es contradictorio que se declare la ineficacia de las cláusulas segunda, tercera y cuarta acordadas en el otrosí suscrito entre la empresa y la trabajadora el 1 de febrero 2013 pero se ordene pagar el reajuste de los aportes en pensión desde el inicio del contrato de trabajo (febrero de 2002).

En tal sentido plantea que: Si la decisión es declarar ineficaz un acuerdo suscrito entre las partes en el año 2013 en virtud del cual se pagó a la demandante un rubro denominado gastos de representación, no se entiende la razón por la que esa ineficacia se aplica desde el año 2002 para efectos del pago de aportes a pensiones de la demandante y no desde la fecha de suscripción del denominado otrosí.

VII. RÉPLICA La parte actora se opone al cargo, para lo cual alude a los argumentos del Tribunal, explica que no existió contradicción alguna porque los gastos de representación constituían una verdadera remuneración por la prestación de los servicios subordinados. Además, sostiene que la empresa incumplió las obligaciones a su cargo, con lo que afectó los derechos salariales, prestacionales y de seguridad social, recalcando que la empresa nunca exigió legalizar los gastos de representación y transporte.

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VIII. CONSIDERACIONES Según los reparos de la censura, a la Sala le corresponde determinar si el colegiado erró en la aplicación de la carga dinámica de la prueba, al haber desconocido que solo era posible aplicarla en determinado momento procesal,

por el juez de primer grado y a través del procedimiento previsto para ello, según el artículo 167 del CGP. Además, establecer si el Tribunal incurrió en las contradicciones que denuncia la censura: la primera, al dejar sin efectos el acuerdo entre las partes sobre la naturaleza no salarial de los gastos de representación al encontrar probados unos pagos por manutención y alimentación, pero negarse a circunscribir la condena a ellos por no estar probada la cuantía de esos rubros; y la segunda, al ordenar sufragar los aportes a pensión desde el año 2002 teniendo en cuenta los valores cancelados bajo la denominación de gastos de representación, pese a que el acuerdo que se declaró ineficaz fue el celebrado entre las partes en el año 2013. Pues bien, frente al primer cuestionamiento la Corte debe recordar que, quien pretenda el quebrantamiento del fallo a través del recurso extraordinario de casación tiene la carga de controvertir y derruir todos los soportes sobre los que está edificado el pronunciamiento que se cuestiona ya que su falta de ataque conlleva que la providencia continúe sustentada con las inferencias no controvertidas, lo que implica que se mantenga intacta la decisión recurrida. Así, al censor le corresponde, de forma preliminar, identificar los soportes del fallo recurrido y, consecuente con el resultado

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Radicación n.° 93897 que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto (CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132).

Sin embargo, en este caso la casacionista no cumplió con el deber de cuestionar los verdaderos fundamentos del Tribunal en la temática planteada. En efecto, el colegiado al analizar la materia que denominó «carga de la prueba de realizar discriminación del valor de los viáticos en lo que constituía manutención y alojamiento», se soportó en que el numeral segundo del artículo 130 del CST previó la obligación de la empleadora de que cuando se cancelaran viáticos debía especificar el valor pagado por cada uno de los rubros contenidos en ese concepto; que según la decisión CSJ SL562-2013 el empleador tenía la carga probatoria de detallar qué monto del otorgado por viáticos cubría alimentación y alojamiento y cuánto correspondía a otros ítems y que la demandada en el desarrollo de la relación nunca exigió documentos de soporte para legalizar los valores cancelados a la actora. A partir de ello, compartió la decisión del a quo de que, no era dable exigir a la demandante que «realizara el cálculo de dichos rubros». Por consiguiente, concluyó que se encontraba a cargo del empleador la obligación de discriminar dichos valores, pero como no lo hizo en el desarrollo del contrato ni lo solicitó en la contestación de la demanda, confirmaría la decisión de primera instancia. En otros términos, si bien el colegiado al reprochar que

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Radicación n.° 93897 se le hubiera exigido a la actora hacer la estimación de dichos rubros aludió a la a la expresión «carga dinámica de la prueba», se colige que lo hizo no para indicar que fuera la

promotora quien originalmente tuviera la carga de probarlos y solo por facilidad en la obtención de esos datos se hubiera trasladado esa carga a la empleadora, como se entendería de haber aplicado el referido principio y lo pretende hacer ver la censura; sino que lo mencionó para cuestionar que a ella se le exigiera su demostración, cuando, con aplicación de la regla general de la carga de la prueba, como por aplicación del principio cuestionado quien tenía la obligación de hacerlo era el empleador. No obstante, en este caso, el Tribunal aplicó correctamente la carga probatoria que le correspondía asumir al empleador según el artículo 167 del CGP, aludiendo a la carga dinámica solo como una obiter dicta. Pese a las concretas consideraciones del juez de alzada, la recurrente nada controvierte