CSJ - SL629-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL629-2023 Radicación n.° 91322 Acta 10 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ALBERTO FRANCISCO ANTONIO MARÍA VÉLEZ VAN MEERBEKE, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR S. A., y SKANDIA hoy OLD

MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES

Y CESANTÍAS S. A.

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Radicación n.° 91322

I. ANTECEDENTES

Alberto Francisco Antonio María Vélez Van Meerbeke demandó a Colpensiones, Protección S. A, Porvenir S. A, y Skandia hoy Old Mutual S. A, con el propósito de que se declare la «nulidad» del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad realizado a Protección S. A. mediante solicitud del 10 de marzo de 1998, así como aquellos surtidos posteriormente a Porvenir S. A. y Old Mutual S. A. En consecuencia, pidió que se ordene a Protección S. A,

Porvenir S. A y Skandia hoy Old Mutual S. A. trasladar a Colpensiones la totalidad del dinero que se encuentre depositado en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, bonos pensionales y, a Colpensiones, realizar «todas las gestiones pertinentes encaminadas a anular el traslado de régimen», así como «recibir[lo] sin solución de continuidad». Lo anterior junto a lo que resulte probado extra o ultra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 17 de septiembre de 1956; se afilió al Sistema General de Pensiones administrado por el ISS hoy Colpensiones el 1 de noviembre de 1976; que el 10 de marzo de 1998 migró al RAIS por conducto de Protección S. A; el 1 de diciembre de 1999 se trasladó a Porvenir S. A y el 1 de junio de 2008 a Skandia hoy Old Mutual S. A.; anotó que su decisión de cambio de sistema pensional no estuvo precedida de la

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Radicación n.° 91322 suficiente información por parte de ninguna de las AFP del RAIS accionadas. Aseveró que reportó en el RPM 962,15 semanas y en el RAIS 996,14, reuniendo un total de 1549 semanas cotizadas a 30 de junio de 2017; que Old Mutual S. A., administradora en la que se encuentra vinculado, no le informó sobre la posibilidad de trasladarse al RPM cuando le faltaren más de diez años para cumplir la edad mínima de pensión. Agregó que solicitó a las demandadas la nulidad del traslado de

régimen (f.º 71-80) sin obtener respuesta positiva. Old Mutual S. A. (f.º 131-144) al dar respuesta a la demanda inicial se opuso a la totalidad de sus pretensiones incoadas en su contra y frente a los hechos aceptó la calenda en que el actor suscribió el formulario de vinculación para trasladarse desde Porvenir S. A., así como la presentación de la reclamación administrativa y su respuesta. Frente a los restantes aseveró que no eran ciertos o no le constaban. Como argumentos de defensa expuso que el promotor de la contienda no allegó prueba sumaria de las razones de hecho que sustentaban que el traslado era nulo, unido a que no señaló la naturaleza de la nulidad pretendida, esto es, incapacidad relativa, vicios del consentimiento o lesión enorme. Adicionó que de acuerdo con la ley la selección de régimen dentro del Sistema General de Pensiones era libre y voluntaria por parte del afiliado, lo que significaba que si se

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Radicación n.° 91322 elegía el RAIS se aceptaban todas y cada una de las condiciones propias de este, al tenor de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, más cuando la vinculación del actor se dio como consecuencia de un cambio de administradoras dentro del mismo régimen. Aseveró que la firma impuesta en el formulario de afiliación materializaba la elección libre de vicios, y que al asegurado le correspondía demostrar la configuración de estos. Formuló como excepciones de fondo las que enlistó como prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y la

genérica. Colpensiones igualmente se opuso a la prosperidad de las súplicas y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de nacimiento del actor, y que presentó reclamación administrativa. Respecto de los restantes indicó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa dijo que el traslado efectuado por el demandante fue libre y voluntario, y estuvo precedido del suministro de los datos necesarias para adoptar una decisión informada. Agregó que los traslados que realizó al interior del RAIS ratificaban su voluntad de permanecer en tal sistema. Añadió que al demandante no le era dable migrar de régimen pensional en tanto le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Propuso las excepciones de mérito que denominó

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Radicación n.° 91322 prescripción, inexistencia del derecho y de la obligación, buena fe, y la innominada o genérica. Por su parte, Protección S. A. (f.º 229-243) dio contestación al escrito inaugural solicitando no se accediera a la prosperidad de las pretensiones y frente a los hechos admitió la calenda en que el actor se afilió al fondo administrado por ella y la petición de anulación presentada. Respecto a los restantes indicó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa sostuvo que aun cuando la parte demandante alegaba la existencia de un vicio del consentimiento como consecuencia de la falta de información y engaño que se habría generado al momento del traslado de

régimen pensional, debía tenerse en cuenta que las disposiciones normativas que regulan el RPM y el RAIS, son claras en señalar cuáles son las condiciones, características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes, por lo que no resultaba viable predicar que en la suscripción del correspondiente formulario de vinculación se configuró un error de derecho sobre la especie del acto o el objeto o un error de hecho sobre la calidad del objeto. Arguyó que las obligaciones generales y especiales vigentes al momento en que se realizó el cambio de régimen se encontraban en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, dentro de las cuales no se establecía el deber de información alegado y que fue solo hasta la expedición de los Decretos 2555 de 2010 y 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015

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Radicación n.° 91322 que a las AFP se les obligó a brindar asesoría e información tanto para sus afiliados como para el público en general. Formuló como excepciones las de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe y compensación. Porvenir S. A. al contestar la demanda inaugural también se opuso a las pretensiones (f.º 261-275). En cuanto a los supuestos fácticos, aceptó la fecha de nacimiento del demandante, la modificación de regímenes, el cambio de administradora, y la petición formulada por el actor. De los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Expresó que la vinculación del asegurado a esa AFP era

válida puesto que no hubo vicio del consentimiento. Aseveró que el promotor del proceso suscribió el formulario de traslado al RAIS después de haber recibido la correspondiente asesoría, la cual se le brindó siguiendo los lineamientos legales y con observancia de las regulaciones de la Superintendencia Financiera. Aseguró que sus asesores comerciales son capacitados regularmente a fin de ofrecer una adecuada orientación a los potenciales afiliados y responder a las inquietudes que se les plantean en el ámbito pensional. Insistió en que el interesado recibió la suficiente asesoría e información y tuvo la oportunidad de leer, preguntar e inclusive sustraerse de firmar el instrumento de vinculación a esa AFP y, que decidió de forma libre,

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Radicación n.° 91322 espontánea y consciente permanecer en el RAIS; y que prueba de ello es que no ejerció en los términos legales la facultad que tuvo de regresar al RPM. Esgrimió como excepciones de fondo las de prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, «prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo», enriquecimiento sin causa y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de junio de 2020 dispuso: PRIMERO: Declárese nulo e ineficaz el traslado del régimen pensional que hizo el demandante ALBERTO FRANCISCO

ANTONIO MARIA VELEZ VAN MEERBEKE (…) del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado en su momento por el extinto Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A., con efectividad a partir del 10 de marzo de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 1999, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: Ordénese a OLD MUTUAL S.A. hoy SKANDIA S.A.

PENSIONES Y CESANTÍAS a devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) todos los valores de la cuenta de ahorro individual del demandante, junto con sus rendimientos y los costos cobrados por concepto de administración, durante todo el tiempo que permaneció el actor en el régimen de ahorro individual con solidaridad, esto es a partir del 1 de junio de 2008 y hasta cuando se haga efectivo ese traslado; los costos cobrados por concepto de administración deben ser devueltos del patrimonio del fondo (sic) debidamente indexados, conforme a lo expuesto.

TERCERO: Condénese a PROTECCIÓN S.A., y a PORVENIR S.A. a devolver los costos cobrados por concepto de administración

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Radicación n.° 91322 durante todo el tiempo que permaneció el actor en dichos fondos (sic) junto con la correspondiente indexación.

CUARTO: Declárese válidamente vinculado el demandante al régimen de prima media con prestación definida administrado hoy por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), conforme a lo expuesto.

QUINTO: Ordénese a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) a que una vez ingresen los valores de la cuenta de ahorro individual del demandante, actualice la información en su historia laboral, para garantizar el derecho pensional bajo las normas que regulan el Régimen de Prima

Media con Prestación Definida.

SEXTO: Declárense no probadas las excepciones planteadas como medio de defensa por las accionadas, conforme a lo expuesto.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y a OLD MUTUAL S.A., a favor de la parte actora.

Fíjense como agencias en derecho la suma de $3.370.800 a cargo de cada una de ellas.

OCTAVO: Sin costas ni a favor ni en contra de COLPENSIONES.

NOVENO: Concédase el grado Jurisdiccional de Consulta a favor

de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 29 de septiembre de 2020, al resolver los recursos de apelación interpuestos por Old Mutual S. A., Protección S. A. y Porvenir S. A, al igual que desatar el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, revocó la decisión del juzgado y absolvió a las demandadas de las pretensiones elevadas en su contra. No impuso costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez

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Radicación n.° 91322 plural precisó que el problema jurídico a resolver consistía

en verificar si el traslado de régimen pensional del demandante estuvo viciado o no de nulidad, por falta de información suficiente. Indicó que estaba acreditado en el plenario que el actor: i) nació el 17 de septiembre de 1956 (f.° 2); ii) a 1 de abril de 1994 tenía 749 semanas cotizadas en el RPM (f.° 3); iii) el 10 de marzo de 1998 se trasladó del RPM al RAIS, a través de Protección S. A.; iv) el 29 de noviembre de 1999 migró a Porvenir S. A. (f.° 223) y; v) el 15 de abril de 2008 se cambió a Skandia S. A. hoy Old Mutual S. A. (f.° 117). Explicó que el traslado de sistema pensional es un acto jurídico que requiere para su eficacia y validez, del consentimiento exento de vicios, objeto y causa lícita, así como el cabal cumplimiento de la forma solemne en los actos o contratos que así lo exijan. Además, que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal b) estableció que la selección de cualquiera de los regímenes del Sistema General de Pensiones, por parte del afiliado debe ser libre y voluntaria, lo cual debía consignarse por escrito. Agregó que el artículo 271 de la ley de seguridad social indicaba que quedaba sin efecto la elección de régimen, cuando se atentara contra el derecho de libre elección que tienen los afiliados y, que el inciso 1 del artículo 114 de la misma normatividad, impuso: […] como exigencia a los trabajadores y servidores públicos, que

por primera vez se trasladaran del régimen de prima media con

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Radicación n.° 91322 prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad, que deberían entregar una comunicación escrita, donde constara que la selección había sido libre, espontánea y sin presiones, y el inciso 7.° del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, permitió que la citada manifestación estuviera ‘preimpresa’ en el formulario de vinculación, de que la decisión que está tomando el afiliado es libre, espontánea y sin presiones, norma esta, que se encuentra en plena vigencia y no ha sido materia de derogatoria alguna. Destacó que en el presente asunto el demandante había firmado inicialmente la solicitud de afiliación y traslado de régimen a Protección S. A. y, que en el recuadro denominado «voluntad de selección y afiliación» se encontraba sobre su firma el texto preimpreso «“Hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad lo he efectuado de forma libre, espontánea, y sin presiones. Manifiesto que he elegido a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía - Protección S.A. para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos”» (f.° 191). Añadió que en términos similares aparecía la misma constancia en los dos formularios de afiliación que efectuó con Porvenir S. A., y con Skandia S. A. hoy Old Mutual S. A. Recordó que, en principio, la línea jurisprudencial de

esta Corte señalaba que la falta de información completa y comprensible por parte de la administradora de pensiones podía configurar un engaño, lo que llevaba a la anulación del traslado, pero que ello no se daba en el presente caso. Advirtió que en las decisiones de esta Sala de Casación se resaltaba que los asegurados que contaran con

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Radicación n.° 91322 expectativas pensionales al momento del traslado de régimen pensional, las cuales resultaran vulneradas, generaban la ineficacia de este. Precisó que el cambio de régimen pensional no tuvo un efecto nocivo para el accionante, debido a que para 1994 reunía 749 semanas cotizadas y contaba con 38 años, por lo que no tenía una expectativa legítima de pensionarse que fuera afectada. Señaló que, por lo anterior, el acto de traslado produjo todos sus efectos, aunado a que en el proceso no reposaba un medio de convicción que acreditara que el consentimiento expresado al momento en que se afilió a Protección S. A. hubiera sido ineficaz o estuviera viciado de nulidad y, que, por el contrario, en el interrogatorio de parte el demandante había admitido que nunca tuvo inconformidad con el RAIS por lo que solo se interesó cuando se percató del valor de la pensión. Aseguró que la información que le fue suministrada al accionante no implicó un engaño, en la medida que es verdad que quienes se encuentran vinculados al RAIS: […] pueden obtener el derecho a la pensión sin el cumplimiento del requisito de edad y aumentar el monto de la mesada pensional, situaciones estas que son excluyentes del Régimen de

Prima Media con Prestación Definida, que el actor manifestó conocer según su dicho, por lo que desvirtúa el deseo de permanecer en el régimen de prima media o de retornar a él, lo cual se concluye porque pese a las diversas oportunidades de trasladarse no optó por tal situación, antes por el contrario, pernoctó (sic) en el R.A.I.S.

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Radicación n.° 91322 Expresó que no desconocía lo expuesto en la sentencia CSJ SL1452-2019, pero que la omisión del deber de información «per se, no afecta ni la validez ni la eficacia del acto jurídico de traslado, salvo que se constituya en un verdadero engaño, en maniobras o artificios tendientes a obtener el consentimiento en la celebración del acto jurídico de traslado». Explicó que existió una ratificación tácita del acto de traslado, en razón a que el actor no manifestó la falta de información estando afiliado al RAIS. Además, que la obligación de información a cargo de las AFP se suple «con aquellas previsiones que se reitera, fueron aceptadas por el demandante, al momento de suscribir los formularios de afiliación, donde se expresa que con su suscripción se deja constancia de su voluntad libre, espontánea y sin presiones». Sostuvo que de conformidad con el artículo 1509 del CC, el error de derecho no vicia el consentimiento y, que en el proceso no estaba probada la existencia de error de hecho, ni de dolo, consistente en artificios o engaños por parte de Protección S. A., en consonancia con el artículo 1515 de la

misma codificación. Indicó que por tanto no había lugar a declarar la nulidad de la afiliación a Protección S. A.; tampoco la ineficacia, en razón a que no se demostró que se hubiera atentado contra el derecho de libre elección de sistema pensional.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte case la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es replicado por todas las demandadas a excepción de Protección S. A.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, el literal b) del artículo 13, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, del numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, 3 de la Ley 1328 de 2009, 2, 3 y 7 del Decreto 2241 de 2010.

Para sustentar lo anterior, tras referir la sentencia CSJ SL1688-2019 sobre el deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, explica que la decisión adoptada por el juez plural contradice la jurisprudencia de la Corte, dado que no es posible considerar que tomó la determinación libre y voluntaria de cambiarse de régimen pensional, pues desconocía la incidencia que esta podía tener

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Radicación n.° 91322 y, tal requisito no podía tenerse por satisfecho con una expresión genérica. Argumenta que carece de importancia el hecho de que no sea beneficiario de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues las decisiones de la Sala no han condicionado la procedencia de la ineficacia del traslado del régimen pensional a contar con dicha prerrogativa, para lo que cita la sentencia CSJ SL1452-2019. Asevera que el Tribunal erró al considerar que la decisión de migrar de sistema pensional fue libre y voluntaria, bajo el entendido de que no se demostró que el consentimiento estuvo afectado por la existencia de error, fuerza o dolo, al no acreditarse engaño o presión al momento en que suscribió la solicitud de traslado, en tanto la jurisprudencia ha enseñado que la firma de tal documento, junto a una leyenda preimpresa sobre la manifestación libre y voluntaria, no es suficiente para tener por acreditado el consentimiento informado. Para sustentar esto, nuevamente trae a colación la decisión CSJ SL1688-2019. Expresa que en el referido precedente se consideró igualmente que las AFP tienen el deber de acreditar que cumplieron con la obligación de suministrar al afiliado la información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional. Lo anterior, en aplicación de la carga dinámica de la prueba.

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VII. RÉPLICA Old Mutual S. A. resalta que en el proceso se demostró que al demandante se le suministró la debida asesoría al momento de su traslado de sistema pensional y, que aquel conocía de las características del RAIS. Agrega que el sentenciador plural no desconoció la jurisprudencia sobre el deber de las AFP de demostrar el cumplimiento informado, pues precisamente examinó si estaba satisfecho.

Porvenir S. A. argumenta que en el asunto no puede hablarse de la existencia de vicios del consentimiento, dado que el afiliado suscribió el formulario de traslado y aquel se realizó sin desconocer la ley. Añade que solo 20 años después del primer traslado es que el accionante alega que no se le suministró la información debida, lo cual constituye una afectación del sistema pensional y, además, un error de derecho que no afecta la voluntad. Colpensiones indica que no era suficiente que el actor expresara que no se le informó sobre las consecuencias del traslado para que operara la inversión de la carga de la prueba. Asegura que en el asunto no se demostró la afectación de la voluntad del afiliado de cambiar de sistema y, que las sentencias que declaran injustificadamente la ineficacia de la migración de régimen afectan la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

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VIII. CONSIDERACIONES En esencia, el cargo controvierte las conclusiones que desde el punto de vista jurídico plasmó el Tribunal en relación con la existencia del deber de información a cargo de

las AFP en materia de traslado de régimen pensional, esto es, que era preciso que el actor fuera beneficiario del régimen de transición o tuviera expectativas legítimas, para que a su favor se pudiera declarar la ineficacia de ese acto; asimismo que la carga de la prueba sobre la acreditación de un vicio en el consentimiento, correspondía al accionante; y que la simple suscripción del formulario de cambio era suficiente para establecer que la vinculación de aquel al RAIS fue libre y voluntaria. Bajo este horizonte a la Sala le corresponde determinar si el Tribunal se equivocó al considerar que en este evento no era procedente declarar la ineficacia del traslado del actor al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por estimar que a este le correspondía acreditar la configuración de un vicio en el consentimiento, cuya existencia descartó a partir de la simple suscripción del formulario de afiliación; y porque no contaba con una expectativa pensional para la fecha en que se produjo el cambio de sistema. Para iniciar debe recordar esta Corte que en sentencia CSJ SL1452-2019, se identificaron distintas etapas sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, según las normas que orientan la materia, que corresponden a los siguientes

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Radicación n.° 91322 periodos: el primero, desde 1993 hasta 2009, el segundo, del 2009 al 2014 y, el último, de 2014 en adelante. Así se sintetizó: Normas que obligan a las Contenido mínimo y Etapa administradoras de alcance del deber de acumulativa pensiones a dar información

información Arts. 13 literal b), 271 y 272 Ilustración de las de la Ley 100 de 1993 características, Art. 97, numeral 1 del condiciones, acceso, Decreto 663 de 1993, efectos y riesgos de cada modificado por el artículo 23 uno de los regímenes Deber de de la Ley 797 de 2003 pensionales, lo que información Disposiciones incluye dar a conocer la constitucionales relativas al existencia de un régimen derecho a la información, no de transición y la eventual menoscabo de derechos pérdida de beneficios laborales y autonomía pensionales personal Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los Deber de regímenes pensionales, a Artículo 3, literal c) de la Ley información, fin de que el asesor o 1328 de 2009 asesoría y promotor pueda emitir un Decreto 2241 de 2010 buen consejo consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle Deber de Ley 1748 de 2014 Junto con lo anterior, información, Artículo 3 del Decreto 2071 lleva inmerso el derecho a asesoría, de 2015 obtener asesoría de los buen consejo Circular Externa n. 016 de representantes de ambos y doble 2016 regímenes pensionales. asesoría. En ese orden, de acuerdo con la fecha en que el demandante pasó del RPM al RAIS, 10 de marzo de 1998, la

obligación de la AFP Protección S. A. se enmarcaba en el primer período en el que ese deber consistía en brindar al interesado información clara y transparente acerca de los dos regímenes pensionales (CSJ SL1688-2019).

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Radicación n.° 91322 Por consiguiente, se le debía dar al interesado una descripción de las características, condiciones y servicios de cada uno de los regímenes, a efecto de que este pudiera conocer con absoluta claridad las particularidades de cada uno de ellos; es decir, se le ha debido hacer una comparación de las ventajas y desventajas objetivas del RPM y el RAIS y las consecuencias jurídicas del traslado. Ahora, en lo que tiene que ver con la carga de probar el cumplimiento del deber de información, en sentencia CSJ SL1452-2019, reiterada en las providencias CSJ SL16882019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL3732021, CSJ SL1467-2021 y CSJ SL1465-2021, esta Corte sostuvo que es a la administradora de fondos de pensiones a quien le corresponde acreditarlo. Precisamente, en la última de las sentencias reseñadas se señaló que exigir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo se puede desvirtuar por la AFP mediante la prueba que acredite que sí cumplió esta obligación. Además, no es razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil de la relación contractual, toda vez que

las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación tienen una clara preeminencia frente al afiliado a tal punto que la legislación considera una práctica abusiva de tal figura en

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Radicación n.° 91322 contra de los consumidores financieros (artículo 11, literal b), Ley 1328 de 2009). Conforme a lo anterior, el ad quem cometió un error jurídico al liberar a la administradora privada de demostrar el cumplimiento de su deber de información con fundamento en que el criterio jurisprudencial de esta Corte solo es aplicable en asuntos en los que los afiliados tengan una expectativa legítima de pensionarse o sean beneficiarios del régimen de transición. Esta Corte ha insistido en que la elección del régimen pensional debe efectuarse de manera libre y voluntaria, precedida de orientación clara y veraz sobre las ventajas y desventajas del cambio de régimen. Así lo asentó Sala en proveído CSJ SL373-2021 al señalar: En efecto, en sentencia CSJ SL1452-2019, reiterada entre otras, en CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019, la Corte puntualizó que la obligación de dar información necesaria en los términos del numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, hace referencia «a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un

parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado». En cuanto a la transparencia, la Corte especificó que dicha obligación consistente en el deber de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de

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Radicación n.° 91322 comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios». Según esta Sala, «la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro» (CSJ SL1452-2019). Así las cosas, emerge claro que el juez de la apelación se equivocó al resolver el litigio desde la óptica de las nulidades sustanciales. Lo que le correspondía era verificar la configuración de un consentimiento informado para el traslado de régimen, como se indicó en sentencia CSJ SL1688-2019 al resolver un caso similar; se dijo en dicha oportunidad: 3.2. Excepción de saneamiento de la nulidad relativa La reacción del ordenamiento jurídico (arts. 271 y 272 L. 100/1993) a la afiliación desinformada es la ineficacia, o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado. Por este motivo, el examen del

acto del cambio de régimen pensional, por transgresión del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a sus consecuencias prácticas (vuelta al status quo ante, art. 1746 CC) , dejando a salvo las sumas de dinero recibidas por el trabajador o afiliado de buena fe. Por lo expuesto, resultada equivocado el análisis de estos asuntos bajo el prisma de las nulidades sustanciales, particul