CSJ - SL631-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL631-2023 Radicación n.° 94138 Acta 10 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CHEVRON PETROLEUM COMPANY contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Transitoria Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de junio de 2021, en el proceso ordinario laboral que en contra de la recurrente instauró ORLANDO OSORIO BAHAMÓN.

I. ANTECEDENTES El actor demandó a Chevron Petroleum Company, con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo ejecutado entre el 2 de julio de 1971 y el 31 de marzo de 1977; que durante dicho lapso no estuvo afiliado al ISS para los seguros de invalidez, vejez y muerte. En consecuencia, pidió se condene a la demandada a cancelar

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Radicación n.° 94138 el cálculo actuarial correspondiente a ese periodo junto con las costas procesales. Fundamentó las pretensiones, básicamente, en que fue vinculado por la sociedad Texas Petroleum Company mediante un contrato a término indefinido que se desarrolló dentro de los extremos temporales ya referidos en el que desempeñó el cargo de ingeniero de petróleos C. Precisó que la empleadora se fusionó en el año 2001 con Chevron Corporation para formar Chevron Texaco y a partir del año 2007 se denomina con el nombre actual; que en ejercicio del derecho de petición le solicitó a la empresa el reconocimiento

del «bono pensional» por el tiempo que laboró para ella y ésta mediante comunicación del 15 de enero de 2007 le respondió en forma negativa, aduciendo que la compañía no había sido llamada a inscripción por parte del ISS para la época en que le prestó servicios. Manifestó que Colfondos S. A. le reconoció pensión de vejez bajo la modalidad de retiro programado a partir del 23 de septiembre de 2008, sin tener en cuenta el tiempo laborado para la accionada; y que el 2 de junio de 2016 nuevamente le solicitó la expedición del bono pensional, con el fin de tramitar ante Colfondos S. A. la reliquidación de la pensión, pero mediante respuesta del 17 de junio del mismo año, se lo negó otra vez. Al contestar la demanda, la pasiva se opuso a las pretensiones relacionadas con la expedición del cálculo actuarial y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia del

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Radicación n.° 94138 vínculo laboral, sus extremos temporales y el cargo desempeñado. También admitió los cambios de denominación de la empresa y la reclamación del «bono pensional» por parte del actor y su réplica. Con relación a los demás supuestos facticos, afirmó que eran inconclusos, no eran ciertos o no tenían tal calidad. En su defensa manifestó que el actor no ostenta derecho pensional alguno, por cuanto las empresas de la industria del petróleo solo fueron llamadas a inscripción por el Instituto de Seguros Sociales a finales del año 1993, es decir,

más de 15 años después de terminada la relación laboral con el actor, por lo que no existió «omisión ni en la afiliación, ni en el pago de cotizaciones»; por tanto, no hay lugar a expedir cálculo actuarial o bono pensional por el tiempo demandado. Adujo que el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 no consagró ninguna «obligación de aprovisionamiento y el consiguiente del cálculo actuarial», pues la empresa se encontraba sujeta exclusivamente a un régimen patronal que se subrogó hasta el 1 de octubre de 1993 por el llamamiento a inscripción que efectuó el ISS el 28 de octubre de ese mismo año. Al efecto, propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, buena fe, prescripción y las demás que se demostraren en el curso del proceso.

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Radicación n.° 94138

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante proveído del 24 de febrero de 2020, resolvió: - PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el señor ORLANDO OSORIO BAHAMÓN y TEXAS PETROLEUM COMPANY, hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY vigente desde el 2 de julio de 1971 hasta el 31 de marzo de 1977. - SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad CHEVRON PETROLEUM COMPANY a cancelar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, dentro del término de un mes, el valor del cálculo

actuarial, por el tiempo en que el señor ORLANDO OSORIO BAHAMÓN no estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, esto es, desde el 2 de julio de 1971 hasta el 31 de marzo de 1977, representado en un bono o título pensional, de acuerdo con la liquidación que al efecto realice el señalado fondo privado. Un (1) a partir de que se realice el correspondiente cálculo. - TERCERO: A fin de dar cumplimiento al numeral anterior, la sociedad CHEVRON PETROLEUM COMPANY deberá dentro de 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, solicitar ante COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS la realización del cálculo actuarial con base en los siguientes salarios devengados por el demandante:  Desde el 2 de julio de 1971 hasta el 30 de abril de 1972: $5.000  Desde el 1° de mayo de 1972 hasta el 31 de octubre de 1972: $5.100  Desde el 1° de noviembre de 1972 hasta el 31 de julio de 1973: $6.400.  Desde el 1° de agosto de 1973 hasta el 28 de febrero de 1974; $7.490.  Del 1° de marzo de 1974 al 30 de junio de 1974: $8.230.  Del 1° de julio de 1974 al 30 de marzo de 1975: $10.030.  Del 1° de abril de 1975 al 30 de mayo de 1975: $12.840.  Desde el 1° de junio de 1975 hasta el 30 de marzo de 1976:

$17.335.  Desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre de 1976: $1.560  Del 1° al 30 de enero de 1977: $1.770.  Desde el 1° de febrero de 1977 hasta el 31 de marzo de

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Radicación n.° 94138 1977: $20.070. - CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de: PRESCRIPCIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES y BUENA FE propuestas por la demandada. - QUINTO: CONDENAR en COSTAS a la demandada CHEVRON PETROLEUM COMPANY. Inclúyase en su liquidación la suma de $1.500.000 por concepto de agencias en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Transitoria Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 28 de junio de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, decidió «MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2020 por el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de eliminar la frase "representado en un bono o título pensional" allí contenida», y confirmó en todo lo demás sin imponer costas en la instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador de segundo grado centró el problema jurídico en los siguientes términos: ¿Debe la demandada CHEVRON PETROLEUM COMPANY efectuar los aportes a pensión del señor ORLANDO OSORIO

BAHAMON por el periodo comprendido entre el 2 de julio de 1971 y el 31 de marzo de 1977, pese no haber sido llamadas las empresas pertenecientes al sector petrolero a la afiliación obligatoria por dicho Instituto? Después de mencionar las sentencias CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 32922; CSJ SL, 16 jul. 2014, rad. 41745; y CSJ SL, 10 jul. 2015, rad. 50027, citó el siguiente aparte:

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Radicación n.° 94138 […] la Corte ha entendido que no por el hecho de haberse omitido la afiliación del trabajador a la seguridad social por falta de cobertura dentro de una determinada zona laboral, e incluso de no cumplirse tal circunstancia a la vigencia de la Ley 100 de 1993, resulte válido al empleador beneficiado con esa contingencia, sustraerse a realizar el aporte necesario y correspondiente a los períodos así laborados para el establecimiento de la base económica de la pensión del trabajador cuando éste cumpla potencialmente las exigencias del ente de seguridad social para ese efecto. Acto seguido dijo que con relación a la obligatoriedad de afiliación a ISS, desde 1967 se ordenó la inscripción al Seguro Social obligatorio, especialmente a pensiones; sin embargo, el director general fijó como fecha de llamamiento de los empleadores y trabajadores de las actividades industriales extractivas, industria del petróleo y sus derivados, y gas natural en su exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y venta, y demás labores propias de dichas actividades, después de varios aplazamientos, a partir del 1 de octubre de 1993, mediante

Resolución 4250 de ese año. Precisó que el demandante estuvo vinculado laboralmente con la empresa Texas Petroleum Company entre el 2 de julio de 1971 y el 31 de marzo de 1977, tiempo durante el cual no estuvo afiliado al Sistema General de Seguridad Social porque para ese momento no habían sido llamadas a inscripción las empresas petroleras, lo cual ocurrió hasta el 1 de octubre de 1993. Con fundamento en las anteriores premisas fácticas y normativas, concluyó que quien fungió como empleadora debía efectuar los aportes a pensión por el periodo

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Radicación n.° 94138 comprendido en el que el actor le prestó servicios, pues la circunstancia de que el ISS hubiera autorizado la afiliación de los trabajadores de la industria del petróleo hasta el 1 de octubre de 1993, no permitía que aquel se sustrajera a la obligación de realizar el aporte correspondiente en perjuicio del derecho pensional del subordinado. Agregó que conforme al literal d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se deben tener en cuenta los tiempos de servicios prestados a empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador, sin que ello fuera óbice para que naciera la obligación del patrón de pagar el cálculo actuarial correspondiente al periodo dejado de cotizar, así la vinculación laboral hubiese fenecido antes de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte; según la cual el contratante estaba obligado a hacer aprovisionamientos de capital para efectuar el pago de los aportes.

Indicó que, a pesar de lo anterior, le asistía la razón a la apelante en cuanto a que la condena no debió referirse a la expedición de un bono o título pensional a cargo de la demandada, pues estos refieren a circunstancias diferentes a la debatida, sino que correspondía a un cálculo o reserva actuarial de los aportes que se dejaron de efectuar a favor del trabajador, el cual debía ser realizado por la administradora de pensiones a la que se encontrara afiliado el demandante. Por tanto, simplemente modificaría el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de eliminar la frase «representado en un bono o título pensional» allí

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Radicación n.° 94138 contenida. Finalmente, precisó que el cálculo actuarial no debía efectuarse únicamente con el porcentaje que en su momento debió asumir el empleador, tal como lo indicaba el apelante, pues la demandada no probó que durante la vinculación laboral le hubiesen hecho los descuentos correspondientes al trabajador, aun cuando era su obligación; como tampoco que hubiera cumplido con el deber de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema del Seguro Social Obligatorio, mientras este entraba en vigencia, razón por la cual debía realizar el pago en las condiciones expuestas por el Juzgado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la empresa recurrente que se case la sentencia

fustigada, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones de la demanda inaugural y provea en costas como corresponda. En subsidio, solicita la casación parcial de la sentencia en cuanto le ordenó el pago el cálculo actuarial, para que, en sede de instancia, modifique la de primer grado en el sentido

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Radicación n.° 94138 de condenarla a cancelar «el 75% de los aportes indexados», debiendo pagar «el 25% restante de los mismos el trabajador». Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que se presenta replica. La acusación se resolverá en el orden planteado.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa acusa la interpretación errónea del artículo 72 de la Ley 90 de 1946 en relación con los artículos 9 y 76 de la Ley 90 de 1946; 193, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el primero del Decreto 3041 de 1966, y el artículo 26 y 33 de la Ley 100 de 1993; y 53 de la

Constitución Política. Para desarrollar el cargo transcribe en extenso la decisión del Tribunal y señala que se equivocó al considerar que, pese a que el contrato de trabajo terminó antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y aun en el caso de que durante la relación contractual laboral con la empresa petrolera, ésta no hubiera sido llamada a inscripción, el

simple trabajo desplegado en favor de un empleador debía tener efectos pensionales; pues el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 no contempló una obligación empresarial de aprovisionamiento en los eventos de que la relación laboral finalizara antes de la entrada en vigor de las normas denunciadas o de la obligación de aseguramiento al riesgo de vejez, a trabajadores de zonas donde no había cobertura por

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Radicación n.° 94138 el seguro social obligatorio, o laborado en empresas no sujetas al llamamiento a inscripción. Sostiene que la Ley 90 de 1946 estableció el régimen del Seguro Social Obligatorio que no entró a regir de manera inmediata respecto de todos los trabajadores toda vez que las obligaciones de aseguramiento iniciaban mediante el llamamiento a inscripción, registro de empresas y afiliación del trabajador, lo cual, en el caso del sector petrolero ocurrió el 1 de octubre de 1993. Agrega que los artículos 16 y 66 ibídem establecieron que los recursos para cubrir esas prestaciones sociales debían ser obtenidos, salvo los casos expresamente exceptuados, de la contribución tripartita forzosa de los trabajadores, patrones y Estado; y las sanciones por omisión de inscripción o declaración tardía o inexactas, sin que anunciara una obligación de aprovisionamiento. Afirma, que el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 259 del CST, por cuanto la obligación de pago de las pensiones de jubilación tenía carácter provisional, y para las empresas dedicadas a actividades extractivas de la industria del petróleo y sus derivados, la asunción del riesgo se dio por parte del ISS desde el 1 de octubre de 1993, según la

Resolución 4250 del mismo año; entonces, erró el juez colegiado cuando consideró que el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 contempló un deber de aprovisionamiento y el consecuencial cálculo actuarial, pues lo cierto fue que se encontraba sujeta a un régimen patronal que solo se subrogó

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Radicación n.° 94138 hasta el 1 de octubre de 1993. Explica que el citado artículo 72 de la Ley 90 de 1946 dispuso la intangibilidad del sistema de prestaciones patronales hasta cuando se produjera la subrogación objetiva del riesgo, de manera que si un trabajador no alcanzaba a completar los 20 años de servicios no le asistía derecho alguno; mucho menos el pago de un cálculo actuarial que no fue contemplado en ese canon; y que los únicos trabajadores que quedaron con alguna prerrogativa fueron aquellos que al momento del tránsito normativo tenían más de diez años. Refiere que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se permitió la coexistencia de dos modelos pensionales excluyentes, a saber, el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Sustenta que no deben confundirse los conceptos de bono y título pensional, el cual ha sido considerado como un «pagaré del pasivo de pensiones» que debe ser emitido por las empresas privadas que tenían a su cargo el reconocimiento del pago de las pensiones de sus trabajadores antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, siempre que estén bajo el régimen de prima media, y cuyo contrato de trabajo

estuviere vigente para el 23 de diciembre de 1993, o se hubiese iniciado con posterioridad. Destaca que el Tribunal interpretó de forma errónea el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues según lo expuesto

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Radicación n.° 94138 por la Corte Constitucional en sentencia CC C506-2001 «el derecho a acumular tiempos servidos en el sector privado, para efecto de la pensión de vejez, no existía previamente y como tal solo surge con la ley 100», y que por ello, no es posible convalidar tiempos de servicios prestados por trabajadores de la industria petrolera, cuyos contratos terminaron antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, como ocurre en el presente caso. Afirma que admitir la tesis, según la cual desde la Ley 90 de 1946 se estableció la obligación de aprovisionamiento para efectos del régimen pensional, surgirían consecuencias por los lapsos de «omisión», respecto de los siguientes trabajadores: i) los de las empresas privadas que no se afiliaron al ISS o a una caja de previsión del sector particular o no hubiesen realizado aportes; ii) los de diversas sociedades que antes del 1 de enero de 1967 contaban con menos de diez años de servicios prestados; iii) los que prestaron servicio en lugares no cubiertos por el ISS y iv) los que laboraron veinte años en empresas dedicadas a la industria del petróleo, antes del 1 de abril de 1994 y cuyos contratos finalizaron con antelación a fecha y no alcanzaron a reunir los requisitos establecidos en la legislación laboral para tener

derecho a la pensión de jubilación patronal. Sostiene que esta Sala en casos de idénticos contornos al que se analiza ha proferido providencias en las que ha considerado que no constituye una omisión legal la falta de afiliación de los trabajadores del sector petrolero al ISS con anterioridad al 1 de octubre de 1993, por lo que tampoco

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Radicación n.° 94138 debe computarse como tiempo de servicios para efectos de las pensiones previstas en sus reglamentos. Trascribe apartes de las sentencias que identifica así: «9 de septiembre de 1982 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que declaró exequibles los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST», y «29571 (…) de 22 de noviembre de 2007», la «32639 del 27 de octubre del 2009» y «del 24 de enero del 2012, Radicación No. 35692». En consecuencia, asegura que conforme al criterio citado, la no afiliación de trabajadores que prestaban sus servicios en zonas donde no había llegado la cobertura del ISS, no implica una omisión legal del empleador, porque solo operó a partir del 1 de octubre de 1993, conforme la Resolución No. 4250 del 28 de septiembre del mismo año y para quienes no tuvieran la calidad de afiliados únicamente podrían acceder a la pensión de jubilación establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Reitera que el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, no les

impuso a los empleadores la obligación de aprovisionamiento necesario de capital para cancelar el aporte al sistema de seguridad social. Acota que si el Tribunal no hubiera incurrido en los errores enunciados habría advertido que a partir de la vigencia del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, los empleadores tienen la obligación de aprovisionamiento cuando el contrato de trabajo con la empresa petrolera se encontrara vigente o fuere iniciado con posterioridad, para

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Radicación n.° 94138 de esa forma colegir la ausencia de responsabilidad.

VII. RÉPLICA El opositor demandante se refiere de manera conjunta a los dos cargos, respecto de los cuales dice que no deben salir avante porque el sentenciador de segundo grado interpretó adecuadamente las normas acusadas, aplicando la hermenéutica que abandonó las «viejas posiciones como las que esgrime» la parte recurrente. Esto por cuanto a pesar de que se trata de falta de llamado a inscripción y no falta de afiliación, procede el cálculo actuarial en los términos de la jurisprudencia actual (CSJ SLS17300-2014; CSJ SL13582018; CSJ SL2138-2016; CSJ SL361-2018)

VIII. CONSIDERACIONES Atendiendo los planteamientos de la censura le corresponde a la Sala elucidar si el Tribunal se equivocó al considerar que Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, debe asumir o no para efectos pensionales, el pago del cálculo actuarial a favor del demandante y con destino a Colpensiones, por el tiempo en

que aquel le prestó servicios, lapso durante el cual el ISS, no la había llamado a inscripción por carecer de cobertura en el sector del país donde se ejecutó el contrato de trabajo. Dada la senda escogida por la censura, no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos que encontró acreditados el sentenciador de segundo grado: i) que el

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Radicación n.° 94138 demandante prestó servicios a favor de la empresa Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company desde el 2 de julio de 1971 hasta el 31 de marzo de 1977; ii) que dicha empresa se dedica a actividades relacionadas con la exploración, perforación y explotación de petróleo; iii) que durante dicho periodo aquella no realizó aportes a la seguridad social en pensiones a favor del accionante, y iv) que de acuerdo con la Resolución 4250 de 1993, solo hasta el 1 de octubre de 1993, fue obligatoria la inscripción de trabajadores de la industria del petróleo al Sistema General de Pensiones. De entrada, se advierte que el Tribunal no incurrió en ninguno de los yerros jurídicos endilgados, pues se ajustó al criterio consolidado y pacífico que la Sala ha desplegado desde 2014, según el cual, el tiempo laborado en favor de empleadores que no tenían la obligación de afiliación al ISS, por no haber sido llamados por este debido a su falta de cobertura, debía considerarse para el reconocimiento de la pensión de vejez. Téngase en cuenta que la obligación de cancelar el cálculo actuarial no surgió de lo dispuesto por la Ley 100 de

1993, en su artículo 33, sino que se encuentra establecida desde la Ley 90 de 1946. Así que, la regla del pago del cálculo debe entenderse dispuesta desde antes de la entrada en vigencia del sistema de seguridad social (CSJ SL1551-2021). En decisiones como la CSJ SL939-2019, CSJ SL43342019 y CSJ SL1122-2019, entre otras, esta Sala indicó que,

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Radicación n.° 94138 la referida carga pensional emana de la misma Ley 90 de 1946 y concretamente de la obligación establecida para los empleadores de aprovisionar los recursos necesarios para cumplir con los deberes pensionales causados por la falta del inicio de cobertura del ISS; deber que fue armonizado con las disposiciones de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, no le asiste razón a la censura en su reproche respecto a que para la data que se reclama la cancelación del cálculo actuarial este no había sido establecido legalmente. Ahora bien, tampoco resulta acertado lo expuesto por la empresa recurrente en punto a que como en el sub lite la relación laboral finalizó antes de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, no es aplicable la imposición de un cálculo actuarial. Lo anterior por las dos siguientes razones, la primera, porque las normas que rigen esta temática son las vigentes al momento en que se causa la pensión y no las de aquel en que ocurrió la omisión en la afiliación, al margen de la causa que haya originado dicha situación (CSJ SL14388-2015 y CSJ SL2138-2016); y la segunda, porque si bien es cierto que

el legislador previó la posibilidad de habilitar los tiempos de servicios prestados a los empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, siempre que estuviera vigente el vínculo laboral al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, la Corte ha entendido que «la protección se extiende aún si no estuviera vigente la relación

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Radicación n.° 94138 laboral» (CSJ SL673-2021). Sobre el particular, basta con traer a colación la sentencia CSJ SL1720-2022 en la que se resolvió una controversia de contornos similares a los aquí debatidos, incluso contra la misma entidad y en la que los planteamientos en sede extraordinaria fueron los mismos.

Los apartes pertinentes dicen: Así las cosas, el problema jurídico a dilucidar se contrae a determinar, si Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, debe asumir o no para efectos pensionales, el pago del cálculo actuarial a Colpensiones, por el tiempo en que el demandante prestó servicios en su favor, y durante el cual el ISS, no había extendido su cobertura en el sector del país donde se ejecutó el contrato de trabajo.

Desde ya advierte la Sala, que el tribunal no incurrió en ninguno de los yerros jurídicos que le atribuye la parte recurrente, porque las normas llamadas a gobernar las consecuencias de la omisión en la afiliación o la mora en el pago de los aportes a la seguridad social por parte del empleador, son las que se encuentren vigentes al momento de causarse la prestación reclamada, con exclusión de aquellas que regulaban el asunto al momento de

incurrirse en la mora u omitirse la afiliación, que fue lo que indicó el juez colegiado cuando adujo, que el caso controvertido se regulaba por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el precepto 9º de la Ley 797 de 2003, así se consideró en la sentencia SL3506-2019. Igualmente, se recuerda que desde el año 2014, esta Sala abandonó el criterio respecto de la inexistencia de una disposición que estableciera el pago de cotizaciones por parte del empleador, a la que hace referencia el recurrente en su cargo, pues la línea doctrinal de esta Corte, cambio su postura, estableciendo que el tiempo laborado en favor de empleadores que no tenían la obligación de afiliación al ISS, por no haber sido llamados por este debido a su falta de cobertura, debía tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez. Así mismo, la sentencia CSJ SL9856-2014, cambió el argumento que hasta entonces imperaba, relativo a que la inexistencia de una disposición que estableciera el pago de cotizaciones por parte del empleador, por aquellos periodos en que no había surgido cobertura, desconocía que el trabajador «no tenía por qué ver

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Radicación n.° 94138 frustrado su derecho al desconocerse el periodo en el que realmente prestó el servicio, sin que sea viable gravarlo, ante la aparente orfandad legislativa a la que hace referencia a la sentencia, pues ciertamente esos lapsos tienen una incidencia directa en la satisfacción de su derecho pensional». En esa medida, y ante esa omisión legislativa, no resultaba

razonable cargarle las consecuencias a la parte débil de la relación laboral, por lo que se consideró, que «el patrono, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento pudo haberse liberado de la carga que le correspondía, amén de las obligaciones contractuales existentes entre las partes»; tal criterio que se ha mantenido invariable y que ha sido expuesto entre otras, en las sentencias CSJ SL14388-2015, CSJ

SL2138-2016, CSJ SL18398-2017, CSJ SL361-2018-CSJ

SL287-2018, CSJ SL358-2018, CSJ SL1342-2019 y CSJ SL1356-2019, en esta última se consideró: Con ese objeto, conviene señalar que a partir del año 2014, la jurisprudencia de esta Sala dejó de lado la teoría que defiende la recurrente en sede del recurso extraordinario. En efecto, desde la sentencia CSJ SL 41745, 16 jul. 2014, la postura que adoptó esta Corporación, es que las obligaciones de los empleadores con sus trabajadores derivadas de la seguridad social en pensiones, subsisten aun cuando la falta de afiliación al sistema no obedezca a su culpa o negligencia. Ello implica que en los periodos no cotizados por falta de cobertura, son ellos –los empleadoresquienes asumen a través de un cálculo actuarial las contingencias que se originan en la vejez, invalidez o muerte, de tal forma que con dichos recursos se garantice el financiamiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del ISS hoy Colpensiones. Esta tesis se reiteró recientemente en la sentencia CSJ SL55352018, en la que se enseñó: En efecto, desde hace más de dos décadas (CSJ SL, 8453 de 1996) y desde entonces hasta el 2014, la Corte fluctuó entre dos criterios; uno, según el cual el empleador no es responsable de la ausencia de aportes para pensión en fecha anterior a aquella en que la cobertura gradual del ISS no alcanzó una zona del territorio nacional y, otro, que en oposición, considera que el empleador debe contribuir a la financiación de la pensión de quien le prestó servicios, a través del pago del valor actualizado de las cotizaciones no sufragadas. Sin embargo, en el 2014, la Corporación fijó un criterio mayoritario a partir de las sentencias CSJ SL9856-2014 y CSJ SL17300-2014 y, así, abandonó antiguas posiciones en las que se predicaba una inmunidad total del empleador, en cuanto

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Radicación n.° 94138 entendía que no incurría en omisión de afiliación de sus trabajadores y pago de cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez, en aquellas regiones del país en las que no había cobertura del ISS. Desde entonces, bajo la orientación de los principios constitucionales que propenden por la protección del ser humano que al cabo de años de trabajo se retira del servicio sin la posibilidad de obtener el reconocimiento de la prestación pensional, por causas ajenas a su voluntad y a las del empleador, y en el entendido que el derecho a la seguridad social es fundamental, irrenunciable e inalienable, la Sala, por mayoría, estimó viable y necesario que los tiempos trabajados

y no cotizados, por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones en algunos lugares de la geografía nacional, fueran calculados a través de títulos pensionales a cargo del empleador, con el fin de que el trabajador completara la densidad de cotizaciones exigida por la ley. Bajo esos derroteros, en la sentencia CSJ SL9856-20