CSJ - SL633-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL633-2023 Radicación n.° 87553 Acta 10 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por DIANA MARÍA SALAZAR OYCATA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 12 de diciembre de 2018, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra LUCELLY MATILDE MIRANDA VILLAMIZAR y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., dentro del cual se tramitó la demanda de reconvención incoada por LUCELLY MATILDE MIRANDA VILLAMIZAR contra DIANA MARÍA SALAZAR OYCATA y la mencionada administradora.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 87553

I. ANTECEDENTES Diana María Salazar Oycata llamó a juicio a Lucelly Matilde Miranda Villamizar y a Porvenir S. A., con el fin de que se declare que entre ella y Cristian Alexander Meneses Carrillo existe un matrimonio católico que está vigente; que a Lucelly Matilde Miranda no le asiste ningún derecho porque nunca convivió bajo el mismo techo, «nunca hubo ayuda mutua ni mucho menos convivencia (5 años mínimo)». En consecuencia, solicitó condenar a la AFP demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes desde el 30 de julio de 2014, en su condición de esposa, con indexación y

costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que contrajo matrimonio católico con Cristian Alexander Meneses Carrillo el 26 de octubre de 2008, quien falleció el 29 de julio de 2014, fecha en que se disolvió la sociedad y se liquidó por trámite judicial radicado bajo el número 0074/2015. Narró que en el año 2012 se quedó sin trabajo, por lo que tuvo que desplazarse de Cúcuta a Bucaramanga con fines laborales, decisión que fue adoptada por los cónyuges de mutuo acuerdo. Aseguró que la convivencia y la relación se mantuvo entre ellos, pues en los años 2013 y 2014 realizaron actividades propias de pareja, tales como no haber disuelto el matrimonio; además, mantuvieron la comunidad del apartamento que compraron.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 87553 Adujo que ante la aparición repentina de la enfermedad de su esposo y dado que ella estaba laborando en Bucaramanga, se mantenía en permanente comunicación con el cuerpo médico y las enfermeras de la clínica en donde él estaba hospitalizado. Por último, dijo que reclamó ante Porvenir S. A. la pensión de sobrevivientes en el mes de julio de 2015, la cual fue negada porque se presentó a reclamar el derecho la señora Lucelly Matilde Miranda Villamizar, aduciendo la calidad de compañera permanente (f.os 157 a 166). Al dar respuesta a la demanda, Lucelly Matilde Miranda Villamizar se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos únicamente admitió la celebración del matrimonio

entre la actora y el causante, la fecha de la muerte de éste y la reclamación pensional; frente a los demás dijo que no eran ciertos. En su defensa manifestó que con el de cujus sostuvo una relación desde antes de que él contrajera matrimonio con la actora; que en el año 2011 la pareja de esposos dejó de convivir y a partir de allí comenzó la convivencia entre ella y el afiliado en calidad de compañeros permanentes. Aseguró que «desde el mes de junio de 2011 (fecha en que Diana María se va del hogar) y hasta el 29 de julio de 2014 (fecha en que fallece el señor Cristian) su esposa no visitó en ningún momento a Cristian». Por último, planteó que la actora no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes ya que tan solo convivió con el causante 2 años y 8 meses, por lo que no

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 87553 cumplió con las exigencias del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Formuló la excepción de inexistencia del derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (f.os 240 a 249). Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones condenatorias de indexación y costas y aseguró estarse a lo que resuelva la justicia sobre el derecho pensional. En cuanto a los supuestos fácticos solo aceptó la reclamación realizada por la señora Salazar Oycata y, respecto de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa explicó que las señoras Salazar Oycata y Miranda Villamizar reclamaron la pensión de sobrevivientes,

por lo que se vio obligado a abstenerse de reconocerla a fin de que el juez laboral estableciera si alguna de ellas tenía derecho a la prestación y la proporción. Interpuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe de la demandada, prescripción, y la innominada o genérica (f.os 376 a 385). Lucelly Matilde Miranda Villamizar incoó demanda de reconvención en contra de Diana María Salazar Oycata y la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir

S. A., con el fin de que se declare que fue la compañera permanente de Cristian Alexander Meneses Carrillo, que cumple con los requisitos para acceder a la pensión de

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 87553 sobrevivientes y que la persona natural demandada no acredita las exigencias para ello. En consecuencia, se condene a Porvenir S. A. a reconocerle la prestación en un 100% a partir del 29 de julio de 2014 y la indexación de las sumas adeudadas. Para soportar sus pretensiones explicó que el señor Cristian Alexander Meneses Carrillo y Diana María Salazar Oycata contrajeron matrimonio católico el 26 de octubre de 2008; que para ese momento ya sostenía una relación sentimental con él que se mantuvo pese a dicho matrimonio, lo cual era de pleno conocimiento de la familia y los vecinos. Aseguró que en junio de 2011 Cristian informó a sus padres que su cónyuge se había ido de la casa, «debido a que él la sorprendió sosteniendo vida marital simultánea con otro

hombre», momento a partir del cual, la demandante en reconvención se fue a vivir con él. Dijo que su compañero permanente comenzó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad denominada lupus sistemático, y que desde que la esposa se fue del hogar y hasta el deceso del afiliado, aquella no lo visitó en ningún momento. Manifestó que todos los cuidados requeridos por Cristian Alexander estuvieron a cargo de sus padres y de ella, en calidad de compañera; que convivió un total de siete años continuos hasta su muerte; que el causante estaba afiliado a la AFP y había cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores al deceso.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 87553 Por último, afirmó que la señora Salazar Oycata no tiene derecho a la pensión, ya que tan solo convivió dos años y ocho meses con su cónyuge (f.os 280 a 285). Porvenir S. A. al contestar la demanda expresó no oponerse al reconocimiento de ningún derecho, sino estar a la espera de la definición judicial sobre quien o quienes son titulares de la pensión de sobrevivientes, por consiguiente, solo se opuso a la condena por concepto de indexación y costas. En cuanto a los supuestos fácticos dijo que no le constaban y que debían probarse. En su defensa adujo similares razones e iguales excepciones a las planteadas respecto de la demanda principal. (f.os 385 a 393). A su turno, la demandada Salazar Oycata se opuso a las pretensiones porque la demandante en reconvención no cumple con los requisitos de la Ley 54 de 1990 y demás

normas concordantes sobre la unión marital de hecho entre compañeros. En cuanto a los hechos, únicamente admitió que se casó con el causante y que éste estaba afiliado a Porvenir S.

A. Frente a los demás dijo que eran falsos, no le constaba o que debían probarse. No presentó razones de defensa.

Planteó las excepciones de falta de los requisitos exigidos por la ley para declarar la existencia de la unión marital de hecho y consecuencialmente la sociedad

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 87553 patrimonial entre compañeros y prescripción de la acción. (f.os 511 a 524).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 3 de noviembre de 2017, resolvió: Primero: Declarar probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas propuestas por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. como medio de defensa, de conformidad con las motivaciones que anteceden esta sentencia.

Segundo: Absolver al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S, A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, tanto por la señora Diana María Salazar Oycata como por la señora Lucelly Matilde Miranda, en razón a las motivaciones que anteceden a esta sentencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al desatar el recurso de apelación formulado por la demandante principal y la señora Lucelly

Matilde Miranda Villamizar mediante fallo del 12 de diciembre de 2018 confirmó la decisión de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado fijó como problema jurídico el determinar si Cristian Alexander Meneses Carrillo dejó causada la pensión de sobrevivientes, en caso positivo, dijo que analizaría si las demandantes tenían la calidad de beneficiarias de tal acreencia.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 87553 Sostuvo que las normas aplicables eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en tanto que la muerte ocurrió el 29 de julio de 2014, según la copia auténtica del registro civil de defunción de folio 17. Señaló que los requisitos para causar la pensión deprecada son los previstos en el numeral segundo del artículo 12 de la referida norma, que modificó la Ley 100 de 1993, la cual exige haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento; aspecto que se hallaba cumplido porque el causante efectuó aportes entre el 4 de octubre del 2000 y el 31 de julio de 2014, de los cuales 154,76 semanas corresponden a los tres años anteriores a la muerte. Explicó que los miembros del grupo familiar con vocación de ser beneficiarios de la prestación económica son aquellos a los que se refiere el artículo 13 mencionado, el cual señala que la cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite beneficiario es «quien estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con él no menos de 5 años continuos con anterioridad a su

muerte». Puntualizó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la cohabitación en el último lustro de vida del causante solo se exige respecto de la compañera o compañero permanente, dado que si se trata de la «cónyuge los 5 años son en cualquier tiempo» (CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 40055 y CSJ SL7042013).

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 87553 Manifestó que Diana María Salazar Oycata aseveró ser la cónyuge de Cristian Alexander Meneses Carrillo, pero omitió acreditar en debida forma la existencia de tal vínculo, ya que si bien enunció como prueba el registro civil de matrimonio, no lo anexó; situación obviada por el sentenciador de conocimiento, quien debió inadmitir la demanda cuando resultaba notoria la carencia de los medios de convicción enunciados como tal. No obstante, dado que tanto Porvenir S.A y la interviniente «aceptan como cierto el hecho relativo al perfeccionamiento del rito marital», tendría probado tal vínculo matrimonial entre la pareja celebrado el 26 de octubre de 2008, máxime cuando del documento que reposaba a folio 338 contentivo del formato de reclamación de prestaciones económicas emanado de la AFP, se colegía que al momento de tramitar la reclamación presentada por Salazar Oycata, la entidad da fe de que recibió entre otros documentos la copia auténtica del folio de registro civil de matrimonio. Por consiguiente, puntualizó que: […] aun cuando no se comprobó a través del medio legal idóneo la veracidad de la celebración del matrimonio entre la pareja, en

la medida en que tal circunstancia no fue controvertida por las convocadas a juicio, al contrario, fue fehacientemente aceptada, en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades conveniente se aviene dar por cierto la materialización del vínculo matrimonial. Al analizar las pruebas a fin de determinar si Diana María Salazar Oycata era acreedora de la prestación económica deprecada, precisó que para ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente debía cumplir dos requisitos: el

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 87553 primero, la convivencia con el causante, elemento entendido por la jurisprudencia como el acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común; el segundo, referido al «tiempo que debe prolongarse dicha convivencia, esto es por lo menos cinco años en cualquier tiempo con anterioridad al obitamiento (sic)». Recordó que la demandante aseguró haberse casado con el causante el 26 de octubre de 2008 y convivido con él hasta noviembre de 2011, cuando se trasladó a Bucaramanga; que retornó a Cúcuta para asistir a su cónyuge y que luego del fallecimiento se fue a vivir a Medellín. Mencionó que se había aportado una certificación de Salucoop en la que aparece como beneficiaria en salud del causante desde el 25 de diciembre de 2012 hasta el 3 de julio de 2013 como cónyuge (folio 3), así como la historia clínica del fallecido (folios 4 al 53), registro de correos y chats intercambiados por los esposos (folios 61 a 156).

Luego de citar las declaraciones rendidas por Nidia Rosana Hernández Vargas, Adriana María Arbeláez Flores, Diego Fernando Jaimes Montes y Jorge Osiris Monsalve, encontró que, analizado el anterior elenco probatorio en su conjunto, si bien entre la demandante y su esposo existió la convivencia en los términos señalados por la jurisprudencia, dado que los últimos dos testigos afirmaron que los vieron y conocieron como pareja que se auxiliaba y se acompañaba mutuamente, lo cierto era que no llegaba al «convencimiento» de que la convivencia se extendiera por el tiempo estipulado por la norma, esto es, «que se haya mantenido en 5 años en

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 87553 cualquier tiempo anterior al fallecimiento del cónyuge». Lo anterior por cuanto de las declaraciones de Rosana Hernández Vargas y Ana María Arbeláez Flores no se colegía un conocimiento directo acerca de las circunstancias particulares que rodearon la relación de la pareja, dado que ambas explicaron que el último contacto que tuvieron con los cónyuges se remontaba a la época de desarrollo de la carrera universitaria y para la data de culminación de la misma, esto es, para 2005, cuando aquellos ostentaban la calidad de novios, y que se reencontraron con los consortes en 2014, en el último año de vida del afiliado, por lo que no estuvieron al tanto del desarrollo de la relación marital sostenida. Tal realidad se comprueba cuando sin dubitación alguna dijeron desconocer donde residía la pareja, qué personas conformaban su grupo familiar, cuáles eran sus lugares de

trabajo y aspectos relativos a una posible dependencia económica entre ellos, bajo el argumento de que perdieron totalmente el contacto con ellos por más de nueve años. Agregó que aun cuando los testimonios de Diego Fernando Jaimes Montes y Jorge Osiris Monsalve narraron de forma más detallada las particularidades de la vida marital de la pareja, dando cuenta de algunos lugares en donde vivieron como matrimonio, de ayudas económicas que ambos se prestaban, así como del acompañamiento personal y espiritual, lo cierto era que la ciencia de sus dichos obedecía a lo que en forma directa les comentaba Diana María Salazar Oycata, lo que los convertía en testigos de oídas, por lo que no generaban «convicción ni credibilidad», en

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 87553 la medida que no dieron fe de las situaciones contadas por haberlas presenciado directamente. Expresó que causaba extrañeza el hecho de que respecto a la separación de la pareja, que los testigos catalogan como temporal por razones de estudio y trabajo de la actora, estos no suministraron datos específicos de tiempo y espacio en que tuvo lugar dicha circunstancia, pero sí aseguraron fehacientemente que los cónyuges tuvieron vínculo vigente incurriendo en serias contradicciones, pues Diego Fernando Jaimes Montes afirmó que durante el distanciamiento, el causante se fue a vivir a casa de sus padres en el barrio Quinta Boch de Cúcuta y estando allí él se dirigió en ocasiones a ese lugar a entregarle los detalles que Diana María le enviaba, mientras que Jorge Osiris Monsalve señaló que en el mismo interregno el afiliado

continuó viviendo en el apartamento que habían adquirido en comunidad con la accionante, ubicado en el barrio Prados del Este. Destacó que tales imprecisiones eran más determinantes cuando a partir del contenido de las conversaciones sostenidas vía WhatsApp entre Diana María y el causante, se evidenciaba que durante los viajes que ella realizaba desde Bucaramanga a Cúcuta, no se encontraba personalmente con el afiliado, «actuar que para la sala no es propio de una relación de pareja de comunidad de vida». Por consiguiente, indicó que brillaba por su ausencia la prueba relativa a que la convivencia entre Diana María Salazar Oycata y Cristian Alexander Meneses Carrillo hubiera tenido

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 87553 lugar en el lapso igual o superior a los cinco años. De otra parte, frente a Lucelly Matilde Miranda Villamizar, sostuvo que le correspondía probar una convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años continuos e inmediatamente anteriores al fallecimiento. Al respecto, explicó que ella, al absolver interrogatorio de parte, confesó que fue novia del causante durante el tiempo que adelantaba sus estudios universitarios, relación que se interrumpió, pero que retomaron en 2008 y que perduró hasta julio de 2014, momento en que aquel falleció; precisó que, a partir de junio de 2011, cuando el afiliado se separó de su esposa, convivió con él de forma continua. Luego de referir el contenido de los testimonios de William Torres Peñaranda, Paula Juliana Blanco Hernández,

Nuria Caballero González y Crisanto Meneses Patiño, el Tribunal señaló que la demandante en reconvención no probó la convivencia en los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento, esto es, entre el 29 de junio de 2014 y el mismo día y mes de 2009 como lo exige la normatividad vigente. Lo anterior lo respaldó en que la testigo Nuria Caballero González quien, pese a indicar ser vecina de la demandante en reconvención, desde los años 90, desconocía abiertamente el desarrollo de la convivencia entre los compañeros permanentes, así, se limitó a indicar que conoció al causante solo como novio de Lucelly y que en tal calidad lo veía

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 87553 visitarla los fines de semana en la casa de los padres de esta, pero no dio cuenta del lugar en que ambos supuestamente convivieron y menos rindió información acerca del matrimonio celebrado por aquel con otra mujer. Adujo que la declarante Paula Juliana Blanco Hernández fehacientemente expuso que aun cuando la pareja sostenía una relación sentimental desde antaño, esta se vio interrumpida para la data en que el causante contrajo matrimonio con Diana María Salazar Oycata en octubre de 2008, y si bien indicó que, pese a ello, Lucelly mantenía comunicación con el causante, también dio cuenta que no le constaba si ello obedecía o no a la continuidad del vínculo sentimental. Agregó que en la declaración extrajuicio rendida bajo la gravedad de juramento por la misma deponente ante

la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta, afirmó que la pareja de compañeros convivió en la Av. 4d # 02-22, barrio Quinta Bus, mientras que en la audiencia de trámite dijo que esa cohabitación había sido en el apartamento de propiedad de Cristian Alexander ubicado en Prados del Este de esta ciudad. Respecto de las declaraciones rendidas por William Torres Peñaranda y Crisanto Meneses Patiño dijo que informaron que Lucelly Matilde y Cristian Alexander convivieron en forma continua e ininterrumpida desde el año 2008 hasta el 29 de julio de 2014, fecha del fallecimiento; no obstante, tal aseveración contrariaba todo lo explicado por la demandante en reconvención al absolver interrogatorio de parte, quien confesó que con ocasión del vínculo matrimonial

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 87553 del causante «sus encuentros con él eran muy esporádicos dado que, de constituirse en frecuentes corrían el riesgo de que la cónyuge de aquel se enterara de la relación», lo que para el colegiado dejaba sin soporte alguno la afirmación de los declarantes.

Así reflexionó: Curioso resulta además que los testigos den cuenta de situaciones tan íntimas y particulares de la convivencia matrimonial del finado, verbigracia infidelidades de parte de su cónyuge y contrario sensu indiquen desconocer si medió o no interrupción en la relación que a título de compañeros permanentes sostuvo aquel con Lucelly Matilde, argumentando que tal riñe con la privacidad de la pareja, hecho que es notable a partir de que las deponentes dan cuenta de que esta vivía en

Bogotá y de ese lugar llegó a Cúcuta con un hijo que no fue engendrado por el causante y es que fue la misma reclamante que confesó que en efecto se distanció de Cristian Alexander y que retomó esa relación en 2008, sin que de manera alguna ese reencuentro denote para la sala una verdadera unión marital de hecho, definida como la comunidad de vida permanente y singular, primero, porque no se acreditó una convivencia continua en determinado domicilio y segundo, porque, probado que para ese año el causante contrajo nupcias con otra mujer, vínculo cuya existencia reconoce Lucelly Matilde e indica, permaneció hasta junio de 2011, es decir, el vínculo que mantuvo con la primigenia demandante, quién lo hizo en calidad de cónyuge. Mencionó que del formato de versiones aportado por Porvenir S. A., se extraía que la madre del fallecido, al rendir su declaración, había expresado que la demandante en reconvención sostuvo una convivencia continua con el causante desde el año 2011, cuando aquel se separó de cuerpos de su cónyuge, afirmación que concordaba con el dicho de la señora Miranda Villamizar, quien había confesado que en junio de 2011 había iniciado a convivir con el afiliado y hasta junio de 2014; extremo temporal inferior al

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 87553 lapso de cinco años requerido para que procediera el derecho perseguido. Por lo dicho, el Tribunal concluyó que estaba acreditado que Cristian Alexander Meneses Carrillo tuvo vida marital y común con Diana María Salazar Oycata desde el «26 de

octubre de 2008 hasta mediados de 2011 concretamente a junio de ese año», y solo a partir de esa data inició una convivencia singular y continua con Lucelly Matilde Miranda Villamizar hasta el día de su fallecimiento, por lo que era patente que ninguna de las reclamantes demostró haber convivido con el causante el lustro exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante principal, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Diana María Salazar Oycata pretende que se case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque los numerales primero y segundo, y en su lugar se acceda a las pretensiones que formuló en su demanda inicial, incluyendo las costas, «manteniendo intactas las demás decisiones proferidas en dicha instancia».

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 87553 Con tal propósito plantea un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado únicamente por Porvenir S. A.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en armonía con el artículo 46 de la referida Ley 100.

En la demostración del cargo señala que los siguientes supuestos fácticos definidos por el juez de alzada no se discuten: i) que el causante cumplió con acreditar 50

semanas cotizadas en los tres años anteriores al deceso; ii) que el fallecido era su cónyuge y, iii) que no demostró una convivencia igual o superior a cinco años en cualquier tiempo. Afirma que la interpretación errónea del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se dio por haber extendido el requisito o condicionamiento de la convivencia por un periodo igual o superior a cinco años para quien tiene la calidad de cónyuge o compañera supérstite del afiliado, cuando esa exigencia en su tenor literal solo estaba dirigida para los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado, sin que el legislador haya realizado esa distinción respecto del afiliado.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 87553 Manifiesta que a través de decisión CSJ SL5270-2021 se cambió el criterio y se consideró que el requisito de convivencia de cinco años solo aplicaba a los beneficiarios de pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado y no tratándose de un afiliado, la cual cita en extenso. Por consiguiente, dice, el juez de alzada erró al exigirle la cohabitación de cinco años para aspirar a la pensión de sobrevivientes, cuando ésta solo es aplicable tratándose de un pensionado y «no existe esta condición de tiempo para quienes ostentan la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes del afiliado». Así, plantea que, en este caso, solo se debía exigir 50 semanas cotizadas en los tres años

anteriores al deceso y acreditar el vínculo matrimonial, «lo cual está plenamente demostrado y así se encuentra sentado en el fallo del juzgador de segunda instancia».

VII. RÉPLICA Porvenir S. A. se opone a la prosperidad del cargo, para lo cual cita extensamente las decisiones CC SU149-2021 y CSJ SL347-2019, de las cuales asegura se deriva que el ad quem acertó al abstenerse de conceder la pensión reclamada por el incumplimiento del requisito legal de convivencia del causante con las señoras Salazar Oycata y Miranda Villamizar «durante por lo menos cinco años y hasta la muerte del de cujus».

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 87553

VIII. CONSIDERACIONES Conforme al cargo planteado, le corresponde a la Sala determinar si el colegiado erró al interpretar la norma acusada cuando exigió a la recurrente, en su calidad de cónyuge supérstite de un afiliado, cinco años de convivencia en cualquier tiempo, como requisito para obtener la pensión de sobrevivientes.

Dada la senda elegida, no son motivo de cuestionamientos los siguientes supuestos fácticos definidos por el juez de alzada: i) que Cristian Alexander Meneses Carrillo falleció el 29 de julio de 2014; ii) que el afiliado en los tres años anteriores al deceso cotizó 154,76 semanas; iii) que el causante y Diana Marcela Salazar Oycata contrajeron matrimonio el 26 de octubre de 2008; iv) que los cónyuges convivieron desde el 26 de octubre de 2008 hasta junio de

2011 y, v) que Cristian Alexander Meneses Carrillo y Lucelly Matilde Miranda Villamizar cohabitaron como compañeros permanentes desde junio de 2011 hasta el deceso de aquel. La Sala debe precisar que la recurrente confunde en su acusación las hipótesis previstas en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En efecto, el literal a) regula el derecho a la pensión de sobrevivientes cuando existe convivencia al momento de la muerte. Por su parte, el literal b), regula, entre otros, el caso de la cónyuge separada de hecho con vínculo matrimonial vigente, lo que implica que no hay cohabitación para el deceso; literal que el Tribunal aplicó a la promotora del proceso pese a que no lo mencionó expresamente.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 87553 Aclarado lo anterior, sobre la primera de las hipótesis mencionadas, esta Corte a través de decisión CSJ SL17302020, reiterada en CSJ SL5270-2021, cambió el criterio frente al requisito de convivencia que se exige a la cónyuge o a la compañera permanente para efectos de obtener la pensión de sobrevivientes en el caso de la muerte de un afiliado, previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. De esa manera se precisó que la exigencia de la convivencia por un lapso mínimo no menor de cinco años continuos con anterioridad a la muerte del causante, únicamente se requiere cuando se trata del deceso de un pensionado. Así, para que la cónyuge o la compañera permanente de

un afiliado acceda como beneficiario(a) a la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado(a), bajo la previsión del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se debe acreditar: i) la calidad de cónyuge o compañera; ii) la conformación y pertenencia al núcleo familiar, con vocación de permanencia y iii) la «convivencia vigente para el momento de la muerte» (CSJ SL5270-2021). En efecto, en decisión CSJ SL5270-2021, la Sala así lo precisó: En tal entendido, para la Sala, el juzgador de segundo grado no incurrió en los desatinos que le enrostra el recurrente, ya que, en efecto, como lo advierte la réplica, esta Corporación revaluó el criterio según el cual la convivencia mínima de 5 años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, de cónyuge o compañero o compañera permanente, era exigible con independencia de si el causante era un afiliado o un pensionado,

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 87553 acorde con lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003. Lo anterior, toda vez que, luego de analizar minuciosa y detenidamente el citado supuesto normativo, en armonía con los pronunciamientos efectuados en sede de constitucionalidad referidos al mismo, esta Corporación concluyó, sin dubitación alguna, que su intelección adecuada, la que se acompasa con la Constitución y el espíritu de la ley, así como con los fines y

principios del Sistema Integral de Seguridad Social, y en particular, del Sistema Pensional, lleva a concluir que, en caso de muerte de afiliado, no fue previsto por el legislador un requisito de tiempo mínimo de convivencia, para que cónyuge o compañero o compañera permanente, ostent