CSJ - SL635-2021

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL635-2021 Radicación n.° 81972 Acta 04 Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL ISS LIQUIDADO -PAR ISSFIDUAGRARIA S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en el proceso ordinario laboral que le instauró MELBA RUIZ GUIZA.

I. ANTECEDENTES Melba Ruiz Guiza, llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación hoy Patrimonio Autónomo de

Remanentes del ISS Liquidado -PAR ISSFiduagraria S. A.,

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Radicación n.°81972 con el fin de que se declarara que existió un contrato de trabajo; que fue despedida unilateralmente y sin justa causa; que se dispusiera su reintegro al cargo desempeñado al momento del despido o, en subsidio, el pago de la indemnización por despido convencional o legal, las cesantías, la indemnización moratoria y la indexación Así mismo, solicitó que se condenara al pago de intereses a las cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, servicios, legal de navidad, incrementos por servicios, auxilios de transporte y alimentación, los aportes a la seguridad social que

sufragó con su patrimonio; que en el evento de considerar la existencia de varios contratos de trabajo se cancelen los citados emolumentos respecto de cada uno de ellos; que se dispusiera la nivelación salarial con los técnicos de servicios administrativos vinculados al ISS mediante contrato de trabajo junto con los reajustes de salario o, en su defecto, el incremento salarial reconocido para los trabajadores oficiales de la entidad para los años 2010 a 2013, la indexación de cada una de las condenas y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, en que prestó sus servicios al ISS, entre el 26 de julio de 2006 y el 31 de marzo de 2013; que desempeñó funciones propias del cargo de técnico de servicios administrativos en la oficina de contratación; que la vinculación se dio a través de sucesivos contratos de prestación de servicios personales; que recibía órdenes y cumplía horarios; que sus labores las desempeñaba en las instalaciones de la entidad demandada, que acataba los reglamentos; que existía personal de planta vinculado

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Radicación n.°81972 mediante contrato de trabajo que ejecutaba sus mismas funciones a quienes se les reconocían todas las prestaciones legales y extralegales de los trabajadores oficiales, así como una asignación básica superior a la suya; que el sindicato Sintraseguridad era una organización de carácter mayoritario en el ISS; que la convención colectiva suscrita para el periodo 2001 – 2004 aún se encontraba vigente, pues se ha prorrogado sucesivamente. Adujo, que nunca se le incrementó su salario en la

misma proporción que a los trabajadores oficiales ni se le reconoció el pago de las prestaciones legales y extralegales; que mediante Escrito recibido por el ISS el 29 de abril de 2013, solicitó el reconocimiento de los derechos que le asistían como trabajadora oficial quedando agotada la vía gubernativa (f.° 186 a 201, cuaderno principal). El ISS en liquidación se opuso a las pretensiones. Respecto de los hechos aceptó que a los empleados de planta se les reconocían todas las prestaciones legales a las que tienen derecho los trabajadores oficiales del Estado; que Sintraseguridad era organización sindical mayoritaria; que la actora presentó reclamación administrativa. En su defensa propuso como excepciones de fondo las de prescripción, «inexistencia de la aplicación de la primacía de la realidad», «inexistencia del derecho y de la obligación», pago, «ausencia del vínculo de carácter laboral», «relación contractual con el actor no era de naturaleza laboral», «inexistencia de la

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Radicación n.°81972 convención colectiva», cosa juzgada e innominada (f.º 205 a 215, cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 29 de septiembre de 2017 (f.° 337 a 342, acta y f.° 336, CD, cuaderno del Tribunal) resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre MELBA RUIZ GUIZA (…) y el extinto Instituto de Seguros Sociales, existió un vínculo laboral

regido por un contrato de trabajo vigente entre el 26 de julio de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2013 devengando como último salario la suma de $2.165.453, conforme a las consideraciones de la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la demandante MELBA RUIZ GUIZA, en calidad de trabajadora oficial vinculada al EXTINTO INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES es beneficiaria de la Convención Colectiva suscrita para la vigencia 2001 – 2004 entre el demandado y SINTRASEGURIDAD.

TERCERO: CONDENAR a la FIDUAGRARIA S. A. como ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES ISS EN LIQUIDACIÓN PAR ISS a favor de la señora MELBA RUIZ (…) las siguientes sumas de dinero debidamente indexados al momento del pago: Auxilio de cesantías $14.466.429 reconocida con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Intereses a las cesantías $1.735.971 artículo 63 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Vacaciones: $4.246.694 con fundamento en el artículo 48 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente por ser más beneficioso al trabajador el derecho allí contenido.

Prima de Vacaciones Convencional: $1.443.635, con fundamento en el artículo 49 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente por ser más beneficioso al trabajador el derecho allí contenido.

Prima de servicios legal: $6.327.934

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Radicación n.°81972 Prima de servicios convencional $4.638.938 artículo 50 de la

Convención Prima de Navidad $3.797.744, 17 artículo 32 del Decreto 1045 de 1978. Indemnización por despido sin justa causa $10.366.104 en cuanto a esta sanción no se ordena la indexación CUARTO: CONDENAR a la FIDUAGRARIA S. A. en su calidad de ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES ISS EN LIQUIDACIÓN PAR ISS a reconocer y pagar a favor de la señora MELBA RUIZ GUIZA y por tanto, a cotizar al Sistema General de Pensiones, el porcentaje que corresponda de los aportes, con base en el salario acreditado en juicio, como excedente entre el valor consignado por el trabajador referido y el monto que se desprenda de aplicar como ingreso base de cotización el salario real devengado por el mismo, entre el 26 de julio de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2013, para lo cual Colpensiones o el fondo al que se encuentra afiliado la demandante que realice el cálculo actuarial, con el fin que la demandada efectué los pagos correspondientes, conforme a las consideraciones en precedencia.

QUINTO: de ser apelada o no envíese a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para que surta el grado jurisdicción de consulta.

SEXTO: Absolver a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SÉPTIMO: COSTAS correrán a cargo de la parte demandada

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al conocer del recurso de apelación interpuesto por

ambas partes, a través de sentencia del 14 de febrero de 2018 (f.° 351, acta y f.° 350 CD, cuaderno principal), decidió: PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral 3° del fallo apelado, para su lugar absolver al PAR ISS, […] de la indemnización por despido sin justa causa y la condena por prima de navidad.

SEGUNDO: REVOCAR el punto SEXTO del fallo apelado, para en su lugar condenar a la demandada a cancelar al demandante, sanción moratoria, la cual se liquidará a razón de un día de

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Radicación n.°81972 salario, a partir del 12 de agosto de 2013 y hasta que se verifique su pago, de conformidad con lo expuesto en el Decreto 797 de 1949.

TERCERO: Confirmar en lo demás el fallo apelado.

CUARTO; SIN COSTAS en esta instancia. Consideró, que la prueba de un servicio personal subordinado impone al juez declarar la existencia de un contrato de trabajo por mandato del artículo 53 constitucional en ese tipo de relaciones prima la realidad sobre las formalidades pactadas por las partes bajo estas reglas normativas. Adujo, que una vez revisado el expediente encontró prueba del servicio personal prestado por la demandante con la copia de los contratos de prestación de servicios y certificaciones laborales, de estos mismos documentos se evidencia, que desde el punto de vista formal el servicio se prestó en ejecución de un contrato prestación de servicios regulado por la Ley 80 de 1993; que sobre esta forma de contratación se pronunció la Corte Constitucional en sentencia CC C-154-97 para definir que en

ella el legislador disponía la presunción de existencia de una relación de carácter autónomo y no laboral, sin que ello obste, para que si se acreditara la presencia de una relación laboral que implicara una actividad personal subordinada y dependiente el contrato se tomara como de trabajo, en razón a la función desarrollada, lo que da lugar a desvirtuar la presunción consagrada en el precepto acusado y, por consiguiente, el derecho del pago de prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante.

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Radicación n.°81972 Razonó, que también estaban probados hechos que indicaban que la relación de servicios se desarrolló bajo subordinación, que son evidencia de ello los testimonios rendidos en el proceso por Andrea Orjuela Silva y Esther Peña de Sánchez extrabajadoras de la oficina de contratación de prestación de servicios del ISS quienes aseguraron trabajar con la actora, afirmaron que ejerció las funciones de corrección de historias laborales seguimiento y presentación de los contratistas y de secretaría; que además debía pedir permiso para faltar al trabajo; que siempre estuvo bajo un horario fijo de ocho de la mañana a cinco de la tarde; agregaron que tenía su propio puesto y computadora. Respecto de la nivelación salarial de la demandante con el trabajador de planta del ISS que ocupaba cargo de igual denominación técnico de servicios administrativos, se confirmó la decisión de primera instancia, pues no se probaron las condiciones que disponía la ley para ubicarla en uno u otro grado de la escala de salarios que la entidad tenía dispuesta por las funciones específicas que desarrollaba, por su formación, por su experiencia, por la evaluación de sus servicios o por

cualquiera otra circunstancia que permitiera estimar válidamente el grado de denominación en servidores públicos que desempeñaban cargos con igual denominación. Negó el auxilio de transporte regulado en el artículo 53 de la norma convencional, pues este derecho se limitó al período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de octubre de 2004 y la extensión de la convención no implicaba su continuidad.

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Radicación n.°81972 Revocó la condena por la prima de navidad legal, pues a la demandante le fue reconocida en primera instancia prima de servicios convencional y, tanto el parágrafo 2° del artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, como el parágrafo 1° del artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, excluyeron de esta prestación a los servidores públicos, quienes por virtud de pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales o reglamentos de trabajo se les pagaron primas anuales, extralegales similares, cualquiera sea su denominación. Con relación al pago de los aportes a seguridad social en salud que sufragó la demandante recordó que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 17 y 161 de la Ley 100 de 1993, era obligación del empleador afiliar y cancelar la parte que le correspondía de los aportes a pensión de sus trabajadores, por ello cuando lo hace el trabajador procedía entregarle como indemnización la proporción que le incumbía a aquel con base en los salarios devengados en cada anualidad durante toda la relación laboral, pues dicha prestación tenía carácter de

imprescriptible. Consideró procedente la condena por indemnización moratoria de qué trata el artículo 1° de la Ley 797 de 1949, por cuanto, no operaba de forma automática y objetiva habrá de valorarse la conducta del empleador que no cumplió con su obligación legal de pagar salarios y prestaciones sociales y, en este caso, se ve la mala fe de empleador cuyas obligaciones se encontraban a cargo de la fiduciaria al mantener oculta una

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Radicación n.°81972 verdadera relación laboral con la demandante bajo unos supuestos contratos de prestación de servicios. Adujo que el mero convencimiento de encontrarse ante un contrato prestación servicios regulado por la Ley 80 de 1993 no exime al ISS del pago de la mencionada sanción, pues la reiterada continuidad entre uno y otro contrato; así como las pruebas que demostraron la existencia inequívoca de una subordinación laboral conducen a establecer la verdadera existencia de un contrato de trabajo y también desvirtúan un actuar revestido de buena fe de la empleadora, quien por casi dos décadas desconoció los pronunciamientos de esta corporación frente al tema e insistió en vincular a su personal a través del contrato Estatal, sólo con el objeto de defraudar las leyes sociales y los principios constitucionales que garantizan los beneficios prestacionales ligados a las relaciones de trabajo. En cuanto al punto de apelación relacionado con la condena por concepto de indemnización por despido injusto consideró que la misma debe ser revocada, pues la demandante no demostró que el contrato de trabajo hubiera terminado por una decisión unilateral del ISS, carga que le imponía el artículo

167 del CGP dicho lo anterior, modificó el fallo apelado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala, case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, absuelva al PAR – ISS de todas las pretensiones de la demanda (f.°39, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula cuatro cargos, los cuales fueron objeto de réplica y se estudiaran conjuntamente el primero y segundo para luego examinar el tercero y el cuarto, toda vez que persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia «[…]de infringir por la vía directa en la modalidad de infracción directa por falta de aplicación, el artículo 32, numeral 3° de la ley 80 de 1993, el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, compilado en el texto refundido del Decreto 1082 de 2015, el artículo 2.8.4.4.6 del Decreto único reglamentario 1068 de 2015, el artículo 13 de la Ley 819 de 2003 , la Ley 190 de 1995 artículos 1° y 2°, artículos 11 y 13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con los artículos 22, 23, 24 y 29 del Código

Sustantivo del Trabajo». Para la sustentación del cargo dice que el Tribunal

incurrió en la violación normativa señalada por las siguientes razones:

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Radicación n.°81972 Arguye que el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión lo celebran las entidades estatales para desarrollar actividades, entre otras, de administración y funcionamiento de la entidad, sin que generen relación laboral, ni prestaciones sociales, por ende, no puede entenderse que, entre el ISS y la actora, hubo un contrato amparado en la primacía de la realidad como se entendió en las instancias. Manifiesta, que las acciones que desarrolló la demandante en calidad de prestadora de servicios se encuentra encaminada a la prestación de un servicio de apoyo a la gestión con metas claras que podrían cumplirse dentro de la ejecución contractual, tal como lo rezan los contratos en forma textual; que el fallador desconoció la inexistencia de elementos necesarios para la declaratoria de un real contrato de trabajo; que se pretende desconocer una relación enmarcada en la Ley 80 de 1993, no se tiene en cuenta los elementos propios de un contrato de servicios cuya determinación se encuentra en la función, los objetivos de la contratista junto con las obligaciones y compromisos de las partes. Aduce, que es clara la infracción directa de la ley de contratación; que la actora no tenía obligaciones diferentes a las de prestación de servicios de apoyo a la gestión, razón por la que en la totalidad de los contratos se describen los productos, en cantidad y término, que debía entregar al contratante.

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Radicación n.°81972 Indica que, Los actos propios de la contratista hoy demandante, son de una

persona que desarrolla sus actividades de apoyo específicas, claras y concretas bajo el amparo y la supremacía de la prestación de un servicio y explotación propia de su conocimiento, en la que en varias oportunidades suscribió contratos con la descripción taxativa de ser una correspondiente prestación de servicios, desarrolló acciones propias de su contrato y ejecutó hechos y actuaciones enmarcadas en la prestación de un servicio, en el que siempre ejerció en la entidad, le permitieron determinar y comprender cuál era la condición en que se contrataba y sin solicitar una explicación del actuar, ejerció las acciones propias de una contratista, terminando los contratos suscritos e iniciando uno nuevo, con nuevas condiciones actividades y en general, un nuevo servicio a favor de la aquí demandada, razón por la cual se viola en la sentencia la ley en forma directa al desconocer las condiciones de la misma para la suscripción de dichos contratos y, en su defecto, reconocer unas situaciones como propias de un contrato de trabajo que son, claramente, elementos propios de la prestación de servicios. Apoya su discurso en la sentencia CSJ SL, 28 sep. 2010, rad. 35966.

VII. RÉPLICA Alega que el cargo tiene defectos técnicos que impiden su estudio de fondo, el recurrente no cita las normas básicas fundantes de los derechos laborales reclamados y concedidos en las instancias; a pesar de que la acusación se formula por la vía directa le endilga a la sentencia una serie de cuestionamientos fácticos y probatorios que no son susceptibles de ser planteados cuando se elige tal sendero de impugnación, ya que el mismo implica conformidad con las

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Radicación n.°81972 conclusiones fácticas plasmadas en la sentencia atacada. En suma, esgrime que los argumentos expuestos en el cargo no tienen la aptitud para desquiciar el fundamento de la sentencia impugnada en relación con la declaratoria del contrato de trabajo, invocado en la demanda y reconocido en las instancias.

VIII. CARGO SEGUNDO Controvierte la providencia por ser violatoria de la ley sustancial, por infringir por la vía indirecta en la modalidad de interpretación errónea por error de hecho, el artículo 32, numeral 3° de la ley 80 de 1993, el artículo 2° de la ley 1150 de 2007 , el artículo 82 del decreto 2474 de 2008 , compilado en el texto refundido del decreto 1082 de 2015, el artículo 2.8.4.4.6 del Decreto único reglamentario 1068 de 2015 , el decreto 2013 de 2012, el Decreto 553 de 2015, el artículo 13 de la ley 819 de 2003 , la ley 190 de 1995 artículos 1° y 2°, artículos 11 y 13 de la ley 797 de 2003, en concordancia con los artículos 22, 23, 24 y 29 del código sustantivo del trabajo.

Sostiene, que la violación de las normas señaladas se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho: Primero. -Dar por demostrado en forma equivocada la existencia de un contrato de trabajo sin tener en cuenta la falta del elemento esencial de la continuidad en la subordinación.

Segundo.- No dar por demostrado estándolo, que la demandante actuó siempre con el pleno conocimiento de la condición contractual y la insubordinación como elemento esencial en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión . Tercero. – No dar por demostrado estándolo, que la demandante suscribió la totalidad de sus contratos con la plena autonomía y voluntad, afirmando expresamente la exclusión de la relación laboral.

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Radicación n.°81972 Menciona, que la declaratoria de la realidad de los hechos sobre las formas se define en la realidad de las condiciones que constituyen los elementos de un contrato de trabajo independientemente de que dichos hechos sean llamados formalmente de cualquier manera; que el artículo 23 del CST señala los elementos esenciales para que exista contrato de trabajo; que la relación contractual tuvo varios estados que no fueron tenidos en cuenta en primera y segunda instancia, pues dentro de los contratos de prestación de servicios el objeto de los mismos se encontraba encaminado a la ejecución del apoyo a la oficina nacional de contratación del ISS. Explica que, sin embargo, al haberse declarado la condición de liquidación de la entidad contratante, el objeto contractual se modificó, no hubo una continuidad y el objeto social de la entidad contratante se limitó a las actuaciones tendientes única y exclusivamente a la liquidación definitiva de la entidad, todo ello por mandato legal y reglamentario del Estado; que por tanto, se presentaron dos momentos, desde el 25 de julio de 2006 hasta el 30 de julio de 2012 y desde el 3 de julio de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013 no existe

una continuidad. Afirma, que teniendo en cuenta lo anterior, no puede hablarse de una relación basada en los hechos sobre las formas, porque no existe el elemento de la continuada subordinación y resulta claro que la demandante actuó con pleno conocimiento de las condiciones y calidades de

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Radicación n.°81972 contratista de prestación de servicios, sin que en ningún momento reclamara durante sus ejecuciones contractuales la condición de empleada subordinada; que de acuerdo con lo manifestado por esta Sala no es suficiente con la prestación del servicio, pues se requiere de la concurrencia de los demás requisitos como la subordinación para la existencia del contrato de trabajo. Expresa que, […] no se puede pretender que se dé continuidad al error de hecho provocado por la errada interpretación de la norma y de los elementos esenciales descritos legalmente, sin que la concurrencia de dichos elementos se adapte a la situación aquí debatida, razón por la que es inviable jurídicamente la declaratoria de la realidad de los hechos sobre las formas.

IX. RÉPLICA Asegura que, igualmente, el cargo comporta defectos técnicos, pues no se invocan las normas básicas fundantes de los derechos laborales, no se relacionan los medios probatorios que el Tribunal habría valorado de manera equivocada o habría dejado de valorar para efectos de reconocer la existencia de un contrato de trabajo entre las partes y pese a que la prueba testimonial se erigió en un medio probatorio determinante para reconocer la relación laboral, el recurrente omite hacer referencia a la misma.

Agrega, que el impugnante afirma que no existió

continuidad en la prestación del servicio, pero no se da a la tarea de soportarlo probatoriamente; el hecho de que la

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Radicación n.°81972 demandante hubiera suscrito contratos de prestación de servicios no impide reconocer la existencia de un verdadero contrato de trabajo, pues de lo contrario se desconoce el principio de la primacía de la realidad; que pese a que el Tribunal concluyó que la accionante estuvo sometida a condiciones de verdadera subordinación, la parte recurrente no controvierte tal premisa.

X. CONSIDERACIONES Debe resaltarse que la demanda de casación, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, debe satisfacer una serie de requisitos de técnica que estipulan las normas procesales, tanto en su planteamiento como en la demostración, reglas adjetivas que de no cumplirse pueden llevar a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además de ello, como insistentemente lo ha expresado esta Corporación, el recurso extraordinario no le confiere competencia para juzgar el litigio, esto es, establecer a cuál de las partes en contienda le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se circunscribe en enjuiciar la sentencia y determinar si el juez colegiado, al resolver la segunda instancia, dirimió rectamente el conflicto a la luz de las normas jurídicas que debía emplear (sentencia CSJ SL140552016, reiterada, entre otras, por la providencia CST SL100922017). Respecto a las exigencias formales del recurso extraordinario, esta Sala en la sentencia CSJ SL1012-2019,

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Radicación n.°81972 recordó lo reseñado en providencias CSJ SL3314-2018 y CSJ SL390-2018 y sobre el particular, expuso: […] adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo del recurso extraordinario, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustente el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las cuales no constituyen un mero culto a la forma, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según las voces del artículo 29 de la Constitución Política. En el presente asunto, fluye con claridad que la censura no cumple con el mínimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentación de los cargos, lo que impide que esta Corporación emita un pronunciamiento de fondo sobre el ataque, por las siguientes razones. i) Respecto del alcance de la impugnación El recurrente no precisa el alcance de la impugnación, pues si bien señala, que se debe casar la sentencia del Tribunal, incurre en la impropiedad de no indicarle a la Corte, cuál es realmente la actividad que debe emprender

después de obtenido el quebrantamiento del fallo del ad quem, pues no señaló si la decisión de primer grado, debía ser confirmada, modificada o revocada, lo cual, imposibilita la adopción de cualquier determinación en sede de instancia respecto de esta sentencia, dado el carácter estrictamente rogado del recurso; aunado a lo anterior existen otras falencias

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Radicación n.°81972 en la formulación de los cargos que impiden su estudio de fondo, como se detalla más adelante. Sobre el tema del alcance de la impugnación, esta Corporación advirtió en sentencia CSJ SL10092-2017 que: 1.- El numeral 4º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que la demanda debe contener «la declaración del alcance de la impugnación», que como lo ha reiterado la Sala consiste en la indicación de lo que «(…) se debe casar, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrarse, o la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; la actividad de la Corte en sede de instancia, o sea señalar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo» (CSJ SL, 20 oct. 2005, rad. 24440). […] Significa lo anterior, que le correspondía al recurrente acusar la decisión del Tribunal, e impetrar en sede de instancia, lo que pretendía frente a la decisión de primer grado, esto es, su confirmación, modificación o revocatoria y, en estos

dos últimos casos, cuál sería la decisión de reemplazo, pero nunca en los términos como está formulado. Aun si se entendiera que lo pretendido es que se case la sentencia de segunda instancia y se revoque la primera en aquello que resultó desfavorable, lo cierto es que comete otras falencias en el planteamiento de estos dos cargos que resultan insuperables. ii) Con relación al cargo primero. Cuando la acusación se encauza por la vía directa, como ocurre en ambos cargos, la sustentación de la demanda de casación debe ser estrictamente jurídica, en la medida que se parte de la plena conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias a las que arribó el Tribunal.

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Radicación n.°81972 Así las cosas, aunque señala la infracción directa de las normas que denuncia, aspecto que es jurídico, en la sustentación involucra temas fácticos, entre otras razones, trae a colación la prueba la documental, como son los contratos de prestación de servicios, para decir que estos rezan en forma textual «que la prestación del servicio era de apoyo a la gestión con metas claras» y «no se tuvieron en cuenta por el fallador los elementos propios de un contrato de prestación servicios cuya determinación se encuentra en la función, los objetivos y las obligaciones de las partes», que en la totalidad de los contratos se describen los productos, en cantidad y término que debían entregarse al contratante y, también se refiere a los actos propios de la contratista; para concluir que se reconocen unas situaciones como propias de un contrato de trabajo que son claramente elementos de la prestación de

servicios, lo que invita a la Sala a hacer una revisión de elementos de juicio. Lo antes expuesto, permite concluir que se hace una mezcla de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, por lo que su análisis debe ser diferente y su formulación por separado, impidiendo su estudio de fondo. Sobre el asunto, está la Sala en la sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684, reiterada en la CSJ SL830-2018, expuso que:

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Radicación n.°81972 Importa recordar que a la violación de la ley sustantiva de carácter nacional se llega por dos senderos: directo e indirecto. El primero de ellos tiene como punto de partida la ausencia de todo