CSJ - SL635-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL635-2023 Radicación n.° 92109 Acta 10 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por LUZ MARINA ARTUNDUAGA PERDOMO, en nombre propio y en representación de su hijo JOHN ALEXANDER TORRES ARTUNDUAGA, contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Neiva, el 18 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario laboral seguido en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES, COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Luz Marina Artunduaga Perdomo, obrando en nombre propio y en el de su hijo John Alexander Torres Artunduaga, promovió demanda ordinaria laboral para que se condene a la entidad accionada al reconocimiento y pago inmediato de

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Radicación n.° 92109 la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Faustino Torres, a partir del 2 de noviembre de 2015, en los términos de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones en que Faustino Torres nació el 22 de mayo de 1950, estuvo afiliado al Régimen de Prima Media a través del ISS, entre el 3 de agosto de 1970 y el 30 de octubre de 2015, y murió el 2 de noviembre de este

mismo año. Agregó que convivió con el asegurado desde el 15 de marzo de 2005 hasta el momento de su muerte, tiempo durante el cual se demostraron amor, comprensión, ayuda mutua y fidelidad, y tuvieron un hijo, John Alexander Torres Artunduaga, menor de edad para la fecha de fallecimiento de su padre. Adujo que el 19 de agosto de 2016 reclamó el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes ante Colpensiones, y mediante Resolución GNR 298838 de 2016 fue negada, bajo el argumento de que al causante se le había hecho una «devolución de aportes»; decisión contra la cual se presentaron los recursos legales, siendo confirmada a través de Acto Administrativo VPB 45179 de 2016, con fundamento en que mediante el acto administrativo GNR79260 del 28 de abril de 2013, se le había otorgado al causante una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de $1.857.059, lo cual es cierto. Agregó que, según el reporte de semanas cotizadas, luego del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de

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Radicación n.° 92109 vejez, el asegurado se vinculó con los empleadores Invernalia La Jagua, Consorcio VIG y Consorcio Distritos, cotizando un total de 89,47 semanas entre el 1 de diciembre de 2013 y el 1 de noviembre de 2015, por lo que acumuló más de 50 semanas en los últimos tres años de vida, requisito que fue admitido en las Resoluciones GNR298838 de 2016 y

VPB45179 del mismo año. Aclaró que la relación laboral de Torres con los empleadores mencionados le dio la calidad de cotizante obligatorio. Al dar contestación a la demanda, Colpensiones se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del causante y de la afiliación al RPM, la calenda de su deceso, que la pareja procreó un hijo, la reclamación administrativa y su respuesta; de los demás afirmó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa manifestó que al afiliado le había sido reconocida una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de $1.857.059 mediante Resolución GNR79260 del 28 de abril de 2013, prestación económica que resulta incompatible con la reclamada por la parte demandante; afirmó que el causante cotizó después del reconocimiento de la mencionada indemnización, pero que no es posible acceder a lo pretendido en este proceso en virtud del principio de solidaridad en materia de seguridad social. Formuló las excepciones que denominó inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe de la

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Radicación n.° 92109 demandada, prescripción, improcedencia de intereses moratorios, presunción de legalidad del acto administrativo y aplicación de normas legales.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, mediante sentencia proferida el 5 de febrero de 2018,

resolvió:

PRIMERO: DECLÁRASE que la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, debió

reconocer a favor de la señora LUZ MARINA ARTUNDUAGA PERDOMO y del menor JOHN ALEXANDER TORRES ARTUNDUAGA la pensión de sobrevivencia ante el fallecimiento de su compañero permanente y padre, respectivamente, el afiliado FAUSTINO TORRES a partir del 2 de noviembre de 2015, por haber dejado derecho a la misma, desde esa fecha; de acuerdo con lo explicado en esta sentencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a pagarle a la señora LUZ MARINA ARTUNDUAGA PERDOMO, en su nombre y en el de su hijo JOHN ALEXANDER TORRES ARTUNDUAGA, la suma de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTO SETENTA Y UN ($21.224.571), por concepto de mesadas pensionales adeudadas desde el 2 de noviembre de 2015 hasta la mesada de enero de 2018; valor que corresponde en un 50% para cada uno de los nombrados.

TERCERO: CONDÉNASE a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a pagar a la señora LUZ MARINA ARTUNDUAGA PERDOMO y a su menor hijo JOHN ALEXANDER TORRES ARTUNDUAGA, intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera, desde el 19 de octubre de 2016 y hasta cuando se haga efectivo el pago de las mesadas aquí reconocidas.

CUARTO: ORDENASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, que descuente del valor

reconocido a la parte demandante, el 12% que se dirigirá al Sistema General de Salud.

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QUINTO: ORDENASE a ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, que continúe pagando la mesada pensional en un 50% para cada uno de los beneficiarios, la que en su integridad asciende para 2018 a $781.242.

SEXTO: DECLARÁNSE no probadas las excepciones propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONESdenominadas inexistencia del derecho reclamado o cobro de lo no debido, buena fe, prescripción, no hay lugar al cobro de intereses moratorios, presunción de legalidad del acto administrativo, aplicación de normas legales y probada la de no hay lugar a indexación.

SÉPTIMO: CONDENASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a pagar las costas causadas en esta instancia a favor de la señora LUZ MARINA ARTUNDUAGA PERDOMO, quien actúa en nombre propio y en el de su menor hijo JOHN ALEXANDER TORRES ARTUNDUAGA

[…]. En lo que interesa al recurso extraordinario, debe precisarse que la juez estableció que estaba demostrada la densidad de aportes exigida por el numeral 2 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de sobrevivientes, esto es, 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento del causante. Además, aclaró que el hecho de que se hubiese otorgado una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al afiliado no impedía el

reconocimiento de la prestación ahora reclamada, toda vez que no son incompatibles porque cubren contingencias diferentes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Neiva, el 18 de septiembre de 2020 conoció el recurso de apelación formulado por la demandada, así como el grado

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Radicación n.° 92109 jurisdiccional de consulta a su favor. Mediante sentencia dictada el 18 de septiembre de 2020, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y orígenes anotados.

SEGUNDO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES de la totalidad de las pretensiones incoadas en frente suyo por LUZ MARINA ARTUNDUAGA PERDOMO, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad JOHN ALEXANDER

TORRES ARTUNDUAGA.

TERCERO: DECLARAR probadas las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe y aplicación de normas legales, sin necesidad de pronunciarse respecto de las restantes.

CUARTO: CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la demandante […] Indicó que el problema jurídico consistía en determinar si fue acertada la decisión de primer grado, al ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada.

Resaltó que la norma aplicable al caso era la vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado, y como quiera que Faustino Torres murió el 2 de noviembre de 2015

(folio 6), aplicaban los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de

2003. Además, adujo que la prestación reclamada tenía como finalidad «amparar a la familia del trabajador que dependía económicamente de aquel», para que pueda seguir sufragando sus necesidades.

Precisó que los siguientes hechos no fueron objeto de debate: i) el causante nació el 22 de mayo de 1950; ii) estuvo afiliado al RPM y cotizó ante el ISS entre el 3 de agosto de

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Radicación n.° 92109 1970 y el 30 de octubre de 2015; iii) mediante Resolución GNR 79260 de 2013, le fue reconocida una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por el periodo del 3 de agosto de 1970 al 29 de julio de 2012, equivalente a 229 semanas en cuantía de $1.857.059; iv) falleció el 2 de noviembre de 2015 por causa de origen no profesional; v) convivió con su compañera permanente, Luz Marina Artunduaga Perdomo, desde el 15 de marzo de 2005 hasta el momento de su muerte, y tuvieron un hijo, John Alexander Torres Artunduaga; y vi) la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante Resoluciones GNR 2988838 de 2016 y VBP 45179 de 2016. Partiendo de estas premisas, aseguró que la discusión se centraba en establecer si la concesión de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez impedía el otorgamiento de

la prestación de sobrevivientes, «dada su incompatibilidad». Adujo que en sentencia CSJ SL9769-2014 se precisó que no existía incompatibilidad entre estas prestaciones económicas, siempre que se cumplieran las exigencias legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues no cubrían la misma contingencia. Sin embargo, también advirtió que mediante providencia CSJ SL1624-2018, la Corte fue enfática en señalar que bajo las reglas de la Ley 797 de 2003, no era procedente reconocer la prestación de sobrevivientes, en los eventos en que el causante hubiese tramitado y recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos. Así, citó lo dicho en esta última sentencia:

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Radicación n.° 92109 La L. 797/2003, art. 12, par 1º, es absolutamente clara en señalar que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al amparo de esta norma, si el ‘afiliado’ o causante ‘(…) hubiese tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley’; nunca si los beneficiarios hubiesen tramitado o recibido la indemnización sustitutiva, que es precisamente el caso bajo estudio, pues si esto ocurre y en el proceso laboral se demuestra que el causante reunía las exigencias contempladas en el régimen de transición para tener derecho a la pensión de vejez, el pago de dicha indemnización sustitutiva, se ha de entender hecho a título provisional, y lo

procedente será ordenar la compensación, toda vez que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, per se, implica que no había lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Reiteró que estaba demostrado que al causante le había sido otorgada la mencionada indemnización, tal como se derivaba de la Resolución GNR79260 de 2013 (folios 41 y 42), y que «le fue entregada directamente a este», lo que implicaba que su «heredero» y compañera permanente no tuvieran derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada. Aclaró que, según la jurisprudencia de esta Sala, la compatibilidad entre la indemnización sustitutiva por vejez y la pensión de sobrevivientes, solamente operaba cuando «sean los causahabientes del causante quienes adelanten o reciban la primera prestación y que éstos mismos sean los solicitantes del reconocimiento de la prestación económica derivada de la muerte del afiliado». Pero en este caso, al ser imperativo estudiar el derecho reclamado bajo las reglas de la Ley 797 de 2003, es evidente que no había lugar a las pretensiones de la parte actora.

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Radicación n.° 92109 Luego de recordar algunos apartes de la decisión CSJ SL13645-2014, en la que se analizó el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, precisó que, en este caso, Faustino Torres no era beneficiario del régimen de transición ni reunió las semanas requeridas para alcanzar el «derecho pensional», toda vez que entre el 3 de agosto de 1970 y el 29

de julio de 2012, solamente sufragó 229 semanas, de ahí que hubiese solicitado la indemnización sustitutiva. Refirió que el afiliado continuó cotizando al sistema de seguridad social en pensiones entre el 1 de diciembre de 2012 y el «2 de agosto de 2015»; sin embargo, «el número de semanas cotizadas (trescientas diecinueve 319) sumadas a las anteriores 229», son insuficientes para consolidar la pensión de vejez. Razón por la cual, «no se cumple con el presupuesto jurisprudencial citado». En ese orden, concluyó que lo procedente era revocar la sentencia apelada y consultada, y absolver a la demandada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso de casación fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la sentencia de primer grado.

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Radicación n.° 92109 Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión del Tribunal por ser violatoria de la ley sustancial, por «infracción directa de la ley sustancial por la interpretación errónea» de los artículos 37, 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 2, 4, 13 y 48 de la Constitución Política.

Dice que el Tribunal interpretó equivocadamente el

precedente jurisprudencial citado en la sentencia impugnada, en especial la decisión CSJ SL1624-2018, al concluir que la compatibilidad entre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes, solamente opera cuando son los causahabientes del afiliado fallecido quienes reciben la primera y luego reclaman la segunda prestación; y no si fue el asegurado quien obtuvo la indemnización sustitutiva por vejez y posteriormente, sus beneficiarios pretenden la prestación por el riesgo de muerte. Encuentra que esta postura del colegiado no se deriva de la sentencia mencionada y, además, desconoce lo expuesto en decisiones CSJ SL 27 ag. 2008, rad. 33885, CSJ SL 14 jul. 2009, rad. 34015, CSJ SL 25 mar. 2009, rad. 34014, CSJ SL 372-2013, CSJ SL46315-2013, CSJ SL97692014, CSJ SL4064-2019, en las que se precisó que la

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Radicación n.° 92109 indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes sí son compatibles, dado que se trata de riesgos y contingencias totalmente diferentes, pues la primera ampara la vejez y la segunda, la muerte. Luego de recordar algunos apartes de la sentencia CSJ SL4064-2019, señala que, si el juzgador hubiese interpretado y aplicado correctamente el precedente jurisprudencial, no habría concluido que las prestaciones discutidas eran incompatibles. Resalta que el Tribunal no hizo una correcta intelección

del parágrafo primero del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues no es cierto que esta norma disponga que si el afiliado recibe la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez deja desprovistos de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, «dada su incompatibilidad».

VII. RÉPLICA Colpensiones se opone de manera conjunta a los dos cargos. Explica que la decisión de segundo grado es acertada, toda vez que la entidad le otorgó al causante una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de $1.857.059 con base en 229 semanas, sin que se pueda establecer que se hubiesen reintegrado los valores reconocidos; circunstancia que impide acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Esto, resalta, porque el artículo 128 Superior prohíbe expresamente

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Radicación n.° 92109 percibir dos prestaciones económicas que provengan del erario, como sería la recibida por el señor Torres y la ahora reclamada. Agrega que las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no pueden volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto; de ahí que resulta jurídicamente improcedente la pensión pretendida. Además, pese a que el causante realizó aportes posteriores al reconocimiento de esta indemnización, previamente había declarado que no le era posible continuar cotizando.

VIII. CONSIDERACIONES El juez de la alzada consideró que bajo las reglas de la

Ley 797 de 2003, no había lugar a la pensión de sobrevivientes reclamada, por cuanto el causante había tramitado y recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Aclaró que la jurisprudencia tan solo ha previsto la compatibilidad de estas dos prestaciones, cuando son los mismos beneficiarios del asegurado quienes las reclaman y reciben, lo que no ocurría en este caso. La parte recurrente explica que este razonamiento contraviene el precedente jurisprudencial sobre la materia y evidencia una interpretación equivocada de las normas denunciadas, pues lo cierto es que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez sí es compatible con la pensión de sobrevivientes. Esto, porque se trata de prestaciones económicas que cubren contingencias

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Radicación n.° 92109 diferentes, pues la primera ampara el riesgo de vejez, y la segunda, el de la muerte. Así las cosas, a la Sala le corresponde establecer si el juez colegiado incurrió en error jurídico al concluir que la pensión de sobrevivientes era incompatible con la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por haber sido recibida por el causante. Dada la senda de ataque elegida, no es objeto de debate que: i) al causante Faustino Torres le fue otorgada una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez el 28 de abril de 2013, en cuantía de $1.857.059, por haber cotizado 229 semanas entre el 3 de agosto de 1970 y el 29 de julio de 2012;

1. que el causante continuó cotizando y efectuó aportes pensionales del 1 de diciembre de 2012 al 30 de octubre de 2015; y iii) que falleció el 2 de noviembre de 2015.

Ante escenarios fácticos como el aquí establecido, esta corporación ha reiterado que, bajo los principios que inspiran el sistema general de seguridad social, el reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al causante no impide el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, siempre que cumplan los requisitos legales para ello. Lo anterior encuentra fundamento en que se trata de prestaciones que amparan riesgos diferentes, esto es, vejez y muerte, con base en exigencias legales distintas para sus acreedores, por lo que nada le impide al afiliado que recibió

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Radicación n.° 92109 una indemnización por no haber reunido los requisitos para obtener la pensión de vejez en determinado momento, que continúe cotizando para cubrir otra clase de contingencias, y por ende, genere las prestaciones económicas pertinentes, como en este caso lo sería la pensión de sobrevivientes. Así lo explicó esta Corte en sentencia CSJ SL11234-2015, al reiterar lo expuesto en decisión CSJ SL 27 ag. 2008, rad. 33885: Al examinar la sentencia impugnada, encuentra la Corte que, en primer lugar, el Tribunal no incurrió en yerro jurídico al ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, no obstante haber encontrado acreditado que el causante en vida recibió la indemnización sustitutiva de la

pensión de vejez, toda vez que esta Sala ha resaltado que, a la luz de la filosofía y los principios del Sistema General de Seguridad Social, el reconocimiento que se haga de dicha indemnización no afecta la causación de la prestación de sobrevivientes, por cuanto se trata de dos beneficios legales diversos, que buscan amparar riesgos disímiles y, por tanto, se soportan en exigencias legales diferentes, por lo que nada se opone para que un afiliado, que no reunió en su momento los requisitos de la pensión de vejez y, por ello, se le cancele la citada indemnización, pueda seguir como asegurado del sistema pensional para otro tipo de contingencias y, con ello, genere las respectivas prestaciones económicas. En efecto, en la sentencia CSJ SL, 27 ago. 2008, rad. 33885, sobre este punto particular, esta Sala asentó: […]Visto lo anterior, la razón está de parte de la censura, habida consideración que el Tribunal efectivamente incurrió en el yerro hermenéutico que se le atribuye, pues como lo tiene adoctrinado esta Corporación, la circunstancia de que el afiliado haya recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, para el caso la prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, no impide que éste o sus derechohabientes se beneficien de una pensión distinta al riesgo de vejez, como sería el caso de la pensión de sobrevivientes que se causa es por la muerte del asegurado, eso sí siempre y cuando se reúnan los requisitos legales exigidos para esta precisa contingencia.

Lo dicho quiere decir, que un afiliado que no cumple con las exigencias para acceder al otorgamiento de una prestación por vejez, pudo dejar causado el derecho a favor de sus causahabientes a una pensión de sobrevivientes, cuyo

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Radicación n.° 92109 riesgo se repite es diferente aunque pertenezca al mismo seguro de I.V.M. o pensión, y como lo pone de presente la censura sus requisitos difieren entre uno y otro derecho pensional. […] Debe destacarse, además, que en el presente caso hay una sola afiliación que no desapareció con el pago de la indemnización sustitutiva, pues dicho reconocimiento no es un acto definitivo sino provisional, que bien puede revisarse ante un mejor derecho, como sucedió en el presente caso”. Por consiguiente, el Tribunal cometió los yerros jurídicos endilgados y trasgredió los preceptos legales que integran la proposición jurídica, al no distinguir entre el riesgo de vejez y el de muerte, y con fundamento en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 que prevé el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, negar la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del afiliado, cuyos requisitos están consagrados en el artículo 46 ibídem, máxime cuando el solicitar y recibir la indemnización de marras, no implica de ninguna manera la renuncia por parte del asegurado o sus derechohabientes a reclamar una eventual futura pensión por un riesgo distinto al de vejez. Este criterio ha sido igualmente expuesto en decisiones CSJ SL 25 mar. 2009, rad. 34014, CSJ SL372-2013, CSJ

SL9769-2014, CSJ SL16169-2015, CSJ SL4064-2019 y CSJ SL3868-2021, entre otras, con fundamento precisamente en que las contingencias que amparan la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes son diferentes, y en esa medida, nada obsta para que los beneficiarios del causante puedan recibir esta última, pese a que en vida aquel hubiese percibido la primera prestación referida. En la última decisión mencionada, CSJ SL 3868-2021, se reiteró lo expuesto en decisiones CSJ SL9769-2014 y CSJ SL11234-2015, y además se explicó que aceptar la no

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Radicación n.° 92109 contabilización de las semanas cotizadas luego del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, evidenciaría prejuicios en cuanto a la falta de capacidad de los adultos mayores para realizar una actividad laboral, y por tanto, para amparar otras contingencias como invalidez o muerte, lo que no podía ser avalado por la jurisprudencia. Así se indicó: Y es que, para la Sala, aceptar esa supuesta incompatibilidad no dispuesta por ley (artículo 6°. del Decreto 1730 de 2001) con el fin de desconocer las validez de las semanas que un afiliado cotice con posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sería tanto como coartar la posibilidad que las personas en edad pensional puedan beneficiarse de oportunidades en un mundo del trabajo en

continua evolución, a fin de reforzar estereotipos relativos a la incapacidad de los adultos mayores para ejercer cualquier actividad productiva dependiente o independiente. Aunado, es de recordar que un verdadero sistema de seguridad social en pensiones permite obtener resultados concretos que inciden realmente en la vida de las personas dadas las diversas situaciones y necesidades propias y de sus potenciales beneficiarios; luego, el ideal de responder con eficacia a cada una de ellas impone, por parte de los administradores de justicia, la adopción de decisiones no solo respetuosas de la ley, también que resulten sostenibles y reconozcan la especial condición de contracción económica que genera el hecho de arribar a cualquiera de las contingencias que aquel ampara –invalidez, vejez y muerte-. Entonces, el Tribunal incurrió en el yerro jurídico denunciado por la recurrente por cuanto la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez recibida en vida por el causante no les resta validez o eficacia a las cotizaciones que, posteriormente, sufragó; máxime cuando, pese al reconocimiento de dicha prestación, el afiliado reanudó su pertenencia al grupo poblacional frente al cual, el sistema de seguridad social ofrece cobertura para los riesgos de invalidez y muerte. En un primer momento, el Tribunal atendió el anterior criterio jurisprudencial que avala la compatibilidad entre las prestaciones discutidas, con fundamento incluso en la

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Radicación n.° 92109 sentencia CSJ SL9769-2014. No obstante, optó por acoger el criterio expuesto en decisión CSJ SL1624-2018, que no

resulta aplicable al presente asunto, como quiera que en esta última providencia se analizó la compatibilidad entre la devolución de saldos del RAIS y la pensión de sobrevivientes, ambos a favor de los causahabientes, que no es el caso aquí analizado, y se recordó lo expuesto al respecto en decisión CSJ SL13645-2014, así como la distinción con la hipótesis reglada en el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, así: Para responder esta acusación, basta señalar que la circunstancia de haber recibido los beneficiarios, los saldos de la cuenta individual del causante, en virtud de la devolución efectuada por la administradora demandada, no los priva de la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes deprecada, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, tanto la devolución de saldos como la indemnización sustitutiva son prestaciones que tienen el carácter de provisionales, y que no se constituyen en obstáculo para el disfrute de la prestación periódica cuando se demuestra que existe el derecho a ella, por ser la pensión la garantía máxima de la seguridad social y un beneficio irrenunciable en los términos del artículo 48 superior. En sentencia CSJ SL13645-2014, dijo la Corte sobre el tema: “A.- La L. 797/2003, art. 12, par 1º, es absolutamente clara en señalar que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al amparo de esta norma, si el ‘afiliado’ o causante ‘(…) hubiese tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el

artículo 66 de esta ley’; nunca si los beneficiarios hubiesen tramitado o recibido la indemnización sustitutiva, que es precisamente el caso bajo estudio, pues si esto ocurre y en el proceso laboral se demuestra que el causante reunía las exigencias contempladas en el régimen de transición para tener derecho a la pensión de vejez, el pago de dicha indemnización sustitutiva, se ha de entender hecho a título provisional, y lo procedente será ordenar la compensación, toda vez que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, per se, implica que no había lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva”. De tal manera, que como en esta controversia se demostró el

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Radicación n.° 92109 derecho de los beneficiarios a la prestación periódica de sobrevivientes, lo procedente era como hicieron los juzgadores de instancia, reconocerla y autorizar a la demandada a descontar lo pagado en razón de la devolución de saldos. Debe recordarse que la pensión de sobrevivientes fue otorgada en primera instancia con fundamento en la hipótesis general prevista en el numeral 2 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, esto es, por haber acreditado 50 semanas cotizadas en los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, y no con base en la regla prevista en el parágrafo primero del artículo 12 de esta misma ley, relativa a que también habrá lugar al derecho a la pensión de sobrevivientes, «cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado

o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos», que fue la analizada erróneamente por el Tribunal. Y es respecto de esta última hipótesis legal que la jurisprudencia invocada por el colegiado alude a la exigencia de no haber tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sin que sea esta la fuente normativa del derecho pensional aquí reclamado. De ahí que, en este caso particular, debe seguirse el criterio general de esta corporación, expuesto de manera reiterada por la jurisprudencia inicialmente referida (CSJ SL11234-2015, CSJ SL 25 mar. 2009, rad. 34014, CSJ

SL372-2013, CSJ SL9769-2014, CSJ SL 16169-2015 y CSJ

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Ra