CSJ - SL650-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL650-2023 Radicación n.° 94101 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLÍNICA HIGEA IPS S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el veintidós (22) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauró RICARDO

ALEJANDRO GRANADOS JIMÉNEZ.

I. CUESTIÓN PREVIA En Solicitud del 16 de agosto de 2022, el último pidió que se declarara desierto el recurso de casación por carecer de proposición jurídica, en tanto no se señalaron las normas legales sustantivas del orden nacional que se estiman violadas, como lo exige el literal a) de numeral 5° del artículo 90 del CPTSS (archivo «Recursos Extraordinarios Casacion_Memorial_2022040800228», cuaderno digital de la

Corte).

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Radicación n.° 94101 Con posterioridad a dicho pedimento, se profirió el auto del 5 de octubre de 20221, a través del cual se calificó la demanda extraordinaria, se indicó que cumplía los requisitos de ley y se ordenó correr traslado al opositor. Ahora, aunque en la referida providencia no se hizo mención al memorial radicado por el replicante, la Sala estima que lo pedido quedó resuelto a través de tal decisión, por cuanto en la misma se verificó, no solo que el recurso se

hubiese sustentado en término, sino que se ciñera a los requisitos mínimos del artículo 90 del CPTSS, dentro de los cuales claramente se encuentra el que echa de menos aquél, por lo que no hay asunto pendiente de resolver.

II. ANTECEDENTES Ricardo Alejandro Granados Jiménez llamó a juicio a Clínica Higea IPS S. A. para que le pagara prestaciones sociales, vacaciones, «honorarios derivados del contrato de prestación de servicios», la indemnización moratoria del artículo 65 del CST y la sanción moratoria del 99 de la Ley 50 de 1990; lo probado y las costas.

Narró que prestó sus servicios para la enjuiciada mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 23 de agosto de 2012 hasta el 30 de abril de 2015; que adicionalmente celebró uno de prestación de servicios entre 1 Archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Auto Que Califica Demanda Y ordena Traslado Al opositor_2022113301017», ib.

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Radicación n.° 94101 los mismos extremos; que ambos fueron concurrentes y coetáneos; que el último salario devengado, en el marco del vínculo laboral, fue de $4.500.000 mensuales; que por el segundo recibía como honorarios $2.500.000; que la jornada que cumplía era de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y, sábados y domingos, realizaba turnos de 6, 12, 18 y 24 horas según se requiriera.

Relató que el cargo ocupado en ejecución del contrato laboral fue el de coordinador médico y, en el de prestación de servicios, se desempeñó como médico general; que se le adeudan $72.700.000 por concepto de honorarios, así como las primas de servicio, cesantías e intereses, más las vacaciones por todo el periodo laborado; que se retiró voluntariamente del servicio (f.° 1 a 7, cuaderno 1 del juzgado).uy Clínica Higea IPS S. A. se opuso a las pretensiones. Admitió que el actor se desempeñó como médico general y que su salida fue voluntaria. Negó los restantes hechos. Aclaró que el contrato de trabajo inició el 16 de agosto de 2013; que el cargo fue el de médico general con funciones de coordinación médica en el servicio de urgencias, con una asignación mensual de $2.500.000, por ocho horas de trabajo; que el demandante se desempeñaba como coordinador médico en el servicio de hospitalización, organizando los tunos de los médicos generales; que realizaba turnos de hospitalización en horas de la mañana en algunas ocasiones y consulta externa.

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Radicación n.° 94101 Precisó que el contrato de prestación de servicios se celebró el 1° de septiembre de 2012 y finalizó en julio de 2013; que, durante dicho periodo, el accionante era médico de planta de la sociedad Ucigea SAS, lo que le impedía prestar el servicio por 8 horas diarias en otra entidad; que siempre que el médico realizó turnos por evento, lo hacía por

petición suya en el marco de su voluntad y la libertad. Propuso como excepciones de mérito las que denominó indebida acumulación de pretensiones y «pago de lo no debido» (f. ° 188 a 191, ib).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, el 13 de octubre de 2017, resolvió: PRIMERO: Que entre el demandante RICARDO GRANADOS JIMÉNEZ […] y la demandada CLÍNICA HIGEA IPS S. A. existió un contrato de trabajo cuyos extremos temporales fueron el 23 de agosto de 2012 al 27 de abril de 2015, para desempeñar el cargo de COORDINADOR MÉDICO en la CLÍNICA HIGEA y con asignación mensual de $4.500.000. Y declarar que entre las mismas partes existió en el mismo plazo un contrato de prestación de servicio como MÉDICO GENERAL por turnos con una asignación de $2.500.000 pesos, tal como fuera expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA HIGEA IPS S.

A. a reconocer y pagar al demandante RICARDO GRANADOS JIMÉNEZ las diferencias de prestaciones sociales y vacaciones que fuera expuesta en la parte considerativa de la providencia por la suma de $20.024.527 pesos.

TERCERO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA HIGEA IPS S.

A. a reconocer y pagar al demandante RICARDO GRANADOS JIMÉNEZ la suma de $72.700.000 pesos por concepto de diferencias de honorarios correspondientes al contrato de

prestación de servicios como MÉDICO GENERAL de la CLÍNICA HIGEA IPS, según lo expuesto en la parte considerativa de esta

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Radicación n.° 94101 providencia.

CUARTO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA HIGEA IPS S.

A. a reconocer y pagar al demandante RICARDO GRANADOS JIMÉNEZ una indemnización moratoria por falta de pago completo de sus cesantías según fuera expuesto en la parte considerativa de esta providencia por la suma total de $85.428.000 pesos.

QUINTO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA HIGEA IPS S. A. a reconocer y pagar al demandante RICARDO GRANADOS JIMÉNEZ una indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C. S. del T. en los términos en que se dejaron expuestos en la parte considerativa de la providencia por la suma de $108.000.000 pesos.

SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito formuladas por la demandada CLÍNICA HIGEA IPS S. A., por las razones que se dejaron expuestas.

SÉPTIMO: CONDENAR a la demandada CLÍNICA HIGEA IPS S.

A. a reconocer y pagar al demandante RICARDO GRANADOS JIMÉNEZ las diferencias en aportes de la seguridad social en salud y pensiones durante todo el tiempo laborado, esto es, del 23 de agosto de 2012 al 27 de abril de 2015, sobre el salario verdaderamente percibido por el demandante, esto es, la suma de $4.500.000 pesos y pagar los intereses moratorios que se generen como consecuencia del pago de tales diferencias.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la firma CLÍNICA HIGEA IPS

S. A. Se fija como AGENCIAS EN DERECHO, la suma equivalente al 15 % del valor de las condenas impuestas en esta providencia.

Se deja constancia que las liquidaciones realizadas por el Despacho hacen parte integrante de esta sentencia (Acta de f. ° 527 a 530, en relación con los CDs de f. ° 526 y 527A, ib).

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 22 de noviembre de 2019, al resolver el recurso de apelación de la demandada, confirmó la de primer grado.

Dijo que determinaría cuál fue el extremo inicial del contrato de trabajo entre el actor y la demandada, así como

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Radicación n.° 94101 la retribución pactada por las partes, tanto en el vínculo contractual laboral como en el de prestación de servicios. Denotó que los fundamentos jurídicos de la decisión serían los artículos 22, 23, 24, 25, 65 y 306 del CST y 167 del CGP, así como las sentencias CC C665-1998 y CSJ SL1058-2019; que los hechos sobre los que no existía controversia eran: […] A f.° 14 a 15 reposa contrato de prestación de servicios suscrito entre el actor y la demandada el 1° de setiembre de 2012. A f.° 16 milita certificación laboral del actor suscrita por la jefa de recursos humanos de la demandada con fecha 28 de abril de 2014 en la que se hace constar que el actor labora en esta

empresa en el cargo de coordinador médico, por medio de contrato a término indefinido, desde el 23 de agosto de 2012 hasta la fecha, con una asignación mensual de 4.500.000, más un contrato de prestación de servicios como médico general de $2.500.000. A f.° 85 certificación laboral expedida por UCIGEA SAS la cual da cuenta que el actor laboró para dicha sociedad entre octubre de 2012 a junio de 2013. A f.° 178 reposa certificación expedida por la jefa de talento humano de la demandada con fecha 6 de agosto de 2013 donde certifica que el actor labora en la empresa por medio de contrato de prestación de servicios en el cargo de coordinador médico desde el 23 de agosto de 2012 hasta la fecha devengando honorarios mensuales promedio de $4.500.000. Precisó que, para acreditar la existencia del contrato de trabajo, se han establecido tres elementos: la prestación personal del servicio, el salario y la subordinación; que la jurisprudencia ha asentado que, cuando se «alega el contrato de trabajo», basta probar la prestación personal del servicio para que se traslade la carga de la prueba en cabeza del demandado, quien debe desvirtuar la existencia de ese vínculo. Afirmó que ese primer elemento, para desempeñarse

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Radicación n.° 94101 como coordinador médico desde el 23 de agosto de 2012, se demostró con la certificación de f.° 178 ibidem; con las declaraciones de los testigos Margarita Rosa Ruíz Romero y Yasmín Candelaria Pascuales Romero y con lo manifestado

por el representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte; que aunque la enjuiciada sostuvo que el vínculo contractual no era laboral, no bastaba con exhibir un contrato de prestación de servicios (f.° 14 y 15, ib), pues este no constituía una plena prueba de que la relación fue no laboral (CC C695-1998). Añadió que del dicho de los declarantes emergía que el promotor de la acción siempre desempeñó las mismas funciones de coordinador médico, siendo el encargado de coordinar los turnos y horarios que debían realizar los galenos generales adscritos al área de hospitalización, estar atento a cubrir cualquier ausencia de estos; que también ejerció labores de auditor de las cuentas e historias clínicas, actividades conexas e intrínsecas al objeto social de la IPS, a saber «la prestación de servicios de salud en atención médica integral, hospitalarios, cuidados básicos de adultos, niños y recién nacidos, procedimientos intensivos, terapéuticos», al tenor del certificado de existencia y representación (f.° 10 a 13, ibidem). Apuntó que la reclamada cuestionó el contenido de la certificación aportada por el actor (f.° 16, ib), aduciendo que lo allí consignado no era cierto, en tanto que la persona que lo suscribió concurrió como testigo y desconoció su contenido; que el juez laboral debe tener como un hecho

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Radicación n.° 94101 cierto lo expresado en cualquier constancia expedida por el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, tiempo de servicios, el salario o sobre otro tema, por

lo que la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje duda (CSJ SL6621-2017). Resaltó que el juzgador debe acentuar el rigor de su juicio probatorio y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas; que el desconocimiento efectuado por la declarante Pascuales Romero no era suficiente para restarle valor demostrativo a la constancia en mención, pues aquella señaló que no podía tacharla de falsa e indicó que el formato correspondía a los utilizados en el área de talento humano dirigida por ella; que al tenor del artículo 167 del CGP, aplicable en virtud del 145 del CPTSS, no se aportó otra prueba que confrontara la certificación más allá del dicho de la testigo, lo que según la jurisprudencia se considera un medio probatorio ineficaz para controvertir lo plasmado en dicho documento. Indicó que en certificación laboral expedida por Ucigea SAS (f. ° 85, ib), se dijo que el actor laboró para dicha entidad del 10 de octubre de 2012 al 30 de julio de 2013; que éste en su interrogatorio negó categóricamente que hubiera existido vínculo laboral con esa sociedad, la cual no fue llamada al proceso; que si se admitiera tal certificación, no quebraría la conclusión de la primera instancia, acogida por el Tribunal con base en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pues en materia laboral se cuenta con la figura

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de la coexistencia de contratos (artículo 25 del CST) y no se acreditó que existiese cláusula de exclusividad. Advirtió que las reglas de la experiencia y la práctica laboral evidenciaban comúnmente que en el gremio médico los profesionales de la salud laboran en varias clínicas u hospitales, precisamente porque las prestaciones de servicios generalmente se organizan en turnos, resultando factible que el demandante tuviese dos contratos de trabajo con distintas clínicas. Refirió que si bien la apelante aseguró que solo adeudaba $28.134.790 por concepto de honorarios, ello no se demostró en el plenario, siendo carga probatoria de aquella en consideración a que el reclamante efectuó una negación indefinida «en relación a que la demandada le adeudaba la suma de $72.700.000» y no se aportaron constancias de pago de tales dineros; que aunque de f. ° 9 a 29 del cuaderno de segunda instancia, se allegaron cheques girados a nombre del señor Granados Jiménez, demostraban el pago de los servicios prestados por él en los turnos por evento, es decir, aquellos que extraordinariamente debía cubrir. Explicó que no abordaría el tema de la improcedencia de la indemnización moratoria y la condena en costas, señaladas por la demandada en los alegatos de conclusión ante el Tribunal, puesto que aquellos no hicieron parte de los reparos formulados ante el juez inicial al sustentar el recurso de alzada, lo que iría en contra del principio de congruencia.

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Radicación n.° 94101 El apoderado de la accionada solicitó la adición de la

decisión, argumentando que en la apelación se dijo que «las condenas fueron excesivas» y, según la RAE, «excesivo» es todo aquello que está por fuera de los parámetros normales y «las condenas» incluían la sanción moratoria; pedimento que fue negado por el colegiado quien consideró que, según los principios de congruencia y consonancia, la apelación debe ser precisa, pues la segunda instancia solo se pronuncia sobre aquellos aspectos debidamente sustentados, mientras que en este caso únicamente se cuestionó «la condena sobre contrato de trabajo y el monto de los honorarios y nada dijo sobre la indemnización moratoria» (acta de f. ° 54, en relación con el CD de f. ° 55, cuaderno del Tribunal).

V. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case parcialmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, […] se REVOQUEN los numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de la sentencia de primera instancia para en su lugar ASBSOLVER[LA] […] de la declaración impuesta en el numeral 1 de la sentencia de primera instancia, REVOCAR las condenas impuestas en los numerales 2, 4, 5, 7 de la sentencia de primera instancia, revocar la declaración efectuada o plasmada en la (sic) numeral 6 para en su lugar DECLARAR probada (sic) las excepciones de mérito formuladas por la demandada y se MODIFIQUEN los numerales 3 y 8 de la sentencia de primera instancia para en su lugar

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Radicación n.° 94101 condenar[la] […] a pagar al demandante la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($28.134.790) por concepto de honorarios profesionales y CONDENAR a la demandada a pagar al demandante el 3.5 % de la condena a modificar en el numeral 3 de la sentencia de primera instancia (negrillas del texto. f. ° 4 y 5, archivo «Recursos Extraordinarios Casacion Demanda de Casacin_2022104220996», cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar, en primer lugar, inicial y, conjuntamente los demás, en tanto se erigen por la misma vía, comparten proposición jurídica y se sustentan en idénticos argumentos.

VII. CARGO PRIMERO Denuncia que el segundo fallo trasgrede la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de «aplicación indebida por violación indirecta de los artículos 66A del

[CPTSS], en armonía con el artículo 281 del [CGP], artículo 65 del [CST] y artículo 99 de la Ley 50 de 1990». Manifiesta que el Tribunal incurrió en dicha infracción al apreciar erróneamente la pieza procesal contenida en la sustentación oral del recurso de apelación, lo que lo llevó a cometer los siguientes yerros protuberantes de hecho:

1. Dar por demostrado, NO estándolo, que la inconformidad de la parte demandada, sustentada oralmente en el Recurso de

Apelación, consistió o versó solamente en cuál fue el extremo inicial del Contrato de Trabajo entre el actor y la demandada, así como determinar el salario de dicho Contrato, de igual manera determinar cuál fue el salario pactado por las partes, tanto en el Contrato de Trabajo como el de Prestación de Servicios.

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2. NO dar por demostrado, estándolo que la inconformidad de la parte demandada, sustentada oralmente en el recurso de apelación, consistió o versó sobre la TOTALIDAD de la CONDENA impuesta en primera instancia.

3. DAR por demostrado, NO estándolo, que dentro de las inconformidades planteadas por la parte demandada en el Recurso de Apelación, NO se incluyó la CONDENA de indemnización moratoria por falta de consignación de cesantías ordenada en el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.

4. NO dar por demostrado, estándolo, que dentro de las inconformidades planteadas por la parte demandada en el Recurso de Apelación, se incluyó la CONDENA de indemnización moratoria por falta de consignación de cesantías ordenada en el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.

5. DAR por demostrado, NO estándolo, que dentro de las inconformidades planteadas por la parte demandada en el Recurso de Apelación, NO se incluyó la CONDENA de INDEMNIZACION MORATORIA por falta de pago ordenada en el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.

6. NO dar por demostrado, estándolo, que dentro de las inconformidades planteadas por la parte demandada en el Recurso de Apelación, se incluyó la CONDENA de INDEMNIZACIÓN MORATORIA por falta de pago ordenada en el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. 5. (sic) DAR por demostrado, NO estándolo, que dentro de las inconformidades planteadas por la parte demandada en el Recurso de Apelación, NO se incluyó el monto de la CONDENA por COSTAS ordenada en el numeral 8 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. 6. (sic) NO dar por demostrado, estándolo, que dentro de las inconformidades planteadas por la parte demandada en el Recurso de Apelación, se incluyó el monto de la CONDENA por COSTAS ordenada en el numeral 8 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. 7. (sic) NO dar por demostrado, estándolo, que la parte demandante obró de BUENA FE y conforme a lo pactado tanto en el contrato de trabajo como en el contrato de prestación de servicios. 8. (sic) DAR por demostrado, NO estándolo que la demandada obro de mala fe.

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Radicación n.° 94101 Dice que, acorde con el artículo 66 A del CPTSS, el colegiado no valoró que el recurso de apelación interpuesto por ella giró en torno a varias inconformidades y alegó y sustentó la excesiva condena impuesta en primera instancia, así como que el fallo iba en detrimento suyo y ocasionaba un

enriquecimiento sin causa a favor del reclamante. Define las palabras «condena», «excesiva» y «exceder» acorde con lo dicho por la Real Academia de la Lengua Española y se pregunta: ¿Cuál fue la condena impuesta en primera instancia? RTA: El a quo Resolvió que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 23 de agosto de 2012 al 27 de abril de 2015 para desempeñar el cargo de Coordinador Médico en la CLÍNICA HIGEA I.P.S S. A. y con una asignación mensual de $4.500.000 e igualmente declaró que entre las partes existió en el mismo lapso de tiempo un contrato de prestación de servicios como Médico General con una asignación de $2.500.000, en consecuencia CONDENÓ a la CLÍNICA HIGEA IPS S. A. a reconocer y pagar al demandante las diferencias de prestaciones sociales y vacaciones en cuantía de VEINTE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($20.024.527), igualmente condenó a la demandada a pagar al demandante la suma de SETENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS ($72.700.000) por concepto de diferencia de honorarios profesionales correspondientes al contrato de prestación de servicios como MÉDICO GENERAL de la demandada. Condenó a la demandada a reconocer y pagar al demandante la indemnización moratoria por falta de pago completo de sus cesantías en suma de $85.428.000. Condenó a la demandada a reconocer y pagar al demandante la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S del Trabajo en cuantía de $108.000.000. CONDENÓ a la demandada

a pagar al demandante la diferencia de aportes a la Seguridad Social y Pensiones para el lapso de tiempo comprendido entre el 25 de agosto de 2012 a abril de 2015, sobre el salario de $4.500.000 y pagar los intereses moratorios que se generen como consecuencia del pago de tales diferencias. CONDENÓ a la demandada en costas para lo cual fijó agencias en derecho en cuantía del 15 % del valor de las condenas impuestas.

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Radicación n.° 94101 Estima que al manifestar que la decisión iba en detrimento suyo y enriquecía sin causa al solicitante, el juzgador plural adquirió competencia para estudiar «cada una y/o la totalidad de las condenas» impuestas por el juzgado, pues al indicarse además que estas fueron excesivas y que solo le debe al señor Granados Jiménez $28.134.790 por concepto de honorarios profesionales, aquel no interpretó que la voluntad del apelante era que estudiara y revisara todas las cargas impuestas por el juez inicial; que en la alzada no se especificó la inconformidad respecto de una u otra de las ocho que se impusieron, sino que se generalizó al expresar que al respecto hubo exceso. Reproduce apartes de la sentencia CSJ SL2010-2019 como fundamento de su afirmación relacionada con que el juez plural quebrantó el principio de consonancia al concluir que la inconformidad planteada en el recurso de alzada se limitó al extremo inicial y al salario del contrato de trabajo, así como la remuneración pactada por los contendientes para el contrato de prestación de servicios, cuando en realidad debía estudiar lo relativo a: i) indemnización moratoria por

falta de consignación de cesantías (numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia); ii) indemnización moratoria por falta de pago (numeral quinto) y, iii) el monto de las costas (numeral 8). Alega que, si la segunda instancia no hubiese incurrido en la infracción endilgada, necesariamente habría estudiado los gravámenes mencionados y revocado los mismos (f.° 5 a 8, ib).

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VIII. RÉPLICA Ricardo Alejandro Granados Jiménez, luego de transcribir el recurso de apelación, afirma que este se centró en la inexistencia del contrato laboral y la condena excesiva, en tanto se afirmó que lo adeudado por el vínculo de prestación de servicios era $28.134.790, dirigiéndose el recurso contra los numerales primero parcial y tercero de la sentencia de primera instancia; que frente a la pretensión de los $72.700.000, en la contestación de la demanda ordinaria se dijo que se debía probar, por lo que no se infringió ninguna de las normas de la proposición jurídica.

Discute que en la demostración del ataque se pretenda salvar la precaria formulación del mismo acudiendo al significado de la palabra «exceder», cuando el artículo 66 A del CPTSS es claro en que las materias objeto de recurso de apelación se deben plantear en la impugnación; así como debate que la recurrente pretenda que los alegatos de segunda instancia le sean tenidos en cuenta como tema de apelación. Advierte que aquélla debió acudir a la senda jurídica

«teniendo en cuenta que las normas 66A del [CPTSS] y el 281 del [CGP] son los medios para la aplicación indebida de los artículos 65 del [CST] y 99 de la Ley 50 de 1990» (f.° 1 a 6, archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Escrito de oposicin_2022115902146», cuaderno ib).

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IX. CONSIDERACIONES Si bien la impugnación no se formula en términos adecuados, en tanto no se menciona la violación medio, no asiste razón al opositor cuando afirma que debió acudirse a la senda jurídica para proponerla, pues como lo tiene dicho la jurisprudencia, la vía indirecta es la adecuada para atacar la sentencia de segunda instancia por violación del principio de consonancia, en la medida que el juez extraordinario debe revisar la pieza procesal contentiva del recurso de alzada, para determinar si el juez colegiado se ciñó a lo allí planteado, se extralimitó o dejó de pronunciarse sobre algún reparo efectuado al primer proveído (CSJ SL17515-2016 y CSJ

SL3165-2018). Contexto en el que se aprecia un conflicto de legalidad bien definido, planteado en la acusación, relativo a que el Tribunal incurrió en la violación medio del artículo 66 A del CPTSS que llevó la trasgresión de los de los preceptos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, que contienen los dos tipos de resarcimiento por mora que forman parte de la condena

de cuya ilegalidad se duele la censura. Impera recordar que el colegiado manifestó expresamente en sus consideraciones que no se pronunciaría respecto de la indemnización moratoria y la condena en costas, en tanto fueron disentimientos introducidos por la acudiente en casación en sus alegatos de conclusión ante la segunda instancia, empero no hicieron parte del tema de apelación sustentado al proponer el recurso ante el juez inicial.

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Radicación n.° 94101 En contraposición, la recurrente afirma que, al expresar en su alzada que «la condena fue excesiva» necesariamente debía entenderse que se refería a todos los gravámenes impuestos por el juez unipersonal, otorgando con ello competencia al fallador plural para pronunciarse sobre: i) la indemnización moratoria por falta de consignación de cesantías (numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia); ii) la indemnización moratoria por falta de pago (numeral quinto) y iii) el monto de las costas (numeral 8). Importa recordar que el principio de consonancia al que se refiere el artículo 66 A del CPTSS atañe con la correspondencia entre la sentencia y los temas planteados en la alzada, esto es, con el ejercicio adecuado de competencia funcional por parte del juez de segundo grado, motivo por el cual se puede vulnerar por exceso o por defecto, cuando en ese marco se resuelven aspectos no planteados o no se decide sobre tópicos impugnados (CSJ SL9512-2017, CSJ SL29922020 y CSJ SL3809-2020). Ahora, esa conceptualización, en modo alguno ata al fallador a determinada solución o aplicación jurídica, porque en cualquier evento es él quien debe realizar el juicio de adecuación normativa pertinente, debido a que lo que se somete a su consideración son los tópicos de la apelación, no los argumentos que la soportan (CSJ SL15036-2014 y CSJ SL378-2018).

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Radicación n.° 94101 Lo dicho, con la necesaria precisión de que también podrán ser objeto de pronunciamiento jurisdiccional por parte del juez de segundo grado, todos aquellos aspectos no apelados que: i) atañen con derechos fundamentales (CSJ SL12869-2017, reiterada en la CSJ SL2808-2018); ii) están íntimamente ligados con el tópico recurrido, de conformidad con el artículo 328 del CGP (CSJ SL7783-2017) o, iii) en garantía de elementos de raigambre superior deben definirse de oficio, como la declaración de falta de jurisdicción o de cosa juzgada (CSJ SL10610-2014 y CSJ SL11251-2017). En ese contexto, se quebranta el principio en comento (en la modalidad de aplicación indebida), cuando el Tribunal, de un lado, no se pronuncia sobre un tema propuesto en la alzada, a pesar de que su mención sea breve, siempre y cuando, esta tenga un desarrollo coherente (CSJ SL27642017 y CSJ SL1750-2017) o, de otro, cuando emite un juicio sobre un aspecto no recurrido que no tuviere relación con los

derechos mínimos e irrenunciables o que no correspondiera con un tema de inescindible o de imperativa decisión. En la apelación dijo la recurrente: Ante la sentencia proferida por el despacho, presento mi recurso de apelación el cual sustento de la siguiente manera: Pienso que la condena interpuesta (sic) por el despacho es excesiva. En cuanto a lo que tenemos que mirar en el acervo probatorio tenemos que quedó demostrado en el proceso de que el señor Ricardo Granados antes de llegar a la Clínica Higea como trabajador a término indefinido con un contrato de trabajo tenía un contrato vigente con UCIGEA SAS, el cual él debía cumplir con un horario de 8 horas tal cual como se expuso y como se relató aquí en las declaraciones que rindieron las señoras Margarita Ruiz y Yasmín Pascuales Romero, también quedó

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Radicación n.° 94101 demostrado, también dejamos demostrado y quedó