CSJ - SL652-2023

República de Colombia Code Suprema de Justicia Sala de Guachi. Lateral Sala de Desconeesdis 113 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL652-2023 Radicación n.° 85603 Acta 09 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por FONIER SOLÍS RENTEFtÍA, HÉCTOR FABIO CEDEÑO SALAZAR, HÉCTOR FABIO TREJOS CABRERA, JESÚS VICENTE ROSERO y MARCIAL DAZA CANCIMANSE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 23 de abril de 2019, en el proceso que promovieron contra la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. Téngase en cuenta la renuncia al poder presentada el 9 de marzo de 2022, por el abogado Luis Fernando Rojas Arango, representante judicial del Ingenio Pichichi S.A., en los términos del inciso 4 del articulo 76 del CGP.

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Radicación n.° 85603

I. ANTECEDENTES

Fonier Solís Rentería, Héctor Fabio Cederio Salazar, Flector Fabio Trejos Cabrera, Jesús Vicente Rosero y Marcial Daza Cancimanse, llamaron ajuicio a Ingenio Pichichi S.A., para que se declarara que entre las partes existió «un contrato laboral realidad, a término indefinido» y (fueron enviados en misión por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROGRESEMOS [.. .] a la sociedad INGENIO PICHICHI, para

realizar las labores de CORTE DE CAÑA». En consecuencia, pidieron se condenara a la accionada con base en el tiempo laborado por cada uno, a pagarles auxilio de cesantía, sus intereses, primas de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, aportes al sistema de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales; indemnización por despido sin justa causa, las sanciones de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; perjuicios morales por 500 salarios mínimos, indexación sobre las condenas y, las costas procesales. Como fundamento de sus pretensiones, relataron que eran asociados de la Cooperativa Progresemos, pero remitidos en misión a prestar sus servicios bajo la subordinación del Ingenio Pichichi S.A.; enunciaron como extremos temporales y salario promedio devengado en el último ario de servicios, los siguientes: Marcial Daza Cansimanse, desde el 11 de noviembre de 2005 hasta 29 de febrero de 2012, $1.256.000; Jesús Vicente Rosero, desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 29 de febrero de 2012,

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Radicación n.° 85603 $1.211.000.41; Fonier Solis Rentería, desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 29 de febrero de 2012, $999.000,96; Héctor Fabio Trejos Cabrera, desde el 24 de junio de 2004 hasta el 29 de febrero de 2012, $976.000,00; y, Héctor Fabio Cederio

Salazar, desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de enero de 2012, $536.000,00. Refirieron que la empresa demandada, no les pagó durante los periodos laborados, las prestaciones sociales, vacaciones, intereses sobre cesantías, primas de servicios ni auxilio de transporte; que les sufragó un salario inferior al de los trabajadores de planta, quienes se encontraban cobijados por la convención colectiva, con la «diferencia de que a ellos si les cancelaron las prestaciones sociales» que acá reclaman; y, la cooperativa les efectuó descuentos del salario. Señalaron que realizaron actividades de corteros de caria, en los predios de la sociedad enjuiciada, de lunes a domingo, incluidos días festivos, sin descansos, en jornadas que iniciaban a las 6:00 a.m. y culminaban a las 3:00 p.m., bajo las órdenes de los «supervisores, cabos o monitores de corte» del Ingenio, encargados de vigilar el cumplimiento de horarios y rendimiento de cada trabajador. Adujeron que el Ingenio Pichichi SA, siempre elaboró la información de cada uno, en cuanto a los datos de los días laborados, «corte de caña por el número de tajos», toneladas y tarifas de las cortadas, su especificación y fincas donde desarrollaban la labor y eran remitidos a la CTA

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Radicación n.° 85603 Progresemos, con el objeto de que elaborara las planillas de pagos semanales y depositara el dinero. Indicaron que la mencionada cooperativa, nunca fue la propietaria de las herramientas y equipos de trabajo, ni

cumplió funciones autogestionarias; que el precio de corte lo fijaba el Ingenio Pichichi S.A., ejercía el control de la producción de cada uno; sin ser la dueña, dispuso la disolución y liquidación de la cooperativa, pagó los costos del proceso y no hubo devolución de aportes, ni utilidades; agregaron que «fueron tercerizados a través de las cooperativas y S.A.S., PROGRESEMOS, FE Y ESPERANZA,

INTERACTIVA, PROGRESAR, NUEVO HORIZONTE,

PRACTICAÑA, AZURCOOP, CENTRICAÑA, SURICAÑA,

SER VIASOCIADOS y PRESERVACAMPO S.A.S.».

Por último, aseveraron que la demandada les causó perjuicios morales durante toda la vigencia del vínculo y que a pesar de haber firmado cartas de renuncia, no fue un acto voluntario sino un despido indirecto, toda vez que de no hacerlo no habrían sido incorporados a la empresa «PICHICHI CORTE S.A.», de propiedad de la demandada (f.°215 a 268). El Ingenio Pichichi SA, en su respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones y no aceptó ninguno de los hechos. En su defensa, argumentó que, con los accionantes «jamás ha existido contrato de trabajo ni relación laboral de ninguna índole», que no existen registros de pagos de 4

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Radicación n.° 85603 salarios, remuneración o prestaciones sociales porque no le suministraron sus servicios personales a la empresa, que por el contrario, debían tenerse en cuenta las expresiones de los

demandantes que constituían confesión, en cuanto a que estuvieron vinculados a la cooperativa Progresemos, como asociados de la misma, ente con el cual no existe solidaridad contractual ni legal; y, que debían examinarse los contratos civiles suscritos con Progresemos CTA, y las ofertas mercantiles que presentó. Propuso las excepciones previas de inepta demanda y falta de integración del Has consorcio necesario; de mérito enunció las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago, compensación, buena fe y la «INNOMINADA» que resultare probada, que la exima de responsabilidad (f.°281 a 299).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga mediante sentencia emitida el 17 de enero de 2018 (f.° CD 448), resolvió absolver a Ingenio Pichichi S.A., de todas las pretensiones deprecadas por los demandantes, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta y los condenó en costas por la suma de $100.000 a cargo de cada uno a favor de la accionada.

Inconformes con la decisión, los demandantes la impugnaron.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dictó fallo el 23 de abril de 2019 (f.° CD

455), a través del cual confirmó el del a quo y se abstuvo de condenar en costas a los apelantes. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal expuso que, de acuerdo con la apelación, debía establecer en primer lugar, si entre los accionantes y el Ingenio Pichichi SA, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, existió una relación de trabajo; en segundo lugar, de así declararse, la viabilidad del derecho al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones solicitadas. Aludió a los artículos 53 constitucional, 23 y 24 del CST para referirse al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, la definición del contrato de trabajo, sus elementos integrantes y la presunción legal de su existencia, a Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006 que reglamentan la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado (CTA), de las que dedujo que el trabajo cooperativo se regula por sus propios estatutos. Invocó la providencia de esta Corporación del «9 de septiembre de 1987», relativa a las características de los entes cooperativos, los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006 y 7 de la Ley 1233 del 2008, de cuyo contenido resaltó que, en las relaciones contractuales dentro las cooperativas, los asociados ponen al servicio de un ente común sus propias 6

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Radicación n.° 85603 capacidades para obtener beneficios mutuos sin existir relaciones de dependencia o subordinación, en tanto «se parte de la igualdad de los miembros de la colectividad

resultando inaplicable la legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente». Mencionó que cuando se configure o comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, y la cooperativa serán solidariamente responsables por las obligaciones causadas; se remitió a la sentencia de esta Corporación, CSJ SL6441-2015, en la que expresó que la celebración de contratos con las cooperativas, «no podía ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo». Afirmó que debía observarse el principio de la primacía de la realidad conforme el artículo 53 de la C.N., ya que con independencia del nombre que las partes le den al vínculo, si se configuraban los elementos del artículo 23 del CST, se entendería la existencia una verdadera relación laboral, correspondiéndole al trabajador, la demostración de la prestación personal de su servicio, para presumir el nexo de aquella naturaleza, acorde con la disposición 24 ibídem. De acuerdo con la citada providencia, dijo que las cooperativas «deben contar con medios propios y excepcionalmente pueden valerse de las máquinas y demás medios operacionales», debido que dicha situación podía ser

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Radicación n.° 85603 indicio de un contrato aparente y no real, con citación adicionalmente, del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. De los hechos de la demanda, dedujo que los actores prestaron sus servicios a Ingenio Pichichi, a través de la CTA Progresemos, durante los siguientes periodos:

Marcial Daza, desde el 11 noviembre del 2005 al 29 de febrero del 2012; Jesús Vicente Rosero del 1 de noviembre del 2005 al 29 de febrero del 2012; Fonier Rentería desde el 1 de diciembre del 2005 al 29 de febrero del 2010; Víctor Fabio Trejo del 24 de junio del 2004 al 29 de febrero del 2012; Fléctor Fabio Cederio del 1 de noviembre del 2005 al 29 de febrero del 2012 [...1. Argumentó que, para la prosperidad de sus pretensiones, los actores debían acreditar que efectivamente prestaron sus servicios de manera exclusiva a la demandada y sus extremos laborales; examinó el documento visible a folio 183 e indicó que contenía la «Liquidación de corte de caña» presentada con el libelo introductor, pero no se relaciona con ninguno de los accionantes, «es decir, no hace ningún aporte al proceso»; aludió a las ofertas mercantiles suscritas entre Progresemos CTA y el Ingenio Pichichi S.A., en las que se estableció como objeto, realizar a favor de esta, «el corte manual de caña de azúcar sembrada en terrenos de su propiedad y de terceros y en los sitios de la programación que el aceptante disponga, teniendo en cuenta las condiciones acostumbradas por el Ingenio, además de las labores de riego, siembra y limpieza •. 1». Analizó que al expediente fueron adosados, los convenios asociativos de trabajo cooperado celebrados 8

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Radicación n.° 85603 entre la CTA Progresemos y los demandantes, los

certificados que acreditan el vínculo, sus extremos temporales, llamados de atención, suspensiones, comprobantes de pago de compensaciones, dotaciones y descuentos efectuados por la Cooperativa Progresemos a cada uno, así: Con los folios 284 y 287, 291 a 293, 295 a 592 y 322 los relacionados con Marcial Daza Cansimanse; los obrantes a folios 593, 596 a 599,6 00 a 861 con Jesús Vicente Rosero; los obrantes a folios 862, 865 a 868, 869 a 1258, con Fonier Solis Rentería; en folios 1259, 1261 a 1264, 1265 a 1653 con Héctor Fabio Cabrera; y, en folios 1654, 1656, 1970 y 1972 a 1975, con Flector Fabio Cedeflo Salazar. Coligió de estas pruebas, que los accionantes prestaron sus servicios como cooperados de Progresemos, en los términos indicados en cada certificación, sin que se hubiere especificado quién fue el beneficiario del servicio; que, con dichos documentos, no se demostró la prestación personal del servicio a favor del Ingenio Pichichi S.A. De los testimonios aportados, dijo que ninguno de los declarantes citados por la parte actora, manifestaron haber conocido a los demandantes; que las deponentes Licena Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, quienes fungieron como liquidadoras de las cooperativas, incluida Progresemos, destacaron su manejo independiente, sin intromisiones del Ingenio Pichichi S.A.; «aseguraron que las mismas eran auto visionarias, eran quienes pagaban las prestaciones sociales y

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Radicación ne 85603 la seguridad social de los asociados», y, que si bien el Ingenio, les canceló sus honorarios, desconocían el motivo, «pues ellas siempre interactuaron con los representantes de la CTA y fue la Asamblea de Asociados de la CTA quienes las eligieron como liquidadoras», en ese orden, coligió que, «en todo caso, ninguna información brindan estas testigos respecto del elemento prestación personal del servicio de los demandantes a favor del Ingenio Pichichi». Agregó que el gerente de recursos humanos de la empresa demandada, negó conocer a los accionantes y «mucho menos [...] como trabajadores del ingenio, insistiendo en la independencia de las cooperativas»; que, i< William Calvo, sí reconoce conocerlos como trabajadores de Pichichi Cortes S.A a partir del año 2012, pues nunca los conoció previo a esa fecha, ni en las fechas (sic) que aseguran los demandantes que trabajaron para el Ingenio Pichichi»; que Adam Díaz, José Bermúdez y Jair Ortiz «unívocamente manifestaron no conocer a los demandantes, insistiendo que ellos como trabajadores del Ingenio Pichichi S.A., no tenían ningún tipo de interacción con los trabajadores de la CTA Progresemos y con ninguno de los corteros vinculados con las cooperativas». De otro lado, los señores Plácido Rodríguez, Omar Enrique Cedano, Aristipo Escobar y German Andrés Plester, testigos de la parte actora, no asistieron a rendir sus declaraciones; que los únicos concurrentes en esa calidad, contradijeron las afirmaciones de los actores, en tanto las liquidadoras y la asesora legal de la CTA Progresemos, fueron

claras en sus dichos e insistieron en la independencia y autonomía administrativa y financiera del ente cooperativo y 10

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Radicación n.° 85603 en la ausencia de intervención en sus asuntos, por parte del Ingenio Pichichi S.A. En ese orden, infirió la «ausencia del material probatorio que precise el cómo se suscitó la prestación del servicio», así como la labor que específicamente hubieran desarrollado y si podían realizarlas «sin poder delegarla a alguno, característica esencial del elemento prestación personal del servicio», el tiempo en que el servicio persistió, «situaciones que per se hacen infructuosos los reproches de alzada». Del certificado de existencia y representación del Ingenio Pichichi S.A., (f.°276 a 279) y las ofertas mercantiles suscritas con la CTA Progresemos (f.°301 a 371), dedujo que aquél utilizó al ente solidario, para realizar con sus corteros una labor y en ese sentido, acertaba el apelante; sin embargo, insistió en que en este caso, no se logró probar que durante el tiempo en que los demandantes estuvieron vinculados a la cooperativa, el Ingenio Pichichi S.A., fue gel único» beneficiario del servicio que prestaron. Para concluir, argumentó que, si en gracia discusión se aceptare, que con los convenios suscritos entre la CTA y el Ingenio, así como del contrato de prestación de servicios profesionales para liquidar la CTA (f.°372 a 377), era posible acreditar que el Ingenio Pichichi fue el beneficiario del servicio, tampoco podría acceder a las peticiones, en tanto de

las pruebas allegadas por los actores, especialmente los testimonios de Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, se derivaba que el Ingenio no ejerció subordinación sobre las personas vinculadas a la cooperativa.

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W. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte, case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y conceda todas las pretensiones.

Con tal propósito, formulan dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados.

VI. CARGO PRIMERO Denuncian que el fallo recurrido es violatorio indirectamente por aplicación indebida, de los artículos 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988, 1, 5, y 6, del Decreto 468 de 1990, 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP, 22, 23, 24, 36, 64, 65, 249, 253 y 306 del CST, 1, 2, 99 de la Ley 50 de 1990 y «Ley 1233 de 20080.

Aducen que la anterior vulneración normativa, condujo a la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que ninguna de las

documentales aportadas, tanto por la parte demandante, como por la demandada tienen la vocación de demostrar el elemento de prestación personal del servicio. 12

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2. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes no probaron los extremos temporales.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que con la documental aportada no se puede demostrar el elemento de prestación personal del servicio de los accionantes a favor del Ingenio

Pichichi S.A.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que con las testimoniales de la señora (sic) LICENIA JIMÉNEZ y AMPARO LOPEZ ESPEJO, quienes fungieron como liquidadoras de la CTA PROGRESEMOS se logró establecer la independencia, con que eran manejadas las cooperativas sin ninguna intromisión o manejo por parte del INGENIO PICHICHI S.A.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que con las testimoniales de la señora (sic) LICENIA JIMÉNEZ y AMPARO LOPEZ ESPEJO, quienes fungieron como liquidadoras de la CTA PROGRESEMOS se logró establecer que las mismas (sic) era autogestionaria, era quien pagaba las prestaciones sociales y la seguridad social de los asociados.

6. No dar por demostrado, estándolo, que con las testimoniales de la señora LICENIA JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO, quienes fungieron como liquidadoras de la CTA PROGRESEMOS se logró establecer que el INGENIO fue quien le pagó sus honorarios por la disolución y liquidación de la CTA resultando ese hecho una prestación personal del

servicio de los demandantes a favor del INGENIO

PICHICHI.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que con el testimonio de las liquidadoras AMPARO LÓPEZ ESPEJO y LICENIA GALINDO, se logró demostrar la independencia de la CTA con respecto al INGENIO PICHICHI, precisando de (sic) la autonomía administrativa, financiera y la no intervención de la demandada en los asuntos de la cooperativa.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, como lo advierte el Tribunal, que a pesar que los demandantes realizaron una labor propia de su objeto social y que en ello acierta el apelante, no se demostró que el beneficiario de este servicio haya sido el

Ingenio Pichichi S.A.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el beneficiario de este servicio fue el Ingenio Pichichi S.A. como lo descubrió el Tribunal a folios 276 a 279 del expediente, que en el certificado de existencia representación del Ingenio Pichichi S A, como de las ofertas mercantiles suscritas entre PROGRESESMOS CTA y el INGENIO PICHICHI, si contrató a la CTA para prestar el servicio de corte de Caña y varios de campo.

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10. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ingenio y las liquidadoras con el objeto de disolver y liquidar las cooperativas es una prueba indiciaria, pero insuficiente para demostrar la subordinación laboral, ya que según las testigos la cooperativa actuaba con autonomía respecto del Ingenio.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que ante la falta de prueba

de la prestación personal del servicio por los demandantes a favor del INGENIO PICHICHI se debe confirmar la sentencia apelada en su integridad.

12. Dar por demostrado, sin estarlo, que respecto a las dotaciones y elementos de trabajo el propietario fue la

COOPERATIVA PROGRESEMOS.

(Negrillas del texto original). Manifiestan que los citados yerros se derivaron de la errónea valoración de:

1. La documental a folios 276 a 279 del expediente, el certificado

[de] asistencia (sic) representación del Ingenio Pichichi S A, como de las ofertas mercantiles suscritas entre PROGRESESMOS CTA y el Ingenio Pichichi.

2. La documental a folios 372 al 376 el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ingenio y las liquidadoras con el objeto de disolver las cooperativas que la califica el Tribunal como que es una prueba indiciaria no suficiente, insuficiente por sí sola para demostrar la subordinación laboral.

3. Las testimoniales de las señoras AMPARO LÓPEZ ESPEJO (1:06:31 a 1:29:19) y LICENIA GALINDO (00:02:17 al 00:24:12) del CD de pruebas quienes fungieron como liquidadoras de la CTA PROGRESEMOS.

(Lo resaltado del memorialista). También alegan que estos errores fueron consecuencia de la falta de apreciación de las siguientes pruebas: 14

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1. Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI suministraba las dotaciones a los trabajadores socios de la CTA (folios 330 y 338).

2. Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI

se obligó a pagar a terceros los créditos que la CTA no cubra (folios 274, 281, 293).

3. La Oferta [de] folio 349 con la cual, el INGENIO se comprometió a PATROCINAR con donación de $27.000.000

MILLONES, para el FONDO DE SOLIDARIDAD de la CTA para atender solvencia de asociados.

4. Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI se obligó con la CTA a suministrar la suma de $420.000.00 para cada asociado por los meses de diciembre para apoyar los procesos de producción (folio 354).

5. Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI se obligó con la CTA a permitir que los asociados usen el transporte que tiene para sus trabajadores directos (folios 308, 351, 365).

6. Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI se obliga con la CTA PROGRESEMOS a apoyar con el pago con un salario mínimo legal vigente mensual para el pago del cabo, a tener un resumen del estado de jubilado de los asociados, a pagar incapacidades de los asociados, a darles un bono de productividad a los asociados, a revisar la carga laboral de la abogada del contratista, a ofrecerles a los asociados otras labores diferentes al corte de caria, a apoyar a [las] familias de los asociados con una (sic) aporte de $1.000.000,00 para funerales

(folios 351 y 352).

7. Los Acuerdos celebrados entre el INGENIO PICHICHI S.A. y los asociados a la CTA de 21 de junio de 2005, 28 de agosto de

2010 y 23 de febrero de 2011 (folio 197 y s.s.).

8. Las historias laborales de cada uno de los demandantes, a folios 44 al 99.

9. Las ofertas mercantiles celebradas entre el INGENIO PICHICHI S.A. y la CTA PROGRESEMOS de folios 301, 314, 337, 345, 357, con las cuales el ingenio contrató con la CTA PROGRESEMOS el corte de caria y labores varias de campo.

10. El contrato de suministro de personal No. CC-007/2011 folios 357 y 358. (Negrillas fuera de texto original).

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15 Radicación n.° 85603 Para la demostración del cargo, reproducen un segmento de la sentencia recurrida y señalan que el Tribunal revisó el certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichi S.A. y las ofertas mercantiles que suscribió con la CTA para el corte de caña, labores de riego, siembra y limpieza (f.°276 a 279 y 373 a 379); pero, manifestó que no encontró demostrada la prestación personal del servicio, aunque dijo que tenía razón el apelante, en cuanto se utilizó a la cooperativa para que a través de sus corteros realizara una labor propia del objeto social del Ingenio, pero que sin embargo, no se probó que este hubiera sido el único beneficiario del servicio y que si así se aceptara en gracia de discusión, de los testimonios de Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, concluyó que el Ingenio no ejerció subordinación sobre las personas vinculadas a través de la CTA.

Advierten que el juez colegiado se equivocó, debido a que no valoró correctamente las citadas pruebas, «porque es verdad que no aparecen los nombres de los demandantes en las ofertas», pero estos se encontraban afiliados a la CTA Progresemos con la cual contrató el Ingenio «las actividades misionales permanentes resultando una intermediación laboral»; también erró el ad quem, al inferir que el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ingenio y las liquidadoras con el objeto de disolver y liquidar «las cooperativas», era insuficiente para demostrar la subordinación laboral, además de afirmar que con las declaraciones de Amparo López Espejo y Licenia Galindo, coligió que la CTA había sido independiente, y que el Ingenio 16

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Radicación n.° 85603 pagó sus honorarios debido a que los asociados de la CTA «pidieron al Ingenio les ayudara con una platica para disolver y liquidar porque no tenían dinero», cuando en realidad, dicho ente solidario no era autónomo ni independiente y la llamada a juicio si tenia injerencia. Arguyen que el sentenciador plural ignoró los siguientes medios de convicción: Los documentos de folios 330 y 338 mediante los cuales la demandada se comprometió a suministrarle dotaciones cada 4 meses a los trabajadores, lo que indicaba que el Ingenio, como propietario de esos medios de producción era el verdadero empleador. Los folios 274, 281 y 293 que prueban que el Ingenio Pichichi, «se obligó a pagar a terceros o a los asociados los créditos que la CTA no cubriera»; que la cooperativa

Progresemos, era de «papel» y no tenia independencia financiera y la demandada, le donó la suma de $27.000.000, para su fondo de solidaridad. No apreció las ofertas mercantiles (f.° 354) a través de las cuales la enjuiciada se comprometió con la CTA a suministrar la suma de $420.000 a cada asociado por los meses de diciembre para apoyar los procesos de producción; los documentos de folios 308, 351, 352 y 365 con los que se obligó a permitirles a los asociados, que usaran o utilizaran el transporte de los trabajadores directos y tercerizados.

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Radicación n.° 85603 Citan los folios 306 y 307, a través de los cuales la encartada se obligó con la cooperativa a apoyar con un salario mínimo legal mensual vigente para el «pago del cabo», a tener un resumen del estado de jubilado de los asociados, sufragar incapacidades, bonos de productividad, revisar la carga laboral de la abogada del contratista, a ofrecerles a los asociados otras labores diferentes al corte de caria, a apoyar a sus familias con un aporte de $1.000.000 para funerales, además que «el cabo», era quien daba las órdenes en las labores de campo y era pagado y subordinado del Ingenio, su verdadero empleador y la CTA, una intermediaria. También reposan los documentos suscritos entre el Ingenio y la CTA, del 21 de junio de 2005, 28 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011, también denominados

«VERIFICACIÓN ACUERDO FIRMADO ENTRE CORTEROS», inobservados por el ad quem, sobre el compromiso de entregar limas, machetes y guantes, pago a la seguridad social, incapacidades, donaciones a la CTA por $317.000.000 para educación y vivienda se obligó a brindar capacitación en báscula y cooperativismo, por ende, no había autogestión, sino la condición del Ingenio de un verdadero empleador. Exponen que el juez colegiado tampoco observó las ofertas mercantiles de folios 301, 314, 337, 345 y 357 de las que emergen que el Ingenio «contrató constantemente» con la CTA Progresemos, a la que estaban afiliados los accionantes, para el corte de caria y labores varias, conforme el objeto social de aquél, ni el contrato CC-007/2011, en el que se precisó que el ente cooperativo enviaba personal en misión 18

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Radicación n.° 85603 para dichas labores; y, fue el Ingenio, el que« disolvió y liquidó las CTAS y SAS», por lo cual pagó alas liquidadoras, la suma de $159.000.000, como se muestra con los documentos de folios 372 a 376 erróneamente apreciados. Por último, afirman que equivocadamente el ad quem, debido a la falta de valoración de las pruebas y la no apreciación de otras, determinó que la cooperativa daba sus propias órdenes para la ejecución de labores, cuando estaba demostrado que el ente solidario no tuvo independencia administrativa ni financiera, «resultando que los asociados prestaron un servicio personal pagado por el INGENIO y

subordinado». WI. RÉPLICA El Ingenio Pichichi se opone a la prosperidad del recurso; argumenta que la censura denuncia como no apreciadas pruebas que si fueron analizadas por el Tribunal y además acusan medios de convicción no calificados; que lo expuesto por los impugnantes constituye un alegato de instancia; que ninguna de las pruebas, acreditan la prestación personal del servicio de los demandantes y por ende, tampoco una subordinación jurídica ejercida por la sociedad demandada, pues la cooperativa actuó de manera autónoma e independiente, como lo infirió el Tribunal.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal para confirmar la decisión de primera instancia, concluyó que los demandantes no lograron demostrar la prestación personal del servicio a favor del

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 85603 Ingenio Pichichi S.A., pues, no obstante haber acreditado que dicha sociedad sí «utilizó a la CTA Progresemos», para algunas tareas propias de su objeto social, brillaba por su ausencia que los reclamantes efectivamente h