CSJ - SL659-2013

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE Magistrado Ponente SL 659 - 2013 Radicación N° 44502 Acta N° 30 Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por INCOLBESTOS S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2009, en el proceso adelantado por ANA MARÍA CASAS CONTRERAS, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos ANDRÉS STEVEN y LAURA SOFÍA GARCÍA CASAS, contra la sociedad recurrente. Radicado N° 44502

I. ANTECEDENTES ANA MARÍA CASAS CONTRERAS, en nombre propio y en representación de sus menores hijos Andrés Steven y Laura Sofía García Casas, demandó en proceso laboral a la Sociedad INCOLBESTOS S.A., por culpa patronal en virtud de la ocurrencia del accidente de trabajo en el que perdió la vida su esposo y padre, señor JAIRO GARCÍA QUIROGA, procurando que se declarara que entre el trabajador fallecido y la demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido que tuvo vigencia del 17 de abril de 1989 hasta el 24 de febrero de 2002, fecha de su deceso; que tal accidente ocurrió en las instalaciones de la empresa, el día 22 del mismo mes y año, a las 11:45 p.m., por negligencia,

imprevisión, descuido y omisión de su empleador, al no adoptar las medidas de seguridad necesarias y efectivas que garantizaran la seguridad de sus trabajadores, ni controlar los riesgos propios de su actividad económica. Como consecuencia de ello, pretenden que se condene a dicha sociedad a pagarles en calidad de cónyuge del trabajador fallecido y de hijos menores de edad, la indemnización plena de perjuicios de que trata el art. 216 del C.S.T., correspondiente al daño emergente y lucro cesante; al pago de los perjuicios morales objetivados y subjetivados por valor de 1000 gramos oro; a la indexación de todas las anteriores sumas y condenas; a los intereses corrientes o moratorios, a los reajustes a que haya lugar; lo resulte extra o ultra petita y a las costas. 2 Radicado N° 44502 Como sustento de sus pretensiones, en lo que interesa al recurso de casación, narraron que Ana María Casas Contreras contrajo matrimonio con el señor Jairo García Quiroga el 8 de abril de 1989, quien laboró para la sociedad demandada, inicialmente como operario, siendo su último cargo el de Auditor de Procesos II, por espacio de 12 años, 10 meses y 8 días, comprendidos entre el 17 de abril de 1989 y el 24 de febrero de 2002, devengando un salario mensual de $872.609.oo; que procrearon dos hijos, Andrés Steven y Laura Sofía García Casas; que el día 22 de febrero de 2002 a las 23:45 p.m., en las instalaciones de la empresa INCOLBESTOS S.A., -planta de mezclado-, ocurrió un derrame de líquido inflamable, al rebosarse el tanque

que bombeaba el solvente denominado Tolueno; que un operario -José Pérezque se encontraba en el lugar de los hechos, inició el proceso de recolección del derrame del líquido inflamable, con un recogedor y un balde, y por recomendación del señor Arturo Manosalva, intentó apagar el mezclador y al oprimir el botón de emergencia de la máquina, generó la chispa eléctrica que produjo la explosión que causó el accidente en el que se vio involucrado JAIRO GARCÍA QUIÑONES; que el operario Arturo Manosalva, no pudo hacer uso del extintor que estaba cerca al lugar de los hechos, por su gran tamaño, razón por la cual tuvo que acudir a uno más pequeño que pudiera manipular, “pero cuando lo fue a accionar, se reventó la manguera al pie de la boquilla y el chorro salía para el lado contrario”, cayéndole en su propia cara; que como consecuencia del referido accidente de trabajo, José Eleuter Pérez Díaz y Jairo García Quiroga, sufrieron graves quemaduras; que 3 Radicado N° 44502 éste último fue trasladado a la Clínica San Pedro Claver, en dónde falleció dos días después. Exponen, que la causa de la muerte por quemaduras considerables, aparece en el protocolo de necropsia N° 2002-00717 y que de acuerdo con la investigación adelantada por la ARP del ISS, se concluyó que el accidente de trabajo se produjo por unas causas básicas inmediatas tales como: “1. Apagar la mezcladora en presencia de vapores

químicos. 2. Derrame de tolueno. 3. Falta de atención a la operación que realizaba”, unas mediatas que dieron origen a la causa 1: A) “Falta de un sistema de ventilación exhaustivo adecuado, B) Equipo de extinción de incendio no adecuado”; y otras que dieron origen a la causa 2: A). Métodos de alimentación no adecuado. B) Falta de una llave dosificadora que interrumpa el paso del líquido al llenar cierta cantidad”. Y unas últimas que originaron la causa 3: “C) Falta de supervisión. D) Incorrecta aplicación del subprograma de seguridad industrial”; que el jefe de seguridad de la sociedad demandada, Nicolás López Rodríguez, presentó a la Gerencia General, el día 8 de marzo de 2002, un informe sobre el accidente, en el que citó “los puntos a mejorar y las recomendaciones en la adecuación de las nuevas instalaciones”, haciendo énfasis en las causas por el derrame de disolvente, en que el operario José Pérez accionó la bomba de aire del tanque de pre-llenado y salió a tomar “tinto” sin percatarse del riesgo; ausencia de la acción de contención de corte de energía y la chispa eléctrica que entró en contacto con los vapores y líquidos que se encontraban en el ambiente en gran concentración por el derrame ocurrido. 4 Radicado N° 44502 Concluyen señalando que el suceso en el que perdió la vida el citado trabajador, “ocurrió al estarse realizando una actividad peligrosa, propia y necesaria de la empresa INCOLBESTOS

S.A. y en las instalaciones, bajo las órdenes, supervisión y mando de la misma empresa”, por tal razón, ésta “es responsable de la salud y la vida de los trabajadores a su servicio cuando estos se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa cumpliendo su trabajo habitual, ya que el trabajo no puede ser fuente de daño para el trabajador, y porque es INCOLBESTOS S.A. quien con su actividad está generando el riesgo al cual se encuentra expuesto el trabajador, quedando obligada la empresa al control del riesgo por medio del cumplimiento estricto de las normas técnicas de seguridad”; que los riesgos laborales a los cuales estaba expuesto el trabajador al momento del accidente, eran conocidos por INCOLBESTOS S.A.; que la sociedad demandada no dio cumplimiento a las normas de seguridad contempladas en el Código Eléctrico Nacional NFPA N° 70, para sus instalaciones eléctricas; que al momento del accidente, INCOLBESTOS S.A. no contaba con materiales absorbentes no inflamables como tierra o arena que pudieran detener y recoger el vertido accidental de sustancias inflamables, ni existía un adecuado sistema de ventilación como lo exige la Resolución N°2400 de 1979 de Mintrabajo; que luego de ocurrido el accidente, el señor García Quiroga, fue trasladado tardíamente al servicio médico, y no se utilizó el servicio de ambulancia para tal fin, sino que fue transportado en un vehículo de servicio colectivo, incumpliendo lo ordenado en el numeral 7° del Art. 10° de la Resolución 1016 de 1989 del Mintrabajo, pues no contaba con un servicio oportuno y eficiente de primeros

5 Radicado N° 44502 auxilios, que le hubiera permitido dar una atención inmediata. Añaden, que la explosión con líquido inflamable se habría podido evitar, si la empresa hubiera prohibido utilizar dentro de la zona donde se mezclaba el Tolueno, herramientas que pudieran producir chispas, así como el uso de interruptores, encendidos, pulsadores, botones, palancas etc. sin los correspondientes aisladores y a prueba de chispas, conforme a la Resolución 2400 de 1979, expedida por el Ministerio de Trabajo, artículos 167 literal c) y 215; que también la demandada incumplió la obligación de controlar los factores de riesgos identificables y reconocidos por el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; y que en estas condiciones el accidente era perfectamente previsible y la accionada no tomó las medidas del caso, habiendo realizado algunas adecuaciones pero tiempo después de presentado el accidente. Por último, advierte que la ARP del ISS, les concedió pensión de sobrevivientes de origen profesional mediante Resolución 001052 del 16 de diciembre de 2002, como beneficiarios del trabajador fallecido en el multicitado accidente; que con la pérdida de la vida del señor JAIRO GARCÍA QUIROGA, se ha ocasionado a su familia graves perjuicios morales y materiales, existiendo suficientes razones para que INCOLBESTOS S.A. deba “responder por la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, atendiendo el principio de la reparación integral, conforme lo ordena el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo”.

6 Radicado N° 44502 La parte actora, con el escrito visible a folio 259 del cuaderno principal, reformó la demanda para adicionar pruebas.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA La convocada al proceso al dar contestación al libelo demandatorio, se opuso al éxito de los pedimentos. En cuanto a los hechos, aceptó la vinculación laboral con el causante, los extremos temporales, la modalidad del contrato de trabajo, el cargo desempeñado; el lugar de prestación de servicios; el salario percibido al momento de su muerte; el accidente ocurrido en el día, lugar y hora señalados; las graves lesiones sufridas por el trabajador fallecido a causa del infortunio; el traslado del señor García Quiroga a la Clínica San Pedro Claver; y los riesgos a que estaban expuestos sus trabajadores. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que unos no eran tales, que algunos no le constaban y que los restantes no eran ciertos.

Propuso la excepción previa de ineptitud formal de la demanda por falta de integración del litis consorcio necesario, por no haberse vinculado al ISS; y las de mérito que denominó prescripción, pago, buena fe e inexistencia de las obligaciones reclamadas. Como fundamentos y razones de su defensa, arguyó que no existe la culpa patronal que se le atribuye, toda vez que como empleador tomó todas las previsiones necesarias para evitar que ocurriera el siniestro que le costó la vida al 7 Radicado N° 44502 señor García Quiroga, pues éste recibió capacitación y entrenamiento, le fueron suministrados los elementos de

seguridad y protección necesarios para realizar sus deberes y funciones en la zona de mezclas del proceso industrial; que además tiene vigente los Reglamentos Interno de Trabajo y de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, así como el Programa de Salud Ocupacional. Igualmente señaló, que de su parte no hubo “negligencia, imprudencia, descuido, omisión, violación de reglamentos, desconocimiento de normas de seguridad industrial y de salud ocupacional,” y que por el contrario el trabajador fallecido en el citado accidente, había sido miembro, en varias ocasiones, del Comité Obrero Patronal de Salud y Seguridad Industrial, por lo tanto, era experto en seguridad industrial; que “El hecho de que la Administradora de Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales en su investigación hubiere consignado las causas básicas inmediatas, las causas mediatas y determinado las recomendaciones no significan la existencia de la culpa patronal. Así mismo, que el ingeniero investigador del empleador hubiere consignado en su informe la causa raíz, puntos de mejora y recomendaciones para la adecuación de las nuevas instalaciones no significan la existencia de culpa patronal.” Y que “el hecho de que el operario abandonara el puesto de trabajo para recibir el refrigerio y coincidiera con el derrame de tolueno no era previsible para el empleador y por ello lo ocurrido escapa a su responsabilidad.” Concluyó, argumentando que el accidente se presentó “en el momento en que sonó el timbre para que los trabajadores recibieran el refrigerio y por ello, el operario de turno puso a cargar la mezcladora y descuidó su labor al irse a tomar la merienda, y por ello,

se saturó de vapores el sitio del derrame y en el momento en que 8 Radicado N° 44502 trataron de apagar la máquina se produjo la chispa que dio origen al incendio.” Razón por la cual, “este accidente está enmarcado dentro de la teoría de la fuerza mayor porque el hecho de que el operario iniciara la operación y abandonara el sitio de trabajo, por sonar el timbre del refrigerio es imprevisible para el empleador”. Reforzó su defensa, con lo adoctrinado en la sentencia de la Sala de Casación Civil proferida el 13 de noviembre de 1962, sin indicar el radicado, sobre la fuerza mayor como hecho eximente de responsabilidad. La sociedad demandada no dio respuesta a la adición de la demanda (fol. 261 del cuaderno principal). En la primera audiencia de trámite, el Juez de conocimiento, que lo fue el Once Laboral del Circuito de Bogotá, declaró no probada la excepción de inepta demanda por la no integración del litisconsorcio necesario, por virtud de que en este asunto, en el que se pretende se declare la culpa patronal y el pago de la respectiva indemnización plena de perjuicios, no se requiere vincular al ISS (folios 263 a 264 vto. ibídem).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La primera instancia la desató el Juez Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, a través de la sentencia del 30 de mayo de 2008, en la que declaró que entre JAIRO GARCÍA QUIROGA en calidad de trabajador y la sociedad demandada INCOLBESTOS S.A., como

empleadora, existió una relación laboral que se ejecutó del 9 Radicado N° 44502 17 de abril de 1989 al 24 de febrero de 2002, fecha en la que falleció el empleado, por un accidente de trabajo ocurrido dos días antes. Como consecuencia de ello, declaró responsable a la Sociedad INCOLBESTOS S.A., por culpa leve en el accidente de trabajo que le costó la vida al señor GARCÍA QUIROGA, condenándola a reconocer las siguientes sumas por concepto de perjuicios materiales por lucro cesante, a sus familiares: ANA MARÍA CASAS CONTRERAS $184.974.381,oo, ANDRÉS STEVEN GARCÍA CASAS $92.487.191.oo y a LAURA SOFÍA GARCÍA CASAS $92.487.191.oo; así como a cancelarles por perjuicios morales la cantidad de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalentes $46.150.000.oo a cada uno de dichos beneficiarios, para un total de $138.450.000.oo. Igualmente dispuso que todas esas sumas adeudadas debían “ser reconocidas con el factor de indexación aplicada a cada una de ellas, teniendo en cuenta el IPC de la fecha en que se originó el derecho y la fecha en que se verifique su pago”. Condenó en costas a la entidad accionada. Para arribar a esta decisión, el a quo comenzó por verificar la existencia del contrato de trabajo entre el señor Jairo García Quiroga y la sociedad demandada, los extremos temporales de la relación que inició el 17 de abril de 1989 y terminó el 24 de febrero de 2002, fecha última en

que éste murió, así como la ocurrencia del accidente de trabajo el día 22 de febrero de 2002 en las instalaciones de la empresa a las 23:45 pm., por el derrame del liquido inflamable denominado TOLUENO en la planta de mezclado que terminó en un incendio al producirse una explosión por 10 Radicado N° 44502 una chispa eléctrica, que ocasionó quemaduras de consideración al citado trabajador que fue “cubierto por las llamas” y a otro operario, habiendo sido trasladado en un colectivo a la Clínica San Pedro Claver en donde posteriormente falleció. Luego entró a determinar la causa mediata que produjo el accidente que corresponde al “derrame del material Tolueno, haber apagado la maquina (sic) mezcladora y la falta de atención que se realizaba” y como causas inmediatas las consignadas en el informe rendido por el ISS, esto es, que el operario José Pérez accionó la bomba de aire del tanque de pre-llenado y salió a tomar tinto sin percatarse del riesgo, que hubo ausencia de la acción de contención del corte de energía desde el totalizador de la zona definida durante el proceso de recolección de un derrame de líquidos inflamables, y la presencia de una chispa eléctrica al accionar la emergencia del mezclador WA0202, que entró en contacto con los vapores y líquidos que estaban en el ambiente en gran concentración por el derrame. A reglón seguido el Juez de primer grado abordó el tema de la responsabilidad del empleador demandado en el

accidente de trabajo en comento, para lo cual valoró las pruebas aportadas al proceso, en especial la mencionada investigación del accidente de trabajo realizada por el ISS (fols. 37 a 42), el informe emitido por la empresa demandada (fols. 130 a 134), el testimonio dado por el funcionario -Alfonso Riaño Barónquien realizó la 11 Radicado N° 44502 investigación (fols. 309 a 311), las declaraciones de los señores Arturo Manosalva Quintero y José Eleuter Pérez Díaz, rendidos ante la Fiscalía (fols. 46 a 57), los dictámenes periciales obrantes a folio 232 y 525 a 532, y las documentales de folios 114 a 116, 195 a 216 y 233 a 258 entre otras, y coligió que: “(…) Todos estos elementos demuestran la responsabilidad de la empresa en el hecho como generador del resarcimiento de los perjuicios pretendidos, toda vez que el actuar de la empresa se enmarca en un acto negligente, imprudente y con impericia por no tener un programa de salud ocupacional que capacitara a los empleados para reaccionar ante estas eventualidades, aunque en el expediente obra la capacitación realizada por el señor JAIRO QUIROGA (fls. 195 a 216) no obra prueba que a los señores que lo acompañaban en los hechos hubieran sido capacitados, ya que el acto de recoger el liquido inflamable con balde y recogedor no es un acto premeditado si no, más bien un acto al azar con el fin de detener la fuga sin tener conocimientos en salud ocupacional y sin medir las

consecuencias del mismo, el hecho de no tener acondicionado el sitio con las medidas queridas por la resolución 2400 de 1979, disponiendo de conexiones eléctricas anti-explosivos y que las mismas no generarán chispas (sic), contrario a lo sucedido ya que esta fue una de causas inmediatas señaladas en la ocurrencia del accidente, no haber dispuesto más medios para socorrer el incendio tal como lo expresa el Art 222 de la citada resolución, es mas (sic) por el testimonio de uno de los testigos presénciales (sic) demuestra que los mismos no estaban dispuestos de la forma necesaria para su utilización y que demás presentaron fallas al momento de accionarios, no hubo un plan para controlar el derrame del líquido inflamable, no hubo un dosificador que controlara el paso del líquido tal como se indica en el informe del I.S.S (FL. 40), este procedimiento pudo haber evitado el derrame del líquido inflamable, siendo esta la causa inicial que desencadeno (sic) la cadena de eventos que produjo la muerte del señor JAIRO GARCIA (sic) QUIROGA, 12 Radicado N° 44502 en este punto se debe tener en cuenta lo manifestado en el dictamen pericial obrante a folio 232, donde la ingeniera química expresa a la pregunta de que si el accidente pudo haber sido previsible ‘si, los riesgos generados por la empresa INCOLBESTOS S.A. son previsibles y si se pueden prevenir’. Así las cosas, es de anotar que las características de un sistema que representa un potencial para un accidente con consecuencias indeseables son previsibles y se

pueden prevenir por un medio de un control administrativo de los riesgos del proceso”. Adicionalmente, el juez de conocimiento agregó, que el hecho de que la demandada haya presentado su programa de salud ocupacional (folios 233 a 258), la inscripción del Comité Paritario de Salud Ocupacional (folio 114) y el acta de constitución de dicho comité (folios 115 a 116), todo con fecha de elaboración posterior a la ocurrencia del accidente que se produjo el 22 de febrero de 2002, demuestra que no tenía medidas establecidas para la prevención de este tipo de riesgos -antes del accidente de trabajoy por ende, la accionada no estaba preparada con un plan de salud ocupacional adecuado. Con todo lo precedente, el juez de primer grado declaró “responsable a la empresa INCOLBESTOS S.A. por culpa leve en el accidente” al estar “demostrado que en su actuar por evitar los riesgos generados por el trabajo no actuó con la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, ya que como se demostró los riesgos del manejo de líquidos inflamables pudo (sic) haber sido prevenidos con todas las medidas necesarias y exigidas para el manejo de los mismos y así no exponer a sus trabajadores a hechos fatales como el ocurrido con el señor JAIRO

GARCÍA QUIROGA”.

13 Radicado N° 44502

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandada, el proceso subió a la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, quien mediante sentencia del 30 de septiembre de

2009, confirmó el fallo condenatorio de primer grado e impuso a la accionada las costas de la alzada. El juez de alzada, comenzó por sintetizar los fundamentos que soportan el fallo de primera instancia e hizo suyos íntegramente los razonamientos del a quo. Aludió a las pruebas obrantes en el proceso que analizó el juez de primer grado, como son: (i) La investigación del accidente de trabajo (fol. 37 a 42); (ii) El testimonio del funcionario que realizó la investigación del accidente de trabajo (fol. 309 a 313); (iii) El testimonio del señor José Eleuter Pérez Díaz (fol. 49 a 51); (iv) El informe rendido por la empresa demandada (fol. 130 a 134); y, (v) El dictamen pericial (fol. 319 a 324) con su respectiva complementación y aclaración (fol. 493 a 496), para decir que tales medios de convicción indicaban que los argumentos del fallador de primera instancia sobre la existencia de responsabilidad y culpa patronal en cabeza de la empresa INCOLBESTOS S.A., se encontraban ajustados a derecho, “razón por la cual la Sala los ratifica”. Frente a la valoración probatoria del a quo, precisó que conforme al Art. 61 del C.P.L. y la S.S., que establece la 14 Radicado N° 44502 libre formación del convencimiento, así como lo dicho al respecto en la sentencia de la CSJ Laboral, 11 de diciembre de 2007, de la que no citó el número de radicado, se tenía que la apreciación que hizo de las pruebas reseñadas era razonada.

En punto a la fuerza mayor, traída a colación por la demandada apelante, precisó que la misma se dejó de mencionar como eximente de responsabilidad a partir de la L.100/1993 y el D. 1295/1994, lo cual ha sido reconocido jurisprudencialmente. Agotó la argumentación sobre este aspecto, reproduciendo apartes de un pronunciamiento de esta Sala de la Corte del 19 de febrero de 2002, sin indicar su número de radicado. Finalmente, en lo atinente a la investigación adelantada por la ARP del ISS, la resolución inhibitoria proferida por el Fiscal 41 de Bogotá y la investigación de la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Protección Social mediante la cual se ordenó el cierre de la investigación que se había iniciado por la ocurrencia del accidente de trabajo, que en sentir de la entidad apelante son plena prueba de la inexistencia de la culpa patronal, el ad quem consideró que la alegación en relación con estos elementos probatorios quedó resuelta con lo expuesto en precedencia. 15 Radicado N° 44502

V. RECURSO DE CASACIÓN La sociedad recurrente con la demanda de casación, según lo manifestó en el alcance de la impugnación, persigue que esta Corporación CASE TOTALMENTE la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia REVOQUE la de primer grado y la ABSUELVA de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Para tal fin, con apoyo en la causal primera de casación laboral, prevista en los artículos 60 del Decreto 528 de 1964 y 7º de la Ley 16 de 1969, formuló un cargo

que denominó “primer cargo” y que fue replicado, el cual se estudiará a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusó la sentencia impugnada por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida del art. 216 del C.S.T.; “en relación con los artículos 2, 6, 7, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, como medio; artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 251, 252, 253, 254, 258, 268 y 345 del Código de Procedimiento Civil como medio.” Dijo que los errores manifiestos de hecho en que incurrió el Tribunal son: “1°. Dar por probado, sin estarlo, que el accidente de trabajo se produjo por culpa suficientemente comprobada del empleador. 2°. No haber dado por probado, estándolo, que el accidente de trabajo se produjo sin culpa del empleador.”

16 Radicado N° 44502 Relacionó como pruebas mal apreciadas las siguientes: “a) La patología forense realizada por Medicina Legal (folios 28 a 33), b) La investigación del accidente de trabajo (folios 37 a 42), c) El testimonio del señor José Eleuter Pérez Díaz (folios 49 a 51), d) El informe emitido por la empresa demandada (folio 130 a 134), e) El testimonio del funcionario que realizó la investigación del accidente de trabajo (folio 309 a 313), y f) La investigación administrativa del Ministerio de la Protección Social (folios 342 a 488)”.

En la demostración del cargo, el censor argumentó que en sede de casación no discute la existencia del contrato de trabajo, sus extremos temporales y la ocurrencia del accidente de trabajo que le costó la vida al señor Jairo García Quiroga. Manifestó que su inconformidad radica en que, contrario a lo sostenido por el Tribunal, en el plenario sí se encuentra plenamente comprobado que no hubo culpa patronal en el citado accidente de trabajo que sufrió el trabajador fallecido, ya que “los manifiestos errores de hecho” que son ostensibles se originaron en que la alzada al “… no haber visto en los documentos auténticos que obran a folios 28 a 33, 347 a 351, 426 a 428 y 478 a 481” lo que verdaderamente muestran, distorsionado así su contenido, quedando por tanto acreditada la ausencia de responsabilidad de la empleadora convocada al proceso. 17 Radicado N° 44502 Arguyó, que el ad quem, en relación con “la investigación del accidente de trabajo que realizó el ISS, el testimonio del funcionario que realizó la investigación por parte del Ministerio de la Protección Social, el testimonio del señor José Eleuter Pérez Díaz, y el informe emitido por la empresa demandada y el dictamen pericial,” se limitó a concluir que los argumentos expuestos por el a quo para condenar a la demandada, se encuentran ajustados a derecho. Estimó que el Juez Colegiado “(…) no vio en la patología forense realizada por Medicina Legal (folios 28 a 33), el auto de archivo de investigación por parte del Ministerio de Protección Social (folios 426

a 428) y la resolución número 004702 del 19 de diciembre del 2005 por medio de la cual se le impuso una multa a la demandada por incumplimiento del programa de Salud Ocupacional (folios 478 a 481) lo que ellas contienen porque no fueron valoradas por el a - quo ni por el ad - quem y en relación con la investigación realizada por el ISS (folios 37 a 42), pese a ser valorada, no vio en ella lo que contiene”. Indicó que “el Ministerio de la Protección Social al cierre de la investigación por auto que determinó el archivo, que realizó el funcionario Alfonso Riaño Barón sobre el accidente de trabajo, consignó: ‘Ahora bien, del resultado de la investigación se pudo determinar que las causas básicas inmediatas del accidente, no son de manera alguna imputables a la empresa, sino al mismo trabajador o trabajadores que operaban las máquinas y mezclas, quienes no tomaron las precauciones del caso, por falta de atención, como lo dice el informe. Dado que la empresa INCOLBESTOS S.A. cumplió con los requerimientos y procedimientos posteriores, al accidente, dentro del debido proceso, y según la investigación, las causas inmediatas del accidente, no fueron imputables a la empresa” (folio 427)’. 18 Radicado N° 44502 Respecto a la patología forense realizada por Medicina Legal al practicar la autopsia del señor García Quiroga para establecer la causa de la muerte, señaló que la misma consignó que se trataba de un: ‘hombre de 35 años, identificado, quien sufre extensa quemadura que afecta el 60% de la superficie corporal

de I y II grado además de quemaduras de la vía aérea que le llevan a desarrollar rápidamente compromiso de la función respiratoria, anemia y desequilibrio hidroelectrolítico produciéndole rápidamente la muerte a pesar de estar recibiendo manejo en unidad de cuidado intensivo. Causa de muerte: Quemaduras por llamas, incendio en industria. Manera de muerte: Violenta, probablemente accidental” (folio 32)’. En punto a la Resolución N° 004702 del 19 de diciembre del 2005 emitida por El Ministerio de la Protección Social resaltó que la misma estableció que: ‘Del resultado de la investigación la Dirección Territorial de Cundinamarca, se determinó que las causas básicas inmediatas del accidente, no son de manera alguna imputables a la empresa, sino el mismo trabajador o trabajadores que operaban las máquinas y mezclas, quienes no tomaron las precauciones del caso, por falta de atención como lo dice el informe y ‘Al respecto el Despacho estudia todo el material probatorio observando que a folios 73 y 74 del expediente se encuentra la investigación técnica del accidente de trabajo y se establece el incumplimiento del programa de salud ocupacional, en especial el subprograma de higiene y seguridad industrial, violándose el artículo 11 de la resolución 1016 de 1989”. (Folio 480)’. Insistió en que “salta a la vista, protuberante, de bulto, ostensible el error de hecho porque éstas tres (3) pruebas que no fueron valoradas por el a-quo ni por el ad-quem en su conjunto y asociadas con las valoradas, determinan que la causa básica

inmediata, como quedó consignado en el informe del ISS (folio 40), del accidente de trabajo en el que perdió la vida el señor García Riaño (sic) (…) obedeció a las quemaduras internas, en las vías respiratorias, que sufrió en el incendio que se provocó en la planta po