CSJ - SL669-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Se Casaci‘n Laboral Sala de Duaniesstiii N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL669-2023 Radicación n.° 88227 Acta 11 Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JOSÉ IGNACIO VICTORIA VALENCIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 18 de septiembre de 2019, en el proceso que adelantó contra la CAJA DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI

- COMFANDI.

Acéptese el impedimento presentado por el Magistrado Donald José Dix Ponnefz (folio 56 del cuaderno de la Corte).

I. ANTECEDENTES José Ignacio Victoria Valencia llamó a juicio a Comfamiliar Andi - Comfandi para que, en forma principal, se declarara que: entre ellos existió un contrato de trabajo a

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Radicación n.° 88227 término indefinido, fue extinguido «por razones imputables a la empleadora»; fue ineficaz su terminación el «26 de diciembre de 2011» (sic) al no haberse solicitado permiso al Ministerio del Trabajo en los términos del articulo 26 de la Ley 361 de 1997. En consecuencia, pidió condenarla a: su reintegro a «un cargo acorde con su limitación y/o capacidad laboral», y pagarle los salarios, prestaciones sociales legales y

extralegales causados y dejados de pagar desde la desvinculación debidamente indexados. Adicionalmente, pretendió la indemnización establecida en el citado precepto legal y, la de los «Perjuicios Morales» causados por el «despido intempestivo, abusivo y arbitrario» de que fue objeto, «los cuales se fijan desde ahora en el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales». En subsidio, peticionó la declaración de un contrato de trabajo a término indefinido, el pago de la indemnización del articulo 26 de la Ley 361 de 1997, el reajuste de las prestaciones sociales <salario, cesantías, vacaciones, primas de Ley), durante el tiempo en que estuvo por fuera de la empresa hasta el reintegro decretado por el fallo de la Tutela de Segunda Instancia», así como el de la indemnización por despido injusto, se condene al pago de la indemnización moratoria, los perjuicios morales causados por «despido intempestivo, abusivo y arbitrario» en el equivalente a 100 SMLMV, al pago «del valor de la indemnización tarifada o plena de perjuicios, tal como lo establece el artículo 216 del

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Radicación n.° 88227 C.S.T.», la indexación, lo que resulte probado extra o ultra petita y, las costas. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que: trabajó para Comfandi desde octubre de 1985 como «extra (trabajador sin contrato y sin afiliación a seguridad social en servicios varios)», en el Centro Recreacional del Lago Calima ubicado en el municipio de Calima - Darién - Valle del Cauca

y, a partir del 25 de junio de 1986 como Auxiliar de Servicios en el Departamento de Recreación con un horario de lunes a domingo de 7:00 am a 12:00 m y de 1-10 pm, incluyendo días festivos. El último salario devengado ascendió a $797.360 mensuales. Afirmó que desde el 9 de julio de 2007, en vigencia del vínculo laboral, adquirió y padecía una enfermedad laboral derivada de sus funciones, especialmente, el mantenimiento de las piscinas en el centro de recreación, que conllevaba el manejo y manipulación de sustancias como cloro, alumbre y ácido muriático, entre otras. Expuso que el 4 de mayo de 2011 la demandada lo despidió y le pagó «parte» de la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo, razón por la cual instauró acción de tutela en busca de la «Protección Laboral Reforzada por Debilidad Manifiesta», que fue negada en primera instancia por el Juzgado 11 Penal Municipal de Santiago de Cali, decisión revocada por el Juzgado 14 Penal del Circuito de esa ciudad, que el 27 de julio de 2011 ordenó su reintegro a un cargo de igual jerarquía al que venía

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Radicación n.° 88227 desempeñando y acorde con su condición de salud, protección que se le concedió en forma transitoria. Indicó que el juez constitucional le dio un término de 4 meses para presentar demanda en la Jurisdicción Ordinaria Laboral y que fuera allí donde se resolviera en forma

definitiva el despido injustificado y «discriminatorio» o, en su defecto, hasta tanto la EPS, ARL, gel Fondo de Pensiones» (sic) o las Juntas Regional o Nacional de Calificación de Invalidez culminaran con el proceso de calificación del origen de su patología, «y dependiendo de la misma se proceda a su reubicación definitiva, hasta que se determine si tiene derecho a la Pensión de Invalidez, bien sea esta de origen común o de origen profesional». Refirió que su empleador no adelantó gestión o procedimiento a través del Comité de Salud Ocupacional en aras de dar cumplimiento a la sentencia de tutela, a pesar de ser esa su obligación. Agregó que una vez reintegrado no se le reajustaron, ni se le pagaron los derechos laborales causados durante el tiempo de su desvinculación. Sostuvo que, al no haberse instaurado la acción judicial dentro de los 4 meses indicados en la decisión constitucional, «debido a su situación delicada de salud y ante el constante acoso laboral de quef ue objeto por parte de la demandada por la orden del Reintegro, no le dieron tiempo ni permiso para conseguir e instaurar la respectiva demanda», la demandada «se tomó el atrevimiento de dar justicia por mano propia», nuevamente lo despide el 16 de octubre de 2012, sin permiso 4

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Radicación n.° 88227 del Ministerio de Trabajo a pesar de tener pleno conocimiento que se encontraba en tratamiento de su enfermedad laboral, la que adquirió en vigencia de la relación laboral. Agregó que la ARL Colmena y la EPS SOS dieron orden

a la demandada de reubicarlo, así como unas «instrucciones» que debía cumplir para la realización de sus funciones, las que dicha entidad no atendió y, por el contrario, con la decisión de terminar su contrato le causó perjuicios de carácter moral, «ya que ha padecido un profundo dolor y angustia, de quedarse totalmente desprotegido económicamente y enfermo». La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfamiliar Andi - Comfandi se opuso a las peticiones. De los hechos, aceptó: la vinculación laboral a partir del 25 de junio de 1986, el último salario devengado, la acción de tutela instaurada y las decisiones judiciales adoptadas. En su defensa adujo que terminó unilateralmente el contrato de trabajo, el 17 de octubre de 2012, en ejercicio de la condición resolutoria contemplada en el documento contractual, así como en el artículo 64 del CST. Resaltó que un ario y tres meses después de proferida la decisión de tutela que dispuso reintegro en forma transitoria, el demandante no interpuso la demanda ordinaria allí ordenada .con lo cual transgredió la orden judicial que lo obligaba a actuar dentro de los cuatro meses siguientes y por lo tanto desapareció la protección tutelar

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Radicación n.° 88227 reconocida en la sentencia del 15 dej unio de 2.011». Además, informó que en junta de amigables componedores celebrada entre la ARL Colmena y la EPS SOS el 18 de marzo de 2009, se acordó que la fistula de líquido cefalorraquídeo que

padeció el trabajador, era de origen común. Precisó que para la fecha en que desvinculó al promotor del juicio, no se encontraba incapacitado ni existía constancia en los registros de la empresa de que estuviera padeciendo serios deterioros de salud que lo ubicaran en condición de debilidad manifiesta, pues nunca fue calificada su incapacidad o minusvalía y, menos, que padeciera afecciones de tal envergadura que le impidieran desarrollar su potencial laboral en «condiciones regulares» o acceder a un nuevo puesto de trabajo. Afirmó que en la misiva de terminación del contrato se le puso de presente que aquella decisión fue producto de varias consideraciones de índole administrativo y económico que generaron que el Departamento de Recreación se encontrara en proceso de reestructuración a fin de garantizar la viabilidad de su operación, lo que comportó un ajuste en la planta de personal que conllevó a que desaparecieran las causas que dieron origen a su contrato de trabajo. Propuso las excepciones de pago de las obligaciones demandadas, compensación y prescripción de la acción, así como las que denominó: buena fe de Comfandi y, la innominada (f.° 106-121 cuaderno del juzgado).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Guadalajara de Buga, concluyó el trámite y emitió fallo el 24 de noviembre de 2016 (CD a f.°. 531 cuaderno de instancias), en el que dispuso declarar probadas las excepciones de inexistencia y pago de

las obligaciones demandadas, absolvió a la demandada de las pretensiones principales y subsidiarias y, condenó en costas al demandante. Inconforme el promotor del juicio, apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga profirió fallo el 18 de septiembre de 2019 (CD a f.° 601 cuaderno de instancias), en el que confirmó el de primer grado e impuso costas al impugnante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem fijó como problemas jurídicos a resolver: 1.- Si al momento del finiquito laboral el demandante se encontraba cobijado «por estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta», debiendo en consecuencia su empleador solicitar permiso al Ministerio de Trabajo y, por ende, ordenar su reintegro y, 2.- si existió culpa del empleador en la ocurrencia de la enfermedad del actor, así como la procedencia de la indemnización plena de perjuicios.

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Radicación n.° 88227 Previo a abordar los interrogantes planteados, precisó que el hecho de que el demandante no hubiere iniciado la acción ordinaria laboral dentro del término de 4 meses concedido por el juez de tutela, no conllevaba la prescripción de sus derechos laborales pues aquel «se refería exclusivamente a la vigencia y la protección transitoria que se otorgaba a su reintegro». Para dar respuesta al primer cuestionamiento, se remitió a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997

así como a la sentencia CSJ SL, 11 ab. 2018, rad. 53394, que reprodujo parcialmente, luego de lo cual indicó que «no es suficiente un quebranto cualquiera de salud del trabajador para hacerse beneficiario de la especial protección contenida en la mencionada norma, sino que debe acreditarse que aquel al menos tenga una disminución fisica, síquica o sensorial suficiente, que permita colegir que la misma está ligada al hecho del despido», aserto que respaldó con la sentencia CSJ SL, 30 en. 2019, rad. 71394 (sic). A continuación, procedió al estudio del material probatorio arrimado al juicio encontrando en la contestación de la demanda, que efectivamente gel actor sufrió un evento médico el día 9 de julio de 2007, pues asíf ue aceptado por la pasiva» y lo ratificó la historia clínica (f.° 21-22, 25-31, 33-59), dentro de la cual no solo se evidencia aquella situación sino también o manejo por obesidad, hipertensión arterial esencial y otras (f.° 425 y ss) correspondiente a los años 2008 a 2015».

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Radicación n.° 88227 Se refirió, además, a las declaraciones rendidas por Carlos Idolfo Etayo Pozo y Adolfo Marín Hernández y, concluyó: Habrá de afirmarse luego de analizar la totalidad de las pruebas, que en este asunto no quedó acreditado que el demandante para el momento en que fue despedido estuviera en condiciones de discapacidad que hicieran entender que el mismo estaba cobijado por la estabilidad laboral reforzada que pretende, pues si bien es

cierto quedó aceptado y demostrado el hecho de la enfermedad y el proceso de recuperación de la misma, también lo es que ese suceso no impidió que el trabajador siguiera desempeñando con naturalidad las tareas para las cuales fue contratado, tal como lo afirmaron los testigos deponentes; encuentra la Sala que contrario a lo afirmado por el demandante, no se pudo verificar que su desvinculación hubiese sido motivada por su disminución en la capacidad laboral devenida de la enfermedad sufrida. Y se dice lo anterior con sustento en las pruebas allegadas. En efecto, de lo afirmado por los testigos se pudo establecer que el ex trabajador sufrió una enfermedad en el ario 2007, esto es, 4 arios antes de la terminación del contrato, hecho que también deviene de las documentales, pero estos testigos, quienes habiendo sido compañeros de trabajo del accionante y, pese a ser insistentes en la gravedad de la enfermedad padecida por este, no lo lograron, no lograron llevar al convencimiento a la Sala de que el padecimiento de dicha enfermedad fue lo que motivó el despido del trabajador, es decir, no quedó demostrado que su padecimiento fuera motivo de discriminación. Nótese que durante los 4 años que precedieron al primer despido, el trabajador desempeñó sus funciones con normalidad en el mismo puesto de trabajo que siempre había ocupado. Y es que de la documental allegada no se evidencia ninguna orden de restricción para desarrollar ese cargo, ni tampoco los testigos pudieron asegurar que se hubiera ordenado reubicación. Como es lógico, al no quedar demostrada la discapacidad no hay lugar a presumir que este hubiese sido el móvil que hubiere

llevado al despido injusto que aquí se verificó, es decir, que la motivación de la desvinculación de ninguna manera fue por la limitación alegada, debiéndose concluir, por tanto, que en este asunto no hay lugar a imponer ni el reintegro ni la indemnización pedida, debiéndose confirmar la decisión de la a quo.

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Radicación n.° 88227 Prosiguió con el estudio del segundo problema jurídico, y recordó que para que se cause la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del CST, debe encontrarse suficientemente comprobada: [...] la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente o enfermedad de trabajo, la demostración del daño a la integridad o la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador en los deberes de protección y seguridad que según lo preceptuado artículo 56 del CST, de modo general le corresponde». Luego citó las sentencias CSJ SL, 30 jun. 2005, rad. 22656, reiterada posteriormente en las CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 39446 y, CSJ SL, 10 jul. 2013, rad. 42561. Refirió que, acreditada la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, o lo que es lo mismo, de diligencia y cuidado, surgía la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios causados y, que si el empleador pretendía excusar su responsabilidad «debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquella, tal y como de manera genérica lo dice el articulo 1757 del

Código Civil». Y a renglón seguido, anotó: Descendiendo al caso concreto, basta con señalar que del dictamen de determinación del origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional visible a folio 514 del expediente, que fue emitido con ocasión del trámite de este proceso y debidamente puesto en conocimiento de las partes, se logra evidenciar que un grupo interdisciplinario médico jurídico que calificó al demandante un porcentaje equivalente al 22.45%, origen de enfermedad común, siendo para esta Sala la prueba idónea para resolver, en la medida que proviene de una entidad que con su conocimiento científico logra llegar a dicha determinación. Ahora,

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Radicación n.° 88227 si bien es cierto lo manifestado por el apoderado del recurrente, que dicho dictamen puede ser controvertido en otras instancias, para lo que importa a este caso es esa calificación que se encuentra en firme; vale la pena afirmar que en este punto dicho dictamen está en consonancia con el que se había emitido desde el ario 2009 y que obra a folios 239 al 241, en el que se calificó el origen del evento y se llegó a igual conclusión, es decir, a un origen común. Con apoyo en todo lo manifestado, no tiene otro camino esta Sala que confirmar el fallo apelado por cuanto los argumentos esgrimidos por la juez de instancia se acompasan con la realidad legal y probatoria imperante dentro del informativo.

N. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, por lo que se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, «para que determine las pretensiones solicitadas en la demanda..

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera, que fueron objeto de réplica, de los cuales, enseguida se estudian de manera conjunta el primero y el segundo, pues no obstante orientarse por sendas distintas acusan similar elenco normativo, se complementan en la argumentación y, pretenden el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa aplicación indebida de los artículos 5, 22, 23, 24, 9, 56, 57 numeral 2, inciso 1 y 2 del

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Radicación n.° 88227 artículo 26 de la Ley 361 de 1997; 32 del Decreto 2463 de 2001; 41, 42, 43 y 44 de la Ley 100 de 1993; 45 del Decreto 1295 de 1994; Decreto 2463 de 2001; artículos 12 literales a, b, c y d, 13 numeral 2 literal by c y 15 literal a, b y c de la Ley 55 de 1993; 7 de la Ley 16 de 1969; 51 del Decreto 2651 de 1991; 43 de la Ley 712 de 2001 y, 87, 88 y 90 del Decreto 528 de 1964. Agregó que: El mencionado quebranto constituye además un medio para vulnerar derechos sustanciales que consagran los derechos sustantivos perseguidos por el actor y las normas relacionadas con los mismos, consignadas en los artículos 1 7, 9, 8, 10, 11,

13, 14, 18, 19, 21, 58 numeral 5; 140, 186, 249 306, 308 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 1, 2, 13, 16, 23, 25, 29, 47, 53, 54, 64, 65, 93, y 95 de la Constitución Nacional. Convenios 158, 159 de la OIT. Artículos 5, 22, 23, 24, el inciso 1 parcial y segundo y el artículo 26 de la ley 361 de 1997; artículos 3, 15, 17, 41, 42, 43, 44, 157 de la Ley 100 de 1997 (sic) y el artículo 45 del Decreto 1295 de 1994. Sostiene que quedó acreditada la enfermedad laboral que padece, la cirugía que se le practicó y el dispositivo médico que se le implantó, así como las incapacidades y recomendaciones médicas que se expidieron, limitaciones fisicas derivadas de la enfermedad profesional que adquirió en cumplimiento de sus funciones al realizar el mantenimiento y limpieza de las piscinas de la entidad demandada, sin que esta hubiera demostrado la capacitación y cumplimiento de los protocolos de seguridad al trabajador para evitar que aquella ocurriera. Resalta que también demostró la calificación de pérdida de su capacidad laboral en porcentaje del 22.45%, con fecha de estructuración en el ario 2007, hechos a partir de los 12

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Radicación n.° 8822 7 cuales «olvida el Juzgador Plural» que correspondía al

empleador acreditar los motivos aducidos como justa causa para la terminación del vínculo laboral, lo que no hizo dentro del proceso, pues la carta de despido por sí sola no demuestra los hechos que allí se invocan y, por el contrario se hace referencia a un despido sin justa causa sustentado en el artículo 64 del CST, «sin existir la causal objetiva que se requiere para el despido del trabajador> y sin contar con el permiso que para ello debía otorgar el Inspector del Trabajo. Resalta que la convocada a juicio no acreditó que la desvinculación hubiera obedecido a la terminación de la reestructuración de la entidad o a la supresión del cargo y que, por tal razón, la labor contratada no tuviere vocación de permanencia y la materia del trabajo se hubiere extinguido, «Es por ello, y fácil de entender, que su despido fue discriminatorio».

Afirma: Luego, la demandada COMFANDI sí conocía la discapacidad del demandante, lo reintegró, lo reubicó, y es una manifestación del principio de solidaridad, establecido en el artículo 48 de la Constitución Nacional, y a sabiendas de su debilidad manifiesta con ocasión a su enfermedad laboral, lo despidió sin justa causa, despido que no tuvo lugar en una causal objetiva, y que además no fue solicitado el permiso del Mintrabajo.

Si el despido o terminación del contrato laboral de un trabajador discapacitado se efectúa sin la autorización del Mintrabajo, se presume que la desvinculación tuvo como causa la condición de discapacidad o debilidad manifiesta y se entenderá que la terminación del contrato o despido es ineficaz, y se debe producir

de manera inmediata la consecuencia del reintegro.

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VII. RÉPLICA La entidad argumenta que el cargo no se aviene a la técnica del recurso extraordinario, pues a pesar de orientarse por la senda jurídica, se soporta en argumentaciones de índole fáctica, que lo tornan en un alegato propio de las instancias, además de denunciar en la proposición jurídica preceptos normativos sin hacer referencia específica a los artículos acusados, tal como ocurre respecto a los convenios de la OIT.

En lo que hace al fondo del cargo, asevera que en ningún dislate incurrió el Tribunal, en tanto sus argumentaciones son desde todo punto de vista compatibles con la jurisprudencia de esta Corte, toda vez, que al encontrar que la enfermedad padecida por el actor no había afectado las condiciones para la ejecución de sus actividades laborales, no podía considerarse que para el momento de la terminación del contrato de trabajo, este padeciera una «discapacidad relevante», con mayor razón si se tiene en cuenta que durante 4 arios el trabajador prestó sus servicios «de manera normal después de su operación».

VIII. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, inciso 1 parcial y 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; 41, 42 y 43 de la «Ley 100» y, 32 del Decreto 2463 de 2001 «sobre notificación del

dictamen». Agregó:

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Radicación n.° 88227 El mencionado quebranto constituye además un medio para vulnerar derechos sustanciales que consagran los derechos sustantivos perseguidos por el actor y las normas relacionadas con los mismos, consignadas en los artículos 1 7, 9, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 140, 249, 186, 306, 308, 58 numeral 5 del Código Sustantivo del Trabajo, el inciso 1 parcial y segundo y el artículo 26 de la ley 361 de 1997 y los artículos 1, 2, 13, 16, 23, 25, 29, 47, 53, 54,6 4,6 5,9 3, 95, de la Constitución Nacional. Convenios 158 y 159 de la OIT. Artículos 3, 15, 17, 41, 42, 43, 44, 157 de la Ley 100. Artículos 174, 175, 176, 177, 183, 187, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 268 y 279 del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso) y, artículos 1494, 1511, del Código Civil. Como causa directa de la vulneración, enlista los siguientes errores de hecho que atribuye al Tribunal:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada Caja conocía de la enfermedad laboral, accidentes y pérdida de la capacidad laboral del demandante.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía derecho a que se cumpliera el requisito de solicitud de permiso

para despedir de que habla el artículo 26 de la ley 361 de

1997. En ese caso el inspector debe validar que la CAJA haya agotado diligentemente las etapas de rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral del demandante.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía derecho a que se le reintegrara a su puesto de trabajo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante se encontraba bajo restricciones y limitaciones médicas al momento del despido.

5. No dar por demostrado, estándolo, que hay suficientes pruebas con las cuales se demuestra el nexo causal de la discapacidad y la desvinculación o despido del demandante.

6. No dar por demostrado, estándolo, la carta de terminación del contrato de trabajo fue sin justa causa sustentada en el artículo 64 del CST e indemnizando lo que ellos consideraron, tornando el despido en ineficaz.

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7. Dar por demostrado, no estándolo la invocación de una justa causa en la carta de terminación del contrato de trabajo. La carga del empleador es la de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, y la sanción de los 180 días de salario.

8. Dar por demostrado, no estándolo el deber de la CAJA de acreditar en el juicio la ocurrencia de una justa causa.

9. Dar por demostrado sin estarlo que la Caja cumplió los

protocolos de seguridad y la capacitación del manejo de los químicos para el mantenimiento de las piscinas. Afirma que los yerros resultaron de la mala apreciación de: cartas de terminación del contrato de trabajo de fechas 5 de mayo de 2011 y 16 de octubre de 2012, examen médico de egreso, «constancia de trabajo», calificación de origen profesional emitida por la EPS SOS de 19 de febrero de 2009, resonancia magnética de 9 de julio de 2007, derecho de petición y respuesta dada por la EPS SOS, historia clínica, sentencia de segunda instancia proferida en acción de tutela, dictamen pericial decretado por la jueza de primera instancia y, declaraciones rendidas por los testigos en el curso del proceso. Aduce que está demostrado que tanto el despido acaecido en mayo de 2011 como en octubre de 2012, «lo discrimina 2 veces por su problema de salud», pues la convocada a juicio no demuestra el proceso de reestructuración en la que se sustentó, lo que conllevaba a que solicitara autorización de la Oficina del Trabajo para finiquitar el vínculo laboral. 16

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Radicación n.° 88227 Refiere que quedó probado que no solo padecía una enfermedad, sino que estaba en situación de discapacidad, la que era conocida por su empleador quien no la objetó ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, llegando el Tribunal «a la conclusión errada que mi mandante estaba en la obligación de demostrar el nexo causal entre su discapacidad y su desvinculación, desconociendo que la

actividad probatoria a cargo de la parte actora es mínima, y fue la acreditación de esa limitación severa como efectivamente ocurrió». Para concluir, sostiene: La protección a la estabilidad reforzada para los limitados físicos, cobija a los trabajadores que se consideran como discapacitados o incapacitados, como en este el demandante. Pero además la protección laboral a la estabilidad reforzada cobija a quienes padecen un deterioro en su salud que limita la ejecución de sus funciones y las ampara del trato discriminatorio a no ser despedidos o terminado su contrato, SIN LA PREVIA

AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.

Garantía que está en cabeza del Estado (art. 2° de la Constitución Política), y en especial de la garantía a los derechos de igualdad, de trabajo, y de integración social.

IX. RÉPLICA Asegura que el cargo se desvía del eje fundamental de la decisión impugnada correspondiente a la normalidad en el desarrollo de las obligaciones laborales del trabajador pese a la enfermedad que le fue diagnosticada en el ario 2007, que le llevó a colegir la inexistencia de nexo causal entre la enfermedad del actor y la terminación de su contrato de trabajo, conclusión que en manera alguna es cuestionada

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Radicación n.° 88227 por el recurrente y que mantiene indemne la decisión acusada.

X. CONSIDERACIONES En primer término, hace notar la Sala que el escrito con el que se sustenta el recurso de casación, como lo pone de manifiesto la entidad opositora en los reproches, no se aviene a la técnica propia del recurso extraordinario; no obstante,

esas deficiencias son superables y, además, del desarrollo de los dos cargos se infiere que lo reclamado es la protección del trabajador en atención a las secuelas de las patologías que padecía desde antes de la terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo y, sin autorización del Ministerio de Trabajo. Siendo así, como quedó visto, no son materia de discusión los siguientes soportes fácticos del fallo: (i) que el demandante laboró para la demandada Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfamiliar Andi - Comfanfi, mediante contrato de trabajo a término indefinido entre el 24 de junio de 1986 y el 4 de mayo de 2011, calenda en la que fue despedido sin justa causa, (ii)f ue reintegrado en cumplimiento de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali dentro de la acción de tutela que instaurara en contra de su empleador, (iii) fue desvinculado nuevamente sin justa causa el 16 de octubre de 2012, (iv) fue sometido a una cirugía en el ario 2007 en la que se le implantó una válvula de drenaje en el cerebro, (y) la EPS SOS calificó su situación

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Radicación n.° 88227 de salud cono una enfermedad profesional, (vi) la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca en el transcurso del proceso emitió dictamen en el que le asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 22.45%, de origen común y fecha de estructuración de 23 de agosto

de 2007 y, (vii) que los hechos descritos fueron debidamente conocidos por el empleador pues aceptó saber de su situación de salud, así como haberlo reintegrado en cumplimiento de una orden constitucional. El fallador de segundo grado, negó la protección por estabilidad laboral reforzada, al considerar que en este asunto no se cumplían los requisitos que ha dispuesto la jurisprudencia en torno a tal amparo pues, aunque la parte actora sustenta sus pedimentos en un evento médico ocurrido el 9 de julio de 2007, con diagnóstico fistula de líquido cefalorraquídeo que derivó en la implantación de una válvula de drenaje en su cerebro, [...] es importante afirmar que no es suficiente un quebranto cualquiera de salud del trabajador para hacerse beneficiario de la especial protección contenida en la mencionada norma, sino que deb