CSJ - SL673-2024

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL673-2024 Radicación n.° 98434 Acta 8 Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 31 de octubre de 2022, en el proceso ordinario laboral que adelanta en su contra HUGO

ENRIQUE MARTÍNEZ BURGOS.

I. ANTECEDENTES El actor demandó mediante un proceso ordinario laboral a la UGPP, con el fin de que se declarara que fue trabajador de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero entre el 14 de julio de 1976 y el 27 de junio de 1999, y que era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo

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Radicación n.° 98434 1998-1999. En consecuencia, pidió que se condenara a la accionada a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación convencional desde el 2 de diciembre de 2010, momento en el que cumplió 55 años, por cuantía inicial de $1.107.727; los reajustes anuales; las mesadas adicionales de junio y diciembre; la indexación; lo extra y ultra petita; y las costas. En sustento de lo anterior, relató que laboró en la Caja

de Crédito Agrario, Industrial y Minero entre el 14 de julio de 1976 y el 27 de junio de 1999; que el último cargo fue el de «Subdirector II, Grado 06, en la Oficina de Toca – Boyacá»; que el último salario promedio mensual era por valor de «$1.107.727»; que estuvo afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Caja Agraria – Sintracreditario; que era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 1998 – 1999, la cual estaba vigente al momento del despido; que se dio por terminado su contrato a término indefinido sin justa causa. Agregó que la UGPP tiene la función de reconocer las prestaciones legales y convencionales de los extrabajadores de la Caja de Crédito; que cumplió 55 años el 2 de diciembre de 2010; que solicitó ante la UGPP la pensión convencional el 31 de marzo de 2021; y que agotó la vía administrativa. Al dar respuesta a la demanda, la entidad pública se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relativos al periodo laborado, el último salario promedio ganado y el cargo desempeñado, la función de la UGPP en el

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Radicación n.° 98434 reconocimiento de las prestaciones legales y convencionales de los extrabajadores de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y la fecha en que el actor cumplió 55 años. Los demás supuestos los negó o dijo que no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones previas de

ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales y el agotamiento de los de procedibilidad, y de fondo las de imposibilidad de aplicar una convención colectiva cuyos efectos jurídicos han cesado parcialmente por mandato constitucional, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, cumplimiento del deber legal de la UGPP, buena fe, prescripción, legalidad de los actos administrativos que niegan el reconocimiento de la pensión convencional y la «genérica» (f.os 296 a 305 del c. principal). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de fallo de 1. º de agosto de 2022, el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá resolvió (f.os 551 a 553 del c. principal): PRIMERO: DECLARAR que le asiste derecho al demandante señor HUGO ENRIQUE MARTINEZ [sic] BURGOS a la pensión de jubilación contemplada en el artículo 41 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1998 y 1999, cuyo valor de la mesada pensional inicial indexada al 02 de diciembre de 2010 asciende a la suma de $1.632.911, […].

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a reconocer y pagar a favor del demandante señor HUGO ENRIQUE MARTINEZ [sic] BURGOS el retroactivo pensional que se cause con ocasión del mayor

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valor que se genere entre la mesada pensional reconocida por Colpensiones y la pensión convencional reconocida en esta sentencia, para tal efecto deberá reconocerse el retroactivo pensional sobre 14 mesadas pensionales, a partir del 31 de marzo de 2018. Reconocimiento que deberá efectuarse de manera indexada respecto de todas y cada una de las diferencias pensionales que se llegaran a causar […].

TERCERO: DECLARAR parcialmente probaba la excepción de prescripción de los derechos causados con anterioridad al 30 de marzo de 2018. Declarar no probabas las demás excepciones propuestas.

CUARTO: AUTORIZAR a la entidad demandada UGPP para que realice el descuento que corresponda del valor del retroactivo que se cause por diferencias de las mesadas pensionales que tengan como destino al sistema de seguridad social en salud.

QUINTO: COSTAS a cargo de la demandada UGPP […].

SEXTO: ORDENAR remitir el presente proceso a la Honorable Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta a favor de UGPP […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la accionada y el grado jurisdiccional de consulta a su favor, a través de sentencia de 31 de octubre de 2022, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá modificó la decisión en los siguientes términos (f.os 17 a 30 del c. del Tribunal): PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 1º de agosto de 2022 por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de indicar que el

valor de la mesada inicial al 2 de diciembre de 2010 es de $1.624.180 […].

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que la prescripción opera sobre los derechos causados con anterioridad al 31 de marzo de 2018 […].

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada […].

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Radicación n.° 98434 En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico a establecer si el actor tenía derecho a la pensión de jubilación convencional que reclamaba. Señaló que no era objeto de debate en el proceso: (i) que entre el actor y la extinta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, existió un contrato de trabajo por el periodo comprendido entre el 14 de julio de 1976 y el 27 de junio de 1999, cuyo último cargo fue el de subdirector II, Grado 6; (ii) que le era aplicable la Convención Colectiva de Trabajo que se celebró por Sintracreditario y la empleadora con vigencia 1998-1999; y (iii) que estaba afiliado a dicho sindicato. Afirmó que al estudiar si el demandante tenía derecho a la pensión convencional, debía verificarse si cumplía con los requisitos del artículo 41 de dicho instrumento. El primero, 20 años o más de servicios en la extinta entidad, lo superó, en tanto al momento del retiro contaba con 22 años, 11 meses y 14 días de servicios. El segundo, referente a la edad, lo alcanzó el 2 de diciembre de 2010, cuando

llegó a los 55 años; esta última data, en principio, estaba fuera del término previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, anotó que en los fallos CSJ SL3962-2021 y CSJ SL526-2018, la Corte estableció en un caso análogo que la edad, en este tipo de pensiones, no era «un requisito para la estructuración sino apenas como una condición para

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Radicación n.° 98434 su exigibilidad, goce o disfrute». De modo que la prestación se entiende «causada desde el momento en que concurrieron los requisitos del tiempo de servicios, 20 años, y su desvinculación de la empresa, esto es el 27 de junio de 1999», sin que la edad sea un obstáculo para el reconocimiento del derecho. Sobre la mesada 14, el juez plural aseveró que había lugar a concederla, debido a que se causó con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005. Por otra parte, el colegiado analizó la compartibilidad pensional, debido a que Colpensiones reconoció la pensión de vejez a partir del 4 de febrero de 2011, conforme a los términos de la Ley 33 de 1985; en tal sentido, manifestó que dicha figura nació el 17 de octubre de 1985, a partir del Acuerdo 029 del mismo año, y se ratificó en el Acuerdo 049 de 1990, de modo que, como la prestación convencional se causó el 27 de junio de 1999, la mesada es compartida con la que Colpensiones reconoció.

Por último, se pronunció sobre la prescripción, para lo cual advirtió que el demandante tenía derecho a la prestación a partir del 2 de diciembre de 2010 y la solicitó el 31 de marzo de 2021, petición que fue rechazada por la UGPP, y que la demanda fue radicada ante la jurisdicción ordinaria el 10 de mayo de la misma calenda, por lo que operó el mecanismo jurídico sobre las mesadas anteriores al 31 de marzo de 2018.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso la convocada a juicio, lo concedió el Tribunal y lo admitió la

Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la demandada que esta Sala case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque la decisión del juzgado y la absuelva de todas las pretensiones. Subsidiariamente, pide que se case parcialmente la determinación impugnada en lo concerniente al reconocimiento de las 14 mesadas anuales y, en sede de instancia, se revoque tal condena.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos: […] 5º del Decreto 3135 de 1968; 1º, 2º, 3º, 6º y 7º del Decreto 1848 de 1969; 1º, 3º, 5º y 44 del Decreto 1045 de 1978; así

como los artículos 467, 468, 470 y 478 del Código Sustantivo

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Radicación n.° 98434 del Trabajo; los artículos 27 y 28 del Código Civil; en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, los artículo 164, 165, 167 y 176 del Código General del proceso [sic], lo que condujo a la violación de medio del inciso 3° y del parágrafo 2°, y de los parágrafos transitorios 2° y 3° del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los artículos 25, 53, 228 y 230 de la Carta Política. En síntesis, argumenta que el Tribunal incurrió en varios errores de hecho, como que aplicó el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, a pesar de que el actor solo cumplió el requisito de la edad luego del 31 de julio de 2010, fuera del límite temporal del Acto Legislativo 01 de 2005, bajo la consideración equivocada de que no era necesario para la causación del derecho, sino solo para su exigibilidad. Para ello, acusó como pruebas indebidamente apreciadas:

1. Libelo de demanda (Págs. [sic] 3 a 18 Cuaderno [sic] 1 digital del Juzgado).

2. Libelo de respuesta a la demanda (Pág. [sic] 296 a 305

Cuaderno [sic] 1 digital del Juzgado).

3. Copia de cédula de ciudadanía del señor HUGO ENRIQUE MARTÍNEZ BURGOS (Pág. [sic] 23 Cuaderno [sic] 1 digital del

Juzgado).

4. Registro Civil [sic] de nacimiento del HUGO ENRIQUE MARTÍNEZ BURGOS (Pág. [sic] 22 Cuaderno [sic] digital 1 del

Juzgado).

5. Documento contentivo de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita entre la Caja de Crédito Agrario Industrial y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria SINTRACREDITARIO, [sic] (Expediente [sic] digital del Juzgado Págs. [sic] 45 a 120).

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Radicación n.° 98434 Así, sustenta que el juez colegiado desacertó al desconocer que la Convención Colectiva 1998-1999 disponía que para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los hombres era necesario alcanzar: 20 años o más de servicio continuos o discontinuos; y 55 años cumplidos antes del 31 de julio de 2010, como determina el Acto Legislativo 01 de 2005. En tal sentido, afirma que no era posible desconocer que el artículo 41 del citado instrumento colectivo, planteaba que la edad era un requisito para otorgar el derecho, y no solo para su exigibilidad, pues sería «desconocer la voluntad de las partes en la fijación de las condiciones bajo las cuales se desarrollaban las relaciones de trabajo, haciendo decir a una cláusula lo que no expresa y cuyo contenido literal no permite otro aserto que la procedencia del beneficio de la pensión de jubilación». Asimismo, destaca que el Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la

Constitución Política, en lo pertinente a la vigencia de las convenciones colectivas estableció que los derechos pensionales dispuestos en ellas perderían su vigencia a partir del 31 de julio de 2010, es decir, su aplicación no podría superar dicha data. En consecuencia, anota que el demandante superó los 20 años de servicio ante la extinta entidad, pero los 55 años solo los alcanzó el 2 de diciembre de 2010, lo que el promotor del litigio admitió en la demanda y consta en su

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Radicación n.° 98434 cédula y registro civil de nacimiento, de manera que tal fecha rebasa el límite temporal impuesto por la reforma constitucional, por lo que el instrumento colectivo no estaba vigente. De modo que, manifiesta que el juez plural incurrió en un error ostensible de hecho, pues permitió acreditar el cumplimiento de unos requisitos cuando la norma tenía previsto que para ese momento no era dable reconocer esos derechos pensionales.

VII. CONSIDERACIONES Pese a la senda seleccionada, no se discuten en casación los siguientes hechos: i) Que Hugo Martínez Burgos trabajó en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero entre el 14 de julio de 1976 y el 27 de junio de 1999. ii) Que era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999. iii) Que el 2 de diciembre de 2010 cumplió 55 años.

En este caso, el juez de alzada determinó que para tener derecho a la pensión de jubilación establecida en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo de 19981999 de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el periodo de trabajo era un requisito de causación, mientras que la edad era de exigibilidad. Por ende, consideró que el límite temporal que el Acto Legislativo 01 de 2005 impuso para este tipo de pensiones, no era aplicable en el caso de

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Radicación n.° 98434 Hugo Martínez Burgos, por lo que se le podía otorgar el derecho desde el momento en que cumplió los 55 años. Por su parte, la censura afirma que el Tribunal no valoró correctamente las pruebas, debido a que los medios de convicción acusados acreditan que el promotor del litigio no alcanzó los requisitos para obtener la pensión jubilación, debido a que solo cumplió los 55 años exigidos por el instrumento colectivo luego del 31 de julio de 2010, esto es, fuera del periodo permitido por el Acto Legislativo 01 de 2005. En tales términos, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Tribunal se equivocó al valorar el acervo probatorio y resolver que el actor tenía derecho a la prestación, al ignorar que la pensión prevista en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo de 19981999 tiene como requisitos, en el caso de los hombres, alcanzar 20 años de servicios y 55 de edad, por lo que esta última no podía acreditarse más allá de la vigencia del acuerdo convencional, ni luego del 31 de julio de 2010. Para empezar, la Sala se remite al artículo 41 citado

instrumento colectivo, que señala: A partir del dieciséis de enero de 1992, los trabajadores de la Caja Agraria cuando cumplan veinte (20) años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, y lleguen a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones, tendrán derecho a que la Caja les pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios.

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Radicación n.° 98434 Con todo, quienes el dieciséis (16) de marzo de 1992 tuvieren dieciocho (18) o más años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, tendrán derecho a la pensión cuando cumplan cuarenta y siete (47) años de edad y veinte (20) años de servicio. Quienes hayan cumplido los requisitos anteriores para el ejercicio o disfrute de la pensión de jubilación deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (1) año contado a partir de la fecha de la firma de la presente Convención. Para quienes no hayan adquirido este derecho y cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicio, igualmente deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (1) año, contado a partir de la fecha en que cumplan los requisitos. Si el trabajador no hace la expresa solicitud aquí prevista dentro de los términos señalados, la pensión se regirá de la siguiente manera: a) Para las personas con cuarenta y siete (47) años de edad y

veinte (20) años de servicio su pensión se regirá por las normas convencionales, es decir, a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones. b) Para los que se rijan por el régimen convencional, veinte (20) años de servicio, y cincuenta (50) años de edad las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad los varones, su pensión se regirá por las normas legales vigentes. El pago de las pensiones de jubilación de carácter convencional que la Caja haya reconocido o reconozca en el futuro, continuará haciéndose directamente por la entidad al Beneficiario. Así mismo, la Caja se compromete a reconocer a los pensionados, de acuerdo con la ley 4ª de 1966, los beneficios establecidos en dicha Ley. PARAGRAFO 1º. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de 55 años si es hombre y de 50 si es mujer, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicio a la institución. (Subrayado fuera del texto original).

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Radicación n.° 98434 PARAGRAFO 2º. El trabajador que el dieciséis (16) de marzo de 1992 haya cumplido 18 años o más de servicios continuos o discontinuos, que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de los 47 años, tiene derecho a la pensión al llegar a ducha edad, siempre que haya cumplido el requisito de

veinte (20) años de servicios a la Institución” PARÁGRAFO 3o. La pensión se liquidará así: Primer Factor Fijo. Ultimo sueldo básico mensual más primas de antigüedad y o técnica si las estuviere devengando. Segundo Factor. Valores Variables. Salario en especie, auxilio de transporte, incentivo de localización, gastos de representación si los hubiere, primas semestrales, primas habituales o permanentes, horas extras, dominicales o feriados trabajados, viáticos devengados durante ciento ochenta (180) días o más y el valor de las sobre remuneración en el caso de que desempeñe cargos superiores provisionalmente, devengados durante el último año. Los valores anteriores se suman y dividen por doce (12), con lo cual se obtiene el segundo factor. De la suma de estos dos factores se tomará el 75% establecido. Respecto de la norma precitada, esta Corporación ha destacado que la prestación tiene como requisitos el cumplimiento de 20 años de servicios y el retiro de la entidad, por lo que la edad es un presupuesto de exigibilidad, goce o disfrute y, en tal sentido, no es necesario que se alcance antes del 31 de julio de 2010 (CSJ SL4049-2022). Lo dicho, en tanto las partes no acordaron la edad como una condición para la estructuración del derecho pensional y la fecha de su cumplimiento es ajena a la vigencia de la convención colectiva, contrario a lo planteado por la entidad recurrente.

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Nótese que la norma convencional parte del presupuesto de que el trabajador cumpla con la causa de la prestación, esto es, el tiempo de servicios, pero considera la circunstancia que le impide al trabajador acceder a la pensión conforme a la regla general, esto es, el cumplimiento de la edad en vigencia de la relación laboral. Por tanto, partiendo de esta base, es decir, que ya no exista vinculación laboral, dispone que el acceso a la prestación se produce cuando, en el caso de los hombres, se cumpla la edad de cincuenta y cinco (55), de tal suerte que con la acreditación de las condiciones iniciales se tendrá el derecho, pero su goce o disfrute se producirá con la edad. Ciertamente, en la sentencia CSJ SL569-2023, reiterada en la CSJ SL2890-2023, la Sala precisó: Sobre el alcance de dicha disposición convencional, debe señalarse que ya la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, verbigracia, en sentencias CSJ SL5030-2019, CSJ SL2297-2021 y SL3267-2022, donde se sostuvo, que la intelección de este artículo desde su vista gramatical, sistemática y teleológica, consiste en que: i) se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, es decir, a quienes a partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo de marras perdieron la condición de trabajadores activos; ii) que para la estructuración del derecho pensional se exige haber prestado cuando menos veinte (20) años de servicio a la

citada empresa; y iii) que el disfrute o goce de la prestación se configura, cuando el ex trabajador arriba a la edad de cincuenta (50) años, si se es mujer, y de cincuenta (55) años, si se es hombre. En similar sentido, esta Corporación en la sentencia CSJ SL4049-2022, reiteró la CSJ SL526-2018, donde al efecto puntualizó: […] en criterio de la Corte, y tal cual lo alega el recurrente, la edad pensional no se acordó en la aludida disposición como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la empresa, por ende, como un requisito para la estructuración del

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Radicación n.° 98434 derecho sino apenas como una condición para su exigibilidad, goce o disfrute. […] Ante tal situación lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensión así prevista se reducen a dos: la prestación de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 años, y la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condición personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional. Es totalmente entendible la anterior afirmación si se observa que el cumplimiento de la edad pensional en estos casos resulta totalmente indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, dado que para el momento en que el extrabajador cumple la edad establecida en la norma pensional convencional se requerirá que la relación laboral haya perdido su vigencia. […] Entonces, siendo que los supuestos de hecho del derecho

pensional aquí estudiado están limitados a la desvinculación del trabajador y la prestación del tiempo mínimo de servicio, pues la fecha del cumplimiento de la edad allí prevista es ajena a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, las únicas exigencias que lo estructuran o definen, que entiende la Corte deben producirse en el término de vigencia de ésta son las ya indicadas: desvinculación voluntaria o forzosa del servicio y tiempo del mismo. En tanto, la fecha del cumplimiento de la edad es de orden individual o particular, sin incidencia alguna en razón de la vigencia de la convención colectiva de trabajo, pues únicamente está atada a la situación particular del extrabajador. De conformidad con el precedente señalado, se reitera, que de la lectura del texto convencional transcrito, esta Corte colige, que las condiciones generales que se establecen para adquirir la pensión de jubilación en los términos del artículo extralegal, específicamente se circunscriben a la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa, y que haya prestado sus servicios a favor de ésta, cuando menos, durante 20 años, por cuanto la edad en este caso, no se acordó como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la misma, esto es, como un requisito para la estructuración del derecho, sino apenas como una condición para la exigibilidad del derecho pensional. Al respecto, en sentencia CSJ SL3252-2022, que memoró la CSJ SL4550 -2018, la Sala al estudiar la pluricitada cláusula convencional, adujo:

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Radicación n.° 98434 Nótese a ese respecto que la disposición convencional parte del presupuesto de que el trabajador ya ha cumplido la materialidad laboral que le da causa a la prestación pensional: el tiempo de servicios, pero considera la circunstancia que impide al trabajador acceder a la pensión conforme a la regla general, la del cumplimiento de la edad pensional en vigencia de la relación laboral, por tanto, toma tal circunstancia como condición necesaria para el reconocimiento del derecho, esto es, que ya no exista vinculación laboral, o por causa imputable a la empresa o por iniciativa del propio trabajador, para de allí señalar que el acceso a la prestación se producirá cuando cumpla la edad de cincuenta (50) años, si es mujer, o cincuenta y cinco (55) si es hombre, lo que es tanto como decir que con el cumplimiento de las dos condiciones iniciales se tendrá el derecho, pero su goce o disfrute solo se producirá al cumplimiento de la última, la anotada edad. Así, la edad considerada en la estipulación convencional fluye indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, por exigir ésta que tal ocurrencia se produzca cuando el ex trabajador ya no se encuentra amparado directamente por ella, resultando que, de una parte, éste hubiere perdido la condición de trabajador de la empresa; y de otra, que sea en un todo posible que ni siquiera la disposición convencional para ese nuevo momento mantenga vigencia en el marco de las relaciones contractuales de la misma empresa. De ese modo, en forma alguna puede concluirse que la dicha edad sea requisito de estructuración del

derecho, sino apenas de su exigibilidad, de su goce o disfrute. Entonces, siendo que los supuestos de hecho del derecho pensional aquí estudiado están limitados a la desvinculación del trabajador y la prestación del tiempo mínimo de servicio, pues la fecha del cumplimiento de la edad allí prevista es ajena a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, las únicas exigencias que lo estructuran o definen, que entiende la Corte deben producirse en el término de vigencia de ésta son las ya indicadas: desvinculación voluntaria o forzosa del servicio y tiempo del mismo. En tanto, la fecha del cumplimiento de la edad es de orden individual o particular, sin incidencia alguna en razón de la vigencia de la convención colectiva de trabajo, pues únicamente está atada a la situación particular del extrabajador. Pero también entiende la Corte, en segundo término, que el aludido Parágrafo 1º previó el derecho pensional a favor de quienes habiendo sido trabajadores de la entidad le prestaron un tiempo de servicio mínimo de servicio pero no arribaron a cierta edad en su vigencia, porque, precisamente, a quienes les exigió tal condición pensional se refirió paladinamente al inicio del marco de las disposiciones pensional, se recuerda, de donde no ha lugar a concluir cosa distinta a que, para los primeros, los que perdieron la calidad de trabajadores activos, la edad no se tuvo como un requisito de estructuración del derecho --pues no lo podían cumplir

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Radicación n.° 98434 en ese tiempo--, sino apenas de su disfrute. De desatenderse tal razonamiento resultaría inane la

consideración también expresa del derecho pensional en favor de los trabajadores activos, a quienes sí se les exigió como presupuesto pensional el cumplimiento de una determinada edad, cincuenta (50) o cincuenta y cinco (55) años según su género, y por supuesto la vigencia de su relación laboral, aparte del requisito material del derecho: la prestación de servicios durante un término mínimo de veinte (20) años. En síntesis, cuando la disposición convencional previó la pensión de jubilación exigiendo un tiempo de servicios mínimo, no queda duda alguna que la edad dejó de ser un requisito de estructuración del derecho, para tenerse como un mero requisito de la exigibilidad, disfrute o goce del derecho pensional. Ahora bien, teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la edad es un simple requisito de exigibilidad del derecho y no de causación y, que el 27 de junio de 1999 –fecha de desvinculación del actor de la empresaya contaba con más de 20 años de servicios en favor de la Caja Agraria, según se acreditó en las instancias y no fue objeto de discusión allí, ni a través de este mecanismo extraordinario, es claro que, a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, el 31 de julio de 2010, aquel tenía un derecho adquirido Lo anterior, debido a que había reunido los dos requisitos del derecho pensional discutido: el tiempo de servicios y la desvinculación laboral, por lo que apenas estaba pendiente de arribar a la edad requerida para su goce o disfrute, lo que sin discusión cumplió el 2 de diciembre de 2010, según lo concluyeron los juzgadores y

fue aceptado igualmente por la entidad.

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Radicación n.° 98434 En ese orden de ideas, se tiene que las previsiones contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, no afectaron la pensión de jubilación deprecada, en el entendido, que se causó desde el 27 de junio de 1999 y, en esa medida, constituye un derecho adquirido no susceptible de ser desconocido por esa reforma constitucional, en el que la edad es únicamente un plazo futuro que estaba pendiente de cumplirse, sólo a fines de hacer exigible su pago. Es decir, tal restricción no le aplica al extrabajador por el hecho de haber cumplido la edad establecida en la convención colectiva de trabajo -55 añosel 2 de diciembre de 2010, esto es, con posterioridad a la fecha indicada por el parágrafo transitorio 3. º del artícul