CSJ - SL675-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL675-2023 Radicación n.° 86363 Acta 11 Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ANDRÉS CAMILO CASTELLANOS TRUJILLO contra la sentencia proferida el 6 de junio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el recurrente contra

MISION TEMPORAL LIMITADA, ALPINA PRODUCTOS

ALIMENTICIOS S.A. y JOSÉ GIRALDO GARCÍA OROZCO.

I. ANTECEDENTES Andrés Camilo Castellanos Trujillo llamó a juicio a los demandados, con el fin de que, en síntesis, se declare que el nexo de trabajo que tenía con la empresa Misión Temporal Ltda. fue finalizado sin justa causa, en razón de encontrarse en un «estado de debilidad manifiesta».

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Radicación n.° 86363 Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene su reintegro a «la empresa MISIÓN TEMPORAL LTDA. bajo los servicios y en un puesto con las restricciones médicas en la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.», junto con el pago, a cargo de la aludida temporal, de la indemnización por despido, los salarios dejados de percibir, las cotizaciones en seguridad social, las sanciones por la no cancelación o consignación del auxilio de cesantías e «intereses moratorios». «Subsidiariamente» peticionó que esas

condenas fueran asumidas por los codemandados Alpina Productos Alimenticios S.A. y José Giraldo García Orozco. En respaldo de sus pretensiones, relató que ingresó a laborar a la empresa Misión Temporal Ltda. el 20 de diciembre de 2012, suscribiendo un contrato de obra o labor como trabajador en misión en la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.; y que fungió como ayudante de agencia, bajo la subordinación de José Gildardo García Orozco y Julio César Corona, ambos trabajadores de la última empresa mencionada. Expresó que el horario era de lunes a sábado de 3 p.m. a 4 a.m.; que en la ejecución de su actividad sufrió cinco accidentes, entre ellos, el primero en enero de 2013, cuando se resbaló y unas «cubetas se cayeron sobre él», lo cual le generó un problema en la columna, consistente en síndrome radicular L5-S1 bilateral leve crónico, conforme se estableció en los exámenes practicados el 23 y 27 septiembre de «2016»; y que el último infortunio laboral ocurrió el 16 de julio de

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Radicación n.° 86363 2013, cuando nuevamente se resbaló y se golpeó con unas cubetas; que esos sucesos fueron atendidos por las respectivas ARL, inicialmente por Colpatria y el último incidente por Seguros La Equidad. Arguyó que además de la referida afectación de salud, no puede levantar pesos superiores a cinco kilos; que la relación con sus jefes se tornó «difícil», quienes le manifestaban que «no servía» o que no «era útil»; que fue

citado a descargos el 18 de septiembre de 2013 y despedido al día siguiente, aduciendo el empleador el incumplimiento del horario laboral, el desplazamiento a áreas donde no tenía autorización, el consumo de productos de la empresa usuaria sin contar con permiso y la ejecución de las actividades sin precaución y cuidado. Agregó que no fue capacitado; que se endilgaron unas faltas que no cometió; que luego le fue practicado el examen médico de retiro en el cual se recomendó una valoración por dolor lumbar; que el valor del auxilio cesantía del año 2012 no le fue consignado; que la empleadora no solicitó autorización al Ministerio del Trabajo para el finiquito contractual, pese a que padece un síndrome radicular L5-S1 bilateral leve crónico; y que no le brindaron medidas de protección y prevención. Misión Temporal Ltda. al dar respuesta a la demanda, en síntesis, se opuso a todas y cada una de las súplicas formuladas en su contra. Respecto de los hechos, aceptó los extremos de la relación, el cargo desempeñado por el

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Radicación n.° 86363 accionante, la clase de vínculo contractual, la citación a descargos, la finalización del nexo aduciendo justas causas y la ocurrencia de un accidente laboral en julio de 2013, precisando que fue incapacitado por diez días, y luego retornó a sus actividades. Sobre los demás supuestos fácticos, manifestó que no eran ciertos o que se constituían en apreciaciones subjetivas. En su defensa, argumentó que el promotor del proceso

no tiene una condición de salud que le permita gozar del fuero de salud invocado; y que el contrato de trabajo finalizó por justa causa. Propuso con el carácter de previa la excepción de prescripción; y, de fondo, las de inexistencia de las obligaciones demandadas, indebida tasación de perjuicios, buena fe, trabajador en misión, cobro de lo no debido, pago, indebida acumulación de las normas legales, no limitación del demandante al momento de la terminación del vínculo laboral, errónea interpretación de las normas legales, terminación del contrato por justa causa, compensación, prescripción y la genérica. A su turno, Alpina Productos Alimenticios S.A., al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. Expresó que los supuestos fácticos narrados no eran ciertos o que no le constaban, en razón a que no contrató directamente al demandante. Formuló las excepciones de inexistencia de la

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Radicación n.° 86363 obligación, prescripción, cobro de lo no debido y buena fe. Así mismo, llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., petición a la que accedió el despacho de conocimiento (f.o 398). La aludida aseguradora, al contestar la demanda inicial, se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, arguyó que no le constaban. En su defensa dijo que el promotor del proceso no gozaba de una protección especial y adujo que la póliza de seguros no cubría obligaciones de carácter laboral, como las

aquí reclamadas. Enlistó las excepciones de ausencia de cobertura de la póliza, inexistencia de los presupuestos que configuren el fuero especial alegado, ausencia de cobertura de la indemnización moratoria y de intereses moratorios, máximo valor asegurado, prescripción y la genérica. El codemandado José Giraldo García Orozco no contestó la demanda. En audiencia celebrada el 18 de octubre de 2017, el juzgado de conocimiento determinó que la excepción de prescripción la resolvería de fondo (f.o 482).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué,

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Radicación n.° 86363 mediante sentencia proferida el 23 de abril de 2018, resolvió: PRIMERO: ORDENAR a Misión Temporal Ltda. que reintegre al demandante Andrés Camilo Castellanos al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a uno de igual o superior categoría.

SEGUNDO: ORDENAR a Misión Temporal Ltda. que efectúe el pago a Andrés Camilo Castellanos de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales, dejados de percibir a los que hubiere tenido derecho, en caso de no haber mediado solución de continuidad, incluyendo los aportes patronales a pensión.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la parte demandada.

QUINTO: Condenar en costas a MISION TEMPORAL LTDA. En

su oportunidad se tasarán.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante y de la sociedad condenada, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, quien, con sentencia del 6 de junio de 2019, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó todas las súplicas de la demanda inaugural. Impuso costas a la parte vencida en la primera instancia, que lo fue el actor.

El juez colegiado manifestó que los problemas jurídicos a resolver consistían en: i) establecer si el demandante para el momento de la terminación del contrato de trabajo estaba amparado por la estabilidad laboral reforzada por salud, en caso afirmativo, definir si la finalización del nexo obedeció o no a una justa causa; y ii) en el evento de confirmar la

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Radicación n.° 86363 decisión del reintegro, determinar el salario que percibía el accionante y también verificar si Alpina Productos Alimenticios S.A. debe ser condenada en forma «solidaria». De manera preliminar, indicó que revocaría el fallo condenatorio, para en su lugar absolver de las pretensiones, en tanto, estimó que en el plenario no se acreditó que el promotor del proceso, para el momento de la ruptura de la relación, se encontraba amparado por el fuero de salud previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de allí que era innecesario analizar los demás problemas jurídicos propuestos. Aludió a los artículos 25 y 53 de la CP, y explicó que la citada Ley 361 de 1997 estableció que en ningún caso la

limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que resulte incompatible e insuperable con el cargo que se va a desempeñar, como también que nadie puede ser despedido por su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina del trabajo. Explicó que esa normativa creó una protección para los trabajadores que se ven incapacitados para cumplir sus actividades, empero esa garantía no opera para cualquier tipo de limitación, pues debe ser moderada, severa o profunda, aunado a que el empleador debe conocer de su existencia.

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Radicación n.° 86363 Descendió al análisis de las pruebas, y estimó que en el sub lite no estaba acreditado que para la data del finiquito contractual el promotor del proceso tuviera una afección de salud que lo hiciera destinatario del fuero invocado. En dicho sentido, el juez colegiado adujo que acorde a la sentencia CC SU049-2017, son destinatarios de esa protección las personas que tienen dificultades para el desempeño de sus labores, y si bien al plenario se allegó la historia clínica del accionante, la que muestra que durante el vínculo que tuvo con Misión Temporal Ltda. sufrió cinco accidentes los días 14 de enero, 12 de marzo, 8 de junio, 16 y 29 de julio de 2013, lo cierto era que los tres primeros incidentes generaron unas incapacidades por dos días cada uno, el cuarto fue de diez días y el último de uno solo, sin que estuviera probado que hubo secuelas, tal como se

colegía de la historia laboral de folios 40 a 55, y con las comunicaciones del 21 de julio y 3 de agosto de 2015 emitidas por Axa Colpatria y la Equidad Seguros de Vida (f.o 70 y 72). Especificó que la enfermedad que sufría el actor, consistente en «lumbociática escoliosis lumbar protrusión discal L5 S1 no comprensiva», por la cual se estaba solicitando el amparo, le fue diagnosticada el 23 de septiembre de 2013 (f.o 56 a 61), es decir, cuando el nexo laboral había finalizado, hecho que ocurrió el día 19 de ese mes y año, lo que se traducía en que con anterioridad el accionante no tenía conocimiento de su existencia y, menos aún, el empleador.

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Radicación n.° 86363 Dijo que ni siquiera se sabía qué grado de pérdida de capacidad laboral padecía, a fin de considerar que pudiera gozar de las garantías previstas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, como tampoco que dicha enfermedad afectaba su salud de tal manera que le impidiera el desempeño de sus labores, máxime que habérsele recomendado el uso de un cinturón y prendas protectoras no significaba que tuviera una discapacidad o una patología, sino que con ello se buscaba prevenir algún tipo accidente, tal como se desprendía de la documental de folio 91. Expuso que con el examen de egreso practicado el 26 de septiembre de 2013 se demostraba que el accionante no presentaba secuelas de los accidentes de trabajo ni signos

de enfermedad profesional (f.o 39). Coligió que, en este asunto, no era necesario solicitar autorización al Inspector de Trabajo para finalizar el nexo laboral, en tanto la ruptura obedeció a un despido con justa causa, tal como se explicó en la sentencia CSJ SL1360-2018; sin que fuera menester analizar si las razones invocadas por la empleadora estaban ajustadas a la ley, en la medida que no se reclamó una indemnización por el finiquito contractual. Finalmente, reiteró que, en atención al análisis precedente, no había lugar a estudiar la responsabilidad solidaria de la codemandada, que adujo el accionante en su recurso de apelación.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación de la sentencia recurrida, para que, una vez constituida en sede de instancia, esta corporación «MODIFIQUE en su totalidad la sentencia impugnada y en su lugar se concedan todas las pretensiones de la demanda, DECLARANDO y reconociendo a favor de mi poderdante el amparo por ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA […] confirmando así parcialmente la sentencia de primera instancia»; así mismo, se condene a Alpina Productos Alimenticios S.A. como solidariamente responsable de todas las acreencias laborales, «lo cual había sido recurrido en apelación».

Con tal propósito, propone un cargo, que es replicado

únicamente por Alpina Productos Alimenticios S.A.

VI. CARGO ÚNICO Es formulado así: Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en razón a los errores en la valoración probatoria que más adelante se argumentarán, en la modalidad de falta de aplicación de la ley por violación a la Constitución Política de Colombia en sus Art 25, Art 53, infracción directa a la Ley 361 de 1997 en su Art 26 y el Código Sustantivo del Trabajo en sus Art 34 y el Art 165 y Art 176 del

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Radicación n.° 86363 Código General del Proceso, así como en la interpretación errónea de la sentencia con fuerza vinculante Sentencia UNIFICADORA SU049 del 02 DE FEBRERO 2017 de la Honorable Corte Constitucional, que llevaron al Ad Quem a revocar la sentencia de primera instancia, negando así todas las pretensiones de la demanda, manifestando en su tesis lo siguiente: "La tesis que sostendrá la Sala es que revocara la sentencia de primera instancia por cuanto no existe prueba dentro del proceso que demuestre que el demandante a la fecha de terminación del contrato de trabajo se encontraba amparado por estabilidad laboral reforzada para que procediera la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que conlleva que por sustracción de materia no debe analizarse el recurso presentado por la parte demandante". (Negrillas propias del texto). En la demostración del cargo, aduce que se cometió un

«error de derecho» al revocar la sentencia de primer grado, la cual, con apoyo en la decisión CCSU049-2007, había accedido a las pretensiones incoadas. Esgrime que el Tribunal se equivocó al razonar que, a efectos de que opere la estabilidad laboral, se requiere acreditar una pérdida de capacidad laboral «significativa», la cual se demuestra con la respectiva calificación, dictamen que no obraba en el plenario; en tanto, considera el recurrente, tal postura se aparta de las directrices de la referida sentencia. Señala que el ad quem incurrió en un yerro al «no dar por probado, estándolo, que el Sr. ANDRES CAMILO CASTELLANO TRUJILLO se encontraba en estado de discapacidad», pues venía padeciendo una enfermedad consistente en «PROTUNCIÓN (sic) DISCAL L5-S1 NO

COMPRESIVA, ESCOLIOSIS LUMBAR y SINDROME

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Radicación n.° 86363 RADICULAR L5-S1 BILATERAL LEVE CRÓNICO»; y dice que conforme a los artículos 25 y 53 Superiores el trabajo es un derecho fundamental y, por consiguiente, en atención a la dignidad humana y el principio de favorabilidad, no podía ser despedido por su estado de salud. Considera que se incurrió en la «infracción directa» de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997 y 165 del CGP, en razón a la indebida valoración probatoria, pues sus afecciones médicas están registradas en la historia clínica y en el resultado de «Rayos x» (f.o 66). Sostiene que también se equivocó el juez colegiado «al

no dar por probado y no declaró estándolo, que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. era SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE frente a las acreencias laborales», situación que se deriva de los estatutos y el certificado de existencia y representación de esa sociedad, que informan que su objeto social guarda estrecha relación con la actividad que cumplía el demandante, de modo que esa empresa usuaria no lo podía contratar en misión, proceder con el cual vulneró los artículos 34 del CST y 53 de la CP. Arguye que no resultaba ajustado a «derecho imponer» al accionante una carga de la prueba de forma «DESPROPORCIONADA», como lo es exigir que tuviera un dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral para el momento del despido, máxime que estaba en proceso de rehabilitación y, reitera que la historia clínica y el examen de egreso dan cuenta de unas patologías que impedían el

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Radicación n.° 86363 desempeño de sus labores en condiciones normales. Transcribe un pasaje de la sentencia CC SU049-2017 y considera que se cometió un «error de hecho» al no apreciar la citada historia clínica que milita a folios 53 a 55, 57, 58, 62, 66 y 67, que demuestra su precario estado de salud, al punto que en la actualidad el demandante tiene diferentes limitaciones, tales como: no levantar más de cinco kilos de peso con sus manos y no poderse agachar con facilidad ni estar mucho tiempo de pie ni sentado. Alude a algunos apartes de la historia clínica y destaca que los padecimientos del accionante están documentados

en vigencia de la relación laboral y no de forma posterior, como equivocadamente lo coligió el ad quem. Explica que también se equivocó el juez de apelaciones al fundamentar su decisión en un oficio remitido por la ARL Equidad Seguros de agosto de 2015, en el cual se dice que uno de los accidentes que sufrió el trabajador no le generó secuelas, en tanto esa conclusión resulta contraria a los resultados de unos rayos x que le practicó la empresa IDIME el 12 de septiembre de 2013 (f.o 66 y 67). Destaca que de la historia clínica también se colige que el promotor del proceso estaba en tratamiento médico como consecuencia del accidente laboral sufrido el 16 de julio de 2013 (f.o 56 y 57). Manifiesta que en el examen de egreso se dejó registrado

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Radicación n.° 86363 que debía efectuarse una valoración por dolor lumbar y que, si bien para el momento del despido no se había calificado su PCL, ello era lógico, en tanto estaba en tratamientos y estudios médicos, pero que posteriormente en el año 2019 le fue calificada su pérdida de capacidad laboral. Finalmente, puntualiza que del certificado de existencia y representación junto con sus estatutos de Alpina Productos Alimenticios S.A., se desprendía que es solidariamente responsable de las condenas, por ser la «BENEFICIARIA DEL

TRABAJO Y DUEÑA DE LA OBRA».

VII. LA RÉPLICA Alpina Productos Alimenticios S.A. se opone a la prosperidad del cargo, para lo cual esgrime que el Tribunal

no efectuó estudio alguno relacionado con la responsabilidad solidaria de esa empresa, de allí que no pudo cometer un error fáctico. Indica que, al margen de lo anterior, el ataque no identifica la modalidad de vulneración de la ley; no se controvierten todos los argumentos del juez colegiado; se dice que hubo falta de valoración de las pruebas, pese a que fueron apreciadas en la decisión; no se acredita algún yerro, por cuanto los medios de convicción a que se aluden no dan cuenta de una imposibilidad para cumplir las labores contratadas; y se desconoce que el juez plural se fundamentó en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, relativa a que se debe acreditar una pérdida de

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Radicación n.° 86363 capacidad laboral relevante, lo cual no aconteció en el sub lite.

VIII. CONSIDERACIONES Advierte la Sala que la demanda de casación no es un modelo, dado que el único cargo propuesto se dirige por la senda de los hechos y la censura alude a tópicos propios de la vía jurídica, como lo es definir si para ser destinatario de la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere, para el momento de la finalización del nexo laboral, un dictamen que califique la pérdida de capacidad laboral; lo cual constituye una impropiedad, en tanto no es dable entremezclar aspectos propios de cada género de violación, de allí que su formulación y sustentación debe ser por separado, tal como se dijo en la sentencia CSJ SL, 25

mar. 2003, rad. 20026, reiterada en la decisión CSJ SL31252022, cuando precisó: Ya en lo que respecta al fondo de la acusación se encuentra que el recurrente se aparta igualmente de las reglas que gobiernan el recurso extraordinario, según las cuales, una vez elegido el sendero del ataque, éste ha de estructurarse de conformidad con los principios que lo rigen y ajustarse a los parámetros exigidos por la lógica de la acusación, sin que esté permitido entreverar sin distingo argumentos propios de cada una de las vías. En este sentido, quien escoge como vía de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo, así como al análisis probatorio que efectuó el sentenciador para dar por establecidos los hechos del proceso, y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico. Por el contrario, quien opta por la vía indirecta, discrepa necesariamente de todos o algunos de los soportes fácticos de la sentencia y en consecuencia, es en ese sentido que debe orientar su ataque, sin que esté permitido, en uno y otro caso, como se señalara en precedencia, entremezclar indebidamente argumentos propios de cada uno de los excluyentes senderos (se subraya).

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Radicación n.° 86363 Además, el recurrente introduce otro tema puramente jurídico, ajeno al sendero de los hechos, referido a la «carga de la prueba», temática respecto de la cual, de forma inveterada, la Sala de Casación Laboral de la Corte ha

precisado que cuando se está cuestionando sobre quién tiene dicha carga sobre un determinado hecho, la vía adecuada para orientar el ataque es la directa, ya que «no se trata de establecer errores de valoración probatoria sino la violación de los preceptos legales que la gobiernan, tal como se expresó, entre otros pronunciamientos, en casación del 29 de noviembre de 2001, radicado 16616, reiterada en decisiones del 26 de septiembre de 2006 y 12 de marzo de 2007, radicación 28299 y 29717, respectivamente» (CSJ SL, 23 jul 2008, rad. 33774). Incluso, se indica como submotivo de violación de la ley la «interpretación errónea», que como se sabe es propio de la vía directa, de ahí que, se itera, la acusación al efectuar una mixtura de los géneros de violación incurre en una falla de orden técnico, aunado a que incluye en la proposición jurídica una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, lo cual es otra deficiencia, en tanto las decisiones judiciales no tienen el carácter de norma sustancial del orden nacional. A lo que se suma que en el ataque se acusa al Tribunal de incurrir en un «error de derecho», olvidando el recurrente que este tipo de yerro solo se presenta cuando el juzgador da por demostrado un hecho con un medio de convicción no

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Radicación n.° 86363 autorizado, por exigir la ley una formalidad especial para la validez del acto, de suerte que no sea posible admitir su prueba por otro medio o, de igual modo, cuando se deja de

apreciar un elemento probatorio de esa estirpe, estando obligado a hacerlo (CSJ SL, 30 ag. 2011, rad. 43968). Por manera que tal equivocación no podría presentarse en el sub judice, porque, de un lado, la censura no refiere a un medio de convicción solemne en concreto que hubiera utilizado el Tribunal o dejado de valorar, a lo que se suma que el estado de discapacidad, que es el objeto fundamental de esta controversia, no exige una prueba de esta naturaleza, tal como lo infirió el juez colegiado. Del mismo modo, la censura refiriéndose a unas mismas probanzas, aduce su equivocada estimación como también su falta de valoración, lo que se exhibe contradictorio, pues una prueba no puede apreciarse en forma equivocada y dejarse de estudiar al mismo tiempo. Por último, el impugnante tampoco ataca todos los pilares de la decisión confutada, relativos a que, a juicio del juez plural, no existen elementos de prueba que pudieran dar cuenta de que el empleador conocía de la situación de salud del trabajador, sumado a que para la finalización del vínculo se invocó una justa causa de despido. En consecuencia, en principio, las anteriores deficiencias en la formulación y sustentación del ataque darían al traste con la acusación. Sin embargo, si la Sala,

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Radicación n.° 86363 actuando con amplitud, se limitara a los reproches puramente fácticos y al estudio de las pruebas denunciadas como generadoras de los errores de hecho endilgados, encontraría que el sentenciador de alzada no incurrió en

tales dislates, que en síntesis refieren a que la sentencia impugnada debe quebrarse, en tanto, contrario a lo que sostuvo la colegiatura, en decir del recurrente, el actor sí probó que tenía la condición de discapacidad que lo hacía destinatario de la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en la medida que si bien no se le había calificado su pérdida de capacidad laboral cuando fue despedido, sí estaba acreditado en el plenario que sufría de

«PROTUNCIÓN (sic) DISCAL L5-S1 NO COMPRESIVA,

ESCOLIOSIS LUMBAR y SINDROME RADICULAR L5-S1

BILATERAL LEVE CRÓNICO», padecimiento que asevera le impedía sustancialmente el desempeño de sus labores. Pues bien, en el presente asunto, encuentra la Corte, que el juez plural tuvo como hecho pacífico que el promotor del proceso para la fecha en la cual terminó su relación laboral, esto es, el 19 de septiembre de 2013, no contaba con una calificación de su pérdida de la capacidad laboral. No obstante, consideró que era dable analizar si el accionante logró acreditar que para la citada data padecía de una situación de salud que impidiera el desempeño de sus labores y fuera conocida por la empleadora, que ameritara una protección especial. Al valorar las pruebas, el ad quem infirió que el trabajador demandante no padecía una situación de salud

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Radicación n.° 86363 que activara dicha protección, pues si bien sufrió cinco

accidentes laborales, estos solo dieron lugar a unas incapacidades temporales, que fueron superadas sin generarle algún tipo de secuelas, según lo informado por las ARL a las que estuvo vinculado. Agregó que «lumbociática escoliosis lumbar protrusión discal L5 S1 no comprensiva», padecimiento que le servía de soporte al actor para fundar las súplicas, fue diagnosticada hasta el 23 de septiembre de 2013, esto es, después de la ruptura del nexo de trabajo, de allí que las partes de la relación laboral no conocían de su existencia, además que ese reporte médico tampoco daba cuenta del nivel de afectación en sus actividades laborales. A tal conclusión arribó el juez de apelaciones, luego de estudiar la historia clínica y unas comunicaciones de la Administradoras de Riesgos Laborales a las que estuvo afiliado el demandante durante la vigencia del nexo laboral, y el examen de egreso. A lo que agregó que, en todo caso, el empleador no requería de un permiso para finalizar el nexo de trabajo, en tanto ello obedeció a una justa causa. Del estudio de las pruebas a que se refiere la censura en el desarrollo del ataque, que están referidas a la protección por estabilidad laboral reforzada en estado de discapacidad relevante, la Sala encuentra objetivamente que el Tribunal no cometió error de hecho alguno con el carácter de ostensible, que amerite casar la sentencia de segundo grado, por lo siguiente: - La historia clínica obrante a folios 40 a 55 emitida por

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Radicación n.° 86363 la Clínica Los Nogales, la cual es prueba hábil en casación,

según se explicó en sentencia CSJ SL2262-2022, sí fue apreciada por el juez colegiado y da cuenta de lo siguiente: Que el señor Castellanos Trujillo el día 4 de enero de 2013 consultó por «cálculos riñones»; se le realizó una valoración que arrojó un cuadro de «urolitiasis izquierdo»; el médico tratante decidió darle «manejo analgesia» y ordenó un examen para descartar infección urinaria. En la evolución se reporta cálculo ureteral y que el tratamiento es ambulatorio. Luego, el día 14 de ese mismo mes y año, el actor consultó por urgencias, para lo cual manifestó que en la empresa se golpeó cuando le cayeron unas canastas encima; la valoración arrojó un dolor moderado en el hombro izquierdo y en la cintura, se indicó que eran unos espasmos, se le dio alta médica, así mismo, se le recomendó usar prendas protectoras y una incapacidad por tres días. El 12 de marzo de 2013 es atendido por urgencias, por un accidente laboral, consistente en un espasmo cuando realizaba una actividad de fuerza muscular; el análisis arrojó una distención muscular, recibió alta médica con incapacidad de dos días y control por consulta externa. El 20 de abril de 2013 nuevamente acudió por urgencias, expuso que fue por un accidente en una motocicleta que le generó una contusión en el hombro y brazo; los rayos x arrojaron que no tenía alteraciones y que presenta un trastorno de tejidos blandos; el plan de manejo

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Radicación n.° 86363 fue reposo, medicamentos y un día de incapacidad. El 28 de abril de 2013 el paciente refirió que presenta fiebre y escalofrío; el diagnóstico médico arrojó epistaxis asociada a síntomas virales y fue incapacitado por un día. El 8 de junio de 2013 el demandante fue atendido por urgencias y relató que presenta un dolor lumbar; en el examen se concluyó buenas condiciones generales, sensibilidad normal, pero con obesidad. También se indicó que presenta una lumbalgia aguda, por lo que fue incapacitado por dos días y se formularon medicamentos. El 7 de julio de 2013 acudió a urgencias por una cefalea, escalofrío y fiebre; el examen físico arrojó que tiene una en