CSJ - SL676-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL676-2023 Radicación n.° 89255 Acta 11 Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ARIEL CÁRDENAS AGUDELO contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.

Téngase en cuenta la renuncia que del poder hace la abogada Karina Vence Peláez, mandataria judicial de la entidad demandada, decisión que se genera por determinación del subdirector de defensa pensional de la citada entidad, con lo que, por sustracción de materia, se entiende cumplida la exigencia prevista en el CGP.

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Radicación n.° 89255

I. ANTECEDENTES Ariel Cárdenas Agudelo promovió demanda ordinaria laboral en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a fin de que fuera condenada a reconocerle y pagarle a su favor la pensión de jubilación en los términos del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, suscrita el 31 de octubre de 2001, entre el ISS y la organización sindical Sintraseguridadsocial, a partir del 15

de abril de 2015, fecha en que cumplió los 55 años de edad. Solicitó que para efectos de cuantificar esa prestación se debía tener en cuenta una tasa de reemplazo equivalente al 100% del promedio de lo percibido durante los últimos tres años de servicios exclusivos al ISS, incluyendo todos los factores de remuneración percibidos, el pago de intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso. En respaldo de sus peticiones, afirmó que el 6 de mayo de 2015 suplicó a la demandada el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, la que le fue negada mediante Resolución RDP 046626 de esa misma anualidad, con fundamento en que no cumplió los requisitos para su causación antes del 31 de julio de 2010, como lo exige el Acto Legislativo 01 de 2005. Reseñó que contra tal decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, los que también fueron decididos

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Radicación n.° 89255 de manera desfavorable mediante Resoluciones RDP 001794 y RDP 002119 de 2016. Adujo que posteriormente realizó igual solicitud, pero tampoco fue acogida por la entidad convocada al proceso. Indicó que en calidad de trabajador oficial laboró al servicio del ISS por espacio de 25 años, 10 meses y 17 días; que nació el 15 de abril de 1960, por lo que cumplió 55 años de edad el mismo día y mes de 2015; que el ISS y Sintraseguridadsocial suscribieron una convención colectiva

de trabajo el 31 de octubre de 2001 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, la que en su cláusula 98 estableció una pensión extralegal con 20 años de servicios, 55 años de edad y con el 100% del promedio mensual percibido en los tres últimos años de servicios. Puso de presente que mediante Decreto 2013 de 2012, se dispuso la supresión y liquidación del ISS y se asignó a la UGPP la administración de las pensiones otorgadas por esa entidad en su calidad de empleador. Advirtió que la OIT emitió recomendaciones en los casos 2434 de 2008 y 2958 de 2016, respecto del parágrafo transitorio tercero del Acto Legislativo 01 de 2005 y frente a ello, en sentencia CC SU555-2014 se consideró que la primera era compatible con la mencionada reforma constitucional. Arguyó que en decisiones CSJ SL, 14 sep. 2010 rad. 35588 y CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 39808, se admitió que el artículo 98 de la citada CCT tenía una vigencia diferente y

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Radicación n.° 89255 superior a la prevista en el artículo segundo del mismo texto extralegal. Puntualizó que presentó reclamación administrativa ante la demandada el 20 de febrero de 2018, frente a la cual la UGPP mediante comunicado del 15 de mayo de igual anualidad, le manifestó que no existían nuevos elementos de juicio para emitir un pronunciamiento diferente a lo expresado en los actos administrativos expedidos con anterioridad. La Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP al contestar la demanda se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En relación con los hechos, admitió los siguientes: la calidad de trabajador oficial del actor; los extremos de la relación laboral que estuvieron comprendidos entre el 5 de junio de 1990 y el 31 de diciembre de 2014; la fecha de nacimiento; la suscripción de la convención colectiva de trabajo el 31 de octubre de 2001; la reclamación de la pensión de jubilación extralegal; la respuesta negativa de la entidad; los recursos presentados por el accionante y la decisión negativa impartida por la demandada. Frente a los demás supuestos fácticos, señaló que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, explicó que los derechos convencionales que beneficiaban a los trabajadores del ISS solo podían tener eficacia hasta el 31 de octubre de 2004, dado que para esa data el acuerdo colectivo perdió vigencia para sus antiguos

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Radicación n.° 89255 trabajadores. Argumentó que el promotor del litigio no reunía los requisitos previstos para acceder a la prestación reclamada e, incluso, tampoco los acreditó antes del 31 de julio de 2010, fecha límite establecida por el Acto Legislativo 01 de 2005 para la aplicación de las prerrogativas pensionales de origen convencional; que no era posible acceder a lo pretendido, ya que consolidó las exigencias de edad y tiempo de servicios requerido en el artículo 98 extralegal, hasta el 15 de abril de 2015, momento para el cual

ya no estaba vigente la citada disposición extralegal. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, con sentencia del 18 de noviembre de 2019, absolvió a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra y condenó al demandante a pagar las costas del proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2019, confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas de la alzada al impugnante.

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Radicación n.° 89255 De conformidad con lo planteado en el recurso de apelación, el juez plural estimó que la controversia a resolver se circunscribía a determinar si al accionante debía aplicársele el artículo 98 numeral 3 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, dado que, en su decir, la vigencia de esa estipulación extralegal no estaba limitada por el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que en algunas cláusulas del texto extralegal se consagró una vigencia que superaba dicho límite temporal. Advirtió que, en la segunda instancia, no existía controversia frente a los siguientes hechos: i) que el promotor del proceso prestó servicios al ISS por más de 20 años; ii) que el vínculo laboral terminó el 31 de diciembre 2014; iii) que el

accionante cumplió 55 años de edad el 15 de abril de 2015; y iv) que era beneficiario de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita entre el Instituto y Sintraseguridadsocial. Para dirimir la controversia, consideró que en el presente caso, Ariel Cárdenas Agudelo no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 numeral 3 de la citada convención colectiva 2001-2004, pues el término máximo señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005 era el 31 de julio de 2010 y como quiera que los requisitos de edad y tiempo de servicios solamente fueron alcanzados por el demandante el 15 de abril de 2015, no era posible acceder al derecho pensional impetrado. Así lo precisó:

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Radicación n.° 89255 […] atendiendo a lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005 y como quiera que el señor Ariel Cárdenas Agudelo tan sólo satisfizo los requisitos para tener derecho a la pensión convencional reclamada con posterioridad al 31 de julio de 2010, que tanto el tiempo servicios y la edad de 55 años tan sólo la alcanzó el 15 de abril de 2015, no siendo posible entonces jurídicamente acceder al reconocimiento de la pretendido, pues, ni siquiera cumplía una expectativa legítima de pensionarse de acuerdo con el texto convencional. Adujo que en este asunto no era posible hablar de un derecho adquirido, ya que este concepto presupone la consolidación de una serie de condicionamientos

contemplados en la ley; lo cual se da cuando se cumplen la totalidad de exigencias de la convención colectiva de trabajo que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier tiempo; situación que resaltó no acaeció en este asunto, pues como dijo previamente, la totalidad de condiciones fueron acreditadas por el demandante en una época donde la aludida CCT no estaba vigente. Bajo esos argumentos, confirmó íntegramente el fallo absolutorio del juez de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia,

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Radicación n.° 89255 revoque la decisión de primer grado y en su lugar acceda a las súplicas contenidas en la demanda inicial. Con tal propósito formula dos cargos, que son replicados por la UGPP y que se estudiarán conjuntamente, toda vez que denuncian similares normas, su argumentación se complementa y persiguen el mismo cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segundo grado por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 467, 468, 478 y 479 del CST, en relación con los artículos 48 y 53 de la CP; parágrafos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, «que condujeron a desconocer el derecho sustancial a la pensión convencional».

Reproduce algunos apartes de la decisión de segunda instancia y sostiene que el fallador de la alzada incurrió en la violación de la ley sustancial enrostrada, al soslayar el carácter regulatorio imperativo que el legislador le asignó al artículo 467 del CST, frente al contrato de trabajo «con prerrogativas superiores a los mínimos derechos consagrados en la ley», lo que incidió en el entendimiento dado al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, del que emerge que su vigencia va más allá del 2010, pues expresamente se definió que lo sería hasta el 2017 al tenor de los numerales 2 y 3, así: Artículo 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El trabajador oficial que cumpla veinte años (20) años de servicio continuo o discontinuo

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Radicación n.° 89255 al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación: i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los últimos dos años de servicio. ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero 2007 y el treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio. iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los

cuatro últimos años. Indica que la claridad de la norma convencional transcrita no le permite al operador jurídico interpretar de manera diferente el acuerdo surgido entre las partes, so pretexto de «traer a colación las técnicas económicas y financieras que pudieron existir al momento de la firma del texto convencional», en el que se pactaron unos beneficios pensionales con posterioridad al año 2010. Sostiene que la intelección errada se presenta dado que el colegiado «antepone de una manera absoluta» la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 para desconocer los derechos adquiridos dentro del marco constitucional de la negociación, «que incluso el mismo legislador extraordinario escalonó y graduó al contemplar las diferentes situaciones que en materia pensional se podían presentar bajo la expedición» de este. Afirma que en torno a esta materia la Corte ha tenido la

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Radicación n.° 89255 oportunidad de pronunciarse de manera amplia y suficiente, entre otras en la sentencia CSJ SL3635-2020, en la que se indicó que en la medida que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la cláusula 98 de la CCT venía rigiendo y el plazo pactado entre las partes se extendía hasta el año 2017, se fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por lo menos durante su vigencia. Asevera que una interpretación correcta de los artículos 467, 468, 478 y 479 del CST, en armonía con el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, debió conllevar

la condena de la demandada al pago de la pensión de jubilación convencional deprecada a partir del 15 de abril de 2015, bajo los parámetros y condiciones del numeral segundo del artículo 98 de la CCT suscrita con Sintraseguridadsocial, cuyos efectos no expiraron el 31 de julio de 2010. Especifica que el juez de apelaciones desconoció los pronunciamientos previos sobre la materia, contenidos en las sentencias CSJ SL6116-2017; CSJ SL2963-2018 y CSJ SL4545-2019 y con ello el precedente judicial, al otorgar un alcance más allá de la regulación contenida, al negar las pretensiones de la demanda inaugural, bajo el argumento de que la vigencia de los regímenes especiales y exceptuados, así como cualquier otro, expiró el 31 de julio de 2010, pasando por alto de paso los artículos 467, 478 y 479 del CST.

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VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468, 478 y 479 del CST, 48 y 53 de la CP; parágrafos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 que «condujeron a desconocer el derecho sustancial a la pensión convencional».

Enlista como errores evidentes de hecho los que a continuación se detallan:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la vigencia de la convención colectiva se extendió más allá del 31 de julio de

2010.

2. No dar por demostrado, estándolo, que las partes pactaron expresamente que el artículo 98 de la Convención colectiva efectos personales de sus trabajadores hasta el año 2017.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que la vigencia de la convención colectiva solo llegó hasta el 31 de julio de 2010.

4. No dar por demostrado, estándolo, que al demandante Ariel Cárdenas Agudelo le asiste el derecho a la pensión convencional en los términos del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita con el ISS en el año 2001.

Como piezas procesales no apreciadas indica las siguientes:

1. La demanda, donde se detallaron los presupuestos fácticos y jurídicos que sustentaron el petitum del libelo (sic) (f.° 107 a 117 del expediente digital).

2. La contestación de la demanda, donde se declaraban ciertos y no ciertos como lo que le constaba y no le constaba en referencia a los hechos de la demanda. (f.° 122 a 128 del expediente digital).

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Radicación n.° 89255 Y así mismo, denuncia como medio de convicción valorado con error «la Convención Colectiva firmada por el ISS y Sintraseguridadsocial el 31 de octubre de 2001, aportada legalmente donde se estipuló la vigencia diferencial respecto al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional». En la demostración del cargo pone de presente que el colegiado al analizar los requisitos fácticos para establecer la causación del derecho a la pensión convencional al tenor del

artículo 98 de la CCT, de manera apresurada subsumió la prestación en los presupuestos del Acto Legislativo 01 de 2005, lo que fue el resultado de no advertir o al menos analizar que en el mismo canon extralegal se estableció un periodo de vigencia superior al de la aludida reforma constitucional, en tanto preveía situaciones pensionales hasta el año 2017, con lo que «desconoció la voluntad de las partes firmantes en su momento, transgrediendo con ello el derecho al disfrute de la pensión convencional» y de manera «superficial» concluyó que ese Acto limitó su vigencia al año 2010. Destaca que en el artículo 2 del acuerdo colectivo se previó una vigencia diferencial respecto del artículo 98 del mismo, la que, tal como se explicó en la decisión CSJ SL3635-2020 rige hasta cuando se llegue al plazo inicialmente acordado, aun con posterioridad al 31 de julio de 2010, en aplicación del parágrafo transitorio 3 del aludido Acto Legislativo 01 de 2005, a efectos de respetar los derechos adquiridos por los trabajadores beneficiarios de la prerrogativa extralegal.

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Radicación n.° 89255 Asegura que el juez plural desconoció el precedente fijado por la Sala de Casación Laboral, al igual que el de la Corte Constitucional contenido en la sentencia CC SU5552014, que indican que los beneficios pensionales convencionales pueden ir más allá del 31 de julio de 2010.

VIII. RÉPLICA La UGPP de manera conjunta se opone a la prosperidad

de los cargos, pues en su criterio el ad quem «interpretó y/o aplicó» correctamente las normas denunciadas, toda vez que el demandante cumplió el lleno de requisitos en el año 2015, pues si bien satisfizo el tiempo de servicio con anterioridad, los 55 años de edad los alcanzó hasta esa anualidad. De ahí que, como bien lo determinaron los falladores de instancia, el promotor del litigio no tenía un derecho adquirido en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, por virtud de que esa disposición fijó como plazo máximo para obtener una pensión extralegal el 31 de julio de 2010.

IX. CONSIDERACIONES Como quedó visto al sintetizar la sentencia recurrida, el Tribunal negó las pretensiones, en razón a que el demandante no había consolidado el derecho pensional reclamado mientras estuvo vigente su fuente normativa, esto es, el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 20012004, suscrita por el ISS y Sintraseguridadsocial, ya que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo tercero transitorio del

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Radicación n.° 89255 artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, la regla pensional invocada perdió vigor el 31 de julio de 2010, data para la cual el accionante aún no reunía la totalidad de los requisitos exigidos para obtener la pensión de jubilación convencional, particularmente, porque la edad de 55 años, la cumplió solo hasta el 15 de abril de 2015.

La alzada explicó que, aunque el artículo 98 de la CCT extendió su vigencia por diferentes periodos hasta el año 2017, la aludida reforma constitucional previó que el plazo máximo de vigencia o permanencia de este tipo de beneficios pensionales de carácter extralegal correspondía al 31 de julio de 2010, término que no se podía desatender; y en tales circunstancias, a partir de ese momento, no resultaba dable otorgar la prestación convencional pretendida por el promotor del proceso. Por su parte, la censura en ambos ataques sostiene que, si bien es cierto el referido parágrafo tercero transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 estableció un término para aplicar las reglas pensionales extralegales, también lo es que en este asunto la vigencia del acuerdo colectivo de voluntades estaba condicionada al plazo inicialmente estipulado por las partes, pues según el artículo 98 de la CCT 2001-2004 se estipuló que regía más allá del 31 de julio de 2010, que es la calenda que alude el mencionado mandato constitucional. De esa manera, asegura el recurrente que el colegiado debía garantizar los derechos adquiridos, al igual que la expectativa legítima,

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Radicación n.° 89255 para que el actor pudiera acceder a dicha prestación en las condiciones y plazos pactados convencionalmente. Así las cosas, el problema a resolver consiste en definir, desde el punto de vista jurídico y fáctico, si el Tribunal se equivocó al concluir que el Acto Legislativo 01 de 2005, limitó

la vigencia de todas las reglas pensionales extralegales acordadas antes del 29 de julio de 2005, fecha de expedición de la enmienda constitucional, hasta el 31 de julio de 2010; o si por el contrario, del texto convencional se desprende un término inicialmente pactado, inclusive, que supere o rebase la data fijada por dicha reforma introducida en el año 2005. De manera preliminar, conviene precisar que, aunque uno de los cargos está orientado por la senda de los hechos, no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos: i) que el demandante nació el 15 de abril de 1960; ii) que prestó sus servicios al ISS de manera interrumpida entre el 28 de noviembre de 1988 y el 31 de diciembre de 2014, tiempo que suma un total de 25 años; iii) que su vinculación con la demandada lo fue en calidad de trabajador oficial; iv) que fue beneficiario de la convención colectiva de trabajo pactada entre el ISS y Sintraseguridadsocial; y v) que el artículo 98 de esta convención establece una pensión de jubilación para los trabajadores que cumplieran 20 años de servicios en favor de dicho Instituto y 55 años de edad, en el caso de los hombres. Debe recordarse que el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de que los empleadores y las

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Radicación n.° 89255 organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las contempladas en el sistema general de

pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de los acuerdos previamente alcanzados, el parágrafo transitorio tercero contempló un periodo transitorio, así: Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. A partir de la decisión CSJ SL3635-2020 la Corte precisó que al tenor de lo dispuesto en el citado parágrafo transitorio 3 de la reforma constitucional en comento, se debía respetar el término de vigencia inicialmente pactado en estos acuerdos colectivos, incluso, cuando aquel se extienda después del 31 de julio de 2010; pues sí así se previó desde el comienzo al redactar el texto extralegal que se invoca aplicar; que la voluntad de las partes era darle a dichas estipulaciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y al quedar allí incorporadas constituyen derechos adquiridos y una garantía a la legítima expectativa de adquirir la prerrogativa pensional de acuerdo con las reglas del pacto o la convención colectiva de trabajo que firmaron,

mientras continúe en vigor, así ese término de vigencia supere el límite del referido 31 de julio de 2010.

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Radicación n.° 89255 De esta manera, en la aludida decisión CSJ SL36352020, esta corporación rectificó su criterio jurisprudencial frente a la vigencia de las CCT de cara al acto legislativo y, particularmente, en lo que interesa a este asunto, fijó que en aquellos eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. Así se expuso en la citada sentencia: Bajo ese contexto, tal como se determinó en la sentencia CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010. Sin embargo, asevera la Sala que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior a esa data, debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima

expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010. Así es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o bien porque hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe que atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia. Ello, porque tal como tantas veces lo ha dicho esta Sala, la convención colectiva de trabajo es una verdadera fuente de derechos y obligaciones por lo menos durante el tiempo en que la misma o algunas de sus cláusulas conserven su vigencia, de

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Radicación n.° 89255 modo que su ámbito de protección cobija los derechos consolidados y trasciende a las expectativas que eventualmente se alcancen durante el término pactado. Esa y no otra, fue la intención del constituyente secundario al consagrar en los parágrafos transitorios 2.° y 3.° del Acto Legislativo 01 de 2005, el respeto por los derechos adquiridos, sujetándolos al término inicialmente pactado por las partes hasta su extinción, incluso más allá del 31 de julio de 2010, el cual

incluye las prórrogas automáticas, estas sí con límite hasta esa data, tal como lo dejó sentado la Corte en las sentencias CSJ

SL2543-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020.

En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes: a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas

legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010. (Subraya la Sala).

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Radicación n.° 89255 De acuerdo con lo precedente, la Corte estableció que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, mantendrán su eficacia por el término inicialmente pactado, aun cuando venza en una fecha posterior al 31 de julio de 2010, ello a fin de conservar el plazo acordado y la voluntad materializada por las partes. Adicionalmente, en la referida decisión CSJ SL36352020, se explicó que el término de vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial fue definido según lo dispuesto en los artículos 2 y 98 de ese acuerdo extralegal, normas cuyo tenor literal permiten inferir que la regla pensional contemplada en esta última cláusula se extendió hasta el año 2017. Allí se puntualizó: Tal como se refirió en los antecedentes, la accionante propugna por el derecho pensional consagrado en la convención colectiva de trabajo cuya vigencia general se estableció de 2001 a 2004, y previó, respecto de algunas cláusulas, otra más amplia según lo acordado en los artículos 2° y 98, entre otros, así:

Por su parte, el artículo 2.°, prevé que el acuerdo colectivo: Tendrá una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente. A su vez, el artículo 98 consagra la pensión de jubilación solicitada, bajo las siguientes reglas: El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores