CSJ - SL686-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL686-2023 Radicación n.° 92263 Acta 11 Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por OSVALDO MORELOS ROJANO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 9 de diciembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que el recurrente promovió contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP – ELECTRICARIBE S. A. ESP, sustituida procesalmente por

FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. – FIDUPREVISORA S.

A., en calidad de vocera del Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S A. ESP – FONECA, y al cual se vinculó al SINDICATO DE

TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIASINTRAELECOL.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Germán

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Radicación n.° 92263 Gonzalo Valdés Sánchez con tarjeta profesional 11147 del C.

S. de la J., como apoderado de Fiduprevisora S. A., de conformidad con el poder visible en el cuaderno digital de la

Corte.

I. ANTECEDENTES El accionante demandó a la Electrificadora del Caribe

S. A. – Electricaribe S. A. ESP, con el fin de que se declare la ineficacia e inaplicabilidad del artículo 51 del acuerdo suscrito entre la Electrificadora de la Costa Atlántica S. A.

ESP - Electrocosta S. A. ESP y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – Sintraelecol el 18 de septiembre de 2003. Asimismo, que el contrato de trabajo a término indefinido que inició el 1 de noviembre de 1991, vigente a la fecha de presentación de la demanda inicial, suscrito con la extinta Electrificadora de Bolívar S. A. ESP sustituida en sus obligaciones laborales por Electrocosta S.

A. ESP, hoy Electricaribe S. A. ESP, terminó «por haber cumplido los requisitos para disfrutar de una pensión extralegal» de conformidad con los artículos 5 de la convención colectiva de trabajo 1976 – 1978 y 20 del instrumento extra legal 1982 – 1983.

En consecuencia, pidió que se condenara a Electricaribe S. A. ESP al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a partir del 19 de enero de 2013, en cuantía del 100% del salario promedio del último año de servicios, reajustado anualmente de conformidad con el índice de precios al consumidor IPC certificado por el

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Radicación n.° 92263 DANE, sin que se le descuenten del retroactivo los salarios que devengó en calidad de trabajador activo. También suplicó los intereses moratorios, las costas y gastos del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: i) el 1 de noviembre de 1991 suscribió contrato de trabajo con la Electrificadora de Bolívar S. A., entidad que luego se fusionó con Electrocosta S. A. ESP, en virtud del convenio de

sustitución patronal de 4 de agosto de 1998 y, después con Electricaribe S. AESP; ii) es afiliado a la organización de trabajadores Sintraelecol y beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo acordadas por sus empleadoras con ese sindicato; iii) cumplió 50 años de edad el «18» de enero de 2013; iv) una vez reunió la anterior edad y más de 20 años de servicios «presentó renuncia a su cargo» y solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional; v) los artículos 5 de la convención colectiva de trabajo 1976 – 1978 y 20 de la de 1982 – 1983, se encuentran vigentes, pues han sido ratificados o actualizados por instrumentos posteriores no denunciados ni mucho menos derogados por otras normas extralegales del mismo valor; vi) la accionada le negó el beneficio pensional con el argumento de que el acuerdo colectivo suscrito con Sintraelecol el 18 de septiembre de 2003, modificó el tiempo de servicios para la pensión y el porcentaje de liquidación de la primera mesada y, que de toda maneras, las reglas invocadas perdieron vigencia el 31 de julio de 2010 en virtud el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política; vii) el citado convenio colectivo en el artículo 51, modificó las condiciones de pensión entre el 1 de enero y el

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Radicación n.° 92263 31 de diciembre de 2013 e incrementó en tres años el tiempo de servicios que de 20 años pasó a 23 y 50 años de edad

cumplidos lo que es más gravosos para el trabajador e, viii) igualmente varió el porcentaje de la prestación, el cual se fijó en el 75% sobre el promedio de lo devengado en el último año de servicios (f.os 1 a 13, c. 1 y f.° 298, c. 2). Mediante auto de 19 de diciembre de 2014, se vinculó a la actuación al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – Sintraelecol (f.os 300, c. 2). Al dar contestación al escrito inicial, Electricaribe S. A. ESP se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la prestación de servicios por parte del demandante a la Electrificadora de Bolívar S. A. y las transformaciones de la empresa; la edad del actor; su afiliación a Sintraelecol; que requirió el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional y la fuente normativa; la respuesta negativa de la entidad y la suscripción del acuerdo colectivo de 18 de septiembre de 2003. Los demás supuestos fácticos los negó. En su defensa precisó que el convenio de 18 de septiembre de 2003 es una auténtica convención colectiva que legítimamente modificó las condiciones que regulaban el acceso a la prestación periódica extralegal. Agregó que, Sintraelecol era titular del derecho constitucional de negociación colectiva y, por tanto, tenía facultades para pactar dicho acuerdo. Adujo, que para el momento en que el promotor del proceso cumpliría los requisitos pensionales las

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Radicación n.° 92263 reglas extralegales habían perdido vigencia de conformidad con las previsiones del Acto Legislativo 01 de 2005. Más adelante argumentó que por su carácter de empresa de servicios públicos domiciliarios con participación accionaria estatal, se excluye la posibilidad para sus servidores de devengar simultáneamente salario y pensión. Propuso como excepción de mérito la de prescripción (f.os 334 a 343, c. 2). A su turno Sintraelecol, por intermedio de Curador Ad litem, dio respuesta al escrito inaugural. Frente a los hechos aseveró que no le constaban, salvo el tercero relativo a la pertenencia del convocante a Sintraelecol del cual manifestó que «al parecer es cierto» conforme a la certificación anexa a la demanda inicial. Indicó que las pretensiones prosperarían en la medida en que se acreditaron los supuestos fácticos que las fundamentaban. No propuso excepciones (f.os 471 a 472, c. 3). Se advierte que la Corte mediante auto de 9 de marzo de 2022 (cuaderno digital de la corporación), aceptó a la Fiduprevisora S. A. como sucesora procesal de Electricaribe

S. A. ESP.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena, a quien correspondió el trámite de la primera instancia,

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Radicación n.° 92263 mediante fallo de 16 de octubre de 2019, decidió:

PRIMERO: ABSOLVER a la demandada ELECTRICARIBE S. A.

ESP y al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL, de todas las peticiones de la demanda, formuladas por el señor OSVALDO MORELOS ROJANO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al demandante OSVALDO MORELOS ROJANO. Se fija como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: CONSULTAR este fallo en el evento de que no sea apelado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 69 del

CPTSS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, que conoció en virtud de la apelación del demandante, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2020, confirmó la decisión de primer grado e impuso costas al convocante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado dio por acreditado que: i) el actor laboró para la Electrificadora de Bolívar, hoy Electricaribe S.A. ESP desde el 1 de noviembre 1991, vínculo que estaba vigente a la fecha de presentación de la demanda; ii) era afiliado a Sintraelecol; iii) Electrocosta S. A. ESP sustituyó patronalmente a la Electrificadora de Bolívar S. A., y luego se fusionó con Electricaribe S. A. ESP; iv) las compañías suscribieron convenciones colectivas de trabajo con Sintraelecol, en los años 1974-1975; 1976-1977; 1978-1979; 1980-1981; 19821983; 1985-1985; 1986-1987; 1988-1999; 1990-1991; 1992-1993; 1994-1995; 1996-1997 y 1998-1999; v)

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Radicación n.° 92263 Electrocosta S. A. ESP y Sintraelecol firmaron un acuerdo extraconvencional el 18 de septiembre de 2003 y, vi) el actor nació el 19 de enero de 1963 (f.° 230 c. 2). Más adelante precisó que el señor Morelos Rojano no tenía derecho al reconocimiento de la pensión convencional de conformidad con los instrumentos 1976-1978 y 19821983 puesto que cumplió el requisito de tiempo de servicios el 1 de noviembre de 2011, y la edad, el 19 de enero de 2013, es decir, con posterioridad al 31 de julio de 2010, cuando habían perdido vigencia las cláusulas extralegales en los términos del parágrafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005. Señaló que, el precepto constitucional citado «abolió los beneficios pensionales de carácter convencional de esa índole». Agregó que no era posible apartarse de esa norma, dado que ostentaba una jerarquía de raigambre superior que debía ser interpretada de forma sistemática con los demás preceptos de la Carta Política, sin que se advirtiera que contrariara los convenios de la OIT que citaba el accionante. Invocó en apoyo de su tesis las sentencias CSJ SL, 20 feb.

2013, rad. 42994 y CC SU-555-2014, de las cuales transcribió apartes. Después explicó que el promotor del proceso cumplió el tiempo de servicios y la edad de 50 años estando al servicio de Electricaribe, lo cual en principio, lo hacía beneficiario de la CCT, sin embargo, dijo, satisfizo ambos requisitos con posterioridad al 31 de julio de 2010, que era la fecha límite

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Radicación n.° 92263 para causar la pensión convencional en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005. Frente al argumento de la apelación, referente a la aplicación de la recomendación del Comité Sindical de la OIT respecto de las previsiones del Acto Legislativo 01 de 2005, advirtió que no tenía fuerza vinculante, pues eran criterios auxiliares que podían ser empleados o no por los jueces y, en el derecho interno existían precedentes de las altas cortes sobre la materia, a los cuales se debía acudir para resolver esta clase de controversias. En lo atinente a la ineficacia del acuerdo colectivo del 18 de septiembre de 2003 suscrito entre Electrocosta S. A. ESP fusionada más tarde a Electricaribe S. A. ESP expuso que no se pronunciaría en este caso, a diferencia de otras contiendas judiciales, al no serle aplicable al actor la convención colectiva respecto a los beneficios contemplados en el artículo 51 del instrumento extralegal referido.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la censura que la corporación case totalmente la sentencia de segundo grado, y que en sede de instancia confirme «la declaratoria de ineficacia e inaplicabilidad del

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Radicación n.° 92263 artículo 51 del Acuerdo de 18 de septiembre de 2003»; se condene a Electricaribe al pago de la pensión convencional en aplicación de las convenciones colectivas de trabajo 19761978 y 1982–1983 suscritas con Sintraelecol, en cuantía del 100% del salario promedio devengado en el último año de servicios. Asimismo, se le imponga la cancelación de las mesadas pensionales retroactivas, los intereses moratorios y se disponga sobre costas según el resultado del proceso. Con tal propósito, por la causal primera de casación formula un ataque que se replica por Electricaribe S. A. ESP.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 25, 53 inciso 4, 55 y 93 de la Constitución Política; 16, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los Convenios Internacionales de Trabajo 87, 98 artículo 4 y 54 artículos 2 y 5, lo que conllevó la aplicación indebida de las sentencias CC C-1287-2001, CC C-401-2005, CC C-181-2006 y CC C-349-2009; la Recomendación 2434 de 2007 del Comité de Libertad Sindical de la OIT, normas prevalentes para el respeto del

derecho de negociación colectiva y asociación; del parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 y del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. En la demostración del cargo asevera el impugnante que el colegiado omitió dar aplicación a los artículos 16, 20 y 21 del CST, como marco jurídico del principio de

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Radicación n.° 92263 favorabilidad que opera en materia de seguridad social en virtud del artículo 53 de la Constitución Política. Aduce que lo dispuesto en los artículos 4 del Convenio 98 y 2 del Convenio 154 de la OIT, prevalece sobre el Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto hacen parte del bloque de constitucionalidad y garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva sin restricciones en cuanto a las materias objeto de acuerdo entre los empleadores y las organizaciones sindicales. Que lo anterior significa que «se encuentre permitida la negociación colectiva en el ámbito pensional e inclusive por encima del mínimo establecido en las leyes». Se refiere luego al parágrafo tercero transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 y señala que si producto de la prórroga o la denuncia, la convención colectiva sigue teniendo vigencia, debe extenderse hasta el 31 de julio de 2010. Sin embargo, ese precepto admite otra lectura si se armoniza con otras disposiciones constitucionales. Añade que, por existir duda en la interpretación de ese mandato se debió acudir al principio in dubio pro operario contenido en el artículo 53

superior, que impone acoger el entendimiento más favorable al trabajador, lo que, en el caso concreto se traduce en que se deben conceder los derechos pensionales previstos en las convenciones colectivas que se aportaron al proceso. Cita en apoyo de sus argumentaciones la sentencia CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40662, de la cual trascribe algunos pasajes.

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Radicación n.° 92263 Más adelante invoca el artículo 55 de la Carta y dice que aquel garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que prevea la ley; por tanto, el parágrafo tercero transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que consagra una limitante a la negociación colectiva en materia de pensiones, debe tener una interpretación restrictiva por ser menos favorable a los trabajadores. Esgrime que las convenciones colectivas vigentes a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, que consagran derechos pensionales deben continuar produciendo efectos aún después del 31 de julio de 2010. En ese orden, dice, el artículo 5 de la convención colectiva 19761978 y el instrumento 1982 – 1983 vigente para los trabajadores de Electricaribe se deben aplicar para conceder las prerrogativas pensionales que se reclaman.

VII. RÉPLICA Electricaribe S. A. ESP alega que el alcance de la impugnación es confuso, toda vez que no existe providencia en el proceso que haya declarado en su parte resolutiva la

ineficacia e inaplicabilidad del acuerdo de 18 de septiembre de 2003; por ende, no hay nada que la Corte pueda confirmar en una eventual actuación de instancia sobre ese particular. Añade que el Acto Legislativo 01 de 2005 es claro en cuanto a que no se pueden consolidar prestaciones periódicas pensionales de origen convencional sino hasta

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Radicación n.° 92263 antes del 31 de julio de 2010. Agrega no discutir que en el proceso el convocante no alcanzó a cumplir ninguno de los requisitos exigidos en el instrumento convencional antes de la fecha indicada, por tanto, «no pudo concretar el derecho adquirido a su pensión en el término fijado por la propia Constitución». Manifiesta que el colegiado no negó la importancia de los convenios de la OIT, sino que su contenido en nada incide en su decisión puesto que el argumento medular de la sentencia consistió en que el actor no consolidó el derecho reclamado en vigencia de las cláusulas extralegales, las cuales tuvieron un límite temporal en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, que buscó salvaguardar el sistema de seguridad social.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la orientación jurídica del ataque, no se discute en casación la situación fáctica que dio por establecida el Tribunal, consistente en que: i) el actor laboró para la Electrificadora de Bolívar, hoy Electricaribe S.A. ESP desde el 1 de noviembre 1991, vínculo que estaba vigente a la fecha de presentación de la demanda inaugural; ii) era afiliado a

Sintraelecol; iii) Electrocosta S. A. ESP sustituyó patronalmente a la Electrificadora de Bolívar S. A., y luego se fusionó con Electricaribe S. A. ESP; iv) las compañías suscribieron convenciones colectivas de trabajo con Sintraelecol, entre ellas en los años 1976-1978 y 1982-1983 que consagraron la prestación periódica de jubilación; v)

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Radicación n.° 92263 Electrocosta S. A. ESP y Sintraelecol suscribieron un acuerdo extraconvencional el 18 de septiembre de 2003; vi) el actor nació el 19 de enero de 1963 (f.° 230 c. 2) y, vii) el demandante arribó a la edad de 50 años el 19 de enero de 2013 y cumplió 20 años de servicios el 1 de noviembre de 2011. En efecto, el colegiado precisó que el convocante cumplió los 20 años de servicios el 1 de noviembre de 2011, y los 50 de edad el 19 de enero de 2013, que eran los requisitos previstos en la CCT para acceder a la pensión de jubilación, estando al servicio de Electricaribe S. A. Pero a renglón seguido acotó que tales exigencias el actor las había satisfecho con posterioridad al 31 de julio de 2010, que era la fecha límite para causar la prerrogativa extralegal en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005. En otras palabras, el argumento esencial del juez plural para negar el derecho reclamado consistió en que el

accionante no lo estructuró mientras rigieron las reglas convencionales que era la fuente del beneficio pensional, pues estas perdieron vigencia el 31 de julio de 2010 de conformidad con el parágrafo transitorio 3 de la citada reforma constitucional. Para la censura, el pronunciamiento del Ad quem es equivocado toda vez que el mandato constitucional que invocó debió ser interpretado en armonía con otras normas superiores como el artículo 53 que estipula el principio de favorabilidad en la hermenéutica de las reglas incluso de la

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Radicación n.° 92263 misma Carta; el 55 ibídem que garantiza la negociación colectiva, y los convenios 98 y 154 de la OIT que prevalecen sobre el derecho interno, lo que conduciría a su inaplicación. En el anterior contexto, le corresponde a la Sala determinar, si la colegiatura erró al aplicar el parágrafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 y estimar en consecuencia, que las disposiciones convencionales que el actor invoca como sustento normativo de la pensión de jubilación perdieron vigencia el 31 de julio de 2010. Sobre esta temática anota la Sala que en el parágrafo 2 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, se previó que a partir de su vigencia «no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las Leyes del Sistema General de Pensiones».

Asimismo, el parágrafo transitorio 3 de ese mandato superior, preceptúa que: Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. Las anteriores previsiones han sido interpretadas por la jurisprudencia de la corporación, en el sentido de señalar que

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Radicación n.° 92263 la finalidad del constituyente delegado se encaminó a fijar un límite temporal máximo para la vigencia de las reglas extralegales en materia pensional, las cuales, en principio, no podían extenderse más allá del 31 de julio de 2010. Igualmente, la Sala ha anotado que, entre la vigencia del referido acto legislativo y el 31 de julio de 2010, ni las partes ni los árbitros podían consagrar «condiciones pensionales» más favorables que las vigentes en las normas del sistema general de seguridad social y que, de todas maneras, perderían vigor el 31 de julio de 2010. En lo referente al correcto entendimiento de la expresión «se mantendrán por el término inicialmente

estipulado», la última postura de Corte ha establecido que aquellas disposiciones convencionales acordadas antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 que reconocían prestaciones pensionales que cobijaban fechas posteriores al 31 de julio de 2010, solo excepcionalmente producirían efectos cuando superaran ese hito temporal. Y respecto a los instrumentos colectivos que regían a la entrada en vigencia la reforma constitucional, esto es el 29 de julio de 2005, en virtud de la prórroga automática prevista en el artículo 478 del CST, seguían generando sus consecuencias hasta el 31 de julio de 2010, cuando perdían vigencia por el mandato superior. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL, 31 en. 2007, rad. 31000, reiterada, entre otras, en la CSJ SL12498-2017, expuso la corporación lo siguiente:

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Radicación n.° 92263 a) --El “término inicialmente estipulado” hace alusión al que las partes celebrantes de un convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duración del mismo, de manera que si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere y no podrán las partes ni los árbitros disponer sobre dicha materia en un conflicto colectivo económico posterior.

b) -- En el caso en que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo un convenio colectivo estaba vigente por virtud de la figura de la prórroga automática. c). --Cuando la convención colectiva de trabajo a la entrada en vigencia del acto legislativo se encuentra surtiendo efectos por virtud de la denuncia de la convención colectiva de trabajo y la iniciación posterior del conflicto colectivo de trabajo que no ha tenido solución. En las dos últimas situaciones, debe advertirse que la convención sigue vigente por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes. En estos casos, de conformidad con el parágrafo 3º transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones continúan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los árbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones más favorables a las que están en vigor a la fecha en que entró a regir el acto legislativo. Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensión de jubilación que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendrán su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los árbitros pueden regular condiciones más benéficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto laboral (subrayas de la Sala). En la segunda de las providencias referenciadas,

puntualizó: Nótese que, a juicio de esta Corporación, del precepto constitucional objeto de análisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”». Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas

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Radicación n.° 92263 pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional. La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurrió en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovación legal aludida se ha extendido en múltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales allí previstas subsistirán hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como máximo hasta el 31 de julio de 2010.

La distinción entre ambos escenarios, a primera vista, parecería arbitraria, empero no lo es. En la primera situación, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y términos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociación colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposición jurídica. Se evitó así, la restricción e imposición heterónoma a lo que autónomamente habían negociado las partes y sobre lo cual recaían sus expectativas legítimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral. (Subraya la Sala). En la comprensión de la Sala era posible armonizar las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». Ello porque la primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, evento en el cual las reglas pensionales subsistieron hasta el 31 de julio de 2010.

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Radicación n.° 92263 Ahora, para la corporación entender que las disposiciones extralegales en materia pensional en principio produjeron efectos hasta el 31 de julio de 2010, no atenta

contra derechos adquiridos o las expectativas legítimas, ni mucho menos, contra el derecho de negociación colectiva o la aplicación de los convenios internacionales del trabajo, puesto que se trata esencialmente de darle aplicación a una disposición constitucional. Por lo demás, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT eran compatibles con el Acto Legislativo 01 de 2005. En relación con esta temática se indicó en la sentencia CSJ SL2543-2020, lo siguiente: Aquí se llega al quid o meollo del presente asunto, pues, al encontrarse admitida constitucionalmente la existencia de una expectativa legítima en favor de aquellos trabajadores beneficiarios de pactos o convenciones vigentes a la entrada en vigor del Acto Legislativo y poder, en virtud de ella, accederse a los derechos pensionales consagrados colectivamente, lo que sigue es preguntarse cuál es el alcance de la citada expectativa y, si la misma comporta límites temporales diferentes, tal y como hasta la fecha lo ha venido entendiendo la jurisprudencia cuando ha distinguido que la aplicación de los beneficios pensionales convencionales está sujeto a: i) la fecha de término de vigencia de la convención inicialmente pactada entre empleador y sindicato por estar cursando este término a la fecha de entrada en vigor de la enmienda constitucional y, ii) la fecha del 31 de julio de 2010, en caso de estarse cursando una prórroga de la convención que se encontraba vigente a la fecha de entrada en vigor del acto reformatorio constitucional. Al respecto, importa tener en cuenta que la segunda parte del

parágrafo transitorio 3°, al estipular que «En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010», de alguna manera está imponiendo, constitucionalmente, la protección de las expectativas de aquellos que cumplieron los requisitos para acceder a la prestación convencional entre el 29 de julio de 2005

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Radicación n.° 92263 y el 31 de julio de 2010, como consecuencia de las prórrogas de aquellas convenciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en rigor del Acto Legislativo. Prórrogas que conservarán los mismos beneficios pensionales que venían rigiendo, teniendo en cuenta la prohibición de pactar condiciones más favorables. Ahora bien, en la misma senda con miras a realizar un ejercicio hermenéutico que permita compatibilizar la primera recomendación emitida el Comité de Libertad Sindical aprobada por el Consejo de Administración de la OIT, que concluye, luego de instar al Gobierno para adoptar las medidas necesarias, en procura de que: «las convencion