CSJ - SL706-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casulla Laboral Sala de Descandestlia N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL706-2023 Radicación n.° 93975 Acta 12 Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, contra la sentencia proferida el 12 de marzo de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que EUCLIDES FONSECA BARRERA, adelantó contra la FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA, LA NACIÓN MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, FIDUCIARIA LA

PREVISORA SA., ASESORES EN DERECHO SAS y

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Euclides Fonseca Barrera, llamó ajuicio a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - como Administradora

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Radicación n.°93975 del Fondo Nacional del Café, la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fiduciaria La Previsora SAcomo vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA, Administradora Colombiana de PensionesColpensiones y Asesores en Derecho SAS (f.°547 a 560 Vto, subsanada a f.°565 a 577), para que se declarara: «la protección

al derecho a la seguridad social (...) respaldando el amparo de tal derecho emitido por el Consejo de Estado Sección Cuarta (...)»; y que fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana. Consecuencialmente solicitó que se condenara a: Asesores en derecho SAS, a expedirle la «resolución del bono pensional o cálculo actuarial que le corresponde por el tiempo laborado en dicha compañía»; la Fiduciaria La Previsora SA., pagar a la Administradora Colombiana de Pensiones el título pensional o cálculo actuarial por el tiempo laborado; y a esta última entidad, a tener en cuenta el tiempo servido en la Flota Mercante Grancolombiana. Así mismo, requirió que todas y cada una de las demandadas debían ser condenadas a pagarle los perjuicios morales y materiales, los intereses de mora y las costas. En defecto de lo anterior, pidió que «se declare la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ» y en consecuencia, fuera condenada a sufragar el valor del título pensional referido. Enunció que de no tener acogida lo precedente, se declarara la responsabilidad subsidiaria de la Nación - Ministerio de

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Radicación n.°93975 Hacienda y Crédito Público, «como titular de la cuentaFONDO NACIONAL DEL CAFÉ de las obligaciones pensionales en favor del demandante», por lo que dicha cartera debía ser condenada a financiar el aludido cálculo actuarial. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, como fundamentos tácticos, hizo una amplia

narración de sucesos históricos y legislativos, desde la fundación de la Flota Mercante Grancolombiana, hasta su liquidación; describió su situación laboral y pensional, así: a la presentación de la demanda, tenía 58 arios de edad; laboró para la Flota Mercante Grancolombiana SA, «hoy compañía de inversiones de la Flota Mercante SA», desde el 16 de mayo de 1978 y hasta el 22 de junio de 1985, mediante contrato individual de trabajo a término indefinido, para un total de 2596 días, sin que la empleadora efectuara aportes a pensiones. El último cargo que desempeñó fue el de «SEGUNDO ENFERMERO», a bordo de los buques de la Flota Mercante Grancolombiana, con un salario promedio mensual, compuesto por los siguientes factores: salario básico de USD470.49, prima de antigüedad USD56.45, salario en especie USD202, incidencia de las primas legales USD68.08, sobreremuneración USD72.16, y viáticos, para un salario promedio de USD885.47, de acuerdo a la «liquidación y a la convención colectiva vigente para el 22 de junio de 1985». Dijo que se encontraba afiliado a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, la cual mo ha

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Radicación n.°93975 reclamado el bono pensional o cálculo actuarial, por el tiempo laborado en la Flota Mercante Grancolombiana», sumado a que laboró en otras entidades del sector privado, lo que conllevó que cotizara 390,57 semanas.

Mencionó que presentó reclamaciones administrativas a la Federación Nacional de Cafeteros y Asesores en Derecho SAS, el 5 de agosto de 2015; así mismo elevó reclamación ante Fiduciaria la Previsora y Colpensiones el 6 de agosto de 2015; y al Ministerio de hacienda y Crédito Público el 4 de agosto del mismo ario. La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, dio respuesta a la demanda (f.°624 a 638). Se opuso a las pretensiones y de los hechos atinentes al vínculo laboral, aceptó: la edad, y la existencia de un contrato de trabajo con la Flota Mercante Grancolombiana. Argumentó que no tenía obligación pensional con el accionante, porque «en los términos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, no es posible que se tenga en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez los tiempos cotizados por servicios prestados a entidades públicas, solo es viable tener en cuenta lo cotizado a COLPENSIONES». Como excepciones de mérito, propuso prescripción y las que llamó: inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, e improcedencia de intereses moratorios. 4

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Radicación n.°93975 La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (f.°648 a 660 Vto), manifestó que se oponía «a todas y cada una de las pretensiones de las cuales se pretenda obtener la declaratoria de responsabilidad subsidiaria». De los fundamentos fácticos aceptó: la edad, y la reclamación

administrativa. Expuso que la empleadora del actor había sido la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana - CIFM, aunque hubiese suscrito un contrato de fiducia, ello no la liberaba de sus obligaciones, por ende, el liquidador de esa empresa, debió adelantar diligentemente las operaciones necesarias para obtener liquidez para atender las obligaciones pensionales, no así esa cartera ministerial. Anotó que de acuerdo con el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y la sentencia CC SU1023-2001, operaba la responsabilidad subsidiaria, pero a cargo del Fondo Nacional del Café, administrado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Como excepciones de mérito, enunció la «indebida vinculación del Ministerio de Hacienda», inexistencia de obligación alguna, y falta de legitimación en la causa por pasiva. Asesores en Derecho SAS, en su condición de mandatario con representación, contestó el libelo gestor (f.°667 a 702), solo se opuso a que fuera compelida a sufragar el valor del cálculo actuarial. De los hechos atinentes al vínculo laboral, asintió: la edad, la existencia de la relación

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Radicación n.°93975 laboral, los extremos temporales, el cargo que desempeñó, y la reclamación que radicó. Sostuvo que actuaba en calidad de mandataria con representación, lo que implicaba que «resuelve las solicitudes de carácter pensional, única y exclusivamente con cargo al Patrimonio Autónomo PANFLOTA, por lo tanto no representa a la entidad cerrada (liquidada), no maneja dineros (...)», en

consecuencia, en su criterio, esa sociedad no tenía responsabilidad económica. En su defensa, planteó excepción previa de cosa juzgada, derivada de una conciliación extrajudicial. De mérito la de prescripción y las que denominó: «inexistencia de la obligación para proteger el derecho amparado por la sentencia proferida por el Consejo de Estado»; inexistencia de la obligación derivada de la falta de asunción del riesgo por parte del ISS; imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial; buena fe y oposición a la condena en costas y perjuicios irrogados al demandante. La Fiduciaria la Previsora SA - Fiduprevisora SA., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, al contestar la demanda (f.°703 a 717 Vto), expresó que se oponía a las peticiones. De los hechos aceptó: la radicación de la reclamación administrativa. Invocó algunas cláusulas del contrato de fiducia 3-10138 de 2006, suscrito entre esa sociedad y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. Con sustento en el 6

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Radicación n.°93975 aludido acuerdo, alegó que actuaba «exclusivamente como una Fiducia de administración y fuente de pagos». Destacó que de acuerdo con las normas mercantiles, su responsabilidad estaba limitada por el contrato de fiducia, por ende, no asumía obligaciones directamente con su patrimonio; hizo énfasis en que, el objeto del contrato de

fiducia, limita la capacidad de esa compañía, como administradora, y vocera del patrimonio autónomo Panflota. Propuso como excepciones de mérito la «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA» y las que denominó: imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil e inexistencia de la obligación. La Federación Nacional de Cafeteros, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, dio respuesta a la demanda (f.°1 a 28, cuaderno 2). Se opuso a las pretensiones subsidiarias que el accionante elevó en su contra. No admitió ninguno de los hechos concernientes al nexo laboral. Como razones de la defensa, sostuvo que, solo era administradora del Fondo Nacional del Café, por eso no podía afirmarse que actuara como matriz o dominante de la compañía de inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana, en consecuencia, no tenía ninguna responsabilidad subsidiaria bajo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995.

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Radicación n.°93975 Relievó que el aludido fondo tiene naturaleza parafiscal, constituido por recursos públicos, por ende, esos dineros solo podían utilizarse para para contribuir al sector cafetero, como lo había detallado el concepto del 15 de febrero de 2001, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Anotó que, en todo caso, sin que implicara aceptación de responsabilidad, se debía observar que para el periodo objeto de reclamo, no había posibilidad de afiliar a

los marinos al ISS, en consecuencia no hubo omisión. Planteó como excepciones de mérito prescripción, falta de legitimación en la causa, y las que llamó: inexistencia de la obligación, parafiscalidad cafetera colombiana, buena fe, y límite patrimonial de la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz con relación a la subordinada que entra en insolvencia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 13 de febrero de 2019( CD. f.°872, anexo al cuaderno de instancia), en el que decidió: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y en consecuencia se absolverá de todas y cada una de las pretensiones de la demanda a ASESORES EN DERECHO SAS, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, FIDUCIARIA LA PREVISORA SA y la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación respecto de la indemnización plena de perjuicios. 8

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SEGUNDO: CONDENAR a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del Fondo Nacional del Café, a pagar a la entidad de seguridad social en pensiones a la que se encuentre afiliado el señor EUCLIDES FONSECA BARRERA, el valor del cálculo actuarial por aportes al

sistema de seguridad social en pensiones entre el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 1978 al 22 de junio de 1985, teniendo en cuenta un salario base de cotización de $7.175 para 1978, $9.291 para 1979, $12.286 para 1980, $16.283 para 1981, $22.024 para 1982, $31.164 para 1983, $45.818 para 1984 y $73.081 para 1985.

TERCERO: ABSOLVER a FEDECAFE de las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin costas.

Disconformes, apelaron el demandante, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el 12 de marzo de 2019 (CD a f.°903), en el que decidió: PRIMERO.- MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá DC., el día 13 de febrero de 2019, para suprimir de la lista de entidades cobijadas bajo la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y agregar un ordinal para condenar a realizar un cálculo actuarial, como a continuación se señala: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia se absolverá de todas y cada una de las pretensiones a las

demandadas ASESORES EN DERECHO SAS, FIDUCIARIA LA

PREVISORA SA, la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y se DECLARA parcialmente probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto de la indemnización plena de perjuicios.

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Radicación n.°93975

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a realizar el cálculo actuarial por el periodo laborado por el demandante en la Flota Mercante Grancolombiana entre el 16 de mayo de 1978 y el 22 de junio de 1985 con base en los salarios indicados en el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: COSTAS. Las de primera se confirman, las de la alzada estarán a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros.

Se fija la suma de $500.000, como agencias en derecho. En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador plural hizo alusión al principio de consonancia y circunscribió la materia de su estudio a determinar la base salarial para el pago del cálculo actuarial; «la titularidad del pago de esa condena y la forma en que se debe hacer el cálculo». Dijo que estaba fuera de controversia que entre el accionante y la empresa Flota Mercante Grancolombiana, existió un contrato de trabajo desde el 16 de mayo de 1978 y hasta el 22 de junio de 1985. Reseñó que la obligatoriedad de afiliación al ISS, operó

de manera paulatina a medida que la institución extendió su cobertura en el territorio nacional. Para el caso del «personal del mar», la resolución 03292 de agosto de 1990 emanada de la dirección de ese instituto, con vigencia a partir del 15 de agosto del mismo ario, estableció el inicio de inscripción en el régimen de los seguros sociales obligatorios de los diferentes riesgos, entre ellos el de vejez, sin que existiera la lo

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Radicación n.°93975 obligación de afiliación previa, lo que acarreaba que las prestaciones se encontraran en cabeza del empleador. Por lo narrado, en la época en que el demandante prestó sus servicios no existía obligatoriedad de afiliación al extinto ISS, por lo que en principio se podría decir, que los tiempos laborados por Euclides Fonseca, anteriores al 15 de agosto de 1990, no eran computables para una pensión del sistema general, ni se podría predicar una omisión atribuible al empleador. Agregó, «No obstante los artículos 72 y 76 de la ley 90 de 1946 dispusieron la obligación de efectuar la provisión de capital necesario para el cumplimiento de los aportes al extinto instituto de los seguros sociales en los casos en los que la entidad asumiera la obligación pensional», por lo que «pese a que el llamado de afiliación a la seguridad social se hizo de manera paulatina y en este caso acaeció el 15 de agosto de 1990, ello no significa que la obligación haya quedado condicionada en el tiempo porque lo que se prorrogó fue el tiempo para transferir las cotizaciones al ISS».

Argumentó que esta Corporación, «ha sostenido que no por el hecho de haberse omitido la afiliación del trabajador a la seguridad social por falta de cobertura dentro de una determinada zona (...) es válido al empleador (...) sustraerse de efectuar los aportes correspondientes», doctrina que se apreciaba a partir de «la sentencia SL41745 dej ulio del 2014», y subrayó que «en esta sentencia la corte varió el criterio para decir que el empleador tiene la obligación de pagar el cálculo

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Radicación n.°93975 actuarial en el periodo que no se había subrogado el ISS, que es lo que acontece en este caso», criterio que estaba vigente y reiterado en providencias posteriores, por lo que, «la sala acoge este criterio que hoy mantiene la Corte Suprema (...)». Por lo anotado, «la empresa debía hacer partidas de capital para sufragar los aportes en pensiones de sus trabajadores y con ello garantizar su derecho a la seguridad social, como así lo prescribió el artículo 72 de la ya cita Ley 90 de 1946)), sin que tal obligación dejara de existir por el hecho de que el contrato hubiese finalizado el 22 de julio de 1985, es decir antes de que se hiciera el llamado a la afiliación obligatoria, como lo había enseriado esta Sala, en sentencia SL 3892-2016. De acuerdo con lo analizado, sostuvo que «la demandada en virtud del artículo 72 de la ley 90 del 46 está obligada a efectuar los aprovisionamientos respectivos af in de garantizar las cotizaciones a pensiones del demandante», por lo que

debía confirmar en este punto la condena de primer nivel. Procedió a disertar sobre la «responsabilidad que tiene la Federación Nacional de Cafeteros, frente a las obligaciones a cargo de la compañía de inversiones de la fruta mercante» y mencionó que debía reiterar las consideraciones plasmadas en un caso similar, toda vez, que no había sido controvertido que la compañía de inversiones de la flota mercante fue objeto de liquidación obligatoria producto de un intento fallido de concordato y la Federación Nacional, como administrador del Fondo Nacional de Café, había asumido 12

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Radicación n.°93975 una posición de matriz o controlante de la compañía de inversiones. Para sustentar que la Federación Nacional de Cafeteros sí debía responder, aludió al parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y comentó que allí se ordenó que cuando una sociedad controlante o matriz, haya dado lugar a la iniciación de un trámite concordatario o de liquidación frente a una sociedad de sus controladas, debía asumir en forma subsidiaria el pago de las obligaciones, unido a que, según este canon la responsabilidad subsidiaria se presumía. Mencionó que la Federación no logró desvirtuar la presunción de responsabilidad, por el contrario, era claro que «como consecuencia de la creación de la sociedad de transportación marítima Grancolombiana, generó pérdidas muy importantes a la recién creada compañía de inversiones de la flota, que desembocaron en su liquidación y la pérdida de su capacidad económica» y enunció que hubo decisiones erróneas de la junta directiva. Listó algunas determinaciones

que en su concepto, había conducido a la crisis de la compañía, por lo que la Federación Nacional de Cafeteros, «hoy debe ser responsable subsidiario del pago de las obligaciones (...)». Más adelante se enfocó en determinar cómo debía liquidarse el cálculo actuarial y explicó que los aportes tenían que ser trasladados mediante un bono o título pensional, previa liquidación que realizara la administradora de pensiones, que en este evento era Colpensiones, teniendo

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Radicación n.°93975 como base los salarios que se encontraron probados en primera instancia y «por la totalidad de los aportes que se dejaron de efectuar en ese periodo, pues si solo se tuviera en cuenta el porcentaje de los aportes que como empleador debió efectuar la flota mercante, el valor de lo liquidado no correspondería a la totalidad de lo adeudado», porque «como no se efectuaron en su oportunidad los aportes ni se constituyó una partida de capital para sufragarlos hoy se debe responder por el ciento por ciento de los aportes».

Para finalizar anotó: «no es el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público el llamado atender las obligaciones del Fondo Nacional del Café administrado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia de quien se estableció ejerció como matriz o controlante de la flota mercante (...) que derivó en la responsabilidad subsidiaria que aquí se ha explicado ampliamente».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante y la Federación Nacional de Cafeteros, fue concedido por el Tribunal,

admitido por la Corte y solo sustentado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por lo que se procede a resolverle.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en sede de instancia se proceda a revocar la sentencia de primer nivel

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Radicación n.°93975 en cuanto la condenó, como administradora del Fondo Nacional del Café, para en que su lugar, sea absuelta íntegramente y «hacer el pronunciamiento que corresponda frente a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con respecto a la responsabilidad subsidiaria que se le imputa con fundamento en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995». Como «primer alcance subsidiario», requiere se case el fallo atacado en cuanto confirmó la condena emitida en su contra consistente en pagar el cálculo actuarial a Colpensiones, para que en sede de instancia se revoque lo así dispuesto por el a quo y se le absuelva de tal súplica. Plantea un «segundo alcance subsidiario», en los siguientes términos: (...) habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (...) concretamente respecto a la condena por el valor de un cálculo actuarial, por lo no cotizado al Instituto de Seguros Sociales para pensión, por el tiempo laborado por el demandante del 16 de mayo de 1978 al 22 de junio de 1985 para la Flota Mercante Grancolombiana (...) en sede de instancia, habrá de

revocar los términos de la condena del fallo de primer grado del pago del valor de un cálculo actuarial, para en su lugar modificarla en el sentido que como valor correspondiente a lo no cotizado al Instituto de Seguros Sociales (...) deberá pagar una suma equivalente a los aportes que debía hacer a esa entidad en dichos periodos, con referencia a las denominadas 'tablas y categorías' que regían para tal data (...). Como tercer alcance subsidiario, solicita en sede de casación lo mismo que en el petitum precedente, y en instancia «revocar los términos de la condena del fallo de

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Radicación n.°93975 primer grado, para en su lugar modificarla (...) en el sentido que a la Federación (...) solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco porciento( 75%)d el valor que del bono pensional resulte de liquidar los aportes (...)». Con el anterior propósito, plantea 4 cargos que recibieron réplica del demandante y Colpensiones, de los que serán analizados conjuntamente el tercero y cuarto, dado que comparten varios argumentos y se orientan por el mismo sendero.

VI. CARGO PRIMERO Acusa aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la CN, que, dice, dio lugar a la indebida aplicación del inciso 2 del artículo 259 y 260 del CST, 3, 38, 59 a 61 del

Acuerdo 224 de 1966; 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 12 del Acuerdo 049 de 1990, 373 del Código de Comercio, 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946. Inicialmente aclara que el colegiado «analizó lo relativo a la absolución que en primera instancia se impartió respecto a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público», lo que permite el estudio de la acusación, sin que se trate de hechos nuevos, sino de argumentos jurídicos, fundados en situaciones que se dieron por establecidas en el fallo gravado, 16

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Radicación n.°93975 unido a que como la sentencia de primer nivel le fue favorable no estaba legitimada para apelar. En el desarrollo argumenta que no discute las siguientes conclusiones fácticas del fallador: «no se desvirtuó la presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 (...)»; la Federación Nacional de Cafeteros, fue vinculada como administradora del Fondo Nacional del Café; al ser el Fondo Nacional del Café, una cuenta corriente de naturaleza parafiscal, su «dueño», es el Estado Colombiano, lo que significa que no es persona jurídica. A continuación, expone: Basado, entonces, en las precitadas tres premisas, lo que se controvierte y discute, con esta acusación, es que, a la Federación (...) como administradora del Fondo Nacional del Café, que se repite, es la calidad en que se encuentra vinculada

al proceso y, obviamente, se le impone las condenas por el Tribunal juzgado (sic) del conocimiento, esa circunstancia tenía y tiene implicaciones legales que no fueron aplicadas debidamente por el Tribunal. Y una de esas implicaciones era y es, que esa calidad en que actuó y actúa la Federación Nacional de Cafeteros en este proceso, le imponía, al juzgador, determinar quién era el mandante de la Federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este la condena, de darse los supuestos de ley, la condena, y no fulminarla como lo hizo, al mandatario. Alega que como el tribunal no procedió de la forma aludida, incurrió en la vulneración de los artículos 822 y 1266 del Código de Comercio, y 2186 del Código Civil, sumado a que, el Fondo Nacional del Café, al no ser persona jurídica, y sus recursos ser parafiscales, esta Corporación «habrá de inferir que es la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público como mandante de la Federación Nacional de Cafetero (sic)» la llamada a responder subsidiariamente.

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Radicación n.°93975 Menciona que ese tema fue analizado en la sentencia de la Corte Constitucional CC SU-1023-2001, de la que duplica varios pasajes del considerando 16, y luego recuerda que en tal providencia se argumentó que las medidas que allí se tomaban eran transitorias, mientras el juez ordinario definía quién debía responder subsidiariamente según el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, inclusive admitió la posibilidad

que fuera la Nación, y esgrime que de acuerdo con providencia CC C-840-2003, el Fondo Nacional del Café se nutre de recursos parafiscales. Dice, que como el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica, sus recursos provienen de una contribución parafiscal, y la Federación Nacional de Cafeteros solo actúa como mandatario, mientras que el Estado Colombiano es el mandante, ello implica que la responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, debe recaer en el Estado, de lo contrario se le estaría imponiendo una obligación a quien no es persona. Para concluir, eleva algunas críticas a dos providencias de otra sala de descongestión de esta Entidad y recalca que el fallo CC SU-1023-2001, adoptó una medida provisional.

VII. RÉPLICA El apoderado del accionante, se opone a la prosperidad del cargo, con sustento en que «desde la misma sentencia SU1023 de 2001, se ha excluido la responsabilidad subsidiaria de la Nación» y alega que el atacante olvida que esta Sala de

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Radicación n.°93975 Casación, en más de 30 casos concluyó que la Nación, ano tiene la calidad de responsable de la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana». Subraya que la recurrente nada dijo en la contestación de la demanda, ni en el recurso de apelación sobre la responsabilidad estatal que ahora menciona, por ello es extemporánea la alusión que efectúa en el recurso extraordinario. La Administradora Colombiana de Pensiones, anota que

se resiste a que el ataque tenga ventura, pues el colegiado entendió correctamente el compendio normativo acusado y enuncia que sí es deber de la entidad recurrente efectuar el pago del cálculo actuarial, como se deduce de la doctrina plasmada en fallos CSJ SL17300-2014 y SL9856-2014.

VIII. CONSIDERACIONES En primer lugar, se encuentra que el recurso extraordinario surge como una manera de complementar el de apelación, pues en este último, la Federación Nacional de Cafeteros nada dijo sobre la temática que ahora sustenta, pues con excepción una leve alusión que en la alzada hizo sobre el carácter parafiscal de los recursos del Fondo Nacional del Café, omitió por completo las demás referencias que ahora propone para librar su responsabilidad y trasladarla al Ministerio.

La tenue mención que del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuó el ad quem, fue para resolver el recurso de apelación del accionante, quien sustentó que los

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Radicación n.°93975 recursos del Fondo Nacional del Café, se podían agotar y por eso era necesaria una garantía estatal.

El libelista enuncia: «como el fallo del a quo favoreció a mi mandante, obviamente, este no estaba legitimado para apelar». La anterior alusión no es acertada, porque la decisión de primer grado, en el ordinal segundo condenó a la ahora recurrente, en su condición de administradora del Fondo nacional del Café, a pagar el cálculo actuarial, lo que condujo a que apelara, pero dejó por fuera de la alzada varios

elementos de la temática que ahora propone. Así se diera por superado lo anterior, el fondo del recurso se encamina, inicialmente a que no se grave con la responsabilidad subsidiaria a la Federación Nacional de Cafeteros, sino al Ministerio de Hacienda, sin embargo, ello no es posible, pues la disertación y conclusión del juez plural de instancia, sobre la obligada a responder, encuentra asidero en la doctrina de la Sala, contenida en sentencia CSJ SL153102014 reiterada, entre otras, en CSJ SL1973-2019, CSJ SL4712019, donde se dilucidó que, la sociedad matriz o controlante Federación Nacional de Cafeteros sí es responsable subsidiaria cuando no desvirtúa la presunción legal del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. En los