CSJ - SL711-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala do Casaclin Laboral Sala do Desconoostioa N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL711-2023 Radicación n.° 93295 Acta 12 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por DOMINGO ANTONIO ESCALANTE SALAZAR, CLAUDIA PATRICIA REMOLINA, SANTIAGO y MARÍA ANGÉLICA ESCALANTE REMOLINA y ECOPETROL SA, contra la sentencia proferida el 5 de octubre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que aquellos interpusieron contra la estatal petrolera.

I. ANTECEDENTES

Domingo Antonio Escalante Salazar, Claudia Patricia Remolina, Santiago y María Angélica Escalante Remolina llamaron a juicio a la Empresa Colombiana de PetróleosEcopetrol SA, con el fin de que se declarara que, entre

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Radicación n.° 93295 Domingo Antonio Escalante Salazar y la sociedad existía un contrato de trabajo a término indefinido desde el 8 de junio de 1987, en desarrollo del cual contrajo las enfermedades de trastorno depresivo recurrente -episodio moderado presentey trastorno mixto de ansiedad y depresión y, en consecuencia, se le ordenara pagarle bonos variables por resultados y reliquidar la «indemnización tarifada y/o reglamentada para la pérdida de capacidad laboral», el daño

material o patrimonial «en la clase» de lucro cesante consolidado y futuro, daño moral o extrapatrimonial «en la clase» de perjuicios fisiológicos, alteración de la existencia o de la vida en relación, daño moral para todos y cada uno de los demandantes, indexación, lo que resulte probado extra o ultra petita y, las costas. Como soporte fáctico de sus pedimentos, en la demanda integrada con su reforma, indicaron que Domingo Antonio Escalante Salazar fue vinculado por Ecopetrol SA inicialmente mediante contrato de aprendizaje, posteriormente a término fijo y finalmente, a término indefinido, vigente a esa fecha, además, que en desarrollo de su relación laboral ha desempeñado los cargos de Aprendiz, Profesional III, Profesional Grados 14, 15, 16 y 17, Jefe de Departamento I, Gerente de Producción GRB y Asesor Vicepresidencia VED. El 1 de enero de 2008 a través de la suscripción de otro sí a su contrato cambió de modalidad salarial a la de salario integral, devengando en 2013, la suma de $29.385.031.

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Radicación n.° 93295 Indicaron que ostentaba la calidad de trabajador de dirección, manejo y confianza, con una jornada laboral de 6:00 am - 10:30 am y de 12:00 m - 4:30 pm, además de trabajar horas extras que en algunas ocasiones se extendían hasta «altas horas de la noche e incluso de la madrugada», al igual que los dominicales y festivos.

Aseveraron que el 12 de abril de 2012 la entidad le terminó de manera unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo, a pesar de que para dicha calenda se encontraba afectado por las patologías de trastorno depresivo recurrente - episodio moderado presente - y, trastorno mixto de ansiedad y depresión. Recordaron que por sentencia del 17 de octubre de 2012, al resolver la tutela instaurada por Escalante Salazar, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga protegió sus derechos a la igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud, seguridad social integral y debido proceso; ordenó a Ecopetrol SA dejar sin efecto el despido, hacer efectivo el reintegro sin solución de continuidad y, pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre la desvinculación y la fecha de su reintegro efectivo, orden que fue cumplida el 31 de octubre de 2012 en el cargo y funciones de Asesor de Vicepresidencia de Downstream - VED. Señalaron que la demandada no le ha reconocido los bonos variables por resultados correspondientes a las

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Radicación n.° 93295 anualidades 2012-2013, los que son liquidados y pagados a los empleados de conformidad con el documento GTH-P-004, a pesar de que el 29 de octubre de 2013 elevara reclamación escrita en tal sentido, la que fue resuelta en forma negativa el 5 de noviembre de dicha anualidad. Agregaron, que:

El 8 de junio de 1987 cuando Escalante Salazar se vinculó al servicio de la demandada, se encontraba apto para desempeñar el cargo y las funciones para las que fue contratado; siendo su empleador conocedor de los factores de riesgo y de los peligros asociados a la salud ocupacional a los que se le exponía en razón a los cargos y funciones asignadas, primero como Jefe de Departamento y luego, como Gerente de Producción de la Refinería de Barrancabermeja. Sostuvieron que, en desarrollo de este último puesto de trabajo, comenzó a padecer alteraciones fisicas y mentales generadas y/o asociadas a respuestas de estrés, por lo que el 18 de febrero de 2008 ingresa por urgencias a la Policlínica de Ecopetrol SA, siendo diagnosticado con Trastorno del Sueño». 4( El 22 de marzo de 2008, mediante comunicado, pone en conocimiento a sus superiores jerárquicos, Gerente General de la Refinería y Vicepresidente de Refinación y Petroquímica, su estado de angustia y preocupación por las alteraciones y trastornos fisicos y mentales que empezaba a padecer por el nivel de estrés que manejaba como consecuencia de su trabajo, además de solicitarles intervención ocupacional en 4

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Radicación n.° 93295 procura del mejoramiento de su estado de salud y, traslado de cargo, sin que nunca hubiera recibido de su empleador respuesta a la solicitud, quien tampoco dio alerta a la Dirección de HSE y Gestión Social ni a la Dirección de Salud Industrial, con el fin de lograr una inmediata colaboración.

El 24 de marzo de 2008 ingresa nuevamente por urgencias al Policlínico de Ecopetrol SA, presentando evento agudo generado y/o asociado a respuestas de estrés con diagnóstico de ((...Trastorno de Pánico [Ansiedad Paroxística Episódica]» y, «marcada ansiedad relacionado con sobrecarga laboral, ha experimentado insomnio mixto, sensación de cansancio, temblor, debilidad, rasgos obsesivos de personalidad», razón por la cual es remitido de urgencias a la Clínica de Psiquiatría ISNOR de Bucaramanga donde se le diagnostica con «F410 Trastorno de Pánico [Ansiedad Paroxística Episódica], F512 Trastorno No Orgánico del Ciclo Sueño - Vigilia, Z563 Problemas Relacionados con Horario Estresante de Trabajo» y, es incapacitado en forma continua del 24 de marzo al 7 de mayo de 2008, esto es, por espacio de 45 días, situación que fue conocida por Ecopetrol SA (negrilla y subraya del texto). El 7 de mayo y el 9 de julio de 2008, la Dirección de Salud Industrial de la demandada, con ocasión del diagnóstico de Domingo Antonio Escalante Salazar, expidió en su favor recomendaciones laborales de carácter permanente dentro de las que se encontraban: mantener el horario de oficina evitando .estresores», no laborar fines de semana ni festivos, evitar manejo de máquinas y vehículos y,

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Radicación n.° 93295 trabajo nocturno. El 19 de noviembre de 2009, comienza nuevamente a presentar afectaciones en su estado de salud

mental con alteraciones de sueño y estados de depresión, por lo que asiste a consulta por siquiatría el 21 del mismo mes y ario, en la que refiere que los padecimientos se encuentran asociados al estrés que le causa el cambio de ocupación, al estar laborando en un nuevo proyecto y en desempeño de las funciones que le fueron asignadas como Líder de HSE y Seguridad de Procesos en el proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja. El 26 de noviembre de 2009, Claudia Patricia Molina Vásquez, esposa del demandante, remite comunicación al superior jerárquico de su cónyuge, Vicepresidente Ejecutivo de Downstream, en la que manifiesta su angustia y preocupación por las alteraciones y trastornos fisicos y mentales que empezaba a padecer aquel, solicitando la intervención ocupacional de Ecopetrol SA, en procura del mejoramiento de su estado de salud, sin que esa entidad hubiere tenido en cuenta aquella solicitud.

Señalaron que: En el transcurso de la vinculación, Escalante Salazar fue diagnosticado con las patologías de trastorno depresivo recurrente -episodio moderado presente - y, trastorno mixto de ansiedad y depresión y, que se encontraba vinculado en calidad de cotizante «al régimen de excepción en salud» que Ecopetrol SA le ofrece a sus trabajadores y beneficiarios, de quien recibió por intermedio y bajo la coordinación de la

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Radicación n.° 93295 Regional de Salud del Magdalena Medio, actividades, intervenciones y procedimientos médicos, con el fin de tratar

sus padecimientos, como consta en su historia clínica, pero sin que se le realizara valoración, intervención y seguimiento ocupacional por parte de la Dirección de HSE y Gestión Social. El 10 de mayo de 2013, aquella dependenciaDirección de HSE y Gestión Social-, expidió «Concepto de Favorabiliad/D esfauorabilidad para la Rehabilitación y Reincorporación Laboral» de Domingo Antonio Escalante Salazar, «ofictalizandosele RESTRICCIONES y/o RECOMENDACIONES laborales de carácter permanente» y, el 2 de julio de ese ario, la Vicepresidencia de Talento Humano les dio cumplimiento, reubicándolo laboralmente para desempeñarse en la Universidad Corporativa de Ecopetrol SA. El 5 de diciembre de 2013, la Dirección de Responsabilidad Integral de la demandada realizó visita de salud industrial a su puesto de trabajo, con el objeto de verificar si este cumplía con las recomendaciones y restricciones médicas que se expidieron en su favor (negrilla del original). El 18 de abril de 2012 el trabajador solicitó a Ecopetrol SA que adelantara el trámite de calificación del origen y pérdida de su capacidad laboral por las patologías de trastorno depresivo recurrente - episodio moderado presente - y trastorno mixto de ansiedad y depresión, padecidas desde el ario 2008, las que fueron calificadas como de origen profesional el 24 de septiembre de 2012, por el Comité

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Radicación n.° 93295 Interdisciplinario Evaluador - CIE adscrito a la Regional de Salud del Magdalena Medio de la entidad accionada,

estableciendo además una pérdida de capacidad laboral del 25.2% y, fecha de estructuración 24 de marzo de 2008. El 11 de octubre de 2012 el trabajador presentó desacuerdo ante dicha calificación única y exclusivamente (frente al dictamen de la Perdida (sic) de la Capacidad Laboral», por lo que el 29 de enero de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, «se pronunció en última instancia» a través del dictamen n.° 1502013 por medio del cual aumentó el porcentaje a 31.50%, razón por la cual el 15 de febrero, 14 de marzo y 4 de abril de 2013 reclamó el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por concepto de «indemnización tarifada y/o reglamentada para la pérdida de capacidad laboral por enfermedades profesionales», peticiones que luego de interpuesta acción de tutela para que fueran resueltas, fueron acogidas por Ecopetrol SA quien en la primera quincena de agosto de 2013 le pagó la suma de $192.736.688 por dicho concepto, la que liquidó sin tener en cuenta la totalidad de salario devengado por el trabajador, esto es, la suma de $21.474.400 y, con fundamento en el salario devengado en el ario 2008 y no, con el correspondiente al ario 2012, primera oportunidad en la que se calificó su PCL. Manifestaron que el empleador en ningún tiempo le dio a conocer su política de salud ocupacional, que carecía de un sistema de vigilancia ocupacional dirigido a atender particularmente el riesgo psicosocial y/o psicolaboral, así

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Radicación n.° 93295 como omitió monitorear los factores de riesgo y sus efectos relacionados con el puesto y el entorno de trabajo, las condiciones internas para su desarrollo, las funciones desempeñadas por el trabajador antes y durante el tiempo que las ejecutó en los cargos de Jefe de Departamento y Gerente de Producción de la Refinería de Barrancabermeja, así como tampoco adelantó o implementó algún tipo de acción para controlar, contener, mitigar y/o aminorar los efectos negativos que el estrés laboral causaba en la salud de Domingo Antonio Escalante Salazar. Agregaron que las patologías profesionales de trastorno depresivo recurrente - episodio moderado presente - y trastorno mixto de ansiedad y depresión, han dejado en el trabajador secuelas permanentes tales como pérdida de capacidad laboral en porcentaje del 31.5%, daños de tipo psicológico y moral que afectan su individualidad, su entorno social y su familia ya que con frecuencia presenta episodios de ansiedad y depresión, dolor, pesadumbre, perturbación anímica, pesar, congoja, aflicción, sufrimiento, angustia, zozobra, desolación hasta el punto de afectar la relación que sostiene con su esposa y sus hijos quienes también han soportado un dolor muy intenso «al ver como la cabeza del hogar sufre los menoscabos causados por las patologías profesionales que padece». Informaron que el 12 de enero de 2016 elevaron reclamación administrativa, que fue despachada en forma desfavorable por Ecopetrol SA, el 27 del mismo mes y ario.

De la misma manera informaron que el 25 de noviembre de

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Radicación n.° 93295 2013 el trabajador demandante formuló queja ante la Oficina Especial del Ministerio del Trabajo de Barrancabermeja que «versa sobre buena parte de los hechos en que se funda la presente demanda» y, el 12 de septiembre de 2013, Ecopetrol SA instauró ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga demanda ordinaria laboral en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, juicio al que se vinculó a Domingo Antonio Escalante Salazar y, en el que se busca declarar la nulidad de los dictámenes proferidos tanto por el Comité Interdisciplinario Evaluador de Ecopetrol SA - CIE como por aquella junta de calificación. La Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol SA al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones por carecer de respaldo jurídico. De los fundamentos fácticos, aceptó: la vinculación laboral, los cargos desempeñados, el salario devengado, su calidad de trabajador de dirección, confianza y manejo, la terminación de su contrato, el reintegro por orden judicial de tutela, la solicitud de pago de bonos variables por resultados y la negativa en su reconocimiento, la presencia de factores de riesgo psicosocial o psicolaboral en los cargos de Jefe de Departamento y Gerente de Producción de la Refinería de Barrancabermeja. También tuvo por cierto el diagnóstico médico y las patologías padecidas por el trabajador, las incapacidades

médicas expedidas, el conocimiento de la situación de salud de aquel, las restricciones y/o recomendaciones laborales que le fueron emitidas, la calidad de cotizante al régimen de excepción en salud de Ecopetrol SA del accionante, la

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Radicación n.° 93295 calificación de la PCL por parte del Comité Interdisciplinario Evualuador - CIE de la demandada y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, el reconocimiento y pago de la indemnización por pérdida de capacidad laboral, el conocimiento de los factores de riesgo ocupacional inherentes a cada uno de los cargos desempeñados por el demandante, el agotamiento de la reclamación administrativa, así como la queja presentada ante el Ministerio de Trabajo y, el proceso ordinario laboral interpuesto por la estatal petrolera. En su defensa, alegó que practicó los exámenes médicos requeridos por el trabajador, aceptó y cumplió las recomendaciones dadas por los médicos tratantes y los especialistas del caso en lo que hace a las incapacidades, tratamientos ordenados, reubicación laboral, disminución de horas de trabajo, seguimiento al estado de salud del demandante, lo que se demostraba que no omitió esfuerzo en procura del mejoramiento de sus condiciones laborales, y que desvirtúa la existencia de su culpa. Resaltó que a través de su programa de salud ocupacional había identificado los riesgos de las actividades realizadas por sus empleados y diseñado las políticas de prevención propias de cada actividad contratada, por lo cual mantenía controlados todos y cada uno de los eventos a que estaban expuestos sus empleados.

Agregó que la extensión de la reparación plena a quienes no fueron parte de la relación laboral estaba llamada

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Radicación n.° 93295 al fracaso, si se tenía en cuenta que es el trabajador el único titular del derecho a la indemnización integral, amén de no hallarse acreditados los perjuicios materiales ni morales reclamados en el juicio. Propuso excepción previa de falta de competencia, de fondo prescripción y, las que denominó, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y, buena fe en las actuaciones de Ecopetrol SA (f.°1748-1790 cuaderno del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Transitorio Laboral del Circuito de Barrancabermeja, mediante fallo de 13 de diciembre de 2019 (CD a f.° 3005 cuaderno de instancias), resolvió declarar probadas las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación; absolvió a la entidad demandada y, condenó en costas a Domingo

Antonio Escalante Salazar. Disconformes los demandantes, apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para decidir el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, profirió fallo el 5 de octubre de 2021 (f.° 3034-3052 cuaderno de instancias),

en el que resolvió:

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Radicación n.° 93295

PRIMERO: Se REVOCA la sentencia de fecha, origen y

antecedentes reseñados, por lo expuesto. En lugar de lo revocado, se dispone: "PRIMERO: DECLARAR que el 24 de marzo de 2008, a Domingo Antonio Escalante Salazar se le diagnostico (sic) enfermedad de origen laboral por culpa patronal, el que le ocasionó una pérdida del 30.50% (sic) de la capacidad laboral, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR que Domingo Antonio Escalante Salazar tiene derecho a la reliquidación y pago de la indemnización tarifada pagada a cargo de Ecopetrol SA en monto de DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($201.167.421) de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ABSOLVER a Ecopetrol de las demás pretensiones formuladas en su contra.

SEGUNDO: COSTAS en ambas instancias a cargo de la demandada. Fíjense agencias en derecho en esta instancia a cargo del demandante y en favor de la parte demandada, en suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) de conformidad con lo previsto en los arts. 365 y 366 del CGP, aplicable por remisión del art. 145 del CPTSS

(resaltado del texto). En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal concretó su estudio a determinar si erró el juez de primera instancia al absolver de las pretensiones incoadas y, al declarar prósperas las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación.

Tuvo como hechos indiscutidos: i) la existencia de la

relación laboral entre Domingo Antonio Escalante Salazar y la entidad demandada, ii) la enfermedad laboral diagnosticada como trastorno mixto de ansiedad y depresión

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Radicación n.° 93295 que padece y que le originó una pérdida de capacidad laboral en porcentaje del 31.50% con fecha de estructuración 24 de marzo de 2008, iii) que el demandante contrajo matrimonio con Claudia Patricia Remolina Velásquez el 13 de enero de 1996, unión de la que procrearon a María Angélica y Santiago Escalante Remolina. De entrada, advirtió el ad quem, que la decisión impugnada debía ser revocada en su integridad, pues en el sub lite, [...] resulta palmaria, la falta de diligencia y cuidado por parte del empleador en la adopción, implementación, desarrollo y ejecución de los Programas de Salud Ocupacional hoy Sistema General de Seguridad Salud y Trabajo, en el acaecimiento de la enfermedad profesional hoy enfermedad laboral padecida por el demandante, particularmente en lo relativo a los programas de medicina preventiva y de trabajo e higiene y seguridad industrial para las épocas anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral es decir el 24 de marzo de 2008. Señaló que, en el sistema de riesgos laborales, tratándose de enfermedades, el empleador «como directo responsable de su subordinado, en virtud de lo preceptuado en los arts. .56y 57 del C.S .T. y 21 del Decreto 1295 de 1994 -hoy mod. art. 26 Ley 1562 de 2012-, tiene sobre este una

OBLIGACION DE RESULTADO» la que consiste en «velar por la indemnidad del trabajador durante el período de exposición al riesgo ocupacional determinado en razón al desarrollo de su objeto social, es decir, debe procurar que el trabajador tanto, durante y al culminar negocio jurídico que les ató, salga en idénticas o mejores condiciones a las que ingresó» (negrilla del original). 14

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Radicación n.° 93295 Así, coligió que el empleador debe acreditar que actuó con diligencia y cuidado cuando expuso a su trabajador al riesgo ocupacional, para de esta manera relevarse de responsabilidad en el acaecimiento de la enfermedad laboral, luego de lo cual encontró que Ecopetrol SA ocurrió en «omisiones deleznables» dentro de las que enlistó: no existir prueba de la existencia del programa de salud ocupacional con anterioridad a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral de Domingo Antonio Escalante Salazar -24 de marzo de 2008- «pues se adosaron solo dichos documentos con posterioridad al 2011»; no existir un programa de medicina preventiva y de trabajo orientado a la promoción, prevención y control de la salud del trabajador; ausencia de prueba de la realización de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos de admisión orientados a la exposición del riesgo psicosocial al que se iba a exponer al demandante, así como tampoco la realización de exámenes ocupacionales periódicos tendientes a verificar su estado de salud. Agregó, que no se acreditó que la demandada contara con un programa de higiene y seguridad industrial, ni que

hubiere realizado visita al puesto de trabajo de Escalante Salazar para conocer los riesgos relacionados con la patología laboral que padecía y así tomar los correctivos necesarios con antelación al ario 2008 en que se estructuró su enfermedad; refirió que tampoco se adosaron los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional de Factores Psicosociales anteriores a aquella anualidad «allegándose los mismos solo para vigencias posteriores 2009 (fls. 2801 al 2820), 2010 (fls. 1929 al 196 (sic)), 2013 (2887 al 2899) y 2018» y, por el SCLAJPT-10 V.00 Is Radicación n.° 93295 contrario, de la evaluación de riesgo psicosocial realizada al actor el 30 de julio de 2012, resaltó que aquellos factores para el ario 2007, «exceptuando el ítem de recompensas», son calificados con 5 que corresponde a un nivel de riesgo muy alto que se traduce en « nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés», reiterando que antes del 2008 no se acreditó la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgo social al interior de la accionada, «que hubiera conllevado a la anulación del riesgo y por ende a la prevención de las patologías estructuradas y que devinieron en la pérdida de capacidad laboral del demandante en mención».

De lo expuesto concluyó: Ese escenario permite colegir diáfanamente, que la patronal antes de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad de Domingo Escalante, no previó lo previsible y previéndolo no

tomó cartas en el asunto, pues, era de su resorte adoptar las medidas ocupacionales tendientes a prevenir entre otros el riesgo psicosocial al que estuvo expuesto el demandante y que a la postre según lo develan los dictámenes técnico científicos emitidos por la propia demandada a través de su Regional de Salud del Magdalena Medio y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander derivaron en la enfermedad profesional diagnosticada como "TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN" que le produjo una PCL del 30.50% (sic); lo anterior resulta fácilmente deducible de los puntuales pero atinados incumplimientos reseñados por la Corporación en los cuales incurrió la empresa, y de los cuales se advierte que para la fecha de estructuración de la enfermedad profesional, el 24 de marzo de 2008, la demandada no contaba con una matriz de riesgos que determinara los factores de exposición a los que se vería sometido el demandante, ni menos aún exámenes preocupacionales orientados al riesgo psicosocial, ni exámenes periódicos destinados al mismo, ni visitas al puesto de trabajo tendientes a establecer los riesgos psicosociales a los que se encontraba sometido Domingo Escalante (negrilla del texto).

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Radicación n.° 93295 Por lo anterior, desechó los testimonios arrimados por la demandada al considerar que: «los mismos carecen del mérito probatorio suficiente para dejar de la lado (sic) las omisiones por demás significativas que se resaltaron en precedencia» y, señaló que las «conductas presuntamente

diligentes y de cuidado» que adoptó Ecopetrol SA en relación con el promotor del juicio, «no fueron preventivas, sino paliativas, y posteriores a la estructuración de las patologías diagnosticadas, sin incidencia real en la recuperación de la integridad del operario, amén que se implementaron con posterioridad al hecho dañino que produjo la patología que hoy afecta a Domingo Escalante». Y a renglón seguido, anotó: De tal modo, decae de forma abrupta el eje de defensa de la demandada y para la Sala no existe duda que la convocada a juicio por pasiva es responsable a titulo de culpa, en la ocurrencia de la enfermedad profesional hoy enfermedad laboral que padece el demandante, y su consecuente responsabilidad civil en la reparación plena y ordinaria de perjuicios, máxime cuando en autos se encuentra configurada la triada EVENTONEXO CAUSAL-DAÑO, que traducido a lo que refleja el dossier de pruebas no es otra cosa que 1) la existencia de una enfermedad profesional causada directamente por el medio de trabajo, 2) debido a la exposición continua y prolongada a un factor de riesgo ocupacional -psicosocial-, en el cual no medió ni pudo mediar diligencia y cuidado, en la previsión y corrección de dicho riesgo laboral por parte del empleador, en el entendido que probatoriamente siquiera lo previó, 3) circunstancia que a la postre ocasionó un daño estimable en la PCL del 30.50% (sic) de origen profesional y con fecha de estructuración del 24 de marzo de 2008. A continuación, y previo a proferir condena, encontró

no probada la excepción de prescripción propuesta por

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Radicación n.° 93295 Ecopetrol SA, en tanto el derecho a la reparación de perjuicios al demandante se hizo exigible el 29 de enero de 2013, «cuando quedo (sic) en firme el dictamen No. 1502013 proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander», efectuó reclamación administrativa el 12 de enero de 2016 interrumpiendo el término trienal hasta el mismo día y mes del ario 2019, «por lo que al haberse radicado la demanda el 28 de enero de 2016 (fl. 94), no hizo presencia elf enómeno extintivo de las obligaciones». Del reclamo por lucro cesante consolidado y futuro, luego de citar un aparte de la sentencia CSJ SL, 13 mar. 2019, rad. 61560, así como de la CSJ SL, 3 jul. 2019, rad. 61454, indicó que Domingo Antonio Escalante Salazar se encontraba vinculado a la empresa por lo que, «el trabajador demandante no ha sufrido perjuicio material alguno en razón a la pérdida de capacidad laboral estructurada, por el contrario conforme se aprecia de la certificación de salarios los mismos han ido en aumento, es decir no existe detrimento alguno a resarcir que viabilice la condena pretendida». De los perjuicios morales, daño a la vida de relación y perjuicio fisiológico, advirtió que, Descendiendo al caso sub examine, la carga probatoria en este aspecto por los integrantes de la parte demandante fue nula, sin

que se adosara elemento de convicción alguno que permitiera evidenciar que Domingo Escalante y el núcleo familiar conformado por su esposa y sus hijos, las enfermedades padecidas por el primero afectaron en forma considerable su psiquis y las relaciones sostenidas intrafamiliarmente, no obra prueba fehaciente, fidedigna y concreta, de qué actividades vitales y esenciales, fueron las que se vieron afectadas, es decir,

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Radicación n.° 93295 cuál fue el detrimento que le ocasionó la enfermedad laboral en relación con el entorno social o su ámbito de desenvolvimiento, y que no le permiten vivir disfrutar plenamente los placeres de la vida, o que frustran su desarrollo personal, por lo que en este caso no puede proferirse condena al respecto. Para finalizar, se pronunció en relación con la reliquidación de la «indemnización tarifada», la que encontró llamada a la prosperidad, porque: [...] conforme a la certificación obrante a folio 93 del plenario, se advierte que al trabajador demandante se le reconoció por parte de la demandada indemnización tarifada de acuerdo con el Decreto 2644 de 1994 con un salario base liquidación correspondiente a $12.632.000 (fl. 93) pues atendiendo la fecha de calificación de la enfermedad laboral para determinar el IBL se debió acudir al salario promedio del ario anterior en que se realizó en primer momento la calificación de la perdida (sic) de la capacidad laboral, ello conforme al articulo 5 del Decreto 1562 de 2012, el cual valga de decir (sic) se encontraba vigente a la

fecha de calificación de la enfermedad profesional del demandante subordinado, norma que preceptúa: Luego, aplicado el enunciado normativo al caso de marras se aprecia que la primera calificación de origen de la enfermedad profesional del demandante se efectuó el 24 de septiembre de 2012, por ende atendiendo el precepto normativo en cita la liqui