CSJ - SL723-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL723-2023 Radicación n.° 91683 Acta 11 Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS – LEVAPAN S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de noviembre de 2020, en el proceso que instauró en su contra PEDRO

NOEL GÓMEZ VILLAMIL.

I. ANTECEDENTES Pedro Noel Gómez Villamil demandó a la Compañía Nacional de Levaduras S.A. (en adelante, Levapan S.A.), con el propósito de que, previo reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre ellos, se declarara que esta terminó sin justa causa por parte del empleador y, en consecuencia, se condenara al pago de la indemnización del

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Radicación n.° 91683 artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, debidamente indexada. Fundamentó sus peticiones en que celebró contrato de trabajo con la empresa, a término indefinido, el 2 de abril de 1992; siendo su última remuneración mensual de $3.535.000; en el cargo de «Jefe de Bodega de Distribución Nacional (CEDI)». Agregó que, durante la vigencia de su relación, no fue sancionado disciplinariamente y que no recibió de la empleadora «[…] de manera detallada» las funciones, obligaciones generales y especiales de su último cargo.

Narró que el 27 de agosto de 2015 recibió una citación a diligencia de descargos con ocasión del resultado de una auditoría realizada el 21 del mismo mes y año. En la comunicación se indicaron los temas sobre los cuales rendiría la declaración, la que se llevó a cabo el 28 de agosto de 2015, entre las 8:30 y las 10:59 de la mañana. Manifestó que el «[…] 7 de septiembre de 2016 (sic)», Levapan S.A. dio por terminado su contrato de trabajo alegando justa causa y, ese mismo día, el Gerente de Recursos Humanos le indicó que «[…] pasara una carta» a cambio del pago de $70.000.000, a lo cual se negó. Resumió las causales de retiro en el hecho de (i) permitir el despacho a Tunja de mercancía que excedía los rangos de temperatura permitidos, en perjuicio de las relaciones comerciales con los clientes; (ii) falta de gestión en el

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Radicación n.° 91683 seguimiento y control de ingreso y salida de mercancía que derivó en la pérdida de 13.518 libras de levadura y 20 cajas de margarina; (iii) falta de gestión, coordinación y control adecuados de la operación de aseo y buenas prácticas de manufactura, que puso en riesgo la licencia de funcionamiento de la empresa; (iv) así como de los inventarios de la bodega del banco de alimentos, que derivó en menoscabos económicos por vencimiento de productos; y (v) la recepción de 2.640 unidades de leche sin conocer de

quién provenían o para qué uso estaban destinadas. Reprodujo lo dicho en diligencia de descargos, para justificar las acciones previas, en el sentido que (i) contrató un vehículo para despachar la mercancía como carga seca, entre las 9:00 y 10:00 pm, que era lo usual, dado que no existía orden de utilizar carros refrigerados tratándose de la levadura; (ii) a partir del 13 de julio de 2015, se acordaron modificaciones en los turnos del Centro de Distribución Nacional (en adelante CEDI), con el fin de controlar mejor la operación, pero el día de la auditoría, por una decisión autónoma de un supervisor, no se asignó el personal de refuerzo. (iii) Lo atinente a las prácticas de aseo y manufactura era responsabilidad de los supervisores, quienes no hicieron cumplir las normas, procedimientos y políticas a pesar de que dio instrucciones precisas sobre el asunto; (iv) cada mes se enviaban informes de «[…] alertas naranja» de los productos a vencerse, pero no obtuvo retroalimentación de las áreas encargadas y, (v) las unidades de leche

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Radicación n.° 91683 correspondían a un producto nuevo del que no recibió instrucción para su manejo. Afirmó que, tanto en la diligencia de descargos como en la carta de despido, se vulneró el debido proceso, por cuanto le preguntaron y se consignaron asuntos no indicados en la citación, como los referentes al control semanal de temperatura y la pérdida de las 13.518 libras de levadura y de las 20 cajas de margarina. En particular sobre la primera,

apuntó que desapareció en el mes de octubre de 2012, 1095 días antes de su despido y mientras se encontraba disfrutando de vacaciones y de una licencia por luto. Al finalizar, adujo que la comunicación de despido no plasmó la justa causa, que el Reglamento Interno de Trabajo tampoco las consagraba y que este no estipuló el procedimiento disciplinario establecido en la sentencia de la Corte Constitucional CC C-593 de 2014. Al dar respuesta a la demanda, Levapan S.A. se opuso a las pretensiones, salvo la referida a la declaratoria de la existencia de la relación laboral, que acompañó por el período comprendido entre el 2 de abril de 1992 y el 7 de septiembre de 2015. Aceptó lo atinente a la remuneración, pero aclaró que el último cargo desempeñado por el demandante fue el de jefe de centro de distribución. Negó que el señor Gómez Villamil no conociera sus tareas y responsabilidades, ya que fueron ejecutadas por casi veinte años, se hallaban registradas en el

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Radicación n.° 91683 contrato de trabajo y fueron aceptadas por el trabajador en la diligencia de descargos. Manifestó que citó al demandante a rendir explicaciones por los incumplimientos graves evidenciados en la visita realizada por el área de auditoría interna de la empresa, en el sentido de (i) la omisión en la revisión de la temperatura de la levadura, que llegó a 8,5 grados centígrados cuando el límite debía ser de 5, aspecto sujeto a control del trabajador;

(ii) la evidencia sobre las pésimas condiciones de aseo, generando conductas violatorias de las buenas prácticas de manufactura en la bodega, que venían documentándose desde el año 2015; (iii) los defectos de gestión y control de inventarios del banco de alimentos; (iv) la recepción, en el CEDI, de 2.640 unidades de leche sin conocimiento de su origen o destino y, (v) la falta de gestión, seguimiento y control a los ingresos y salidas de mercancías de los muelles de bodega, generando pérdidas de producto. Ratificó los fundamentos de la carta de terminación del contrato y rechazó la defensa del trabajador, en el sentido que las apreciaciones son descontextualizadas e incompletas. Negó que se hubiera violentado el debido proceso y, por el contrario, sostuvo que fue en respeto a este, que el demandante fue citado a descargos, se le pusieron de presente los incumplimientos y omisiones y se aportaron todas las pruebas pertinentes, todo ello consignado en la carta de despido.

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Radicación n.° 91683 Anotó que las vacaciones a las que se refiere el extrabajador fueron solicitadas para el período comprendido entre el 1º y el 20 de agosto de 2015, no 2012, y que no le constaba lo relacionado con una licencia de luto. Respecto de la pérdida de mercancía, aclaró que al trabajador se le imputó una falta de gestión, seguimiento y control de ingresos y salidas en el muelle de la bodega, pues no realizó una intervención adecuada del trabajo de sus

supervisores. Por último, sostuvo que los documentos probaban, de forma clara y expresa, el procedimiento disciplinario que debía seguirse para la imposición de una medida disciplinaria, de lo cual se excluía la terminación del contrato de trabajo al ser una figura distinta, según el precedente de esta Sala. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión del 9 de agosto del 2018, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 91683 Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de noviembre de 2020, decidió: PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia; en su lugar (sic) SEGUNDO.- CONDENAR a la demandada a cancelar al demandante la suma de $111.024.923.oo por concepto de indemnización por despido indexada con el IPC certificado por el DANE vigente entre el 7 de septiembre de 2015 y el IPC vigente a la fecha en que se produzca el pago efectivo. Indicó el Tribunal que conforme el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, que modificó el 62, 63 y 66 del Código Sustantivo del Trabajo, se debían analizar las razones explicadas por el empleador al momento del despido, pues

era con base en ellas que se establecía su legitimidad. Advirtió que la carga de la prueba le correspondía a la demandada y para determinar si sus fundamentos fueron legítimos, analizó la carta de finalización del contrato y los motivos esgrimidos por Levapan S.A. Sobre «[…] la causa indicada en el literal “a)”», sostuvo que no fue clara y expresa en informar una situación particular y concreta, sino que de forma abstracta mencionó el incumplimiento de obligaciones del trabajador, orientadas a gestionar y dirigir el centro de distribución nacional. Al respecto, consideró: Ahora, con el único propósito de establecer la verdad sobre esta situación, en virtud de que la carta hace referencia a lo manifestado por el empleado en diligencia de descargos; con

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Radicación n.° 91683 apoyo en ese documento, el aspecto particular «se envió a Tunja la cantidad de 4.000 libras de Levadura el 28 de julio de 2015, y esta mercancía llegó a 8,2 grados centígrados cuando esta debe llegar máximo a 5 grados centígrados», no existe medio de convicción que lo respalde, pues nótese que la comunicación y la diligencia de descargos hace mención de envío de levadura por encima de la temperatura máxima, y no la de recepción o llegada del producto al lugar de destino, que es la que refiere el documento obrante a folios 161 a 163 del expediente, y que resulta imposible imputarle al empleado por cuanto esa situación acaeció después de ordenarse su despacho. Afirmó que el trabajador no aceptó su responsabilidad

en estos hechos, que en la diligencia de descargos, reiterada en el interrogatorio de parte y la prueba testimonial, dejó constancia que no era requisito despachar carros refrigerados, «[…] lo que deja en evidencia que el trabajador no envió a algún cliente producto de levadura por encima de la temperatura máxima permitida», de tal suerte que no había responsabilidad porque hubiera llegado al destino, superando el tope exigido «[…] que correspondía sopesar al transportador». Continuó con el estudio de la «[…] falta indicada en el literal “b)”» y señaló que, era ambigua y no indicaba los períodos y circunstancias que rodearon la pérdida de levadura y margarina. Al respecto, dijo que estos faltantes correspondían a los acontecimientos sucedidos hacía más de dos años y tres meses atrás –respectivamente–, por los que el demandante fue sancionado con llamados de atención con copia a su hoja de vida (fls. 245 a 246); de manera que los mismos hechos no podían tenerse en cuenta como justificativos para el despido, pues atentaría contra los

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Radicación n.° 91683 principios non bis in idem y de inmediatez, dado el lapso transcurrido entre el hecho generador y la decisión. Frente a ese último aspecto, adicionó que, si bien podía llegar a justificar la terminación por tratarse de una conducta reiterativa y no corregida por el trabajador, no era el caso, pues no se explicó en la carta de desvinculación ni hubo prueba al respecto. Añadió que la declaración rendida por Héctor Julio

Sarmiento Jiménez, dependiente del demandante, informaba que para la fecha de los hechos, este se encontraba de vacaciones, «[…] es decir, no fue el responsable directo ni podía ejercitar la supervisión delegada para tales efectos, y la demandada, siendo su carga probatoria, no lo desvirtuó pese a que por disposición del juzgado le solicitó y requirió allegar los certificados de periodos vacacionales desde la anualidad 2012, no lo hizo, allegando los de periodos diferentes». Sobre el «[…] literal “c)” de la carta de terminación», lo calificó de abstracto y genérico, pues no se precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran identificar e individualizar los hechos y señaló que, No obstante que la comunicación hace remisión a la diligencia de descargos, no existe medio de convicción que lo respalde, ya que el trabajador en esa diligencia no asumió responsabilidad como lo quiere hacer ver la empleadora, exponiendo las razones de exculpación que corrobora la testimonial rendida por Jaime Ovalle Martínez y Héctor Julio Sarmiento Jiménez que no admite objeción por su condición de subalternos directos del demandante en el mismo sitio de labores, refiriendo con naturalidad que el aseo se programaba y se realizaba por el mismo personal asignado a la sede para otras actividades sin que la empresa hubiese contratado personal adicional para realizarlo,

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Radicación n.° 91683 en contraste, lo afirmado por la restante testimonial y representante legal en su interrogatorio no da cuenta de conocimiento directo de esa situación, y pese a que insisten en la

contratación de personal sólo se queda en el dicho ya que no se allegó prueba idónea que lo respalde pese a la carga probatoria que le asiste a la convocada. El empleado con los anexos allegados en la diligencia de descargos e incorporados a los autos, desvirtuó la falta acreditando contrario a lo argüido en la carta de desvinculación, el ejerció (sic) de control y vigilancia al punto que en reiteradas oportunidades efectuó llamados de atención al personal a su cargo. Para la data que se efectuó la interventoría donde se observó la presunta falta de aseo, i) el trabajador apenas iba a incorporarse al trabajo por encontrarse en vacaciones (folios 155 y 161 del expediente); ii) la situación se presentó propiciada por la propia empleadora al disponer la instalación de una estantería en el CEDI, como lo expone Carlos Daniel Ortiz Aponte en su jurada, gerente de logística y jefe del demandante en Levapan para ese entonces, quien además informa que el único conocimiento por falta de aseo fue la reportada en el informe de auditoría; y, iii) no existe prueba que evidencie que hubiese representado riesgo para su funcionamiento. Lo que conlleva a concluir la imputación infundada de acontecimiento no atribuible al empleado. Dio paso al examen del «[…] literal “d)”» insistiendo en la falta de concreción, y añadió que las pruebas acreditaban que el trabajador dentro de sus funciones, manejó el inventario de la bodega «[…] acorde con sus capacidades» y que el control directo de esa actividad dependía de los supervisores y, en última instancia, del jefe administrativo

nacional, «[…] como lo sostiene Raúl Alberto Salas Torres, quien fungió en esa condición en el año 2015, exponiendo como responsabilidad de ese cargo validar y avalar que los inventarios quedaran bien hechos». Refirió que el trabajador realizó los informes y comunicados a las áreas correspondientes (fl. 240), pese a lo cual la empresa insistió en que no hizo seguimiento alguno y

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Radicación n.° 91683 se generaron pérdidas por productos vencidos que, no fueron demostradas por la empresa. Por último, en cuanto a «[…] la falta endilgada en el literal “e)”», además de ambigua, dijo que el señor Gómez Villamil expuso desde la diligencia de descargos, las razones que lo exculpaban, lo que se corroboró con las demás pruebas, pues i) el trabajador se encontraba de vacaciones (fls. 155 y 161); ii) la bodega sólo tenía un cuarto frío para el almacenamiento de levadura, por lo que el lácteo podía contaminarla y iii) no obstante, la empresa dispuso allí su acopio; iv) por falta de comunicación con el área de mercadeo, nadie conocía que el producto iba a llegar a la bodega y, v) no se demostró una pérdida económica, sino que, «[…] por el contrario como expuso el representante legal en su interrogatorio, no le pasó nada al producto lácteo ya que fue devuelto porque no se puedo (sic) realizar la actividad promocional». Terminado el análisis, concluyó que «[…] la empleadora adoptó la decisión de fenecer el vínculo, basada única y

exclusivamente en apreciaciones subjetivas carentes de respaldo probatorio», ya que no constituían una vulneración de las obligaciones y prohibiciones que la ley imponía al trabajador como justas causas de despido, por lo que la desvinculación se dio en forma injusta y procedía el reconocimiento de la indemnización reclamada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 91683 Interpuesto por Levapan S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que es replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de los artículos 19, 62 –modificado por el 7° del Decreto 2351 de 1965–, 63, 64 y 114 del Código Sustantivo del Trabajo; 6 de la Ley 50 de 1990 y 26 de la Ley 789 de 2002.

Afirma que el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:

1. Dar por probado, a pesar de que no lo está, que el literal a) de la carta de despido no informa clara y expresamente una situación particular y concreta, pues indica en forma abstracta el incumplimiento de obligaciones orientadas a

dirigir el centro de distribución a cargo del actor.

2. Dar por demostrado, sin que lo esté, que en la carta de despido no se refiere ningún hecho relacionado con haber puesto en riesgo las relaciones con los clientes.

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3. Dar por demostrado, sin que lo esté, que en el literal b) de la carta de terminación del contrato de trabajo no se refiere en forma clara y expresa una situación particular y concreta.

4. Dar por acreditado, sin que lo esté, que la falta imputada al actor en el literal c) de la carta de despido es abstracta y genérica y no expone en detalle las circunstancias particulares y específicas de las situaciones imputadas, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permita identificarlas e individualizarlas.

5. Dar por establecido, sin que lo esté, que la falta endilgada al demandante en el literal d) de la carta de terminación del contrato de trabajo no expone en detalle las circunstancias particulares y específicas de tiempo, modo y lugar que permitan identificarlas.

6. Dar por acreditado, sin que lo esté, que la falta endilgada al demandante en el literal e) de la carta de terminación del contrato de trabajo no expone en detalle las circunstancias particulares y específicas de tiempo, modo y lugar que permitan identificarlas.

7. Dar por probado, en contra de lo que acreditan las pruebas del proceso, que la empleadora adoptó la decisión de fenecer el vínculo laboral basada en apreciaciones subjetivas carentes de respaldo probatorio.

8. No tener por establecido, estándolo, que las 4.000 libras de la levadura que envió el actor a Tunja el 28 de julio de 2015 llegaron a 8,2 grados cuando esta debe llegar máximo a 5 grados centígrados.

9. No dar por probado, a pesar de que lo está, que el actor no cumplió sus obligaciones laborales orientadas a dirigir la operación del Centro de Distribución Nacional CEDI, lo que se refleja en no verificar la temperatura de la levadura al transportarla.

10. No tener por acreditado, pese a que lo está, que el demandante incurrió en falta de gestión en el seguimiento y control de ingreso y salida de mercancía de los muelles de la bodega.

11. No tener, por probado, aunque lo está, que el demandante no gestionó adecuadamente la operación de aseo y buenas prácticas de manufactura.

12. No dar por acreditado, estándolo, que el actor no gestionó, coordinó y controló adecuadamente los inventarios de la bodega del banco de alimentos.

13. No dar por probado, aunque lo está, que existió justa causa para la terminación del contrato de trabajo del actor.

Como pruebas apreciadas erróneamente, relaciona:

1. Carta de terminación del contrato de trabajo. Folios 21 a 23.

2. Acta de diligencia de descargos. Folios 16 a 19.

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3. Confesión efectuada por el representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte.

4. Testimonios de Jaime Ovalle Martínez, Héctor Sarmiento

Jiménez, Raúl Alberto Salas Torres y Carlos Daniel Ortiz.

(Pruebas no calificadas).

5. Documentos de folios 155 a 156.

6. Documento de folios 161 a 163 del expediente.

7. Documento de folios 237 a 240.

Reprocha la falta de valoración de:

1. Confesión efectuada por el demandante en el interrogatorio de parte que absolvió.

2. Memorando de citación a descargos al actor de folio 15.

3. Confesión judicial efectuada por el actor en la demanda.

4. Documento de folios 11 a 14, suscrito por la asistente de auditoría de la demandada.

5. Manual de competencias y funciones del cargo jefe de Distribución Nacional de Levapan S.A. Folio 151 a 155.

Expresa que el Tribunal concluyó erradamente que, de una parte, en la carta de despido se le imputaron al trabajador conductas en forma abstracta y genérica, sin mención de situaciones particulares y concretas y, de otra, que las faltas alegadas no fueron acreditadas. En cuanto al literal a) asegura que, pese a lo sostenido por el Tribunal y su excesivo formalismo, en la carta de despido se puntualizaron cada una de las conductas atribuidas al señor Gómez Villamil que, además, habían sido precisadas en la diligencia de descargos. Añade que la redacción del literal da cuenta de dos conductas específicas: el incumplimiento de las obligaciones dirigidas a gestionar la operación del CEDI y el riesgo de las relaciones comerciales por el transporte de levadura fuera del rango permitido.

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Radicación n.° 91683 Dice que en la citación y en el acta de descargos

mencionó las circunstancias que rodearon el transporte de la levadura por lo que, de haber examinado en conjunto los documentos, el Tribunal hubiera concluido que la conducta fue debidamente expuesta. Cita la sentencia CSJ SL 13 de febrero 2002, radicación 16909 sobre la necesidad de un análisis conjunto de la carta de despido y la diligencia de descargos. Niega que la citación y esta última hubieran fijado el incumplimiento en la temperatura de envío de la mercancía, sino que lo establecieron en la temperatura de llegada a destino. Aduce que hay una equivocación al determinar que no había justa causa ya que el trabajador confesó en el hecho 7.2 de la demanda que dentro de sus funciones estaba la «Gestión de todas las operaciones de recepción y despacho de mercancía a los distritos de LEVAPAN, Distribuidores»; que el manual de funciones le asignaba la responsabilidad de verificar la calidad del servicio y los pedidos (fl. 152) y que a folios 161 y 162, la coordinadora administrativa en Tunja, registró que el pedido de levadura llegó a 8,2 grados centígrados. Sobre la situación expuesta en el literal b), sostiene que fue lo suficientemente concreta y precisa, por cuanto se imputó la falta de seguimiento al control de ingreso y salida de mercancía en los muelles de la bodega y que el hecho que no se hubiere fijado un período exacto, no impide su determinación, por cuanto se trataba del estado operativo al

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Radicación n.° 91683 27 de agosto de 2015, según se infiere de la citación a

descargos, su acta y el informe de auditoría (fls. 11 a 14). Considera que, al centrarse en los faltantes, el Tribunal no tuvo en cuenta que esa situación fue solo un ejemplo de la conducta imputada al trabajador, no el alegato de una actuación reiterativa, por lo que no afecta la validez de la justa causa. Adiciona que del comportamiento sí hay prueba, ya que en el acta de descargos el señor Gómez Villamil admitió que el 21 de agosto de 2015 no existió el refuerzo de personal acordado y que los funcionarios a su cargo tomaron la decisión de no ejecutar las actividades según lo planeado y definido, lo que acredita justamente la falta de gestión. Afirma que no es verdad que aquel hubiera justificado su conducta en un supuesto disfrute de vacaciones, como se entendió, pues ni en el acta de descargos ni en el interrogatorio de parte se dijo algo al respecto. A continuación, anota que, Esta falta de gestión fue corroborada por el testigo Carlos Daniel Ortiz Aponte, cuya declaración, mal valorada, es dable examinar al haberse demostrado desaciertos en la prueba calificada, quien resaltó la falta de autoridad y de control del actor sobre el grupo de personas que él tenía a cargo, puesto que daba órdenes, pero los subalternos no las cumplían, no le hacían caso, lo que generaba descontrol en la bodega cuya operación no se hacía en forma eficiente, y causaba inconvenientes en su operatividad. Respecto del literal c) indica que, goza de particularidad y especificidad por cuanto la conducta fue la de no gestionar,

coordinar o controlar en forma adecuada las operaciones de aseo y buenas prácticas de manufactura, valoradas en conjunto con el acta de descargos y el informe de auditoría

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Radicación n.° 91683 que, en la diligencia disciplinaria, se dijo que (fl. 18), «[…] la bodega estaba sucia, desordenada, llave de manos abierta, auxiliares de carga sin elementos de protección, personal de la bodega utilizando celular y algunos chateando» y que «Actualmente manifiestan que a pesar que la malla se halla (sic) retirado el personal del distrito Bogotá no colabora con el aseo de la bodega […] el personal no se ha integrado de forma tal que formen un equipo de trabajo donde se pongan de acuerdo en el momento de hacer una jornada de aseo». Ratifica que, pese a lo concluido por el Tribunal, el trabajador admitió que los supervisores no atendían sus instrucciones, lo que implica el reconocimiento de su responsabilidad si se tiene en cuenta que, como jefe del CEDI, debía velar por su cabal funcionamiento, ellos dependían de él y, según el hecho 7.4 de la demanda, dentro de sus funciones estaba la de «Gestionar y controlar todas las actividades para que el personal a su cargo haga su trabajo y cumpla cada uno son (sic) sus funciones y obligaciones» Sostiene que las declaraciones de Jaime Ovalle Martínez y Héctor Julio Sarmiento no excusan al demandante, pues sólo dijeron que el aseo lo hacía el personal del CEDI y que esas labores eran «[…] muy manuales». De igual modo, asegura que lo declarado por David Ortiz sobre la instalación

de un estante el día de la auditoría, no justifica el desaseo, pues el informe de esa dependencia dio cuenta de otros defectos no relacionados.

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Radicación n.° 91683 Señala que las vacaciones del trabajador tampoco excluyen su responsabilidad, en tanto esta falta no se refirió a una sola fecha y, en todo caso, el señor Gómez Villamil debía gestionar, coordinar y controlar las actuaciones tendientes a garantizar el adecuado estado de limpieza. Agrega que si bien aquel dio instrucciones a sus dependientes (fls. 237 a 239), no verificó su cumplimiento. Así mismo, se valoró inadecuadamente el interrogatorio de parte de su representante legal, pues el hecho de que no conociera sobre las nuevas contrataciones, no justificaba el precario manejo a los recursos con los que contaba. En cuanto al punto d), afirma que atribuyó concretamente la falta de gestión, coordinación y control de los inventarios de la bodega, lo que se evidencia al examinar conjuntamente la carta de despido con la diligencia de descargos. Afirma que el documento analizado por el Tribunal frente a este hecho (anexo 11, fl. 240), hace referencia a productos distintos a los que fueron informados en la visita de auditoría y, que las irregularidades en la gestión de inventarios por parte del trabajador, fueron puestas de presente en el testimonio de Raúl Salas Torres al cual no se dio credibilidad. Finalmente, en cuanto al literal e), reitera que precisó la conducta y que la falta no fue el almacenamiento de 2.640 unidades de leche o su posible daño, sino el hecho de no

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Radicación n.° 91683 saber su origen y para qué se iba a utilizar, lo que demuestra su falta de gestión en los inventarios, tal como fue ratificado por el testigo Raúl Salas Torres y por el mismo trabajador en la diligencia de descargos cuando dijo que, hasta el día anterior, estaba a la espera de que le dijeran qué hacer con el producto.

VII. RÉPLICA El señor Gómez Villamil asegura que el Tribunal valoró la diligencia de descargos, la carta de despido y los testimonios de manera acertada, pues analizó a fondo cada una de las causas señaladas por la empresa, para dar por terminada la relación laboral.

Después de citar las consideraciones del Tribunal en paralelo con las de la empresa recurrente, advierte que los mismos hechos que originaron la imposición de una sanción no podían tenerse en cuenta como justificativos para la ruptura del vínculo; así como que hubo falta de inmediatez; no se adujo en la carta de despido conducta reiterativa, de manera que la empresa no cumplió con su carga probatoria para acreditar las justas causas. Manifiesta que no hubo justa causa comprobada, ya que en la diligencia no asumió responsabilidad y con los anexos aportados se desvirtuaron las faltas y se acreditó el ejercicio de control y vigilancia.

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Radicación n.° 91683 Por último, advierte que la recurrente expuso situaciones genéricas, sin indicar en detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran identificarlas e individualizarlas que, además, no fueron

demostradas.

VIII. CONSIDERACIONES Para la Sala, existen dos problemas jurídicos planteados en casación: el primero, si el Tribunal se equivoc