CSJ - SL728-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL728-2023 Radicación n.° 91346 Acta 07 Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AROMÁTICOS DE OCCIDENTE SAS, LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ y MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ ESCOBAR, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que les

instauró MARÍA BEATRIZ DEL PILAR CARDONA GALEANO.

I. ANTECEDENTES María Beatriz del Pilar Cardona Galeano llamó a juicio a Aromáticos de Occidente SAS y, en solidaridad, a sus socios Luis Fernando Álvarez Gutiérrez y María Fernanda Álvarez Escobar, con el fin de que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido, del

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Radicación n.° 91346 29 de agosto de 1990 al 30 de junio de 2009; que prestó sus servicios de manera subordinada; que se le debían pagar salarios y prestaciones: cesantías, a partir del 30 de junio de 2007, intereses moratorios a las mismas, primas de servicios por todo el tiempo trabajado, 30 días de vacaciones, 15 por año completo laborado entre el 2007 y el 2008, la indexación de las

condenas, las sanciones moratorias del artículo 99 de la Ley 50 de 1999, desde el 15 de febrero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009 y del 65 del CST; que fue despedida sin justa causa, por lo que se le debía sufragar la correspondiente indemnización y las costas. Fundamentó sus peticiones, en que laboró para la entidad demandada a partir del 19 de agosto de 1990, mediante un acuerdo verbal, asistiendo tres días a la semana medio tiempo como contadora hasta mayo de 1999, cuando decidió formalizar la relación laboral mediante un acuerdo a término fijo de un año, del 2 de mayo de 1999; que el 15 de marzo de 2000 se celebró un nuevo contrato inferior a un año que se prorrogó hasta el 30 de junio de 2007; que en esa data suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales independientes, pero en la realidad continuó prestando su labor en la forma acostumbrada desde el inicio de la relación. Adujo que en el año 1998 cambió sus funciones por orden y disposición de la empresa de contadora por las de revisora fiscal hasta el día del despido en el que la empresa alegó que se trataba de un contrato comercial; que en varias ocasiones le había manifestado al representante legal que su carta era laboral como en la Carta del 3 de marzo, entre otras.

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Radicación n.° 91346 Sostuvo que el contrato de trabajo simulado de prestación de servicios nunca tuvo solución de continuidad, por lo tanto, debía entenderse como celebrado a término indefinido, entre el 29 de agosto de 1990 y el 30 de junio de 2009; que hasta la

fecha de presentación de la demanda la empresa no le había pagado ninguno de los derechos reclamados; que los socios de esta eran solidarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del CST. Manifestó que la demandada en comunicación del 31 de octubre de 2007 confesó que se trataba de un contrato de trabajo, cuando expreso: «Como bien lo sabe, entre usted y Aromáticos de Occidente Ltda., suscribieron un contrato de trabajo por honorarios», aludió que anexaba este documento como prueba y el contrato de prestación de servicios que se desarrolló a partir 1° de julio de 2007 y por muchos años (f.°3 a 7, cuaderno del juzgado). María Fernanda Álvarez Escobar y Luis Fernando Álvarez Gutiérrez dieron contestación en los mismos términos se opusieron a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptaron que la empresa no le canceló ninguna de las acreencias reclamadas, pero porque nada le adeudaba, ya que no tenían un fundamento de hecho ni de derecho. Respecto de los demás dijo no ser ciertos. En su defensa propusieron como excepciones de mérito las de prescripción e inexistencia de la obligación a cargo de la demandada (f.°45 a 49, cuaderno principal).

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Radicación n.° 91346 Por su parte, Aromáticos de Occidente SAS rechazó lo peticionado en la demanda y negó los supuestos fácticos, formuló como medios exceptivos de fondo los de prescripción, inexistencia de la obligación a cargo de la accionada, buena fe y

compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, mediante fallo del 22 de octubre de 2013 (f.°402 a 418, cuaderno del juzgado), absolvió a los demandados de las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al conocer del recurso de apelación de la parte demandante, mediante fallo del 7 de diciembre de 2020, (f.° 19 a 27, cuaderno del Tribunal) resolvió: PRIMERO. REVOCAR la apelada sentencia absolutoria No.281 del 22 de octubre de 2013, para en su lugar, previa declaración de prosperar la prescripción parcial de todo lo generado con anterioridad al 28 de febrero de 1995; CONDENAR solidariamente a

la SOCIEDAD AROMÁTICOS DE OCCIDENTE LIMITADA HOY SOCIEDAD AROMÁTICOS DE OCCIDENTE S.A.S. y a los primigenios socios LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GUTIERREZ y MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ ESCOBAR, previa DECLARACIÓN de la existencia entre los condenados y la demandante MARÍA BEATRIZ DEL PILAR CARDONA GALEANO, todos de las condiciones conocidas en autos, de un contrato de trabajo entre el 03 de mayo de 1999 hasta el 01 de julio de 2009, en que la pasiva lo dio por terminado ilegal y sin justa causa; SEGUNDO.- CONDENAR solidariamente, en consecuencia, a la

SOCIEDAD AROMÁTICOS DE OCCIDENTE LIMITADA HOY

SOCIEDAD AROMÁTICOS DE OCCIDENTE S.A.S. y a los

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Radicación n.° 91346 primigenios socios LUIS FERNANDO ALVAREZ GUTIERREZ y MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ ESCOBAR, A PAGAR dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, a la

demandante MARÍA BEATRIZ DEL PILAR CARDONA GALEANO las

sumas y conceptos siguientes:

CESANTÍAS $4.011.111,11

INTERESES MORATORIOS CESANTÍAS $1.930.681,48.

PRIMAS DE SERVICIO $4.011.111,11

VACACIONES $2.005.555,55

Art.99, núm. 3, Ley 50 DE 1990 $33.133.333,33

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO $14.218.518,51

ART.65 CST demanda dentro del mismo año de despido, salario diario - $666.666,66desde 02 de julio-2009 hasta el 01 julio de 2011-24 mesesda $48.000.000 y a partir del 02 de julio de 2011 hasta pago de cesantías y de primas, art.29, Ley 789 de 2002 y C781 de 2003, interpretación matizada, se dan intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación. INDEXACI0N Art.l6, Ley 446 de 1998, condenas en valor real, sobre derechos fijos como intereses moratorios a cesantías, vacaciones, indemnización por despido ilegal e injusto; fórmula VA= VH X IPC

FINAL/IPC INICIAL, este último es fecha de liquidación/causación y el final es fecha de pago efectivo. TERCERO.- ABSOLVER a la parte pasiva de las restantes pretensiones. CUARTO.-. COSTAS de ambas instancias a cargo de los condenados y a favor de la demandante; las de instancia tásense por el a-quo. Las de esta sede se tasan en novecientos mil pesos como agencias en derecho a cargo de cada condenado. LIQUÍDENSE y DEVUÉLVASE el expediente a su origen. Indicó como problema jurídico determinar si la demandante prestó servicios personales a la demandada en los extremos temporales aducidos y bajo qué modalidad, si laboral o comercial. En primer término, señaló que la enjuiciada pasó de ser una sociedad limitada a una por acciones, sin embargo, ello no afectaba la responsabilidad de los socios quienes seguían

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Radicación n.° 91346 siendo solidariamente responsables en los términos del artículo 36 del CST. Luego de referirse a la confesión de la accionada sobre la prestación de servicios personales de la actora como contadora o revisora fiscal a través de varios contratos, los testimonios de Paola Andrea Rivera Castillo, Charles Navarrete Guevara, Carlos Muñoz Urrea, el interrogatorio de parte de la reclamante y las Resoluciones 006187 de 2006 y la n.° 900422 de 2007, en que el ISS le reconoció la pensión de vejez, a partir de 1° de noviembre de 2004; concluyó que el primer contrato de 1990 a 1995 fue de prestación de servicios, pues ante la carencia de prueba se debía concluir que la petente no demostró una

relación laboral en los términos y con los elementos del artículo 23 del CST, por lo que no se podía aplicar la presunción del 24 ibidem y que todo lo reclamado sobre el lapso que iba hasta febrero de 1995 se encontraba prescrito. Dijo que desde 1995 a 1999 se dio un contrato de prestación de servicios, pues no se probaron los elementos de uno de trabajo durante este interregno. Con relación al periodo del 3 de mayo de 1999 al 2 de julio de 2007 planteó que existió vínculo laboral con contratos a término fijo inferiores a un año del 3 de mayo al 3 de agosto de 1999 y del 15 de marzo al 15 de junio de 2000 de los que no había liquidación; que seguramente se prorrogaron hasta el 2 de julio de 2007, observándose la liquidación final y pago de derechos.

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Radicación n.° 91346 En cuanto al Contrato escrito de prestación de servicios independiente del 1° de julio de 2007 y la comunicación de no prórroga terminado el mismo día y mes del 2009 señaló: […] es claro, por estar aportado por ambas partes a los autos, que lo que vincula a las partes es un Contrato escrito individual de trabajo a término fijo inferior a un año del 03-mayo al 03-agosto de 1999 y otro del 15-03 al 15-06 del 2000 para ejercer los dos cargos de contadora y revisora fiscal que violan la Ley 43 de 1990 y su reglamentación del ejercicio de la contaduría pública y de la revisora

fiscal <que violan la Ley 43 de 1990 y su reglamentación del ejercicio de la contaduría pública y de la revisoría fiscal, pero que no por ello torna en ilegal la reclamación porque a pesar de esta irregularidad la trabajadora tiene derecho al pago de los derechos derivados de esa prestación del servicio por ser ilícito ejercer a contaduría> de los que no hay liquidación <14181> ante la ausencia de nuevas prórrogas por escrito y ante la confesión de la parte demandada que en ese lapso se desempeña la actora como contadora y revisora fiscal por contrato laboral, se tiene que hubo sucesivas prórrogas hasta 02julio-2007, observándose el pago de derechos y liquidación final<184 al 251>; y la actora confiesa que a 30 de junio de 2007 haber recibido liquidación de cesantías <pretensión 2 num. 1 f3>y está acreditada por el lapso del 01-enero al 02-julio de 2007 con la firma en señal de recibido de la actora. Se torna problemático es que para ejercer uno de los cargos que ejerció por contrato de trabajo, para la revisoría fiscal, la demandada haya implementado un Contrato escrito para PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES del 01-julio2007, comunicación de no prórroga y terminado el 01-julio2009; se itera, para desempeñar las funciones de revisoría fiscal, bajo las mismas condiciones de tiempo, lugar y modo, inclusive bajo un mismo salario en que por contrato individual de trabajo las venía realizando hasta el 30 de junio de 2007, por lo que es un exabrupto tal

mutación automática e invertir la naturaleza jurídica de un vínculo laboral a una de carácter civil solo con el fin de no asumir la carga laboral de ley, lo que hace es pervertir las instituciones laborales y violar los derechos constitucionales de la trabajadora, que no tolera el ordenamiento jurídico ni el juez puede promocionar dándole cabida en las relaciones dependientes, por tal razón se considerará que la prestación del servicio desde el 01 de julio de 2007 hasta el 01 de julio de 2009 fue bajo una relación dependiente de contrato verbal a término indefinido. El cual terminó por decisión unilateral del empleador al comunicar la no prórroga y terminado el 0l-julio2009, de manera ilegal y sin justa causa; Entonces se da la unicidad y continuidad de vínculo temporal entre el 03 de mayo de 1999 y el 01 de julio de 2009 -sí, hacia el futuro,

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Radicación n.° 91346 por supuestoy Así se declara. No se aplica la misma tesis de la primera de estas fechas hacia atrás de mayo de 1999 a noviembre de 1995, y menos hacia atrás, porque no hay pruebas en autos que en esos lapsos la parte actora hubiese demostrado la prestación de servicio bajo subordinación y respecto de esos tiempos no reclama derecho alguno, y aplicar la retrospectividad hacia el pasado -valga la redundancia-, porque este fenómeno en el tiempo, en teoría de las normas o filosofía del derecho, sólo procede respecto de reglas y no de fenómenos físicos. Lo que equivale a 1OAA O1MM 29DD ó

3.659días. Refirió que el salario demostrado dentro del plenario es la suma de $2.000.000 y procedió a la liquidación de las condenas por cesantías, intereses moratorios del artículo 1° de la Ley 52 de 1975 y «D.R. 116/76», prima de servicios, vacaciones, indemnizaciones de los artículos 64, 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indexación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Aromáticos de Occidente SAS., Luis Fernando Álvarez Gutiérrez y María Fernanda Álvarez Escobar, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado que absolvió de las pretensiones de la demanda (Cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudian de manera conjunta por perseguir el mismo fin.

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Radicación n.° 91346

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por violación directa de la ley sustancial en la modalidad de falta de aplicación: […] de los artículos 203 a 217 del Código de Comercio y Ley 43 de 1990, normatividad que consagra el ejercicio y desarrollo de la actividad del Revisor Fiscal, debido a los flagrantes y manifiestos errores en que incurrió, al expresar un entendimiento que no corresponde al contrato de prestación de servicios suscrito entre las

partes para desempeñar las funciones de Revisoría Fiscal, durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2007 y el 01 de julio de 2009, aplicando la presunción de los artículos 23 y 24 del CST Asevera que el Tribunal no tuvo en cuenta el principio de la autonomía como elemento medular del servicio prestado por un revisor fiscal y que para el caso se documentó en el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes puntualmente para ejercer ese cargo por el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el mismo día y mes del año 2009. Dice que de conformidad con la reglamentación comercial que establece la obligatoriedad de la revisoría fiscal en sociedades anónimas simplificadas (artículo 203 C de Co), así como el alcance de las funciones legales en cabeza de dicho revisor: controlar y alertar sobre eventuales riesgos y manejos inadecuados en la administración; que era claro que como sociedad por acciones no solo estaba obligada a tener revisor fiscal, sino que además debía contratarlo con total autonomía e independencia, es decir, en el marco de un contrato de prestación de servicios y no de uno laboral, como en efecto aquí ocurrió.

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Radicación n.° 91346 Indica que también se demostró que la demandante ejercía como profesión la de contadora pública y, por lo tanto, debía conocer su obligación como independiente en el ejercicio del cargo de revisoría fiscal, especialmente verificando no incurrir en la causal de inhabilidad estipulada en el artículo 1° de la Ley 43 de 1990, disposición que se atempera con lo

referido en el precepto 37 de la misma ley, en cuanto a que la independencia es un principio básico de la ética profesional del contador público. Colige que, por las funciones de revisoría fiscal desempeñadas por la demandante, el ad quem erró flagrantemente al haber decretado las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, las que además exigen mala fe de la empleadora para su imposición. Alega que no puede hablarse de mala fe cuando contrató mediante prestación de servicios a su revisora fiscal y aquella teniendo la responsabilidad de alertar sobre conductas inadecuadas, guardó silencio sobre las condiciones de su propia vinculación, es decir, que si la consideró equivocada, por qué la aceptó para después pretender beneficiarse judicialmente en contravía del principio nadie puede alegar su propia culpa en su favor; que el alcance y sentido del pronunciamiento de segunda instancia excedió el ámbito de competencia que le correspondía de acuerdo con el contenido del recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra la sentencia de primer grado.

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Radicación n.° 91346 Señala como errores manifiestos en que incurrió el Tribunal: a) Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora MARÍA BEATRIZ DEL PILAR CARDONA desempeñó la función de Revisora Fiscal, de manera subordinada y sin independencia, por el período comprendido entre el 01 de julio de 2007 y el 01 de julio de 2009; siendo la INDEPENDENCIA el principio medular de la función de la

REVISORIA FISCAL. b) Dar por demostrado, sin estarlo, que la contratación de la señora CARDONA por el período comprendido entre el 01 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2009, a través de contrato de prestación de servicios, la hizo la empresa AROMÁTICOS DE OCCIDENTE SAS, “con el fin de no asumir la carga laboral de ley, lo que hace es pervertir las instituciones laborales y violar los derechos constitucionales de la trabajadora, que no tolera el ordenamiento jurídico ni el juez puede promocionar dándole cabida en las relaciones dependientes” (entre comillas, tomado de la sentencia del tribunal página 10, parágrafo 1 Rad. 2009-01272). Cuando lo cierto y como quedó demostrado es que la contratación se hizo en dichos términos, por razón de la necesaria independencia que debía tener el ejercicio del cargo de revisoría fiscal, además de la no presencia de subordinación ni horarios. c) Dar por demostrado, sin estarlo, “…que la prestación del servicio desde el 01 de julio de 2007 hasta el 01 de julio de 2009 fue bajo una relación dependiente de contrato verbal a término indefinido. El cual terminó por decisión unilateral del empleador al comunicar la no prórroga y terminado el 01 de julio de 2009, de manera ilegal y sin justa causa (f,16,298)”. (entre comillas, tomado de la sentencia del tribunal página 10, parágrafo 1 Rad. 2009-01272). d) Dar por sentado, sin estarlo que la sociedad AROMÁTICOS DE

OCCIDENTE S.A.S., es merecedora de las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la ley 50 de 1990 que exigen mala fe de la empleadora para su imposición, cuando quedó plenamente acreditado que se suscribió un contrato de prestación de servicios sin horarios, con autonomía, y además que la señora MARÍA BEATRIZ DEL PILAR CARDONA, al mismo tiempo que ejercía la REVISORIA FISCAL en la empresa contratante, también realizaba otras asesorías y supervisaba las contabilidades de otras empresas y particulares. Respecto a la comisión de los errores indica que al desconocer la validez del contrato de prestación de servicios, de carácter civil, firmado por las partes, desconoce las formas de

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Radicación n.° 91346 contratación existentes en Colombia, reiterando que la actora, cambio de status, al no ser trabajadora, sino pensionada, la cual recibe ingresos adicionales, supervisando contabilidades de diferentes empresas, con las cuales suscribe convenios de prestación de servicios, entre ellos con la sociedad Aromáticos de Occidente Ltda, hoy Aromáticos de Occidente S.A.S. Recalca que no toda vinculación del revisor fiscal con la sociedad o empresa contratante, lo convierte necesariamente en empleado de la misma, ya que puede prestar sus servicios de manera independiente y de esta forma consentir varios acuerdos o supervisiones con diferentes empresas, entidades o sociedades; que el fallador de segundo grado dio por sentado la continuidad del contrato de trabajo inicialmente suscrito entre el 3 de mayo de 1999 y el 30 de junio de 2007, pese a existir

liquidación, pago de prestaciones y suscripción de uno de prestación de servicios para realizar las labores señaladas, con inscripción en cámara de comercio y estar pensionada la demandante; además se desempeñaba en otras empresas diferentes a la sociedad Aromáticos de Occidente Ltda, hoy Aromáticos de Occidente S.A.S. Aduce que el revisor fiscal goza de completa autonomía para la realización y cumplimiento de sus funciones; que lo verdaderamente importante en su desempeño es la idoneidad profesional, que le permita adelantar su trabajo de forma independiente y objetiva, tal como lo establece la Ley 43 de 1990 en sus artículos 6, 8, 10, 35, 36, 37 y 70 respectivamente. Cita la sentencia CSJ SL543-2013.

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Radicación n.° 91346 Explica que de haberse apreciado, analizado y valorado correctamente la situación que se presentó con el contrato de prestación de servicios suscrito con la demandante pensionada, y la empresa Aromáticos de Occidente S.A.S., por el período comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el mismo día y mes del 2009, para desempeñar el referido cargo, se hubiese llegado a la conclusión de que dicho vinculación era válida y no se cumplía para este período con los elementos constitutivos de un contrato de trabajo. Reitera que no se tuvo en cuenta que la independencia es un principio básico de la función del revisor fiscal, y que teniendo en cuenta lo anterior, no podía física ni jurídicamente existir subordinación o dependencia del trabajador, respecto del

empleador; hecho que se encuentra plenamente acreditado al establecer la prestación personal del servicio de la petente, en otras empresas, en el mismo período que suscribió el contrato de prestación de servicios, por cuanto la liberalidad de su profesión y del cargo ejercido así se lo permitía, por lo que la decisión atacada se fundamentó en normas que no correspondían, si la valoración se hubiese hecho conforme a la normatividad acertada, de carácter civil y comercial, el Tribunal habría llegado a la misma conclusión del juez de primera instancia. Por último, alude que como quedó demostrado en el proceso en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2007 hasta el mismo día y mes de 2009 contrató a Ana Lucía Medina y Paola Andrea Rivera Castillo como contadoras (Cuaderno digital de la Corte).

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VII. RÉPLICA Plantea que la acusación contiene errores de técnica que las normas acusadas no fueron empleadas para fundamentar el fallo, toda vez que en la demanda, en su contestación ni en la sentencia se mencionaron las que ahora trae para quebrar el fallo; que los errores de hecho o derecho debieron alegarse por la vía indirecta, pues pretende destacar un aspecto probatorio lo cual no es procedente por el sendero de puro derecho.

VIII. CARGO SEGUNDO Le imputa a la sentencia de segundo grado la violación indirecta de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida: […] de los artículos 22, 23 y 24, artículos 65, 186, 192 del Código

Sustantivo del Trabajo, sanción por falta de consignación de cesantías (art. 99 de la ley 50 de 1990), en relación a la normatividad civil que rige los contratos de prestación de servicios, artículos 203 a 217 del Código de Comercio y Ley 43 de 1990, debido a los flagrantes y manifiestos errores en que incurrió, al expresar un entendimiento que no corresponde al contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes para desempeñar las funciones de Revisoría Fiscal, durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2007 al 01 de julio de 2009. Discute que el verdadero, real y documentado nexo contractual vigente entre las partes fue el de un contrato de prestación de servicios, para que la reclamante de manera independiente ejerciera la revisoría fiscal por el lapso del 1° de julio de 2007 al mismo día y mes de 2009; que no podía ser de otra manera, pues se trata de una sociedad por acciones y

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Radicación n.° 91346 conforme a las previsiones del artículo 203 del Código de Comercio está obligada a tener ese revisor. Arguye que la demandante ejercía como profesión la de contadora pública y conocía su obligación como independiente en el ejercicio del referido cargo, para no incurrir en la causal de inhabilidad estipulada en el artículo 1° de la Ley 43 de 1990; que además se encontraba gozando de pensión de vejez; que el Tribunal incurrió en violación de la ley al desconocer los indicados preceptos legales y la voluntad de las partes vertida

en la suscripción del cuestionado contrato; que las responsabilidades de la suplicante en el desarrollo del mismo fueron brindar asesoría, supervisión y revisión de documentos contables como revisora fiscal para la empresa; que además con su liberalidad profesional realizaba otras asesorías para diferentes compañías, lo cual ratifica la no configuración del elemento subordinación; que durante la última etapa contractual del 2007 al 2009 no tenía horarios visitaba la empresa a su discreción durante algunas horas a la semana y en diferentes días para efectuar la revisión documental. Advierte que para el momento en que suscribió el contrato de prestación de servicios estaba pensionada, mediante Resolución n.° 006187 del 27 de marzo de 2007, situación especial que conllevó a que las partes voluntariamente acordaron terminar el vínculo laboral e iniciar una serie de asesorías para ejercer la revisoría fiscal, a través de un contrato de prestación, lo cual no conlleva un exabrupto como lo determina el ad quem, porque las condiciones de contratación cambiaron, pues las funciones solo se limitaron a las de

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Radicación n.° 91346 revisora, sin horarios y con sus conocimientos especializados realizaba supervisión del trabajo de las contadoras. Precisa que el Colegiado no tuvo en cuenta que la contratación inicial de la señora Cardona Galeano, fue a través de contrato de trabajo a término indefinido, el cual finiquito el 30 de junio de 2007; que en ese interregno desempeñó las funciones de contadora de planta; que, a partir del 1° de julio de 2007 y hasta el 1° de julio de 2009, únicamente ejerció el

cargo de revisora fiscal, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales; que durante el período señalado, la sociedad contrató como contadoras a las señoras: Ana Lucía Medina y Paola Andrea Rivera Castillo. Indica como errores en que incurrió el Tribunal: a) Dar por sentado, sin estarlo, que la señora MARÍA BEATRIZ DEL PILAR CARDONA desempeñó la función de Revisora Fiscal con contrato de prestación de servicio, bajo las mismas condiciones de tiempo, lugar y modo anteriores al 30 de junio de 2007 cuando estuvo vinculada con contrato de trabajo. Esto quedó claramente demostrado en el expediente con la prueba testimonial que da cuenta que la señora no cumplía horarios y sólo ejerció el cargo de Revisora Fiscal, por el período comprendido entre el 01 de julio de 2007 al 01 de julio de 2009; es decir, las condiciones fueron totalmente diferentes b) Dar por demostrado, sin estarlo, que la contratación de la señora CARDONA por el período comprendido entre el 01 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2009, a través de contrato de prestación de servicios, la hizo la empresa AROMÁTICOS DE OCCIDENTE SAS, “con el fin de no asumir la carga laboral de ley, lo que hace es pervertir las instituciones laborales y violar los derechos constitucionales de la trabajadora, que no tolera el ordenamiento jurídico ni el juez puede promocionar dándole cabida en las relaciones dependientes” (entre comillas, tomado de la sentencia del tribunal página 10, parágrafo 1 Rad. 2009-01272). Cuando lo cierto

y como quedó demostrado es que la contratación se hizo en dichos términos por razón de la necesaria independencia que debía tener el

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Radicación n.° 91346 ejercicio del cargo de revisoría fiscal, además de la no presencia de subordinación ni horarios. c) Dar por demostrado, sin estarlo, “…que la prestación del servicio desde el 01 de julio de 2007 hasta el 01 de julio de 2009 fue bajo una relación dependiente de contrato verbal a término indefinido. El cual terminó por decisión unilateral del empleador al comunicar la no prórroga y terminado el 01 de julio de 2009, de manera ilegal y sin justa causa (f,16,298)”. (entre comillas, tomado de la sentencia del tribunal página 10, parágrafo 1 Rad. 2009-01272). Reitera las razones ya expuestas y cita la sentencia CSJ SL543-2013, agregando lo siguiente:

4. RELACION DE PRUEBAS NO APRECIADAS POR EL TRIBUNAL 2.4.1. CALIFICADAS INDEBIDAMENTE La Sala Quinta Laboral de Decisión del Tribunal Superior de Cali, pese al salvamento de voto del Magistrado Carlos Alberto Oliver Gale, no valoro de forma debida (según ellos por el poco conocimiento desde marzo de 2009 a julio de 2009) el testimonio de la señora Paola Andrea Rivera Castillo (folios 339 a 342) en el cual se constata la independencia y autonomía de la señora MARÍA BEATRIZ DEL PILAR CARDONA, al ejercer su cargo de Revisora Fiscal, quien fue contadora de la empresa demandada desde marzo de 2009, por lo

cual compartió labores con la accionante, y quien expuso que “…ésta iba una vez por semana sólo unas horas, pues ella decidía a qué hora llegaba, ya que no tenía horario, expone que los directivos de la empresa no le impartían ninguna clase de orden a la accionante, sino que por el contrario aceptaban las instrucciones que ésta hacia respecto de la parte tributaria…. Indica además la testigo que la demandante era Revisora Fiscal en otras empresas, de las cuales aportó certificado de cámara de comercio...”. (resaltado nuestro). 2.4.2. NO CALIFICADAS El Tribunal no calificó la prueba documental consistente en:

1. Los Certificados de Existencia y Representación Legal que obran a los folios 32