CSJ - SL729-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL729-2023 Radicación n.° 91605 Acta 07 Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FRANKLIN ENRIQUE LAMBRAÑO COLEY contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, el diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a BAVARIA S. A.

I. ANTECEDENTES

Franklin Enrique Lambraño Coley demandó a Bavaria

S. A. con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 31 de diciembre de 2011 y, como consecuencia de ello, se le condenara al reintegro sin solución de continuidad, junto al pago de lo dejado de percibir, a partir del 1º de marzo de

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Radicación n.° 91605 2015, momento en el que fue despedido encontrándose incapacitado y en tratamiento por enfermedad laboral, bajo un salario de $2.426.000, incluyendo dentro de estas acreencias los beneficios de carácter convencional, así mismo el desembolso de costas procesales a las que haya lugar. Subsidiariamente, peticionó la cancelación de la indemnización por despido injusto y la sanción del canon 65 del CST. Como fundamento de lo anterior, expuso que: i) el objeto

social de la pasiva incluye la fabricación, producción y transformación de bebidas; ii) el 17 de abril de 2015 instauró demanda contra la empresa a fin de que se le reconociera su vínculo laboral como operario paletizador; iii) dicho proceso culminó con sentencia de segunda instancia que declaró la existencia de un contrato de trabajo, entre el 11 de diciembre de 2011 y el 1º de marzo de 2015; iv) las labores realizadas por aquel se surtían todos los días de la semana, contando con un salario de $2.426.000; v) era afiliado al sindicato Sinaltraceba, por lo que fue beneficiario de la convención colectiva celebrada entre esta y Bavaria S. A.; vi) le informó a su empleador de sus patologías de túnel del carpo en el 2012 y de manguito rotador en diciembre de 2014; vii) relató que contaba diversas enfermedades las cuales fueron informadas a la pasiva para el conocimiento de sus restricciones médicas; viii) la organización sindical también dio a conocer tales falencias de salud; ix) desde el 1º de marzo de 2015, no lo dejaron ingresar a la fábrica ; x) todas las comunicaciones que realizaba la accionada se efectuaban a

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Radicación n.° 91605 través de su intermediaria Veloser; xi) peticionó a la compañía su reintegro quien se lo negó y xii) le fueron calificadas sus falencias de salud como origen laboral (f.º 1 a 21, tomo 1, cuaderno digital del juzgado n.º 1). Bavaria S. A., se opuso a las pretensiones en su contra,

en cuanto a los hechos dijo que era cierta la providencia en la que se declaró la atadura de trabajo, sin embargo, en relación a los restantes supuestos, afirmó que no le constaban unos y que no eran ciertos otros. Propuso como excepciones de mérito, las de inexistencia de las obligaciones reclamadas, compensación, buena fe, cobro de lo no debido, falta de competencia, prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva y cosa juzgada. (f.º 421 a 438, tomo 2, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá mediante fallo del 2 de julio de 2020 (f.º 511CD y 512 a 515, ib), declaró: Primero: Estarse a lo resuelto por el Honorable Tribunal que declaró la existencia del contrato de trabajo entre el aquí demandante señor Franklin Enrique Lambraña (sic) Coley y la sociedad demandada Bavaria S.A. para una vigencia entre el día 31 de diciembre del año 2011 al 1º de marzo del año 2015.

Segundo: CONDENAR a la sociedad demandada Bavaria S.A. a reconocer y pagar en favor del actor señor Franklin Enrique Lambraña(sic) Coley la indemnización del art. 64 del CST por terminación del contrato de trabajo correspondiente a la suma de

$ 2.257.500.

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Tercero: CONDENAR a la sociedad demandada Bavaria S.A. a reconocer y pagar en favor del actor señor Franklin Enrique Lambraña (sic) Coley la suma objeto de condena de manera

indexada teniendo en cuenta la variación del IPC desde el año 2015 hasta la fecha en que se haga efectivo su pago.

Cuarto: CONDENAR a la sociedad demandada Bavaria S.A., a pagar las costas del proceso las cuales se tasarán por Secretaría y al pago de las agencias en derecho las cuales se fijan en un (01) smlmv en favor del actor.

Quinto: ABSOLVER a la sociedad demandada Bavaria S.A. de las restantes súplicas de esta demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 19 de febrero de 2021

(expediente digital), decidió:

1. REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, el 2 de julio de 2020, dentro del proceso ordinario laboral promovido por FRANKLIN ENRIQUE LAMBRAÑO COLEY contra BAVARIA S. A., para en su lugar, DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción y ABSOLVER a la demandada de las peticiones principales y subsidiarias de la demanda, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

2. SIN COSTAS en esta instancia […] En lo que atañe al recurso extraordinario, precisó que mediante proceso anterior, el cual culminó con sentencia de segunda instancia del 7 de marzo de 2018, se declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el 31 de diciembre de 2011 al 1º de marzo de 2015, aspecto que conllevó a que juez primigenio diera por probada parcialmente la excepción de cosa juzgada sobre los extremos

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Radicación n.° 91605 temporales, proveído que no fue recurrido por el demandante. Luego de ello, realizó una análisis fáctico y jurídico que conllevó a determinar que el actor era beneficiario de la garantía contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por cuanto tenía diversas patologías y restricciones que afectaban sus funciones, las cuales fueron conocidas con anterioridad a la finalización del contrato. Posteriormente, detalló que la sentencia que declaró la atadura laboral no definió la causa de terminación del vínculo, por lo que analizó los testimonios e interrogatorios de parte para señalar que el despido fue injusto, de modo que no existió causal objetiva que permitiera al empleador culminar el contrato de trabajo sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, sin embargo, refirió que no podría emitir condena en contra de la accionada, toda vez que desde la fecha de retiro hasta la presentación de la demanda había transcurrido el termino trienal previsto en el canon 488 del CST. Para fundamentar dicha deducción, recordó el concepto del medio extintivo, en el que explicó que tal efecto podía interrumpirse de dos maneras, una mediante la reclamación por una sola vez ante la compañía y otra iniciando el proceso laboral. Agregó que el cómputo de tal concepto debía contabilizarse desde el momento de su desvinculación, ya

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Radicación n.° 91605 que lo que se reclamaba era el reintegro y subsidiariamente

la indemnización, sin que pudiera afirmarse, como lo hizo el a quo que era desde la declaratoria del contrato realidad, como se fijó en decisión CSJ SL13155-2016. Adicionalmente, al revisar el expediente halló que: […] se encuentra suficientemente demostrado que desde marzo de 2015 el actor no continuó prestando servicios, tan es así que los días 30 de noviembre de 2015 (fl.112), 11 de agosto de 2016 (fl.115), y 24 de octubre de 2017 (fl.123), el mismo demandante solicitó a BAVARIA S.A. el reintegro al puesto de trabajo por gozar de estabilidad laboral reforzada y haber sido despedido sin ninguna justificación, lo que indica que a pesar de que el actor presentó demanda para que se declarara la existencia del contrato de trabajo, el mismo había terminado y por lo tanto debía presentar la demanda dentro de los tres años siguientes a esa terminación o incluir las peticiones de reintegro e indemnización por despido en la demanda que se tramitó bajo la radicación 2015-00291 ante el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, que fue presentada el día 22 de junio de 2015 (sic), fecha posterior a la terminación del contrato. (fl. 510 del archivo digital “4. Anexo 2 Exp. 2015-291). Así las cosas, como el demandante presentó reclamación alegando despido injusto y solicitando reintegro, el día 30 de noviembre de 2015 (fl. 112), con la cual interrumpió por única vez la prescripción, a partir de esa fecha contaba con tres años para presentar la demanda, los cuales vencían el día 30 de

noviembre de 2018, sin embargo la misma fue presentada el 10 de diciembre de 2018, por lo que concluye la Sala que tanto la petición principal de reintegro como la subsidiaria de indemnización por despido se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Franklin Enrique Lambraño Coley, concedido por el Tribunal y admitido por la Corporación, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita se «case totalmente» la decisión impugnada y, una vez constituida la Sala en tribunal de instancia, se revoque la de primer grado para, en su lugar, acceder a lo peticionado en el libelo inicial (demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudiarán de forma conjunta los embates 1º, 2º, 4º y 5º, dado que, aunque se presentan por diferentes vías persiguen un fin similar y posteriormente el 3º.

VI. CARGO PRIMERO Enrostra al juez de apelación de haber vulnerado la ley por la directa, por interpretación errónea: [...] del Artículo 61 del CST, en relación con los Artículos 1° y 18 del CST, en relación con los Artículos 488 y 489 ibídem, en relación con el Artículo 151 del CPTSS, en consonancia con lo normado en el Artículo 94 del Código General del Proceso, en

relación con el Artículo 29 de la C. N. y el Artículo 25 de la misma Norma Superior. Todo lo anterior, en relación con el Artículo 6° del CPTSS, los Artículos 53, 228 y 229 de nuestra Carta Política. Expresa que el contrato de trabajo entre las partes no «terminó ni ha terminado, pues no se presenta ninguna de las circunstancias que en dicha norma se señalan» debido a que el hecho de que no se le permitiera ingresar a su trabajo no conlleva a tal inferencia.

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Radicación n.° 91605 Enseguida acudió al aforismo in claris non fit interpretatio que traduce que si la ley es clara no hay lugar a interpretarla sino atenerse a la misma y afirmó: […] por consiguiente, no merece la interpretación y mucho menos el alcance que a la misma le pretende dar el Juez plural, por lo que, al pretender hacerlo para demostrar la terminación del vínculo laboral que por demás no había sido definido en cabeza del empleador demandado, no hace nada distinto que apartarse del real e inteligente alcance de esta norma, y, por tanto, incurrir en la violación de la Ley sustancial y bajo la consideración esbozada. Por parte alguna de la disposición en mención, siquiera aparece enunciada como razón válida para considerar que finiquitó, terminó o finalizó la relación laboral contractual sucedida y así sentenciada por un operador judicial competente, entre el empleador demando BAVARIA & CIA. S.C.A. y el trabajador demandante; todo lo contrario, al proceder aquél -el empleador enjuiciadocomo así lo reconoce el Juzgador que desata la

alzada, solo puede y debe significar que el vínculo laboral no se terminó y por tanto, era y aún es vigente, habida cuenta que, no existe evento alguno soportado en la Ley laboral que así lo determine, pues se itera, por el hecho de que no le permita el ingreso al trabajador a laborar, no constituye una razón insistimos no solo válida, legítima, lícita, admitida y legal, para concluir o definir que aquél vínculo laboral terminó en la fecha que informa el Honorable Tribunal Superior. Por ello, denota su error y mal interpreta reiteramos la norma en mención aunado a lo señalado con anterioridad, para volver a repetir que en dicha considerativa radica el yerro cometido por dicho juzgador funcional. Aclara que, aunque se trataba de un hecho ilegal, existían otras razones para entender que seguía laborando como lo es que siguiera afiliado a seguridad social y concluye: Aún más, se debe aplicar la norma en su contexto legítimo, de tal suerte que, al amparo de ella y, contrariamente a lo afirmado por el Juez plural, debe estimarse que con base en esta normativa, se debe entender que el contrato de trabajo no finalizó y por consiguiente el mismo sigue vigente y, hasta cuando el empleador proceda como corresponde, a la luz de la misma preceptiva; esto es, de (sic) por terminado el contrato de trabajo a través de la misiva conducente y mediante la cual le hace saber

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Radicación n.° 91605 al trabajador sobre el particular, y proceda no solo a cancelar lo adeudado al trabajador, sino corresponda como la Ley se lo

impone, pues no es de recibo que se aduzca que termina el contrato de trabajo y el trabajador siga como se informó en la parte final del párrafo que antecede (f.º 7 a 9. Ib.)

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la providencia de haber vulnerado la ley, por la senda de puro derecho, en la modalidad de infracción directa del artículo 1º del CST: […] en consonancia con el Artículo 18 ídem, en relación con los Artículos 488 y 489 ibídem, en relación con el Artículo 151 del CPTSS, en consonancia con lo normado en el Artículo 94 del Código General del Proceso, en relación con el Artículo 29 de la

C. N. y los Artículos 25 y 53 de la misma Norma Superior. Todo lo anterior, en relación con el Artículo 6° del CPTSS.

Establece que en el canon 1º del Código Sustantivo del Trabajo, tiene como finalidad lograr la justicia de las relaciones entre empleadores y trabajadores, lo que incluye el pago de acreencias laborales, aspecto del cual se apartó el colegiado: […] pues de haber procedido como a él correspondía, necesariamente habría llegado a la inequívoca conclusión que existían y se suceden sobradas razones de índole legal para acceder a las justas pretensiones del trabajador demandante, pues cuando se le declara como trabajador de la Sociedad una vez más demandada, tal derecho subsiste y se hace exigible a partir de la vigencia de dicha decisión y no desde aquella data y desde la cual según se infiere, resolvió el Juez plural declarando la prescripción de los derechos no solo conculcados por el

correspondiente patrono sino desconocidos y manifiestamente denegados por este. En efecto, el Juez plural, desconoce y por ello, incurre en el yerro enunciado, partiendo de una premisa errada de estimar y no valorar que el actor solo pretende que se haga justicia y, en equidad, de su derecho de propender porque se le reconozca y

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Radicación n.° 91605 pague lo que por Ley corresponde y, como consecuencia obligada de la aludida sentencia declarativa dictada en aquél proceso y que sentenció la existencia de una verdadera relación laboral contractual vigente entre el hoy nuevamente demandante y la misma Sociedad demandada; por suerte que, de haber procedido como la Ley se lo demanda y, concretamente en aplicación de la mencionada disposición, habría llegado sin temor a equívocos que, no solo era procedente sino en un todo ajustado a la Ley acceder a la justa petición incoada, pues el hecho de haberse dictado aquella decisión meramente declarativa, no impedía que se pronunciara no solo de fondo sino que en un todo frente a las nuevas pretensiones esbozadas por el actor, amén de que existen sobradas razones fácticas para hacerlo y que serán motivo de análisis en [otro] cargo […]. Reitera las alegaciones del cargo anterior, en torno al beneficio indebido que tendría el empleador, pese a su actuar omisivo. Acota que debió acudir ante un nuevo proceso, debido a la conducta negativa del empleador quien se mantuvo renuente en cumplir con sus obligaciones legales. Posteriormente, cita la decisión CSJ SL, 22 abr. 1958,

sin identificar radicado, para concluir que: En síntesis, cuando se acude a la Justicia Laboral en demanda de los derechos conculcados como lo son los pretendidos por el actor, no es nada diferente que, propender por la finalidad misma de lograr JUSTICIA dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibro social, conforme lo enuncia el mencionado Artículo 1 del CST, por lo que, mal puede ser inane dicha pretensión como así lo considera y lo sentencia el Juez plural al señalar que para los efectos que correspondan se está a lo decidido en aquella decisión, sin siquiera consultar la finalidad misma de las pretensiones del actor y sin tener en cuenta que su derecho se dio precisamente mediante la Justicia Laboral como fuente de los derechos perseguidos. Por tanto, cuando actúa como se ha señalado por nuestra parte no hace nada distinto que incurrir y llegar a la incorrección enunciada en el actual Cargo, amén de siquiera tuvo en cuenta que aquella decisión fue solo meramente declarativa, haciéndose necesario procurar sentencia

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Radicación n.° 91605 condenatoria y en contra de la Sociedad demandada como así se ha correspondido por parte nuestra y a través de este nuevo proceso, precisamente, con base en la razón de ser de esta y que no es otra que la obligación que le asiste a dicho empleador de cumplir con todas y cada una de las obligaciones a cargo del empleador y según la Ley Laboral Colombiana (f.º 9 a 12, ibid..).

VIII. CARGO CUARTO Denuncia que el juez de segundo grado trasgredió por la senda jurídica, en la modalidad de infracción directa los

artículos: […]228 de la Constitución Nacional, en consonancia con el Artículo 229 de la misma, en relación con los Artículos 1° y 18 del CST, en relación con los Artículos 488 y 489 ibídem, en relación con el Artículo 151 del CPTSS, en consonancia con lo normado en el Artículo 94 del Código General del Proceso, en relación con el Artículo 29 de la C. N. y el Artículo 25 de la misma Norma Superior. Todo lo anterior, en relación con el Artículo 6° del CPTSS y del Articulo 53 de nuestra Carta Política. Para fundamentar su ataque argumenta que: […] Y, llega de igual manera el Honorable Tribunal Superior de Cundinamarca al equívoco destacado, toda vez que, al no decidir de fondo la nueva acción instaurada por el mismo trabajador demandante y, por el contrario, estarse a lo resuelto en aquella decisión adoptada en el primer proceso procurado por el accionante, pues en definitiva con base en ella es que concluye lo que concluyó, indefectiblemente hace que caiga en este yerro y por tanto, es menester enmendar el error cometido y por parte de dicha Corporación ante la cual se acude en demanda del recurso de Casación. Debe destacarse que aquella decisión base de esta nueva, es una sentencia declarativa pero nunca condenatoria, por lo que, necesariamente existe la obligación de procurar obtener nueva decisión fundamentada en aquella, pero con los visos de condena en contra de quien real y legalmente ostenta la calidad o la condición de empleador para con el trabajador demandante. De tal suerte que, al intentarse un nuevo proceso lo que se busca es que se administre justicia y,

por tanto, se actúe por el juzgador competente como corresponde y, se condene de contera, a quien tiene la obligación de cumplir con lo debido y ante la negativa manifiesta de este en proceder como a dicho empleador corresponde según la Ley laboral, pues

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Radicación n.° 91605 sabedor de dicha obligación no lo hizo como así correspondía hacerlo. Y, es que, al trabajador se le está en últimas, cercenando la posibilidad y viabilidad de recurrir una vez más ante la justicia competente en procura de hacer efectiva la sentencia declarativa primeramente dictada y constituyéndose esta, en la base para procurar el pago de lo adeudado, en el entendido, precisamente que, el empleador nuevamente demandado, siempre denegó como ya se enunció en los Cargos que preceden, la vinculación laboral demandada y así decretada oportunamente por el Juez de la causa; de tal suerte que, cuando el actor recurre una vez más ante la justicia para hacer efectivo su derecho, no hace nada distinto que seguir el procedimiento que corresponde, por lo que, era de suyo -de la justicia laboral competente-, resolver en derecho y, en sana lógica, la nueva acción judicial que se procura ante la autoridad respectiva. Por tanto, cuando se deniega dicha posibilidad pues se basamenta esta nueva decisión en aquella dictada, sin tener en cuenta todo lo inherente con la nueva demanda procurada, no hace nada diferente, insistimos, en considerar que yerra en lo que por Ley corresponde, pues en últimas deniega la posibilidad de buscar justicia y como consecuencia de ello, el obtener el pago de lo adeudado; aún más,

cuando el empleador accionado siempre denegó, primero, que el trabajador lo fuera para con dicha Sociedad y, segundo, por lo mismo, que se encontraba conminada a cancelar lo adeudado a favor del este, partiendo de la premisa de que no le asistía obligación alguna de corresponder en su condición o calidad de empleador del trabajador demandante. Luego de ello, cita la decisión CE SC, 1º ag. 2018, rad. 2012-00408-01, para alegar que los hechos priman sobre las formalidades, de modo que no podía estarse a lo resuelto a una primera decisión por ser declarativa y no condenatoria como se pretende en el presente proceso, vulnerando el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de la justicia (f.º 18 a 21, ibidem).

IX. CARGO QUINTO Acusa la violación indirecta, en la modalidad de

aplicación debida de los artículos:

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Radicación n.° 91605 […] 61 del CST., en relación con el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (Modificado por el Decreto Ley 12 de 2012 Artículo 137), en relación con el Artículo 29 de la Carta Política, en relación con los Artículos 488 y 489 del mismo Estatuto Laboral, en consonancia con lo normado en los Artículos 25, 53, 228 y 229 de la Norma Superior, en relación con los Artículos 1° y 18 del CST, en relación con el Artículo 151 del CPTSS, en consonancia con lo normado en el Artículo 94 del Código General del Proceso.

Todo lo anterior, en relación con el Artículo 61 del CPTSS. Destaca que tal vulneración deviene de la errada valoración de: […] toda la prueba documental: Comunicaciones con destino a la Sociedad demandada que provienen de la organización sindical y a la cual se encontraba inscrito y/o afiliado el actor, informe rendidos por la ARL y/o EPS respectiva y ante las cuales se encontraba también inscrito y/o afiliado el trabajador y, las suscritas por el propio demandante, mediante las cuales pone de presente a dicha Sociedad sobre su estado de salud, y, constancias suscritas por diferentes personas que informan sobre la presencia que hizo el trabajador demandante ante la Sociedad incoada, en procura de obtener el beneplácito de esta para acceder a su sitio de labores (fls. 57 a 113 Cdno. Ppal.; fls. 116 a 200 y 244 a 401 ídem). De otra parte, por la preterición de: misiva (fl. 114 Cdno. Ppal.), que proviene de la Sociedad demandada y por medio de la cual informa al actor sobre Derecho de Petición que éste le formulara, con fecha de respuesta MAYO 16 de 2016, indicando al actor: “En relación con el tema indicado en referencia, según revisión hecha en nuestra base de datos le comunicamos que no registra que sea empleado directo de la compañía (…)”. Esto es, primero que aún a dicha data, figura como empleado, y, segundo, que no figura como “empleado directo” de la compañía, pero, no niega que no lo sea. Enseguida relaciona como errores evidentes de hecho, los siguientes: a) NO tener por demostrado a pesar de estarlo que, la Sociedad

demandada tenía pleno conocimiento y desde tiempo atrás de la situación de salud del trabajador; b) NO tener por probado a pesar de estarlo que, el mismo empleador demandado reconoce y acepta que a pesar de tener

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Radicación n.° 91605 conocimiento del estado de salud del trabajador demandante, hizo caso omiso de tal situación particular y procedió en un todo contrario a derecho. c) NO tener por acreditado cuando lo está que, el trabajador demandante estaba a la espera de la correspondiente calificación médico laboral en aras de determinar su pérdida de capacidad laborativa; d) NO tener por comprobado estándolo que, el trabajador se encontraba arropado por la garantía CONSTITUCIONAL de estabilidad laboral reforzada; e) NO tener por demostrado cuando lo está, que la sociedad demandada era sabedora plena de que el trabajador demandante siguió siendo su trabajador a pesar de negarlo y pretender su desvinculación desde aquella data y, cuando se encontraba en tratamiento y calificación médica de enfermedad laboral; f) NO tener por verificado a pesar de estarlo que, el empleador ha debido recurrir ante la autoridad competente (Ministerio de Trabajo) en procura de obtén el beneplácito para poder despedir a su trabajador; y, g) NO tener por probado no obstante estarlo que, el trabajador demandante y, mucho tiempo después, aún figura inscrito y/o afiliado como trabajador activo ante dicha Sociedad, pero, no de manera directa Estima que de haberse actuado como correspondía se llegaría a una conclusión distinta, dada la calidad de

beneficiario de la prerrogativa a la estabilidad laboral reforzada, debiéndose acceder a lo peticionado.

Añade que: Todo ese caudal probatorio además de ser abundante, no solo por ello redunda en las pretensiones del actor, sino que, constituyen la fuente de los derechos reclamados y por ello cuando el Juez de segunda instancia no los tienen en cuenta o lo hace pero sin valorar su real e inteligente sentido, solo puede y debe conducir a que incurra en la violación de la Ley sustancial y bajo la considerativa mencionada, por cuanto solo pueden significar dichas probanzas como se ha venido destacando a través de los cargos que preceden que, primero, el trabajador no podía ni debía ser despedido como se aduce y mucho menos por la razón que se indica; segundo, que el trabajador demandante

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Radicación n.° 91605 nunca perdió la condición de trabajador activo frente al empleador demandado; tercero, que su verdadero y legítimo empleador no puede ser otro que la Sociedad demandada; y, cuarto, que no puede suceder o puede darse el evento destacado por el Honorable Tribunal Superior para denegar las pretensiones incoadas, valiéndose de la argumentación en su sentir por haber prescrito la acción para actuar conforme, cuando nunca, pero, nunca, la calidad de tal fue dada por algún evento soportado en la Ley, pues como ya se indicó con anterioridad, la presunta desvinculación, jamás, se pudo haber suscitado por el hecho que destaca dicho juez funcional, ya que ella y conforme la Ley laboral siquiera existe como razón de ser

para que se pueda y deba entender como así se consideró itero dicho Juzgador de alzada. Ha de estarse y para los efectos que interesan a las probanzas allegadas, de tal suerte que, si estas como así sucede demuestran o acreditan todo lo contrario a lo decidido es necesario destacar no solo el error cometido como fuente para que el Cargo formulado salga avante, sino también, para que la Justicia impere, pues en últimas, ello, es el fin perseguido a través de la presente acción ante esa Honorable Corporación, pues no se puede premiar con todo respeto a quien solo ha incumplido con la Ley y lo que es peor en detrimento del trabajador quien solo ha procurado mediante sus reclamaciones que se le corresponda como la Ley así lo indica Adicionalmente, manifiesta que deben tenerse en cuenta la sentencia CC SU040-2018, en torno a su estado de salud. Finaliza solicitando que como hecho sobreviniente se permita allegar la historia laboral del trabajador a fin de identificar que, con posterioridad a la terminación de su contrato, este siguió afiliado la seguridad social, lo que constituye un «indicio serio» y en contra de la sociedad demandada, que acreditan que aquel siguió siendo trabajador activo de la empresa (f.º 21 a 32, ib).

X. RÉPLICA

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Radicación n.° 91605 Bavaria S. A., se opuso conjuntamente a la prosperidad de todos los cargos, puesto que estima que el mismo no cumple con los requisitos mínimos de técnica al mezclar aspectos fácticos en los cargos enlistados por la senda

jurídica, así como se asimila a un alegato de instancia. Aunado a lo dicho, sostiene que el Tribunal actuó en estricto cumplimiento del precedente judicial y bajo la legítima formación del convencimiento, para lo cual hizo referencia a las sentencias CSJ SL13155-2016; CSJ SL17852018; CSJ SL981-2019; CSJ SL3938-2019; CSJ SL48652019; CSJ SL5308-2019; CSJ SL676-2020; CSJ SL45152020; CSJ SL4028-2020; CSJ SL4136-2020; CSJ SL42602020; CSJ SL1535-2021 y CSJ SL3732-2022 (f.º 1 a 8, oposición, cuaderno digital de la Corte)

XI. CONSIDERACIONES Se debe memorar que la demanda de casación, de conformidad al artículo 90 del CPTSS, tiene que ceñirse al estricto rigor técnico que su formulación y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues un recurso de esta naturaleza y categoría está sometido en su planteamiento a una técnica especial y precisa, que, de no cumplirse, impide su decisión de fondo tal como acontece en el sub lite.

Así mismo, en numerosas ocasiones ha dicho esta Corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de

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Radicación n.° 91605 los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de

establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que e