CSJ - SL737-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL737-2023 Radicación n.° 94174 Acta 12 Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el CONSORCIO DE REMANENTES TELECOM - PAR, conformado por la FIDUCIARIA POPULAR S.A. – FIDUCIAR S.A. y por la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. que actúa como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN – PAR, contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que promueve la entidad recurrente contra LUIS

FRANCISCO RUEDA MALUENDAS.

I. ANTECEDENTES El citado consorcio llamó a juicio a Luis Francisco

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Radicación n.° 94174 Rueda Maluendas a fin de que fuera condenado a reintegrarle la suma de $281.618.755, con los intereses moratorios fijados por la Superintendencia Financiera liquidados desde el 12 de junio de 2014, hasta el momento en que se haga efectiva la devolución del dinero, más las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que Rueda Maluendas trabajó para la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom del 22 de agosto de 1984

al 25 de julio de 2003; que con posterioridad a su retiro, el demandado interpuso acción de tutela por considerar que era beneficiario del plan de pensiones anticipadas que esa entidad ofreció a sus trabajadores; que esa acción constitucional se adelantó ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica - Córdoba, despacho que, mediante fallo de 1 de septiembre de 2009, concedió el amparo impetrado y ordenó el pago de las mesadas causadas desde la fecha del retiro de la citada empleadora. Puso de presente que tal decisión fue confirmada el 5 de octubre de la misma anualidad por el Juzgado Promiscuo de Familia de la misma ciudad. Relató que en cumplimento de la orden impartida por los dos jueces de tutela, Telecom canceló al señor Rueda Maluendas las mesadas pensionales, cuyo monto ascendió a $281.618.755. Especificó que la Corte Constitucional mediante sentencia CC SU377-2014 revocó los fallos proferidos en favor del demandado y en su lugar declaró improcedente el amparo solicitado, decisión que dejó sin sustento jurídico la suma pagada y, en consecuencia, surgió

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Radicación n.° 94174 para la parte demandante el derecho a obtener la restitución del dinero, de no ser así, se estaría configurando un enriquecimiento sin causa. El convocado al presente asunto, al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos, salvo el referido a que con la decisión de la Corte Constitucional surgía para el PAR Telecom el derecho a obtener la restitución de los dineros recibidos en virtud de

las decisiones de tutela, pues en su decir, tales rubros fueron recibidos de buena fe y bajo la figura de la confianza legítima emanada de una decisión judicial. En su defensa, sostuvo que el alto tribunal constitucional en momento alguno dispuso u ordenó el reintegro de los dineros cancelados por concepto de pensión anticipada. Formuló las excepciones de inexistencia del enriquecimiento sin causa y prescripción, sobre esta última manifestó que como lo pagado por parte del PAR Telecom en virtud de la acción de tutela por él iniciada en contra de su ex empleadora, correspondía a mesadas causadas entre el 2003 y el 2010, las mismas estaban afectadas por el fenómeno de la prescripción, pues la demanda inicial se instauró hasta el año 2016.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá

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Radicación n.° 94174 puso fin a la instancia con sentencia del 20 de enero de 2020, a través de la cual declaró probada la excepción de «inexistencia del enriquecimiento sin causa» y como consecuencia, absolvió al demandado Luis Francisco Rueda Maluendas de todas las pretensiones formuladas en su contra y condenó a la entidad demandante a pagar las costas del proceso, las que fueron fijadas en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la entidad demandante, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante sentencia del 30 de agosto de 2021,

confirmó el fallo de primer grado y condenó a la apelante al pago de las costas de la alzada. El juez plural comenzó por señalar que las sentencias emitidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, a través de las cuales se emitió condenas contra el Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica y el Juez Promiscuo de Familia de esa ciudad (f.° 231 a 259), quienes en su momento profirieron los fallos de tutela que la Corte Constitucional mediante sentencia CC SU3772014 revocó, no podían tenerse en cuenta por razón a que esas decisiones en momento alguno fueron solicitadas como prueba en la primera instancia, ni se decretaron como tal, ya que fueron allegadas extemporáneamente. A continuación, reprodujo apartes del auto CC 503SCLAJPT-10 V.00 4 Radicación n.° 94174 2015, a través del cual la Corte Constitucional adicionó la sentencia CC SU377-2014, para enseguida considerar que «según la providencia citada bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de estas carecían de justificación legal y constitucional, y en consecuencia debe analizarse si existió un enriquecimiento sin causa». En ese orden, consideró que los dineros recibidos por el demandado fueron producto del cumplimiento de decisiones tomadas en acciones de tutela, las que, si bien fueron revocadas por la Corte Constitucional a través de sentencia CC SU377-2014, no implicaban que el extrabajador hubiera incurrido en un «ilícito» o por lo menos ello no se manifestó,

ni tampoco se demostró en el curso del proceso. Aseveró que si bien el auto CC 503-2015 indicaba que bastaba la decisión allí tomada para entender que los pagos efectuados carecían de justificación legal, lo cierto era que, el mismo tribunal constitucional en la sentencia CC T2142018, citada por el a quo, en un caso muy similar al aquí analizado manifestó que no había lugar a reintegrar tales dineros, en tanto no se daba un enriquecimiento sin causa. Adujo que como el caso decidido por la citada corporación es similar al de autos, en razón a que a las dos personas se les declaró improcedente la acción constitucional por no cumplir el requisito de inmediatez, sin embargo, no podía sostenerse que el demandado obró con malicia y por ello las conductas que alega la parte actora no

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Radicación n.° 94174 le eran imputables, máxime cuando la sentencia CC SU3772014, en los casos donde se verificó un comportamiento temerario o de mala fe, señaló las personas a quienes se les compulsaba copia para la respectiva investigación. Al analizar la conducta de la persona natural accionada, manifestó que no era posible determinar la existencia de mala fe en su actuar, pues al respecto no se aportó prueba alguna y, en consecuencia, debía presumirse que el pago efectuado por el PAR Telecom fue percibido de buena fe por el señor Rueda Maluendas, ya que para ese momento existía una orden judicial que le reconocía el derecho a obtener la pensión anticipada, además, los dineros fueron recibidos con

antelación a la revocatoria de la acción de tutela. Puntualizó que no se encontraba demostrado el enriquecimiento sin causa alegado como fundamento de las pretensiones de la demanda inicial, pues no existía duda de que el pago se dio como consecuencia de los fallos de tutela, aunado a que en la sentencia de unificación que citó la parte actora no se profirió una decisión de fondo respecto al derecho a la prestación que en ellas se reconoció, dado que faltó el requisito de inmediatez para proponerla, lo que significa que el trabajador debía acudir a la jurisdicción ordinara para obtener la declaratoria del derecho, lo que no hizo. Infirió que al existir en su momento una causa lógica y razonable para que el accionado recibiera de buena fe los dineros cuestionados, que por concepto de pensión

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Radicación n.° 94174 anticipada le habían sido reconocidos por los jueces de tutela, no había lugar a disponer su devolución. Por todo lo anterior, confirmó la decisión absolutoria de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante Consorcio de Remanentes Telecom PAR, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Se pretende que esta corporación case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones formuladas en contra de Luis Francisco Rueda Maluendas y que están contenidas en la demanda con la cual se dio inicio

al proceso. Con tal propósito formula un cargo, que no fue replicado, el que la Sala procede a estudiar a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, bajo la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas: […] los artículos 83 y 86 Superiores; 768, 769 y 1603 del Código

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Radicación n.° 94174 Civil Colombiano, en relación con los artículos 1º, 4, 19 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 y 16 del Decreto 1615 de 2.003; 8 de la Ley 254 de 2.000; 4º, 5º, 11, 17 de la Ley 6 de 1945; 40, 43, 47 del Decreto Reglamentario 2127 de 1.945; 1 del Decreto 1160 de 1.947; 8, 11, 14 del Decreto Ley 3135 de 1.968; 3, 5, 25, 40, 45, 58 del Decreto Ley 1045 de 1.978; 1º del Decreto 2062 de 2.003; 189 numeral 15 Constitución Política de Colombia; 52 de la Ley 489 de 1.998; 8 de la Ley 153 de 1.887; 2313 al 2319 del Código Civil Colombiano; 31 del Decreto 2591 de 1.991; 1 Numeral 13 del D.E. No. 2282 de 1.989, que modificó el artículo 37 del C.P.C. y 77 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

En la demostración del cargo expone que el ad quem «empleó indebidamente el valor constitucional y legal, relativo a la buena fe», al estimar que Rueda Maluendas procedió amparado en este postulado y, por tanto, no tenía la obligación de devolver ninguna suma de las canceladas a su favor por una decisión de tutela, menos soportar las consecuencias adversas del fallo de unificación de la Corte Constitucional, que revocó la primera determinación, pues para la alzada no se le podían trasladar los efectos negativos al trabajador demandado, es decir, ordenarle que restituyera el dinero solicitado en la presente demanda bajo el concepto de enriquecimiento sin causa. Para la censura, el sentenciador acusado «disertó en forma indebida y aisladamente respecto del comportamiento de las partes en uno y otro proceso y, con mayor razón, desatina, al concluir que obrar de buena fe implica que no se debe devolver un dinero recibido sin apoyo o fundamento alguno», cuando, quien obró de buena fe, fue el empleador que realizó el pago, y no el trabajador, que se negó a devolver los dineros que perdieron su causa.

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Radicación n.° 94174 Sin embargo, destaca que ese comportamiento del trabajador, de llegar a ser de buena fe, no implica que pueda desaparecer la obligación de devolver una suma que jamás le adeudó la empresa. Entonces, esa conducta del señor Luis Francisco Rueda Maluendas no significa que sea suficiente para eximirse o sustraerse del deber de reintegrar el dinero que se le canceló en virtud de un fallo que fue revocado; todo

lo contrario, dicho proceder implica que surja para el beneficiario la obligatoriedad de restituir lo que perdió su causa y así acatar la decisión constitucional que finalmente se profirió. Refiere que el sentenciador de alzada incurrió en el desacierto que se le enrostra, ya que, si las partes se comportaron en todos sus actos con fundamento en ese principio de la buena fe, ello no es suficiente para arribar a una decisión confirmatoria a fin de absolver de esta súplica, debido a que el contexto procesal muestra que al «desaparecer el móvil del pago» necesariamente surge el deber de reintegro o devolución de dineros deprecado, sin que sea del caso entrar a valorar que el trabajador demandado obró o no de buena fe. Asegura que como no se presentó equivocación de ninguna especie en la entidad recurrente cuando procedió con el deber de cumplir un fallo de tutela, mal puede privársele del derecho de obtener el reintegro del dinero que canceló con fundamento en una decisión anulada, bajo el criterio que «su contendor» obró de buena fe.

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Radicación n.° 94174 Verificada la aplicación indebida de este principio, aduce que surge, igualmente, la protesta frente a la «aplicación indebida» de los artículos 2313 a 2319 del CC, como quiera que la sentencia CC SU377-2014 es suficiente para afirmar que la entidad demandante canceló una suma de dinero que no adeudaba, lo cual es un supuesto fáctico indiscutido y, por ende, si el sentenciador no hubiera violado tales preceptos, arribaría a la conclusión, sin lugar a dudas,

de que la buena fe no sirve de excusa para retener esa cantidad reclamada. Insiste que de no haber incurrido el sentenciador acusado en la aplicación indebida que quedó demostrada, hubiese encontrado que, con arreglo a los preceptos denunciados, recayó sobre el demandado la obligación de reintegrar el dinero que se le canceló, puesto que el fundamento que provocó esa particular situación desapareció con la revocatoria del fallo de tutela, entonces, el hecho de obrar con buena fe solo debe tenerse en cuenta, eventualmente, para no cargar los intereses o las indemnizaciones, pero jamás para que una persona pueda llegar a apropiarse injustificadamente de un dinero cancelado sin razón alguna. Manifiesta que la buena fe no es un comportamiento que implique que quien recibe un pago, sin que haya un móvil o una causa que lo justifique, quede eximido de su devolución, en razón que así no lo contemplan las normas que se denuncian, pues admitir ello configuraría un incremento injustificado en el patrimonio del trabajador

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Radicación n.° 94174 demandado y, por consiguiente, un detrimento patrimonial de la antigua empleadora. Por lo expuesto, afirma que el cargo debe prosperar, con lo cual la Corte debe proceder conforme al alcance de la impugnación.

VII. CONSIDERACIONES Teniendo en cuenta que el cargo está dirigido por la vía del puro derecho, no se discuten los siguientes supuestos fácticos dados por demostrados en la decisión recurrida: i) que Luis Francisco Rueda Maluendas instauró acción de tutela contra el PAR Telecom a fin de obtener su inclusión en

el Plan de Pensión Anticipada; ii) que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica - Córdoba, mediante fallo de tutela del 1 de septiembre de 2009, concedió el amparo impetrado y ordenó el pago de las mesadas causadas desde la fecha del retiro de Telecom, decisión que fue confirmada el 5 de octubre de la misma anualidad por el Juzgado Promiscuo de Familia de la misma ciudad; iii) que para dar cumplimiento a lo ordenado por los citados operadores judiciales, el entonces accionado y hoy demandante pagó a Rueda Maluendas la suma de $281.618.755, por concepto de mesadas pensionales; y iv) mediante sentencia CC SU3772014 la Corte Constitucional revocó tales decisiones y declaró improcedente dicha acción constitucional, providencia esta que fue adicionada mediante auto CC 503 del 22 de octubre de 2015.

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Radicación n.° 94174 El problema jurídico que debe dilucidar la Corte, consiste en determinar si el Tribunal se equivocó al no disponer la devolución de los dineros cancelados al trabajador demandado por concepto de mesadas correspondientes a una pensión anticipada, como consecuencia de una orden de tutela que inicialmente se decidió en su favor, pero que posteriormente se revocó por la Corte Constitucional en sede de revisión. Para el juez plural, esa suma sufragada por el PAR Telecom para dar cumplimiento a los fallos de tutela fue percibida por el aquí demandado de buena fe al existir en su momento una causa lógica y razonable, así luego haya desaparecido, para lo cual se apoyó en el precedente CC

T214-2018, el que, según su entendimiento, trata un caso similar al de autos y no se ordenó el reintegro de lo pagado por no darse un enriquecimiento sin causa. Por el contrario, en criterio de la censura, la colegiatura «empleó indebidamente el valor constitucional y legal, relativo a la buena fe», dado que ese principio no sirve de excusa para que el convocado al proceso se apropie de dineros que perdieron su móvil, justificación legal o razón de ser, en la medida que el deber de reintegrar o devolver esas sumas no surge de la buena fe, sino por haberse revocado el fallo de tutela que ordenó su pago, debiéndose analizar si existió un enriquecimiento sin causa. Así las cosas, la Sala a continuación abordará el estudio de la acusación, conforme a los temas planteados por la

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Radicación n.° 94174 cesura y que conducirán a dilucidar el problema jurídico anteriormente precisado, así: i) Principio de la buena fe - artículo 83 de la CP. Sobre el particular, importa recordar que la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 de la CP, como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta. Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada» (CC C1194-2008).

Igualmente, el tribunal constitucional, en la sentencia que se citó anteriormente, explicó que las actuaciones de los particulares y de las autoridades deben estar gobernadas por dicho principio, el cual se presume, no obstante, es una presunción legal y admite prueba en contrario, así lo precisó: […] la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario. Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, lo primero

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Radicación n.° 94174 que debe advertirse es que el presente asunto difiere de aquellos en que, al resolver la Sala de Casación Laboral algunas acciones o recursos extraordinarios de revisión ha sostenido, con fundamento en el referido principio de la buena fe, que no es del caso ordenar el rembolso de los valores sufragados con ocasión a reconocimientos pensionales efectuados por las entidades pagadoras a motu proprio o por orden judicial, aun cuando su causa luego desapareció; por cuanto es distinta la situación acaecida en el sub examine, en el que las sumas sufragadas por el PAR Telecom al hoy demandado se efectuaron de manera forzosa por orden de un juez de tutela y por efectos del cumplimiento

inmediato que tiene esta clase de pronunciamiento, las que se mantuvieron latentes hasta que dicho trámite culminó con la revisión efectuada por la Corte Constitucional que la revocó, sin que esa orden de pago en momento alguno hubiera cobrado alguna firmeza, tanto así que tal determinación ordenada por los jueces de amparo se dejó sin efectos por el tribunal constitucional. Al respecto importa recordar lo dicho en la sentencia CSJ SL1893-2020, reiterada en la decisión CSJ SL305-2022, donde en un caso análogo se puntualizó lo siguiente: No sobra advertir que la presente situación difiere ostensiblemente de otras en las cuales las sumas recibidas, derivadas de prestaciones periódicas que posteriormente se revisan por esta Corporación o por el Consejo de Estado por irregularidades en su generación o por su respaldo legal, la Corte las ha guarecido sobre el concepto de buena fe, pues en tales oportunidades son el resultado del reconocimiento de las entidades pagadoras motu proprio o por orden judicial, con efectos de cosa juzgada relativa, situación que en modo alguno ocurre en casos como el presente, dado que las sumas pagadas

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Radicación n.° 94174 a la actora lo fueron de manera forzosa por orden del juez constitucional y por efectos del cumplimiento inmediato que se debe a esta clase de sentencias, y se mantuvieron sub judices o latentes hasta que dicho trámite procedimental terminó con la revisión efectuada por la Corte Constitucional, que concluyó en que los actos que les dieron origen, es decir, las órdenes judiciales ya enunciadas, ‘carecen de toda eficacia y validez

jurídica en el orden constitucional vigente’, de manera que, en ningún momento cobraron alguna firmeza como para que se pueda decir que escaparon a la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la revisión de los fallos del amparo promovido. Lo anterior evidencia que el fallador de segundo grado erró al considerar que al haber recibido el demandado los dineros de buena fe no era procedente ordenar su devolución, al existir en su momento una causa lógica y razonable; habida cuenta que tal principio no llega al extremo de garantizar que quien reciba un pago, sin que exista un móvil o una causa que lo justifique, imperiosamente debe ser eximido de su reembolso, pues las actuaciones constitucionales que le dieron origen perdieron toda eficacia jurídica ante la revocatoria de que fueron objeto por la Corte Constitucional, máxime que, como se vio, la cancelación por parte de la ex empleadora del accionado no se llevó a cabo a motu proprio, sino que lo fue de manera forzosa en razón a la premura que prevé la ley para dar cumplimiento a tales decisiones constitucionales. De otra parte, con su determinación, el ad quem, amparado en el citado principio de la buena fe, también desconoció que la sentencia CC SU377-2014, a través de la cual se revocó la decisión de tutela que concedió al demandado el beneficio de la pensión anticipada, llevó a que las cosas volvieran a su estado anterior, es decir, tal y como se encontraban antes de cumplirse la orden de amparo

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impartida en las providencias que se dejaron sin efecto, siendo claro que el regreso a ese estado era jurídicamente posible y, por consiguiente, el PAR Telecom podía iniciar un proceso ordinario laboral en búsqueda de lograr la devolución de los dineros que forzosamente fueron cancelados al demandado sin justificación, al haber desaparecido la fuente de la obligación, desde luego demostrando que se daba un enriquecimiento sin causa, que fue la condición sine qua non que exigió la Corte Constitucional al proferir el auto CC 503-2015, cuando al respecto precisó: 5.5.4. El hecho de que el PAR hubiere cancelado sumas de dinero a favor de algunos peticionarios en cumplimiento de las sentencias de instancia, a pesar de que las mismas eran objeto de revisión por la Corte, no impacta la resolución a los problemas jurídicos que se plantearon, ni tampoco significa que se omitió resolver algunos de los extremos de la litis. La Sala Plena no dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM, porque dicha entidad puede hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición para lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de la obligación desapareció. Bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de las mismas carecen de justificación legal y constitucional, por lo que la restitución de las cosas al estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico para ello (el resaltado es de la Sala). Así las cosas, no era el actuar de buena fe del

demandado el que debía considerar el ad quem para descartar la existencia de un enriquecimiento sin causa, sino si se presentaron o no los elementos que lo estructuran, para con ello determinar si era viable ordenar el reintegro o restitución de los valores que motivaron la presente acción judicial.

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Radicación n.° 94174 ii) Del Enriquecimiento sin causa o actio in rem verso. La Sala comienza por precisar que en materia laboral no existe norma expresa que regule la citada acción; no obstante, conforme lo prevé el artículo 230 de la Constitución Política «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley», y «la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial». En concordancia con la citada disposición constitucional, los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, declarado exequible a través de la sentencia CC C083-1995, 19 del CST y 145 del CPTSS, establecen que en los casos en que no exista norma exactamente aplicable a un asunto determinado, el juez del trabajo debe optar por la aplicación analógica de la ley. Precisamente, en la citada sentencia de exequibilidad, la Corte Constitucional estableció que dicho método de integración jurídica tiene como fundamento el principio de igualdad y se expresa mediante la aplicación de disposiciones normativas o principios generales a situaciones que, pese a no tener una regulación expresa, solo difieren de aquellas que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes; es decir, los que no explican la razón de ser de la norma.

Y, según la doctrina y la jurisprudencia, la analogía

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Radicación n.° 94174 ocurre por vía legis en aquellos casos en los que el juez aplica una ley a una situación fáctica no contemplada explícitamente en aquella, pero esencialmente igual; o por vía iuris, en los casos en que, a partir de diversas disposiciones normativas, el operador judicial extrae los principios generales que las componen y por vía de inducción aplica dichos preceptos a situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada (CC C083-1995 y CSJ SL3052022). En esa perspectiva, cuando un asunto que le corresponda resolver al juez laboral no cuente con una normativa expresa que le sea aplicable, es su deber acudir, en principio, a la aplicación analógica de la ley, de lo contrario se estaría atentando contra el principio que garantiza el acceso a la justicia. Aclarado lo anterior, la Sala recuerda que para el Tribunal fue pacífico el hecho de que la Corte Constitucional a través del auto CC 503-2015, que adicionó la sentencia CC SU377-2014, dejó en claro que «[…]bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de estas carecían de justificación legal y constitucional, y en consecuencia debe analizarse si existió un enriquecimiento sin causa» (resalta la Sala), enriquecimiento injustificado que el fallador de alzada descartó con el argumento de que el demandado actuó de buena fe, pues los dineros por él recibidos fueron fruto de unas determinaciones judiciales dictadas vía acción

de tutela, así éstas se hubiesen revocado posteriormente por

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Radicación n.° 94174 dicho tribunal constitucional. Lo anterior pone en evidencia que el juez de segundo grado no se ocupó de analizar los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, entendida como aquel remedio judicial que el ordenamiento jurídico prevé, en materia civil y comercial, como conducente para obtener la restitución o compensación de aquello que disminuyó, sin causa justa, el haber financiero de un sujeto en favor de otro; luego, obviamente tampoco realizó un examen desprevenido de los mismos, pues simple y llanamente, se reitera, consideró que no había un enriquecimiento sin causa de Rueda Maluendas, en razón a que éste recibió los dineros en virtud de sendas sentencias de tutela que le fueron favorables en su momento, circunstancia esta que dijo, le permitía ser arropado bajo el principio de la buena fe. Es por lo anterior que el distanciamiento jurídico de la entidad recurrente con la decisión del fallador de segundo grado radica en que el ad quem aplicó indebidamente el «valor constitucional y legal» relativo a la buena fe, pues según su decir, el mismo no involucra que quien recibe un pago, sin que exista un móvil o una causa que lo justifique, resulte eximido de su devolución; pues en el caso de autos, si bien en un comienzo y vía tutela se ordenó la cancelación de unas mesadas pensionales, dicha causa dejó de existir en virtud de la sentencia CC SU377-2014 adoptada por la Corte Constitucional, con lo cual es obligación del demandado

restituir los dineros cancelados por su antiguo empleador.

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Radicación n.° 94174 Sobre el enriquecimiento sin causa y la acción in rem verso, la Corte en sentencia CSJ SL3814-2020, reiterada en decisiones CSJ SL1527-2021 y CSJ SL4286-2022 explicó: […] conforme lo tiene sentado la jurisprudencia (sobre todo la de la especialidad en lo civil), constituye una pretensión en sí misma considerada cuyo encausamiento se hace en ejercicio de la acción «in rem verso» por medio de una demanda que da origen al proceso jurisdiccional correspondiente. La jurisprudencia gestora de la institución del enriquecimiento sin causa (como otra fuente más de obligaciones) se orientó a corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufría mengua, mientras otro acrecía sus haberes en la misma medida, sin que existiera una razón que explicara esa alteración, caso en el cual se impuso al juez el deber de adoptar los correctivos necesarios en procura de que se