CSJ - SL742-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL742-2023 Radicación n.° 92410 Acta 09 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LEONEL CARDONA PÉREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a ANDAMIOS

ANDERSON DE COLOMBIA SAS, hoy ANDERSON

SERVICES DE COLOMBIA SAS.

I. ANTECEDENTES

Leonel Cardona Pérez demandó a Andamios Anderson de Colombia SAS, hoy Anderson Services de Colombia SAS, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido del 16 de noviembre de 2012 al 31 de julio de 2013, fecha en la que fue despedido de manera ilegal,

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Radicación n.° 92410 arbitraria e injusta, mientras gozaba de estabilidad laboral reforzada. Pidió que, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba antes de la extinción de su vínculo u a otro de mejores condiciones, con el pago de los salarios, las primas y las bonificaciones de la convención colectiva de trabajo entre «Ecopetrol S. A.» y la demandada, los aportes a seguridad social, la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que se probare y las costas. Reclamó en subsidio, la indemnización por despido sin

justa causa, debidamente indexada. Contó que laboró para la demandada mediante un contrato de trabajo a término indefinido del 16 de noviembre de 2012 al 31 de julio de 2013, como andamiero; que el «18 de septiembre del 2012», en ejercicio de sus labores, sufrió un accidente de trabajo al realizar el desarme de un andamio; que fue atendido por la Cruz Roja y trasladado a la Clínica San Nicolás de Barrancabermeja, en donde le diagnosticaron trauma de rodilla; que el siniestro fue reportado a la ARL Liberty S. A. Narró que el «30 de noviembre del 2013», el médico tratante ordenó su reubicación laboral mientras se determinaba la lesión de su rodilla, otorgándole incapacidad por dos días; que el «4 de octubre del 2012», se le realizó una resonancia nuclear magnética, arrojando como resultado

«RUPTURA POR DESGARRO GRADO III DEL CUERPO Y

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CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO MEDIAL, DERRAME

ARTICULAR, Y DISTINCIÓN CON CAMBIOS INFLAMATORIOS DEL COMPLEJO LIGAMENTARIO COLATERAL TIBIAL»; que el 17 siguiente, le ordenaron terapias físicas por 15 días para rehabilitar la rodilla e incapacidad médica por igual tiempo; que el día 31 de igual mes y año, fue remitido de nivel IIIIV para procedimiento quirúrgico por lesión meniscal izquierda. Aseveró que el 6 de noviembre, el médico tratante recomendó su reubicación laboral mientras se le realizaba la cirugía de rodilla, otorgándole una incapacidad de tres días;

que el 9 siguiente le suspendieron las terapias y le fueron otorgados 30 días de licencia médica adicional; que se autorizó sinovectomía y remodelación meniscal de rodilla izquierda, la cual se realizó el día 13 de ese mes y año, renovándose sus incapacidades por 30 días más. Manifestó que el 2 de enero del 2013, mediante valoración médica se ordenó su reincorporación a las labores habituales, siguiendo las recomendaciones médicas por los siguientes tres meses, al igual que el proceso de recuperación y/ rehabilitación de la rodilla izquierda, el cual duraría entre seis y ocho meses; que también se prescribió rehabilitación para la potencia muscular del cuádriceps, que sería efectiva entre los doce y dieciocho meses posteriores; que el 7 de febrero del citado año, se recomendó la reubicación laboral y continuar tratamiento de ortopedia. Expuso que la ARL, mediante Oficio del 13 de marzo del 2013 sugirió restricciones, como evitar trabajar en altura,

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Radicación n.° 92410 arrodillado o en cuclillas y seguir en controles de salud; que en valoración especializada del 11 de abril de ese año, le reiteraron las restricciones de evitar levantar objetos de más de 5 kg de peso, eximirse de estar parado por largo tiempo y realizar pausa por cinco minutos por cada hora de trabajo. Dijo que el 2 de julio del 2013 recibió citación a descargos por los hechos ocurridos el 30 de mayo del mismo año, los cuales la empleadora no precisó; que a pesar de mencionarle que podía ejercer su derecho de defensa y

contradicción, no le puntualizó las pruebas que tenían en su contra, por lo que se le vulneró esa prerrogativa constitucional. Indicó que el 3 de julio se realizó la respectiva audiencia por parte de la asesora jurídica Zulma Astrid Guarín Jaime; que el día 30 de ese mes, «fue dado de alta por ortopedia y remitido a medicina laboral, manifestando el médico tratante que presenta[ba] secuelas por accidente como […] dolor constante en la rodilla izquierda»; que al día siguiente, se le notificó la carta de despido por parte de su empleadora, aduciendo como justa causa haber incurrido en la conducta del ordinal 5° del artículo 62 del CST; que la sociedad tenía conocimiento de su tratamiento médico y que estaba en proceso de calificación de PCL. Expresó que el 6 de agosto se realizó su examen de egreso; que la ARL lo calificó con 5.76 % de pérdida de capacidad laboral; que luego de que interpusiera los recursos de ley, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de

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Radicación n.° 92410 Santander le determinó un 8.20 %, con fecha de estructuración el 20 de noviembre de 2013, sin que se hubiese resuelto la apelación ante la Junta Nacional; que la empresa no solicitó permiso al Ministerio del Trabajo para despedirlo. Refirió que el 12 de septiembre del 2013 fue valorado por psicología, posteriormente por psiquiatría y luego por medicina laboral, determinándose que su afectación de salud derivó del accidente laboral; que el 22 de abril y 12 de mayo

del 2015 fue nuevamente examinado y diagnosticado con «ruptura del cuerno anterior del menisco medial con ligera retracción y posicionamiento externo del tejido meniscal residual con líquido y cambios degenerativos del menisco lateral»; que el día 26 siguiente se le autorizó cirugía de «sinovectomía y remodelación meniscal por artroscopia de rodilla izquierda». Agregó que su despido carece de eficacia, en razón a su estado de salud y porque la demandada tenía conocimiento de su situación de vulnerabilidad; que, por tanto, trasgredió sus derechos, al no contar con permiso de la autoridad administrativa del trabajo para terminar su vínculo contractual (archivos: «Primera Instancia_ Cuaderno Principal_ Expediente Primera Instancia_2022105338559» y «Primera Instancia_ Cuaderno Principal_ Expediente Primera Instancia_2022105704396» expediente digital). A pesar de que mediante auto del 28 de marzo de 2017, el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja,

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Radicación n.° 92410 tuvo por no contestada la demanda, en razón a su extemporaneidad (archivo: «Primera Instancia_ Cuaderno Principal_ Expediente Primera Instancia_2022110039411», ibidem), a través de providencia 23 de marzo de 2018, admitió la réplica a la reforma a la primera pieza, en la cual la demandada: i) Se opuso a las pretensiones, con excepción de la declaración del contrato de trabajo. ii) Admitió los hechos referentes a la existencia de la

relación contractual, sus extremos, el accidente de trabajo, las anotaciones clínicas derivadas de ese suceso en vigencia del vínculo; las incapacidades, recomendaciones médicas y la reubicación del trabajador, las cuales fueron debidamente atendidas por la empresa; la citación a descargos y el despido con justa causa. iii) Negó haber vulnerado el derecho de defensa del empleado, pues lo citó oportunamente a descargos, tras haber sustraído, en favor propio, parte de un combustible destinado al tanqueo de gasolina de uso laboral; realizó la audiencia respectiva y luego de constatar el hecho, tomó la decisión de terminar el vínculo con justa causa, por lo que no requería autorización del Ministerio del Trabajo. Dijo que era falso que al momento del despido el actor contara con estabilidad laboral reforzada, ya que estaba en proceso de rehabilitación, pero había sido dado de alta, no contaba con incapacidad médica y las limitaciones o

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Radicación n.° 92410 restricciones médicas habían cesado desde el 26 de julio de 2013, conforme lo certificó la ARL. iv) Señaló que los demás hechos no le constaban. v) Se abstuvo de proponer excepciones de fondo (archivo: «Primera Instancia_ Cuaderno Principal_ Expediente Primera Instancia_2022105906666» ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintinueve Laboral el Circuito de Bogotá, en fallo del 21 de mayo de 2018, decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre LEONEL CARDONA PÉREZ y

ANDAMIOS ANDERSON COLOMBIA S.A.S existió un contrato laboral a término indefinido desde el día dieciséis (16) de noviembre de dos mil doce (2012) hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia del despido de LEONEL CARDONA PÉREZ ocurrido el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013) y, en consecuencia, ORDENAR el REINTEGRO laboral del demandante a partir del primero (01) de agosto de dos mil trece (2013), sin solución de continuidad, cancelándole al actor los salarios, prestaciones correspondientes y los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, desde la fecha del despido cuya ineficacia se declara hasta la del efectivo reintegro. Debiendo también la empleadora observar las recomendaciones médico laborales a las que se encuentre sujeto el actor para la adecuada reubicación en su nuevo cargo o al mismo cargo al que acceda.

TERCERO: CONDENAR a ANDAMIOS ANDERSON COLOMBIA S.A.S al pago de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (18'973.895) suma que ya fue indexada, por concepto de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en favor del demandante, sin perjuicio a que este valor se siga indexando hasta cuando se produzca efectivamente el pago de ésta, conforme lo expuesto en la parte motiva.

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CUARTO: CONDENAR en costas a ANDAMIOS ANDERSON COLOMBIA SAS […] (acta de f.° 518 a 519, en relación con el CD de f.° 517, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 16 de febrero de 2021, al resolver la apelación de la demandada, revocó la primera e impuso costas.

Afirmó que determinaría si el trabajador al momento del despido gozaba de estabilidad laboral reforzada y era procedente el reintegro o, en subsidio, la indemnización por despido injusto. Expuso que, conforme a las sentencias CSJ SL13602018, CSJ SL5717-2019, CSJ SL208-2019, CSJ SL742-2020 y CSJ SL848-2020, el fuero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no prohíbe el despido de un trabajador en estado de discapacidad, sino que sanciona esa decisión cuando esté precedida de un criterio discriminatorio; que, por ende, la invocación de «una justa causa o legal» excluye que la ruptura tenga asidero en aquella condición, por lo que en tales eventos no es necesario solicitar permiso de la autoridad administrativa del trabajo. Dijo que quien pretendiera ser «resguardado» por la presunción de discriminación, debía demostrar su discapacidad, caso en el cual correspondía al empleador acreditar la justa causa, so pena de que el despido se

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reputara ineficaz, con las consecuencias salariales, prestacionales y de seguridad social que aparejaba, aunado al pago de 180 días de salario a título indemnizatorio Indicó que, conforme a la sentencia CC C531-2000, la autorización del Ministerio tiene por finalidad determinar si la limitación del subordinado era incompatible e insuperable para la prestación del servicio, para lo cual debía verificar «que el empleador [hubiese] hecho todos los ajustes razonables orientados a preservar en el empleo», lo que, conforme al artículo 8° de la Ley 779 de 2002, implicaba garantizar la «rehabilitación funcional y profesional, la readaptación [al] puesto de trabajo, […] reubicación y los cambios organizacionales y/o movimientos de personal necesarios», para cumplir con ese objetivo. Señaló que, por tanto, debía verificar si el accionante acreditó su «discapacidad» y si ésta afectaba de manera sustancial sus labores, así como el conocimiento de la empleadora. Aseveró que, respecto de lo último, no existía controversia entre las partes, pues la sociedad demandada admitió conocer los diagnósticos del trabajador a la fecha de su despido, ocurrido el 31 de julio de 2013; que, teniendo en cuenta esa calenda, las normas que regulaba el primer supuesto del fuero controvertido, eran el artículo 2° del Decreto 2177 de 1989, las Leyes 1145 de 2007, 1346 de 2009, 361 de 1997, 1618 de 2013, artículos 2° y 4°, más el 7° del Decreto 1352 de 2013.

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Radicación n.° 92410 Recordó que para estar inmerso en la categoría de protección, el demandante debía probar: i) una afectación sustancial en la salud que impidiera o dificultara el desempeño de sus funciones en condiciones regulares; ii) que fuera «debidamente diagnosticada, y no propiamente calificada», «a fin de establecer si exist[ía] relación de correspondencia entre la enfermedad padecida y el desarrollo en condiciones regulares de la actividad ejecutada»; iii) que fuera de mediano o largo plazo, es decir, que no tuviese la categoría de transitoria u ocasional o pasajera y, iv) que el empleador la conociera, so pena de su inoponibilidad. Razonó que los primeros supuestos no se demostraron, pues el demandante sufrió un accidente de trabajo el 18 de septiembre de 2012 (f.° 53, ibidem) y en virtud de ello: i) se le diagnosticó «tendinopatía interna rodilla, trauma rodilla, ligamentopatia rodilla» (f.° 49, ib); ii) el día 30 siguiente se le recomendó «reubicación hasta determinar la lesión (f.° 55)»; iii) el 4 de octubre se le realizó resonancia magnética nuclear en la que se concluyó que presentaba «RUPTURA POR

DESGARRO GRADO III DEL CUERPO Y CUERNO POSTERIOR

DEL MENISCO MEDIAL; DERRAME ARTICULAR, DISTENCIÓN CON CAMCIÓN INFLAMATORIOS DEL COMPLEJO LIGAMENTARIO COLATERAL TIBIAL» (f.° 57, ibidem);

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Radicación n.° 92410 iv) se expidieron incapacidades y se ordenaron terapias (f.° 56 a 68, ib); v) el 13 de noviembre de 2012 se le realizó cirugía de «REMODELACIÓN DE MENISCO ROTO – SINOVECTOMIA ARTROSCOPICA” (f.° 71) e incapacitó 30 días, esto es, desde el 9 de diciembre hasta el 7 de enero de 2013». vi) el 2 de enero de 2013, se ordenó como parte de su tratamiento […] 1reincorporación laboral al terminar la incapacidad con indicaciones por tres meses. 2indicaciones evitar trabajar en altura, evitar trabajar arrodillado y en cuclillas por 3 meses. 3el proceso de recuperación funcional total de la rodilla comprometida en este caso la izquierda dura de 6 a 8 meses, la recuperación de la potencia muscular del cuádriceps dura de 12 a 18 meses. 4cita de control en 3 meses (fl. 73). vii) el 11 de abril de 2013, se dispuso con la misma finalidad que: […] 1paciente que debe continuar laborando con indicaciones por 3 meses. 2 – indicaciones evitar levantar objeto de más de 5 kg de peso. Evitar estar parado por largos periodos de tiempo / mayor a 40 minutos/ debe realizar pausa cada hora por 5 minutos, evitar subir y bajar escaleras frecuentemente. 3aines. 4cita en 3 meses (fl 80). viii) el 12 de junio de 2013, en consulta se recomendó

la continuidad con el tratamiento analgésico y el manejo ordenado por ortopedia, así como control médico de acuerdo a evolución, higiene postural y evitar bipedestación prologada, lo que también se ordenó el 18 de julio de 2013. ix) el 30 de julio de 2013 se le anotó que la «flexión de la

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Radicación n.° 92410 rodilla izquierda de 0 a 120 grados, no NX meniscales, no colección articular, dolor a la flexión mayor en la rodilla izquierda, razón por lo cual se le da alta por ortopedia, valoración por md laboral para PCL y como secuela dolor en la rodilla izquierda (fl. 90)» Sin embargo, tales hechos no daban cuenta de que al momento del despido contara con «un estado afectación sustancial relevante que le impidiera llevar a cabo las funciones laborales para las que había sido contratado», a pesar de que se había iniciado su proceso de calificación. Lo anterior, porque en la Consulta del 16 de agosto de 2013, se dejó constancia de que el «paciente […] terminó etapa de rehabilitación y manejo con adecuada funcionalidad funcional y ocupacional», por lo que podía «reintegrase a su labor», con la precisión de que debía «evitar la práctica de deportes de contacto como básquet, futbol y voleibol, […] bajar de peso por lo menos 10 kilos» (f.° 91, ib). Además, por cuanto en la certificación expedida por la ARL Liberty, se señaló que la emisión de restricciones laborales era por el término de 150 días, por lo que para el

«26/07/2013» habían cesado. Aseveró que, por tanto, el trabajador no tenía una condición de discapacidad o afectación funcional para laborar, pese a que continuaba con síntomas de dolor, el cual era insuficiente para establecer el supuesto de protección; que, en consecuencia, no procedía la ineficacia del despido

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Radicación n.° 92410 declarada por la primera juez. Agregó, en relación con el reclamo subsidiario, que según la sentencia CSJ SL, 11 oct. 1973, sin radicación, correspondía al trabajador demostrar el despido y al empleador la justa causa; que conforme al artículo 62 del CST, subrogado por el 7° del Decreto 2351 de 1995, en armonía con las sentencias CSJ SL, 24 may. 1960, sin radicación y CSJ SL, 25 oct. 1994, rad.6847, quien terminara el contrato de trabajo tenía la carga de manifestar el motivo, sin que pudiera aducir nuevos hechos con posterioridad a su ocurrencia; que, además, no era un presupuesto inexorable de la legalidad de ese acto patronal, la indicación de normas legales, convencionales o reglamentarias en que se subsumiera la causal invocada. Sostuvo que la carta de despido no requería de formalismos ni trámites previos, a menos que existiera norma contractual que así lo acordara; que ello no era óbice para que se tuviese que garantizar al trabajador el derecho de defensa, pues debía ser enterado de los hechos y permitida su controversia, lo que no se traducía en un procedimiento

reglado, según se indicó en la sentencia CSJ SL, 8 jul. 2020, rad. 53676. Argumentó que en el caso se probó que el despido cumplió con tales exigencias, pues la misiva de folio 272, ib, señaló de manera concreta los hechos en que soportó esa decisión y se acreditó la causal invocada; además,

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Radicación n.° 92410 i) Contrario a lo señalado por la primera juez, la demandada no tenía que seguir un «proceso reglado», porque su decisión no era una «sanción disciplinaria», razón por la cual lo que se debía verificar era si el trabajador había sido enterado de los hechos enrostrados, lo que ocurrió según la «diligencia de descargos» (f.° 271, ibidem), en la que […] se le cuestionó sobre los valores que se habían entregado para introducirlos en la pimpina y si el mismo se había echado en su totalidad allí, frente a lo cual se obtuvieron las diferentes respuestas de Cardona Pérez, referentes a que había sido un billete de $50.000 y que ese mismo valor había sido introducido dentro de la pimpina, por ende el trabajador tenía conocimiento de la falta que se le enrostraba y contó con la oportunidad de ejercer su defensa frente a los hechos que después devinieron en su despido. ii) se comprobó el motivo endilgado, pues […] basta[ba] con ver el video allegado por la demandada para corroborar que […] al momento de irse a llenar la pimpina con el líquido combustible, previamente se abastece el vehículo del demandante, quien observa tal situación y si bien saca su

billetera para lo que, según él es un intento de pagar la gasolina dispensada a su motocicleta, no materializa tal hecho, siendo cómplice del actuar de sus compañero, a quien, según las pruebas recaudadas se le encargó la misión de depositar los $50.000 en el recipiente destinado para tal fin y quien no lo hizo, sin que pueda decirse que el hecho fue solo orquestado y consumado por este último. Lo anterior, porque el accionante «estuvo presente en el lugar de los hechos y vio la suma que se le suministró a la moto y a la pimpina»; que, «a pesar de ello, mintió en la diligencia de descargos, […] tal y como lo corrobora la administradora de la estación de servicios los amarillos (f.° 291) a los dos funcionarios de Andamios Anderson se les suministraron $45.000 en una pimpina y $5000 en la motocicleta de placas ZQX 98 C».

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Radicación n.° 92410 iii) la conducta señalada revestía la gravedad necesaria para extinguir el vínculo, pues «el trabajador, cohonestando y actuando en complicidad con uno de sus compañeros, burló la confianza depositada por el empleador», ya que fue testigo de que no se cargó «en una pimpina la cantidad de combustible que el empleador había ordenado»; además, evidenció que la gasolina fue puesta en el tanque de su motocicleta y mintió en la diligencia de descargos sobre el valor depositado en la pimpina de la empresa. Denotó que la confianza y la honestidad de los

subordinados respecto de su empleador, son baluartes esenciales entre las relaciones obrero patronales, las cuales fueron trasgredidas por el demandante, por lo que su actuación se subsumía en el numeral 5° del artículo 62 del CST, según el cual era causa justa de despido «todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones» (archivo «Segunda Instancia_ Apelación Sentencia_ Expediente Segunda Instancia _2022111306384», expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pide a la Sala case la segunda sentencia y, en sede de

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Radicación n.° 92410 instancia, confirme la primera (demanda de casación, archivo: «Recursos Extraordinarios_Casación_Demanda de Casacin_2022112539229»). Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados y se decidirán conjuntamente, pues tienen similar finalidad y comparten argumentos demostrativos.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el Tribunal violó por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 11, 13, 21, 23, 29, 54 y 55 de la CP; 62 numeral 5° del CST; 61 del CPTSS y el 228 Superior.

Expone que el colegiado incurrió en error, al considerar que existió justa causa para la terminación de su contrato de

trabajo, en tanto […] dio por probado sin estarlo, que […] fue cómplice del supuesto punible, pese a estar probado con el testimonio del señor Leonard González que […] nunca recibió dinero para comprar combustible, que […] solo recibió la orden para acompañar al [citado] […] a buscar el combustible. Refiere que la equivocación del juez de alzada derivó de su calificación de cómplice de un hurto, pese a no existir prueba de ello, en razón a que «en el video de la estación de servicio no se evidencia el pago de dinero por [su] parte […] pues bien, el señor Leonard en el interrogatorio manifestó que los cincuenta mil pesos fueron entregados a él directamente y no al señor Leonel Cardona».

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Radicación n.° 92410 Afirma que se apreció con error la prueba testimonial y el «interrogatorio» llevado a cabo en audiencia, los cuales daban cuenta de la inexistencia de la complicidad endilgada; que no hay medio de convicción que lo acredite, ni sentencia judicial que así lo determine; que, por el contrario, el «señor Leonard González» aseguró que «él era el responsable de la conducta desplegada (compra de combustible) y que fue a él a quien se le dio la orden y el dinero para la compra del combustible […], por lo que nunca existió la presunta justa causa y mucho menos una presunta complicidad». Sostiene que «si bien en el video se observa que se ingresó combustible tanto en la pimpina [,] la suma de 50 mil pesos, como en la motocicleta [,] la suma de 5 mil pesos, esto

se dio a raíz de un acuerdo que tenía […] [con] el señor Leonard González por motivos de transporte». Insiste en que los medios de convicción se apreciaron con deficiencia, toda vez que al testigo no se le iniciaron descargos ni se le despidió, pues siguió laborando para la demandada, lo que evidencia que el suyo fue sin justa causa y por motivos discriminatorios, ya que no se garantizó igualdad de acciones frente a una misma conducta entre las personas que aparecían en el medio audiovisual. Agrega que «la prueba aportada carece de valor probatorio frente a la persona jurídica que lo emite, el mismo se aportó sin el respectivo certificado de existencia y representación legal de la empresa y copia del representante

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Radicación n.° 92410 legal quien firma» (archivo, ibidem).

VII. CARGO SEGUNDO Increpa la violación indirecta de la ley, por aplicación indebida de los artículos 11, 13, 21, 23, 53, 54 y 55 de la CP; 61 del CPTSS; 228 Superior; 26 de la Ley 361 de 1997; 1°, 2°

(numerales 1°, 6° y 7°); 3° y 10° de la Ley 1618 de 2013. Plantea que el juez de segunda instancia valoró con error las pruebas documentales, referentes a su historia clínica, la cual acredita que tenía una condición de discapacidad al momento de su despido, pues contaba con concepto médico desfavorable de rehabilitación, en razón a que padecía una enfermedad degenerativa.

Expresa que lo último consta a folio 79 del expediente físico, en el cual se dice que fue emitido por el médico Francisco Javier Sánchez Parra a ortopedia para valoración; que obraban órdenes de la ARL de reubicación laboral y restricciones que no se cumplieron por la empresa, conforme «quedo probado en los documentos que se anexo en el expediente de la demanda – CD con videos – en donde se evidencia que […] era obligado a trabajar pese a la restricción médica». Arguye que la omisión de la empleadora, implicó que se le realizara una resonancia magnética de rodilla el 22 de abril de 2015, según consta a folios 94 y 95 del expediente físico de la subsanación, la cual acredita que padeció una

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Radicación n.° 92410

«RUPTURA DEL CUERNO ANTERIOR DEL MENISCO MEDIAL,

CON LIGERA ALTERACIÓN Y POSICIONAMIENTO EXTERNO

DEL TEJIDO MENISCAL RESIDUAL CON LIQUIDO A ESTE

NIVEL».

Aduce que, por tanto, el Tribunal se equivocó en la apreciación de su historia clínica, en razón a que la enfermedad que padece «es degenerativa y de conformidad al cargo que ocupaba y sus restricciones médicas – andamieroera imposible que […] pudiera ejercer su trabajo de manera normal»; que […] también erró […] al interpretar […] el concepto médico de fecha 12 de mayo del 2015 a folio 96 y 97 del expediente físico de la subsanación, emitido por el médico PEDRO ANTONIO GONZALEZ CAMACHO, en donde concluyó, “cualquier

procedimiento artroscópico de rodilla izquierda tendrá resultados inciertos, no predecibles, puede quedar igual o empeorar. Alega que lo anterior demuestra su condición de debilidad manifiesta y su estabilidad laboral reforzada a la fecha de la extinción de su contrato de trabajo, pues para el 26 de mayo del 2015 se le autorizó una segunda cirugía de rodilla izquierda, por las secuelas degenerativas de la lesión presentada, lo que era conocido por el empleador, según lo informa en la contestación de la demanda; que, por ende, el colegiado pretermitió lo expuesto en la sentencia CC SU0492017. Sostiene que la citada corporación incurrió en «falta de apreciación de toda la historia clínica», pues en razón a su enfermedad degenerativa, «con posterioridad al despido sin justa causa, el médico Jaime Arenas de la Unidad Clínica la

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Radicación n.° 92410 Magdalena ordenó 20 sesiones de terapia física integral el […] 11 de diciembre del 2013». Asegura que lo anterior condujo a que se señalara con equivocación que «tenía una lesión, [que] no le impedía ejercer su labor de andamiero», lo que a su vez implicaba un error en la no acreditación del primer elemento de la garantía, pues […] se presentaron y probaron secuelas del accidente con posterioridad al despido sin justa causa como lo determinó el concepto de la EPS SALUCOOP de fecha 18 de diciembre del 2013, quedando probado que la enfermedad del accionante es degenerativa, con secuelas de origen laboral y que dicha patología

estaba diagnosticada y conocida por el empleador y que la misma le impedía ejercer sustancialmente las labores propias de andamiero. Añade que «[…] el Tribunal dio por probado sin estarlo, que para el momento del despido […] no se encontraba en estado de discapacidad», ya que el reporte clínico del 2 de enero del 2013 establecía «el tratamiento médico y el tiempo de recuperación y/o rehabilitación funcional y total de su lesión de rodilla, para lo cual se estableció un tiempo de 6 a 18 meses aproximadamente» y «el cuadro clínico del 7 de febrero del 2013 ordenó reubicación laboral». Asevera que no tuvo en cuenta el dictamen emitido tanto por la ARL Liberty, que informa acerca de la secuela de desgarro de meniscos, sus deficiencia y minusvalía con posterioridad al despido (folios 115 al 119 del expediente físico de la subsanación); que cometió la misma omisión en torno a las calificaciones de la Junta Regional y Nacional de Invalidez del 20 de noviembre de 2013 y 22 de octubre de 2014, pasando por alto «[…] el diagnostico que presentaba [...]

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Radicación n.° 92410 persistía aun con posterioridad a la fecha de despido sin justa causa el cual era DESGARRO DE MENISCOS PRESENTE». Arguye que también se omitieron las incapacidades generadas después de la misiva, pues «para el 23 de agosto del 2013 se le siguieron otorgando […] debido al desgarro de meniscos por accidente l