CSJ - SL744-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL744-2023 Radicación n.° 88642 Acta 10 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. y la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020) en el proceso que le instauró CARLOS HUMBERTO PÉREZ AGATÓN, así como a

INVERSIONES VARGAS OTELO SAS y a POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

I. ANTECEDENTES Carlos Humberto Pérez Agatón llamó a juicio a

Inversiones Vargas Otelo SAS, a la Administradora de

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Radicación n.° 88642 Riesgos Laborales Positiva Compañía de Seguros S. A. y a la Administradora de Fondo de Pensiones Protección S. A., con el fin de que se condenara a la primera de las mencionadas al reconocimiento y pago i) del valor de las incapacidades médicas de origen laboral, desde el 1.º de enero de 2013 hasta que se profiera sentencia; ii) de las cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, prima de vacaciones y de servicios; iii) de la indemnización moratoria de que trata el numeral 3,

del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y iv) de la indemnización por perdida de la capacidad laboral o en su defecto a la pensión de invalidez. Asimismo, en el evento de que no se acceda a cargo del del empleador la pensión de invalidez, se profiera condena según el caso, por esta prestación a la ARL convocada o al fondo privado demandado. Fundó sus peticiones, básicamente, en que nació el 28 de enero de 1985; que ingresó al servicio de Inversiones Vargas Otelo SAS mediante contrato de trabajo a término indefinido, el 1.º de junio de 2011, en el cargo de oficios varios; que fue afiliado a la EPS SaludCoop y al fondo de pensiones Protección S. A.; que el 28 de junio de 2011, sufrió un accidente de trabajo al estar manipulando unas canastillas plásticas llena de frutas, siendo empujado por un cliente de manera involuntaria, cayéndose al piso, y al enredarse la canastilla en la mano izquierda, le causó una lesión que lo dejó inválido; que al no estar afiliado a una ARL acudió el 6 de julio de esa anualidad a la Clínica del municipio de la Mesa, Cundinamarca, quien lo remitió a

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Radicación n.° 88642 ortopedia de la Clínica del Occidente de Bogotá, siendo sometido el 8 siguiente a una cirugía de ganglión - muñeca de la mano izquierda. Contó, que desde esa data ha sido incapacitado en forma ininterrumpida; que las primeras de ella, empleadora

las pago al 100 % hasta enero de 2013 y de ahí en adelante lo único que ha sufragado son los aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL); que en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional quien paga las prestaciones asistenciales y económicas, según el artículo 1º de la Ley 776 de 2002 son las ARL; que solo fue afiliado a la ARL el 29 de junio de 2011, es decir, después de que acaeció el suceso; que ante la omisión es el empleador a quien corresponde asumir las contingencias pertinentes; y que el accidente fue reportado el 30 de junio de 2011. Dijo, que a través del Dictamen n.º 144884 de 2011, la ARL Positiva calificó la fuente de la enfermedad de origen común, por lo que las prestaciones económicas estuvieron a cargo de la EPS y de ahí en adelante al fondo; que apeló esa decisión y la JRCI a través de la Experticia n.º 2985466 de 2011, determinó la enfermedad de origen laboral, siendo impugnada por la ARL y que la JNCI por la n.º 2985466 de 2012, estableció que la patología era de origen común, con el mismo argumento esgrimido inicialmente por la ARL; que la Compañía Aseguradora Seguros Bolívar, por Dictamen n.º 2013-2985466 de 2013, lo calificó con una PCL del 42.39 %, luego la JNCI por la n.º 56293 le fijó una PCL del 47.19 % y posteriormente, la JNCI a través del n.º 298546 le estableció

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Radicación n.° 88642 un PCL del 50.49 %, con fecha de estructuración 2 de noviembre de 2011. Arguyó, que el 21 de diciembre de 2012 solicitó al fondo privado convocado el reconocimiento de la pensión de invalidez y por Oficio del 5 de noviembre de 2013, la negó, por cuanto en los tres años anteriores al estado de invalidez solo contaba con 22 semanas cuando se exigen 50; que por lo anterior, no tendría derecho a la pensión de invalidez pero si a la indemnización por incapacidad permanente parcial; que como el dador del empleo informó que el accidente de trabajo ocurrió el 30 de junio de 2011 cuando este ocurrió el 28 de ese mes y año, la ARL se acogió a esa inconsistencia para determinar que la enfermedad era de origen común (f.º 85 a 97, del cuaderno del juzgado, del expediente digital). Positiva Compañía de Seguros S. A. se opuso a la condena que atañe al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y/o de la indemnización por incapacidad permanente parcial, sobre las demás declaraciones y pretensiones, refirió que no se pronunciaba en tanto no estaban dirigidas en contra de ella. En cuanto a los hechos, admitió, que el empleador afilió al demandante un día después de acaecido el accidente de trabajo; el contenido de lo que dicen las normas citadas en los hechos; la no cobertura de la contingencia por su afiliación tardía; la calificación del origen del accidente de común ante las inconsistencias entre la historia clínica y el

reporte por el empleador; la calificación de la PCL, la

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Radicación n.° 88642 negación de las prestaciones reclamadas y el reconocimiento de las contingencias a cargo del dador del empleo ante la falta de afiliación oportuna. Sobre los demás reseñó que no i) le constaban; ii) eran ciertos y iii) constituían hechos. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; enriquecimiento sin justa causa; falta de causa jurídica y la genérica o innominada (f.º 121 a 131, ib.) Protección S. A. se resistió a la pretensión sobre reconocimiento de la pensión de invalidez, toda vez que no contaba con la densidad de semanas requeridas y sobre las restantes refirió que no se pronunciaba frente a ellas, toda vez que se dirigían a un tercero ARL Positiva S. A. y a Inversiones Vargas Otelo SAS. Aceptó, la fecha de natalicio del demandante; la afiliación a esa entidad; el porcentaje de la PCL del actor y su estado de invalidez. Respecto a los demás adujo que i) no le constaba por cuanto eran ajenos a ella; y ii) no se trataban de hechos en tanto que se referían al contenido de las normas aplicables al asunto o se trataba de apreciaciones subjetivas. A su favor propuso las excepciones de mérito de incumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, buena fe por parte del fondo de pensiones y

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Radicación n.° 88642 cesantías Protección S. A., prescripción y la genérica (f.º 154 a 165, ib.). Por su parte, Inversiones Vargas Otelo SAS, se opuso a las declaraciones y condenas, excepto a la de la existencia de un nexo laboral, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1 de junio de 2011, el cual se encuentra vigente. Respecto a los hechos, asintió, la afiliación del trabajador a la EPS SaludCoop y al fondo Privado Protección

S. A., el contenido de las normativas referidas en los hechos; el pago de las incapacidades hasta el 15 de enero de 2013; la calificación de la enfermedad como de origen común, la apelación de este dictamen por el demandante y su revocatoria por parte de la JRCI.

Frente a las demás afirmaciones, señaló no ser ciertas o no constarle. Arguyó, que la fecha del accidente fue el 30 de junio de 2011 y no el 28 de ese mes y año, por cuanto el actor se encontraba disfrutando de un compensatorio, que las cesantías estaban depositadas en el fondo privado Protección

S. A., los intereses a las mismas y las primas de servicios fueron consignadas en la cuenta de nómina, y que no ha generado vacaciones por cuanto ha permanecido incapacitado desde el 30 de junio de 2011 y que la carga frente al pago de la pensión y/o incapacidad permanente parcial están a cargo de la ARL Positiva o de Protección S. A.

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Excepcionó como meritorias las de falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe de la empleadora; mala fe del trabajador; errónea interpretación y aplicación del cómputo de días por parte de la ARL Positiva Compañía de Seguros S. A. y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; exoneración de la empleadora en el pago de la pensión, por corresponderle a la ARL Positiva Compañía de Seguros S. A. o al fondo de pensiones, prescripción y la genérica (f.º 299 a 316, ib.). Por auto, del 10 de mayo de 2016, el juzgado de conocimiento, admitió el llamamiento en garantía que la AFP Protección S. A. le hizo a la Compañía de Seguros Bolívar S.

A. (f.º 21, del cuaderno n.º 2 del juzgado, del expediente digital), quien frente a las declaraciones y pretensiones dirigidas al empleador precisó que se estaría a las resultas del proceso y se opuso al reconocimiento de la prestación por invalidez.

Dijo, que eran ciertos la fecha de natalicio del accionante; la calificación de una PCL del 42.39 % que emitió respecto del promotor del juicio, así como las emitidas por las juntas; la negación de la suma adicional para la financiación de la pensión de invalidez por ausencia de la densidad de semanas de cotización requeridas y la condición de inválido del demandante. Frente a las demás afirmaciones indicó no constarle y/o no constituir un hecho.

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En cuanto al llamamiento, se opuso de las pretensiones aduciendo que la aseguradora previsional únicamente cancela la suma adicional para la financiación de las pensiones. Formuló como excepciones de fondo las de inexistencia de las obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido de la pensión de invalidez de origen común; inexistencia de las obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido de la pensión de invalidez de origen laboral, indebido llamamiento de garantía y buena fe (f.º 440 a 445, del cuaderno n.º 4 del juzgado, del expediente digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, Cundinamarca, mediante fallo del 7 de junio de 2019 (f.º 559 a 562, con relación al CD y acta del cuaderno n.º 4 del juzgado, expediente digital), dispuso: PRIMERO: Declarar que entre CARLOS HUMBERTO PÉREZ AGATÓN, como trabajador e INVERSIONES VARGAS OTELO SAS., existió un contrato de trabajo a término indefinido para el cargo de oficios varios entre el 1 de junio de 2011 y el 3 de agosto de 2015, que culmina por la pérdida de capacidad laboral del demandante.

SEGUNDO: Declarar que la demandada INVERSIONES VARGAS OTELO SAS. afilió al trabajador CARLOS HUMBERTO PÉREZ AGATÓN al sistema de riesgos profesionales a partir del 29 de junio del año 2011.

TERCERO: Declarar que el demandante CARLOS HUMBERTO PÉREZ AGATÓN, presenta una pérdida de capacidad laboral de

origen común del 50.49%, con fecha de estructuración noviembre 2 del año 2011.

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CUARTO: En consecuencia, absolver a la demandada ARL POSITIVA de las pretensiones formuladas en su contra por pensión de invalidez, por riesgo laboral y la pretensión subsidiaria de indemnización por incapacidad permanente parcial.

QUINTO: Declarar que el demandante CARLOS HUMBERTO PÉREZ AGATÓN acredita cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de 22,14 semanas dentro de los tres años anteriores al 2 de noviembre del año 2011.

SEXTO: Absolver a la demandada PROTECCIÓN S. A., fondo de pensiones y cesantías de las pretensiones sobre pensión de invalidez formuladas en su contra.

SÉPTIMO: Declarar no probado los fundamentos del llamamiento en garantía realizado a SEGUROS BOLÍVAR S.A., y ante la improsperidad de la pretensión contra PROTECCIÓN S.A.

OCTAVO: Absolver a la demandada INVERSIONES VARGAS OTELO SAS., de las pretensiones formuladas en su contra en relación con el pago de incapacidades médicas causadas con posterioridad al 1 de enero del año 2013.

NOVENO: [Condenar a] INVERSIONES VARGAS OTELO SAS. al reconocimiento y pago de las siguientes cantidades y por los siguientes conceptos: Cesantías entre el 1° de junio del año 2011 y el 3 de agosto del año 2015 por concepto de cesantías es la cantidad de $2'690.161.

Por intereses a las cesantías $322.819. Primas de servicios $2.690.161. Vacaciones o compensación de vacaciones $1.345.080.

DÉCIMO: Absolver a la demandada INVERSIONES VARGAS OTELO SAS. de la pretensión por sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que es con ocasión de esta sentencia que se esclarece el extremo inicial y final de la relación laboral y por lo tanto no se abre paso a la declaratoria de mora y mala fe en la misma.

UNDÉCIMO: Absolver a la demandada INVERSIONES VARGAS OTELO SAS. de las pretensiones sobre indemnización por la pérdida de capacidad laboral del trabajador y pensión de invalidez por riesgo laboral, así como por la subsidiaria de indemnización por incapacidad permanente parcial.

DUODÉCIMO: Condenar en costas de esta instancia a la parte demandante en el 50% de la tarifa que había de corresponderle, fijando como agencias en derecho la cantidad equivalente a

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Radicación n.° 88642 quinientos mil pesos ($500.000), costas que se ordena tasar oportunamente por la secretaría del Juzgado. Costas a favor de

INVERSIONES VARGAS OTELO SAS.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante decisión del 17 de febrero de 2020, (f.º 573 a 575, del

cuaderno principal), resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 7 de junio de 2019 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa Cundinamarca, dentro del proceso ordinario laboral de CARLOS

HUMBERTO PÉREZ AGATÓN contra la AFP PROTECCIÓN S. A.,

INVERSIONES VARGAS OTELO LTDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, en tanto absolvió a las demandadas de la pensión de invalidez, en su lugar, se condena a la AFP PROTECCIÓN S. A. al reconocimiento y pago de tal prestación económica a favor del aquí demandante, y mientras subsista el estado de invalidez, a partir del 24 de septiembre de 2013, en cuantía equivalente al salario mínimo legal vigente, junto con la mesada adicional, para un total de retroactivo pensional liquidado al 31 de enero de 2020, de $59.213.143, mesada pensional que seguirá causándose hacia el futuro, aclarándose que para el año 2020 asciende a la suma de $877.803; y que deberá aplicarse los descuentos por salud ordenados en la Ley 100 de 1993.

SEGUNDO: CONDENAR a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR

S. A. para que pague a la AFP Protección S. A., la suma adicional que se requiera para completar el capital necesario para financiar el monto de la pensión de invalidez del actor, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 100 de 1993.

TERCERO: REVOCAR la sentencia apelada en tanto condenó a

la demandada Inversiones Vargas Otelo SAS al pago de acreencias laborales, y en su lugar, se absuelve a tal demandada de las condenas impuestas por la a quo.

CUARTO: Sin costas en esta instancia. Las de primera se revocan y se imponen a cargo de la AFP Protección S. A. en favor del demandante.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen.

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Radicación n.° 88642 En lo que interesa al recurso de casación, el ad quem acorde con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, determinó que estudiaría única y exclusivamente los puntos de inconformidad planteados por los recurrentes, toda vez que la decisión tenía que estar en consonancia con tales materias sin que le sea permitido abordar temas distintos. En ese contexto, estableció como problemas jurídicos a definir, por la alzada de la parte actora i) el origen de la invalidez del accionante, es decir, si se trataba de una enfermedad común o en su defecto profesional; ii) la fecha, en que ocurrió el accidente de trabajo, de hallarse de que se trató de ese insuceso, esto es, si lo fue el 28 de junio 2011 o el 30 siguiente; iii) la responsabilidad de la empleadora Inversiones Vargas Otelo SAS, en el pago de la pensión de invalidez por riesgo laboral, por no haberlo afiliado a la ARL oportunamente o la indemnización por incapacidad permanente parcial que lo hubiese correspondido si hubiera estado afiliado al momento del infortunio y iv) a quien le

corresponde asumir el pago de la prestación en el caso de comprobarse de que la invalidez es de origen laboral, si a la ARL demandada o al dador del empleo. Refirió, que el tema de apelación de la accionada Inversiones Vargas Otelo SAS se circunscribía en establecer si pagó las creencias laborales a las cuales fue condenada por el a quo, tales como cesantías, intereses a las mismas y primas de servicio. Dijo, que:

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Radicación n.° 88642 […] se entra pues a estudiar lo relativo al origen de la invalidez reportada por el trabajador demandante pues aunque este en el recurso insiste en su naturaleza profesional no puede perderse de vista que en su intervención empieza hablando de que cuestiona la ausencia de condena al pago de la pensión de invalidez de acuerdo con la calificación que hizo la junta respectiva a lo que se suma que en la parte final de su intervención expresa que el objeto del proceso es que se determine si la enfermedad es de origen profesional o común sin que resulte relevante que la calificación se encuentra en firme, pues el actor no puede quedar sin derecho a la pensión; de otro lado debe tener en cuenta que el Juzgado consideró que la invalidez del trabajador era de origen común, de modo que es dable entender que se controvierte esta apreciación del juzgador, sin que el tribunal deba circunscribirse analizar exclusivamente si la enfermedad es profesional y se encuentra que no es así, dejar la cuestión hasta allí, pues debe analizarse en general su origen y decidir de fondo esta controversia. Encontró, que no existía duda que la JNCI estimó la

invalidez del trabajador como de origen común, apartándose del criterio de la JRCI que le había considerado como de origen profesional, la primera mediante Dictamen del 13 de junio de 2012 (f.º 332), en la que calificó los padecimientos del actor de traumatismo del tendón y músculo flexor del pulgar a nivel de antebrazo mano izquierda y ganglión como de origen común, pronunciamiento en virtud del recurso de apelación que interpuso la ARL contra el emitido por la JRCI, el 13 de octubre de 2011, que determinó su origen como profesional con fecha de estructuración 30 de junio de 2011. Indicó, que la JNCI sustentó la calificación del origen en que: […] llama la atención en los hallazgos quirúrgicos la presencia de adherencias en varios tendones y nervios, así como la presencia de un ganglión en una cirugía practicada tan solo ocho días después de un trauma diagnosticado como esguince, el

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Radicación n.° 88642 mecanismo de trauma no explica la ruptura tendinosa ni las adherencias encontradas y por supuesto el ganglión; adicionalmente, hay inconsistencia en la historia clínica frente a la fecha del trauma, en FURAT es el día 30 de junio de 2011 y por historia clínica de urgencias dos días antes. Refirió, que posteriormente la JNCI en experticia del 19 de septiembre de 2013, determinó una PCL del 50.49 % y reiteró el origen común de las lesiones, remitiéndose a la valoración anterior, afirmando que estaba en firme y debía

ser controvertida ante la jurisdicción laboral (f.º 401 a 417). Arguyó, además que la JRCI en la suya solo estableció que era laboral sin dar argumentos al respecto (f.º 25 a 28), y luego en otro Dictamen del 30 de mayo de 2013 (f.º 356 a 359 y 421 a 426), estableció una PCL del 47.19% y catalogó el origen como común sin mayores consideraciones. Adujo, que la ARL Positiva S. A. también realizó otro el 4 de agosto de 2011, en el que consideró algunas dolencias como profesionales y otras como comunes (f.º 132 a 134); por su parte, Seguros Bolívar S. A. efectuó una calificación en la que fijó una PCL del 42.39 % de origen común y fecha de estructuración el 2 de noviembre de 2011 (f.º 362, 369 a 370 y 427 a 434 del cuaderno principal n.º 2). Puntualizó, que las calificaciones de las juntas de respectivas no son definitivas e inmutables ni siquiera las emitidas por la JNCI, por cuanto el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013, prevé que las controversias que se generen al respecto serán dirimidas por la jurisdicción laboral, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente, la cual estará representada en el proceso

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Radicación n.° 88642 por el director administrativo y financiero y recordó lo dicho por la jurisprudencia laboral sobre el tema y citó a modo de ejemplo la sentencia CSJ SL, 19 feb. 2002, rad. 17429.

Anotó, que conforme al nombrado decreto, debía citarse a la junta que profirió el dictamen objetado y ser rebatido expresamente en la demanda o pedirse su nulidad, como bien lo determinó el juez singular, aspectos que no se cumplieron de manera estricta en este caso, pero en atención al carácter fundamental e irrenunciable de la seguridad social y en razón a que las juntas no tienen la obligación de pagar las prestaciones correspondientes al SSS esas exigencias procesales podrían ser dispensadas, en tanto que las entidades que deben asumir eventualmente los derechos pensionales comparecieron al proceso y agregó que en todo caso al estimar el actor que el origen de su invalidez es profesional, implícitamente estaba objetando la calificación de origen común que profirió la JNCI. Dijo, que en virtud de este cuestionamiento, le correspondía determinar si la referida calificación emitida por esa entidad debía ser reconsiderada y entrar a catalogar tal invalidez como profesional, sin embargo señaló que la respuesta a tal planteamiento era negativa, habida consideración de que i) en dicho dictamen se explicaron las razones por las cuales se arribó a esa conclusión y ii) que según la lectura que se hacía del mismo no existía un nexo de causalidad entre las lesiones halladas y el accidente sufrido por el actor.

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Radicación n.° 88642 Reiteró, que esto último pues nada distinto se desprendía, cuando dicha entidad adujo, que no resulta explicable: […] la presencia de adherencias en varios tendones y nervios, así como la presencia de un ganglión en una cirugía practicada tan

solo ocho días de un trauma diagnosticado como esguince, el mecanismo del trauma no explica la ruptura tendinosa ni las adherencias encontradas y por supuesto el ganglión, sin contar de otro lado las inconsistencias en la historia clínica frente a la fecha del trauma, pues el FURAT es de 30 de junio de 2011 y por historia clínica de urgencias dos días ante. Advirtió, que dichas conclusiones médicas no fueron discutidas por ninguno de las experticias allegadas y no contaba con elementos científicos para controvertirlos. Añadió, que si bien la JRCI de Bogotá hizo una primera calificación de las lesiones como de origen profesional no explicó las razones por las cuales llegó a esa conclusión (f.º 25 a 28) ni tampoco lo hizo en pronunciamientos posteriores, en tanto así se logra evidenciar del contenido del dictamen de la JNCI (f.º 31). Aludió, que los otros estudios médicos obrantes en el expediente, concluyeron que el origen de las lesiones es de origen común, pues solo el dictamen de Positiva S. A. (f.º 132 a 134), calificó como comunes la lesión extensor pulgar izquierdo, el traumatismo del tendón y músculo flexor del pulgar a nivel del antebrazo y el ganglión y como profesionales los traumatismos del tendón y músculo extensor del pulgar a nivel de la muñeca y de la mano múltiples tendones y músculos extensores y de los otros tendones y músculos extensores, pero sin explicar las

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razones de dichas calificaciones ni la incidencia de cada una en la final. Expresó, que no podía dejarse a un lado las observaciones de las diferentes autoridades sobre las inconsistencias en la información del accidente, las cuales se hallaban fundadas porque ciertamente en la historia clínica de urgencia (f.º 10), el relato de la consulta de 30 de junio se consignó textualmente y se entiende que fue lo que dijo el demandante al momento de comparecer a la entidad de salud, cuando refirió, que: «ME LASTIMÉ LA MANO. CUADRO

DE DOS DÍAS CUANDO AL ESTAR EN SU TRABAJO Y

LEVANTAR UN OBJETO PESADO “CANASTILLA” PRESENTA

DOLOR INTENSO EN MANO IZQUIERDA CON LIMITACIÓN

FUNCIONAL Y EDEMA».

Apuntó, que dicho relato lo reiteró en la Consulta del 8 de julio de 2011 (f.º 16), en la que se plasmó «LEVANTE UNA CANASTA Y NO PUDE MOVER EL DEDO GORDO DE LA MANO IZQUIERDA», enunciados que aparecen allí, por la narración efectuada por el trabajador mientras que en el informe FURAT (f.º 21), elaborado por el propio actor como lo aceptó en su interrogatorio de parte dice «el empleado se encontraba manipulando una canastilla de mango y en el momento me empujan y se me dobló la mano izquierda quedando lesionada». Manifestó, que era creíble lo expuesto en la historia clínica en cuanto a que el dolor apareció al levantar una canasta sin que en esas oportunidades se haya hablado de

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Radicación n.° 88642 caídas o empujones por un cliente de ahí; que en el informe de Positiva S. A. de 8 de julio de 2011 (f.º 23), se consideró que: […] la fecha de reporte del presunto accidente y la fecha de inicio de los síntomas no coinciden concluyendo que el cuadro clínico que presenta el trabajador inició en una fecha diferente a la reportada ante esta ARP, es decir 2 días previo a la ocurrencia del mismo no cumpliendo así con la definición vigente de accidente de trabajo ya que no guarda los preceptos de causa u ocasión definidos en la norma debido a la preexistencia comprobada y por ende evidente de la lesión presentada por el trabajador la cual no es atribuible al evento reportado a esta aseguradora. Determinó, que ante la inexistencia de argumentos y razones médicas y científicas que pongan en entredicho la calificación de la JNCI no queda otro camino que apoyarse en esta para efectos de la calificación del origen de las lesiones del demandante y por ende se confirmaría la decisión del a quo, en cuanto concluyó que los padecimientos del actor no eran de origen profesional sino común, por lo que consideró innecesario abordar el estudio de los demás planteamientos que guardaban estrecha relación con aquella declaración de ser «profesional». Evocó, que como se había i) calificado al actor con una PCL superior al 50 % y ii) convocado al proceso a la AFP Protección S. A. resulta pertinente en atención a que lo perseguido en el recurso era que se quedara sin pensión, verificar si dicha prestación se causó, toda vez que el juez

unipersonal absolvió de la misma al considerar que el afiliado no cumplió con la densidad de cotizaciones exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1.º de la Ley 860 de 2003, puesto que, de una parte, en los

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Radicación n.° 88642 tres años anteriores a la estructuración de la invalidez con contaba con 50 semanas sino con 22 y de otra parte para la data del accidente no era menor de 20 años ni había cotizado 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al hecho causante. Asentó, que en este asunto no se discutía que esa era la norma aplicable ni tampoco que la JNCI estableció como fecha de estructuración de la invalidez, el 2 de noviembre de 2011, ni que para esas calenda el actor no reunía el número de semanas, ya que las cuestiones que debían abordar era i) el alcance del parágrafo de la citada norma frente a la población joven en atención a su exequibilidad condicionada y ii) la trascendencia de dicha disposición que, en eventos como el presente persistieron las cotizaciones al sistema de seguridad social en razón al mantenimiento de la relación laboral dada la protección laboral reforzada derivada del estado de debilidad manifiesta del trabajador. En ese escenario, refirió que contrario a lo expuesto por el a quo, el actor sí era beneficiario de la pensión de invalidez por riesgo común en los términos del parágrafo 1.º, del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Arguyo, que dicho

parágrafo contemplaba como hipótesis especial para acceder a la pensión de invalidez que, los afiliados menores de 20 años hubiesen cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o de su declaratoria.

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Radicación n.° 88642 Explicó, que el requisito de la edad fue ampliado en la sentencia CC C-020-2015, al establecer que debía aplicarse a toda la población que tenga hasta 26 años inclusive y que en ese sentido declaró condicionalmente exequible el parágrafo del citado artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Aclaró, que si bien tal pronunciamiento se produjo con posterioridad a los hechos discutido en este asunto, lo cierto era que la jurisprudencia constitucional, desde la sentencia CC T-77-2009, había inaplicado el límite de 20 años, considerado que la regla debe comprender a la población joven hasta los 26 años de edad inclusive, criterio que fue reiterado en las sentencias CC T-839-2010, CC T-9342011, CC T-506-2012 y CC T-580-2014 entre muchas otras referidas en la sentencia de constitucionalidad en mención. Examinó, el caso desde esa hipótesis, y adujo que el demandante para la fecha de estructuración de la PCL, esto es, el 2 de noviembre de 2011 contaba con 26 años de edad, ya que su natalicio ocurrió el 28 de enero de 1985 (f.º 5), por lo que estaba inmerso en el concepto de población joven de

acuerdo a las consideraciones de la Corte Constitucional contenidas en la citada sentencia, por lo