CSJ - SL746-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL746-2023 Radicación n.° 94420 Acta 10 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por EMILIO JOSÉ BENÍTEZ PÉREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le inició a la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP, a FIDUAGRARIA S. A. y a FIDUPOPULAR S. A., como integrantes del CONSORCIO REMANENTES TELECOM, quienes actúan en su condición de voceras y administradoras del PATRIMONIO AUTÓNOMO

DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN

LIQUIDACIÓNPAR TELECOM.

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Radicación n.° 94420

I. ANTECEDENTES Emilio José Benítez Pérez llamó a juicio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP y a Fiduagraria S. A. y a Fidupopular S. A., como integrantes del Consorcio Remanentes Telecom, quienes actúan en su condición de voceras y administradoras del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en LiquidaciónPAR Telecom, para declarar que existió un contrato de trabajo con la entidad liquidada, desde el 1° de

octubre de 1982 al 25 de julio de 2003, para un total de 20 años, 9 meses y 10 días. Como consecuencia de lo anterior, suplicó por el pago de la pensión convencional, con el 75 % del promedio de todo lo devengado durante el último año de servicios, a partir del 18 de enero de 2016, por así disponerlo el marco normativo incorporado a la Convención Colectiva 2000-2001, estableciendo, que la adenda al artículo 2° del Acuerdo Extralegal 1996-1997, fue derogada tácitamente. También requirió el pago de la prima de retiro (f.° 3 a 31 del cuaderno 1). Fundamentó sus peticiones, afirmando que nació el 18 de enero de 1961; que fue trabajador oficial; que con el Decreto 2123 de 1992, se cambió la naturaleza de Telecom, pero continuó vigente su régimen salarial, prestacional y asistencial, tanto que, el inciso 3 del artículo 7°, creó un

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Radicación n.° 94420 régimen de transición; que, por esa razón, continuaron vigentes todas las modalidades a las que remitía el Decreto 2201 de 1987. Narró, que el 8 de agosto de 1996 Telecom y su sindicato, suscribieron una Convención Colectiva con vigencia 1996-1997, pactando (clausula 2ª), la vigencia de normas existentes; que en el Convenio 2000-2001 (artículo 23), se pactó la realización de una compilación de convenciones vigentes, donde, además, se incorporó un

marco normativo, convertido en norma extralegal; que el Decreto 2123 de 1992, por razón a lo anterior, ostentó esa condición, sucediendo lo mismo con el Acuerdo JD-028 de 1993 y el JD-012 de 1992, que establecían que estaba vigente en materia pensional. Manifestó, que su ex empleador y su sindicato, firmaron una adenda al artículo 2° de la Convención 1996-1997, pero aclaró, que aquella, no tenía la condición de esta última y tampoco se incorporó a la compilación. Sostuvo, que la prima de retiro era compatible con la prestación de jubilación y la indemnización por despido. Fiduagraria S. A. y Fidupopular S. A., se resistieron a la prosperidad de las pretensiones. Aceptaron la vinculación que el demandante tuvo con la extinta Telecom e indicaron, que los demás supuestos de hecho, no les constaban.

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Radicación n.° 94420 En su defensa, formularon las excepciones de inexistencia del derecho, imposibilidad jurídica para proferir sentencia de fondo contra el consorcio de remanentes de Telecom, prohibición legal para que un fiduciario responda con recursos propios por las obligaciones a cargo de los Fideicomisos que administra o de los fideicomitentes respectivos, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (f.° 662 a 679 del cuaderno 2). La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, también se opuso al éxito de los reclamos del

accionante, e informó que nada sabía sobre los asuntos relacionados con las convenciones colectivas. Presentó las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción (f.° 836 a 846 ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 19 de marzo de 2019 (f.° 877 del cuaderno 2), declaró que entre el actor y la empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, existió una relación laboral entre el 1° de octubre de 1982 al 25 de julio de 2003. Absolvió de las pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 94420 Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia del 30 de julio de 2021, confirmó la del juzgado (f.° 894 a 899 del cuaderno 2). En lo que interesa al recurso extraordinario, se fijó, como problema jurídico a resolver, el siguiente: ¿Puede inaplicarse la adenda del artículo 2° de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997 para reconocer al señor […] la pensión de jubilación prevista en el artículo 57 de Acuerdo JD 055 del 1° de julio de 1993 y en el artículo 325 del Acuerdo JD 0012 de 1992? Como premisas normativas, se atuvo a los artículos 467, 479 y 480 del CST, y citó la adenda al artículo 2° de la

Convención Colectiva de Trabajo 1996 – 1997, e hizo la misma acción con el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Luego, halló que el demandante nació el 18 de enero de 1961; que laboró para Telecom, desde el 1° de octubre de 1982 hasta el 25 de julio de 2003, contando, con 6 días de interrupción, para un total de 20 años, 9 meses y 25 días de servicio. Seguidamente, indicó, que a partir de la Ley 100 de 1993, todos los trabajadores debían pensionarse con las normas del sistema general de seguridad social integral, «a menos que hayan adquirido un derecho pensional legal o convencional antes de la fecha de entrada en vigencia de la

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Radicación n.° 94420 Ley 100 de 1993 o que sean beneficiarios del régimen de transición pensional» y señaló: Entonces para el primer caso, las normas que estaban vigentes antes del 1° de abril de 1994 cuya aplicación se solicita serían los acuerdos JD 0012.de 1992 y JD 055 del 1° de julio de 1993, que dispusieron que los trabajadores obtendrían su derecho pensional a los 20 años de servicio a cualquier edad y para el 1° de abril de 1994 el demandante apenas contaba con 11 años y 6 meses de servicios por lo que la sala arriba a la primera conclusión y es que para la fecha de entrada en vigencia del sistema general de seguridad social en pensiones, el demandante no tenía un derecho adquirido a la pensión convencional que reclama y la única posibilidad de pensionarse conforme a las

normas anteriores sería siendo beneficiario del régimen de transición, esto es, si para el 1° de abril de 1994 tenía 40 o más años de edad o 15 años de servicios y para ese momento contaba apenas con 33 años de edad y 11 años y 6 meses de servicios, como se indicó, por lo que tampoco es beneficiario del régimen de transición, como lo definió la juez de primera instancia, de manera que este solo argumento sería suficiente para negar las pretensiones de la demanda, pues más allá de si se inaplicara o no la adenda convencional, el demandante no puede pensionarse con normas convencionales o legales que estaban vigentes antes del 1° de abril de 1994 fecha en que entró en vigencia la ley 100 de 1993. Respecto a la inaplicación de la adenda, para obtener la pensión del artículo 57 del Acuerdo JD 055 del 1° de julio de 1993 y del 325 del JD 0012 de 1992, encontró, a folio 820, que ese documento fue firmado por las mismas personas que actuaron como negociadores de las organizaciones sindicales dentro del proceso de negociación que finalizó con la suscripción de la convención colectiva. Dijo, que aun cuando no se especificó la fecha de firma de ese medio de escrito, era «una adenda a la convención colectiva 1996-1997 como se indicó en la parte introductoria del texto y para cuya validación firmaron los mismos negociadores de la referida convención colectiva»; que los

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Radicación n.° 94420 signatarios, informaron que se realizaba para aclarar las

modalidades de pensión de Telecom y reconocía a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición. Con lo anterior, concluyó que la adenda formaba parte integral del texto convencional, cuya vigencia fue del 1° de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997. A continuación, expuso: Así las cosas, no puede pretender inaplicarse una disposición convencional para un caso particular y concreto porque la convención colectiva de trabajo, incluidas sus adendas y modificaciones, es ley para las partes, contiene derechos y obligaciones para cada una de ellas y se entiende incorporada a la totalidad de los contratos de trabajo vigentes cuando se celebró y no podría dejar de aplicarse para un caso específico y aplicarse para los demás, sería tanto como decir que se aplica a quienes conviene y no se aplica a quienes no. Si se considera que esa adenda a la convención es inconstitucional o contraria a la ley debió hacerse uso de los mecanismos legales con que cuentan las propias organizaciones sindicales, pues como acuerdo de voluntades entre las partes (empleador y sindicato) solo ellos podrían cambiar sus términos a través de una nueva negociación colectiva que inicia con la denuncia de la convención, o, de ser posible, podría pedirse la revisión del texto convencional o acudir a la jurisdicción pero no para pedir que se inaplique en un caso particular, sino que se deje sin efectos por todas esas presuntas irregularidades que puso de presente la apoderada en su recurso de apelación y en sus alegatos de conclusión, en los que no ahondará la Sala, pues, se reitera, el demandante no tiene derecho a pensionarse con

normas convencionales ni legales vigentes antes de la ley 100 de 1993 y, aún de ser posible, no puede inaplicarse una adenda convencional en un caso particular y concreto por las razones expuestas. Después, con auto del dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), negó la solicitud de adición formulada por el actor, porque en su decisión, manifestó que todas las

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Radicación n.° 94420 pretensiones eran improcedentes, en atención a la imposibilidad de pensionarse con normas convencionales o legales que estuvieran vigentes antes del 1° de abril de 1991.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y se le conceda la pensión de jubilación por reunir 20 años de servicios y 55 de edad.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por las accionadas y que se analizaran en conjunto, pues, aun cuando se presentan por distinta vía, tiene similar argumentación y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Lo presenta así: La sentencia que se ataca viola por la VÍA INDIRECTA por APLICACIÓN INDEBIDA, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en

relación directa con los artículos 53, 55 y 58 de la C.P. los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT, CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, arts. 11, 12, 13, 414, 476 a 479 del CST;

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Radicación n.° 94420 5, 71, 72, 1502, 136, 1602, 1618 y 1536 del C.C.; artículos 2,7, 42, 164, 167, 169, 170, 253, 281 280, 287 del CGP; artículos 48, 49, 54, 60, 61, y 66ª CPL. Los yerros que le atribuye al Tribunal, son los siguientes:

1. Dar por demostrado contra lo evidente, que el actor pretende se le reconozca la pensión convencional excepcional con 20 años de servicio sin consideración a la edad. (fls 3 a 10-hechos de la demanda).

2. No dar por demostrado contrario a los hechos y pretensiones de la demanda, que el demandante pretende se le reconozca una pensión convencional “por tiempo de servicio”, por servir 20 años a Telecom y llegar a los 55 años de edad. (fls 8, 11 y 13 hechos y pretensiones de la demanda)

3. No dar por demostrado contra la evidencia, que la demandada PAR-TELECOM, al contestar la demanda, declaró como ciertos los hechos 10, 11, 12 y 13 (fls 664); 43 (fl 667), al responder el hecho 58 reconoce la aplicación del Decreto 2201 de 1987 (fl 668)

4. No dar por demostrado contra la evidencia, que el Decreto 2123 de 1992 permitió, la vigencia del régimen SALARIAL PRESTACIONAL Y ASISTENTENCIAL QUE SE APLICABA EN TELECOM a la fecha de su expedición, 29 de diciembre de 1992, y su aplicación a los trabajadores vinculados a Telecom hasta esa data. (fl 173)

5. Dar por demostrado, contrario a la evidencia, que los Acuerdos de Junta Directiva JD-0055 y JD-012, normas convencionales, no eran aplicables al demandante, porque perdieron vigencia. (fls 81, 85, 87, 102, 162 y 173)

6. No dar por demostrado contrariando lo evidente, que en la Convención Colectiva de Trabajo años 1996-1997 suscrita entre Telecom y el Sindicato de Trabajadores, en el artículo 2° pactaron la VIGENCIA DE TODAS LAS NORMAS EXISTENTES y conforme al artículo 3° integraron esas normas vigentes al contrato individual del actor (fl 102).

7. No dar por demostrando, contrariando el arsenal probatorio, que en la Convención Colectiva de Trabajo años 2000-2001 suscrita entre Telecom y el Sindicato de Trabajadores, el pacto contenido en el artículo 23 fue la creación de una COMPILACIÓN

DE CONVENCIONES VIGENTES (flo 162).

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8. No dar por demostrado estándolo, que las partes contratantes Telecom y el Sindicato de trabajadores en cumplimiento del pacto, artículo 23 de la CCT 20002001, realizaron en octubre

de 2000 la COMPILACIÓN DE LAS CONVENCIONES, (flo 81) integrando al texto compilatorio todas las NORMAS VIGENTES EN TELECOM, (fls 81 a 605), convirtiéndolas en NORMAS

CONVENCIONALES.

9. No dar por demostrado estándolo, que los Acuerdos de Junta Directiva: JD-0012 de 1992Manual de Prestaciones, JD-055 de 1993 - Estatuto Especial de Personal, JD-0012 de 1992 - Manual de Desarrollo del Recurso Humano, fueron convertidos en NORMAS CONVENCIONALES por las partes contratantes al integrarlas a la COMPILACIÓN DE CONVENCIONES VIGENTESL

(fls 255 a 382 y 383 a 589). 10.Dar por demostrado contra la evidencia, que conforme a la ADENDA al artículo 2° CCT-1996-1997, las únicas modalidades de pensión reconocidas por Telecom a sus trabajadores son las allí anotadas. (fl 81, 102, 162 y 173, 383, 384 y 492) 11.Dar por demostrado, contrariando el texto de la ADENDA, que fue suscrita por las mismas partes que suscribieron la convención colectiva 1996-1997. (fls 127, 128 y 820). 12.Dar por demostrado sin estarlo, que la adenda forma parte integral de la CCT1996/1997. (fl 81, 99,132 y 133) 13.No dar por demostrado contra lo evidente, que el documento ADENDA no fue incorporada al COMPENDIO DE CONVENCIONES VIGENTES. ( fls 81 y 99 a 168)

14.Dar por demostrado contra lo evidente que la pensión por prestación de servicio reclamada por el actor está regulada por la ADENDA. (fl 81, 102, 162 y 173, 383, 384 y 492) (fl 820) 15.No dar por demostrado contrariando los medios de prueba, que la pensión convencional POR PRESTACIÓN DE SERVICIO, reclamada por el demandante, la establece el artículo 362 del Manual de Normas sobre Administración y Desarrollo de los Recursos Humanos Acuerdo de Junta Directiva JD-012 de 1992,

NORMA CONVENCIONAL VIGENTE COMPILADA. (fl 492).

Para soportar esas equivocaciones relaciona, por su errada apreciación la demanda, la contestación del PAR Telecom, la sustentación del recurso de apelación, los alegatos de conclusión y la adenda al artículo 2° de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997.

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Radicación n.° 94420 Por su falta de análisis, enlista la Convención Colectiva de Trabajo compilada 1994-1995, la de 1996-1997, el mismo texto, pero aportado por el Par Telecom y que dice está a folios 790 a 819; la Convención 2000-2001; el compendio de convenciones vigentes y las normas extralegales vigentes compiladas, capítulo III a VIII. En su desarrollo, dice: A vista de esa Sala de Casación, conforme la vía escogida, se argumentan a continuación, para demostrarlos, los errores de hecho enlistados por errada valoración de las pruebas:

1. Se equivocó el Tribunal, de forma evidente y protuberante, en

la valoración de los hechos y pretensiones de la demanda; fue errado el entendimiento que le dio a la sustentación del RECURSO DE APELACIÓN, no atendió de forma eficiente lo que oralmente se expuso ante el A quo; fue un despropósito la forma errada en que el Juzgado de Segundo Grado valoró la ADENDA al artículo 2° de la convención colectiva 1996-1997; en igual equívoco incurrió al valorar la contestación de la demanda por parte del PAR TELECOM: En esta instancia, no podemos pronunciarnos sobre la valoración correcta o desafortunada que el Tribunal hubiera podido hacer de las alegaciones en segunda instancia, por cuanto, el escrito radicado virtualmente el día el 29 de abril de 2021 no aparece en el cuaderno respectivo del expediente digital, sorpresivamente observamos, que hace parte del expediente un audio de alegatos conclusivos de una audiencia presencial realizada en el Tribunal Superior de Bogotá de fecha 28 de marzo de 2017, que no corresponde a este proceso, situación anómala comunicada a esa Corporación mediante memorial. Sin embargo, el contenido del escrito de ALEGACIONES tiene plena correspondencia y concordancia con lo sustentado oralmente al impetrar el RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA proferida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá. Lo que si podemos destacar es la evidente apreciación equivocada del Colegiado, contrastando su apreciación con lo que muestra el escrito inicial, y demostrar, como, alejado de lo que la pieza procesal, demanda, enseña, y apartándose de lo vertido en los

antecedentes, indicó en la sentencia, erradamente, que,

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Radicación n.° 94420 i) la pretensión principal de la demanda es que se inaplique la ADENDA y que se reconozca al demandante la pensión de jubilación prevista en el artículo 57 del Acuerdo JD-055 del 1° de julio de 1993 y en el artículo 325 del Acuerdo JD-012 de 1992, fl 897 Definitivamente, la equivocación del Colegiado en la valoración del escrito de demanda, anotado en precedencia, es protuberante, la INAPLICACIÓN DE LA ADENDA no es la pretensión principal, habida cuenta que, el documento ADENDA no contiene la PENSIÓN CONVENCIONAL demandada por el actor, en su texto, la ADENDA no contempla esa modalidad pensional convencional POR TIEMPO DE SERVICIO, y la prueba no nos permite suponer que las modalidades de pensión allí establecidas son las únicas que reconocería Telecom a sus trabajadores, esa declaración, únicas modalidades de pensión, no está expresa en el documento ADENDA (fl 820). El objeto de incluir dentro de las pretensiones la inaplicación de la ADENDA por INCOSTITUCIONAL, con soporte en la situación fáctica expuesta, es impedir que se siga vulnerando el derecho pensional convencional a los extrabajadores de Telecom, min 0.59:02 apelación, y obligar a los administradores de justicia, por lo menos, a analizar objetivamente todo el contenido material del documento ADENDA, para que, en sus decisiones no simplemente se repitan los argumentos de las demandadas,

como ocurre en todos los casos, y sobre ellos, tejer toda una argumentación que les permite negar a los demandantes el DERECHO PENSIONAL CONVENCIONAL QUE RECLAMAN, aún, demostrando documentalmente el cumplimiento de los requisitos para acceder al derecho convencional. En este caso es más patente el despropósito del Juez de la Alzada, teniendo a su disposición, en el plenario, todas las documentales que demuestran de forma palmaria: que el actor causó a su favor el derecho a la pensión de jubilación convencional POR PRESTACIÓN DE SERVICIO, consta en el haz probatorio que Telecom y el Sindicato al no incluir la ADENDA en la COMPILACIÓN, DE NORMAS VIGENTES se apartaron de dicho documento; así mismo, demuestran las documentales, que la pensión reclamada, POR PRESTACIÓN DE SERVICIO no depende de la ADENDA; no obstante, con todas esas probanzas a vista del Juzgador en el expediente, se acomodó la sentencia con unas prestaciones extrañas a la demanda y de esa forma NIEGAN EL DERECHO PENSIONAL CONVENCIONAL DEL DEMANDANTE, debidamente probado. Señala que el Tribunal se equivoca, también, al concluir que la adenda hacía parte de la Convención 1996-1997,

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Radicación n.° 94420 porque, si la hubiera analizado de manera correcta, se habría percatado que fue suscrita por los representantes de una agremiación denominada Asitel, que no firmó la Convención del 8 de agosto de 1996.

Luego expone: Es errada lo consideración del Colegiado, referente a que los

firmantes de la ADENDA en representación de los sindicatos SITTELECOM y ATT sean los mismos que suscribieran la convención colectiva 1996-1997, esa sola circunstancia no PRUEBA, como lo entendió el Tribunal, que la ADENDA ESTÁ FIRMADA POR LA MISMA COMISIÓN NEGOCIADORA que actuó en la suscripción del texto convencional, todo lo contrario, la descripción de los firmantes en una y otra prueba documental, como en precedencia se explicó, ponen de manifiesto el yerro protuberante en que incurrió el Ad Quem, cuando, con aplicación de una ADENDA que no contempla la pretensión pensional convencional reclamada, prestación que regula otra NORMA CONVENCIONAL, siguió el camino equivocado de decidir negativamente las pretensiones de la demanda, que en el recurso de apelación debidamente sustentado, con argumentos fácticos probados en el expediente, se solicitó se concediera. No atendió el Ad Quem, por la errada valoración de la ADENDA, que al observar objetivamente el contenido material del documento, éste, no solo establece que el objeto es aclarar las modalidades de pensión que Telecom reconocía a sus trabajadores, también dispone de manera inequívoca, que, “ … no constituye modificación al régimen especial ni excepcional de pensiones actualmente vigente en Telecom”; el Tribunal no se percató que los suscribientes de la ADENDA no dejaron expresamente consagrado en el texto del documento, que haría parte integral de la convención colectiva 1996-1997 (fl 820). Ese condicionamiento plasmado por las partes en el texto de la ADENDA, no observado por el Ad Quem, genera una

interpretación diferente a la que arribó la Sala Juzgadora, indica que esa ADENDA no modifica el régimen vigente en Telecom, Decreto 2123 de 1992-fl173, régimen establecido en todas las normas convencionales vigentes compiladas, donde está incorporado el Acuerdo JD0012 de 1992, fls 279 a 589, que regula en su artículo 361 y 362 la pensión convencional POR TIEMPO DE SERVICIO que reclama el demandante folio 492. […]

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Radicación n.° 94420 De haberse permitido el Tribunal, ese análisis del haz probatorio adosado a la demanda, que desconoció, de la apreciación de los folios 81 a 175 hubiera llegado a su conocimiento que el DECRETO 2123 de 1992, incluido en la ADENDA, dispone, inciso final del artículo 7°, que al trabajador Benítez Pérez se le aplicará el régimen anterior vigente en Telecom (fl 173), que el Decreto 2123 de 1992 es una norma convencional por su incorporación a la CONVENCIÓN COLECTIVA 1996-1997, artículo 2° (fl 102), y que fue INTEGRADO al contrato de trabajo del actor artículo 3° (fl102) Tampoco se dio por enterado el Tribunal, que Telecom y el Sindicato de Trabajadores no incorporaron la ADENDA al COMPENDIO DE NORMAS VIGENTES, lo demuestra el índice (fl 81) donde no está escrito CONVENCIÓN COLECTIVA 1996-1997 y su ADENDA; no aparece registrada, la ADENDA, en ninguno de los ocho Capítulo que conforman la COMPILACIÓN DE NORMAS

VIGENTES, así mismo, contrario a la prueba aportada por el PAR-TELECOM, el Capítulo II del COMPENDIO DE NORMAS VIGENTES (fl 790) solo hace referencia a la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 1996-1997. Las pruebas demuestran que, Telecom y el Sindicato se apartaron de la ADENDA, tal vez, porque el mismo documento ADENDA en su parte inferior, establece “… no constituye modificación al régimen especial ni excepcional de pensiones actualmente vigente en Telecom”, similar a la parte final del artículo 7° Decreto 2123 de 1992, aparte del texto de la ADENDA que contradice la posición de las demandadas y reafirma el yerro del Tribunal al NEGAR, soportado en la ADENDA, la pretensión de reconocimiento de la pensión convencional POR TIEMPO DE SERVICIO deprecada por el actor, regulada por una norma convencional vigente compilada. Reitera, que el juez de la apelación le otorgó, a la demanda, un errado entendimiento, ya que, no se pretende aplicar el artículo 57 del Acuerdo JD 055 de 1992, sino la del 361 del Manual de Normas para la Administración del Recurso Humano, que en el texto identificado con el numeral 362 regula la pensión reclamada; que tampoco se solicitó la del artículo 321 del Acuerdo JD012 de 1992, que aplica para los cargos de excepción, que no es su situación.

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Radicación n.° 94420 Afirma, que la solicitada se encuentra en el marco normativo compilado e incorporado a la convención 20002001. Cuestiona, igualmente, que no se atendiera lo dicho en el recurso de apelación y se desatendió la contestación, ya que, En el min - 0.41:31 se reprochó al despacho no tener en cuenta, que de acuerdo con la demanda lo pretendido por el actor es una PENSIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO; a min 0.48.43, se expresó que la pensión reclamada por el demandante es la contenida en el artículo 362 NORMA CONVENCIONAL Acuerdo JD-012 de 1992 que nos enseña, PENSIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO, es esa la pensión que se reclama con esta demanda, cuyo único requisito es el TIEMPO DE SERVICIO, la edad es requisito de exigibilidad y se tomó como soporte jurisprudencial la sentencia SL-3933/2018 Rad. 69977; a min 0.55:40 se escucha, que el debate en este proceso es una pensión convencional de jubilación por prestación de servicio; se expresó, para ante el Tribunal, min-0.55:52, se determine, con base en las pruebas y el análisis que de ellas se haga, la prestación objeto de las pretensiones y de la situación fáctica expuestas en la demanda; en el min-0.58:52, se reiteró, tener en cuenta los hechos y pretensiones de la demanda, las razones de derecho y el acervo probatorio, reconocida su existencia y vigencia por las demandadas, revoque la decisión del juzgado que no tuvo en cuenta las pruebas aportadas con la demanda y se acceda a las pretensiones min-0.59:42. También es evidente y protuberante el yerro cometido por el Juez

de la Alzada, ocurrido por la apreciación deficiente de la contestación de la demanda por parte del PARTELECOM, no atendió el Colegiado que la convocada declaró como ciertos los hechos 10, 11, 12 y 13 (fls 664); 43 (fl 667); al responder el hecho 58, el PAR-TELECOM reconoce la aplicación del Decreto 2201 de 1987 (fl 668). Al contestar la demanda, el PAR-TELECOM, reconoció a plenitud: que el Decreto 2123, [..], permitió que continuara vigente el régimen salarial prestacional y asistencial que se aplicaba a los trabajadores de Telecom; declaró cierto que ese Decreto, inciso 3° Artículo 7°, dispuso un régimen de transición para los trabajadores de Telecom, con el único requisito de hacer parte de la planta de personal de la entidad a la fecha de su

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Radicación n.° 94420 expedición, hecho 11; aceptó que el régimen anterior que continuo vigente es el contenido en el Decreto 2201 de 1987, hecho 13, aunque la certeza del hecho 13 es parcial, la salvedad anotada no desvirtúa lo situación fáctica planteada, todo lo contrario, confirma el reconocimiento de los anteriores hechos; igual reconocimiento del Decreto 2201 de 1987 se entiende de la contestación al hecho 58. Esto mismo quedó expuesto en apelación, para ante el Tribunal, min 0.48:18. Respecto a las convenciones colectivas, expone: Incurrió en error de hecho el Tribunal, por NO VALORAR las pruebas - convenciones colectivas suscritas entre la Empresa

Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa para los años 1996-1997 y 20002001, y no apreciar ni reconocer el COMPENDIO DE NORMAS VIGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, compendio cuyo origen fue el conflicto que dio paso a la firma del pacto convencional 2000-2001 del 15 de mayo de 2000 folio 163. La falta de apreciación de las convenciones colectivas 1996-1997 y 20002001, condujo al Ad Quem a incurrir en los defectos probatorios enunciados y, a determinar erradamente, que los Acuerdos de Junta Directiva JD-012 de 1992 y JD-055 de 1993 normas vigentes antes del 1° de abril de 1994 que dispusieron que los trabajadores obtendrían el derecho pensional con 20 años de servicio a cualquier edad, en esa data perdieron vigencia. De la valoración objetiva de las convenciones colectivas 19961997 y 2000-2001, omitida por el Juez Plural, obligatoriamente, tenía que haber dado por probado, en sus argumentos, lo que materialmente nos enseñan esas pruebas: Debió atender que la Convención Colectiva de Trabajo 19961997, no valorada, estableció como beneficio para el trabajador las disposiciones contenidas en el artículo 2° VIGENCIA DE NORMAS EXISTENTES, (fl 102) y en el artículo 3° CAMPO DE APLICACIÓN (fl 102). El defecto probatorio le impidió al tribunal entender, y dar por demostrado, que el artículo 2° CCT 1996-1997, permitió la

VIGENCIA DE NORMAS EXISTENTES, (fl 102), que consagren derechos en beneficio de los trabajadores, “que consten por escrito en la Constitución Nacional, leyes, decretos, contratos individuales, convención colectiva, las cuales quedan incorporadas a esta convención en cuanto no