CSJ - SL761-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL761-2023 Radicación n.º 94888 Acta 012 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por

MARÍA YOLANDA ROJAS PEÑA, RAMIRO ANTONIO

PERLAZA RENGIFO, ÉDGAR FERNANDO SANDOVAL ANAYA, JORGE ELIÉCER URBANO BARRIOS e IGNACIO GUTIÉRREZ SERNA contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que le instauraron a

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP).

I. ANTECEDENTES

María Yolanda Rojas Peña, Ramiro Antonio Perlaza Rengifo, Edgar Fernando Sandoval Anaya, Jorge Eliécer Urbano Barrios e Ignacio Gutiérrez Serna demandaron a Emcali EICE ESP con el fin de que se declarara que cada uno se hizo acreedor a las primas semestral extralegal, de junio,

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Radicación n.º 94888 extra de navidad y de navidad consagradas en los artículos 71 a 73 de la convención colectiva de trabajo 1999-2000; en consecuencia, pidieron que se condenara a la empresa a pagarlas a partir del 30 de diciembre de 2013, salvo a Ramiro Antonio Perlaza Rengifo, quien las pidió desde el 30 de mayo de 2014, a todos, con la debida indexación de cada monto.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que eran trabajadores oficiales de la entidad empleadora hasta que se retiraron del servicio activo para disfrutar de la pensión de jubilación que provino de la convención colectiva de trabajo 1999-2000. María Yolanda Rojas Peña adquirió su derecho mediante la Resolución 003007 del 29 de noviembre de 1999, a partir del 15 de junio de 1999; Ramiro Antonio Perlaza Rengifo, por Resolución 01272 del 21 de junio de 1999 y desde el 15 de enero de 1999; Edgar Fernando Sandoval Anaya, por la Resolución 001333 del 18 de septiembre de 2003, desde el 4 de junio de 2003; Jorge Eliécer Urbano Barrios, por Resolución 002800 del 21 de octubre de 2002, con inicio el 16 de abril de 2001 e Ignacio Gutiérrez Serna, a través de la Resolución 002161 del 20 de agosto de 2002, desde el 16 de abril de 2002. El 9 de marzo de 1999, Emcali EICE ESP y el sindicato de trabajadores Sintraemcali suscribieron la convención colectiva de trabajo ya referida, que fue depositada oportunamente ante la autoridad competente. En el artículo 114 de dicho acuerdo, por voluntad de los intervinientes en la negociación y con consentimiento de la empleadora, en virtud de su facultad de contratación y de la validez de la

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Radicación n.º 94888 estipulación a favor de un tercero, se creó, para los jubilados de la entidad, el reconocimiento de la «prima de diciembre que

se otorga al personal de trabajadores en actividad» y la cláusula 115 consagró el derecho a percibir la «totalidad de las prestaciones legales y extralegales que existan y puedan existir en EMCALI EICE ESP, siempre que ellas sean susceptible (sic) de cobijarlos». Lo pactado, que estaba en vigor cuando adquirieron la calidad de jubilados, se acordó en el capítulo VI de la convención colectiva de trabajo 1999-2000, de esta manera: La prima semestral extralegal, consagrada en el art. 71, la prima semestral de junio, consagrada en el art. 72, la prima semestral extra de navidad, consagrada en el art. 73, la prima de navidad, consagrada en el art. 74, que al referirse todas ellas a salario promedio y ser extensiva a los jubilados por mandato de los arts. 114 literal a) y 115, se entienden respecto de la mesada pensional, que es el salario del pensionado. Manifestaron que cumplieron con el contenido de los referidos artículos en cuanto adquirieron la calidad de pensionados en vigencia de esa convención, por lo tanto, estimaron que los beneficios accesorios entraron definitivamente a sus patrimonios y se constituyeron en derechos adquiridos que quedaron a cubierto de cualquier acto que pretendiera desconocerlos, conforme al artículo 58 de la CP. Además, plantearon la reclamación administrativa, pero la demandada no accedió a sus exigencias. Finalmente, aseguraron que Emcali EICE ESP reconocía derechos pensionales accesorios a favor de los jubilados de origen convencional después de ser compartida

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Radicación n.º 94888 la mesada de jubilación con la de vejez reconocida por Colpensiones, incluso, considerando el valor total de la mesada pensional y no la diferencia asumida por esta última. Al contestar la demanda, la entidad se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió el tiempo y modo en que se suscribió la convención colectiva de trabajo y que los promotores del proceso obtuvieron la pensión según dicho contrato, con la aclaración de que la base jurídica de sus jubilaciones era modificable a través de nuevos arreglos convencionales. Negó todos los demás fundamentos fácticos. En su defensa propuso las excepciones de carencia de derecho para demandar, prescripción, «fundamentación legal de las pretensiones en una norma convencional derogada», inexistencia de la obligación, carencia del derecho, «cumplimiento obligatorio de las disposiciones contenidas en la convención colectiva de trabajo 2004-2008 derogada por la convención 2011-2014», cobro de lo no debido, pago, compensación y «regulación del porcentaje a liquidar por efectos de prima en caso de eventual e improbable condena compartición de la pensión».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 29 de septiembre de 2017, declaró probada la excepción de «fundamentación Legal de las pretensiones en una norma convencional derogada» y absolvió a la empresa de todas las pretensiones de la demanda.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que conoció del recurso de apelación de la parte activa de la litis, a través de la decisión del 23 de marzo de 2021, confirmó la sentencia de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que debía determinar si era procedente ordenar el pago de las primas contenidas en los artículos 71 a 74 de la convención colectiva de trabajo 1999-2000. Al respecto, precisó que las copias aportadas al expediente de las convenciones de 1999-2000 y 2004-2008 tenían pleno valor probatorio y que el artículo 114 de la primera consagró una serie de beneficios destinados a los jubilados de la entidad, entre ellos, el derecho a percibir la prima de diciembre que se otorgaría al personal activo; de la cláusula 115 determinó que a los jubilados se les reconocerían todas las prestaciones legales y extralegales que existían y pudieran existir, siempre que fueran susceptibles de ser cobijados por ellas. Sobre estos preceptos, anotó: […] la primera de las disposiciones rememoradas contempló expresamente que los jubilados de la empresa, condición ostentada por los demandantes, tendrían derecho a percibir la prima de diciembre que regularmente se otorga al personal activo (art. 74CCT). No obstante, a juicio de la Sala, los demás puntos referidos no presentan la claridad invocada por los petentes, en el entendido de preceptuar que además de la citada prima de navidad, las otras prestaciones solicitadas, regladas en los

artículos 71, 72 y 73, también les eran extensivas, pues si bien predica la Convención que los jubilados podrán acceder a prestaciones legales –extralegales existentes o que puedan existir, siempre que puedan cobijarlos, no es dable entender que

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Radicación n.º 94888 entre estas se cuentan la prima semestral extralegal (art. 71), la prima extralegal de Junio (art. 72) y la prima semestral extra de navidad (art. 73). Cuestionó que, de haber sido esa la intención de los firmantes, lo habrían expuesto así en el texto final de la convención, conforme lo ha destacado la jurisprudencia especializada al estudiar situaciones en las que se ha querido beneficiar a terceros con el contenido de ese acuerdo, con especial énfasis de que debía quedar claramente pactado «como en efecto ocurrió con la mentada prima de navidad, de la cual se dijo, aplicaría para los jubilados en los términos otorgados a los trabajadores activos». En consecuencia, determinó la imposibilidad de predicar la existencia de un beneficio en cabeza de los demandantes, dado que, desde su génesis, dichas prerrogativas no contemplaron su concesión y que tampoco fue viable hablar del nacimiento de un derecho adquirido, en tanto que las primas no se destinaron a los jubilados. A continuación, respecto de la prima de navidad, agregó que era «de manera puntual, la única prebenda estipulada de forma diáfana en favor de los demandantes por la CCT 19992000. Empero, más allá de la conclusión precedente, tampoco

habría lugar a ordenar su pago en los términos pactados allí». En efecto, respecto de esa prestación, coligió que los representantes de Emcali y Sintraemcali, en mayo de 2004, suscribieron un acta de revisión de la convención 1999-2000, en virtud de la autorización legal establecida en el artículo 480 del CST, dada la situación económica que atravesaba la

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Radicación n.º 94888 empresa en ese momento, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, de modo que las partes contratantes procedieron a celebrar un nuevo acuerdo colectivo para la vigencia 2004-2008; así, en el parágrafo de su artículo 2.º se dispuso: La presente convención colectiva de trabajo y sus anexos incluye y deroga todos los acuerdos celebrados entre EMCALI EICE ESP y SINTRAEMCALI y en consecuencia las partes lo reconocen como el único texto vigente. Todo ello con excepción de los artículos, parágrafos y anexos de la convención colectiva de trabajo suscrita el 9 de marzo de 1999 citados expresamente en el presente texto convencional. Explicó que esa redacción, por ser clara y precisa, no daba lugar a interpretaciones distintas de las que emanaban del texto de su mandato; por ende, concluyó que el nuevo convenio dejó claro que todo acuerdo anterior quedaría derogado, con excepción de los artículos expresamente señalados en el nuevo texto, lista que no incluyó los preceptos 114 y 115 y que fundaron las pretensiones de los accionantes, de forma que no era vinculante para la entidad reconocer las prestaciones sustentadas en un acuerdo

colectivo sin vigencia alguna. Sobre el punto, profundizó: De ahí que tampoco pueda darse curso a la alegación relativa a que los beneficios de la Convención 1999-2000 perviven a la fecha atendiendo al artículo 58 CN, pues no puede pasar por alto esta Colegiatura que a la luz del artículo 480 CST, contrario a lo propuesto por la recurrente, es perfectamente viable que las partes soliciten la revisión de la convención, basados en imprevisiones y alteraciones en el equilibrio económico, hecho que acaeció al interior de EMCALI, por cuanto la asunción de los compromisos instituidos en la citada Convención, en conjunto con la crisis económica afrontada durante la época, tornaron excesivamente oneroso su sostenimiento, y puso en riesgo incluso la operatividad de la misma, según se colige de la Resolución SSPD No. 0562 del 05 de marzo de 2003, expedida

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Radicación n.º 94888 por la Superintendencia de Servicios Públicos (Cd. f. 175), considerada inviable económicamente, e incluso llegó a disponerse la realización de actos para su inminente liquidación, no quedando otra salida distinta a la derogatoria de la CCT 19992000. Citó la sentencia CSJ SL228-2018 y advirtió que la jurisprudencia constitucional y laboral han precisado que el principio de favorabilidad puede entrar a regular el caso cuando existe duda en la aplicación o interpretación de dos textos normativos vigentes en el momento de la causación de determinado derecho, evento que no era este, pues se debía tener en cuenta que el análisis preliminar cubrió el contenido

de la convención colectiva de trabajo 1999-2000, la que quedó derogada por la del periodo 2004-2008. Luego de lo anterior, concluyó: Finalmente, si en gracia de discusión aceptase la Corporación la existencia de un derecho adquirido a favor de los actores, como lo adoctrinó en la sentencia SL1072 de 2019 del 19 de marzo de 2019, esta condición no resulta oponible a la facultad de revisión de la Convención Colectiva de Trabajo instituida en el artículo 480 del CST, pues expuso el Alto Tribunal que a la luz de la teoría de la imprevisión, inserta en el citado artículo, al precisar la modificación de la Convención Colectiva en tiempos económicos críticos de la empresa, debe realizarse de mutuo acuerdo, sin que sea posible al empleador, como lo avala la teoría jurídica de los derechos adquiridos, disponer de forma unilateral e inconsulta de las situaciones jurídicas consolidadas; condición que se cumplió, pues el acta de revisión fue signada tanto por el empleador como por la organización sindical (Cd. f. 175) (Tesis reiterada en Sentencias como la SL5072-2019 del 12 de noviembre de 2019).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por María Yolanda Rojas Peña, Ramiro Antonio Perlaza Rengifo, Édgar Fernando Sandoval Anaya, Jorge Eliécer Urbano Barrios e Ignacio Gutiérrez Serna,

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Radicación n.º 94888 concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede

a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, proceda así: […] se sirva REVOCAR la sentencia de primer grado y en su lugar CONDENAR a la entidad demandada en forma vitalicia y a favor de los demandantes, a pagar las primas pretendidas en el libelo demandatorio contenidas en los artículos 71, 72, 73 y 74 de la convención colectiva de trabajo 1999-2000, a los señores MARIA

(sic) YOLANDA ROJAS PEÑA, EDGAR (sic) FERNANDO SANDOVAL, JORGE ELIECER (sic) URBANO BARRIOS, IGNACIO GUTIERREZ (sic) SERNA, causadas a partir del 30 de mayo de 2013, y al señor RAMIRO ANTONIO PERLAZA, a partir del 30 de mayo de 2014, en forma indexada, proveyendo en costas como corresponde. Con tal propósito formulan dos cargos, por la causal primera de casación, que son objeto de oposición y que se estudian en conjunto, pues persiguen el mismo propósito.

VI. CARGO PRIMERO Acusan a la sentencia de violar los siguientes preceptos legales, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida: […] artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 9, 10 13, 14, 16, 21, 467 del C. S. del T., art. 19 del D. 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª de 1945, dentro de los parámetros establecidos en los artículos 1º,

2º, 4º, 5º, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 228 y 229 de la Constitución Política del país, violación de medio del artículo 66A y 145 del CPTSS, adicionado al estatuto procesal laboral por el art. 35 de la Ley 712 de 2001 y los arts. 320 y 328 del C. G. del P.

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Señalan como errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que en el recurso de apelación no se consideró lesivo a los derechos reclamados de los demandantes, la interpretación realizada por la juez de primera instancia del art. 115 de la CCT 1999-2000.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el recurso de apelación de la parte demandante incluía inconformidad en cuanto a la interpretación que la juez de primera instancia hiciera del art. 115 de la CCT 1999-2000, por lo que le era posible entrar a revisar su valoración.

3. Dar por demostrado al valorar el art. 115 de la CCT 19992000, sin ser cierto, que las primas consagradas en los arts. 71, 72, y 73 eran inexistentes en cabeza de los demandantes en vigencia de la convención colectiva de trabajo 1999-2000.

4. No dar por probado, a pesar de estarlo, que la prima semestral extralegal (art. 71), la prima extralegal de Junio (art. 72) y la prima semestral extra de navidad (art. 73), eran determinables su extensión a los jubilados, del texto del artículo 115 y la

revisión de la CCT 1999-2000. Enseguida, refieren que «el quebranto se dió (sic) por la errónea apreciación de la sentencia de primera instancia, del recurso de apelación, del articulo (sic) 115 de la CCT 19992000 y la falta de apreciación del mismo convenio normativo y de su capítulo VI». En la sustentación del cargo explican los términos del recurso de apelación, en el que reprocharon que el fallador de primera instancia desconociera sus derechos fundamentales y adquiridos conforme al artículo 58 de la CP. También manifiestan que, dada la naturaleza esencialmente normativa de la convención, con carácter abstracto y objetivo, era acertado que la sentencia apelada aceptara que las normas convencionales tuvieran temporalidad y que

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Radicación n.º 94888 pudieran ser eliminadas o modificadas, en virtud de la facultad de negociación. Sin embargo, advierten: […] pero considerando el postulado constitucional del art. 58 superior y que las normas sobre trabajo, no tienen un efecto retroactivo en cuanto no pueden afectar situaciones definidas o consumadas con arreglos a normas anteriores, art. 16 del C.S.T., de allí que el alcance de los arts. 1º y 2º de la convención 20042008, que debió dar la juez a estos, es que la no inclusión en la nueva convención de los arts. 114 y 115 y su derogatoria, afectaba a quienes tenían contrato vigente, a los trabajadores oficiales, sujetos de dicha convención, que al pensionarse por

cumplir los requisitos, ya no eran derechosos en su condición de jubilados a las primas por encontrarse derogados los artículos citados, pero no afectaba a los demandantes que al 1 de enero de 2004 tenían la condición de jubilados, no afiliados a la organización sindical, quien no los representaba y por ende no se podía disponer de sus derechos subjetivos, no como lo entendió la juez que desde que entró en rigor la convención colectiva 20042008 se estableció la eliminación de los derechos adquiridos de los demandantes en vigencia de la convención 1999-2000, pues al haberse causado, sus efectos seguirían enriqueciendo al jubilado vitaliciamente, así la norma convencional que lo reconoció desaparezca por cualquier motivo del ordenamiento jurídico, como lo ha señalado la tradicional doctrina de los derechos adquiridos. Luego, admiten la disparidad de criterios de la Sala Laboral del Tribunal sobre la existencia o no del derecho adquirido a las primas reclamadas, en vista de la derogatoria acordada en la norma colectiva posterior. Ante esa situación exponen que, para quienes alcanzaron la jubilación en vigencia de la convención primigenia, el sentenciador de segundo grado debía escoger la postura más favorable para ellos, es decir, la conservación del acceso a esas prebendas. Ponen de presente que el juez plural incurrió en violación de la ley procesal, como medio, porque procedió en contravía de lo ordenado en el artículo 66A del CST, respecto del principio de consonancia, en la medida en que abordó un

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Radicación n.º 94888 punto que no fue objeto de la alzada, de modo que carecía de competencia para decidir «la inexistencia del beneficio en cabeza de los demandantes a las primas de los arts. 71 a 73, conforme art. 115 de la convención 1999-2000». Tras citar lo dicho por el Tribunal y la norma laboral, sugieren que la desatención del principio de consonancia incidió en el desconocimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción, pues la apreciación del artículo 115 convencional constituye un aspecto valorativo sorpresivo, extraño a lo planteado en la alzada. Extienden su argumento en estos términos: […] el razonamiento efectuado por el ad quem del art. 115, se evidencia el quebrantamiento de disposiciones sustanciales, tales concretamente la contenida en el Artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto a que no tuvo en cuenta las expresas condiciones que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y SINTREMCALI fijaron en la Convención Colectiva de Trabajo 1999-2000, particularmente la contenida en el artículo 115. Alegan que, al examinar el artículo citado, el Tribunal no valoró en debida forma la convención colectiva de trabajo 1999-2000, por lo que incurrió en error de hecho, pues solo apreció su contenido de manera fragmentada, con desconocimiento de que las pruebas deben analizarse en su totalidad y no por partes. También reprueban que el juez plural vislumbrara el artículo 115 de la convención, sin estudiar su capítulo VI,

sobre prestaciones sociales, por cuanto se limitó a considerar que el primero no determinó expresamente que las prestaciones extralegales extensivas a los jubilados eran las

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Radicación n.º 94888 consagradas en las cláusulas 71 a 73, por no estar dirigidas a ellos, para luego concluir que no era posible predicar la existencia de tales beneficios a favor de los trabajadores y que tampoco era viable hablar del nacimiento de un derecho adquirido, en tanto que las primas no estaban pensadas para los pensionados. Del artículo 115 de la norma extralegal, citan: «A los jubilados se les reconocerá la totalidad de las prestaciones legales y extralegales que existan y puedan existir en EMCALI E.I.C.E. E.S.P. siempre que ellas sean susceptibles de cobijarlos». A partir de ese extracto sugieren que lo que acredita la prueba es que las prestaciones consagradas en las cláusulas 71 a 73 eran determinables, pues, al referirse a las prestaciones extralegales que existían en Emcali EICE ESP, siempre que ellas fuesen susceptibles de cobijarlos, bastaba con apreciar cuáles eran las limitaciones que dicha expresión imponía en la convención y cuáles eran susceptibles de integrar en el conjunto de prestaciones existentes para los trabajadores activos, señaladas en el capítulo VI de prestaciones sociales. Citan la jurisprudencia que estiman acertada, tanto del Tribunal como de esta Corte, y la comparan con la decisión confutada para recordar que el error de hecho, originado en

la omisión de la valoración integral de la prueba documental en comento, se materializó por la vía indirecta, dado el quebrantamiento de normas sustanciales como el artículo 1.º del CST, ya que no se logró la finalidad de la justicia en las relaciones empleador-trabajador. Al respecto afirman:

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Radicación n.º 94888 Se infringió en la sentencia de segunda instancia que se acusa, No. 53 proferida en audiencia pública del 23 de marzo de 2021, el precepto del Artículo 21 del C. S. del Trabajo. Se quebrantó el principio de favorabilidad que debe existir en la interpretación de las normas de trabajo, contemplado en el Art. 53 de la Constitución Política y en el Art. 19 del D. 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª de ese mismo, pues si bien el fallador puede interpretar las normas laborales, no puede escoger la que perjudique al trabajador, en este caso al jubilado, porque el Constituyente ya lo ha hecho por él de manera imperativa y prevalente. Y la lectura posible del art. 115 de la CCT 1999-2000, que venía realizando la Sala Laboral del Tribunal, era que no había discusión de la existencia del derecho a las primas de los arts. 71 a 73 con fundamento en el art 115 de la convención citada y sin lugar a duda su exigibilidad durante su vigencia en su condición de jubilados Seguidamente, traen más jurisprudencia de la Corte y señalan que el Tribunal transgredió el artículo 13 constitucional, en cuanto su fallo no les reconoció el mínimo

de derechos y garantías y desconoció la igualdad de trato ante la ley, pues, encontrándose ellos en circunstancias equivalentes a los casos que fueron analizados por el juzgador de segunda instancia y llevados a casación, no aplicó el mismo criterio hermenéutico sobre la extensión a los jubilados de las primas consagradas en los apartes 71 a 73 de la convención colectiva de trabajo, conforme al 115 ibidem y su exigibilidad, dada la condición de cada uno. Agregan que se violó indirectamente el contenido del artículo 467 del CST, en cuanto el juzgador no observó las condiciones de sus contratos de trabajo, mejorados por la convención, con lo que concluyen que el Tribunal incurrió en «error grosero cuando interpretó el canon contractual y consideró que las referidas primas de los arts. 71 a 73 CCT 1999-2000 son inexistentes para los jubilados».

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VII. CARGO SEGUNDO Acusan a la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de estas normas: […] art. 16 y 10 del Código Sustantivo de Trabajo, a causa de la interpretación errónea de los artículos 467 y 480 del mismo estatuto, lo que condujo al desconocimiento de los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 9, 13, 14, 16, 21, del C.S. del T., art. 19 del D. 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª de 1945, dentro de los parámetros establecidos en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 25, 29,

48, 53, 58, 83, 228 y 229 de la Constitución Política del país. Plantean que su inconformidad radica en que el Tribunal dejó de aplicar las normas relacionadas en la proposición jurídica, a pesar de ser las que rigen el derecho del trabajo, pues la decisión va en contra de los principios que gobiernan el régimen laboral, con desconocimiento de sus derechos fundamentales e irrenunciables, en tanto que son disposiciones sustanciales «conforme lo ha explicado la Sala en las sentencias CSJ SL16794-2015, CSJ SL3210-2016, CSJ SL10444-2016, CSJ SL4082-2017, CSJ SL5343-2017, CSJ SL8907-2017 y CSJ SL2036-2018», al señalar que el texto de la Constitución Política se puede emplear directamente en la solución de controversias laborales. Todo esto lo achacan a que, al no ordenar el pago de la prima de diciembre, ni de las primas contenidas en los artículos 71 a 73, el juez de segundo grado dejó de aplicar normas sustanciales. Sobre el punto, señalan: Que el nuevo convenio, CCT 2004-2008, hizo un esfuerzo por dejar claro en el parágrafo del artículo 2º, que todo acuerdo dado anteriormente entre las partes se entendería derogado, y que los

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Radicación n.º 94888 artículos 114 y 115 sobre los cuales descansan las pretensiones de los accionantes, no se incluyeron dentro de la excepción de los artículos expresamente señalados en el nuevo texto convencional. Ponen de manifiesto que el beneficio extralegal que

surgió a la vida jurídica con la suscripción de la convención colectiva de trabajo adquirió la connotación de permanente e irrenunciable para ellos, de modo que lo reclamado se constituyó en verdadero derecho adquirido, pues fue definido y consolidado convencionalmente, ya que estaba vigente en el momento en que cada uno se constituyó como pensionado. Se apoyan en la norma convencional para sostener que se consolidó una situación jurídica individual, en beneficio de cada pensionado, en virtud de la cual se les reconoció una prestación que entró a formar parte de su patrimonio, una vez acreditado el estatus jurídico de pensionados, lo cual no está en discusión. Recuerdan las sentencias CSJ SL1072-2019 y CSJ SL5072-2019 e insisten en que los beneficios extendidos a los jubilados, conforme a los artículos 114 y 115 de la CCT, constituyen derechos adquiridos, toda vez que reunieron el requisito exigido en la norma que consiste en obtener la calidad de jubilados, pues a ellos, por voluntad de las partes y en ejercicio de la facultad de contratación, se extendieron las primas que gozaban como trabajadores activos, evento en el cual, «de acuerdo a la regla de vieja data», la norma aplicable al caso es aquella en que se ha consolidado un

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Radicación n.º 94888 derecho. Recaban en otras providencias que estiman aplicables y consolidan su discurso, así: En igual sentido, sobre la existencia de derechos adquiridos a las primas que se reclaman, las sentencias SL4938-2019 del 13 de

noviembre de 2019, SL913-2021 de febrero 22 de 2021, todas ellas anteriores a la sentencia de segunda instancia que se acusa, No. 53 proferida en audiencia pública del 23 de marzo de 2021. Y las sentencias emitidas posteriormente: SL1437-2021 del 21 de abril de 2021, radicación 68477, SL4280-2021 del 21 de septiembre de 2021, radicación 80660, SL4493-2021 del 22 de septiembre de 2021, radicación 83146, SL4253-2021 del 22 de septiembre de 2021, radicación 83422, SL5466-2021 del 29 de noviembre de 2021, radicación 80800, SL435-2022 del 2 de febrero de 2022, radicación 84128. Al haberse constituido un derecho adquirido, debe continuar siendo reconocido en favor de los demandantes, más allá de la vigencia de la CCT 1999-2000 y la derogatoria por la nueva CCT 2004-2008, toda vez, que la falta de aplicación en este caso, de las normas sustanciales descritas en la proposición jurídica, llevó al ad quem a la conclusión equivocada de que, a partir de la vigencia de la CCT 2004-2008, el beneficio convencional reclamado, perdió rigor, dejando de dar aplicación al principio de irretroactividad de la ley, debido a que “normas posteriores no pueden afectar situaciones o derechos válidamente consolidados, bajo la vigencia de una Ley anterior (…)”, consagrado en el art. 58 de la Constitución Política y en el art. 16 del CST, según el

cual las leyes en principio son de aplicación inmediata y rigen hacia el futuro y no tiene efectos retroactivos para afectar situaciones jurídicas consolidadas en normas anteriores, principios generales del derecho que rigen de manera especial en materia laboral, y que no podían ser desatendidos, y en esta medida resulta equivocado el criterio acogido. En cuanto a la falta de aplicación del artículo 10 del CST, advierten que a ellos se les negó la posibilidad de recuperar el beneficio convencional reclamado a través de la administración de justicia mientras que, a otros jubilados, en similares condiciones, se les garantizó efectivamente por virtud de las sentencias de la Corte ya mencionadas.

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Radicación n.º 94888 Arguyen que esa disposición, en este caso, debió ser interpretada y aplicada en armonía con lo previsto en los artículos 13, 228 y 230 de la CP, que delimitan el ejercicio de la función pública de administrar justicia y garantizan su acceso en igualdad de con