CSJ - SL772-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL772-2023 Radicación n.° 94735 Acta 12 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) como sucesora procesal de la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 1 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauraron LILIANA CONCHA HURTADO, GLORIA LOURDES LEGARDA GUAÑARITA y DIANA LUCÍA CAICEDO TROCHEZ contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Liliana Concha Hurtado, Gloria Lourdes Legarda Guañarita y Diana Lucía Caicedo Trochez, demandaron a la

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Radicación n.° 94735 Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de que se declare que estuvieron vinculadas, como trabajadoras oficiales, con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) dentro de los siguientes lapsos: DEMANDANTE FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO LILIANA CONCHA 1-03-1979 29-02-1980

HURTADO 17-03-1987 10-08-2001

21-02-1991 23-05-1991

GLORIA LOURDES 14-08-1991 13-07-1992

LEGARDA GUAÑARITA 24-08-1992 23-07-1993

19-08-1993 10-08-2001

DIANA LUCÍA CAICEDO TRÓCHEZ 26-07-1988 12-02-2002

Así mismo que se declare que fueron afiliadas a la organización sindical Sintraidema y, por ende, son beneficiarias de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996-1998; que el gobierno nacional mediante Decreto 1675 de 1997 dispuso la supresión y liquidación del IDEMA, por lo que la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumió directamente sus funciones y el pago del pasivo laboral y pensional; que sus contratos de trabajo terminaron de manera unilateral e injusta. En consecuencia, solicitaron que la demandada fuera condenada a reconocer y pagarles la pensión sanción convencional, para el caso de Liliana Concha Hurtado, a partir del 1 de marzo de 2019, para Gloria Lourdes Legarda Guañarita, desde el 13 de noviembre de 2020 y para Diana Lucía Caicedo Tróchez a partir del 14 de julio de 2022, teniendo como ingreso base de liquidación el 100% de los

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Radicación n.° 94735 factores salariales devengados durante el último año de la relación laboral, debidamente indexados. Adicionalmente deprecaron la indexación de las mesadas pensionales y las costas del proceso. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que

Liliana Concha Hurtado nació el 1 de marzo de 1959, de manera que arribó a los 60 años el mismo día y mes del año 2019, se vinculó al servicio del IDEMA del 1 de marzo de 1979 al 29 de febrero de 1980 y; del 17 de marzo de 1987 al 10 de agosto de 2001, siendo desvinculada «primeramente» el 17 de octubre de 1997, calenda para la que acreditaba 12 años, 8 meses y 4 días de servicios, percibía como salario la suma promedio mensual de $655.981, habiéndosele reconocido indemnización por despido prevista en la convención colectiva de trabajo. Frente a Gloria Lourdes Legarda Guañarita señalaron que nació el 13 de noviembre de 1960, se vinculó al servicio del IDEMA entre el 21 de febrero y el 23 de mayo de 1991, del 14 de agosto de 1991 al 13 de julio de 1992, del 24 de agosto de 1992 al 23 de julio de 1993 y entre el 19 de agosto de 1993 y el 10 de agosto de 2001, siendo desvinculada «primeramente» el 7 de octubre de 1997 de manera unilateral e injusta, oportunidad en la que recibía como salario la suma promedio mensual de $488.744 y que le fue reconocida la indemnización por despido prevista en la convención colectiva de trabajo. En cuanto a Diana Lucía Caicedo Tróchez relataron que

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Radicación n.° 94735 nació el 14 de julio de 1962, se vinculó al servicio del IDEMA

del 26 de julio de 1988 al 12 de febrero de 2002, siendo desvinculada «primeramente» el 30 de diciembre de 1997, data en la que devengaba un salario correspondiente a la suma promedio mensual de $533.703 y le fue reconocida la indemnización por despido prevista en la convención colectiva de trabajo. Sostuvieron que para la fecha en que le terminaron a cada una su contrato de trabajo, se encontraban amparadas por fuero sindical, sin embargo previamente no se solicitó al juez laboral la autorización para proceder con sus despidos en el año 1997, anualidad en la que mediante Decreto 1675 del 27 de junio, se ordenó la supresión y liquidación del IDEMA con la correspondiente supresión de todos los empleos o cargos de los servidores públicos y se dispuso que la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumiera directamente el pasivo pensional y el reconocimiento de las nuevas pensiones. Indicaron que iniciaron proceso especial de fuero sindical tendiente a obtener su reintegro, al que se accedió tanto en primera como en segunda instancia, y en los que se dispuso que ello aconteciera sin solución de continuidad, con la consecuente obligación de pagar los salarios y prestaciones sociales; providencias a las que se dio cumplimiento a través de la expedición de las correspondientes resoluciones, en las que se ordenó el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, así como la indemnización por despido injusto hasta la fecha de

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Radicación n.° 94735 ejecutoria de las sentencias de segunda instancia

«argumentando la imposibilidad de cumplir con la orden de reintegro, debido a la liquidación del IDEMA». Manifestaron que durante la vigencia de sus contratos de trabajo estuvieron afiliadas a Sintraidema, sindicato que suscribió varias convenciones colectivas de trabajo, siendo la última de ellas la vigente para los años 1996-1998, que en su artículo 98 previó el reconocimiento de una pensión especial para todo aquel trabajador que fuese despedido de manera unilateral e injusta después de haber laborado más de 10 y menos de 15 años continuos o discontinuos en el IDEMA, a partir de los 60 años de edad; y si el tiempo de vinculación era superior a los 15 años, la prestación se gozaría a partir de los 50 años de edad. Pusieron de presente que para la fecha de terminación de los contratos de trabajo acreditaban más de 10 años de servicios para el IDEMA, y en la medida que sus vínculos finalizaron de manera unilateral e injusta, resultaban acreedoras de la pensión convencional, por lo que solicitaron a la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural su reconocimiento, quien los negó, bajo el argumento de que la terminación de las relaciones laborales obedeció a una causa legal consistente en la liquidación de la entidad empleadora «y que la pensión sanción convencional de jubilación se causa por despido injusto, con actuación arbitraria del empleador». Finalmente adujeron que a la calenda de la presentación de la demanda inicial reunían los requisitos

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Radicación n.° 94735 convencionales para que se les reconociera la prestación convencional cuya causación dependía del tiempo de

servicios, dado que la edad solo se trataba de un requisito de exigibilidad. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos manifestó que no le constaban. En su defensa aseveró que en cumplimiento del Decreto 1675 de 1997 el IDEMA desapareció del ámbito nacional y legal desde el 31 de diciembre de ese mismo año, lo que trajo como consecuencia la disolución de la organización sindical Sintraidema al tenor del artículo 407 del CST y 50 de los estatutos del referido sindicato. Destacó que el Acto Legislativo 01 de 2005 condicionó el reconocimiento de las pensiones convencionales y refirió que su vigencia tan solo se extendía hasta el 31 de julio de 2010, de manera que a partir de dicha data no podían existir condiciones diferentes a las previstas en la ley para pensionarse. Formuló como excepciones de mérito las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, el Acto Legislativo restringe el reconocimiento de derechos pensionales, cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación y la innominada o genérica.

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Radicación n.° 94735

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 11 de mayo de 2021 dispuso: PRIMERO. DECLARAR que la señora LILIANA CONCHA HURTADO cumplen las condiciones establecidas en el art. 98 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996 a

1998 suscrita entre la organización sindical “SINTRAIDEMA” y el IDEMA para la causación de la pensión por despido injusto a partir del 11 de agosto de 2001 y exigible a partir del 01/03/2009 fecha en que acredita 50 años de edad. SEGUNDO. Declarar la prescripción de todas aquellas mesadas pensionales exigibles con anterioridad al 01/06/2016 por los motivos expuestos. TERCERO. CONDENAR a la NACION MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL al reconocimiento y pago de esta pensión a la señora LILIANA CONCHA HURTADO cuyo valor actualizado a partir del junio de 2016 corresponde a la suma $1.556.723,oo, valor que será reajustado conforme los incrementos dispuestos por el Gobierno Nacional y reconocido a razón de 14 mesadas anuales. El valor del retroactivo generado entre junio de 2016 por efecto de la prescripción y la fecha de esta sentencia asciende a la suma de $119.636.850,oo. CUARTO. Declarar el carácter compartido de esta pensión convencional con la de vejez reconocida por COLPENSIONES a la demandante, evento en el cual la NACION MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL asumirá el mayor valor si lo hubiere entre la pensión convencional y la reconocida por el I.S.S. QUINTO. DECLARAR que la señora GLORIA LOURDES LEGARDA GUAÑARITA cumplen las condiciones establecidas en el art. 98 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996 a 1998 suscrita entre la organización sindical

“SINTRAIDEMA” y el IDEMA para la causación de la pensión por despido injusto a partir del 11 de agosto de 2001 y exigible a partir del el 13/11/2020 fecha en que cumplió los 60 años de edad. SEXTO. Negar la excepción de prescripción para las mesadas pensionales en el caso de la señora GLORIA LOURDES LEGARDA

GUAÑARITA.

SEPTIMO. CONDENAR a la NACION MINISTERIO DE

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Radicación n.° 94735 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL al reconocimiento y pago de esta pensión a la señora GLORIA LOURDES LEGARDA GUAÑARITA cuyo valor actualizado a partir del 13/11/2020 corresponde al salario mínimo legal vigente, valor que será reajustado conforme los incrementos dispuestos por el Gobierno Nacional y reconocido a razón de 14 mesadas anuales. OCTAVO. Declarar el carácter compartido de esta pensión convencional con la de vejez reconocida o que a futuro reconozca COLPENSIONES a la demandante, evento en el cual la NACION MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL asumirá el mayor valor si lo hubiere entre la pensión convencional y la reconocida por el I.S.S. NOVENO. DECLARAR que la señora DIANA LUCIA CAICEDO TROCHEZ, cumple las condiciones establecidas en el art. 98 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996 a 1998 suscrita entre la organización sindical “SINTRAIDEMA” y el IDEMA para la causación de la pensión por despido injusto a

partir del 12 de FEBRERO DE 2002 y exigible a partir del el 04/07/2022 fecha en que cumple los 60 años de edad. DECIMO. Declarar que esta pensión convencional estará a cargo de la a la NACION MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL una vez se haga exigible. DECIMO PRIMERO. Las mesadas pensionales generadas por efecto de esta sentencia deberán actualizarse, de acuerdo a la formula contenida en la parte motiva de esta providencia. DECIMO SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho fíjese la suma equivalente a ocho (08) salarios mínimos legales vigentes al momento de pago y que serán liquidadas por Secretaría. DECIMO TERCERO. Por último y al ser esta decisión adversa a las pretensiones a la Nación, si no fuera apelada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 69 del CPTSS se dispondrá su remisión en grado jurisdiccional de Consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, así como resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandada, a través

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Radicación n.° 94735 de proveído del 1 de marzo de 2022 dispuso: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 11 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, dentro del PROCESO ORDINARIO LABORAL adelantado por las señoras LILIANA CONCHA HURTADO,

GLORIA LOURDES LEGARDA GUAÑARITA Y DIANA LUCIA

CAICEDO TROCHEZ, contra LA NACIONMINISTERIO DE

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

SEGUNDO: SIN en costas en esta instancia por estarse resolviendo además de los recursos de apelación, el grado jurisdiccional de consulta a favor de la parte demandada.

TERCERO: Señalar que a la fecha de emisión de esta providencia, la condena impuesta a la NaciónMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia revisada, asciende a la suma de: ciento cuarenta millones doscientos noventa y dos mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte ($140’292.692) a favor de la

demandante Liliana Concha Hurtado.

CUARTO: ORDENAR allegar al expediente, la liquidación efectuada por el Profesional Universitario Grado 12 que presta su colaboración a la Sala Laboral de este Tribunal, por medio de la cual se actualizó o indexó a la fecha de emisión de la sentencia de segundo grado, el monto de las condenas procedentes impuestas a la parte demandada.

QUINTO: NOTIFICAR la presente sentencia mediante estado electrónico con inserción de la copia de la providencia en el mismo e igualmente por edicto, que deberá permanecer fijado por un día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 40 y 41 del CPT y SS.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problemas jurídicos: i) determinar si conforme a los medios de prueba obrantes al interior del

proceso fue acertada la decisión de primer grado al acceder al reconocimiento de la pensión convencional reclamada. En caso afirmativo establecer si estuvo «adecuadamente reconocida» la excepción de prescripción; ii) si resultaba viable la indexación de la primera mesada pensional de las

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Radicación n.° 94735 señoras Liliana Concha Hurtado y Gloria Legarda Guañarita y; iii) si existió error del sentenciador al tomar un salario inferior para liquidar la pensión de la actora Gloria Lourdes Legarda Guañarita. Con el fin expuesto destacó que de conformidad con la certificación obrante al folio 142 del expediente digital, la demandante Liliana Concha Hurtado trabajó para el IDEMA desde el 1 de marzo de 1979 al 29 de febrero de 1980 y del 17 de marzo de 1987 al 17 de octubre de 1997, debiéndose tener como fecha de terminación definitiva del vínculo laboral la correspondiente a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de fuero sindical promovido por esta, por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Popayán el 9 de agosto de 2001 (f.os 81-95), como también la había tomado la demandada en la Resolución 360 del 26 de diciembre de 2002 en la que se dio cumplimiento a tal decisión, de manera que dicha actora prestó servicios de manera discontinua por un tiempo total de 15 años, 4 meses y 21 días. En cuanto a Gloria Lourdes Legarda Guañarita destacó

que al tenor de la certificación de folio 164, laboró para el IDEMA desde el 21 de febrero al 23 de mayo de 1991; del 14 de agosto de 1991 al 13 de julio de 1992; del 24 de agosto de 1992 al 23 de julio de 1993 y del 19 de agosto de 1993 a 7 de octubre de 1997, lo que a su vez se corroboraba con la respuesta a la reclamación elevada (f.os 174-175), debiéndose tener como fecha de terminación definitiva del vínculo laboral la de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia

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Radicación n.° 94735 proferida dentro del proceso de fuero sindical por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Popayán el 12 de febrero de 2002 (f.os 113-118), la que fue reconocida por la pasiva a través de la Resolución 372 del 27 de diciembre de 2002 con la que se dio cumplimiento a tal decisión, de manera que prestó servicios de manera discontinua por un tiempo total de 13 años, 6 meses y 21 días. Aseveró que según la liquidación de prestaciones sociales a favor de Liliana Concha (f.o 146) para el año 1997 percibió un salario promedio mensual que ascendió a la suma de $655.981. De igual forma señaló que conforme a la documental obrante a folio 167, Gloria Legarda recibió un salario promedio mensual de $488.744. Y que al tenor del escrito de folio 186, a Diana Lucía Caicedo se le pagó un salario promedio final de $738.234.

Precisó que las promotoras de la contienda reclamaron la prestación deprecada en junio de 2019 (fos. 151-155, 169173, y 188-191) petición a la que se le dio respuesta el 16 de agosto de esa misma anualidad (fos. 156-157, 174-175, 192193). Manifestó que de los documentos que militaban en los folios 139 y 140 se derivaba que Liliana Concha nació el 1 de marzo de 1959 «es decir que a la fecha de la reclamación (Junio de 2019) contaba con 60 años de edad y cumplió los 50 años de edad el 1 de marzo de 2009»; por su parte Gloria Legarda nació el 13 de noviembre de 1960 «es decir que a la fecha de la reclamación (Junio de 2019) contaba con 58 años

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Radicación n.° 94735 de edad y cumplió 60 años de edad el 13 de noviembre de 2020». Finalmente refirió que Diana Lucía Caicedo nació el 14 de julio de 1962, de manera que a la calenda de la reclamación contaba con 56 años y cumpliría los 60 años el 14 de julio de 2022. Se remitió al artículo 98 de la CCT 1996-1998 suscrita por el IDEMA y adujo que la pensión allí prevista era «netamente convencional que no previó la falta de afiliación a una entidad de previsión social pero si consagró en su artículo 100 la compartibilidad pensional con cualquier entidad o fondo de pensiones». Agregó que acorde con el parágrafo segundo del artículo

97 de la misma convención, el valor de la pensión sería el equivalente al 76% del promedio del salario percibido por el trabajador durante el último año de servicios, sin embargo en primera instancia tan solo se había tomado el 75% para la respectiva liquidación «sin que la parte demandante haya manifestado reparo alguno, y sin que pueda hacerse más gravosa la situación de la entidad en cuyo favor se surte la consulta», por lo que para todos los efectos se tendría como tasa de remplazo dicho porcentaje (el 75%). Destacó que de conformidad con las normas convencionales aludidas el juzgador unipersonal había acertado al disponer el reconocimiento del derecho reclamado, considerando para el efecto que las actoras eran beneficiarias de la CCT 1996-1998 dada su calidad de trabajadoras oficiales, según el estatuto interno del IDEMA

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Radicación n.° 94735 (Decreto 2001 de 1993). Precisó que también le asistió la razón al señalar que no existió una justa causa para dar por terminada la relación laboral vigente entre las demandantes y el IDEMA, pues aun cuando se alegó la existencia de una causa legal consistente en la supresión y liquidación de la entidad, tal como lo había enseñado la jurisprudencia de la Corte, tal circunstancia no corresponde a una justa causa al no estar contemplada dentro de las establecidas en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945. Manifestó que en los términos de la sentencia CSJ SL, 21 ag. 2013, rad. 58801, en la que se analizó un asunto de similares contornos, la causación de la pensión implorada se

daba por el solo hecho del despido sin justa causa del trabajador que llevaba «más de 10 años continuos o discontinuos en el IDEMA» siendo la edad un requisito de exigibilidad; postura reiterada mediante las decisiones CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 36224; CSJ SL, 11 may. 2010, rad. 34070 y CSJ SL, 4 jul. 2012, rad. 45567, de manera que se trataba de un derecho adquirido que «solo pendía de la edad para su exigibilidad» respecto de cada una de las actoras. Adujo que no podía pasarse por alto que por mandato del artículo 467 del CST la convención colectiva de trabajo fijaba las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia, la que en el presente asunto fue definida por vía judicial con ocasión de los procesos de fuero sindical promovidos por las mismas demandantes, en los que se

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Radicación n.° 94735 declaró que no hubo solución de continuidad para los efectos salariales, prestacionales o de la seguridad social en las relaciones de trabajo de las accionantes hasta la ejecutoria de tales providencias y, por consiguiente, debía tenerse en cuenta para todos los efectos legales como la fecha de terminación definitiva de los contratos de trabajo. Resaltó que de conformidad con el artículo 474 del CST aunque el sindicato que hubiere celebrado una convención, fuere liquidado, la convención continuaba rigiendo los derechos y obligaciones del empleador y los trabajadores, lo que daba lugar a que las promotoras de la litis accedieran a la prestación convencional pretendida al satisfacer el tiempo

de servicios exigido para ello. En cuanto al Acto Legislativo 01 de 2005 en materia de pensiones convencionales, argumentó que en los términos de la sentencia CSJ SL, 23 en. 2009, rad. 30077 en el asunto se estaba frente a un derecho adquirido o causado con anterioridad a la expedición de la enmienda constitucional y por ello al juez de primera instancia le asistía la razón cuando accedió al reconocimiento de las pensiones convencionales causadas. Por lo anterior se adentró a establecer si la declaratoria de la excepción de prescripción fue adecuada para lo que reiteró que las demandantes reclamaron la prestación extralegal en junio de 2019 y la demanda inicial fue presentada el 22 de noviembre del mismo año, de manera que las mesadas pensionales exigibles con anterioridad a

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Radicación n.° 94735 junio de 2016 quedaron afectadas por dicho fenómeno en el caso de Liliana Concha Hurtado, quien al tener más de 15 años de servicios causó su reconocimiento al cumplir los 50 años de edad, esto es, en marzo de 2009. Adujo que el anterior fenómeno que no se presentaba en los casos de Gloria Legarda y Diana Caicedo quienes, por prestar sus servicios durante menos de 15 años, causaron el derecho a partir de los 60 años de edad, esto es, el 13 de noviembre de 2020 y el 14 de julio de 2022, respectivamente, fechas posteriores a la presentación de la demanda inaugural y por ello, el juez no había incurrido en equivocación alguna. En lo que hace a la indexación de la primera mesada

pensional de las señoras Liliana Concha y Gloria Legarda, acotó que la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta Corte Suprema de Justicia coincidían en establecer que todas las pensiones, sin importar su origen, siempre que se hubieran causado con posterioridad a la vigencia de la Constitución Política, esto es, julio de 1991, debían ser indexadas. Con la aclaración efectuada sostuvo que conforme a la liquidación que se realizó en primera instancia, se advertía que el juzgado de conocimiento actualizó el total del salario promedio mensual del año 1997 y le aplicó los reajustes anuales hasta el 2000 y 2001, para establecer su valor para dichos años y así aplicar la tasa del 75% para a continuación disponer que las mesadas pensionales causadas se actualizaran de acuerdo al IPC, con lo que se había

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Radicación n.° 94735 garantizado la protección a la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Adicionó que al tenor de la cláusula 100 de la CCT, la pensión convencional era compartible con la de vejez que reconociera el ISS o el fondo de pensiones, de manera que una vez se otorgue, la demandada únicamente tendrá a cargo el mayor valor de la prestación como se definió en la decisión del juez unipersonal. Sobre el salario tomado para liquidar la pensión de Gloria Legarda indicó que del cálculo que de esta obraba en el plenario, emergía que para su concesión se actualizó el total del salario promedio mensual de 1997 hasta el año 2000

y 2001 y se le aplicó el 75%, sin que reposara en el expediente un salario diferente para estos años; de manera que no tenían vocación de prosperidad los reparos de la apelante en ese sentido.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, en cuanto confirmó el fallo de primer de grado que condenó a la NaciónMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural (hoy UGPP por efectos de la sucesión

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Radicación n.° 94735 procesal) al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional prevista en la cláusula 98 de la convención colectiva de trabajo 1996-1998, suscrita entre el IDEMA y Sintraidema en favor de la señoras Gloria Lourdes Legarda Guañarita y Diana Lucía Caicedo Trochez, para que en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y se disponga su absolución. De manera subsidiaria, aduce que pretende que se case la sentencia impugnada, en cuanto condenó a la NaciónMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural (hoy UGPP por efectos de la sucesión procesal) al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional en favor del señora Diana Lucía Caicedo Trochez, absteniéndose de decretar la compartibilidad entre la pensión convencional judicialmente ordenada y el eventual reconocimiento de la pensión legal por

la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que en sede de instancia así lo disponga. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que no se presenta réplica, los cuales se resolverán a continuación en el orden en que fueron propuestos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segundo grado por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468, 470 y 478 del CST; 27 y 28 del CC; en concordancia «con el quebrantamiento como normas

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Radicación n.° 94735 procesales de medio», artículos 164, 165, 167 y 176 del CGP, lo que a su vez condujo a la violación de medio de los artículos 25, 53, 48, 228 y 230 de la CP. Enlista como errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA prevé una pensión de jubilación para los trabajadores oficiales que cumplan entre 10 y 15 años de servicios y 60 años de edad, debiendo acreditarse tales requisitos en vigencia de tal instrumento, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas conforme lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la cláusula 98 de la

Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA, prevé una pensión de jubilación para los trabajadores oficiales que cumplan entre 10 y 15 años de servicios y 60 años de edad, requisitos que se pueden cumplir de manera infefinida (sic), sin que se exija que tales deben ser causados en vigencia de la referida Convención Colectiva, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas conforme lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los requisitos de causación de la pensión de jubilación establecida en la que la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA, eran demostrar entre 10 y 15 años de servicios y 60 años de edad, ambos en vigencia de la referida convención colectiva, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas conforme lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que los requisitos de causación de la pensión de jubilación establecida en la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, eran demostrar entre 10 y 15 años de servicios al momento del retiro, siendo la edad de 60 años tan sólo requisito de exigibilidad.

5. No dar por demostrado, estándolo, que a la señora GLORIA LOURDES LEGARDA GUAÑARITA ni a la señora DIANA LUCIA CAICEDO TROCHEZ, les asiste el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación convencional pagadera por parte de la UGPP cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 94735 1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA, por no haber cumplido ninguna de las dos la edad 60 años en vigencia de convención colectiva, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010.

6. Dar por demostrado, no estándolo, que a la señoras GLORIA LOURDES LEGARDA GUAÑARITA ni DIANA LUCIA CAICEDO TROCHEZ les asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por parte de la UGPP, conforme con las previsiones de la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996 -1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA en tanto causaron su derecho, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas en Colombia fijada en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Relaciona como medio de convicción erróneamente apreciado el «Documento contentivo de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA 19961998, (Folios 5 a 63 Expediente Juzgado)». Denuncia como pieza procesal y pruebas n