CSJ - SL799-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL799-2023 Radicación n.° 93045 Acta 12 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ANGY LICETH CARO FUENTES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 11 de diciembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra MISIÓN TEMPORAL LIMITADA y BANCO POPULAR S. A. trámite al cual se vinculó a SEGUROS DEL ESTADO S. A. en calidad de llamada en garantía.

I. ANTECEDENTES La demandante referida llamó a juicio a Misión Temporal Ltda. y al Banco Popular S. A., para que, según lo solicitado en la reforma a la demanda, se declare que entre ambas entidades «se configuró tercerización»; que son

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Radicación n.° 93045 solidariamente responsables; que prestó sus servicios en favor de la entidad crediticia mencionada, por virtud de un contrato de trabajo celebrado el 8 de marzo de 2016 y vigente hasta el «24 de marzo de 2017» y, que el despido del que fue objeto en esta data, no produjo efectos por realizarse en razón de su estado de salud y sin autorización del Ministerio de Trabajo. En subsidio de esta última, solicitó declarar que la empleadora la desvinculó de manera unilateral y sin justa causa. En consecuencia, pidió condenar al Banco Popular S.

A. a reintegrarla a un cargo de igual o mejor jerarquía al que ocupaba al momento del finiquito contractual; a pagar los aportes al sistema general de seguridad social, los salarios, cesantías, intereses a las mismas, primas de servicios y vacaciones causados tras su desvinculación, al igual que las indemnizaciones plena de perjuicios y la prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; que se imponga a Misión Temporal S. A. el pago de una indemnización plena de perjuicios, y finalmente, suplicó la condena en costas a cargo de las enjuiciadas.

En soporte de sus pretensiones, relató que desde el 8 de marzo de 2016 inició a prestar servicios en favor del Banco Popular S. A., por virtud de un contrato por obra o labor que suscribió con Misión Temporal S. A., para desempeñar el cargo de cajera auxiliar, con un salario de $1.232.000. Afirmó que el 19 de agosto de 2016, sufrió un accidente laboral, al caerle «un gato de puerta en la cabeza», que le

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Radicación n.° 93045 generó traumas en esa parte del cuerpo y en la mano izquierda, situación que el empleador conoció y notificó a la ARL AXA Colpatria. Al respecto sostuvo que ese incidente era evitable, si se tenía en cuenta que previamente Nelcy Ramírez (jefe de operaciones del Banco), reportó el daño del elemento que generó el infortunio. Expresó que el 28 de septiembre de 2016, el personal

médico de la ARL, expidió recomendaciones laborales puestas en conocimiento de las demandadas y, además, se sometió a tratamientos médicos y terapias de rehabilitación; sin embargo, y aun cuando dichas circunstancias estaban en curso, el 24 de marzo de 2017, fue despedida, sin el aval de autoridad administrativa. Manifestó que, mediante dictamen de 26 de julio de 2017, la ARL le asignó una pérdida de capacidad laboral del 12,90% y en sede del recurso de reposición, lo modificó al 17,20%. Refirió que los días 28 de septiembre y 22 de noviembre de 2016, el 14 de febrero y el 27 de abril de 2017, AXA Colpatria expidió sendos conceptos médicos de aptitud laboral y, en todos ellos estableció que podía ejecutar las tareas asignadas para su puesto de trabajo en la entidad bancaria accionada, pero bajo recomendaciones médicas. En ese sentido, adujo que el único motivo del despido fue su condición de salud y aclaró que, tras el retiro de la empleadora, «se encuentra prestando sus servicios personales

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Radicación n.° 93045 a la entidad Misión Temporal S. A. desde el 5 de marzo de 2017», donde presta sus servicios en la actualidad. Al dar respuesta a la demanda, el Banco Popular S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la modalidad contractual y su extremo inicial, al igual que los atinentes al accidente laboral, las recomendaciones médicas, la vinculación de la actora a Servicios Temporales S. A. a partir del 5 de marzo de 2017 y

la calificación de pérdida de capacidad laboral dictaminada a la demandante. En su defensa, expuso que tenía un vínculo comercial con Misión Temporal S. A., en virtud del cual, la accionante le prestó servicios en el cargo de cajera auxiliar, pero con el único objetivo de cubrir reemplazos de trabajadores en licencias de maternidad, vacaciones, permisos sindicales, «y/o apoyo soporte en el incremento de las operaciones financieras o como apoyo en los convenios comerciales suscritos por el banco». Explicó que en la convención colectiva que suscribió con el sindicato de sus servidores, vigente para la época de los hechos, se obligó a vincular personal temporal para cubrir las situaciones enlistadas con anterioridad; de ahí que la actora tuviera la calidad de trabajadora en misión y su empleadora fuera Misión Temporal S. A., quien le pagó salarios y prestaciones sociales; que, incluso, la relación de trabajo entre la convocante y la EST subsistía en la actualidad.

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Radicación n.° 93045 Precisó que la demandante durante la permanencia en sus instalaciones siempre desarrolló labores transitorias y en un lapso inferior a un año, aspectos relevantes de cara al acatamiento de lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990. En relación con el accidente de trabajo que la actora padeció el 19 de agosto de 2016, expresó que se trató de «un hecho fortuito, sobreviniente, imprevisible, ajeno a la voluntad del Banco Popular», pues, desde el 25 de mayo de la misma anualidad ordenó el mantenimiento de la puerta, el cual se

efectuó; además, indicó «que tan solo 3 meses antes se había intervenido, razón por la cual no se explica cómo pudo desprenderse dicho imán […]». Manifestó que, tras el incidente, acató todas las recomendaciones que la ARL emitió y, en consecuencia, reubicó a la actora y le brindó «los espacios disponibles para su recuperación», tales como permisos, citas médicas y terapias; de ahí que el despido no tuviera su génesis en su situación de salud. Al respecto, subrayó que para el momento en que la demandante dejó de prestar servicios en su favor, no contaba con incapacidades, dictamen de pérdida de capacidad laboral o algún diagnóstico que permitiera colegir que gozaba de estabilidad laboral reforzada. Formuló las excepciones de mala fe en la interposición de la demanda, así como en la aducción e incorporación de pruebas, carencia de fundamentos de hecho y de derecho que

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Radicación n.° 93045 hagan viables las condenas deprecadas en contra del Banco Popular S. A., inexistencia y falta de causa para pedir, pago, ausencia de relación laboral, ser la demandante trabajadora en misión, terminación del objeto contractual, imposibilidad de aplicar normas sobre estabilidad laboral reforzada, pago a Misión Temporal Ltda., continuidad de la relación laboral entre esta última y la actora y cobro de lo no debido. Misión Temporal S. A. también se opuso al éxito de las peticiones de la demanda. Frente a los hechos, expresó que no eran verdad unos y que no le constaban otros. En su defensa, manifestó que el vínculo comercial que

la unió al Banco Popular S. A. se ejecutó bajo las directrices del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006 y que, en tal sentido, se acreditó la existencia del vínculo con la accionante desde el 8 de marzo de 2016 y vigente a la fecha. En lo que respecta al accidente de trabajo que la actora sufrió, adujo que obedeció a la culpa exclusiva de la trabajadora. Formuló las excepciones de prescripción, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, inexistencia de culpa suficientemente comprobada del empleador, indebida tasación de perjuicios, causa extraña, compensación y la genérica.

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Radicación n.° 93045 La entidad crediticia accionada llamó en garantía a Seguros del Estado S. A. y mediante auto de 20 de septiembre de 2018, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, lo aceptó. Seguros del Estado S. A. contestó la demanda y frente a los hechos manifestó que no le constaban. En relación con el llamamiento expresó que, si bien la institución bancaria suscribió una póliza de seguros, esta no cubría las contingencias derivadas de la eventual declaración de la existencia de un contrato de trabajo con la convocante. En su defensa, formuló las excepciones de imposibilidad de extender el carácter subjetivo de la mala fe como fundamento de las sanciones laborales e inexistencia del perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguros contenido en la póliza; y, contra el llamamiento en garantía

propuso las de inexistencia de la obligación a cargo de Seguros del Estado S. A., si se declara la relación laboral directa entre el Banco Popular S. A. y la demandante, ausencia de responsabilidad de la entidad crediticia por cuanto no se encuentra probada la solidaridad, cobertura exclusiva de los riesgos pactados en la póliza de seguro de cumplimiento particular, imposibilidad de afectar de la póliza de cumplimiento particular por un eventual condena por el concepto de vacaciones, imposibilidad de afectar de la póliza de cumplimiento particular por las conductas contempladas en el artículo 65 del CST y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

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Radicación n.° 93045 ausencia de cobertura por exclusión expresa en la póliza de seguro de cumplimiento particular No. 14-45101036262, compensación, límite de la responsabilidad y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de junio de 2019, absolvió a las demandadas y condenó en costas a la actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al desatar el recurso de apelación que la demandante formuló, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de sentencia del 11 de diciembre de 2020, confirmó la de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de apelaciones tras anunciar que confirmaría la decisión primigenia indicó que se demostró con suficiencia que la

Angy Liceth Caro Fuentes se vinculó a Misión Temporal Ltda. a través de un contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada, suscrito el 8 de marzo de 2016, para desempeñar el cargo de cajera auxiliar en favor del Banco Popular S. A. Señaló que, conforme el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios temporales podían vincular personal - trabajadores en misiónen favor de terceros para

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Radicación n.° 93045 la prestación de servicios transitorios en actividades propias de las usuarias, caso en el cual, el vínculo laboral se ejecutaba con la EST. Memoró los presupuestos de las EST y de servidores en misión de que tratan los preceptos 2 y 4 del Decreto 4369 de 2006, al igual que los casos en las que aquellas pueden contratar a estos a la luz del canon 6 ibidem, esto es: en actividades accidentales, ocasionales o transitorias; para el reemplazo de personal en vacaciones, licencia, incapacidad laboral o licencia de maternidad y, para atender incrementos de la producción, sin que en ningún caso pueda superarse el término de seis meses prorrogables por un lapso igual. Se valió de la jurisprudencia de esta Sala contenida en la sentencia CSJ SL3520-2018, para referir que, en el evento de desconocerse los anteriores lineamientos, la empresa usuaria adoptará la calidad de empleadora y la EST de simple intermediaria con responsabilidad solidaria. En ese sentido, recordó que la demandante en el recurso de apelación reprochó del a quo, que no tuviera por

demostrado que en el asunto se superó el término previsto en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, aspecto que abordó así: Sin embargo, revisado el contenido del documento aducido por la parte recurrente -que trata de un acta de reunión del COPASST, se advierte que conforme lo que, en ella se hizo constar, si bien se plantea dentro de las inquietudes la aludida desvinculación de la demandante el día 24 de marzo -sin especificar de qué anualidad-, dicha afirmación no tiene la entidad suficiente para

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Radicación n.° 93045 derruir la conclusión a la que llegó el juzgador de primer grado en tanto se observa que se trata de una "inquietud" formulada por el Comité, que no es más que actor externo a la relación de trabajo alegada entre las partes, y que no es aceptada por el Banco en la respuesta dada, pues en ella sólo se pronuncia frente al apoyo dado a la trabajadora y la implementación de las recomendaciones laborales expedidas por la ARL; conjetura que por demás, tampoco encuentra otro soporte probatorio que permita su verificación. Explicó que, contrario a lo anterior, del folio 208 se colegía que la accionante prestó servicios en favor de la entidad bancaria hasta el 4 de marzo de 2017, «extremo final aceptado por las demandadas y que fuese señalado en la demanda inicialmente presentada». En tal dirección, expresó que, si la actora pretendía acreditar la actividad personal en favor del banco en un periodo superior al referido, debía demostrarlo «con suficiencia» en los términos del artículo 167

del CGP. Agregó que, en todo caso, de acuerdo al precepto 61 del CPTSS, el juez del trabajo goza de libertad probatoria, de manera que puede forjar su decisión bajo «criterios lógicos, en las reglas de la experiencia, y en principios como el de la sana crítica», lo que a su vez permite revestir la sentencia de primer grado de la doble presunción de legalidad y acierto y, que en este caso, no se desvirtuó, en tanto no se demostró un error manifiesto y protuberante en la valoración de los elementos de juicio que obraban en el expediente. Añadió que el juez tampoco erró al señalar que las actividades desplegadas por la actora eran de aquellas permitidas en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, referentes a cubrir los periodos de ausencia de los

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Radicación n.° 93045 trabajadores de planta por vacaciones, licencias o incapacidades, y a atender incrementos en la producción, transporte, ventas de productos o mercancías, periodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicio. Sobre este aspecto, explicó: […] véase que fue tal el objeto del acuerdo mercantil suscrito entre la entidad bancaria y Misión Temporal Ltda. conforme se avizora de la cláusula segunda de dicho documento visible a folios 439 a 499 del expediente; encontrándose sustento al plenario de las razones jurídicas que sustentaron la actividad desplegada por la demandante, conforme da cuenta la documental visible a folio 208, dentro de la cual se relacionan las

labores cumplidas por esta última por el lapso y en las diferentes oficinas o sitios en los que el banco prestaba sus servicios. Puntualizó que la demandante prestó servicios temporales así: tres meses del 8 de marzo al 26 de junio de 2016 como apoyo dentro del convenio con la Gobernación de Santander «en la oficina ubicada en la sala 2 de la Casa del Libro en la ciudad de Bucaramanga»; del 27 de junio al 12 de julio de ese año en caja de la oficina Bucaramanga; del 13 al 18 de julio «en la oficina San Francisco»: del 27 de julio al 19 de agosto en «la oficina Bucaramanga», y apoyo en área administrativa de talento humano del 20 de agosto de 2016 al 4 de marzo de 2017, esto último por recomendación de la ARL. Subrayó que, en respaldo de lo anterior, se aportó «la relación de ausencias de los trabajadores de planta en las oficinas» indicadas, en virtud de las cuales se requirió el apoyo de trabajadores en misión según folios 771 al 780, como fue el caso de la accionante y, en razón del vínculo

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Radicación n.° 93045 comercial que el banco tenía con la EST accionada, por lo que confirmó la decisión del a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente aspira que la Sala case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del a

quo y, en su lugar, acceda a sus pretensiones. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son objeto de réplica por el Banco Popular S. A. La Sala los abordará de manera conjunta, puesto que en ambos se acusan las mismas normas y poseen una estructura argumentativa complementaria.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, «en la modalidad de interpretación errónea del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006».

En la demostración refiere que el juez de segunda instancia se equivocó, pues le otorgó a la norma que acusa,

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Radicación n.° 93045 un alcance distinto al que definió esta Sala a través de su jurisprudencia. Explica que, de haber entendido de manera correcta el precepto en cuestión, el ad quem habría concluido que se configuró una «tercerización ilegal entre Misión Temporal Ltda. y el Banco Popular S.A.», por exceder «el límite temporal señalado en la norma» y, que, además, se demostró que «la necesidad del servicio no se ajustó a los parámetros establecidos» en dicho canon.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 2 y 6 del Decreto 4369 de 2006, canon 71 y numerales 2 y 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990.

Expresa que dicha vulneración ocurrió por los errores

evidentes de hecho en que el Tribunal incurrió, consistentes en:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que suscribir convenios con otras entidades, habilita al Banco Popular S.A. para contratar con empresas de servicios temporales, sin acreditar un incremento en la producción.

2. No dar por demostrado estándolo que la Representante legal del Banco Popular S. A. en el interrogatorio de parte confesó “...que Angy cuando continúa cubriendo las novedades, es posible (…) sea para hacer relevos de las personas (…), por motivos de un retiro que haya hecho, que finalmente para eso se tiene la contratación con las empresas temporales, cada que tenemos una novedad, la cubrimos con un temporal” (minuto 25:15).

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3. No dar por demostrado estándolo que la Representante legal del Banco Popular S.A. en el interrogatorio de parte confesó que los 5 días que Angy Liceth Caro Fuentes estuvo en la oficina de San Francisco del 13 de julio al 18 de julio de 2016 fue para cubrir la vacancia de un trabajador que estuvo suspendido por 5 días, pues señaló que “...cada vez que tenemos una ausencia en la oficina, nuestra misión desde el área de talento humano es cubrir las necesidades con las personas temporales” (minuto

28:03).

4. No dar por demostrado, estándolo que la Representante legal en el interrogatorio de parte confesó que “...cada vez que tenemos una novedad transitoria, nos apoyamos en las personas temporales y que “es viable” que la razón haya sido una suspensión disciplinaria de un empleado”. (minuto 28:47).

5. No dar por demostrado, estándolo que la Representante legal en el interrogatorio de parte en una de las respuestas dadas, acreditó que Angy Liceth Caro Fuentes prestó sus servicios del 8 de marzo de 2016 al 24 de marzo de 2017. (minuto 34:00).

6. No dar por demostrado, estándolo que la Representante legal en el interrogatorio de parte confesó que Angy Liceth estuvo “para el cubrimiento de vacaciones, licencias, suspensión” (minuto

35:26).

7. No dar por demostrado, estándolo que la justificación del servicio de Angy Liceth Caro Fuentes en el convenio Gobernación de Santander, no fue por incremento de producción, si no, entre otras novedades, por vacancia por despido sin justa causa de Juan Carlos Carreño. (folio 779 y 780).

8. No dar por demostrado estándolo, que mi mandante prestó sus servicios a favor del Banco Popular S.A. del 8 de marzo de 2016 al 24 de marzo de 2017.

9. No dar por demostrado estándolo, que Banco Popular S.A. desbordó las causales de contratación admisibles en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, numerales 2º y 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 […], al vincular a la demandante para cubrir vacantes por suspensiones y despidos.

Enlista como prueba no valorada el interrogatorio de parte de la representante legal de Banco Popular S. A. Y como estimadas con error: el acta de reunión n.° 4 de 2017 (f.° 42); la relación de tiempos laborados (f.° 208), y el reporte de los

trabajadores en misión para las oficinas Bucaramanga, San

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Radicación n.° 93045 Francisco, convenio casa del Libro y Gobernación de Santander para los años 2016 y 2017 (f.° 779 y 780). En la demostración sostiene que el juez de apelaciones no apreció que la representante legal de la entidad accionada en su interrogatorio confesó que: i) «contrató con Misión Temporal Ltda., el envío en misión de Angy Liceth Caro Fuentes para cubrir el despido sin causa justificada de Juan Carlos Carreño» al igual que «para cubrir la vacancia de un trabajador que estuvo suspendido disciplinariamente por 5 días», y ii) que el despido tuvo lugar el 24 de marzo de 2017. Aduce que tal dislate condujo al juez plural al equívoco de sostener que el apoyo que brindó la actora en el convenio de la Gobernación de Santander correspondía a los lineamientos referidos en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006, pero ello no ocurrió. Enseguida expresa que, si el ad quem hubiera realizado la confrontación de lo confesado por la representante legal del banco con «los documentos, habría inferido que el Banco Popular S. A. «desbordó los lineamientos del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006 con la costumbre de cubrir las ausencias de personal» en actividades diferentes de las autorizadas por el legislador en la norma citada. En tal dirección, afirma que, si bien su vinculación para ayudar en el convenio con la Gobernación de Santander, se produjo por el aumento en el volumen ordinario de la

demanda la prestación de sus servicios, también obedeció a

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Radicación n.° 93045 que debían cubrirse las vacancias o ausencias temporales de los trabajadores de planta, aspecto relevante para la demostración de que en este asunto «existió tercerización laboral ilegal entre Misión Temporal Ltda. y Banco Popular S. A.,» y en razón a ello se evidenció «un contrato de trabajo verbal», entre ella y la institución bancaria convocada, del 8 de marzo de 2016 al 24 de marzo de 2017. En relación con las pruebas que acusa como mal estimadas, señala que el acta de reunión n.° 4 de 2017 permite colegir que «María Cristina Velásquez», el 24 de marzo de 2017 le manifestó a Angy Liceth Caro Fuentes que la relación con el banco culminaba, es decir, que el despido se produjo en esa fecha y no en otra anterior, como lo concluyó el Tribunal de manera equivocada, desafuero que, a su vez lo condujo a inferir, también de manera desatinada, que no se excedió el límite temporal contenido en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006. Refiere que el ad quem no apreció que, del reporte de los trabajadores en misión para las oficinas de Bucaramanga, San Francisco, convenio casa del Libro y Gobernación de Santander de los años 2016 y 2017, se concluía que cubrió las ausencias por despido de Juan Carlos Carreño y por valoración en salud ocupacional de Rosa Aura Canizales, «contingencias que no se encuentran contempladas en la ley pluricitada como causal para contratar los servicios a través

de trabajadores en misión».

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VIII. RÉPLICA El Banco Popular S. A. se opone a la prosperidad de los cargos, para lo cual defiende la legalidad de la sentencia recurrida y, además, señala que la censura dejó por fuera de ataque los pilares de la decisión del Tribunal, en especial que la demandante no demostró la prestación del servicio en favor del banco hasta el 24 de marzo de 2017.

Refiere que, contrario a lo sostenido por la casacionista, su representante legal no confesó nada, pues fue clara al sostener que la actora laboró al servicio del banco hasta el 4 de marzo de 2017. Al finalizar, dice que el ad quem no se equivocó al sostener que las tareas que la demandante ejecutó tuvieron la connotación de ser temporales y transitorias, pues ello es lo que muestran los medios de convicción que figuran en el expediente.

IX. CONSIDERACIONES Previamente, la Sala debe aclarar que no abordará el análisis de aspectos relacionados con la estabilidad laboral reforzada de la convocante, en tanto el único eje del recurso extraordinario, estriba en la existencia de una relación laboral con el Banco Popular S. A.

Claro lo anterior, debe memorarse que el Tribunal indicó en su decisión que, de acuerdo al artículo 6 del

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Radicación n.° 93045 Decreto 4369 de 2006 y la jurisprudencia de esta Sala, las empresas de servicios temporales pueden enviar a trabajadores en misión para ejecutar tareas en favor de

terceros, para reemplazar personal en vacaciones, licencias por incapacidad o maternidad o, en aras de atender incrementos de la producción y que, en ningún caso puede superarse el lapso de seis meses prorrogables por otro igual. En tal contexto, refirió que en este asunto, ese término máximo de permanencia no se superó, pues la actora prestó servicios en favor del Banco Popular del 8 de marzo de 2016 al 4 de marzo de 2017 y, aclaró que lo manifestado en la reunión del COPASST acerca de la fecha de desvinculación de la convocante, esto es, que se produjo el 24 de marzo de 2017, solo era una inquietud de un tercero no aceptada por el Banco Popular y, por lo tanto, sin la posibilidad de quebrar la anterior conclusión, más si se tenía en cuenta que no había ningún elemento de convicción que la soportara. Además, estimó que se demostró que las actividades que la demandante desplegó en la entidad bancaria eran de aquéllas permitidas por el legislador para los trabajadores en misión. Eso lo dedujo, tras valorar de manera conjunta la relación de labores que la actora cumplió en las diferentes oficinas del banco (f.° 208), el listado de ausencias de ausencias de trabajadores de planta que generaron la necesidad de vincularla y el acuerdo mercantil que las demandadas suscribieron. La censura controvierte esa decisión a través de dos

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Radicación n.° 93045 cargos. Así, desde lo jurídico, aduce que el ad quem entendió de manera equivocada el alcance del artículo 6 del Decreto

4369 de 2006, que lo condujo a obviar que en este caso hubo tercerización laboral. Y, desde la senda fáctica, estima que el juez de apelaciones no valoró un medio de convicción y apreció de forma equivocada otros, de los que, a su juicio, podía concluirse que la prestación del servicio en favor de la entidad bancaria fue superior a un año, hasta el 24 de marzo de 2017 y en actividades diferentes a las permitidas en el precepto legal citado. En esta sede no se discute que Angy Liceth Caro fuentes fue enviada como trabajadora en misión al servicio del Banco Popular S. A. a partir del 8 de marzo de 2016. Así las cosas, a la Sala le corresponde establecer, si desde la senda del puro derecho, el juez de apelaciones erró al establecer el alcance del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006 y, conforme ello, si se equivocó al no ver de los medios de convicción acusados, que la actora prestó servicios al Banco Popular S. A. por un término superior y en actividades diferentes a las permitidas legalmente, ello conforme la fecha hasta la cual laboró en el Banco, por lo que, ostentó la calidad de trabajadora de dicha entidad, donde la EST accionada fungió como simple intermediaria. En lo que concierne al punto jurídico, la Corte debe memorar que las empresas de servicios temporales no pueden instrumentalizarse para cubrir necesidades permanentes fijas de la usuaria o sustituir personal

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Radicación n.° 93045 permanente, sino para cumplir las actividades excepcionales

y temporales, que pueden o no ser del giro habitual de sus negocios. Al respecto, en la sentencia CSJ SL3520-2018 la Sala ha explicado tal entendimiento así: […] cabe recordar que conforme al artículo 77 de la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios temporales (EST) «son aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas (sic) el carácter de empleador». Son pues empresas cuyo objeto consiste en el suministro de mano de obra con el fin de ponerla a disposición de una tercera persona, natural o jurídica (empresa usuaria), quien determina sus tareas y supervisa su ejecución. De esta forma, los empleados en misión son considerados como trabajadores de la empresa de servicio temporal, pero por delegación de esta, quien ejerce la subordinación material es la usuaria. Según el artículo 77 ibidem, el servicio a cargo de las EST solo puede ser prestado para: (1) la ejecución de las labores ocasionales, transitorias o accidentales de las que trata el artículo 6.º del Código Sustantivo del Trabajo; (2) para reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad, y (3) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por un periodo igual. Conforme a lo anterior, las EST tienen a su cargo la prestación

de servicios transitorios en la empresa cliente, en actividades propias o ajenas al giro habitual de la misma por tiempo limitado. Suele pensarse que