CSJ - SL807-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Gandida Laboral Sala de Descendesdin N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL807-2023 Radicación n.° 95232 Acta 13 Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARGOTH GARZÓN HERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que adelantó contra la SUBRED INTEGRADA DE

SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.

I. ANTECEDENTES Margoth Garzón Hernández, llamó a juicio a Subred Integrada de Servicios de Salud SUR ESE - antes - Hospital de Meissen II Nivel ESE (f.°1 a 17), para que se declarara que: «existió una relación laboral a término indefinido desde el 21 de junio de 2006 y hasta el 31 de julio de 2016»; «se desempeñó como auxiliar de nutrición»; los servicios los prestó

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Radicación n.°95232 de manera subordinada; se configuró «un contrato realidad»; el nexo terminó sin justa causa; y que el último salario fue $886.000. Consecuencialmente solicitó, condenarla a pagarle: «El valor de las cesantías causadas desde el 01 de julio de 2006 hasta el 20 de julio de 2016»; intereses de cesantía; sanción

moratoria en la suma de $29.534 diarios a partir de 15 de febrero de 2007, derivada de la no consignación del auxilio de cesantía; primas de servicios; primas extralegales en la misma cuantía que las sufragadas al personal de planta; vacaciones; auxilio de alimentación; auxilio de transporte de naturaleza legal; trabajo suplementario y realizado en días de descanso obligatorio; aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud y parafiscales; valor de las dotaciones; indemnización por terminación del contrato sin justa causa; sanción moratoria del artículo «65 del CST»; «indemnización integral por daños y perjuicios»; valores descontados por ICA y retención en la fuente; la indexación de todas las sumas y las costas. Como fundamentos fácticos, expuso que: laboró al servicio del Hospital Meissen II Nivel ESE, de manera interrumpida y bajo subordinación, desde el «01 de julio de 2006 y hasta el 31 de julio de 2016», tiempo durante el cual desempeñó funciones de auxiliar de nutrición, con una jornada que debía cumplir los días lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, en turnos rotativos de 6 am., a 1 pm., o de lpm a 7 pm., y los martes de 6 am a 6 pm., con una asignación salarial de $886.000.

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Radicación n.°95232 Manifestó que su superior inmediato era el Jefe de Ropa Hospitalaria Servicios Generales y Seguridad del Hospital, pero no obstante que actuó bajo subordinación, la

demandada la vinculó a través de un contrato que denominó «Arrendamiento de Servicios Personales», sin que le fueran sufragados los derechos laborales objeto de las pretensiones. Afirmó que las principales funciones que desarrolló, fueron: desinfección, arreglo de mercado, arreglo de bodega, de frutas y verduras, seleccionar las frutas por su estado y madurez, empacar, rotular congelar, limpiar mesones, preparar alimentos, recoger loza de los pisos, entre otras. Enunció que todas las funciones que ejecutó, eran de servicios generales. Anotó que sufrió un accidente de trabajo no obstante, fue despedida sin justa causa el 20 de julio de 2016, por lo que el 28 de marzo de 2017, radicó reclamación administrativa que fue contestada por la Gerente de la encartada el 28 de abril de 2017, en la que aseveró que el contrato de «ARRENDAMIENTO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS», no daba derecho a las peticiones objeto de solicitud. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, dio respuesta a la demanda (f.°206 a 214), sin embargo, en proveído del 9 de agosto de 2018, se tuvo por no contestada, debido a que la actuación fue extemporánea (f.°219, 219 Vto, y 222).

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Radicación n.°95232 En audiencia celebrada el 14 de marzo de 2019 (CD. a f.°223), el sentenciador declaró probada la excepción previa de «falta dej urisdicción porf actor subjetivo yf uncional» y dispuso

la remisión de las diligencias a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como consecuencia, el conocimiento del caso le correspondió al Juzgado Veinticinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá DC, quien como consecuencia del recurso interpuesto por la parte activa, decidió «Declarar que estej uzgado carece de competencia para conocer del presente asunto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, PROPONER

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA» (f.°242 a 247 Vto).

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en fallo del 3 de junio de 2020, resolvió «DIRIMIR el conflicto negativo de competencias (...) en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la jurisdicción ordinaria representada en el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ» (f.°11 a 25, cuaderno anexo) y consecuencialmente ordenó la remisión del expediente.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 15 de abril de 2021 (CD. f.°251, anexo al cuaderno de instancia), en el que decidió:

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Radicación n.°95232

PRIMERO: ABSOLVER a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, de todas y cada una de las súplicas de la demanda incoadas por la señora MARGOTH GARZÓN

HERNÁNDEZ, conforme la parte considerativa de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia del derecho y de la obligación, relvándose el despacho de cualquier otro tipo de estudio y análisis exceptivo adicional.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: en caso de no ser apelado el presente fallo, súrtase el grado jurisdiccional de consulta (...).

Disconforme, la accionante apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el 29 de octubre de 2021 (f.°263 a 275), en el que confirmó el fallo de primer nivel, e impuso costas en alzada a la accionante. En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador aludió al principio de consonancia y más delante dijo: «no se discute que entre las partes existió un vínculo contractual donde la actora prestó sus servicios personalmente a la demandada, ni los extremos de este», por lo que centró el análisis en «determinar la naturaleza de esa relación, y si cumple con las exigencias de un verdadero contrato de trabajo», por lo que en su criterio, la gestora del proceso debía acreditar la configuración de los elementos del

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Radicación n.°95232 artículo 2 del Decreto 2127 de 1945, toda vez, que reunidos los mismos, «el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se le asigne ni por las condiciones determinadas por el patrono (...) en concordancia con el

artículo 53 constitucional»; así mismo, en criterio del ad quem, debía «demostrar que ostentó la calidad de trabajador oficial al servicio del hospital demandado, en consonancia con la competencia asignada en el numeral 1 del artículo 2 del C.P.T y S.S ». Expuso que debía aludir a la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado. Siguiendo el anterior lineamiento, copió los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993; y el artículo 26 de la Ley 10 de 1990. Agregó que de acuerdo con el fallo CSJ SL 29 jun. 2011, rad. 36.668, «solo es posible catalogar a un servidor público de una ESE como trabajador oficial cuando se demuestre que su labor está relacionada con actividades de mantenimiento de la planta fisica hospitalaria y servicios generales». Luego de copiar segmentos de la anterior providencia, hizo, sin análisis, un amplio listado de las pruebas allegadas con la demanda, con especial énfasis en los diversos contratos «de arrendamiento de servicios personales», así como las prórrogas. Después aludió al interrogatorio de parte de Margoth Garzón Hernández, del que extractó, que había dicho que era auxiliar de nutrición y dietas, su labor consistía en servir desayuno a los pacientes, distribuirlo, revisar las listas de 6

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Radicación n.°95232 pacientes que el jefe le asignaba, recoger la loza, desinfectarla, ayudar a prealistar la comida, arreglar las neveras, organizar las bodegas; así mismo ella esbozó que organizaba las listas de las dietas, toda vez que las jefes le

asignaban a cada auxiliar un piso del hospital. Agregó que en el aludido interrogatorio, mencionó quién era la supervisora de los contratos, el horario, que al momento de ingresar debían firmar una planilla y luego la hora de salida. Hizo mención de la testigo Aura María Ballesteros, de quien relievó que trabajó con la accionante, como auxiliar de dietas, entre el 2012 y 2016, en virtud de lo cual describió el horario y que debían dejar todo opre alistado para procesar los alimentos», tenían jefes que les daban órdenes y que la actora sufrió una hernia y con una sopa caliente se quemó la cara. De lo expuesto por la testigo Visitación Cubillos de Martínez, destacó que expresó que había laborado como auxiliar de dietas y asistente del chef y que la promotora del litigio laboró desde el 2006 y hasta el 2016, que tenía como función alistar el desayuno y almuerzo de cada paciente de acuerdo con las dietas; refirió que tenía un horario; el martes se trabajaba de 6:00 AM a 7:00 PM o hasta que se terminara la labor del prealistado del mercado para toda la semana; les correspondía firmar un formato, cumplir órdenes y pedir permisos para ausentarse; y enunció que la accionante tuvo un vínculo continuo.

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Radicación n.°95232 Invocó lo dicho por Cesar Augusto Ávila Gómez, quien informó haber sido chef en el hospital, desde el 1 de febrero de 2005 y hasta 30 de abril de 2012. Anotó que el deponente

respecto de la actora, describió: la conoció en el 2010, cuando ella era auxiliar de dietas; la aludida actividad consistía en «organizar y distribuir las dietas de cada paciente»; la superior de la accionante era la nutricionista; debía llegar al hospital en un horario determinado y alistar los implementos y alimentos para llevar la dieta a cada piso; y que cumplía horario, pero no le pagaban prestaciones sociales. Visto lo precedente, advirtió que debía analizar si la promotora del juicio había actuado como «trabajador oficial o servidor público», toda vez, que en la apelación sustentó que sus funciones eran equivalentes a las de una persona de servicios generales o servicio doméstico, debido a que le correspondía limpiar utensilios de cocina, atender personal, servir los alimentos, y entregar las dietas a los pacientes. Declaró que la demandada era una Empresa Social del Estado, en consecuencia, según el artículo 194 de la ley 100 de 1994, las personas allí vinculadas, por regla general ostentaban la calidad de empleados públicos y de acuerdo con el artículo 195 ejusdem, solo son trabajadores oficiales aquellos que tuvieran a cargo las actividades referidas en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, es decir, quienes desempeñen cargos no directivos o destinados al mantenimiento de planta fisica hospitalaria o de servicios generales, sumado a que esta Corporación en fallo CSJ

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Radicación n.°95232 SL1334-2018, enserió que la clasificación entre empleado público y trabajador oficial tiene reserva de ley.

Para analizar si de acuerdo con todo lo hasta aquí estudiado, Garzón Hernández había sido empleada pública o trabajadora oficial, aludió a las funciones que ella describió en el interrogatorio de parte, las que compendió así: Realizar actividades determinadas por el chef de cocina de acuerdo al cronograma de servicio; elaborar la decoración del plato para distribuir las dietas; preparar el jugo para pacientes; dejar limpia y ordenada el área de trabajo; elaborar el menaje; revisar la lista de solicitud de dietas; elaborar lista de dietas por escrito y distribuirlas; vaciar los residuos sólidos y líquidos que dejen los pacientes; lavar y desinfectar platos; efectuar el aseo de equipos del área de cocina periférica; aplicar los conocimientos impartidos por la nutricionista; revisar el mercado; y las demás actividades encomendadas por quien ejercía el control de la ejecución del contrato. Argumentó que las aludidas funciones «no se ajustan a las excepciones establecidas por Ley (mantenimiento de la planta física hospitalaria o servicios generales) para ser considerada eventualmente como una trabajadora oficial», por lo que «no es dable concluir que el vínculo que unió a las partes, estuvo regido por un contrato de trabajo tal como lo indicó elj uez de instancia».

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Radicación n.°95232 Sostuvo que debía hacerse notar que aunque la promotora del litigio, «cumplía algunas labores de aseo de utensilios de cocina, su labor principal era seleccionar y distribuir los alimentos directamente a los pacientes, mas no prepararlos, por lo que no se puede catalogar que su cargo esté

inmerso en la categoría de servicios generales», y en consecuencia, debía concluir que aunque probó la prestación personal del servicio, recibía una contraprestación económica, sin embargo, de acuerdo con las funciones, desplegadas «no se puede hablar de la existencia de un vínculo de índole laboral, pues ni el cargo ni las actividades de la demandante resultan suficientes para colegir que ostentó la calidad de trabajadora oficial y por esta razón el análisis de sus pedimentos no pueden ser objeto de pronunciamiento».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en sede de instancia se proceda a revocar el de primer nivel y, en su lugar se acceda a las pretensiones.

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Radicación n.°95232 Con tal propósito presenta 3 cargos, que no merecieron réplica y se analizarán de manera conjunta por ser complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa aplicación indebida de los artículos: 27 y 28 del Código Civil; 194 y 195 de la Ley 100 de 1993; 164, 165, 167 y 176 del CGP, lo que condujo a la violación del artículo 26 de la Ley 10 de 1990.

Como causa eficiente de la trasgresión normativa, enuncia el siguiente dislate: El evidente y manifiesto error de hecho cometido por el Tribunal consiste en no dar por probado, estándolo, que la señora

MARGOTH GARZÓN HERNÁNDEZ trabajó para la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALIUD SUR ESE - HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL E.S.E., desde el 1 de julio de 2006 hasta el 31 de julio del 2016, en el cargo de auxiliar de nutrición, desempeñando funciones eminentemente manuales y relacionadas con el servicio de cocina, cafetería, alimentos y servicios domésticos, conceptos enmarcados en la Ley y en la jurisprudencia como de servicios generales. Que ubican a la demandante dentro de la realización de servicios generales y por ende trabajadora oficial. Asevera que los yerros resultaron de la falta de apreciación de: la certificación emitida por Mary Alejandra Guarnizo Devia, en representación de la demandada (f.°22 a 24); los diversos contratos de «arrendamiento de servicios personales», identificados con los números 6-436-2006 de

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Radicación n.°95232 2006 (f.°25 a 26), 6-130-2007 (f.°35 a 36), 6-134-2008 (f.°46 a 47), 6-121-2009 (57 a 58), 6-314-2011 (f.°74 a 75); contratos de prestación de servicios, identificados con los números A837 de 2012,j unto con sus prórrogas (f.°89 a 90), 1305 de 2013 (f.°91 a 92), 1149-2014 (f.°107 a 109), 4662015 (f.°129 a 131), A0056 de 2016,j unto con las prórrogas

(f.°137 a 142). Dice que el ad quem se limitó a enunciar las anteriores pruebas, pero no les otorgó ningún valor probatorio, no obstante que todas indican de manera amplia y específica las funciones de Garzón Hernández. Argumenta que en la certificación emitida por Mary Alejandra Guarnizo Devia (f.°22 a 24), se observa que las funciones de la auxiliar de nutrición eran:

1. Realizar las actividades determinadas por el chef de Cocina, de acuerdo al cronograma de servicio. 2. Elaborar la decoración de platos para distribuir las dietas. 3. Preparar el jugo para pacientes. 4. Dejar limpia y ordenada el área de trabajo. 5. Lavar el menaje y equipos que utilice. 6. Recoger la lista de solicitud de dietas. 7. Servir dietas según lista por escrito. 8. Distribuir dietas según lista de solicitud. 9. Recoger lozas en piso. 10. Pesar los residuos líquidos y sólidos de alimentos que dejan los pacientes.

11. Lavar, desinfectar platos y menaje. 12. Realizar las demás actividades que le sean asignadas por quien ejerce el control de ejecución del contrato, acordes con el objeto.

Manifiesta que el contrato de arrendamiento de servicios personales, número 6-436-2006 (f.°25 y 26), en la cláusula primera, correspondiente a las funciones de Margoth Garzón, contempló:

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Radicación n.°95232 1.- Realizar las actividades determinadas por el chef de cocina, de acuerdo al cronograma de servicio. 2.-Elaborar la decoración

de platos para distribuir las dietas. 3.- Preparar el jugo para pacientes. 4.- Dejar limpia y ordenada el área de trabajo. 5.- Lavar el menaje y equipos que utilice. 6.- Recoger la lista de solicitud de dietas. 7.- Servir dietas según lista por escrito. 8.- Distribuir dietas según lista de solicitud. 9.- Recoger loza. 10.- Pesar los residuos líquidos y sólidos de alimentos que dejan los pacientes. 11.- Lavar, desinfectar platos y menaje. 12.- Realizar el aseo del área y equipos en la cocina periférica. 13.- Aplicar los conocimientos impartidos por la nutricionista dietista. 14.- Arreglar el mercado. 16.- Realizar las demás actividades que le sean asignadas por quien ejerce el control de ejecución del contrato, acordes con el objeto. Luego alude a los «contratos de arrendamiento de prestación de servicios personales», identificados con los números 6-130-2007 (f.°35 a 36), 6-134-2008 (f.°46 a 47), 6121-2009 (f.°57 a 58), 6-314-2011 (f.°74 a 75), citas los contratos de «prestación de servicios», número A837 de 2012 (89 a 90), 1305-2013(91 a92), 1149 de 2014 (f.°107 a 109), 466 de 2015 (f.°129 a 131), A0056 de 2016 (f.°137 A 142), y trascribe de cada uno la cláusula atinente a las funciones, las que con leves variaciones coinciden con las que se

copiaron en el párrafo precedente. Con apoyo en las estipulaciones contractuales, asevera que existe meridiana claridad «para mostrar que las actividades contratadas y desarrolladas por la demandada no requerían ningún conocimiento técnico tampoco resultan ser de la órbita médica o paramédica, ni tampoco asistencial o sanitaria», sino que se trataba de «tareas eminentemente manuales ordenadas por el CHEFF de cocina y además todas

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Radicación n.°95232 relacionadas con el proceso final de la preparación y distribución de los alimentos», toda vez, que las funciones eran las de cocina, limpieza, recoger loza, separar residuos sólidos, lavar y desinfectar el menaje, todas tareas manuales del servicio doméstico, de cocina, de cafetería que beneficiaban a todas las áreas de la institución. Alega que el colegiado se limitó a decir que las funciones no se ajustaban a las excepciones consagradas en la ley, pues no podían enmarcarse en labores de aseo, pero obvió que sí eran adecuadas al concepto de servicios generales, como se colige a partir del fallo CSJ SL1334-2018, del que transcribe varios párrafos. Para concluir dice que las funciones de la demandante se acoplan plenamente en la categoría de servicios generales, no hay una sola tarea de las que asumió, que no sea de aseo, cafetería, o alimentos, por lo que debió proceder a examinar el fondo de las solicitudes elevadas.

VII. CARGO SEGUNDO Por la senda jurídica, acusa interpretación errónea del parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990.

En el desarrollo, reproduce la norma y, destaca que el fallo CC T-485-2006, enserió que son servicios generales «aquellos servicios auxiliares de carácter no sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria (...)» y que «no benefician a un área o dependencia específica, sino

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Radicación n.°95232 que facilitan la operatividad de toda organización y se caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole manual». Sostiene que, en el mismo sentido, la Sala de Casación en algunos de los pasajes del fallo CSJ SL 29 jun. 2011, rad. 36668, enserió: Por servicios generales ha de entenderse aquel elenco de actividades cuyo propósito es el de atender las necesidades que le son comunes a todas las entidades, tales como la cocina, ropería, lavandería, costura, transporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio doméstico, por citar algunas, en vía puramente enunciativa o ejemplificativa, no restrictiva o limitativa. Esta Sala de la Corte ha tenido oportunidad de fijar su posición sobre el entendimiento de actividades de servicios generales. Así en sentencia del 21 de junio de 2004, Rad. 22.324, adoctrinó (...) y en sentencia del 13 de octubre de 2004 (Rad.22.858), asentó: 1...) dentro del concepto de servicios generales a que alude la disposición ya citada, han de involucrarse, a manera solamente de ejemplo, aquellas actividades relacionadas con el aseo, vigilancia y alimentación, mas no las que correspondan a

servicios médicos y paramédicos. Argumenta que, de acuerdo con los aludidos precedentes, no se puede limitar el concepto de servicios generales exclusivamente a las labores de aseo, como equivocadamente lo hizo el fallador de segundo nivel, toda vez, que dentro de este marco, también se encuentran las actividades de vigilancia, cafetería, cocina, alimentos, lavado de ropa y en general las que son propias del servicio doméstico, sin que puedan restringirse solo al aseo, por eso la exégesis del Tribunal, fue equivocada.

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VIII. CARGO TERCERO Por la vía directa, acusa infracción directa de los artículos 29, 53, 228 y 229 de la CN.

Alega que, si el colegiado hubiese aplicado las normas atrás referidas, habría resuelto el conflicto sometido a su consideración, apositiva o negativamente, pero resuelto por la administración de justicia. Contrario a lo que sucedió, quef ue la pérdida del derecho de la demandante, sin fallo de los jueces, que resolviera def ondo sus peticiones». Más adelante anota que la ciudadana acudió a la administración de justicia en procura de encontrar que el litigio con la ESE se resolviera, pero por no aplicar los cánones constitucionales, se dejó sin solución el diferendo, con lo que perjudicó a la trabajadora. Agrega que, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en este caso, desde la primera audiencia consideró que el asunto era de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y esta

última, adujo que tampoco era la competente, lo que conllevó que «El órgano competente para dirimir el conflicto», determinara que debía conocer del mismo la jurisdicción ordinaria, sin embargo el Tribunal en la sentencia impugnada, no aplicó la normatividad acusada, concerniente al acceso a la justicia, sino que se dejó sin resolver el caso.

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IX. CONSIDERACIONES Para comenzar, se advierte que son dos los ejes temáticos en los que la Sala centrará su estudio: (i) examinar desde la arista fáctica y jurídica, si las funciones que desplegó la actora en la ESE convocada al litigio, son propias de un trabajador oficial; (ii) Si la decisión del fallador de segundo nivel, trasgrede el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y debido proceso, según la acusación que se sustenta en cánones constitucionales.

En relación con el primer punto, desde el camino fáctico el recurrente remite a la certificación de funciones que emitió la profesional Especializada del Área de Contratación, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE (f.°22 a 24), en donde el 16 de marzo de 2017, certificó que «GARZÓN HENÁNDEZ MARGOTH» prestó sus servicios a la entidad demandada, como «AUXILIAR NUTRICIÓN», en virtud de lo cual, tenía como funciones:

1. Realizar las actividades determinadas por el chef de Cocina, de acuerdo al cronograma de servicio. 2. Elaborar la decoración de

platos para distribuir las dietas. 3. Preparar el jugo para pacientes.

4. Dejar limpia y ordenada el área de trabajo. 5. Lavar el menaje y equipos que utilice. 6. Recoger la lista de solicitud de dietas. 7.

Servir dietas según lista por escrito. 8. Distribuir dietas según lista de solicitud. 9. Recoger lozas en piso. 10. Pesar los residuos líquidos y sólidos de alimentos que dejan los pacientes. 11. Lavar, desinfectar platos y menaje. 12. Realizar las demás actividades que le sean asignadas por quien ejerce el control de ejecución del contrato, acordes con el objeto.

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Radicación n.°95232 En los contratos que acusa el libelista, se puede apreciar, que inicialmente se denominaron como «CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PERSONALES», como obra de los folios 25 a 72 y 74 a 75; más adelante, las partes llamaron a estos acuerdos «CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS», como figura a partir del folio 89 y hasta el 142. El primer «CONTRATO DE ARRENDAMIENTO», que las partes celebraron, fue el número 6-436-2006 (f.°25 a 26), en el que como lo enuncia la parte actora, se encuentra que el objeto fue: 1.- Realizar las actividades determinadas por el chef de cocina, de acuerdo al cronograma de servicio 2.-Elaborar la decoración de platos para distribuir las dietas 3.- Preparar el jugo para pacientes. 4.- Dejar limpia y ordenada el área de trabajo. 5.- Lavar

el menaje y equipos que utilice. 6.- Recoger la lista de solicitud de dietas. 7.- Servir dietas según lista por escrito. 8.- Distribuir dietas según lista de solicitud 9.- Recoger loza 10.- Pesar los residuos líquidos y sólidos de alimentos que dejan los pacientes 11.- Lavar, desinfectar platos y menaje 12.- Realizar el aseo del área y equipos en la cocina periférica 13.- Aplicar los conocimientos impartidos por la nutricionista dietista 14.- Arreglar el mercado 16.- Realizar las demás actividades que le sean asignadas por quien ejerce el control de ejecución del contrato, acordes con el objeto. En los otros contratos sucesivos que acusa la censura, se aprecia que se repitió el anterior objeto, con unas leves variantes de forma, pero las funciones continuaron siendo las mismas. El fallador de segundo nivel, en el pasaje pertinente de la sentencia, concluyó que las funciones de la actora fueron: 18

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Radicación n.°95232 A) realizar las actividades determinadas por el chef de cocina de acuerdo al cronograma de servicio. B) Elaborar la decoración del plato para distribuir las dietas. C) Preparar el jugo para pacientes. D) Dejar limpia y ordenada el área de trabajo, E) Elaborar el menaje de elementos que utilice. F) Revisar la lista de solicitud de dietas. G) Elaborar lista de dietas por escrito. H) Distribuir dietas conforme a la lista por escrito. I) Vaciar los residuos sólidos y líquidos que dejen los pacientes. J) Lavar y desinfectar platos que

(sic) menaje. K) Realizar el aseo de equipos del área de cocina periférica. L) Aplicar los conocimientos impartidos por la nutricionista dietista. M) Revisar el mercado. N) Realizar las demás actividades encomendadas por quien ejerce el control de ejecución del contrato conforme con el objeto. De lo anterior, se observa con claridad que la recurrente coincide con el Tribunal en las funciones que desarrolló, en esa medida, por la senda indirecta no hay yerro. La diferencia estriba en la calificación jurídica que le otorgó a esas premisas, pues para el juez plural, las funciones no son propias de un trabajador oficial, porque no podían enmarcarse en la categoría de «servicios generales», dado que solo algunas labores eran de aseo, las demás, atinentes a seleccionar y distribuir los alimentos directamente a los pacientes, mas no prepararlos. Por lo dicho, existiendo claridad y acuerdo sobre las funciones desplegadas, desde la orilla jurídica debe examinarse si, como lo asevera en el segundo ataque, las aludidas funciones se enmarcan en el concepto de «servicios generales». Se recuerda, que como lo dijo el juez plural, por tratarse de una empresa social del Estado, en los términos de los artículos 5 del Decreto 3135, 194 y 195 de la Ley 100 de

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Radicación n.°95232 1993, 26 de la Ley 10 de 1993 (numeral 1, 2 y parágrafo), 17 del Decreto 1876 de 1994, 3 del Decreto 1848 de 1969, la

regla general que opera, impone que sus servidores son empleados públicos, excepto aquellos que desempeñen cargos no directivos, destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones. En lo que atañe al concepto de «servicios generales», en concreto a las actividades comprendidas en tal categoría, es útil memorar que en la sentencia CSJ SL3480-2021, se enserió: En esa línea de pensamiento se debe recordar entonces las actividades que ha señalado la jurisprudencia corresponden al mantenimiento de la planta física hospitalaria y lo relativo a servicios generales. En sentencia rad. 36668 del 26 de junio de 2011, se dijo: Al paso de tales premisas, el mantenimiento de la planta física de los hospitales comprende el conjunto de actividades orientadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público esencial de salud, tales como electricidad, carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría. Por servicios generales ha de entenderse aquel elenco de actividades cuyo propósito es el de atender las necesidades que le son comunes a todas las entidades, tales como la cocina, ropería, lavandería, costura, transporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio doméstico, p