CSJ - SL818-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL818-2023 Radicación n.° 93517 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MANUEL GONZÁLEZ CONSTRUCCIONES SAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró SEGUNDO RICARDO BENAVIDES GALARZA y donde también eran demandadas

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A. hoy

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., SALUD

TOTAL EPS-S S. A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS

S. A. como llamada en garantía.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 93517 Segundo Ricardo Benavides Galarza llamó a juicio a las entidades referidas, con el objeto de que se declarara: i) la existencia de la relación laboral continua e ininterrumpida con la sociedad Manuel González Construcciones SAS, desde el 26 de marzo de 2009 hasta el 17 de mayo de 2013 y; ii) la responsabilidad solidaria de Porvenir S. A., al pago de las incapacidades dejadas de cancelar por el mismo interregno «sin perjuicio de las demás responsabilidades de orden legal determinadas dentro del proceso de la referencia en virtud del

principio y facultades extrapetita y ultra petita». En consecuencia, peticionó se condenara a esta última, para que pagara: la indemnización «con el fin de asegurar el mínimo vital y el de su familia, debido a que superó los 180 días de incapacidad médica desde el día 27 de noviembre de 2009 hasta cuando se encuentre rehabilitado y/o pensionado por invalidez»; Sobre Manuel González Construcciones SAS pidió que por lo transcurrido entre el año 2009 y el 17 de mayo de 2013 se le condenara a sufragar: i) vacaciones; ii) cesantías e intereses de las mismas; iii) prima de servicios; iv) se ordenara el reintegro y la cancelación de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación; v) incapacidades; vi) indemnización por despido sin justa causa; vii) «lo establecido en el art. 65 del CST en virtud del no pago de la liquidación de sus respectivas prestaciones sociales»; viii) la indexación y ix) las dotaciones;

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Radicación n.° 93517 Frente a Porvenir S. A. y Manuel González Construcciones SAS lo encontrado ultra y extra petita y finalmente las costas. Como supuestos fácticos de sus pretensiones, expuso que: i) se vinculó a la compañía Manual González Constructores y CIA LTDA (hoy SAS), mediante contrato de trabajo de obra o labor, desde el 26 de marzo de 2009 hasta el 17 de mayo de 2013; ii) se desempeñó en el cargo de ayudante de obra, en una construcción en la ciudad de

Ibagué; iii) tenía un salario de $496.900 pagaderos quincenalmente; iv) ejecutó la labor de manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el horario de trabajo señalado por éste, sin que se llegara a presentar queja o llamado de atención.

Contó que: v) sufrió accidente laboral el 26 de mayo de 2009, encontrándose en el sitio de trabajo, donde «al levantar una piedra y luego botarla, sintió un dolor fuerte en la cintura, el cual de dicha lesión no se ha podido recuperar»; vi) después de la valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, determinó que la enfermedad era degenerativa y de origen común; vii) el horario de labores era de lunes a viernes de 7: 00 am a 5:00 pm.

Expuso que: viii) la PCL ascendió a un 43.17 % según Concepto n.° 523493 emitido por la JRCI del Tolima; ix) envió solicitud de reintegro a su empleador el 23 de mayo de 2011 con el fin de que fuera reubicado con las recomendaciones médicas emitidas por Salud Total EPS, con Oficios de fecha

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Radicación n.° 93517 «junio/2011 y mayo/2012»; x) superó los 180 días de incapacidad médica; xi) el nominador le debía salarios desde la segunda quincena de enero de 2012 hasta el 17 de mayo de 2013, con prestaciones y demás derechos adquiridos; Agregó que: xii) cumplió con todos los requerimientos de

la empresa al enviar cada una de sus incapacidades y solicitudes de presentarse al médico para verificar su estado, como presupuesto para el reingreso; xiii) la contratante suplicó el día 18 de septiembre de 2012 ante el Ministerio de la Protección Social de la ciudad de Bogotá, permiso para desvincularlo; xiv) por medio de Resolución n.° 2109 del 13 de diciembre de 2012 dicho ente resolvió «no autorizar el despido del señor trabajador Segundo Ricardo Benavides Galarza».

Acotó que: xv) la sociedad hizo caso omiso a esa prohibición y lo expulsó unilateralmente sin justa causa o indemnización el 17 de mayo de 2013, aduciendo que había superado los 180 días de incapacidad y no fue posible su recuperación; xvi) el empleador no canceló ninguna suma de dinero por concepto de liquidación de prestaciones sociales; xvii) dejó de realizar sus aportes a seguridad social desde dicha calenda; xviii) como consecuencia de los varios requerimientos, el 12 de abril de 2013 con Memorando n.° 12 le comunicaron que harían un avance en efectivo de $100.000 como «supuesto auxilio al proceso de incapacidad»; xix) el 29 de junio de 2012 la compañía se reunió con él, a través de un alto directivo, el ingeniero José González, «donde llegaron a la conclusión de realizar un avance en efectivo por

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Radicación n.° 93517 un valor de $567.000 donde el aquí demandado reconoce de forma flagrante la necesidad de reubicación del trabajador por recomendación de la EPS»; xx) convocó a audiencia de

conciliación por medio del Ministerio de la Protección Social de la ciudad de Ibagué, el 14 de febrero de 2014, declarada fallida.

Aseveró que: xxi) tuvo la necesidad de presentar varias peticiones y acciones de tutela ante Salud Total EPS, la AFT Horizonte, ARP Sura, Mapfre Seguros de Colombia, AXA Colpatria, para hacer exigible el pago de las incapacidades y el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin que se hubiera resuelto nada a su favor xxii) nunca se le entregó o canceló nada por concepto de dotación durante la relación laboral (f.° 3 a 7, cuaderno principal).

Porvenir S. A. se resistió a las solicitudes. De los elementos fácticos, aceptó únicamente el relativo a la interposición de una acción de tutela, de la que aclaró fue «negada por improcedente». Por los demás, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Como medios de defensa, invocó los de «ausencia de requisitos que generen el pago del subsidio de incapacidad – inexistencia de las obligaciones – inexistencia de las obligaciones demandadas; hecho exclusivo de un tercero; buena fe, prescripción y la innominada o genérica (f.° 91 a 104, ibidem).

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Radicación n.° 93517 Manuel González Construcciones SAS se opuso a los pedimentos allí contenidos. En torno a los hechos, dio por veraces los relativos al periodo laborado, el horario, el cargo desempeñado, el origen de la enfermedad, el porcentaje de la PCL, que el Ministerio de Protección Social no autorizó el

despido, la conciliación y que esta fue fallida. Por los demás, aludió que no eran totalmente fehacientes o no eran de su certeza. Trajo a colación como herramientas exceptivas de fondo, las de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, buena fe de los demandados, prescripción, compensación y la innominada o genérica (f.° 208 a 217, ibidem). Por auto del 2 de junio de 2017 (f.° 332, ibidem), se dispuso de la aceptación del llamamiento en garantía que Porvenir S. A. hizo a Mapfre Colombia Vida Seguros S. A., la cual acudió oponiéndose a la totalidad de las peticiones y sin aceptar un solo hecho. Procurando su defensa, en primer lugar, se alejó de lo pedido en el llamado. Después, frente a las pretensiones de la demanda, se resistió y acudió a los elementos exceptivos perentorios de «inexistencia de obligación del pago de indemnizaciones a cargo de la compañía aseguradora», prescripción, «prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros» y la genérica (f.° 350 a 357, ibidem).

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Radicación n.° 93517 Con proveído dictado en audiencia del 26 de julio de 2018, se ordenó la vinculación de Salud Total EPS (f.° 398, ibidem), pues, a pesar de haber sido demandada, no se había dispuesto su integración al proceso. Esta, se contrapuso a las súplicas. Sobre los supuestos fácticos, dio por veraces los alusivos al porcentaje de la PCL

y que superó 180 días de incapacidad médica. Por los demás, afirmó que no eran ciertos o no le constaban. Como excepciones de mérito alegó los de «inexistencia de la obligación por parte de Salud Total EPS S. Al. De asumir incapacidades superiores a los 180 días», «si la EPS accede al pago de incapacidades sin el lleno de los requisitos legales estaría incurriendo en indebida destinación de recursos públicos» y «solicitud de orden de pago al Fosyga (hoy Adres) en favor de Salud Total EPS / Equilibrio financiero» (f.° 475 a 485, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 10 de febrero de 2021 (f.° 478 Acta de audiencia y 479 CD) dispuso lo siguiente: PRIMERO: Condenar a la sociedad Manuel González Construcciones y Compañía LTDA a reintegrar al demandante, señor Segundo Ricardo Benavides, a un cargo con compatible con su condición de salud, junto con los salarios y prestaciones compatibles con el reintegro que no deriven de una efectiva prestación de servicios.

Adicionalmente se dispone condenar a Salud Total EPS a reconocer y pagar las incapacidades correspondientes al periodo

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Radicación n.° 93517 comprendido entre el día 13 de diciembre de 2011 y el día 11 de abril de 2012 (180 días) y Porvenir, por las incapacidades correspondientes al periodo comprendido entre el día 12 de abril de 2012 y 29 de noviembre de igual año (412 días), condena, en

virtud del seguro previsional corresponde asumir a Mapfre. La excepción de prescripción se declara no probada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Costas a cargo de la parte demandada […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por apelación de las partes, a través de sentencia del 27 de mayo de 2021 (f.°490 a 499, ibidem), resolvió: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2021 por el Juzgado Sexto (6°) Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de CONDENAR a Salud Total EPS al pago de las incapacidades causadas entre el 13 de diciembre de 2011 al 29 de noviembre de 2012, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: ABSOLVER a PORVENIR S. A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A. de todas las pretensiones incoadas en su contra.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

CUARTO: COSTAS de primera instancia a cargo únicamente de

MANUEL GONZÁLEZ CONSTRUCCIONES SAS y SALUDTOTAL

EPS.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

Estableció como problemas jurídicos a resolver: i) determinar si había lugar al reintegro del demandante; ii) si Porvenir S. A. debía ser condenada a asumir el pago de incapacidades del actor; iii) si a Mapfre Colombia Seguros de Vida le correspondía responder por las órdenes impuestas a

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Radicación n.° 93517

Porvenir S. A. a raíz de la póliza entre ellos suscrita; iv) si la EPS habría de ser absuelta por concepto de pago de incapacidades; v) si la condena impartida por la juez de primera instancia de incapacidades superiores a 540 días fue solicitada o no en la demanda; vi) si la ADRES sería la encargada de responder por las decisiones impuestas a Salud Total EPS. Sobre la reincorporación, acotó que no existió discusión de que entre el señor Segundo Benavides y la empresa Manuel González Construcciones SAS, existió un contrato de trabajo desde el 26 de marzo de 2009 hasta el 17 de mayo de 2013, lo que fue aceptado por el extremo pasivo y lo acreditó el contrato visible a folios 61 a 63 del cuaderno principal. Recordó que la Ley 361 de 1997 estableció una serie de mecanismos destinados a proteger e integrar socialmente a las personas en condición de discapacidad, dando desarrollo a través del apartado 26 a la estabilidad laboral reforzada de la que deberían gozar los trabajadores en ese estado. También, que la jurisprudencia en torno a la solicitud de ineficacia del despido con el consecuencial reintegro, amparada en la norma ibidem ha exigido la acreditación del grado de limitación en la capacidad de trabajo junto al conocimiento del empleador al respecto, a más de que, entre estas mediara un nexo de causalidad para la terminación del contrato que permitiera colegir que el fenecimiento del vínculo se produjo con ocasión de la minusvalía que padecía el trabajador.

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Radicación n.° 93517 Sobre el particular, afirmó que la Ley 361 de 1997 no determinaba los extremos de la limitación severa o profunda, pero que se debía tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la sentencia CC SU0492017, cuando señaló que el estado de salud de quien pretende el fuero de estabilidad reforzada por inhabilidad física exige que sea de tal magnitud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Evocó que esta Corte, con proveído CSJ SL360-2018 aclaró que el precepto no prohibía el despido del nominado en situación de discapacidad, sino que el acto estuviera precedido de un criterio discriminatorio. Explicó que esto es relevante, ya que el empleador debe acudir ante el inspector de trabajo cuando la terminación del vínculo fuera por motivo de la limitación o estado de discapacidad del subordinado, conforme lo prevé el apartado 26 de la Ley 361 de 1997, por lo cual se centró en determinar si el desahucio se dio en razón el padecimiento del accionante. Al realizar un análisis probatorio, encontró: […]que el día 26 de mayo de 2009 el demandante sufrió un evento al estar trabajando y que conforme lo describe SURATEP en el “INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE”, “el trabajador está haciendo una excavación y se encuentra con una piedra, cuando intenta moverla siente una molestia en su espalda. El trabajador no le presta atención y horas más tarde pide permiso para sacar una cita médica argumentando

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Radicación n.° 93517 que siente malestar, pero desconoce la causa o razón de origen de su molestia”. El 23 de mayo de 2011, el actor solicita a la empresa demandada lo siguiente: “el motivo es solicitarles a quien corresponda enviarme por escrito por qué no me han cancelado desde esta quincena del presente mes, ya que soy un trabajador que estoy incapacitado aproximadamente desde hace dos años, lo cual me enfermé estando en su empresa. También quiero solicitarles que me sigan ocupando en este trabajo teniendo en cuenta la reubicación, y las recomendaciones médicas…”, documento que aunque no tiene recibido por parte de la compañía, sí fue un hecho aceptado en la contestación de la demanda (fl.45). El 9 de abril de 2012 MAPDRE le notifica al demandante el dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado por dicha aseguradora el 30 de marzo de 2012, en donde determinó una PCL del 37,40 % de origen común estructurada el 21 de febrero de 2012 (fl.122 y 127). A través de memorando n.° 038 del 29 de junio de 2012 el empleador le indica al trabajador que teniendo en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación Laboral en donde se hace referencia a la pérdida de capacidad labora, se le realizaba un aporte al accionante por valor de $567.000 que serían cruzados al proceso referente a los pagos o liquidaciones a que haya lugar (fl.24). A raíz de la solicitud de autorización de retiro del trabajador presentada por el empleador del accionante en septiembre de

2012, el Ministerio del Trabajo a través de resolución n.° 00002109 del 13 de diciembre de 2012 resolvió “NO AUTORIZAR el despido del señor trabajador con fuero de discapacidad SEGUNDO RICARDO BENAVIDES GARLIZA”, argumentando básicamente i) que los documentos aportados por el solicitante no eran suficientes para atender la solicitud y ii) carece de todo sustento el argumento por medio del cual se pretende señalar que se debe autorizar el despido por vencimiento del término del contrato, pues, el trabajador tiene derecho a conservar su trabajo aunque el término del contrato hay expirado o la labor para la cual fue contratado, esta si subsisten las causas que le dieron origen a la relación laboral y se tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus funciones y iii) la empresa no logró determinar que los puestos existentes en la empresa pueden emporar las condiciones de salud del trabajador y que no existen opciones de trabajo disponibles, acorde con las capacidades residuales de este en cuanto a la aptitud física, sicológica y técnica (fls. 46-53). Mediante memorando No. 047 del 1 de noviembre de 2012, el empleador requiere al trabajador pues no ha recibido información que justifique su inasistencia y le solicita aparte

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Radicación n.° 93517 incapacidades desde el 13 de diciembre de 2011 al 31 de octubre de 2012 junto con la valoración médico laboral (f.280) Con memorando del 13 de diciembre de 2012 la empresa le indica

al demandante que los documentos por él enviados no justificaban la inasistencia laboral del 13 de diciembre de 2012 a la fecha y que le hacían una nueva solicitud para que se presentara en la oficina el próximo martes 18 de diciembre a las 3:00 pm con el resultado de la valoración médico laboral y respuesta de fondo de Horizonte respecto a la apelación de porcentaje de PCL para pensión de invalidez radicada el 27 de abril de 2012 (f. 223). El día 21 de diciembre de 2012, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Tolima, califica la pérdida de capacidad laboral del señor Segundo Ricardo Benavides como enfermedad de origen común, 43.27 % con fecha de estructuración el 14 de diciembre de 2012 y aunque no se encuentra la notificación de dicho dictamen al empleador, sí reposa carta del 14 de marzo de 2013 mediante la cual la empresa Manuel González le solicita a Horizonte y Mapfre que se le informe el resultado de la apelación al dictamen (f. 129-133 y 241). El 2 de abril de 2013 la IPS Nueva Clínica San Sebastián emite recomendaciones para el demandante y le indica a la empresa accionada que las mismas son con el fin que el trabajador pueda ejecutar cualquier actividad que le asea asignada por la empresa y para así mantener las condiciones de productividad y de salud evitando la progresión de la patología. Ese mismo día la misma entidad le informa al Fondo de Pensiones Horizonte que el pronóstico de recuperación funcional cuando termine el tratamiento el paciente es “NO FAVORABLE” y dentro de las observaciones se encuentra: “debe iniciar un

proceso de reinserción laboral en forma progresiva y de acuerdo a la tolerancia en búsqueda de adaptar las actividades laborales a su limitación, teniendo en cuenta que está declarada la incapacidad permanente parcial”. El 30 de abril de 2013, Salud Total le manifiesta a la empresa que en virtud a las recomendaciones dadas por la IPS, es importante que realice un seguimiento cercano del trabajador para conocer su adaptación laboral (f.65). El 17 de mayo de 2013, la demandada termina el contrato de trabajo del demandante aduciendo lo siguiente “…me permito informarle que a partir de la fecha la empresa da por terminado el contrato de trabajo suscrito por usted con justa causa en atención a lo establecido en el artículo 62 numeral 15 del código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior, por cuanto no ha sido posible la curación de la enfermedad de origen común durante los 180 días...” (f.59)

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Radicación n.° 93517 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral el 23 de agosto de 2013, mediante el cual confirmó íntegramente el proferido por la Junta Regional de Calificación (f.54) Dijo que encontró de dicho recuento probatorio que para la fecha en que la pasiva dio por terminado el contrato de trabajo del demandante, este contaba con una limitación o estado de incapacidad que le impedía o dificultaba sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, por lo que conforme lo señaló el a quo, se hallaba cobijado por una estabilidad laboral reforzada. Lo previo lo coligió, en primer lugar, porque para el

instante en que la encartada dio por finalizado el vínculo el 17 de mayo de 2013, al llamante a juicio se le habían generado licencias por incapacidad médica de manera sucesiva que le imposibilitaba ejercer sus funciones, como observó de la relación de incapacidades que obraba a folios 441-442, emitida por Salud Total EPS, hecho del que tenía conocimiento el empleador, porque fueron constantes desde el 26 de mayo de 2009. En segundo orden, el nominador peticionó la autorización de retiro del convocante y el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2012 y a través de acto administrativo no autorizó el despido, señalando además que gozaba de fuero de discapacidad. En tercer punto, en ese mismo mes y año la Junta Regional de Calificación de Invalidez calificó al actor con una

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Radicación n.° 93517 PCL del 43.27 % con calenda de edificación del 14 de diciembre de 2012, es decir, para la fecha del retiro el demandante ya contaba con un dictamen que calificaba su discapacidad, de la cual conoció la contratante, en tanto que, aunque no reposaba en el expediente el documento donde constara la notificación de tal decisión, lo cierto era que durante el transcurso del proceso tal aspecto fue aceptado por la empresa, a más de que reposaba Carta del 14 de marzo de 2013 a través de la cual el dador del empleo solicitó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S. A. y Mapfre Colombia Vida Seguros S. A. el informe del resultado de la apelación del dictamen aludido.

Como cuarto elemento, estudio las recomendaciones médicas que aunque de su descripción, se denotaba que no impedían o dificultaban sustancialmente el desempeño de las labores para la cuales fue contratado el convocante, pues conforme con las mismas él podía realizar sus actividades y que estas fueron hechas por la IPS aproximadamente un mes antes de que se terminara el contrato y no se acreditaba que el empleador hubiera llevado a cabo las actuaciones para lograr la reubicación o demostrar la imposibilidad de ello, sino que se acreditaba el despido del demandante. Anotó que el finiquito de la relación, como constaba en la carta de terminación, fue en razón a la situación de discapacidad del llamante a juicio. Que así, se corroboró que el despido fue con ocasión de la enfermedad que aquejaba al actor quien se encontraba en estado de debilidad manifiesta, es decir, una situación de salud que le impedía o dificultaba

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Radicación n.° 93517 el desarrollo de las labores en condiciones regulares al tenor de lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencias CC T041-2014, CC T106-2015, CC T351-2015, CC T405-2015, CC T141-2016 y CC SU01492017. De esta Corporación, trajo a colación la decisión CSJ SL1360-2018. Para finalizar su examen, acotó: Señala el recurrente que el demandante en el año 2012 no le presentó las incapacidades correspondientes misma que tiene como objetivo el de poner en conocimiento del empleador las dolencias que lo aquejaban al demandante, sin embargo, el vínculo finalizó en mayo de 2013, cuando el actor ya presentaba

un dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral y recomendaciones para lograr la rehabilitación laboral. Adicionalmente la Corte Constitucional en sentencia C200 de 209 señaló que la causal invocada por el empleador como justa causa para la terminación del contrato solo es posible su aplicación si existe la autorización previa del inspector del trabajo, situación que no acaece en el presente proceso donde por el contrario obra la Resolución 2109 del 13 de diciembre de 2012 mediante la cual se negó la autorización de despido del trabajador. Adicionalmente, si se señalara que por ser la sentencia antes mencionada posterior a la concurrencia de los hechos no le es aplicable, es de anotar que al aplicar la Ley 361 de 1997, artículos 1, 5 y 26, y 7 del Decreto 2463 de 2001 que se refieren a la protección por los grados de moderada, severa o profunda de la discapacidad, se encuentra que al momento de la terminación del contrato el actor contaba con una pérdida de capacidad severa, porque era superior al 25 % e inferior al 50 %, la cual era de conocimiento de la empresa demandada y en consecuencia, gozaba de la protección de estabilidad reforzada y había lugar a obtener del Ministerio del Trabajo la autorización para el despido con sustento en la causal alegada por el empleador. Concluyó en torno a las incapacidades, en concreto, que como el concepto desfavorable de rehabilitación fue emitido por la IPS Nueva Clínica San Sebastián hasta el 2 de abril de

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Radicación n.° 93517 2013 y en esa fecha fue remitido a Porvenir S. A., sin que

fuera atendible la Comunicación que obraba a folio 444 porque se emitió el 5 de noviembre de 2008, antes de la expedición de las incapacidades a que se hacía relación en el proceso, se colegía que las generadas a partir del día 181 y hasta cuando se emitió el Concepto Médico, el 2 de abril de 2013, se encontraban a cargo de Salud Total EPS. No obstante, arguyó que «como la juez de primera instancia señaló como fecha de la última incapacidad 29 de noviembre de 2012, situación que no fue apelada por la parte demandante, entonces SaludTotal EPS en este caso de[bía] asumir el pago del 13 de diciembre de 2011 al 29 de noviembre de 2012». Ultimó que como se verificaba que la EPS no asumió el pago del periodo correspondiente, resultaba menester condenarla al pago respectivo. Frente a Porvenir S. A. y Mapfre Colombia Vida Seguros S. A., no debían responder por ninguna de las condenas impuestas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Manuel González Construcciones SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 93517 Pretende que se case totalmente la sentencia impugnada, para que, una vez constituida en sede de instancia, se revoque la providencia emitida en primer grado y, en consecuencia, se le absuelva de las pretensiones de la demanda. Con tal propósito, formula un cargo, fundado en la

causal primera de casación laboral, el cual fue objeto de réplica únicamente por Porvenir S. A. y se estudia a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la providencia de violar la ley sustancial por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida «error adjudicando» de: […] los siguientes artículos del Código Sustantivo del Trabajo: art. 25 Modificado por Ley 712/2001, art.12, al art. 31, modificado Ley 712/2001, art.18; art. 22 numeral 1°, art. 2 Ley 1098/2006, art.45 C.S.T; Ley 50 del 90 art.5°; Decreto Único reglamentario 1072 del 2015, art. 2.2.1.1.5. C.S.T.; art Ley 1562 de 2012, art.3; Decreto Ley 1295/94,art.7; ART. 64 Modificado ley 789/2002, art.28; art. 41 ley 100 de 1993, inciso 1 de la Ley 361 de 1997, Ley 48 de 1968, artículo 3° numeral 7°, que consagra la caducidad-prescripción de la acción de reintegro, es una prescripción especial, pronta y eficaz, para evitar daños irreversibles a las partes; Decreto Ley numeral 5° del artículo 8° del decreto 5351 de 1965 declarado en Ley permanente por la Ley 48/68, consagra la acción de reintegro del trabajador juntamente con las prestaciones laborales de ley, como si el contrato nunca hubiese terminado; Artículos 488 y 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T. ART. 25 DEL C.S.T. Modificado Ley 712 del 2001, ART.12;

arts. 91, 94 y 95 del C.G.P. Consagran la prescripción de los derechos laborales, prescripción de tres años, desde que se hacen exigibles hasta que se cumplan los tres años, correspondientes a los derechos regulados por el C.S.T.; ART. 91 de la Ley 361 de 1997 arts. 1°, 5°, 7°, 26, del Decreto 2463 del 2001, que califica de moderada, severa o profunda la discapacidad, y Sentencia SU049 del 2017, Sentencia de la Sala Casación Laboral de la Corte

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Radicación n.° 93517 Suprema SL 1360 del 2018 (Estabilidad laboral reforzada como garantía del reintegro), igualmente se hizo aplicación de los artículos 4°, 13, 25, 54 de la Constitución Política de Colombia en relación con la Ley 361 de 1997, art. 26 para catalogar al trabajador como de “aquellos de especial protección por parte del Estado”. Ley 100 de 1993, art.41 y 206, habla de las incapacidades; igualmente, se violaron las siguientes normas sustantivas que regulan el pago de incapacidades como el Decreto 2943 del 2013, en su ART. 1, que regula incapacidades a cargo del empleador; art. 1, del DECRETO Ley 2943 del 2013, que regula incapacidades de 3 a 180 días en concordancia con el artículo 142 del Decreto 19 del 2012 a cargo E.P.S.; del día 181 al 540, a cargo del Fondo de Pensiones, según el artículo 142 del Decreto Ley 19 del 2012; de 541 días en adelante según el artículo 67 de

la Ley 1753 del 2015 a cargo de la E.P.S. Se violaron igualmente por indebida aplicación las siguientes normas que hacen relación a derechos laborales garantizados por el reintegro: art.127, C.S.T.(salario) subrogado por Ley 50 de 1990 en su y Art. 134 del C.S.T; Artículos 217 y 218 (accidente de trabajo), art.249 del C.S.T. modificado por Ley 50 de1990; (cesantía), Ley 15 de 1959, art. 2. (Auxilio de transporte Ley 15/59 articulo 1716), calzado y vestido de labor articulo 7 Ley 11 de 1984 en su art 2469; art.186, adicionado por decreto del 13 de 1967 en su art.5 (vacaciones), art.306 C.S.T. modificado por ley 1788 del 2016 en su artículo 2. (Primas). Para la demostración del cargo, expresa que el Tribunal hace un estudio de la viabilidad de la acción de reintegro contemplada en el numeral 5° del artículo 8° del Decreto 2351 de 1965 en favor