CSJ - SL836-2023

\ Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casaciftn Laboral FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente SL836-2023 \ Radicacion n.° 94275 Acta 10 iBogota, D.C., veintidos (22) de marzo de dos mil veintitres (2023). Decide la Sala el recurso de casacion interpuesto por la apoderada de MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decision Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de agostd de 2021, en el proceso que instauro en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. i AUTO Tengase a la firma Soluciones Juridicas de la Costa S.A.S., identificada con NIT 900.616.392-1, como apoderada de la parte opositora de conformidad con el articulo 75 del CGP, en los terminos y para los efectos del poder general, \

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Radicacion n.° 94275 otorgado mediante la Escritura Publica visible en el cuaderno de la Corte del expediente digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Maria Isabel Alzate Giraldo, instauro proceso ordinario con el fin de que la demandada fuera condena a reconocerle y pagarle la pension de sobrevivientes, a partir del 6 de noviembre de 2014, con fundamento en el principio de la condicion mas beneficiosa; los intereses moratorios del articulo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado

extra y ultra petita, y las costas del proceso. Fundamento sus peticiones, basicamente, en que: contrajo matrimonio, por el rito catolico, con el senor William Alfonso Sanchez Munoz, el 17 de febrero de 1979, con quien convivio de forma ininterrumpida hasta el dia de su fallecimiento, 6 de noviembre de 2014 y procrearon dos hijos; el causante cotizo al ISS hoy Colpensiones en toda su vida laboral 455 semanas, comprendidas entre los anos 1977 y 1997; el 27 de octubre de 2017 reclame la pension de sobrevivientes en su calidad de conyuge; Colpensiones, mediante Resolucion SUB290411 del 15 de diciembre de 2017, le nego la prestacion, decision frente a la cual interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, apelacion, resueltos en las Resoluciones SUB 35588 del 7 de febrero de 2018 y DIR 3334 del 15 de febrero siguiente, confirmando el acto administrative controvertido. Colpensiones, al dar respuesta al escrito generatriz de

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1 Radicacion n.° 94275 la contienda, se opuso a las pretensiones de la demanda y formula las excepciones de inexistencia de la obligacion, buena fe, prescripcion, compensacion y la innominada o generica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 18 de septiembre de 2020, dispuso: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepcion de inexistencia de la obligacion propuesta por Colpensiones, acorde con lo dicho en

precedencia relevando al despacho del estudio de las demas excepciones formuladas.

SEGUNDO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en su calidad de actual administradora del regimen de prima media con prestacion definida, de todas y cada una de las pretensiones elevadas en su !. contra por MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO, acorde con las motivaciones que anteceden.

TjERCERO: CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio.

Tasense por Secretaria, incluyendo como AGENCIAS EN DERECHO la suma de $200,000, a favor de COLPENSIONES y a cargo de la demandante.

CUARTO: Esta providencia debe CONSULTARSE ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decision Laboral, por haber sido desfavorable a los intereses de la senora MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO, en el evento de no ser apelada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelacion de la demandante, la Sala Primera de Decision Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cal^i, el 30 de agosto de 2021, confirmo la decision deljuez de primer grado y le impuso costas.

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Radicacion n.° 94275 En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado indico que el problemajuridico estribaba en: [...] establecer en primera medida si se acredito como beneficiaria del causante, la senora MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO en condicion de conyuge. Deflnido lo anterior, habra de validarse si dejo causado el senor WILLIAM ALFONSO SANCHEZ MUNOZ el

derecho a la pension de sobrevivientes sea ello en aplicacion directa de la ley 797 vigente a la fecha de su deceso, o conforme a la normativa anterior, por virtud de la condicion mas beneficiosa al tenor de la sentencia SU005 de 2018; Y si en tal condicion la solicitante supera los supuestos que se imponen segun el test de procedencia del citado proveido. Enseguida sostuvo que no eran objeto de debate los siguientes supuestos facticos, que: (i) el senor William Alfonso Sanchez Munoz fallecio el 06 de noviembre de 2014 (fl.6) (ii) el mencionado y la demandante contrajeron matrimonio el 17 de febrero de 1979 por el rito catolipo (fls. 2 y 3); (iii) el causante cotizo al ISS hoy Colpensiones en toda su vida laboral un total de 455.43 semanas (fls. 162 a 166); (iv) la actora, con ocasiori del fallecimiento de su conyuge, el 27 de octubre de 2017 se presento a reclamar pension de sobrevivientes, peticion que fue resuelta en la Resolucion SUB-290411 del 15 de diciembre de 2017 (fls. 11a 13) negando la prestacion econpmica, con el argumento de que el fallecido no tenia las semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 para dejar causada la pension, ni tampoco las semanas requeridas por la Ley 100 de 1993 en su version original, por virtud de la condicion mas beneficiosa; (v) contra la ahterior decision se interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, apelacion (fls. 4 a 15) los cuales fueroh resueltos en las

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Radicacion n.° 94275 1 resoluciones SUB-35588 y DIR3334 confirmando la decision adoptada por la pasiya el 15 de diciembre de 2017. Explieo que ha sido criterio reiterado de esta Corte que la norma que rige la pension de sobrevivientes es la vigente al rriqmento del deceso del causante afiliado o pensionado (CSJ SL4851-2019, CSJ SL4690-2019 y CSJ SL4244-2019 entre otras); sin embargo, en el caso bajo estudio no existe duda respecto al hecho que el sehor William Alfonso Sanchez Muho^:, no dejo causado el derechb a la pension de sobrevivientes bajo los preceptos de la Ley 797 de 2003, norma vigente al momento de su deceso, pues en los tres ahos anteriores a su muerte -06 de noviembre de 2011 a 06 de noviembre de 2014-, no se encontraba cotizando al sistema de Seguridad Social en Pensiones. Ahadio que, sin embargo, ha de recordarse que la Corte Constitucional ha sentado un criterio segun el cual es viable acudir a preceptos anteriores para quienes fallecieron bajo la vigencia de la Ley 797 de 2003, en busca de aplicar verbigracia, el Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), el cual ha sido acogido por esa Sala de Decision en postura mayoritaria. Se refirio a las Sentencias CC T-351-2011 y CC SU 005 de 2018, y luego de encontrar acreditada la calidad de conyuges, con vocacion de permanencia, y convivencia real de la actora con el causante, asevero que:

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Radicacion n.° 94275 Hecha esta precision, procedera la Sala a verificar si la actora supera las condiciones establecidas por la Corte Consti^ucional en la sentencia SU 005 de 2018. En lo atinente a la primera de las condiciones antes descritas, se tiene que la senora MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO se encuentra en riesgo de vejez, pues de acuerdo con su documento de identidad (02. Expediente Administrative) la accionante cuenta con 58 anos de edad, pues nacio el 14 de febrero de 1963, es decir que ya superb la edad minima para adquirir pension en el Estado colombiano y ademas al consultarse el sistema de seguridad integral de informacion de proteccion social SISPRORegistro unico de Afiliados RUAF2 , se evidencie que a la fecha la actora no se encuentra pensionada ni recibe subsidies del Estado, aparece afiliada al RPM, pero su estado es inactive desde el 04 de diciembre de 1998. En cuanto, a la segunda condicion, esto es, la afectacion al minimo vital de la demandante, se resalta que la accionante, pesa a tener la carga probatoria no arrimo al plenario, prueba que permita evidenciar que su minimo vital no se encuentra garantizado, pues en primer lugar, de la consulta efectuada al RUAF se desprende que la actora aparece afiliada al sistema de seguridad social en salud como cotizante desde el ano 2019 y tiene afiliacion act^va a la administradora de riesgos laborales Seguros de Vida Suramericana, circunstancias estas que le indican a la Sala que por el aspecto de la salud, el minimo vital de la demandante no se encuentra en riesgo. La dependencia economica se deriva de

las declaraciones extraproceso rendidas por las senoras MARIA MARLENY ALZATE DE TROCHEZ y CARMENZA TROCHEZ, quienes afirmaron que la demandante dependia economicamente de su esposo, sin embargo no aportan suficientes elementos para dar fuerza suasoria a sus dichos, pues no explicaron las razones de estos, por que les constaba tal situacion, maxime cuando exponen que residen en la ciudad de Cali mientras que la aludida pareja vivia en Estados Unidos, por lo que no se tiene por demostrado este supuesto con esta mera prueba. Y en cuanto a la imposibilidad del extinto WILLIAM ALFONSO SANCHEZ MUNOZ de continuar cotizando al sistema pensional, no se demostro en el proceso que el causante tuviera algun impedimento para seguir aportando a pensiones, dado que su residencia en otro pais no le representaba un obstaculo para realizar aportes voluntaries a pension, por lo que se ^.dvierte tampoco superado este requisite. Finalmente, en lo que tiene que ver con el actuar diligente de la parte accionante para reclamar la prestacion, se evidencia que el derecho se causo el dia 06 de noviembre de 2014 y la reclamacion administrativa se presento el 27 de octubre de 2017, la cual fue resuelta mediante resolucion SUB 290411 del 15 de diciembre de 2017, es decir que la reclamacion se presento dentro de los 3 anos que establece el articulo 488 del CST para reclamar la prestacion. En conclusion, del analisis realizado por la Sala se extrae como lo determine el aquo, que la demandante no superb todas las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de

unificacibn 005 de 2018 para la aplicacibn ultractiva del Decreto

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Radicacion n.° 94275 758 de 1990, por tal razon no se puede otorgar la prestacion a la luz de la citada normativa, en aplicacion del principio de condicion mas beneficiosa. Asi, confirmo la sentencia deljuez de primer grade.

IV. RECURSO DE CASACION Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACION Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y, constituida en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado para, en su lugar, se concedan las pretensiones incoadas en la demanda inicial.

Con tal proposito formula un cargo, por la causal primera de casacion, que fue replicado.

VI. UNICO CARGO

Textualmente aduce: 4.1 CARGO UNICO. VIOLACION DE LA LEY SUSTANCIAL POR VIA DIRECTA INFRACCION DIRECTA La sentencia es acusada de violacion directa de la Ley sustancial en la modalidad de INFRACCION DIRECTA. Ya que el Ad quem se separa de la norma a aplicar al caso que es el acuerdo 049 de 1990, con la cual, en aplicacion de la condicion mas beneficiosa, se dan por cumplidos los requisites exigidos para el otorgamiento de la pension de sobreviviente de la demandante que son el haber cotizado 300 semanas Antes de 1994, el fallecimiento del causante, el dia 6 de noviembre de 2014 y la acreditacion de la beneficiaria, que para

el caso es su conyuge MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO.

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Radicacion h.° 94275 Lo anterior incide en una interpretacion erronea de los articulos 48 y 53 de la Constitucion Politica Colombiana que dispuso la aplicacion de la condicion mas beneficiosa a favor del trabajador, aplicacion que se extendio a los tramites pensionales Asevera que la pension deprecada debe ser reconocida a la luz de lo estatuido en el Acuerdo 049 de 1990 ya que: estamos ante un derecho causado desde el momento del fallecimiento del causante (6 de noviembre de 2014) y de la reclamacion de ese derecho causado ante COLPENSIONES desde el 27 de octubre de 2017, con aplicacion de las Sentenciks de la Corte Constitucional SU 442 DE 2016, T120 DE 2015, T832A DE 2013, SU120 DE 2003. Derecho causado que para las fechas en que se consolido y se esta reclamando por parte de la demandante, no existian requisitos adicionales a la aplicacion de la condicion mas beneficiosa, y para mayor comprension acudimos a los fallos de la Corte Constitucional SU 442 DE 2016, T120 DE 2015, T832A DE 2013, SU120 DE 2003, entre otros, para ratificar una vez mas que nacio el derecho en vigencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en aplicacion de la condicion mas beneficiosa, por lo que se da una aplicacion indebida del test de procedencia, de 2018 que es posterior al derecho causado a la pension que lo fue el dia del fallecimiento del causante 6 de noviembre de 2014, pero en el actual estadio

se dice que se aplica la condicion mas beneficiosa y ella no es asi, por cuanto se adiciona la aplicacion de un test de procedencia del 2018, cuando ya se habian iniciado las acciones legales del derecho causado para la efectividad de la pension de sobreviviente de la demandante. conforme al articulo 488 del I Codigo de Procedimiento Laboral. Insiste en que el causante dejo cumplidos los requisitos para que la actora accediera a la pension de sobrevivientes, por haber acreditado mas de 300 semanas cotizadas antes del 01 de abril de 1994 y la muerte del causante el 06 de noviembre de 2014, en virtud de la condicion mas beneficiosa, segun el mencionado Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990).

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VII. REPLICA Acota que el fallador de la segunda instancia no incurrio en la violacion impropiamente denunciada por el recurrente extraordinario por lo que el cargo no esta llamado a prosp^rar.

Expone que, de salir avante el pedimento del actor, obligaria a mi representada al reconocimiento de una pension de sobrevivientes sin el cumplimiento total de requisites por parte del causante; que tal sentencia seria manifiestamente ilegal y sin vocacion de prosperidad en el mundo del derecho objetivo, pues daria paso a convertir tales pretensiones en un mecanismo para defraudar al sistema y obtener beneficios pensionales, afectando la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y poniendo en riesgoiel derecho fundamental a la seguridad social de los demas afiliados.

VIII. CONSIDERACIONES

Dado el sendero seleccionado por la impugnante, se exhibe patente que no son objeto de controversia entre las partes, los siguientes supuestos facticos, que: (i) el sehor William Alfonso Sanchez Munoz fallecio el 6 de noviembre de 2014, con quien contrajo matrimonio la actora el 17 de febrero de 1979 por el rito catolico; (ii) el causante cotizo al ISS h)oy Colpensiones en toda su vida laboral 455.43 semanas; I(iii) la actora, con ocasion del fallecimiento de su conyuge, el 27 de octubre de 2017 se present© a reclamar

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Radicacion n.° 94275 pension de sobrevivientes, peticion que fue resuelta en la Resolucion SUB-290411 del 15 de diciembre de 2017, negando la prestacion economica, argumentando que el fallecido no tenia las semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 para dejar causada la pension, ni tampoco las semanas requeridas por la Ley 100 de 1993 en su version original, por virtud de la condicion mas beneficiosa; (iv) contra la anterior decision se interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, apelacion, los cuales fueron resueltos eh las resoluciones SUB-35588 y DIR3334 confirmando la decision adoptada por la pasiva el 15 de diciembre de 2017; y (v) la ultima cotizacion se efectuo en el aho 1997. Se vislumbra del ataque que el descontento de la recurrente con la sentencia fustigada estriba, en esencia, en que el fallador se equivoco al no acudir al Acuerdo 049 de

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y, con ello, haberle negado la pension de sobrevivientes dejando de lado la aplicacion del principio de la condicion mas beneficiosa. Entonces, el problema juridico a elucidar estriba en determinar si es procedente el reconocimiento y pago de la pension deprecada por la parte promotora del proceso a la luz del principio de la condicion mas beneficiosa. Para responder el cargo baste acudir a la sentencia CSJ SL2567-2021, que se trascribe, en extenso, dada; la importancia de la decision:

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Radicacion n.° 94275 ) Esta Corte, en sentencia CSJ SL4650-2017, a’la cual se remite, explico que de vieja data ha sostenido que la primera investigacion que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la seleccion de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Sera necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los limites personales, temporales y espaciales de la disposicion juridica. En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporacion que la regia general es la de que la contingencia esta cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento segun la prestacion pensional correspondiente, esto es, para la pension de sobrevivientes, la que este en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado. Cumple a ese proposito memorar que la Corte en sentencia CSJ

SjL, 11 de jun. 2014, rad. 46780, sostuvo que «tal como lo tiene senalado la jurisprudencia de esta Sala, la regia general es que el derecho a la pension de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)». Es claro que, ademas de ampararse el institute juridico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuracion que tiene sobre el sistema el Congreso de la Republica como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan un cambio legislative. Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regimenes de transicion. Dado que los cambios legislatives en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parametros de acceso y en algunas opasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios economicos, sociales y aun culturales, establecen requisitos mas exigentes de acceso a las prestaciones, la justificacion de establecer un regimen de transicion aparece logico para lograr un transit© armonico y pacifico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la poblacion que tenia una expectativa legitima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en este

caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible flnanciera y economicamente el sistema de derechos prestacionales. No obstante, lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del transit© legislative, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicacion de los principios con venero en el orden juridico, como el de la condicion mas beneficiosa, para resolver el problema 1

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Radicacion n.° 94275 social que se ocasiona por la implementation del nuevo ordenamiento. Esta Corporacion ha estimado que el postulado de la condition mas beneficiosa tiene las siguientes caracteristicas: ^ a) Es una exception al principio de la retrospectividad. b) Opera en la sucesion o transito legislativo. c) Precede cuarido se predica la aplicacion de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro. d) Entra en vigor solamente a falta de un regimen de transicion, porque de existir tal regimen no habria controversia alguna originada por el cambio normative, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva. e) Entra en iuego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva lev puede modificarles el regimen pensiorial, sino a un grupo de personas, que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posicion intermedia -expectativas legitimashabida cuenta que poseen una situacion juridica u fdctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la

densidad de semanas necesarias que consagraba le lev derogada. f); Respeta la confianza legitima de los destinatarios de la norma. : Expliquemos cada uno de ellos:

1. Excepcion a la retrospectividad de la ley La condition mas beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicacion general e inmediata de la ley, pues permite que la disposition derogada permanezea vigente en presencia de una situacion concreta. materializada en una expectativa legitima conforme a la ley anterior.

2. Opera en sucesidn o transito legislativo La pregunta relevante es (ique se entiende por transito legislativo? El transito legislativo es un momento unico) que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.

Los efectos del transito legislativo, como ya se dijo, por regia general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como la que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo, sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente aho fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del articulo 58 de la Constitution Politica. (aunque puede obrar la expropiacion).

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Radicacion n.° 94275 En el caso de derechos sociales, el transito legislative lleva a ; prever en la norma reformatoria, la proteccion a los derechos atlquiridos y, en algunas ocasiones, regimenes de transicion; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformo la manera

de determinar el monto y cuantia de la pension de vejez para los afiliados al regimen de prima media no establecio regimen de transicion alguno para salvaguardar estos aspectos. Los derechos adquiridos y los regimenes de transicion, plenos o parciales, otorgan proteccion temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regimenes de transicion es temporal, pero pueden ser pleno o parcial. En el evento de la aplicacion directa de la Ley 33 de 1985 la garantia fue plena para quienes tenian 20 ahos de servicios, pues los cobija en su integridad el regimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la proteccion es parcial porque, para construir el derecho a la pension, solo se toman los parametros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotizacion y monto del regimen anterior. De manera que es el legislador el que define que proteccion concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de proteccion, debe estarse, en principio, a la aplicacion inmediata de la ley. a. Aplicacion de la normatividad inmediatamente precedente No es admisible aducir, cpmo parametro para la aplicacion de la condicion mas beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algun memento preterito en que se ha desarrollado la vinculacion de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularia el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio historico, a fin de encontrar alguna

otra legislacion, mas alia de la que haya precedido -a su veza la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad juridica (sentencia CSJ SL, del 9 de die. ' 2008, rad. 32642).

3. A falta de regimen de transicion Los regimenes de transicion, por regia general, solo protegen expectativas legltimas, es decir, se centran en la proteccion de aquellos grupos de poblacion cercanos al cumplimiento de los requisites de acceso a la prestacion.

En la misma direccion la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalco que los regimenes de transicion, a) recaen sobre expectativas legitimas de los asociados y no sobre derechos

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Radicacion n.° 94275 adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes estan cerca de acceder a un derecho especifico de conformidad con el regimen anterior; c) su proposito es el de evitar que la subrogacion, derogacion o modificacion del regimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones validas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislatives a traves de un regimen de transicion; y d) es constitucionalmente legitimo que se utilice la figura del regimen de transicion para evitar que una decision relacionada con expectativas pensionales legitimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el regimen previo.

Conviene precisar que, en relacion con las pensiones de i^ivalidez y sobrevivientes, no ha existido un regimen de transicion en nuestra historia legal. Elio no ha sido obice para que el operador juridico busque principios de favorabilidad a traves, por ejemplo, de la definicion de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuracion, buscando normas de acceso mas favorables que las que rigen al momentp de la declaratoria. La pregunta que surge es <ipor que si han . existido normas de proteccion para las pensiones de jubilacion o vejez, a traves de regimenes de transicion, no han existido normas de proteccion para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, por ejemplo, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el regimen de transicion en las pensiones de vejez se da porque es viable.considerar la mayor o menor aproximacion a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un regimen, para determinar el grupo de la poblacion que eventualmente puede acceder a esa prestacion (por el trapscurso del tiempo - hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un periodo de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predeeir y, por ende, no regulables por un regimen de transicion (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280). De manera que, por regia general, en presencia de regimenes de transicion, la condicion mas beneficiosa no puede aplicarse pues

haria nugatorios todos los objetivos economicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediate. a. El destinatario posee una situacion juridica concretaexpectativa legitimaI

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Radicacion n.° 94275 En pensiones de siniestro, como las de invalidez y sobrevivientes, no es facil establecer que es una situacion juridica concreta. Empero, se ha entendido por la Jurisprudencia que la situacion es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotizacion, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable Asi, por ejemplo, en el regimen de los seguros sociales ' obligatorios, la situacion es concreta si el afiliado cotizo 300 sbmanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigia ese numero de semanas de cotizacion en todo el tiempo. Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definicion de situacion concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situacion dependiendo de la cotizacion efectiva. Del anterior mandate se desprende dos situaciones que dan acceso a la prestacion: Afiliado que se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento Requisite de semanas: haber cotizado por lo menos veintiseis (26) semanas al momento de producirse la muerte, es decir, en cualquier tiempo. Afiliado que no se encontraba cotizando al sistema al niomento del fallecimiento Requisite de semanas: haber cotizado por lo menos veintiseis (26)

semanas del aho inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. Notese que a diferencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo aho, el legislador del 93 establecio como criterio de acceso el hecho de la cotizacion efectiva al sistema, al momento de la muerte o invalidez, para estructurar el requisite de semanas de cotizacion. En efecto, mientras que la normativa anterior exigia haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo o 150 semanas dentro de los seis ahos anteriores al momento del siniestro, sin establecer el requisite de cotizacion al momento de la muerte o invalidez; en la legislacion de 1993, el nivel de concentracion de las semanas de cotizacion exigidas en un determinado lapso depende del hecho de la cotizacion efectiva al momento de la invalidez. 'Tfeniendo en cuenta lo dicho, ^Cdmo se expresa la situacion juridica concreta en el cambio normative de la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

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1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo En este evento la situacion juridica concreta emerge si el afiliado para el momento del cambio legislative, esto es, 29 de enero de 2003, (i) estaba cotizando al sistema, y (ii) habia aportado 26 semanas o mas en cualquier tiempo.

Elio por cuanto no solamente se da eficacia, sino que tambien se satisface con la densid